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MEDIA COLUMNA
Peor imposible
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La última encuesta de GFK –de
1,241 entrevistas en 17 regiones con un margen de error de +-2.8 por ciento- dibuja
un boceto de la impresión que la opinión pública se hace de las recientes
acciones políticas de Fuerza Popular.
Más de dos de cada tres
entrevistados (68 por ciento) considera que FP abusa de su mayoría
parlamentaria y, peor aun, que legisla en favor de intereses particulares, los
suyos. Y algo menos de la mitad (47 por ciento) cree que FP intenta usar la
mayoría parlamentaria absoluta para sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la
Presidencia de la República.
Un 70 por ciento cree que la
denuncia de FP contra el fiscal de la Nación se debe a su investigación a
“personas del fujimorismo”. Y, de la mitad que está enterada, casi dos de cada
tres (65 por ciento) están en desacuerdo con que FP promueva la salida de los
magistrados del Tribunal Constitucional mediante la acusación constitucional
que ha presentado contra ellos. Esto, a pesar de que la causa de los
magistrados es impopular.
En suma, flaco favor le ha
hecho Fuerza Popular acusando al TC a los marinos injustamente perseguidos, a
los que cree estar ayudando. Y, segundo, la denuncia contra el Fiscal de la
Nación ha disparado para atrás: nadie cree que se deba a que el fiscal no
investiga a las empresas socias de la corrupción brasileña, como afirma FP,
sino que se trata de una represalia por investigar a FP.
Y lo peor es que dos de cada
tres creen que FP abusa de la mayoría que el pueblo le dio en el Congreso y la
mitad de los peruanos cree que FP se propone sacar a Kuczynski de la
Presidencia, a pesar de las negativas cada vez más frecuentes de sus
voceros.
FP está pagando esos dos
errores. Las encuestas no hablan de lo que las cosas son sino de lo que
parecen. Se refieren a lo que la gente cree que es cierto, lo sea o no. De modo
que es inútil discutir aquí si FP tiene no tales intenciones. El hecho es que
la opinión pública lo cree.
He ahí por qué el
antifujimorismo ha aumentado en Lima ocho puntos porcentuales (de 28 a 36) de
un mes a otro.
Peor imposible.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Jaime de Althaus entrevista a Ursula Letona
— Hay preocupación
nacional por la acusación constitucional al fiscal de la Nación y su posible
destitución. ¿Qué infracción c-onstitucional ha cometido?
La denuncia constitucional del congresista
Salaverry habla de una omisión de funciones al no haberse iniciado hasta el día
de hoy investigación alguna contra las empresas consorciadas con Odebrecht y no
haber instruido a los fiscales a cargo del tema Lava Jato que abran
investigación.
— Los fiscales han
explicado que sí están investigando, lo que están haciendo es corroborar la
manifestación de Barata...
Sí, ahí hay una contradicción con lo que ha
declarado una de las empresas consorciadas, que ha reportado como hecho de
importancia a la SBS que no se encuentra bajo investigación. De acuerdo al
Código Penal, hay dos tipos de investigación: la investigación preliminar y la
investigación propiamente dicha; no hay otra clase de investigación…
— Perdón, la
corroboración de una declaración de un colaborador eficaz puede ser una etapa
previa a la investigación preliminar, esto según los artículos 475 y 477 del
Código Procesal Penal.
Eso se refiere al proceso de delación y a
la empresa Odebrecht, que es la que está participando. Las supuestas cómplices,
las empresas consorciadas, tienen un tratamiento por regla general, porque
ninguna de estas empresas está dentro del marco de la delación.
— Pero quien hizo
esa declaración fue Barata, que sí está en un proceso de colaboración eficaz…
Ahí hay un punto que puede ser de
discrepancia jurídica, pero entendemos que la acción penal no puede estar
supeditada al proceso de delación. Lo cierto es que hubo empresas peruanas que
se beneficiaron indebidamente y respecto de las cuales hasta el día de hoy la
fiscalía no ha iniciado directamente alguna acción.
