MEDIA COLUMNA miércoles 6 octubre 2021. "Dólar gas electricidad e inflación están atados"

 

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Dólar, gas, electricidad

e inflación están atados

 

 

Jorge Morelli

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La inflación en los últimos doce meses ha sido de 5.38%. El peor azote para los pobres flagela de nuevo a los peruanos.

 

La causa inmediata de la inflación es el alza del dólar. El BCR viene frenando el alza del dólar y vende a diario cientos de millones de dólares. Tiene reservas para hacerlo, pero no es sostenible.  

 

El alza del dólar se convierte en inflación porque eleva los precios de todo lo importado: el maíz para los pollos, el trigo para el pan y los fideos, la soya para el aceite, el petróleo para los combustibles.

 

Este mes de octubre subirá la electricidad nuevamente para los hogares peruanos en nada menos que 5% luego de subir 1.51% en setiembre y 3.45% en agosto. La electricidad ha subido 19% en el último año y medio.

 

Esto se debe a que el alza del dólar se traslada al alza del gas, que se traslada al alza de la electricidad, que multiplica la inflación.

 

En efecto, agravamos enormemente la inflación porque el gas natural -que se usa para producir el 40% de la electricidad del Perú- se cotiza en dólares, pese a que el 80% del gas natural lo produce Camisea en el Perú. ¿Cómo se justifica que se cotice en dólares y no en soles?

 

La situación creada ha permanecido inadvertido por años porque el dólar no subía. Pero el alza brutal del dólar a causa de la incertidumbre política ha puesto en evidencia lo que permanecía oculto.

 

Todos sabían que el contrato de Camisea se tenía que renegociar. Nadie pudo o, más bien, nadie quiso hacerlo. Es una vergüenza que haya tenido que llegar la extrema izquierda al gobierno para que la renegociación se lleve a cabo ahora bajo la amenaza prepotente de una nacionalización.

 

Desvincular el precio del gas del alza del dólar para frenar el vértigo inflacionario es es lo que hay que renegociar en el contrato de gas de Camisea.

 

 

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MEDIA COLUMNA domingo 3 octubre 2021 "El Estado creó artificialmente un mercado para el gas"

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El Estado creó artificialmente

un mercado para el gas

 

 

Jorge Morelli

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Hay dos hechos que están pasando inadvertidos y, sin embargo, se hallan en el centro del tema del gas. El primero es que la cuarta parte del gas natural que produce Camisea tiene que reinyectarse en el suelo porque no hay mercado. No hay quién lo compre.

 

El segundo es que esto fue así desde un principio. Y, como no había quien comprara, el Estado peruano le creó –cual dios olímpico-, pero artificialmente, un mercado al gas natural en la generación de electricidad. Hoy, el 40 por ciento de la electricidad del Perú se produce con gas natural.

 

Y, a pesar de eso, hay que reinyectar la cuarta parte del gas natural en el suelo porque no hay mercado suficiente.

 

Por eso se habla ahora de generar el mercado de la masificación del gas natural para consumo de los hogares. 

 

Esto, sin embargo, requiere una inversión masiva en ductos y redes de distribución. ¿Quién va a pagarla? El consorcio Camisea se ha adelantado a decir, por si acaso, que esa gigantesca inversión es responsabilidad del Estado y no suya. Este será el telón de fondo de la renegociación del contrato de Camisea.

 

Cuando el Perú optó por dejar la matriz energética del petróleo decidió pasar al gas natural, pero debió pasar a la energía generada por hidroeléctricas. Y este despropósito ocurrió en un país que tiene en la Cordillera de los Andes un potencial ilimitado de generación de energía hidroeléctrica limpia con la fuerza del agua en lugar de quemar gas contra las prioridades ambientales. 

