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MEDIA
COLUMNA
Una oposición constructiva
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El
aeropuerto internacional del Cusco se va a hacer. En esto, el consenso es unánime.
Pero el
contrato de concesión de Chinchero tiene graves fallas de origen, que la adenda
negociada por el gobierno no ha podido enmendar definitivamente.
No
obstante, no se ha pedido en esta ocasión la censura del ministro interpelado. Lo que se anuncia es una sana pausa reflexiva
a ese respecto. Es una posición que refleja acertadamente el estado actual de la
opinión pública.
Así,
sin poner en tela de juicio en momento alguno la prioridad de la obra para el
Cusco y para el Perú, lo que la oposición pide al gobierno es algo muy
razonable: negociar con el concesionario modificaciones adicionales al contrato,
para reducir el plazo de la concesión.
De
este modo podría compensar el hecho de que, a raíz de la adenda firmada por el gobierno,
el riesgo del negocio cambió de manos pasando de las privadas a las públicas.
Esto,
dentro del esquema de una asociación público-privada que parece estirar ese
concepto hasta el límite en que se confunde con una obra pública que tiene un
socio privado.
En suma,
es eso o resolver el contrato y empezar de nuevo haciendo esperar al Cusco.
Por
respeto al Cusco, básicamente, es que la oposición ha mostrado una actitud crítica,
pero constructiva. Ha sido muy generosa con el gobierno.
Y este
haría bien en estrechar esa mano extendida acogiendo la recomendación relativa
a renegociar el plazo de la concesión de Chinchero.
Es lo que
el país pide para hacer frente a la reconstrucción en un nuevo marco político.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Más de tres horas duró la exposición del
ministro de Transportes, Martín Vizcarra,
en la que respondió las 83 preguntas de la interpelación respecto a las
acciones del actual Gobierno sobre el proyecto del aeropuerto de Chinchero,
en Cusco.
Vizcarra inició su participación a las 11:03 a.m. y culminó al llegar las 4:10 p.m. con un receso entre la 1:33 p.m. y 3 p.m.
Vizcarra inició su participación a las 11:03 a.m. y culminó al llegar las 4:10 p.m. con un receso entre la 1:33 p.m. y 3 p.m.
El ministro informó que impulsa la
incorporación de una cláusula anticorrupción en los contratos con su sector.
“Respecto a los contratos de APP
(asociación público privada) ya suscritos, el MTC ha solicitado a todos los
concesionarios, entre ellos a Kuntur Wasi, la incorporación de la cláusula
anticorrupción. Incorporaremos la cláusula en el contrato de concesión a partir
del 4 de julio del 2017, fecha en la cual el MTC exigirá su inclusión”, anunció.
El también primer vicepresidente de la
República sostuvo que una eventual postergación de proyecto “generaría altos
costos sociales y económicos para el Estado, debido a que se tendría que volver
a iniciar el proceso”. Refirió que si el Estado peruano hubiera roto unilateralmente
el contrato con el consorcio Kuntur Wasi, este podría haber demandado un juicio
y arbitraje.
El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dijo
esta mañana desde Pampa Galeras, Ayacucho, que "el Congreso ha sido
elegido igual que yo, nos respetamos mutuamente y vamos a trabajar juntos para
un Perú mejor", cuando se le consultó sobre las interpelaciones que
afrontan los ministros Martín Vizcarra y Carlos Basombrío.
El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala,
ratificó su posición respecto a la posibilidad de que empresas que no tengan
sentencia ni tampoco hayan admitido actos de corrupción -incluso las que
participaron en consorcios con Odebrecht- sí podrán licitar con el Estado y
participar, por ejemplo, de las obras de reconstrucción en las zonas afectadas
por las lluvias.
"El Poder Ejecutivo no es juez, tienen que realizarse las investigaciones en las instancias respectivas, que son la fiscalía y el Poder Judicial. Si es que hay sentencia, obviamente nosotros la tomaremos", dijo el miércoles.
"El Poder Ejecutivo no es juez, tienen que realizarse las investigaciones en las instancias respectivas, que son la fiscalía y el Poder Judicial. Si es que hay sentencia, obviamente nosotros la tomaremos", dijo el miércoles.
