Mostrando entradas con la etiqueta "¿Sobrevivirá GyM?" las acciones valen hoy un sexto de lo que valían cinco años atrás. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta "¿Sobrevivirá GyM?" las acciones valen hoy un sexto de lo que valían cinco años atrás. Mostrar todas las entradas

lunes, 13 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE lunes 13 noviembre 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
¿Sobrevivirá GyM?


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La acción de Graña y Montero abrió hoy en la Bolsa de Lima en 2.36 soles y cerró en 2.30. Hoy perdió más de cuatro por ciento de su valor.

El pasado 6 de noviembre, seis días atrás, la misma acción había llegado a los 3.30 soles, un dólar. Hoy la acción vale 70 centavos de dólar. En la semana pasada –la segunda más negra de su historia- , la empresa ha perdido algo menos de un tercio de su valor en soles.  

En la bolsa de Nueva York, la acción de Graña y Montero cerró hoy en 3.55 dólares. Valía 5 dólares cinco días atrás. Valía 20 dólares cinco años atrás.

Esta es la tragedia de la empresa peruana que llegó a ser la primera en ingeniería en el país. Ha caído bajo el contagio de la corrupción brasileña, real o presunto. Desde el punto del vista del mercado de valores da lo mismo.

El puntillazo final se lo ha dado el Congreso al incluirla en las limitaciones operativas que el gobierno impuso a
 la corrupta constructora brasileña.

Cualquiera sea su versión, nadie la creerá. Para los contribuyentes, la empresa se prestó a colaborar en la venta a los peruanos de unos megaproyectos sobredimensionados con precios sobrevaluados de manera tan desmesurada que no podía pasar inadvertida para quienes tenían larga experiencia en obra pública.      

Pero nadie dijo nada. Me pregunto qué dirán hoy de este descalabro sus ingenieros, sus demás trabajadores, sus proveedores, sus clientes.

En el corto plazo, la empresa será mantenida a flote por los bancos, que únicamente así podrán eventualmente cobrar su deuda. Más allá de eso, solo el mercado dirá si la empresa hallará un día el camino de vuelta al respeto de los peruanos.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA


INVESTIGACION A GRAÑA Y MONTERO


Exitosa
El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, justificó la acusación constitucional que presentó contra el fiscal de la nación, Pablo Sánchez. “La denuncia es porque han pasado nueve meses después der que Jorge Barata dijo que Graña y Montero conocía sobre toda esta corruptela en el caso de la Interoceánica (…) Y hasta el día de hoy no hay una investigación ni siquiera preliminar abierta”, aseguró.



La República, El Comercio
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal Hamilton Castro aclararon ayer en Cuarto Poder y Panorama que la empresa Graña y Montero está bajo investigación. “Es una investigación reservada que está a cargo del equipo especial que dirige el doctor Hamilton Castro”, apuntó Sánchez. Castro reiteró que “existe una investigación contra las empresas llamadas consorciadas (...) Contra Graña y Montero y otras”.
El fiscal Hamilton Castro consideró que es una "mentira inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas que fueron socias de la firma brasileña. Precisó que la indagación se inició a partir de lo que declaró Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú.



El Comercio
La congresista Yeni Vilcatoma presentó hoy lunes una segunda denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber designado a Hamilton Castro a cargo del Caso Odebrecht, quien a la fecha no habría iniciado la investigación de las empresas socias de la constructora brasileña.
"El fiscal de la Nación y el fiscal Hamilton Castro le han mentido al país porque no tienen una investigación. No hay una disposición para abrir una investigación preliminar contra Graña y Montero, algo que tiene que existir para que se puedan tomar acciones que impidan la venta de su patrimonio", añadió.
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó la primera también porque Sánchez supuestamente no exigió a Hamilton Castro investigar a las empresas socias de Odebrecht.



El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril acusó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de mentir al afirmar que se está investigando a las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú. "El 3 de octubre del 2017 se presentó José Graña a la Comisión Lava Jato (del Congreso) y ahí, bajo juramento, dijo que no viene siendo investigado", dijo. El congresista cuestionó que ni Pablo Sánchez ni Hamilton Castro hayan presentado una resolución de apertura de investigación preliminar a Graña y Montero.



