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sábado, 4 de marzo de 2017

ESTA NOCHE sábado 4 marzo 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
¡Ponga al país a salvo!


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Es urgente separar al gobierno de las secuelas de la investigación judicial de la corrupción.

No se puede gobernar un país con un premier y media docena de ministros desfilando a diario por las fiscalías y comisiones del Congreso explicando si sabían o no o cuánto sabían de la mega corrupción brasileña. Ya es bastante con que el propio Presidente se vea obligado, como lo estará, a hacer ese vía crucis.

La investigación de la corrupción tiene que ser encapsulada de modo que sus repercusiones no se extiendan más de lo que ya lo han hecho, poniendo en peligro a cada paso la estabilidad del país.

Para esto, no hay otro remedio que cambiar el Gabinete. Parcial o completamente, eso le corresponde al gobierno determinarlo. El 80 por ciento de la opinión pública lo está pidiendo. Una mitad de los peruanos demanda, incluso, cambiarlo por entero.

Lo importante es que el Gabinete tiene que estar compuesto en adelante de personas sin ninguna relación con el pasado bajo investigación. Es la única manera de que pueda dedicarse a gobernar con la cabeza puesta en el presente y el futuro del país sin estar pendiente de las consecuencias políticas de la investigación de lo pasado. 

Pedro Pablo Kuczynski, no obstante, parece hasta el momento solo un abuelo malhumorado que aborrece la idea de cualquier cambio. Está acercándose peligrosamente al estereotipo del viejito cascarrabias con licencia para decir cualquier cosa porque ya da lo mismo lo que diga.

Negarse a considerar la modificación del Gabinete, sin embargo, está empezando a arrastrar a la economía y al país. La Interoceánica y el Gasoducto ya eran dos pesos muertos en la nave cuando el vicepresidente y ministro Martín Vizcarra decidió  perseguir obsesivamente el proyecto Chinchero creyendo salvar al gobierno. El resultado es que, por mucho que esto le duela al Presiente, lo ha puesto al borde del naufragio. Creyó cazar la ballena blanca, ahora esta lo arrastra consigo y hay que cortar el cable antes de que arrastre al país entero.

Cuanto antes lo comprenda el Presidente será mejor para el país y para él.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, según dijo, por el momento no está pensando en realizar ningún cambio en el Gabinete ministerial
“Soy partidario de la estabilidad, pero ninguna silla es inamovible. Si hay necesidad imperante de hacerlo, hasta el momento no hay”, declaró este viernes.
Sobre la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, a quien dijo en la víspera defendería con una cuestión de confianza en caso se busque censurarlo, aseguró que esta advertencia fue frente a la ola de críticas contra su vicepresidente.
“En la interpelación él va a contestar todo perfectamente bien y aclarará todo”, agregó.



Expreso
Del premier Fernando Zavala, el 43 % de entrevistados por CTI dijo desaprobar su gestión, mientras un 28 % lo respaldó y un 29 % evitó pronunciarse.
Martín Vizcarra presenta un 41 % de desaprobación frente a un 31 % de aprobación.



El Comercio
Desde Amazonas, Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, indicó en referencia a las interrogantes del Congreso que “responderemos con gusto” y prefirió no especular sobre una eventual censura. “Vayamos paso por paso”, recalcó.
El rol de Fuerza Popular será fundamental en la interpelación de Vizcarra: sus 72 votos son suficientes para interpelar y censurar a un ministro. Si bien algunos de sus legisladores firmaron la moción, el fujimorismo recién definirá su postura en la reunión de la bancada que se llevará a cabo el próximo martes.