El Comercio
Los integrantes de la
Comisión Lava
Jato que
investigan los presuntos sobornos de las empresas brasileñas en el Perú
emitieron hoy un pronunciamiento en el que cuestionan las declaraciones del
primer ministro Fernando Zavala, referidas a que las empresas investigadas por corrupción que
no tienen sentencia pueden licitar en la obras de la reconstrucción.
En el comunicado se señala que permitir que esas empresas que fueron socias de Odebrecht contraten con el Estado “constituye una puerta abierta a nuevos o reiterados casos de corrupción en las mismas modalidades colusorias que hoy son materia de investigación en el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial".
Los integrantes de la Comisión Lava Jato indican que la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo y que con este tipo de decisiones del Ejecutivo “se estimula una práctica perversa de ciertas empresas, consistente en negar la comisión de delitos mediante todo tipo de argucias, en vez de promover la colaboración con la justicia”.
El comunicado agrega que el Decreto de Urgencia 003-2017 está orientado a favorecer a las empresas que han agraviado al país y que se les permite vender sus activos poniendo en riesgo el resarcimiento al Estado Peruano.
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, también se pronunció hoy sobre el tema y discrepó con Fernando Zavala. Sostuvo que es un riesgo entregar recursos a empresas investigadas por corrupción.
En el comunicado se señala que permitir que esas empresas que fueron socias de Odebrecht contraten con el Estado “constituye una puerta abierta a nuevos o reiterados casos de corrupción en las mismas modalidades colusorias que hoy son materia de investigación en el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial".
Los integrantes de la Comisión Lava Jato indican que la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, sino relativo y que con este tipo de decisiones del Ejecutivo “se estimula una práctica perversa de ciertas empresas, consistente en negar la comisión de delitos mediante todo tipo de argucias, en vez de promover la colaboración con la justicia”.
El comunicado agrega que el Decreto de Urgencia 003-2017 está orientado a favorecer a las empresas que han agraviado al país y que se les permite vender sus activos poniendo en riesgo el resarcimiento al Estado Peruano.
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, también se pronunció hoy sobre el tema y discrepó con Fernando Zavala. Sostuvo que es un riesgo entregar recursos a empresas investigadas por corrupción.
El Comercio
Un proyecto de ley de la congresista fujimorista Karina Beteta plantea modificar el Decreto de Urgencia N° 003-2017, publicado
por el Ejecutivo en febrero pasado. La iniciativa se presentó el miércoles 17,
en medio de las discrepancias entre el primer ministro Fernando Zavala y la
titular del Congreso, Luz Salgado, respecto a la posibilidad de que empresas
constructoras que hayan participado de consorcios con Odebrecht u otras
empresas vinculadas al Caso Lava Jato -y que no tengan sentencia por corrupción-
puedan licitar con el Estado.
El proyecto de Beteta extendería el impedimento de contratar con el Estado a las empresas socias de las condenadas o que hayan admitido casos de corrupción.
El proyecto de Beteta extendería el impedimento de contratar con el Estado a las empresas socias de las condenadas o que hayan admitido casos de corrupción.
El Decreto de Urgencia del Ejecutivo, según su artículo
2, alcanzaba a personas jurídicas o funcionarios de estas condenados por
delitos contra la administración pública, lavado de activos o equivalentes en
caso estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado.
También, a las organizaciones que directamente o a
través de sus representantes hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de
cualquiera de los ilícitos señalados.
Una de las modificaciones del proyecto de Beteta (N° 1410-2016-CR) se da precisamente en cuanto a ese artículo. Propone que la responsabilidad también alcance a “cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado” de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez o Queiroz Galvao. Ello “bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por la ley, teniendo ambas algún tipo de participación patrimonial mediante acciones o participaciones en una persona jurídica o ente jurídico distinto, al tiempo de la comisión de los delitos” citados.
Una de las modificaciones del proyecto de Beteta (N° 1410-2016-CR) se da precisamente en cuanto a ese artículo. Propone que la responsabilidad también alcance a “cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea o haya sido socio o asociado” de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez o Queiroz Galvao. Ello “bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por la ley, teniendo ambas algún tipo de participación patrimonial mediante acciones o participaciones en una persona jurídica o ente jurídico distinto, al tiempo de la comisión de los delitos” citados.
Incluye el proyecto a personas jurídicas que podrían no
haber participado de actos de corrupción o lavado de activos, pero “terminaron
beneficiándose con la rentabilidad obtenida como consecuencia de las
actividades ilícitas”.