— Pero el fiscal de
la Nación no puede intervenir en la estrategia que pueda llevar a cabo el
fiscal que hace una investigación. Los fiscales son autónomos en el desarrollo
de su investigación.
Lo que señala el congresista Salaverry es
que él debió instruir mediante una resolución que se inicien las
investigaciones contra las empresas que resulten siendo responsables en cada
uno de los proyectos.
— Pero eso está pues
dentro de la estrategia del fiscal que está investigando.
Pero no necesariamente, cuando ves que no
se ha investigado a nadie. Y por el lado de la congresista Vilcatoma, lo que
ella señala es que el fiscal sí actuó, pero emitiendo una resolución que
cercaba el ámbito de acción del fiscal Castro solo respecto de Odebrecht y no
al resto de empresas. Pero la investigación que está realizando en estos 15
días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene dos aristas, la
primera es ver si efectivamente las dos denuncias tienen asidero jurídico; y la
segunda es ver si se cometió una infracción constitucional. Si determina que no
hubo una infracción constitucional o que los hechos no son imputables al doctor
Pablo Sánchez, las denuncias deberían ser archivadas; de lo contrario, recién
se iniciará la acusación constitucional.
— La destitución
requiere los dos tercios del Congreso… Y ustedes están solos en esto.
Yo espero que el día de la votación podamos
ver quiénes estamos a favor de que se investigue este tema y quiénes no.
Nosotros creemos que va a haber fuerzas políticas que se sumen a la acusación y
a la investigación, si se acredita que ha cometido una infracción
constitucional.
— La destitución no
solamente violentaría la autonomía de un poder de Estado, sino que además es un
error político, porque da la impresión de un regreso a los métodos de los
noventa.
En Fuerza Popular luchamos por la
institucionalización y el fortalecimiento de instituciones democráticas, pero
también tenemos un compromiso en la lucha contra la corrupción, y esto se tiene
que esclarecer.
— Esta ley para
incluir a las empresas consorciadas en el Decreto de Urgencia 003, en lugar de
castigar a los presuntos corruptores, castiga a la empresa como tal, a los
trabajadores que no tienen culpa en este asunto y viola además el principio de
la presunción de inocencia.
Esta ley parte del principio de solidaridad
que establece la Ley General de Sociedades. Si eres parte de un consorcio uno
de cuyos miembros ha confesado que ha corrompido, entonces se presume que son
responsables solidarios. Esto es un acuerdo político, hemos votado todas las
fuerzas políticas. Y se ha incluido en la ley que las retenciones operan a
favor de los trabajadores y proveedores.
— Pero van a perder
su empleo, porque esta ley condena a la quiebra a estas empresas.
Esta norma ha buscado frenar la impunidad
que hasta el día de hoy hemos percibido todos los peruanos y ha puesto un
candado respecto a los trabajadores y proveedores en la obligación del Estado
Peruano de retener los montos y asignarlos a ellos.
— Y el empleo que
van a perder, ¿quién se los va a devolver?
Yo no creo que estas empresas cierren por
la ley...
— No van a poder
pagar sus deudas a los bancos, por ejemplo… Una hipótesis es que la acusación al
fiscal de la Nación es una venganza de Fuerza Popular por haber investigado a
Keiko Fujimori como organización criminal y por haber resucitado la
investigación a Joaquín Ramírez.
Yo creo en la autonomía del Ministerio
Público, y por lo tanto voy a respetar cualquier investigación que quiera hacer
el Ministerio Público, abrirla, reabrirla. La denuncia del congresista
Salaverry es anterior a la reapertura del caso de Joaquín Ramírez.
— Pero esta
investigación a Keiko Fujimori por crimen organizado realmente los ha
molestado, ¿no?