Correo
Eugenio d´Medina Lora
La insistencia en la adenda para la concesión del aeropuerto de Chinchero fue un error garrafal. Quizá el Ejecutivo pretendió evitar una confrontación con la población cusqueña y cedió al chantaje social de la revuelta. No importa, sigue siendo un error. Y el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, es el único responsable. Empujó este desacierto hasta donde no se pudo más, a pesar de la resistencia de políticos y economistas y de organismos oficiales como el Congreso, la Contraloría y el Ositran. Hasta el punto de tener que “comerse” el papelón de retroceder sobre sus pasos.
El presidente Kuczynski no aprendió la lección del “saavedrazo” y ahora amenaza repetir el error con Vizcarra, uno de sus mejores alfiles. En vez de relevarlo y evitarle un posible desafuero por una inminente interpelación del Congreso, lo quiere someter a una bronca de marras con un Parlamento en el que hasta su propia bancada se muestra en su contra. Decide exponerlo en vez de protegerlo.
Lo peor es que el Presidente decide meterse en una encrucijada cuando tiene fichas para mover y salir del embrollo. Guardar a Vizcarra un tiempo y colocar en su lugar a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, apaciguaría ánimos y salvaguardaría el capital político del vicepresidente. Molinelli es reconocida por el oficialismo y la oposición como una profesional de altísimo vuelo y comprobada probidad. Conoce al dedillo el sector Transportes. Sería injusto achacarle responsabilidad mayor con Chinchero, porque es claro que la luz verde para esta adenda fue política antes que técnica. Por tanto, está expedita para tomar el relevo, que completaría una jugada presidencial de “tres en una”: mantener continuidad de gestión en el MTC, proteger al vicepresidente y no debilitar más la gobernabilidad. Ojalá que el Presidente opte por la sensatez.



Expreso
Sobre la licitación de la Carretera Interoceánica, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber participado en soborno alguno de la empresa Odebrecht, que se adjudicó la obra cuando él era ministro de Toledo.
“No puedo asegurar que ese contrato fue limpio, pero sí que ningún ministro recibió ni unas ‘gracias’”, refirió.



Correo
A menos de un mes de iniciar su gestión como procuradora pública ad hoc en el caso Odebrecht, Katherine Ampuero Meza lanza su primer dardo y apunta nada menos que a Palacio de Gobierno.
Mediante oficio No. 41-2017-JUS/PPAH-ODEBRECHT, Ampuero ha enviado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la información periodística que contiene la Nota de Inteligencia N° 0079 en el que “aparecen 69 nombres que registrarían operaciones sospechosas en sus cuentas bancarias, entre las cuales se encontraría el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, dice parte del documento.
Líneas más abajo, la procuradora explica que envía dicha documentación “al amparo del Art. 329 del Código Procesal Penal, que faculta al Fiscal iniciar actos de investigación cuando tenga conocimiento de la comisión de algún delito de persecución pública (…) a efectos de que se tomen las acciones que correspondan por tratarse de hechos atribuidos a un alto funcionario público”, en alusión al primer mandatario.
Los reportajes periodísticos que incluye la procuradora en el oficio son “Corrupción en el Perú”, realizado por La Mira TV (New York), según el cual la empresa Odebrecht Latinvest Perú realizó aportes a la empresa Latin América Enterprise, ligada a Pedro Pablo Kuczynski, así como el informe de la UIF que señala extraños aportes durante la campaña electoral a diversos personajes, entre los cuales aparece el Presidente.
El presidente Kuczynski, a través de la PCM, ya había respondido a esta denuncia realizada por La Mira TV, calificándola de tendenciosa y de no ser fiel a la verdad. “En primer lugar, la información bancaria del Presidente es producto de una solicitud hecha por el Congreso a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de la información de las personas que participaron de la licitación de la carretera IIRSA Sur. No es producto de transacciones financieras sospechosas ni de “cuentas secretas”, decía el descargo.
Sobre el hecho de que Odebrecht Latinvest Perú habría realizado depósitos a Latin American Enterprise Fund, “ligada a PPK”, afirmaron que “no se tiene conocimiento” de dichos depósitos.
La congresista Yeny Vilcatoma, por su parte, señaló que la procuradora Ampuero actúa según sus atribuciones y espera que el fiscal inicie acciones de inmediato. “De haber sido recibido el oficio, el Fiscal de la Nación está obligado a iniciar acciones inmediatamente, empezar una investigación preliminar y establecer una línea de tiempo para que pueda tener información básica y de ser necesario incluir al Presidente como investigado”, manifestó.
“La procuradora ha tenido que analizar el contenido y concluir que ha habido una connotación delictiva. Por lo menos está cumpliendo con su deber de pedir a las autoridades competentes que inicien las acciones. Se espera que haga lo propio para el tema de la Interoceánica, estando a la actuación que tuvo PPK en aquel entonces, en el año 2004-2005. Es lo que corresponde”, concluyó.
Así las cosas, el fiscal Pablo Sánchez debe decidir si abre una investigación contra PPK. Se supo que el documento ya se encuentra en trámite dentro del Ministerio Público, pero por lo delicado del asunto, se mantiene en la más estricta reserva.