El Comercio
La Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht
anunció ayer que ha denunciado penalmente ante el Ministerio Público a las
empresas Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas
Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. por sus vinculaciones al pago de coimas de la
empresa brasileña Odebrecht por los tramos II y II de la carretera
Interoceánica Sur.
Dicho ente también informó que ha formalizado acusación
contra los altos directivos José Alejandro Graña Miró Quesada (Graña y
Montero S.A.A.), Fernando Camet Piccone (JJC Contratistas Generales S.A.) y Fernando Castillo Dibós Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A.
La denuncia de la procuradora pública Ad Hoc Katherine Ampuero Meza fue
presentada ante el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas el pasado 10 de mayo.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
El
Comercio
Alberto Fujimori retornó ayer a la sede de la Diroes en
Ate desde la clínica a la que había sido trasladado hace una semana a causa de
una taquicardia y arritmia.
“Regrese ayer a mi prisión de Barbadillo después de gran susto por riesgo de infarto. Mil gracias por solidaridad de amigos de todo el Perú”, señaló en uno de sus mensajes.
En otros, Fujimori expresó, a modo de queja, que tras este problema de salud, requirió una evacuación inmediata. En esa línea, lamentó que la Dirección de Seguridad de Penales no lo haya trasladado en una unidad policial “que estaba a la mano”.
“A pesar de la demora, pude llegar a Unidad de Cuidados Intensivos. No era mi hora todavía, pero un retraso así podría generar un desenlace fatal”, advirtió. Apuntó que, en exámenes que no son de emergencia, su traslado en ambulancia a la clínica en que se atiende demora dos horas.
“Regrese ayer a mi prisión de Barbadillo después de gran susto por riesgo de infarto. Mil gracias por solidaridad de amigos de todo el Perú”, señaló en uno de sus mensajes.
En otros, Fujimori expresó, a modo de queja, que tras este problema de salud, requirió una evacuación inmediata. En esa línea, lamentó que la Dirección de Seguridad de Penales no lo haya trasladado en una unidad policial “que estaba a la mano”.
“A pesar de la demora, pude llegar a Unidad de Cuidados Intensivos. No era mi hora todavía, pero un retraso así podría generar un desenlace fatal”, advirtió. Apuntó que, en exámenes que no son de emergencia, su traslado en ambulancia a la clínica en que se atiende demora dos horas.
El
Comercio
El congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi opinó que el ex
presidente Alberto Fujimori debería ser indultado. “Su salud está
bastante deteriorada, ha estado en cuidados intensivos. Así que para mí sí hay
condiciones reales para un indulto humanitario, porque no me parece que Alberto Fujimori vaya
a morir en la cárcel”, expresó Heresi.
Salvador
Heresi estuvo de acuerdo con el proyecto de ley de su colega
Roberto Vieira que buscaba otorgar el beneficio de arresto domiciliario a
personas mayores de 75 años de edad y que padezcan una enfermedad. Esta
iniciativa fue archivada en la Comisión de Justicia.
Peru21
Entrevista
a Luisa María Cuculiza
-Los
dos voceros de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce y Juan Sheput,
coinciden en que es momento del indulto humanitario
El
lado humano en ellos ha prevalecido. Eso es un indicio de lo que estas personas
tienen en su alma, que es muy importante.
-También
se sumó Salvador Heresi hace dos días
Así
es, su lado humano.
-¿Cree
que serán escuchados por el presidente Kuczynski?
Yo
creo que en las manos del presidente está un momento histórico. Él es un hombre
bueno, no es malvado ni vengativo ni odia. Es distinto. Totalmente distinto.
-¿Distinto
a los presidentes pasados?
Compárelo
con Toledo, con Humala… Es otra clase de gente. Entonces, por ahí comencemos
porque la salud del presidente (Fujimori) es precaria. La última vez que lo he
visto, en cuidados intensivos, el monitoreo era bien riesgoso y, como dice
(Alejandro) Aguinaga, en una de esas hace una isquemia y adiós presidente.
Llega un momento en el que uno dice ‘ya basta, suficiente’.
-Pero
él fue juzgado, condenado y recibió una pena
El
presidente ha sido juzgado de una manera bárbara. Ese señor (César) San Martín
tendrá que pasar muchos planos para llegar a ver la luz porque su
comportamiento ha sido de odio. Así no se hace justicia.
