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jueves, 16 de febrero de 2017

ESTA NOCHE jueves 16 febrero 2017




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Como por un tubo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Aparentemente, el gobierno se ha propuesto salvar a Graña y Montero con el Gasoducto y al Gasoducto con Graña y Montero. 

No será con la nuestra, sin embargo. 

La garantía del Estado es una de las maneras en que la corrupción se infiltró en el contrato. Con ella se endeudaba a los peruanos por una suma sideral y durante treinta años.

Ese contrato no se puede volver a licitar como se hallaba. Si el gobierno quiere hacer su jugada a dos bandas, que la haga la empresa con plata privada. 

Graña y Montero adquirió un fuerte porcentaje de acciones del consorcio que encabezaba la empresa brasileña cuando el propietario de la empresa corrupta ya se hallaba detenido en Brasil.

Esa extraña y cuestionable decisión suscita inevitablemente la pregunta de si Odebrecht estaba tratando de transferir la propiedad del consorcio curándose en salud antes de que los procesos legales tuvieran consecuencias económicas.  

Esto va a salir mal si se insiste en ello.

Pero ya sabemos que la temeridad es la característica de este gobierno. Su nula anticipación es la otra cara de la misma moneda.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
Entrevista a Juan Mendoza
-¿El Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las concesionarias locales?
(…)
…parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo que tiene que aplicarse al consorcio.
(…)
-La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado…
Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después uno de los miembros del consorcio –como Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afecta a todo el consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados.
(…).
-¿En el Gasoducto Sur Peruano pueden participar los consorciados?
A mi entender Graña y Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi interpretación, el contrato del 2014 señala que en el caso que el ganador lo incumpla -por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero- no puede volver a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero, eso no lo sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones– que hubo corrupción o ilegalidad en la obtención de esa concesión, esta quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza debería ser parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios. Ni Enagás ni Graña y Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura licitación en el momento que ello ocurra.
(…)



Expreso
César Gutiérrez
Con mucho brío, el pasado do­mingo en horario estelar y en cadena nacional, un circuns­pecto y enfático Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció unas supuestas medi­das anticorrupción y protectoras de los derechos del Estado peruano, que garantizarían el cobro de futuras repa­raciones civiles que impongan las auto­ridades judiciales en los procesos sobre corrupción en el contexto Lava Jato.
El lunes de esta semana fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el Decre­to de Urgencia 003-2017 (DU) según el cual se establecen las pautas para ejercer lo que llaman ‘la cautela del Estado’, pero que más parece la caute­la de las empresas peruanas que han sido y son socias de las brasileñas que hoy son materia de cuestionamiento internacional.
Según el DU, los comprendidos en sus alcances, para vender activos u accio­nes, deberán tener autorización del Ministerio de Justicia y, de efectivizarse la venta, la recaudación ingresará a un fideicomiso hasta que se determine la suerte final en el juzgamiento al que están sometidos. Igual suerte corren los excedentes de los costos de opera­ción y mantenimiento de las empresas concesionarias que tienen operaciones en marcha.
Veo dos focos de conflicto: la aplicación del DU a las que se llaman ‘empresas vinculadas’ y la estimación por la Procu­raduría, que es parte del Minjus, de las reparaciones civiles.
La norma emitida denomina ‘empresa vinculada’ a aquella que tiene una par­ticipación accionarial mayor del 10 % en un consorcio con la empresa o funciona­rios de ella que hayan sido sentenciados por corrupción o cuyos representantes hayan admitido actos dolosos.
Una observación inicial: la participa­ción porcentual en un consorcio no exonera de responsabilidades cuando de cometer delito se trata. Los con­sorciados tienen el derecho a revisión de cuentas del conjunto, siendo imposible que, si el accionista mayo­ritario paga una prebenda, sea este el que asuma el costo de ella al 100 %, pues sería perjudicial para sus intere­ses y además tendría que maquillar o escamotear el hecho contablemente, sin que los auditores lo perciban.
¿Al­guien en su sano juicio puede creer que Odebrecht asuma en solitario 20 millones de dólares para hacerle depósitos al señor Josef Maiman en favor del expresidente Alejandro To­ledo, según el fiscal Hamilton Castro?
Con la tesis descabellada de que la participación porcentual menor al 10 % en el consorcio exonera de responsabi­lidades mientras dure el proceso, aun si estuviera en calidad de procesado o acusado, es pertinente saber tanto en el caso de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, cuanto en la Inte­roceánica Norte (IIRSA Norte), cómo estaban conformados los consorcios.
En la IIRSA tramos 2 y 3 el consorcio que participó en el concurso, ganó la buena pro y firmó contrato estuvo conformado por Odebrecht: 70 %, Graña y Montero (GyM): 18 %, JJC Contratistas Generales: 7 %, ICCGSA: 5 % (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.)
De plano estarían exonerados JJC e ICCGSA, mientras que GyM en la úl­tima Memoria Anual que corresponde al año 2015 ya no aparece como inte­grante del consorcio. Es decir GyM, que ha estado presente en todo el pro­ceso y ahora ya no es parte, quedaría completamente fuera del ámbito del DU, salvo que la ministra Pérez Tello corrija sus afirmaciones recientes.
En IIRSA Norte, el consorcio estuvo conformado por Odebrecht: 49.8 %, Andrade Gutiérrez: 40.0 %, GyM: 10.2 %. En este caso GyM ya tampoco aparece en su Memoria Anual 2015 como accionista.
Los acuciosos dirán que en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), GyM y Enagas sí estarían afectos al DU 003-2017, pues cuentan con participaciones del 20 % y 25 %, respectivamente. Efectivamente, sí les correspondería la aplicación de la norma referida, pero hay que tener en cuenta que lo que se recaude de la venta de los activos, que en el extremo sería el 72.25 % del valor contable neto, según contrato, se iría a pagar deuda.
Según un hecho de importancia reportado por GyM a la Bolsa de Valores de Lima, en el caso de venta descrito, según su proyección recaudarían el 95 % de los pasivos que ellos tienen en el proyecto. Como la norma señala que la recaudación se iría a un fideicomiso, los acreedores se harían del monto. En este orden de ideas, el dispositivo no les afecta en absoluto en este caso.
Pero hay un tema más grave para el Estado peruano. Y es que GyM ya ha puesto en venta sus activos donde espera recaudar US$ 300 millones, lo cual es una información pública. Si lo logra, no tiene ningún impedimento para retirar los fondos del país y en la eventualidad de una sanción derivada del caso penal por las Interoceánicas, el Estado ya no tendrá de dónde cobrarse la reparación civil.