Expreso
Proinversión tiene un modus operandi a través del cual solicita la realización de informes a los estudios de abogados que son entregados en cuestión de minutos, con los que se aprueba grandes proyectos, afirmó Daniel Salaverry, titular del grupo investigador de los megaproyectos efectuados durante el gobierno de Ollanta Humala.
“Parece que ha sido un modus operandi por parte de Proinversión, que no solo se ha aplicado al proyecto de la Carretera Interoceánica Perú–Brasil (IIRSA) el solicitar informes o consultorías a estudios de abogados, los cuales llegan en cuestión de minutos o de horas, tras lo cual se toman decisiones”, dijo el parlamentario.
El congresista hizo esta afirmación al opinar sobre la controversia generada por el abogado Juan Monroy, que negó haber entregado en 18 minutos a Proinversión un informe favorable a la empresa Odebrecht y que le permitió obtener la concesión del IIRSA.
“En el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), se tomó la decisión de descalificar al competidor de Odebrecht un día sábado o domingo. Entonces, vemos que es un modus operandi”, dijo.



Expreso
No hay peor ciego…
Martha Meier Miró Quesada
Ayer viernes el Semanario “Hildebrandt en sus Trece” publicó un documento que complica más la crisis económica, reputacional y legal de la otrora prestigiosa y emblemática constructora Graña y Montero (GyM). Se trata de la resolución del fiscal Hamilton Castro que dispone abrir investigación a la Constructora Área S.A.C., por ser parte de un “presunto esquema de lavado de dinero”. El dinero para Àrea S.A.C. salió del consorcio IIRSA-Norte, es decir del consorciado trío Odebrecht-Graña y Montero-Andrade Gutiérrez; la cifra cercana a los nueve millones de dólares fue entregada, en armadas, en 2007, en plena ejecución de la Interoceánica del Norte (IIRSA-Norte).
Preocupa el estado de negación de los propietarios, directores y empleados de GyM que en comparsa exhiben el logo de la cuestionada empresa en sus perfiles de Facebook con el lema #TodosSomosGrañayMontero, como si esta fuese víctima y no la parte peruana de una mafia global de cuello y corbata. El comandante mayor de esa mafia fue Marcelo Odebrecht, un hombre que ante el peso de las pruebas se allanó para convertirse en unos de los colaboradores más eficaces de la justicia brasileña. Hoy purga prisión aunque su pena será menor gracias a su contribución para derrumbar el andamiaje de la corruptela que su propia empresa creó.
Para el semanario de Hildebrandt, el pedido del fiscal Hamilton Castro es una prueba irrefutable de los sospechosos movimientos financieros de los consorciados Odebrecht-Graña y Montero. Hoy la dupla, como Concesionaria Chavimochic S.A.C., pretende demandar al Estado peruano, es decir a todos nosotros inocentes contribuyentes, solicitando un “arbitraje internacional” para no perder ni un céntimo. ¿Juntos hasta el fin, pese a que según GyM, Odebrecht es su “enemigo”?
La semana pasada se supo (por un documento de la fiscalía, publicado por el semanario de Hildebrandt) que Jorge Barata sostiene que Graña sabía de los sobornos y que aportaba la parte correspondiente. ¿Barata miente? Es bastante improbable y hasta imposible porque de su verdad depende pasar apenas dos años bajo cómodo  arresto domiciliario en su amplio penthouse, o ser recluido en una celda por largos años. ¿Alguien se arriesgaría a lo segundo?
Los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mella de IDL-Reporteros, en colaboración con el diario “La Prensa” de Panamá realizaron una profunda investigación del caso “Lava Jato” en Perú, y fueron los primeros en dar el campanazo sobre el desvío de fondos de Odebrecht-GyM a una serie de empresas “fantasmas”. Ver: https://idl-reporteros.pe/los-pagos-secretos-de-odebrecht-en-el-peru/.
Salvar a GyM pasa hoy por lograr que sus directivos colaboren con la justicia, caso contrario la veremos desmoronarse y ser intervenida por sus acreedores o comprada a precio de regalo. Ahora bien, de eso que se preocupen los Grañas y los Monteros; mi dolor pasa por la forma en que los pecados de mi primo José Graña Miró Quesada enloden a la empresa que es nuestra herencia común, “El Comercio” bastante silencioso sobre este espinoso tema.