-La
ministra de Justicia ha dicho que Fujimori no cumple los requisitos para un
indulto.
Bueno,
Marisol Pérez Tello es una buena ministra, pero a mí me llaman la atención sus
sentimientos de hoy día. Sus expresiones han sido un poquito duras.
-Sin
embargo, ella es la ministra de Justicia y debe ser escuchada por el mandatario.
En la
mano del presidente Kuczynski está todo. Él no tiene que escuchar a nadie, solo
a Dios y a su conciencia. Esa liberación del presidente, yo estoy muy, muy
segura de que él se la va a dar.
-¿Se
debe evaluar variar la situación carcelaria del ex presidente Fujimori solo a
través de un indulto?
Así
es. Nada más.
-¿Es la única opción?
Así
es, y yo sé que él la va a dar.
-Si
esa es la única opción, ¿por qué Keiko Fujimori presentará un nuevo hábeas
corpus?
Bueno,
una vía, dos vías, tres vías, cuarenta vías, las que sean necesarias para que
el presidente esté en libertad.
-¿Y la
vía de una ley en el Congreso debe ser revisada?
Bueno,
ya no tanto porque seguirían las pullas contra el presidente, seguiría esa mala
fe que tienen algunos de decirle criminal, asesino.
-¿Apoya
que no haya procedido el proyecto de Roberto Vieira para dar arresto
domiciliario a presos enfermos mayores de 75 años?
A mí
me da pena por los viejitos que se han quedado en las cárceles. Usted no sabe
lo que es (el penal de) Lurigancho. Los presos tirados en el piso, con
tuberculosis. Son gente que ya debería estar en sus casas.
-¿Sí
debió proceder esta ley?
Así
es, pero es la única pena que me da porque, de ahí, el presidente, él tampoco
quiere el arresto domiciliario.
-El
tema del indulto fue puesto en agenda por unas declaraciones de Carlos Bruce,
que fueron luego comentadas por el presidente Kuczynski.
Así
es. Él dijo ‘lo estoy evaluando’. Entonces le dan expectativas al presidente,
él se pone contento, y luego, ¡pundungun!, cambian de opinión.
-La
presidenta del Congreso dijo que el Gobierno intentó dividir al fujimorismo.
No, el
fujimorismo no se divide, señor. Al menos el anterior fujimorismo éramos una
gran familia donde todos se respetaban.
-¿Y
este nuevo fujimorismo?
Yo
también lo veo coherente y con ganas de trabajar.
-¿Usted
hubiese firmado el proyecto de ley de Vieira?
Yo
creo que sí, pero modificándolo para que el reo elija si se queda (en cárcel) o
si se va (a su casa). Hay presos desvinculados de su familia totalmente.
-Los
fujimoristas dijeron que no apoyaron esa ley porque era con nombre propio.
No,
no. Como te digo, me dio pena que tanta expectativa de los viejitos quedara en
el aire.
-El
día que se vería ese proyecto en la Comisión de Justicia, Kenji Fujimori pidió
que se luche por la libertad de su padre. ¿A quién se dirigió?
A
todos los fujimoristas. La que te habla ya no está en el partido, ya me
sacaron, pero yo voy a estar al lado del presidente hasta el último día de su
vida, y eso es lealtad, agradecimiento.
-¿Kenji
no se refería a su bancada, que no estaba haciendo nada por liberar a su padre?
Mira, a mí me llama la atención cuando alguien
del fujimorismo dice ‘todavía no conozco al presidente’. Discúlpame, eso me
chocó mucho.
-¿Hay
congresistas que no conocen a Alberto Fujimori?
Por
ahí, ¿no? La señora Lourdes Alcorta, por ejemplo.
El Comercio
El Congreso decidió ayer crear una comisión
investigadora dedicada a indagar los presuntos delitos que se habrían cometido
en el año 1992 en la base contrasubversiva de Madre Mía, en los que se implica
al ex presidente Ollanta
Humala.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 94 votos
a favor.
El grupo de trabajo parlamentario buscará investigar la presunta violación de derechos humanos bajo órdenes de Ollanta Humala.
El grupo de trabajo parlamentario buscará investigar la presunta violación de derechos humanos bajo órdenes de Ollanta Humala.