 

En un acto de falsa omnipotencia, el Estado decidió crear un mercado que no existía para poder colocar lo que había decidido producir. Resolvió generar una oferta y crearle luego una demanda. No que la oferta respondiera a la demanda, sino una demanda para la oferta que había decidido producir. Cual aprendiz de brujo, se creyó capaz de sustituir al mercado y contra las leyes de la economía. Esto por tiempo indefinido, además, hasta que algún día el negocio fuera rentable sin subsidio del Estado. Ese día no ha llegado hasta hoy.

 

¿Quién ha pagado todo este plan descabellado? Por años la economía peruana trasladó ese sobrecosto masivo a los precios finales. Y eso pasó inadvertido en una economía en crecimiento. Hoy que el crecimiento ha sido dinamitado y la inflación comienza pagamos este fracaso monumental.  

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 29 setiembre 2021 "Escupiendo la sopa"

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Escupiendo la sopa

 

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No creo que alguien desconozca que el contrato de gas de Camisea debe ser renegociado y, es más, que esto debió hacerse hace años. 

 

La amenaza del premier de nacionalizar el gas de Camisea, de otra parte, es un acto de prepotencia y una amenaza tonta, sin contenido. Blufear en el poker es posible cuando las cartas solo uno las ve. Pero en la mano del premier las cartas están abiertas. Y no contienen nada. A nadie engaña. El engañado es él.

 

El anuncio de la nacionalización del gas es, pues, un vulgar remedo del velascato, un acto destinado a imitar las apariencias. Un acto brutal como ese no se anuncia. Se presenta como un hecho consumado. Velasco tomó posesión física de las instalaciones de la IPC el 9 de octubre de 1968. Pero el premier, claro, no está en posición de ordenar a la fuerza armada tomar las instalaciones de Camisea. Si lo estuviera, para qué pediria renegociar.       

 

La falla en el modelo económico que tanta acrimonia ha traido al país es una sola. La defectuosa regulación de la libre competencia en el mercado por los organismos reguladores previstos en la Constitución para garantizarla. La falla ha reproducido el viejo mercantilismo que es una burla y un escarnio de la buena fe del pueblo peruano.

 

Y el primer responsable de esto en el caso de la energía es el oligopolio de la mega empresa estatal y sus socios privados que fijan los precios hasta hoy ignorando al regulador. Y en el caso de Camisea es lo mismo. La renegociación es indispensable porque hay dos despropósitos que no pueden continuar. Primero, la exportación de gas natural a un precio inferior al del mercado interno. Segundo, la venta al mercado interno de GLP -cuyo 20% es importado- al precio que tendría si el 100% fuera importado.

 

Pero la renegociación del contrato de Camisea requiere el libre acuerdo de las partes. La opinión pública la respaldará cuando sepa lo que por años se ha postergado sin razón valedera. Pero sin negociación libre la modificación unilateral del contrato por el Estado es un acto inconstitucional que colocaría al gobierno fuera del Estado de derecho y la democracia. No solo provocaría otra fuga masiva de la inversión sino demandas multimillonarias ante cortes extranjeras. El presidente, es de suponer, no va a sacrificar su gobierno ante semejante ídolo de barro.

 

De manera que la amenaza del premier no es solo prepotente, sino superflua e irrelevante y todos lo saben, incluso el premier. Su acto, en realidad, es una cortina de humo, una distracción para encubrir su monumental fracaso en resolver en su propia tierra, Chumbivilcas, el bloqueo de Las Bambas que lleva ya 18 días y cuya producción se paraliza hoy, como anuncia un comunlcado de la empresa. Es una una cortina de humo impagable e imperdonable, sin embargo, porque el gobierno, del que el premier es parte, se ha esforzado en Nueva York en hacer los ruidos corretos para atraer a las asustadizas aves del capítal y todo resulta ahora en un fiasco porque el premier, que no fue invitado al viaje, decidió escupirle la sopa a su propio gobierno.   

 

La renegociación será sí o sí. No porque el gobierno lo quiera, sino por una cuestión de libre competencia y equidad en el mercado. Eso es más importante que el premierato.   