La República
El fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde dijo no tener “ninguna duda” de que la denuncia constitucional presentada por el congresista fujimorista Daniel Salaverry en su contra se debe a la reapertura de la investigación contra el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez.



El Comercio
Entrevista al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
—¿Para usted es Keiko Fujimori quien ha ordenado al vocero de Fuerza Popular que lo denuncie constitucionalmente por omisión de funciones?
Esa pregunta me es muy difícil de contestar porque no sé. Es una denuncia que se presenta a título personal y que apoya toda la bancada. Debo pensar que, obviamente, todos están enterados en este tema.
(…)
— El legislador Daniel Salaverry cuestiona que hasta ahora la fiscalía no investigue a las socias de Odebrecht, como Graña y Montero. ¿Es cierto?
Hay investigaciones abiertas y reservadas. En este caso, me obligan a decir públicamente que sí están siendo investigadas. Lo que es reservado tengo que hacerlo público porque la denuncia constitucional se centra en eso. Hablé con el fiscal Hamilton Castro y le dije que tengo que decir esto para que se me entienda. Sí se está investigando a las empresas consorciadas.
(…)
—Dicen desde el fujimorismo que se busca afectar la candidatura de Keiko Fujimori en el 2021.
El fiscal ha fijado como plazo 36 meses, es lo que manda la ley. La lectura ha sido que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales. De mi parte no ha habido ninguna instrucción al fiscal en ese tema. Además, pienso que el fiscal tampoco ha pensado de esa manera, es el tiempo que establece la ley. Puede durar tres años, dos, uno, seis meses.
de delito. Está dentro del marco de la ley. No es lo que yo he decidido.
(…)
—¿Le preocupan actuaciones como la de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación a Joaquín Ramírez sin un peritaje contable y argumentando la casación de Arequipa, cuando ustedes habían salido públicamente a cuestionarla?
Respeto la decisión de los fiscales. Pero en ese caso específico me preocupé mucho porque antes de la decisión de la fiscal se decía en la prensa que no había peritajes o que estas no avanzaban. Le pedí información a la fiscal y me dijo que solo habían avanzado el 10% del trabajo pericial. Luego, los peritos me informan que el avance era de 50%. Entonces dije: “Acá hay algo extraño”, la doctora no me ha dicho la verdad, la fiscal no es de mi confianza y dejé sin efecto su destaque, no he hecho nada más.



Expreso
La Comisión Madre Mía, que preside Héctor Becerril, tiene previsto citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a su actual asesor Víctor Cubas Villanueva al haber sido ellos quienes archivaron en primera y segunda instancia el caso pese a existir indicios para efectuar la investigación por hechos de lesa humanidad.