Sí, nos ha molestado primero porque, como
lo ha dicho la jueza que acaba de rechazar la investigación, el fiscal Pérez
nunca motivó adecuadamente su resolución; segundo, porque el control de plazos
que debió efectuarse no ameritaba la inclusión de Keiko, mucho menos de su
esposo, o del partido; y tres, porque Keiko había sido investigada por estos
hechos hace varios meses y la ONPE y la Sunat han dicho que en el caso de los
cocteles somos el único partido que ha rendido cuentas. Hay gente de una
comunidad lechera del Cusco que se organizó para venir a los cocteles y traer
un grupo de danzantes ¡y a esa gente la han citado! Eso nos parece un exceso,
mientras que en el Caso Lava Jato algunos empresarios de cuello y corbata ni
siquiera han pasado investigación. Más de mil personas han sido citadas.
— También se dice
que quieren amedrentar a los fiscales por temor a la profundización de las
investigaciones sobre las posibles vinculaciones de Keiko con Joaquín Ramírez y
el origen de su fortuna…
Keiko ha tenido una actitud de colaboración
constante, ella viene siendo investigada los últimos 16 años, la han
investigado y levantado el secreto bancario ene veces y la verdad es que no
entendemos por qué las investigaciones se reabren y se reabren. ¿Acaso somos el
único partido que ha hecho cocteles? No. Nosotros no tenemos ningún problema
con que se investigue a Joaquín, y ahora que se ha incluido a Keiko, ella
demostrará que no tiene mayor relación respecto a la fortuna, porque lo que se
está investigando es cómo se origina la fortuna de Joaquín Ramírez cuando Keiko
ni siquiera lo conocía. Se dijo en una cochera en EE.UU. que Keiko le había
dado a Joaquín para que lavara determinado monto en millones de dólares, ¿eso
es un indicio?
— Uds. han anunciado
una querella contra el diario El Comercio por difamación. ¿Uds. sostienen que
Odebrecht no dijo que había hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori y no
dijo que Barata debía precisar cuánto habían sido?
Los abogados de Keiko nos han manifestado
que Marcelo ha dicho que ni él ni su empresa han aportado a la campaña de Keiko
Fujimori, que no les ha dado dinero ni al partido ni a Keiko. Es más, dijo que
no conocía a Keiko.
— En El Comercio se
dice que Odebrecht explicó esa “anotación” de “aumentar Keiko para 500”
diciendo que implicaba que sí hubo una entrega de dinero y que habría sido de
500 mil, pero que Jorge Barata debía corroborar el monto.
Eso es absolutamente falso, según lo que
los abogados nos han informado, a través del secretario general del partido.
— ¿Y qué explicación
habría dado entonces Odebrecht acerca de esa anotación suya?
Lo que dice es buscar reunión con Keiko. Y
el “aumentar 500” incluso creo que no tenía relación con Keiko, se trataba de
otro tema. Y eso nos lo ha dicho el secretario general del partido, hay un tuit
de Pepe [Chlimper] transcribiendo más o menos la información. Y por eso
nosotros hemos pedido que el Ministerio Público solicite la transcripción
respecto de lo que nos concierne.
— ¿Y sobre PPK?
Ahora, si además quieren transcribir las
partes del presidente sería fenomenal para que el país sepa cuál es su
vinculación con Odebrecht. Él debería ser el más interesado en que esa
transcripción vea la luz oficial, porque su actitud de no venir a [la Comisión]
Lava Jato le hace muchísimo daño.
— ¿Fuerza Popular
anida la idea de vacar al presidente Kuczynski?
Nada más falso, lo hemos dicho en
reiteradas oportunidades, a nadie en el Perú le conviene que el presidente
Kuczynski no termine su mandato. Tenemos una democracia débil, hay que
consolidarla, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que culmine en
el 2021. Vacarlo no le hace bien a nadie.
— Lo que tampoco les
hace bien al presidente de la República ni al Perú es una oposición tan
complicada que impide llegar a acuerdos sobre reformas fundamentales, y que
genera una situación de incertidumbre institucional muy fuerte con esto de la
acusación al fiscal…
Yo lo que sí creo es que hay que generar
espacios para tener una agenda legislativa, el vocero se está encargando de
coordinar con la primera ministra, incluso en el tema de facultades delegadas.
— ¡Pero si Fuerza
Popular no quiere recibir a la primera ministra para el tema de las facultades!
