lunes, 7 de marzo de 2016

ESTA NOCHE lunes 7 marzo 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  A 34 días de las elecciones, encuesta GFK da 34.6% a Keiko Fujimori y 16.6% a Julio Guzmán

ü  Julio Guzmán y César Acuña presentaron hoy sendas apelaciones de las resoluciones del Jurado Especial. Este llamó a audiencia mañana martes a las 2:00 pm

ü  Omar Chehade: “El 19 de junio de 2015, el presidente (Humala) me llamó. Caminamos por Palacio de Gobierno y…cuando estaba por despedirme, con un rictus de preocupación me preguntó: “¿Has escuchado las noticias de hoy? Han detenido a Marcelo Odebrecht en Brasil”, y yo le pregunté cuál era el problema, y me sorprendió porque él no comenta temas internacionales, entonces se molestó y me dijo: “No entiendes, han detenido a la cabeza de Odebrecht por el tema de los sobornos”, y le contesté que no entendía su preocupación. Se sonrió, me dio la mano y me fui”

ü  Los precios del cobre tocaron su nivel máximo en cuatro meses el viernes

ü  En octubre de 2015, el senador Ted Cruz, hoy precandidato republicano a la Presidencia de EEUU, criticó en un debate a la FED diciendo que cree que sus decisiones de política monetaria tendrían que ser auditadas y que el país debería moverse hacia un sistema respaldado en el oro


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MEDIA COLUMNA
Auditar a la FED


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com



Esta es una historia fascinante. En octubre de 2015, el senador Ted Cruz, hoy precandidato republicano a la Presidencia de EEUU, dijo que las decisiones de política monetaria del banco central de EEUU (FED) deberían ser auditadas. Más aún, agregó que EEUU debería moverse hacia un sistema monetario con respaldo en el oro.

La idea de “auditar” a la FED provenía de una iniciativa de 2008 del ex senador Ron Paul, padre del representante Rand Paul, quien viene de retirar hace poco su postulación a la Presidencia de EEUU. Defendiendo la iniciativa, su hijo desempolvó el proyecto de ley de 2008 y volvió a presentarlo en la Cámara. Este se votó en enero de 2016.

En noviembre de 2015, Ron Paul escribió un artículo censurando la política monetaria de la FED de los últimos ocho años: masiva creación de dinero y estímulos monetarios para producir crecimiento económico. Dijo que estos eran signos de que el día del juicio final del sistema monetario del crédito se acercaba y que el único camino era la restauración de una política monetaria de mercado libre. Celebró, en esa línea, el relanzamiento en el Congreso del proyecto de “Auditar a la FED”, diciendo que solo así el pueblo americano se enteraría de la verdad completa en las operaciones de la FED que solo han resultado en un gobierno creciente, mayor desigualdad y cada vez mayores crisis económicas y en un dólar cada vez más débil. “Es tiempo de auditar a la FED y de ponerle fin”, escribió desafiante.

Donald Trump acusó en noviembre a la FED de dejarse influenciar por el interés político del gobierno en mantener las tasas de interés bajas. Es decir, respaldó la independencia de la FED del poder político.

Ben Bernanke, el último presidente de la FED antes de Janet Yellen, les respondió el 11 de enero de 2016, dos días antes de la votación del proyecto en el Congreso. Defendió a la FED denunciando que el proyecto de auditarla era en realidad el verdadero vehículo de la peligrosa interferencia del poder político en las decisiones de política monetaria de la FED. Defendió, igualmente, la independencia de la FED del poder político.

Luego del alza de las tasas de interés en diciembre, la FED fue señalada de haber cedido a la presión  de los banqueros, cuyo interés estaría detrás de un dinero más caro.

El 12 de enero pasado, el proyecto perdió. Necesitaba 60 votos, obtuvo 53. Votaron a favor del mismo, además de Rand Paul, Bernie Sanders, el actual rival de Hillary Clinton por la candidatura demócrata; y Marco Rubio, el aún contendor por la candidatura republicana. Ted Cruz, el mayor rival de Donald Trump, no llegó a votar.