El Comercio
Explotemos juntos, Pablo
Fernando Vivas
(…)
¿Por qué Fuerza Popular (FP) se arriesgó a reavivar la peor de sus percepciones negativas, la del autoritarismo que ‘disuelve’ poderes del Estado? Los consultados contaron que son muy conscientes de ello y que, por eso, lo discutieron mucho en la comisión política (CP) del partido.
En la CP hubo voces moderadas como la de Miki Torres y Úrsula Letona, que pusieron objeciones a denunciar nada menos que a un fiscal de la Nación. Luz Salgado, que suele ser moderada ante iniciativas confrontadoras, estaba de licencia médica. Se impuso, entonces, con la venia de Keiko, la línea dura, presidida en este caso por Daniel Salaverry y Héctor Becerril.
(…)
Las fuentes dicen que el afán de denunciar a Sánchez fue anterior a buscar un motivo para hacerlo. Este resultó ser la supuesta inacción del Ministerio Público ante las responsabilidades de Graña y Montero en el Caso Lava Jato y no sorprende, pues es coherente con el enfrentamiento de Keiko con quienes, en su modo de ver las cosas, frustraron su triunfo. Y coincide con la aprobación en el pleno, el jueves pasado, de la modificación del Decreto de Urgencia 003, para extender las responsabilidades de las consorciadas con Odebrecht.
El viernes 6 de octubre, cuando Keiko, flanqueada por su cúpula, salió a denunciar que se sentía acosada por el Ministerio Público, anunció que emprendería acciones contra lo que consideraba una persecución. Pero no dio a entender ni por asomo que pretendiera acusar constitucionalmente a Sánchez. Su indignación se concentró en la decisión del fiscal José Domingo Pérez de investigarla bajo el marco de la Ley contra el Crimen Organizado (30077).
(…)
No todo fue queja en la declaración de octubre. Keiko destacó que la fiscal Sara Vidal archivó el 22 de setiembre, con “más de 200 páginas de sustento”, la investigación que la comprendía junto a Joaquín Ramírez. Para cerrar este punto, que tomará relevancia más adelante, Keiko criticó a Sánchez por haber dicho que iba a evaluar a la fiscal Vidal, lo que, a su modo de ver, era una represalia por no seguir la consigna de emprenderla contra el fujimorismo.
Sánchez, huidizo a las entrevistas, ha salido esta vez a defenderse públicamente con un argumento político y uno técnico. El primero es que el fujimorismo lo denuncia en represalia por la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez que involucra a Keiko Fujimori. El otro es que el Ministerio Público sí investiga a Graña y Montero.
Hoy, en este mismo Diario, aclara que esas pesquisas son reservadas, pero la denuncia lo obliga a afirmar que existen.
Busqué a fuentes del MP y se explayaron en aquello en lo que Sánchez no quiere ser más explícito. Dijeron que el equipo de Hamilton Castro sí investiga a GyM y sus directivos como parte de las corroboraciones de las declaraciones del colaborador eficaz Barata sobre el conocimiento que los consorciados con Odebrecht podían tener del pago de coimas. Contaron que hacen peritajes contables buscando el rastro de posibles contribuciones a las coimas en el monto de las utilidades de la empresa.
FP cuenta con lo llamativo que resulta a la opinión pública que José Graña y otros directivos de GyM no estén comprendidos abiertamente en las pesquisas del Lava Jato local. De ahí, la ligereza de no considerar la existencia de procesos reservados.
Ahora bien, el argumento de Sánchez de que la denuncia hecha el lunes 6 noviembre es una réplica a la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez hay que analizarlo cronológicamente. La fiscal Elizabeth Peralta recién tomó esa decisión el viernes 3 y empezó a notificar a los varios involucrados, terminando la relación el lunes, el mismo día que Salaverry lanzaba la bomba. Aun si lo hubiera hecho el viernes mismo, es claro que, como sostienen nuestras fuentes fujimoristas, Salaverry ya tenía lista la denuncia.
Pero la suspicacia de Sánchez no deja de tener sentido: es posible que la acusación ya estuviera lista, pero la decisión de lanzarla se tomó el fin de semana, cuando, a través de los abogados de Ramírez u otros de los primeros notificados, Salaverry se enteró del caso reabierto y ese fue el detonante para autoconvencerse y convencer a su lideresa de acusar al primer acusador de la nación.
(…)
En resumen, investigaciones bajo la ley de crimen organizado, citaciones a congresistas y a la propia Keiko que podrían interpretarse como un sesgo antifujimorista en parte de la fiscalía sin que Sánchez lo corrija, el interrogatorio a Odebrecht pueden explicar la bomba naranja. Pero la reapertura del Caso Ramírez vuelve a brillar como posible razón esencial. Keiko había celebrado la resolución de “más de 200 páginas” que la cerró. La he revisado. Son, en realidad, más de 230 hojas, pero se agotan en un listado de diligencias y un breve y flojo sustento argumental. Salaverry ha reconocido públicamente su amistad con Ramírez y no se descarta –lo llamamos, pero no quiso colaborar con esta crónica– que la defensa de Ramírez lo presione a seguir adelante con la acusación.
Con un pie en el redil de la bankada y otro fuera, la congresista Yeni Vilcatoma tiene que tomar una decisión. Dos fuentes contaron que habría coordinado con Salaverry la presentación de otra acusación. La llamé para preguntarle si lanzaba su naranja atómica o desistía, pero tampoco respondió.-