No, lo que le hemos dicho a la primera
ministra es que una vez que presente su solicitud en la que diga sobre qué
quiere legislar, entonces que venga y nos diga cuál es el sustento… Pero lo que
no puede suceder es que pretendamos cambiar de roles, nosotros no le podemos
decir a la primera ministra o sugerirle siquiera.
— ¿No tiene sentido
concertar?
Podría ser entendida como una concertación
en negativo, porque, por ejemplo, si la primera ministra quiere hacer una
reforma laboral en nuestro país, qué va a pasar si, en la conversación, alguno
de los miembros de Fuerza Popular le dice: “Mire, primera ministra, en este
tema no, en este tema sí”. ¿Ella va a renunciar a su mandato constitucional de
proponer lo que el Ejecutivo decida? Las reformas las tiene que proponer el
Ejecutivo...
— Por ejemplo, en la
reforma laboral el punto crucial es el artículo 27 de la Constitución que
habría que precisarlo. Eso es una labor del Congreso.
Este es un tema muy sensible, esto debería
partir por ejemplo del Consejo Nacional del Trabajo, hasta el día de hoy los
sindicatos no han podido sentarse, hay una inoperancia absoluta del Ejecutivo.
— No, los sindicatos
no quieren discutir el tema. Son iguales a Fuerza Popular. ¿Ud. cree que la
CGTP va a estar de acuerdo con eso?
Las políticas públicas tienen que nacer del
diálogo y es lo que no está habiendo. O el Ejecutivo tendría que plantearla con
una propuesta de ley de reforma constitucional, que se evaluará. Además, las
reformas constitucionales necesitan votación calificada, es decir, Fuerza
Popular sola no podría aprobarlas. Y, segundo, necesita doble legislatura, con
lo cual ya deberían empezar a presentarlas. O si no, no vamos a tener ninguna.
— Bueno hay otra
acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional
que sí parece tener fundamento...
Cambiaron el sentido de un voto. El
magistrado votó por una sentencia que declaraba que no había delito de lesa
humanidad y ellos “subsanaron” su voto de haber dicho que no había delito de
lesa humanidad a que sí había delito de lesa humanidad, pese a que el
magistrado había rubricado las 24 páginas de la sentencia. Entonces, si ahí no
hay un hecho irregular, por favor en qué país vivimos. Y se ha violado el
principio de cosa juzgada. Pero esa acusación no la ha planteado Fuerza
Popular.
— En el asunto de la
reforma política, si las empresas ya no van a poder aportar a las campañas y
luego de la investigación de los cocteles donde se ha citado a mil personas, ya
los ciudadanos tampoco van a querer aportar, los únicos que quedan son los
narcos, los mafiosos…
La tendencia mundial es ir hacia el
financiamiento público.
— Pero no están
planteando eso ustedes…
Hoy ya hay financiamiento público, al fin.
— Pero poco y no
para las campañas.
Parte de eso se puede utilizar como el
‘core business’ del partido, que ya es un alivio en el gasto. Hay una
iniciativa para crear un fideicomiso electoral manejado por la ONPE o el
jurado, al que pueden darse aportes privados y de empresas. Está en estudio,
hoy los legisladores han establecido que es mejor, dada la experiencia Lava
Jato, prohibir aportes de empresas y la necesidad de bancarizar todo, con lo
cual la fiscalización va a ser mucho más efectiva.
—No considera
sanciones políticas para los partidos que...
Sí considera sanciones políticas: primero,
la pérdida del financiamiento público; la segunda es que te congela el registro
de la organización, no puedes mover ningún trámite como partido si no has
cumplido con pagar tus multas, y si tienes sanciones pendientes de
cumplimiento. Entonces, no vas a poder cambiar el CEN, no vas a poder
inscribir, no puedes hacer nada. Y si jurídicamente no puedes inscribir a
nadie, no puedes convocar elecciones. Hubiéramos querido ir como decía el
dictamen a una suspensión de la inscripción. No logramos el consenso, el
dictamen de la Comisión de Constitución propuso eso, pero...