El Comercio, editorial
A la declaración del señor Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, sobre la presunta coima de US$20 millones pagada al entonces presidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, se han sumado una serie de revelaciones sobre los irregulares sucesos que precedieron a la entrega de dicha concesión.
Una de ellas, y que ha concitado la atención pública durante la última semana, tiene que ver con lo acontecido el mismo día en que el comité de Pro Inversión firmó la adjudicación de los contratos de concesión a los consorcios ganadores (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, en el caso del consorcio que obtuvo los tramos 2 y 3).
Según la cronología de los hechos, la firma de los contratos estaba programada para el día 4 de agosto del 2005. A las 10:02 a.m., sin embargo, se advirtió a los miembros del comité de Pro Inversión (integrado por seis ministros de Estado, incluyendo al entonces ministro de Economía y actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski) de un oficio de la contraloría –que había ingresado el día anterior– que alertaba que algunas empresas integrantes de los consorcios ganadores tenían juicios pendientes con el Estado. Una tesitura prohibida para los postores, según las bases del concurso.
Pro Inversión habría pedido entonces una opinión legal al abogado Juan Monroy Gálvez, la cual se emitió en tiempo récord, precisando que las empresas constructoras en realidad no tenían un juicio pendiente con el Estado, sino que se trataba de otras personas jurídicas distintas a ellas aunque vinculadas o pertenecientes al mismo grupo económico. A la 1:27 p.m., el comité de Pro Inversión retomó la sesión y, apoyado en el informe de Monroy, firmó la adjudicación de los contratos.
Si restringiéramos el análisis al ámbito estrictamente legal, la decisión no presentaría mayor problema. La apreciación del abogado aparentemente era la correcta: las personas jurídicas que integraban el consorcio ganador no tenían –ellas mismas– un juicio vigente con el Estado (y en materia de prohibiciones y sanciones, estas no pueden interpretarse extensivamente). Por otra parte, prohibir contratar a una empresa que tiene un proceso –no una sanción– pendiente con el Estado sería una forma injusta de castigar el ejercicio válido del derecho de defensa y a la tutela judicial. De hecho, tanto las leyes de entonces como las actuales no contemplan la existencia de litigios pendientes con el Estado como una causal que impida contratar con alguna entidad pública.
Pero si reparamos en las circunstancias inusuales que rodearon este proyecto desde su origen, la apreciación varía considerablemente. Si la rapidez con la que se conocieron y levantaron las observaciones a las empresas ganadoras de la licitación de la Interoceánica Sur llama al asombro, el hecho de que el abogado Monroy haya negado haber entregado su opinión jurídica tan apresuradamente el mismo 4 de agosto plantea nuevas dudas.
Para empezar, si es cierto que el señor Monroy envió su documento algunos días después como él asegura, ¿por qué en su informe aparece como fecha el 4 de agosto?, y ¿por qué esa fecha aparece nuevamente en la descripción del servicio que se indica en la factura emitida por su propio estudio jurídico? En el caso de Pro Inversión, cabría preguntarles a sus integrantes ¿por qué se apresuraron en pedir un informe legal y subsanar las observaciones en solo unas horas, cuando podían postergar la fecha de la firma de los contratos como se había hecho anteriormente? Y así también a la contraloría, ¿por qué recién advirtió de los supuestos impedimentos un día antes de la firma de los contratos de concesión, cuando conocía de esta situación desde hacía varios meses?
Así las cosas, las últimas revelaciones solo amplían la sombra de dudas que ya pesaba sobre la gestación de la Interoceánica Sur para cobijar bajo ella también a los involucrados en este enrevesado suceso. Cuestionamientos que harían bien en despejar.