 

 

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MEDIA COLUMNA miércoles 22 setiembre 2021. "Prisionero del dilema"

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Prisionero del dilema

 

Jorge Morelli

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El conflicto en el seno del gobierno es por la asamblea constitucional. Pero los cambios constitucionales los hace el Congreso. Hacerlos por una constituyente, como quiere el partido de gobierno, está fuera del Estado de Derecho y la democracia.

 

Este el dilema que paraliza al presidente Castillo desde el primer día, también en Washington y Nueva York, y lo será hasta el último si no deja de lado ese falso problema. El Ministro de Economía ha dicho que la constituyente no es parte del plan del gobierno. Es verdad. No fue mencionada en el discurso del Premier al Congreso cuando la confianza. El partido ha respondido que “es una promesa de campaña”. ¿Cuál de estas realidades pesa más? El presidente se ha abstenido sistemáticamente de mencionar expresamente la constituyente en sus discursos, pero tampoco la descarta explícitamente. Ese es el precio del equilibrio imposible entre el gabinete y el partido.

Castillo sigue prisionero del dilema. Y tendrá que tomar una decisión política. Una decisión politica no se elude ni se aplaza sino en perjuicio propio.

 

El presidente no ignora que el conflicto puertas adentro sobre la constituyente ya es público y mina la legitimidad de su gobierno. Lo condena a la fragilidad permanente. Sobrevivir sin decidir en medio de ese clima hostil solo es posible con el control de la prensa, de la administración de justicia y de la fuerza armada. Y eso no está a su alcance.

Mientras tanto el partido recoge firmas para forzar la constituyente en la creencia de que con subsidios masivos del gobierno podrá voltear al interior del país en su favor. El Premier emplaza al MEF a entregar partidas a los gobiernos regionales y locales. Y la corrupción tredicional del subsidio a los medios de comunicación con avisaje del Estado no ha cesado, solo ha cambiado de dirección. Ya no irá a la prensa y la señal abierta de TV o de cable en Lima. Ahora irá a las radios y redes de provincias. El partido cree que esto hará inevitable la constituyente.

 

Para conseguirla, la narrativa en esos medios es la acusación de centralismo contra la capital, un diagnóstico que solo produce remedios errados. La prueba es la corrupción masiva que atacó a los propios gobiernos regionales de izquierda. Hasta hoy la administración de justicia fracasa en separar la paja del trigo.

 

El hecho es que la regionalización ha sido un fracaso monumental, y la descentralización necesita ser rediseñada. Es una tarea que el gobierno debería emprender si de verdad quiere cambios de fondo. Utilizar el prejuicio del centralismo para imponer la constituyente, en cambio, no es sólo un lugar común sino un error político. El pueblo no es tonto. Los medios reflejan la opinión, no la generan sino en poca medida. El objetivo político fracasará, pero dará paso a la corrupción en las regiones nuevamente. Es difícil que no lo sepa el partido de gobierno.  

 

Todo lo que el partido propuso en la campaña se puede hacer sin una constituyente. Esta es innecesaria. Sacrificar el gobierno para conseguir la constituyente es un despropósito. El dilema que aprisiona al presidente, por lo tanto, es un fantasma puramente mental, no existe en la realidad. Como diría Mao, es un tigre de papel.

 

   

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MEDIA COLUMNA domingo 19 setiembre 2021. "La izquierda ha traído su división al gobierno".

 

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La izquierda ha traído

su división al gobierno

 

 

Jorge Morelli

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El conflicto principal en el escenario político hoy ha pasado a ser el que enfrenta a la izquierda caviar con la izquierda radical.

 

En sus cincuenta días en el gobierno, Pedro Castillo ha tratado de hallar alguna clase de equilibrio entre ambas facciones, tanto en el gabinete -dirigido en la práctica cada vez más por los ministros de Economía y de Justicia- como en la bancada oficialista en el Congreso, dirigida por el partido.

 

No lo ha conseguido.