El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra (Fuerza
Popular), afirmó que ese grupo investigador no quiere “lesionar la figura
presidencial”. “No estamos persiguiendo a nadie”, dijo.
En ese contexto, Bartra indicó que seguirán esperando una respuesta formal a
su oficio del pasado 15 de noviembre que lleva como anexo la opinión de la
Comisión de Constitución que señala que el presidente tiene la obligación de
comparecer.
Expreso
El presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, informó que dicha entidad ya recibió
la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y que la pondrá a
debate la primera semana de diciembre.
“En el ámbito del Congreso
es un tema político y se da por una supuesta infracción constitucional; en el
Consejo Nacional de la Magistratura es distinto, allí se denuncia una supuesta
inconducta funcional”, dijo.
“Se designará a uno de los siete consejeros
como ponente, él indagará si se inicia investigación o no”, dijo sobre el
procedimiento.
Consultado sobre el plazo,
el titular del CNM indicó que esto depende de la complejidad que pueda tener la
investigación.
La República
La chicha está fermentando
Mirko Lauer
La encuesta GfK muestra el
creciente descontento con la actuación de Fuerza Popular en el Congreso. No es
el único indicio. También hay declaraciones por todas partes. Incluso ha
aparecido en el léxico político la expresión “golpe parlamentario”. En realidad
el descontento ya va camino de la furia entre amplios grupos de personas.
Tan indignante como la
actuación autoritaria misma de FP es la difundida percepción de que hoy ella
busca salirle al paso a diversas acusaciones en su contra. El peso de la
mayoría parlamentaria es usado como una comba contra el sistema judicial y el
libre ejercicio de la prensa. La mototaxi convertida en una aplanadora de
instituciones y derechos.
La estructura de la
indignación es variada. Hay los que simplemente están confirmando sus temores
frente a FP. También los que están viendo sus esperanzas decepcionadas. Luego
hay los sorprendidos por la velocidad a la que avanza la tarea demoledora de la
bancada fujimorista en cada vez más terrenos de la vida pública.
La hipótesis de que FP está
practicando una prepotencia defensiva es convincente, pero no suficiente. Pues
lo que está sucediendo en estos últimos tiempos no es sino la escalada de una
conducta presente, con avances y retrocesos, desde el primer día. Puede haber
algo de exabrupto en lo que vemos, pero también, y sobre todo, una orientación.
En pocas semanas FP ha
cruzado varios peligrosos Rubicones, y cuesta imaginar al partido regresando a
sus posturas más calmadas. Por lo pronto los congresistas más prepotentes se
han instalado firmemente en su rol, alentados por la furia expresada por Keiko
Fujimori al ser tocada por una investigación fiscal, como tantos otros
políticos hoy.
El mensaje de la encuesta GfK
es que el público está mirando, está sacando sus cuentas, y parte de él está
molesto. No solo hay un rechazo presente, sino que el antifujimorismo está
creciendo, sobre todo entre los jóvenes. Por lo pronto un 42% de los
encuestados se declara dispuesto a marchar en defensa de la Fiscalía de la
Nación.
El de FP es el tipo de
situación que suele ponerse mucho peor antes de empezar a mejorar. Mientras la
espada de Damocles judicial se siga meciendo sobre la política, la prepotencia
de FP seguirá en aumento. Esperemos que sus miedos no se lleven de encuentro a
la democracia entera.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
El Poder Judicial dictó hoy impedimento de salida del
país contra la ex alcaldesa de Lima Susana
Villarán y el ex gerente municipal de su gestión José
Miguel Castro por un plazo de 8 meses.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a
cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, dictó la medida cautelar. La fiscalía los
acusa de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio.
Según dio cuenta IDL-Reporteros, Jorge Barata declaró
ante fiscales brasileños que la constructora aportó US$3 millones a la campaña
del No. Dijo además que la misma Susana
Villarán lo llamó para pedir la contribución económica.