La comisión también podrá recabar información sobre la
"responsabilidad de los fiscales y jueces que tuvieron a su cargo las
investigaciones y procesos judiciales de las denuncias efectuadas contra el ex
presidente Ollanta Humala".
Peru21
Vilcatoma sobre Madre Mía
Aldo Mariátegui
Interesantes
estas reflexiones hechas ayer a Expreso por la ex procuradora y ahora
congresista Yeni Vilcatoma: “Resulta indispensable la creación de la comisión
investigadora del caso Madre Mía (…) para desentrañar los actos no solamente de
vulneración de los derechos humanos, sino también los actos de corrupción que
tuvieron como fin blindar y lograr la impunidad de los responsables en manos de
jueces y de fiscales (…) el fiscal Víctor Cubas Villanueva, encargado del
proceso seguido contra el señor Ollanta Humala, emitió un dictamen no
acusatorio y prevaricador. Esta omisión es grave, pues estableció que no
existían elementos para establecer vinculación entre Ollanta Humala y el
‘capitán Carlos’ ni elementos de convicción o de prueba necesarios para
ingresar a una etapa oral, cuando se tenía una serie de declaraciones que
ameritaban que se pudiera ingresar a una etapa de juicio oral (…) advertir lo
que han hecho magistrados como César San Martín, quien, lejos de haber
declarado la nulidad de este proceso y ordenar al fiscal a emitir un nuevo
pronunciamiento, simplemente se limitó a declarar la nulidad (…) En este
proceso (…) no hubo una sentencia en la cual se haya establecido la inocencia
del ‘capitán Carlos’ (…) Lo que sucede acá es muy grave, pues existiendo todos
los elementos suficientes y necesarios para entrar a un juicio oral, los
dictámenes del Ministerio Público a cargo del fiscal Víctor Cubas Villanueva y
de otros magistrados lo que hicieron fue impedir que Ollanta Humala pasara a un
juicio oral (…) Estos magistrados mínimamente ameritan la destitución de los
cargos que ocupan, adicionalmente a las responsabilidades penales en las que
han incurrido, desde la comisión del delito de prevaricato y otros”.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El Ministerio Público acusó que el ex gobernador del
Cusco, Jorge Acurio Tito pactó un soborno de US$3 millones de parte de la
empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la obra Vía de Evitamiento en
esa ciudad.
También se capturó al abogado José Francisco Zaragoza
Amiel en Lima, socio de Rebaza, Alcazar & De Las Casas Abogados
Financieros, estudio de abogados que habría asesorado a Odebrecht.
La resolución ordena el allanamiento de los inmuebles de
Acurio y Zaragoza y de Gustavo Fernando Salazar Delgado, ex gerente general de
La Positiva Seguros.
Agentes policiales y equipos de la fiscalía allanaron
seis oficinas de estudios de abogados vinculados a Odebrecht en los distritos limeños de San Isidro y Miraflores.
Estos habrían asesorado a los brasileños en arbitrajes contra el Estado.
Además, se ha intervenido cinco inmuebles en el Cusco.
En febrero del 2016, cuando el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata asistió a la anterior Comisión
Lava Jato del Congreso, entregó un informe sobre cuáles eran los estudios de
abogados que los habían asistido en arbitrajes contra el Estado. Uno de estos
era el referido estudio.
El Comercio
Fuentes de la fiscalía señalaron a El Comercio que el
colaborador eficaz 6-2017 declaró que Gustavo Salazar habría recibido dinero de Odebrecht para Acurio, y que el ex gobernador pidió que el monto
se deposite a la off shore Wircel S.A., que era administrada por Zaragoza.
para el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio.
El Comercio
El empresario Gustavo
Salazar Delgado, implicado en el presunto pago de sobornos por parte de la
empresa brasileña Odebrecht al ex gobernador regional del Cusco
Jorge Acurio, salió del país rumbo a Chile el último martes, confirmaron
fuentes de Migraciones a RPP.
Gustavo Salazar, quien trabajó hasta hace un año en la empresa La Positiva Seguros y Reaseguros y llegó a ser gerente general de la misma, está sindicado por la fiscalía de haber administrado el pago del soborno de Odebrecht a Acurio. Debido a ello se dispuso el allanamiento de su casa en Las Casuarinas.