Hoy, hasta el gurú Nouriel Roubini dice que el alza de las tasas de interés por la FED en diciembre pasado fue una equivocación. Saque usted su cuenta respecto de quién pesa más, entonces, en las decisiones de la FED: el poder político o los banqueros.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
  Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Los precios del cobre tocaron su nivel máximo en cuatro meses el viernes, luego de que datos mostraron que el empleo en Estados Unidos creció con fuerza en febrero aunque con una caída en los salarios, lo que atenuó la amenaza de un alza en las tasas de interés.
La menor preocupación sobre un alza en las tasas de interés por parte de la Fed presionó al  dólar a un mínimo de dos semanas.
Esto alentó a algunos fondos a comprar cobre y generó órdenes de compra luego de que el metal rojo superó niveles clave, dijo un operador. El metal registró un avance semanal de casi 7%, el mayor nivel desde diciembre del 2011.



ESTA NOCHE (tomado de Reuters, nov 3, 2015)
En octubre de 2015, el senador Ted Cruz, hoy precandidato republicano a la Presidencia de EEUU, criticó en un debate al banco central (FED), diciendo que cree que sus decisiones de política monetaria tendrían que ser auditadas y que el país debería moverse hacia un sistema respaldado en el oro.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio, AFP)
A primera vista, Donald Trump es todo lo que le gusta a Wall Street. Pero su éxito en la lucha por la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos causa temor a los banqueros.
Trump podría (entre otras cosas)… interferir con la Reserva Federal sobre la política monetaria… Ha denunciado los altos salarios de los ejecutivos (y) la codicia de los banqueros…
El excandidato presidencial Mitt Romney, quien dirigió la prominente firma de inversiones Bain Capital antes de entrar en política, dio voz el jueves a las preocupaciones de la comunidad financiera advirtiendo que bajo Trump "el país se hundiría en una prolongada recesión".
Entre los banqueros, como el jefe de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, el sentimiento es principalmente anti-Trump. Otros banqueros contactados por AFP no hablan de sus temores.
Wall Street no tiene una clara alternativa, con las encuestas mostrando a los rivales republicanos de Trump, los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, demasiado débiles para ganar las primarias.



Ron Paul Institute, november 2015
(…)
Donald Trump made headlines last week by accusing Janet Yellen of keeping interest rates low because she doesn’t want to risk another economic downturn in President Obama’s last year in office. I have many disagreements with Mr. Trump, but I do agree with him that the Federal Reserve’s policies may be influenced by partisan politics.
Janet Yellen would hardly be the first Fed chair to allow politics to influence decision-making.
Almost all Fed chairs have felt pressure to “adjust” monetary policy to suit the incumbent administration, and almost all have bowed to the pressure.
Economists refer to the Fed’s propensity to tailor monetary policy to suit the needs of incumbent presidents as the “political” business cycle.
Presidents of both parties, and all ideologies, have interfered with the Federal Reserve’s conduct of monetary policy. President Dwight D. Eisenhower actually threatened to force the Fed chair to resign if he didn’t give in to Ike’s demands for easy money… while then-Federal Reserve Chair Arthur Burns was taped joking about Fed independence with President Richard Nixon.
The failure of the Fed’s policies of massive money creation, corporate bailouts, and quantitative easing to produce economic growth is a sign the fiat money system’s day of reckoning is near.
The only way to prevent the monetary system’s inevitable crash from causing a major economic crisis is the restoration of a free-market monetary policy.
One positive step Congress may take this year is passing the “Audit the Fed” bill. Fortunately, Senator Rand Paul is using Senate rules to force the Senate to hold a roll-call vote on Audit the Fed. The vote is expected to take place in the next two to three weeks.
If Audit the Fed passes, the American people can finally learn the full truth about the Fed’s operations. If it fails, the American people will at least know which senators side with them and which ones side with the Federal Reserve.
Allowing a secretive central bank to control monetary policy has resulted in an ever-expanding government, growing income inequality, a series of ever-worsening economic crises, and a steady erosion of the dollar’s purchasing power.
Unless this system is changed, America, and the world, will soon experience a major economic crisis. It’s time to audit, then end, the Fed.