Peru21
El destrabador
Juan Mendoza
Si el gobierno sigue sin reaccionar frente al escándalo de corrupción, la economía crecerá 2% o menos en 2017.
La inversión pública ha colapsado 24% en febrero. La caída es todavía más estrepitosa en el gobierno nacional, en que alcanza el 46%. Peor aún, en lo que va del gobierno, la inversión pública ha caído 15%. A. Thorne está repitiendo, corregida y aumentada, la nociva receta de A. Segura: reducir la inversión pública justo cuando más se necesita que esta aumente. El gobierno “destrabador” está trabado.
Si la inversión pública cae 20%, el crecimiento se reducirá en 1%. La menor inversión pública arrastrará a la inversión privada, lo que restará, al menos, otro 0.5% al crecimiento. Están, además, los efectos negativos de la crisis de Graña y Montero, de las inundaciones, y del aumento en el costo del crédito debido a las mayores tasas de interés en el mundo.
¿Qué hacer? Primero, sugiero intervenir los proyectos y concesiones sospechosos de corrupción como las Interoceánicas, Olmos, Chavimochic, Rutas de Lima y Línea Amarilla. Con ello se evitaría mayor parálisis en la inversión, el empleo y el flujo de servicios públicos. Asimismo, se les cerraría el caño a las empresas investigadas, impidiendo que estas liquiden sus activos, lo cual pondría en una situación de ventaja al Ministerio Público.
Segundo, hay que impulsar la inversión estatal a través de obras públicas sin participación privada. No hay tiempo para esperar a que se revise el esquema de APPs. Proyectos con rentabilidad social positiva abundan: agua y desagüe, escuelas, hospitales, doble vía a la Panamericana. Por ejemplo, dado el mal diseño de la APP de Chinchero, se podría construir el aeropuerto como obra pública sin necesidad de concesionarlo.
Tercero, PPK debe liderar una estrategia frente a la corrupción. Pero ello solo será creíble si hay transparencia sobre la inverosímil cronología del 4 de agosto de 2005, día en que se concesionó la Interoceánica Sur. Más allá de Monroy, ¿por qué el Consejo Directivo de Proinversión, que presidía PPK, le dio luz verde a la carretera desoyendo a la Contraloría? Si el proceso de concesión fue impecable, ¿para qué Odebrecht habría coimeado a Toledo con US$20 millones? ¿Es Odebrecht un coimero cándido?
Los empresarios pueden ayudar mucho. Si Graña es inocente, ¿por qué no demanda a Barata y Odebrecht por difamación y daños y perjuicios? ¿No sería acaso la mejor manera de calmar a los inversionistas y evitar mayores pérdidas? Era mucho pedir tener un gobierno de lujo. Suficiente sería tener un gobierno que gobierne.