La República
Botando al bebé con el agua
Mirko Lauer
La idea de meter a las constructoras consorciadas con Odebrecht a la colada de Lava Jato es un harakiri económico. Consideremos el siguiente argumento sobre el castigo de que están siendo objeto las empresas peruanas por la modificación del Decreto de Urgencia 003.
El castigo a las empresas peruanas versus las que ya confesaron corrupción y son extranjeras es inconsistente: las empresas peruanas tienen centenares de proyectos y miles de proveedores locales y no se van a ir a ninguna parte. Si se les encuentra culpables, el Estado tiene sus activos, sus cuentas y todo lo demás para cobrarse cualquier reparación civil.
Las extranjeras sí pueden vender e irse como sucedió con OAS y la Línea Amarilla que compró Vinci Highways. Las empresas peruanas tienen muchas obras en el Perú, y si se les castiga paran todo. En cambio las obras de las extranjeras son unas pocas dentro de su portafolio mundial y por tanto el castigo es inmensamente desproporcionado en contra de los peruanos.
Por último hay una especie de histeria respecto de la venta de activos que hace Graña y Montero. ¿Se preguntan acaso dónde fue todo ese dinero? Fue a cancelar deudas incurridas en el pago de activos del Gasoducto Sur Peruano cuyo desembolso el Estado demora, y para permitir la continuación de la actividad económica de la empresa, sus trabajadores y proveedores, es decir para la continuación de la marcha económica del país.
Por lo tanto la ley que se aprobó en el Congreso contra las constructoras peruanas está haciendo todo al revés. Desde el punto de vista práctico es también evidente que ninguna empresa extranjera va a poder suplir a los más de 60,000 trabajadores entre obreros, técnicos, ingenieros que tienen estas empresas nacionales en la tarea de reconstrucción, y menos aún continuar con el incipiente aumento del crecimiento económico que se esperaba que en el cuarto trimestre supere el 3.9% por supuesto liderado por la construcción.
En Brasil se ha legislado la figura del Acordo de Linenza mediante el cual se castiga a la empresa con una multa inferior si coopera. Caso contrario se le impone una multa equivalente al 20% de sus ventas anuales (lo cual las mata). El objetivo es triple: proteger la producción, proteger el empleo, y, lo más importante, evitar la concentración de la producción en manos de una o dos empresa


BARATA


Peru21
El siguiente paso del Ministerio Público será solicitar a Brasil un encuentro con Jorge Barata.
Una fuente de Perú21 en la Fiscalía confirmó esta decisión. Marcelo Odebrecht señaló que el ex directivo de la firma puede dar los detalles sobre los actos de la compañía en el país.
Actualmente, Barata está sometido a proceso para convertirse en colaborador eficaz en el Perú, que coordina el fiscal Hamilton Castro.



La República
La reciente declaración de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos en Brasil llegará a Lima aproximadamente en "dos semanas", informó el fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones del Ministerio Público.
El testimonio, según declaró Peña Cabrera, llegará en físico a su oficina, vía autoridad central de Brasil (Ministerio de Justicia).
“Luego, la declaración de Odebrecht será traducida y transcrita por un equipo especializado de la fiscalía y posteriormente será entregada a la Fiscalía de Lavado de Activos para que el fiscal (José Pérez, a cargo de investigar a Keiko Fujimori) la incorpore”, indicó Peña.
La investigación preliminar establece que esa declaración debe permanecer reservada. Pero la fiscalía debería evaluar hacerla pública cuando llegue al Perú. En las fiscalías de lavado de activos nada permanece en secreto mucho tiempo, rápidamente trasciende a la prensa y esta vez no será diferente.