Brookings Institution, January 11, 2016
“Audit the FED” is not about auditing the FED
Ben Bernanke
On Tuesday the Senate will vote on whether to invoke cloture (that is, allow to proceed to the floor) on S. 2232, the “Federal Reserve Transparency Act of 2015,” otherwise known as “Audit the Fed.” Unfortunately, this approach raises serious concerns about Fed independence and the integrity of the process for making monetary policy.
You might think that legislation widely known as “Audit the Fed” would have something to do with auditing the Fed, in the conventional sense of reviewing the institution’s financial assets and liabilities, records, and operations.  You’d be wrong.  The Fed is already thoroughly audited in the usual sense, by an independent inspector general and by an outside accounting firm (currently, Deloitte and Touche), and the resulting financial reports are made public online. Every security owned by the Fed, up to the detail of the identifying CUSIP number, is also available online.  Moreover, the Government Accountability Office (GAO), which does in-depth reviews and analyses (“audits” of a different type) of government activities at the request of Congress, has wide latitude to review Fed operations, including supervision and regulation as well as other functions.  For example, as required by the Dodd-Frank Act of 2010, the GAO conducted reviews of the Fed’s emergency lending programs during the crisis and of the Fed’s governance structure.  Since the financial crisis, the GAO has done some 70 reviews of aspects of Fed operations.
So what does Audit the Fed actually do?  The principal effect of the bill would be to make meeting-by-meeting monetary policy decisions subject to Congressional review and, potentially, Congressional pressure.  The bill would do this by repealing existing restrictions, imposed by Congress nearly forty years ago, on what the GAO can examine when reviewing the Fed. The most important such restriction blocks the GAO from reviewing “deliberations, decisions, or actions on monetary policy matters,” as well as “discussion or communication among or between members of the Board and officers and employees” related to such deliberations.  The repeal of the existing restrictions would accordingly allow the GAO to view all materials and transcripts related to a meeting of the Fed’s Federal Open Market Committee (FOMC) at essentially any time and require the GAO, at Congressional request, to provide recommendations on monetary policy, including potentially on individual FOMC interest-rate decisions.
Effective Congressional oversight of the Fed is essential, of course, but it involves some complex tradeoffs.  On the one hand, Congress has the ultimate responsibility of assuring itself and the public that monetary policy is being conducted reasonably and in the national interest.  On the other hand, institutionally, Congress is not well-suited to make monetary policy decisions itself, because of the technical and time-sensitive nature of those decisions.  Moreover, both historical experience and formal studies (for example, here, here, and here) have shown that monetary policy achieves better results when central bankers are allowed to focus on the longer-term interests of the economy, free of short-term political considerations.  
Following international best practice, Congress has for many years effectively managed these tradeoffs by setting goals for monetary policy—specifically, that policy be set to foster “maximum employment” and “stable prices”—and holding the Fed accountable for reaching them.  Consistent with the principle of accountability, the Fed is allowed to determine the settings of policy without political interference (this is what is meant by “central bank independence”).  In turn, the Fed must regularly report and explain its decisions to Congress and the public, and in particular it must demonstrate that it is meeting its Congressional mandate.  In practice, the Fed’s public communications about policy take many forms.  For example, in speeches and other public appearances, Fed policymakers lay out in detail the considerations affecting current and future policy moves, including arguments on both sides of the issue.  The Fed chair faces reporters in four press conferences each year and testifies before a variety of Congressional committees, including two rounds explicitly focused on monetary policy.  Public Congressional testimonies are supplemented by dozens of meetings and calls each year between the chair and members of Congress, as well as frequent contacts between Fed and Congressional staff members.  Detailed minutes of each FOMC meeting are released three weeks after the meeting is held, and verbatim transcripts after five years. (See here for the minutes from the December, 2015 meeting and here for the most recent released transcripts.)  Fed policymakers also release each quarter their individual economic forecasts, including their forecasts of the future interest rate path needed to meet legislated objectives.
The Fed should continue to strive to improve its transparency and accountability, and in particular to ensure that Congress has all the information it needs to fulfill its oversight responsibilities.  However, this goal is not best achieved by overturning longstanding practice and effectively inserting Congress and the GAO into monetary policy decisions, calling into question the Fed’s independence.  The risk is that GAO reviews and recommendations concerning individual monetary policy decisions would provide a vehicle for members of Congress to apply political pressure on the Fed.  There are certainly precedents for such pressure:  The classic example occurred in the early 1980s, when then-Fed chair Paul Volcker’s ultimately successful efforts to conquer inflation faced Congressional uproar.  An additional potential cost is that the candor of FOMC discussions and of the supporting materials prepared by the staff could be compromised, given that even short-term confidentiality could never be assured.
Of course, the Fed makes mistakes, sometimes big ones, as I am sure commenters will point out.  Monetary policy is complex and must be conducted under tremendous uncertainty about both the economic outlook and how the economy works.  Nevertheless, I know from first-hand experience that the FOMC sets monetary policy with the best technical information available and without any consideration of politics or partisanship.  I am also confident that political interventions in monetary policy decisions would not lead to better results.  But increasing the likelihood of such interventions is precisely the risk presented by “Audit the Fed.”