Expreso
El congresista Yonhy Lescano consideró que las autoridades del país deberían colocar a un administrador en la empresa Graña y Montero (GyM), para observar el movimiento económico de la compañía sin perjudicar a los trabajadores, luego de conocida su vinculación con la brasileña Odebrecht, según las declaraciones del propio Jorge Simoes Barata.
Lescano no descartó la existencia de lobbies de parte de la empresa peruana en el sistema judicial, porque sólo así se explica que hasta el momento no se hayan tomado medidas más drásticas contra la principal consorciada de Odebrecht.
Calificó de imposible que los directivos de Graña y Montero no estuviesen enterados de los actos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht, ya que al ser su socia en varios megaproyectos, conocía los montos reales de las construcciones.



El Comercio, Bloomberg
Los bonos de Odebrecht se están derrumbando ante la preocupación de que la empresa tendrá dificultades para recuperarse del escándalo de corrupción en el que está sumida desde hace dos años.
Los inversionistas han comenzado a cuestionar la estrategia de supervivencia de la compañía, ya que nuevas investigaciones amenazan con atar los ingresos de una venta de activos de 12.000 millones de reales (US$3.800 millones).
La empresa tiene que hacer frente a una montaña de deuda y responder a multas por US$3.500 millones.



El Comercio
¡Para eso interferiste, Nadine!
Fernando Vivas
¡Era el matrimonio perfecto! ¡Cómo se complementaban en la foto de la primera temporada en el poder allá por el 2011, su año de esplendor!: el hosco comandante y la dulce ‘activista de las políticas públicas’; el militar hostil y la dama de las todavía discretas interferencias. Qué linda era en jean y polo antes de convertirse en ‘La Usurpadora’ vestida por Ani Álvarez Calderón.
La diferencia era sensible: 14 años –ella nació en 1976, él en 1962– y una licenciatura en Comunicación frente a la dura formación en el Ejército Peruano en tiempos de terrorismo. Mientras él permanecía en Madre Mía, ella hacía prácticas audiovisuales en la Universidad de Lima.
Pero el entendimiento entre ambos es una simbiosis de esas que asombran en la naturaleza. Lo atestiguan las decenas de periodistas que lo entrevistaron –a él, no a ella– desde su campaña del 2006: cada declaración y pausa dramática concluía en una furtiva mirada a Nadine en el espacio en off. Cuanto más asertivo él, más había asentido ella.
¿Cómo pasó del costado de la cámara a delante del poder? ¿En qué momento se torció todo y la complementariedad devino en judicialización de la política? La respuesta tiene que ver menos con el perfil de él que con el de ella. Ollanta estaba predestinado a ser presidente del Perú por un error de cálculo de don Isaac (quien tenía razón en que un hijo suyo sería presidente, pero pensaba en Antauro y en Ulises, antes que en Ollanta. Ese selectivo desafecto paternal fue providencial para que Ollanta se hiciese de una carrera y un rollo ajenos a la locura etnocacerista que condujo a su hermano directo a Piedras Gordas, sin siquiera arañar el poder).
Pero volvamos al perfil de Nadine. En ella, más que saga familiar,  se perciben sentido de la oportunidad y ambición personal. Ollanta es desconfiado, según testimonian muchos de sus conocidos, pero estuvo dispuesto a compartir todo con su media naranja. Y ella, que parecía predestinada a ser nada más que una madre de familia con educación superior (ni siquiera descolló en las aulas), encontró en la vía del matrimonio tradicional con un militar la posibilidad de cumplir su sueño de grandeza. Y convirtió a su marido en su gran proyecto, y trabajó por él con denuedo, al punto que azuzó –lo confesó en una entrevista en “Cosas”– la insurrección de Locumba, tardía para la historia del Perú, pero providencial para la pareja. Fue la épica fundacional del nacionalismo y ella fue su ‘autora mediata’ (Javier Villa Stein dixit).