 

Durante meses ha prevalecido la idea de que el gobierno de la izquierda es una unidad indisoluble con un plan siniestro para liquidar la democracia y quedarse en el poder, que presentaba por razones de calculada estrategia política la falsa actuación de una pugna inexistente. Este diagnóstico es incompleto. La explicación es simple: el poder no puede tener dos cabezas.

 

El presidente no ha hallado un balance sostenible entre ambas facciones porque no hay una cabeza buscándolo, sino dos. Y cada una procura imponer el suyo. Es un impase político insuperable salvo con la ruptura y la inestibilidad creciente ya es incompatible con la gobernabilidad.  

 

No es, en verdad, ninguna sorpresa. La izquierda ha llevado al gobierno su inveterada e invencible vocación por la división. Y esto ha desembocado en su incapacidad de articular un programa único entre quienes se contentan con tratar de gobernar una nave que conocen mal y quienes, en el delirio trasnochado, quieren refundar la república como si la historia permitiera comenzar desde cero.  

 

No es la primera vez que esto ocurre. La historia de Salvador Allende en Chile es un referente. El experimento terminó cuando, al no haber inversión, la oferta no pudo responder a la demanda generada por el gobierno poniendo al pueblo cada vez más dinero en el bolsillo. Al final, el país se quedó sin dólares y la devaluación masiva disparó la inflación que empobreció al pueblo. Lo mismo hizo Alan en su primer gobierno.

 

Y es lo que se está incubando de nuevo acá. En la minería, que mantiene a flote la economía peruana, el gobierno pondrá un impuesto a la “sobreganancia” y los mineros lo pagarán sin protestar. Pero lo pagarán sacrificando la reinversión de utilidades. Las minas seguirán con la inercia que traen, pero en dos o tres años la exportación disminuirá y los dólares faltarán. Entonces la devaluación llegará. Los mineros saben que pueden esperar. Cuando el gobierno se haya ido, las minas todavía estarán ahí.

 

El presidente Castillo, en suma, está obligado a elegir. Tendrá que escoger con quién gobernar. O dará de tumbos en lo que sigue hasta caer.

 

   

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MEDIA COLUMNA miércoles 15 setiembre 2021 "El conflicto no es entre dos sino entre tres poderes"

 

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El conflicto no es entre dos

sino entre los tres poderes

 

 

Jorge Morelli

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La confusión reinante en el escenario político proviene en gran parte de que los protagonistas del sainete del conflicto de poderes actual no son dos, sino tres. Hay que tener muy claro cuáles son las tres partes en este duelo mexicano.

 

De un lado, al poder Ejecutivo en manos del gobierno de Pedro Castillo y del partido de Vladimir Cerrón (vamos a suponerlo provisionalmente una unidad, aunque son cada vez más evidentes los síntomas del cisma. El poder nunca tiene dos cabezas. Menos aun tres, como en los viejos triunviratos de la historia).   

 

De un segundo lado, se halla la izquierda caviar. Du inquina contra la izquierda radical en el gobierno ya no puede ser peor. Los dos embajadores caviares en el gabinete –los ministros de Economía y de Justicia-, intercambian con el partido desautorizaciones y desmentidos mutuos y cotidianos. En manos de la izquierda caviar, sin embargo, se hallan, salvo honrosas excepciones, las instituciones del sistema de justicia: especialmente la Junta Nacional de Justicia, que nombra a todos los jueces y fiscales, incluidos los supremos. (Hemos inventado en el Perú a un orden de cosas en que los magistrados se nombran a sí mismos. Esto choca con la evidencia global de que ejecutivos y legislativos participan en todas partes de una u otra manera en el nombramiento de los magistrados. La idea de un organismo independiente que nombra a los jueces para preservar la autonomía de la justicia ha engendrado la judicialización de la plítica y el gobierno de izquierda comienza a experimentarlo en carne propia),  

Este ha pasado a ser, por ahora, el conflicto principal en el escenario.