The Hill, january 12, 2016
The Senate on Tuesday rejected Sen. Rand Paul’s (R-Ky.) controversial proposal to audit the Federal Reserve, turning aside a bill that has drawn the ire of the business community and the White House. 
The Senate voted 53-44 on taking up the presidential hopeful’s measure. Sixty votes were needed to move forward.
Paul won some bipartisan support for the legislation, with Sen. Bernie Sanders (I-Vt.), another presidential candidate, voting in favor.
Sen. Marco Rubio (R-Fla.), who is also running for president, supported moving forward with Paul’s legislation, while White House rival Sen. Ted Cruz (R-Texas) missed the vote.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
A pesar de ser dos casos totalmente distintos, los caminos procesales que deben afrontar en los próximos días Todos por el Perú (TPP) y Alianza para el Progreso (APP) son similares. Ambos partidos presentarán hoy sus apelaciones ante la justicia electoral.
Estos recursos deben remitirse al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que en el más breve plazo debe derivarlos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que, en segunda instancia, finalmente se pronuncie sobre si proceden las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña.
De acuerdo a la normativa electoral, el JNE debe convocar a una audiencia pública para que los partidos afectados expongan sus alegatos. Concluida esta, el pleno del JNE dejará al voto la decisión y emitirá una resolución.
En caso de que los partidos de Julio Guzmán y de César Acuña consideren que la justicia electoral ha vulnerado su derecho al debido proceso, pueden interponer un recurso extraordinario de revisión ante el propio pleno del JNE dentro de los tres días de notificada la resolución del ente electoral.
Según Roque Bravo, ex secretario general del JNE, la entidad electoral podría resolver las apelaciones esta misma semana. “Si el mismo lunes se presenta la apelación, este organismo podría convocar a la audiencia en pocas horas y resolver antes del fin de semana”, argumentó. Dijo que ha habido casos en que se presentó una apelación en la mañana y se resolvió al día siguiente.
No obstante, si el JNE utiliza los plazos máximos para emitir su decisión final, la espera podría prolongarse hasta el próximo lunes.
Además, si alguno de los grupos presenta el recurso extraordinario antes mencionado, el proceso tomaría una semana adicional. La fecha exacta en la que se conocerá, finalmente, quiénes son los candidatos aún es incierta.



El Comercio
El vocero legal del partido Todos Por el Perú, Rodolfo Pérez, presentó hoy la apelación al fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que declaró improcedente la candidatura de la plancha encabezada por Julio Guzmán.
En declaraciones a la prensa, Pérez señaló que hoy también se apeló otro fallo del JEE Lima Centro 1, el que declaró improcedente la lista de candidatos al Congreso de Todos Por el Perú por Lima Metropolitana.
Señaló que, como argumento de su apelación, Todos Por el Perú insistirá en que no se vulneró la democracia interna en la elección de Julio Guzmán como candidato presidencial.
De acuerdo a la normativa electoral, el JNE debe convocar a una audiencia pública para que el partido afectado exponga sus alegatos. Concluida esta, el pleno del JNE dejará al voto la decisión y emitirá una resolución. En caso de que el partido de Julio Guzmán lo considere pertinente, podrá interponer un recurso extraordinario de revisión ante el propio pleno del JNE dentro de los tres días de notificada la resolución.



El Comercio
El personero de Alianza Para el Progreso, Juan Carlos Gonzales, presentó hoy la apelación contra el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que excluyó a César Acuña del proceso electoral. Según declaró Gonzales a los medios, "la norma que se pretende aplicar no se encontraba dentro del marco normativo al inicio de las elecciones" y que "aún en el hipotético caso de que esta norma se pretenda aplicar como tal, se estaría juzgando dos veces a una misma persona en dos estamentos que pertenecen al mismo sistema".