Expreso
Entrevista a Rolando Sousa
(…)
-Habría versiones sobre el trato que la Fiscalía estaría dando a la colaboración eficaz de Barata…
Yo creo que en estos momentos le están dando de todo al señor Barata, y esto llama poderosamente la atención. Le dan la excepción de pena y la excepción además del proceso, ni siquiera va tener un proceso en su calidad de colaborador eficaz; le están dando la excepción de indemnización o reparación civil a favor del Estado peruano; le están devolviendo el dinero de sus cuentas que no sabemos exactamente si ese dinero es producto de actos ilícitos. O sea, puede ser que el señor Barata se haya quedado con parte del dinero destinado a coimas, pues nadie sabe cómo es que tenía esos 13 millones de dólares aproximadamente en el Perú, y lo están exonerando de cualquier responsabilidad de delitos de otra índole que pueda haber cometido. Tengo la impresión de que esto ya no es una cuestión del señor Barata, sino que va más allá, porque llega al manejo de conseguir algunos beneficios adicionales para la empresa brasileña. ¿A cambio de qué? Ese es el punto clave que se empieza a manosear políticamente.
-¿La acusación constitucional de Fuerza Popular contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tendría alguna repercusión en la guerra anunciada?
Yo no quisiera pensar que la Fiscalía esté actuando de una manera que obligue a Barata a crear una versión inexistente. Yo soy un convencido de que Barata nunca podrá sostener que le ha dado un solo sol a Keiko Fujimori. La Fiscalía podría tal vez ser capaz de crear una historia, como la historia que se creó en plena campaña electoral, faltando dos semanas para la segunda vuelta, con el señor Joaquín Ramírez en Estados Unidos.
(…)



La República
José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, ratificó el domingo que los abogados de Keiko Fujimori denunciarán penalmente a El Comercio por difamación, luego de que dicho medio publicó presunta información de Marcelo Odebrecht que la vincula con actividades ilegales.



El Comercio, editorial
El viernes pasado publicamos que Marcelo Odebrecht había dicho en el interrogatorio de la fiscalía peruana al que había respondido el día anterior que tenía certeza de haber aportado financiamiento a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, precisando que los detalles del hecho los conocía Jorge Barata, el ex jefe de la constructora brasileña en el Perú.
La publicación provocó una reveladora respuesta de la señora Fujimori y nuestra consiguiente ratificación en lo dicho. Ratificación en la que, por cierto, nos mantenemos.
(…)



El Comercio
Columna de Andrés Calderón
(…)
Fuera de las declaraciones de FP, ningún medio ha reportado que alguna fuente contradiga a las fuentes de El Comercio sobre el testimonio de Marcelo Odebrecht. En cambio, “Hildebrandt en sus trece” y Convoca.pe han apuntado con sus propias fuentes en el mismo sentido que el decano (paréntesis: cualquier abogado –con escrúpulos– que sepa de prensa y delitos informativos sabe que la concordancia de fuentes de medios independientes descartaría de plano una hipótesis de difamación, donde se requiere dolo o negligente despreocupación por la verdad).
(…)



VACANCIA O FACULTADES


La República
A la fecha, la primera ministra, Mercedes Aráoz, se ha reunido con las bancadas del APRA, Acción Popular y Alianza Para el Progreso (APP) y viene coordinando citas con el Frente Amplio y Nuevo Perú.
Aráoz declaró que enviará una carta a Fuerza Popular para invitarlos a conversar. Hasta el momento, han rechazado el diálogo y solo evaluarán el pedido oficial.
En las reuniones, Aráoz recibió sugerencias para el pedido de facultades: le pidieron priorizar los proyectos de ley y pedir facultades solo para los temas más urgentes.
Según el congresista Yonhy Lescano, AP ha optado por no otorgar facultades y proponer que se presenten proyectos de ley.



Expreso
El pedido de facultades del Poder Ejecutivo en materia de Economía será para una segunda fase de las reformas, indicó el congresista Gilbert Violeta de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK).
“En algunos temas, como economía, se necesita una segunda fase de las reformas que se efectuaron al inicio del Gobierno, se necesita darles continuidad y hacer ajustes al paquete de reformas original”, refirió.