 

De un tercer lado, la oposición en el Congreso con mayoría parlamentaria se expresa hasta ahora en una ofensiva verbal de veladas alusiones a la vacancia de la Presidencia y en iniciativas de interpelación y eventual censura de ministros (sin negarle la confianza al gabinete). Sus acciones son viento de palabras que el gobierno contesta blandiendo mecánica y periódicamente la amenaza de una disolución inconstitucional o una constituyente.

 

Durante meses ha prevalecido en la oposición la idea de que las dos facciones en el gobierno –Castillo y Cerrón- son una unidad indisoluble que, por razones de estrategia, presenta la falsa actuación de una pugna inexistente. Este ha sido un diagnóstico equivocado. La pugna es la misma que separa a la izquierda caviar de la izquierda radical. El presidente se verá obligado a elegir.

 

La falta de claridad respecto del escenario tripartito ha hecho que la oposición se pierda en un bosque de señales contradictorias y diagnósticos encontrados. No me cansaré de repetir que las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado. 

     

 

 

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MEDIA COLUMNA "Sainete en tres actos con final alternativo". Que el TC sea el "supremo intérprete" de la Constitución no está en la Constitución.

 

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Sainete en tres actos

con final alternativo

 

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 

El sainete del conflicto de poderes –fruto podrido de nuestra democracia de baja gobernabilidad- deja entrever ya los escenarios que se presentarán en el futuro inmediato.  

 

Primer acto. El Pleno del Congreso debatirá y aprobará a la brevedad el dictamen de la comisión de Constitución que prohibe al poder Ejecutivo hacer cuestión de confianza de la reforma constitucional u otras materias de competencia “exclusiva y excluyente” del Congreso y otros órganos constitucionales. Esto tiene la finalidad de impedir que el gobierno haga cuestión de confianza de lo que le de la gana para forzar una disolución “fáctica” del Congreso.

 

El Ejecutivo argumentará en respuesta que, al aprobar lo anterior, el Congreso ha “interpretado” la Constitución, lo que no está entre sus atribuciones porque esa es una función “exclusiva y excluyente” del Tribunal Constitucional, el  “supremo intérprete de la Constitución”. Acto seguido, el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la “interpretación” aprobada por el Congreso.

 

Segundo acto. El Congreso se adelanta astutamente a relanzar la comisión que elegirá a los seis miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato está largamente vencido. La comisión está encabezada por dos congresistas de la oposición y presidida por uno del oficialismo. La consigna del oficialismo será demorar, bloquear e impedir   que la comisión proponga al Congreso los nombres de seis nuevos potenciales reemplazantes de los actuales miembros del TC. De esta manera, la composición del “supremo intérprete” continuará siendo la actual, para que prospere la demanda de inconstitucionalidad del Ejecutivo contra la “interpretación” del Congreso sobre la cuestión de confianza.

 

Tercer acto. La controversia sobre la cuestión de confianza se verá desplazada entonces en dirección de una contienda amarga en torno a la idoneidad de los posibles candidatos al TC, que serán vapuleados en el Congreso, como en ocasiones anteriores. Esto finalmente desembocará en un fiasco, ya que la oposición no posee los 87 votos que hacen falta para nombrar al TC.

 

Como en ciertas telenovelas, sin embargo, existe la posibilidad de un final alternativo al fiasco del tercer acto.

 

Pocos saben o quieren saber que la atribución del Tribunal como “supremo intérprete” constitucional no existe en ninguna parte de la Constitución. Se encuentra solo en la Ley Orgánica del TC.

 

Y, tal como la Constitución prevé que el TC declara la inconstitucionalidad de las leyes en ejercicio del control constitucional concentrado, prevé también que cualquier autoridad jurisdiccional, incluso un juez de primera instancia, en ejercicio del control constitucional difuso, puede declarar inaplicable una ley –incluso de una ley orgánica- a un caso específico, ya sea persona o institución.  Por lo tanto, también al Congreso.    

 

Con este argumento, ambos –Tribunal y Congreso- podrán pararse frente a frente, de igual a igual, a dirimir cuál de los dos es, finalmente, el dinosaurio más grande.