Fuentes de la fiscalía señalaron a El Comercio que el colaborador eficaz 6-2017 declaró que Salazar habría recibido dinero de Odebrecht para Acurio, y que el ex gobernador pidió que el monto se deposite a la off shore Wircel S.A., que era administrada por el abogado José Francisco Zaragoza.
El empresario habría salido del país cerca de las 10 de la mañana del 16 de mayo, según informó la citada radio. Según se supo, Salazar no tenía impedimento de salida del país ni orden de detención en su contra. Salazar también presidía el Club Regatas Lima. Esa institución social informó, a través de un comunicado, que le ha suspendido provisionalmente sus derechos como socio.
Gustavo Salazar, quien trabajó hasta hace un año en la empresa La Positiva Seguros y Reaseguros y llegó a ser gerente general de la misma, está sindicado por la fiscalía de haber administrado el pago del soborno de Odebrecht a Acurio. Debido a ello se dispuso el allanamiento de su casa en Las Casuarinas.
Fuentes de la fiscalía señalaron a El Comercio que el colaborador eficaz 6-2017 declaró que Salazar habría recibido dinero de Odebrecht para Acurio, y que el ex gobernador pidió que el monto se deposite a la off shore Wircel S.A., que era administrada por el abogado José Francisco Zaragoza.
El empresario habría salido del país cerca de las 10 de la mañana del 16 de mayo, según informó la citada radio. Según se supo, Salazar no tenía impedimento de salida del país ni orden de detención en su contra. Salazar también presidía el Club Regatas Lima. Esa institución social informó, a través de un comunicado, que le ha suspendido provisionalmente sus derechos como socio.
El Comercio
A través de un comunicado, el estudio Rebaza, Alcázar
& De Las Casas rechazó cualquier vínculo con las investigaciones por actos
de corrupción contra la empresa Odebrecht. Ello luego de que el abogado José Francisco Zaragoza,
miembro del bufete, fuera detenido hoy acusado de presunto lavado de activos en
simultáneo con el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio.
Aclara en su comunicado que la diligencia contra Zaragoza se dio por servicios prestados a la empresa Wircel S.A., investigada por la fiscalía.
“Estos servicios no están relacionados con ningún tipo de asesoría legal de la firma al grupo Odebrecht. En ningún momento nuestra firma ha tenido conocimiento sobre acto de corrupción alguno. El Estudio está trabajando en esclarecer lo ocurrido en este asunto con Wircel S.A.”, señaló Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
Aclara en su comunicado que la diligencia contra Zaragoza se dio por servicios prestados a la empresa Wircel S.A., investigada por la fiscalía.
“Estos servicios no están relacionados con ningún tipo de asesoría legal de la firma al grupo Odebrecht. En ningún momento nuestra firma ha tenido conocimiento sobre acto de corrupción alguno. El Estudio está trabajando en esclarecer lo ocurrido en este asunto con Wircel S.A.”, señaló Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
El Comercio
Por medio de una carta dirigida a la Oficialía Mayor
del Congreso, el portavoz de la bancada fujimorista, Luis Galarreta, indica la
parlamentaria Milagros Salazar de la Torre reemplazará a Tapia en la Comisión
de Ética. De acuerdo a fuentes de El Comercio, el congresista
fujimorista Juan Carlos Gonzales asumiría la conducción de la Comisión de
Ética.
Expreso
La presidenta del grupo de
trabajo de reforma electoral, Patricia Donayre (FP), defendió ayer la labor de esta
subcomisión y se mostró en desacuerdo con la decisión de la Comisión de
Constitución que consideró su predictamen como “insumo” para el debate.
Indicó que los grupos de
trabajo que reciben un encargo específico pueden emitir un predictamen, a
diferencia de otros grupos de trabajo que emiten informes.
“Los grupos de trabajo que
proponen una ley ante la comisión que le ha dado el encargo, pueden hacer un
predictamen, no hay una prohibición reglamentaria estricta”, manifestó en RPP.
Donayre sostuvo que antes
de emitir un predictamen el grupo de trabajo consultó con Oficialía Mayor del
Congreso, pero que durante su presentación ante la Comisión de Constitución
cambiaron de parecer.
“Si el trabajo realizado
por este grupo hubiera sido acogido como predictamen o si el presidente de la
Comisión de Constitución lo hubiera acogido como suyo, la propuesta no hubiera
sufrido modificaciones”, comentó.