El Comercio, editorial
La tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha escalado a un nivel aun mayor esta semana, a raíz de una opinión emitida por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
Como se recuerda, la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de no recibir a la Comisión Lava Jato, sino únicamente responder a sus interrogantes por escrito, generó malestar en la sede del Legislativo. Y, como habíamos señalado en este Diario, si bien la incomodidad era comprensible por los inapropiados calificativos que el presidente dirigió hacia la labor parlamentaria, también advertíamos que la indignación en la oposición resultaba excesiva puesto que el mandatario estaba actuando dentro de los parámetros que la Constitución le reconoce a la máxima autoridad del Estado.
Pues bien, el nuevo capítulo de esta saga se dio con la opinión consultiva antes referida que concluye que, aun cuando el presidente de la República solo puede ser acusado en los supuestos taxativamente previstos en el artículo 117 de la Constitución (traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso sin las causales constitucionales para ello, o impedir la reunión y funcionamiento del Parlamento y los organismos electorales), igual está obligado a comparecer ante una comisión investigadora del Congreso. Y que, en caso de no hacerlo, incurriría en una infracción constitucional, la cual sería dilucidada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de concluido su mandato presidencial.
No son pocos ni menores los problemas con este dictamen, que fue aprobado con los votos del fujimorismo y de la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma (y en una votación en la que ni el Apra, ni el Frente Amplio o Alianza para el Progreso participaron). En primer lugar, resulta cuando menos forzado interpretar que pese a gozar de inmunidad frente a cualquier tipo de proceso judicial –incluso en circunstancias de índole penal, salvo las excepciones estipuladas constitucionalmente–, el presidente de la República aún deba responder a una comisión parlamentaria.
(…)
También llama la atención la ambigüedad con la que la Comisión de Constitución señala que el mandatario “sí tiene la obligación constitucional de recibir a una comisión investigadora”, pero añade luego que “también cuenta con la potestad […] para solicitar brindar sus respuestas por escrito”.
(…)
Finalmente, resulta bastante peligroso que el grupo que encabeza la congresista fujimorista Úrsula Letona lleve su lectura sobre la supuesta obligación del mandatario de recibir a una comisión investigadora hasta el extremo de crear una nueva infracción constitucional en caso no lo haga…
(…)



La República
José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, aseguró que desde la organización fujimorista no se promoverá una acción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que, en todo caso, él se opondría a cualquier intento político de ello.
 “Yo me opondría a cualquier tipo de intento político de vacancia, porque no está dado en nuestra legislación”, sostuvo.



El Comercio
Juan Paredes Castro
(…)
A la luz de sus promesas más nobles de candidata presidencial, como la de no usar el poder político contra la justicia y la prensa, vemos con estupor que por errores propios u otros de ofuscada asesoría Keiko Fujimori no puede separar su defensa legal y la incomodidad mediática que esta le suscita, de la hegemonía que actualmente ejerce la bancada de Fuerza Popular en el Congreso.
(…)



La República
El presidente del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo Arana, opinó que el comportamiento de Fuerza Popular sería resultado de su preocupación por la investigación del caso Lava Jato.
La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú condenó la forma como el Congreso maneja las denuncias contra el TC y el fiscal de la Nación.
La Federación de Periodistas del Perú (FPP) rechazó “el amedrentamiento e intolerancia”.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), consideró “que vamos camino a una dictadura parlamentaria”.