El juez Chuyo sostuvo que existen testimonios de
colaboradores eficaces, entrega de dineros y llamadas telefónicas que necesitan
ser verificados por la fiscalía. El magistrado refirió que el impedimento de
salida del país es una medida menos gravosa para la etapa del caso.
El Comercio
El fiscal Javier López Romaní afirmó que la campaña del
No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana
Villarán tiene un desbalance de más de 4 millones de
soles, en lo que respecta a la publicidad que realizó en televisión y por medio
de macro paneles.
López Romaní, quien solicitó al Poder Judicial dictar
una orden de impedimento de salida del país por ocho meses en contra de
Villarán de la Puente, explicó que el colectivo del No declaró ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que solamente gastó 976.000 soles en
publicidad en medios de comunicación.
Sin embargo, el Ministerio Público, tras acceder a información
brindada por los canales, señala que lo invertido fue de 4 millones 989 mil
soles, existiendo una diferencia de 4 millones 13 mil soles, entre lo declarado
y lo que realmente se pagó a los medios.
El representante del Ministerio Público señaló que
durante la campaña de revocación, la Municipalidad de Lima, a cargo de
Villarán, entregó la concesión de Vías Nuevas de Lima a Odebrecht y firmó una
adenda con OAS, en la que amplió de 30 a 40 años la concesión de la Línea
Amarilla a favor de esta última empresa.
El Comercio
La Comisión Lava Jato del Congreso de la República ha decidido citar
a Anel Townsend, quien fuese la principal
vocera de la campaña del “No” a la revocatoria, en el marco de la investigación
que se le sigue a Susana Villarán por
presuntamente haber recibido 4 millones de dólares de Odebrecht y OAS para dicha
campaña.
El legislador aprista Mauricio Mulder, integrante de la
Comisión Lava Jato, aseveró
que existió una relación con los brasileños en esa campaña debido al vínculo
estrecho entre Anel Townsend y
el publicista Luis Favre.
Anel Townsend participó también
en la campaña electoral del 2016 del candidato César Acuña, en la que el
publicista Luis Favre también intervino de manera activa.
Peru21
Mermelada brasileña
Aldo Mariátegui
Lean esto: “El pago (nota: US$2 millones en este caso) fue hecho a través
del sector de operaciones estructuradas (nota: esta es la ‘caja negra’ de
Odebrecht), al señor Garreta, y tengo la impresión de que parte de esos
recursos fueron pagados en Lima, a algún canal de televisión o algún medio de
comunicación o al propio José Miguel Castro” (declaraciones del funcionario
brasileño de Odebrecht Jorge Barata, reveladas por Gorriti la semana pasada).
Ojo que todo esto sucedió a finales del año 2012. Preguntas legítimas…
¿De qué canal de TV peruano habla Barata? ¿O qué medio de comunicación?
¿Quiénes serían los sospechosos? Pensemos un ratito… ¿Qué canal o qué
periodistas televisivos estuvieron machaconamente en contra de la revocatoria
en programas o noticieros? Acuérdense, acuérdense… ¡Es fácil! ¿Y de qué vivía
en aquel entonces un diario numérico, ya extinto, que se dedicaba
exclusivamente a defender a Villarán y a atacar a sus opositores (también por
allí todavía subsiste otro pequeño diario numérico que fue muy
provillaranista)? ¿Y por qué al director del diario más favorable a la
revocatoria le anuncian su salida justo por aquellos días, en diciembre de
2012? Va a ser muy interesante el día que Barata, Raimundo, Castro y Garreta
nos cuenten qué medios, dueños y coleguitas les fueron tan cercanos. No solo en
esto o las famosas charlas y talleres… También que nos expliquen cómo así se
contrataban hijos de periodistas en Odebrecht o se financiaban premios para
periodistas.
PD: Lamento mucho que JJ Garrido se haya alejado de Perú21. Hizo una
dirección de lujo, defendió, con todo, la libertad de sus columnistas y tuvo
los pantalones, tras el rechazo de Correo, de publicar las agendas de Nadine y
otras denuncias explosivas. Hace rato que debió ser director de EC.