La congresista de FP
aseguró que como todo predictamen, la propuesta de reforma electoral podría
haber sido posible de modificarse durante el debate, porque “nada está escrito
sobre piedra”, pero era fundamental respetar el trabajo del grupo.
“En el fondo hay una gran
ignorancia en las reformas políticas, de repente quieren mantener el ‘statu
quo’, hay interés de que las cosas no cambien y sigan igual, la voluntad
nuestra es que no sea así”, añadió.
Agregó que al interior del
grupo de trabajo hubo un gran consenso en gran parte del contenido, pero que
para ello estaba la segunda instancia al interior de la Comisión de Constitución,
presidida por el parlamentario Miguel Torres (FP).
“Con todo lo ocurrido hay
preocupación de todas las asociaciones civiles que impulsan esto, así como del
Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
porque impulsaron una reforma total, no por partes”, advirtió Donayre.
El Comercio
Tan cerca y tan lejos de una
reforma
Fernando Tuesta
Pensar que lo que se trabajaba en el
Congreso era una reforma
electoral fujimorista
ha sido un gran error, pero que esta no prospere sí puede ser plena
responsabilidad de la mayoría parlamentaria.
Luego del encargo de la Comisión de Constitución en agosto del año pasado, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (GTRE) ha concluido su labor entregando un informe que contiene una propuesta de ley electoral, que en realidad es un Código Electoral, de poco más de cuatrocientos artículos. Este parto no ha sido fácil, pues de los nueve meses, no todas las bancadas tomaron desde el inicio el interés por una reforma que es de indudable importancia para la marcha del país. Felizmente, el GTRE, coordinado por la congresista Patricia Donayre, pudo abocarse a discutir y aprobar gran parte del texto, por consenso de sus miembros.
Esto fue posible, más allá del trabajo de congresistas y asesores porque, sobre todo, se tomó como base el Código Electoral elaborado en los últimos años por los organismos electorales. Haber decidido elaborar un Código Electoral ha sido el mejor camino, debido a que en un solo texto se ha sistematizado más de una decena de normas que de manera dispersa han estado aplicándose en nuestro país y porque un código permite la unicidad y coherencia normativa que reformas parciales jamás lograrán. Es pues el mayor avance que hemos tenido en años de infructuoso esfuerzo.
Pero este avance, que es lo más cerca que hemos tenido de reforma electoral, puede tornarse trunco en poco tiempo, si la Comisión de Constitución no termina el proceso de aprobación, cuya fecha límite debe ser a más tardar a fin de año. Discutir si el GTRE puede o no elaborar un dictamen es secundario, ante el destino que puede tener el informe, que debe ser el texto base y principal de la discusión.
Hay que ser conscientes de que los parlamentarios suelen ser conservadores en temas de reforma electoral. Prefieren, en muchos casos, lo malo conocido y un Código Electoral puede provocar más pánico que aliento. Sin embargo, en más de un ochenta por ciento corresponde a aspectos procesales u otros temas en donde no debería haber discusión y que, además, forma parte de la normatividad vigente.
Es en ese porcentaje restante en el que se debe concentrar la discusión. Pero el riesgo es que esta pase por intervenciones individuales de congresistas que desearían modificar el texto a su buen entender, despedazando algo que tiene justamente una coherencia interna. Por eso hemos insistido en que la reforma electoral, que debe ser acompañada por una reforma política con cambios constitucionales, como la bicameralidad, exige un acuerdo político de las bancadas. Sin acuerdo, no hay reforma y sin reforma, no hay mejora en la política. A estas alturas hay que terminarla, pues esto ya es un tema de supervivencia.
Luego del encargo de la Comisión de Constitución en agosto del año pasado, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral (GTRE) ha concluido su labor entregando un informe que contiene una propuesta de ley electoral, que en realidad es un Código Electoral, de poco más de cuatrocientos artículos. Este parto no ha sido fácil, pues de los nueve meses, no todas las bancadas tomaron desde el inicio el interés por una reforma que es de indudable importancia para la marcha del país. Felizmente, el GTRE, coordinado por la congresista Patricia Donayre, pudo abocarse a discutir y aprobar gran parte del texto, por consenso de sus miembros.