La República
Una vez más, la encuesta de GfK trae novedades en la intención de voto a 34 días de los comicios generales. Si bien la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ubica en el primer puesto con 34.6%, Julio Guzmán, de Todos por el Perú, aumentó considerablemente y se aleja de PPK y otros candidatos con los que en enero estaba en un triple empate técnico.
En esta nueva encuesta GfK, Guzmán se consolida en el segundo lugar con 16.6 %, un incremento significativo de 6.2 puntos porcentuales, respecto a la encuesta publicada en enero. El logro es aún mayor teniendo en cuenta la cifra de diciembre 2015, en donde solo tenía 1.9 %.
Después de Guzmán, quien más ha subido respecto a la encuesta anterior de GfK es Alfredo Barnechea. El candidato de Acción Popular pasó de tener 0.5 % a 5.1 %, un importante incremento de 4.6 puntos porcentuales que lo ubica en el cuarto lugar, a menos de dos puntos del tercero, PPK, quien sigue con tendencia a la baja. En la encuesta publicada el 31 de enero, Kuczynski tenía 9.5 % y ahora solo tiene 6.9 %, lo que significa un descenso de 2.6 puntos porcentuales.
Sin embargo, el candidato que más ha bajado en solo un mes es César Acuña. El líder de Alianza para el Progreso pasó de tener 10 %, en un triple empate técnico en el segundo lugar, al sétimo lugar con solo 3.6 %, una disminución importante de 6.4 puntos porcentuales.
Otro candidato que ha bajado, aunque no en la misma proporción que Acuña, es Alan García, de Alianza Popular. El exmandatario tenía en enero 6.5 % y ha bajado a 4.3 %, ubicándose ahora en el quinto lugar, detrás de Barnechea.
La situación es peor para el candidato Alejandro Toledo. En enero tenía 2.7 % y ha bajado en esta nueva encuesta a 1.6 %, en la octava posición.
Quien sí ha subido es Verónika Mendoza, aunque en menos de dos puntos porcentuales. La candidata del Frente Amplio tiene ahora 3.7 %, superando el 1.9 % de enero pasado y alcanzando la sexta casilla.
¿Quiénes se beneficiarían más sin Guzmán ni Acuña? El último sondeo de GfK construye el escenario en el que toma en cuenta una segunda opción de aquellos electores que votarían por alguno de los dos candidatos.
La repartición de votos sería la siguiente: la primera beneficiada sería Keiko Fujimori, quien recibiría 3,1 % adicional a su intención de voto, obteniendo un total de 37,7%.
En segundo lugar estaría Pedro Pablo Kuczynski, quien recibiría 3,2% más, obteniendo el segundo lugar con 10,1 %.
Alfredo Barnechea recibiría 1,6% adicional y tendría un 6,7 % ubicándose en el tercer lugar.
Verónika Mendoza recibiría 1,9 % alcanzando un 5,6 % en la intención de voto.  Alan García, Alejandro Toledo y Gregorio Santos recibirían muy poco porcentaje de votos de Guzmán y Acuña.
El voto blanco o viciado llegaría al 13,1 % mientras el "no sabe/no opina" estaría en un 17,2% de darse este escenario. En el caso del voto blanco, éste se incrementaría en el Sur.

Ficha técnica

Encuestadora: GfK Conecta S.A.C.
Persona jurídica que contrató la encuesta: Latina Televisión y Diario La República.
Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales del 2014.
Tamaño de la muestra: 1552.
Margen de error de muestreo: Los resultados tienen un error marginal de +- 2.5 %.
Nivel de confianza de la muestra: 95 %.
Fecha del trabajo de campo: Del 27 de febrero al 01 de marzo del 2016.



El Comercio
La última encuesta de GFK reveló que la lista al Congreso de Fuerza Popular encabeza las preferencias al contar con un valor de 22,7% en la intención de voto.
Después, la que amasa mayor preferencia es la de Todos por el Perú, agrupación que postula a la presidencia a Julio Guzmán, con 6,3%.
En tercer lugar se encuentra la lista de Peruanos por el Kambio, partido liderado por Pedro Pablo Kuczynsky, con 5,5%.
La lista congresal de Alan García, candidato de Alianza Popular, se halla en la cuarta ubicación con 5,0%.
La lista al Parlamento de Alianza para el Progreso logra un 4,6%, ubicándose en el quinto lugar, mientras la de Acción Popular alcanza sexto puesto con 3,6%.
En séptimo lugar se encuentra la lista parlamentaria del Frente Amplio con 2,2%, mientras que la lista al Congreso de Perú Posible se ubica en el octavo lugar con 1,6%.