Expreso
El cambio en la Ley de Partidos Políticos aprobado por el Congreso permitirá destinar hasta el 50 % del presupuesto que reciben del Estado a la compra de locales partidarios, gastos de funcionamiento ordinario y de mobiliario necesario para cumplir sus actividades partidarias.
Estos son los cambios en la Ley de Partidos Políticos referidos a este tema:
La norma modifica el artículo 29, relacionado con la ley de financiamiento público directo, que entrega el Estado a los partidos y alianza electorales que pasan la valla electoral.
Esos fondos podrán ser destinados en un 50 % a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión.
El otro 50 % del financiamiento público directo puede ser destinado a gastos de funcionamiento ordinario, así como a la adquisición de inmuebles y mobiliario necesario para atender actividades circunstanciales al objeto de la organización política.
Al respecto, el congresista Gilbert Violeta (PPK), indicó que será la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la que reglamente este aspecto y autorice la ejecución de cada gasto, en función del plan que presente cada partido.
Indicó que actualmente la Ley de Partidos Políticos permitía que se destine el 30 % de los recursos públicos que reciben como financiamiento a los gastos operativos de un partido.
“A propuesta de Fuerza Popular se ha subido ese porcentaje a 50 % e incluso se permite la compra de inmuebles”, indicó.
Yonhy Lescano (AP) expresó su desacuerdo con esta modificación dado que, en su opinión, varios partidos están investigados por presuntos actos de corrupción, lo cual genera una desconfianza respecto al uso de los recursos.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
El dilema de la reconstrucción
Pablo de la Flor
Concebida como facilitadora y orientadora, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) es responsable de planificar y coordinar, pero no tiene el mandato prioritario de implementar aquellos proyectos de cuyo despliegue depende el éxito del proceso. Es decir, asume la responsabilidad funcional y política por algo que no controla, sin tener incidencia directa sobre los resultados en función de los cuales debe rendir cuentas.
Las demoras, dilaciones y tropiezos experimentados en los últimos meses ponen de manifiesto las enormes contradicciones y disfuncionalidades de ese modelo y reclaman cambios inmediatos. De allí que me reafirme en el planteamiento de ponerle dientes a la ARCC y transformarla en una entidad ejecutora, capaz de suplir con su actuación las brechas institucionales que amenazan el éxito de la reconstrucción.
Para comprender la urgencia, hay que considerar que a pesar de haber transferido hace varios meses más de S/1.200 millones a varios ministerios, gobiernos regionales y municipios provinciales para iniciar las obras de rehabilitación urgentes, muchas de esas inversiones aún no se ejecutan. Aplazamientos y errores en las licitaciones, observaciones del organismo regulador (OSCE) y hallazgos de la contraloría apuntan a un severo déficit de capacidades. Vistas así, las flexibilidades que la ley le otorgó a la ARCC han resultado insuficientes.
El ejemplo más revelador: luego de dos licitaciones truncas y con una tercera en curso, el Gobierno Regional de La Libertad se habrá demorado en promedio casi 140 días para otorgar la buena pro para la rehabilitación temporal de cuatro pistas. En el caso de Piura, la situación es más compleja pues la refacción y construcción de protecciones contra inundaciones recién arrancará en diciembre, casi medio año después de que el GORE recibiera los recursos y justo cuando comienza la temporada de lluvias. ¿Resulta sensato confiarles a ambas entidades proyectos por más de S/3.500 millones?
Como lo señalé en una entrevista en este Diario, el problema no solo involucra a las autoridades subnacionales, sino que afecta al propio Gobierno Central. Y es que la reconstrucción tiene en los ministerios a sus principales ejecutores, con montos que multiplican por varios órdenes de magnitud su historial individual de desempeño. No hay forma de que estas entidades mejoren su cometido sin la creación de unidades especiales, protegidas de los cuerpos ejecutores tradicionales y la adopción de un sistema de apoyo externo que refuerce y agilice la implementación de los proyectos.
Más importante aun resulta dotar a la ARCC de capacidades ejecutoras propias e inmediatas, obviando el tortuoso camino de la subsidiaridad según el cual cuando un proyecto no puede ser ejecutado por un nivel de gobierno el mismo se transfiere y así sucesivamente. Este planteamiento no requeriría ninguna modificación normativa ya que la ley marco de su creación contempla darle funciones ejecutoras a la ARCC.
Lo único que se necesita es la voluntad política de hacerlo, aunque esto pueda generar malestar entre aquellas autoridades que no quieren perder el control de los recursos de la reconstrucción. Reflexionando sobre las implicancias de dicho escenario y las resistencias que el mismo genera, Fernando Cáceres señalaba contundentemente en una columna publicada en este Diario: “Sin obras, no hay plata como cancha. Sin plata, no hay clientelismo. Sin clientelismo, no hay votos” (“Mitos y verdades de la reconstrucción”, 8/11/2017).
Por lo demás, no se trata de crear una nueva burocracia que replique las deficiencias del resto de la administración pública en la ARCC, sino de establecer un pequeño núcleo interno que, apoyado por un gran proveedor especializado en la gestión de proyectos (PMO por sus siglas en inglés), pueda sacar delante de manera expeditiva los paquetes de iniciativas más importantes de la reconstrucción.
La ARCC reforzada debiera tomar bajo su conducción los proyectos que los gobiernos regionales no puedan ejecutar y aquellas iniciativas que los ministerios no estén en condiciones de desplegar con agilidad. En lo inmediato, debería hacerse cargo de las obras preventivas (22% del presupuesto total), incluyendo canalizaciones, represamientos, manejo de quebradas y la instalación de sistemas de drenaje pluvial. Además, podría tomar bajo su liderazgo aquellas iniciativas que se ejecuten usando el mecanismo de Obras por Impuestos a fin de imprimirle mayor celeridad al procesamiento de las mismas.
Es importante no perder de vista que en el centro del proceso están los damnificados y que el sentido único y final de la reconstrucción es restituir el bienestar perdido. En todas las localidades que visité durante mis viajes por las zonas afectadas estos últimos cinco meses, siempre me topé con la misma reacción: a los ciudadanos de las zonas afectadas les importa poco quién se haga cargo de las obras. Lo importante es que los proyectos se ejecuten bien, de manera rápida y transparentemente. Estos tres principios se pueden ver vulnerados si no actuamos con urgencia y reforzamos las competencias de la ARCC.