Esto fue posible, más allá del trabajo de congresistas y asesores porque, sobre todo, se tomó como base el Código Electoral elaborado en los últimos años por los organismos electorales. Haber decidido elaborar un Código Electoral ha sido el mejor camino, debido a que en un solo texto se ha sistematizado más de una decena de normas que de manera dispersa han estado aplicándose en nuestro país y porque un código permite la unicidad y coherencia normativa que reformas parciales jamás lograrán. Es pues el mayor avance que hemos tenido en años de infructuoso esfuerzo.
Pero este avance, que es lo más cerca que hemos tenido de reforma electoral, puede tornarse trunco en poco tiempo, si la Comisión de Constitución no termina el proceso de aprobación, cuya fecha límite debe ser a más tardar a fin de año. Discutir si el GTRE puede o no elaborar un dictamen es secundario, ante el destino que puede tener el informe, que debe ser el texto base y principal de la discusión.
Hay que ser conscientes de que los parlamentarios suelen ser conservadores en temas de reforma electoral. Prefieren, en muchos casos, lo malo conocido y un Código Electoral puede provocar más pánico que aliento. Sin embargo, en más de un ochenta por ciento corresponde a aspectos procesales u otros temas en donde no debería haber discusión y que, además, forma parte de la normatividad vigente.
Es en ese porcentaje restante en el que se debe concentrar la discusión. Pero el riesgo es que esta pase por intervenciones individuales de congresistas que desearían modificar el texto a su buen entender, despedazando algo que tiene justamente una coherencia interna. Por eso hemos insistido en que la reforma electoral, que debe ser acompañada por una reforma política con cambios constitucionales, como la bicameralidad, exige un acuerdo político de las bancadas. Sin acuerdo, no hay reforma y sin reforma, no hay mejora en la política. A estas alturas hay que terminarla, pues esto ya es un tema de supervivencia.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS,
INVERSION
El Comercio
El tipo
de cambio subió a S/3,276 por dólar en el mercado interbancario
peruano, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).
El BCR indicó que en lo que va del año el dólar ha
caído 2,41% y en los últimos doce meses en 1,12%.
El ambiente político estadounidense ha hecho pensar que
las reformas económicas pro empresa que Trump quiere implementar no tendrán
respaldo, lo que ha reducido las expectativas de crecimiento de la economía.
El Comercio
La Bolsa de Sao Paulo, la mayor
de Brasil y de América Latina, suspendió por media hora sus operaciones luego
de caer un 10% al inicio de la sesión (luego volvió a operar), debido al pánico
desatado luego de conocerse que el presidente del país intentó silenciar con
dinero a un político acusado de corrupto.
El real, la moneda brasileña,
está cayendo en un 6,13% frente al dólar debido también a este escándalo.
La mayor economía sudamericana se retrajo un 3,8 % en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 % en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930.
La mayor economía sudamericana se retrajo un 3,8 % en 2015, su peor resultado en 25 años, y un 3,6 % en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
El Comercio
El canciller ruso Serguei Lavrov se burló el jueves de
los informes de la prensa estadounidense según los cuales el presidente Donald Trump le dio información confidencial sobre amenazas
terroristas vinculadas con las laptops a bordo de aviones.
Sin conformar directamente los detalles de su
conversación, Lavrov dijo a la prensa en Chipre que no comprendía cuál era el
“secreto”, ya que Estados Unidos prohibió el uso de laptops en aviones
provenientes de algunos países del Medio Oriente hace dos meses.
Dijo que algunos medios estadounidenses no ofrecían noticias verdaderas, a la manera de los periódicos comunistas bajo la Unión Soviética.
Según Lavrov, los medios informan que Trump le dijo que los “terroristas son capaces de llenar las laptops, toda clase de artefactos electrónicos, con materiales explosivos imposibles de rastrear”. Esa es la información, dijo, que le reveló el gobierno.
“Así que si se refieren a eso, no veo que haya un secreto aquí”.
Dijo que algunos medios estadounidenses no ofrecían noticias verdaderas, a la manera de los periódicos comunistas bajo la Unión Soviética.
Según Lavrov, los medios informan que Trump le dijo que los “terroristas son capaces de llenar las laptops, toda clase de artefactos electrónicos, con materiales explosivos imposibles de rastrear”. Esa es la información, dijo, que le reveló el gobierno.
“Así que si se refieren a eso, no veo que haya un secreto aquí”.