La República
Vista gorda
Mirko Lauer
A estas alturas está claro que buena parte del nuevo conjunto de exigencias a los partidos y candidatos se basa en una ley fallida. Los abogados críticos de las últimas decisiones de los jurados están despedazando ese ordenamiento. Con lo cual el argumento de que la ley es la ley está perdiendo peso.
Pero no solo es la nueva ley. Ya la anterior estaba llena de exigencias que obligaban a hacer la vista gorda para que pudiera avanzar la vida electoral. Cosas como número de verdaderos locales, vida institucional, trayectoria de los dirigentes o veracidad de las hojas de vida rara vez hubieran resistido una auditoría en serio.
La idea, nunca expresada, era que la democracia necesita partidos y participantes, por lo cual la exigencia rigurosa podía terminar siendo contraproducente. Mejor era concentrarse en cuidar la pureza de la jornada electoral misma y en el conteo de los votos. De allí salió la cultura de las iniciativas electorales laxas que hoy están en problemas.
Así las autoridades electorales no solo entraron al 2016 con una nueva ley electoral, sino también con un nuevo tipo de severidad que nadie se esperaba. Pero ellas mismas no parecen en condiciones de aplicarla a todo el proceso, ni de actuar de la misma manera, es decir con equidad, en todos los casos que detecta o que le llegan.
En el caso del dinero que fluye hacia las campañas, la fiscalización que se percibe es una mala broma, las incongruencias detectadas no tienen mayores consecuencias, las sumas y restas de los partidos no parecen coincidir con la realidad. Pareciera haber en todo este aspecto una suerte de candorosa apelación a la buena voluntad.
Estamos hablando de las campañas presidenciales, es decir nacionales, y quizás de las parlamentarias de Lima. En las regiones menos institucionalizadas y más remotas de la capital la cosa del control del dinero casi seguramente es desmesurada, como que nadie habla de ella. Por eso los JEE han privilegiado unos tipos de infracción e ignorado olímpicamente otras.
La misma gente que defiende a los jurados sosteniendo que la ley es la ley sostiene también que los partidos afectados debieron ser más cuidadosos con las reglas. Seguramente sí. Pero si ellas son aplicadas a pie juntillas, serán pocos lo que se salven de algún tipo de sanción, desde la venial hasta la draconiana. Esa revisión ya podría comenzar.
Los jurados son responsables de todo aquello que no pudieron, supieron o quisieron sancionar. Pero a la vez las faltas probablemente son demasiadas para los recursos de estas autoridades electorales, en el fondo colocadas entre la vista gorda para todos o la vista gorda para nadie. En cualquiera de los dos casos, un nuevo tipo de investigación (jurídica, académica, política) ha comenzado.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
Entrevista a Omar Chehade
–¿Es cierto que el presidente Ollanta Humala se preocupó cuando capturaron a Marcelo Odebrecht?
El 19 de junio de 2015, el presidente (Humala) me llamó. Caminamos por Palacio de Gobierno, porque él no confía en algunos salones pues piensa que pueden estar chuponeados y no le gusta sentarse cuando conversa sobre temas importantes por la misma razón. Entonces, caminamos y cuando estaba por despedirme, con un rictus de preocupación me preguntó: “¿Has escuchado las noticias de hoy? Han detenido a Marcelo Odebrecht en Brasil”, y yo le pregunté cuál era el problema, y me sorprendió porque él no comenta temas internacionales, entonces él se molestó y me dijo: “No entiendes, han detenido a la cabeza de Odebrecht por el tema de los sobornos”, y le contesté que no entendía su preocupación. Se sonrió, me dio la mano y me fui.
–¿Cuál es su evaluación respecto a la actitud del jefe de Estado y todo el tema?
En las agendas de Nadine Heredia figura una anotación de puño y letra de ella en la que pone “OHT”, que es Ollanta Humala Tasso, y al costado “US$ 3´000,000” y “barbudos”, que sería la gente de Odebrecht. No creo que el Presidente sea un coimero, no puedo decir lo mismo de su esposa, a ella le gustan los temas económicos, Nadine es sinónimo de frivolidad.
–¿Por qué dice eso?
Ella es muy desconfiada y maneja la parte económica, y lo ha hecho desde antes de la campaña con su hermano Ilan, con Rocío Calderón que sería la testaferro de Heredia, a quien le gusta hacer gastos suntuosos de cuadros costosísimos, impagables para ella que no tendría ni oficio ni beneficio. Ha gastado a través de tarjetas de crédito grandes cantidades de dinero en cosas nimias como encajes venecianos, ropa suntuosa, cuando lo que pretende es demostrar lo contrario.