Nadine es socia, cómplice y Lady Macbeth del nuevo milenio que no instiga al marido al crimen, sino que, por el contrario, lo protege asumiendo ella los tratos financieros de la campaña. El inmune (según ley, hasta cinco años luego de dejar el poder), al lado de la investigada en varias fiscalías y con orden de comparecencia restringida que le impide trabajar en la FAO en Ginebra.
Hay quienes en todo esto no ven celo protector, sino impertinencia de mandona. De ahí el escarnecedor mote de ‘Cosito’ que lo define a él a través de ella, manteniéndose Nadine como una interrogante que tenemos que seguir desentrañando. Pero igual, anoten sus críticos de todas las tiendas y credos, que en las tribulaciones de este par, para bien y para mal, hay igualdad de género.
El síndrome de Karp y la discreción de Pilar Nores pusieron un parámetro para el debut palaciego de Nadine. Ni mucho que jorobe al marido ni tanta sumisión como para recluirse en la silenciosa asistencia social. Su primera gran aparición política, buscando ese punto medio, fue un tuit: “¿Tan difícil es caminar derecho?”. El ‘vice’ Omar Chehade intentó hacer un lobby agroindustrial tras una luna de vidrio, a vista de todos los comensales en Brujas de Cachiche; ella hacía meses que se había reunido clandestinamente con Barata para recibir una bolsa de dinero. Pero igual tuiteó alardeando de reserva moral del humalismo y empezó, de esa manera, una carrera paralela al presidente, que a veces sumó pero las más de las veces restó gobernabilidad.
Junto a esa transformación, del perfil autocensurado, a las apariciones desaforadas como embajadora de la quinua agitando consignas oficialistas y fustigando a la oposición, empezó otra, más profunda, porque tenía que ver con su personalidad. Lo otro fue un desborde de lo que tenía encorsetado y, simplemente, se le chispoteaba, como preguntar en medio de las cámaras “¿dónde está mi ministra?”, o guerrear con fujimoristas y apristas, hasta que Alan García le replicó que albergaba un supuesto plan de “reelección conyugal”.
Pasó algo más serio. Una Nadine larvada desde tiempos más remotos y austeros descubrió que el poder palaciego se asociaba con otros círculos sociales. Y apareció vestida de moda y de gala, codeándose con empresarios y personajes con los que –cuenta gente de su entorno– su marido prefería mantener una prudente distancia. Las mismas fuentes cuentan que, ya sea porque se lo hicieron creer o porque así se le antojó, se sentía en mayor capacidad para dialogar con los ministros técnicos.
La apariencia de frivolidad, asociada a las primeras denuncias de compras suntuosas hechas con la tarjeta de crédito de su amiga Rocío Calderón, empezó a socavar la imagen política que la proyectaba hacia una candidatura presidencial en el 2021. Los apuntes arrancados de las páginas de sus agendas dieron pistas que se confirman en las declaraciones de Jorge Barata sobre el aporte sustantivo de Odebrecht a la campaña del 2011.
La beligerancia de Nadine cerró puertas de diálogo y perdió apoyo interno. Ollanta, aunque desconfiado, tenía, por formación militar, una idea más equilibrada de hasta dónde convenía dar la pelea y desde dónde empezar a ceder. Nadine cogobernó –o usurpó, apoyó, interfirió, ustedes escojan el verbo– con mayor descontrol, llegando al extremo de provocar renuncias de bloques enteros de su bancada, por no dar su brazo a torcer respecto a quién debía presidir el Congreso. Por ejemplo, imponer a Ana María Solórzano le costó la pérdida de varias curules.
Un conocido de la pareja me decía que Ollanta debió proteger a su esposa, poniéndole límites a su injerencia en el poder. O sea, no solo pensaba, como otros del entorno nacionalista, que Humala debió hacer respetar su papel de presidente aplacando las ínfulas de su esposa; sino que debió hacerle ver los límites que quizá para él estaban más claros. Los aportes de Odebrecht a la campaña del 2011, según declaración del propio Jorge Barata que guarda coherencia con apuntes de las agendas de Nadine, fueron tan desproporcionados que obligan a levantarle todos los secretos y auscultar hasta la última licitación en la que metió sus narices.