Peru21
Entrevista a Cayetana Aljovín
-¿Cómo va el proceso para licitar el Gasoducto del Sur?
Hoy por hoy, en Proinversión hay un comité que se va a encargar del proceso de licitación del nuevo gasoducto. También se le ha encargado que se haga el nuevo diseño que tendrá la obra. Acuérdense que es necesario que se evalúen todas las alternativas, porque ya no tienes el financiamiento a través de las facturas eléctricas o del gas. Va a ser un proyecto cofinanciado por el Estado peruano.
(…)
-Había un sobrecosto y el proyecto pasó de costar aproximadamente US$1,300 millones a US$7,300 millones. ¿Ahora cuánto costará?
Por eso se está rediseñando el proyecto, pero sí puedo decir que el Gasoducto tiene que costar menos. Además, se garantiza que no lo pagaremos porque, como he mencionado, será cofinanciado por el Estado.
-¿Hay gas para abastecer este proyecto?
Ahora sí. Cuando se licitó el proyecto (2014), no había gas, esa es la verdad. Hoy por hoy, la situación es distinta y sí hay reservas probadas y probables que ascienden a 3.6 TCF (trillones de pies cúbicos) en el lote 58.
(…)
-Otro de los proyectos cuestionados es el de la refinería de Talara, también por un sobrecosto. ¿Ya saben a cuánto ascenderá la inversión?
Lo que nos ha informado Petroperú es que el costo total de la refinería de Talara será de US$5,400 millones. Es más, lo que se ha pedido es que hagamos todos los ajustes necesarios para que sea menos de ese monto, y ojalá sea así.
(…)
-¿Paralizar el proyecto no es una posibilidad?
Yo he estado hace dos semanas en Talara (Piura). Fui a visitar la planta y comprobé que en lo que son unidades de proceso ya se tiene un avance de 70%, mientras que lo que es la refinería en total, más de 60%.
(…)
-Pero no tenemos petróleo para refinar. ¿En ese caso no tendríamos que importar?
Lo que estamos buscando es abastecer a esta refinería con petróleo que sea peruano. También queremos tratar de tener convenios con Ecuador para que refine su petróleo, que es pesado.
(…)