–Se habla de una red de testaferraje en el caso de las agendas…
Rocío Calderón no ha demostrado cómo ha comprado una casa en La Molina que costó US$ 800 mil y que habría sido cancelada en efectivo, lo que nos llevaría a la conclusión de que esto fue un enjuague de dinero producto de dinero mal habido en la red en la que estaría Nadine Heredia, su hermano Ilan, Rocío Calderón y una serie de personajes alrededor de la primera dama. No se movía un lapicero sin la anuencia de ella en los temas económicos. Cuando tú le preguntabas a Ollanta Humala si se podía regalar una pelota o un polo para la campaña, te decía que todo se lo hagas saber a Nadine, porque ella era la encargada de los temas financieros del partido y seguramente de él.
–¿Cree que las amigas de la primera dama son piezas clave en las investigaciones?
A Calderón la colocó en la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). Habría que investigar si existieron licitaciones ganadas y que han sido del interés de Heredia, habría que investigar si los directivos de la OSCE desfilaban por Palacio siendo la parte interesada, esto es gravísimo. Pero también es cierto que los correos electrónicos de Francia fueron direccionados a cifras económicas con Ivoska Humala y también está metida Cristina Velita. Hay una triangulación entre Suiza y Francia, entonces hay indicios razonables como para sospechar de que no solo a Heredia le gusta la plata como caramelo, sino que hay operaciones delictivas y una red que ella habría liderado.
–La Fiscalía estaría terminando la investigación en seis meses y existe posible peligro de fuga…
El tema de la posible fuga de Heredia se puede resolver con el pedido que tome un juez o un fiscal que ordene una medida cautelar de impedimento de salida del país para ella; no se pide detención domiciliaria, pero sí una medida de arraigo para que no se fugue porque se puede ir a cualquier sitio del mundo, recursos económicos le sobran, contactos dentro y fuera del país también.
–A cualquier ciudadano se le habría impuesto una prisión preventiva en este caso, ¿por qué a ella no?
Le corresponde entre una prisión domiciliaria o el impedimento de salida del país, porque ella no tiene corona. Todavía considero como un amigo a Ollanta Humala, pero Nadine Heredia utilizó la política como negocio, a ella no le interesa el país, es el típico aprovechamiento para hacer negocio y enriquecerse.
–Es difícil pensar que el Presidente no conozca esa situación.
No creo que el presidente (Humala) sea un delincuente; sin embargo, la esposa (Heredia) tiene un afán desmedido de poder y de lucro y ambición. El Presidente tiene una responsabilidad política muy grave por dejar que su esposa usurpe funciones y el poder, y haga cosas ilícitas. Además, me dicen, pero hay que averiguar, que sus bienes muebles e inmuebles estarían a nombre de Nadine Heredia, y de repente el Presidente está asustado de quedarse en la calle si se separa de ella.
–¿Por qué presentó un proyecto de ley para establecer el juicio de residencia?
Lo único que estoy haciendo es cumplir con una de las principales promesas de campaña hechas por el Presidente, con quien incluso conversamos pero nunca presentó un proyecto de ley, entonces me parece una falta de respeto que no cumpla. Espero que Freddy Otárola, más allá de la exagerada incondicionalidad que tiene con Nadine Heredia, seguramente por haber sido su ministro en varias carteras, esté consciente que su obligación es con el país y espero que lo ponga en agenda.
–¿Dice usted que Nadine Heredia coloca ministros?
Nadine Heredia coloca y saca ministros, embajadores, es la que maneja la economía del país con sus técnicos del MEF, designa a una serie de funcionarios públicos incluso de menor jerarquía, maneja la Cancillería, es por eso que colocó a su amiga Ana María Sánchez. Me consta que ella es la que se encarga de elaborar los cuadros de comisiones de la bancada y es la que pone y saca a sus presidentes. Ella es la presidenta de facto del país, utiliza al Presidente como interpósita persona para ella gobernar porque no puede firmar documentos ni leyes.
–¿Qué opinión tiene sobre el Partido Nacionalista, que hoy preside Nadine Heredia?
El partido está destinado a desaparecer o a perder su inscripción, Heredia ha destruido el partido, el proyecto era conyugal no institucional, y después se volvió personal de Nadine. Se ha burlado de las bases y de los dirigentes que llevaron al presidente Ollanta Humala a gobernar.