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, se refirió al reciente decreto de urgencia del Poder Ejecutivo. “Este dispositivo [lo de la conformación de un fideicomiso] se va a tener que reglamentar o sacar directivas porque hay muchas cosas que hay que manejar”, declaró.



El Comercio
La comisión parlamentaria encargada de investigar las implicancias en el Perú del Caso Lava Jato acordó hoy citar a la ciudadana brasileña Jussara Barata, esposa del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
La propuesta la hizo Víctor Andrés García Belaunde y fue aprobada por unanimidad. Al sustentar su pedido, el legislador comentó que se ha señalado que la esposa de Jorge Barata estaría en Lima desde el 30 de enero con la intención de vender sus inmuebles.
El diario "Exitosa" señaló que una empresa inmobiliaria vende, desde el 9 de febrero, su propiedad en el distrito San Isidro por US$1'800.000. Esta posee 359 metros cuadrados repartidos en un hall de ingreso, dos salas, dos comedores, una cocina, cuatro dormitorios, cuatro baños y una lavandería.
Cabe anotar que Jorge Barata se acogió a la delación premiada, una especie de colaboración eficaz, en el marco de las investigaciones del Caso Lava Jato en Brasil.
La justicia de ese país investiga los pagos de sobornos que hicieron empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de hasta doce gobiernos, a cambio de ganar las licitaciones de obras millonarias.
En tanto, la Comisión Lava Jato también acordó citar a la abogada Lourdes Carreño Carcelén, quien actualmente funge de enlace entre Odebrecht y la fiscalía peruana, y a Raymundo Trindade Serra, ex directivo de Odebrecht que firmó los auspicios que dio la empresa al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, indicó que su despacho solicitará la nulidad de las transferencias producto de la compra de bienes provenientes de implicados en el Caso Odebrecht, en referencia al ex representante de la firma brasileña en el Perú Jorge Barata, quien busca vender los inmuebles que posee en Lima. “Quiero advertir a todas aquellas personas que quieran comprar bienes de todas estas personas que están involucradas en actos de corrupción, que la Procuraduría solicitará la nulidad de esas transferencias”, aseveró.



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, adelantó que su despacho solicitará inicialmente una reparación civil a favor del Estado de más de S/200 millones por algunos de los sobornos que la firma brasileña admitió haber pagado durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
“Estamos solicitando más de 200 millones de soles como reparación civil. Es un monto provisorio porque el tema de las pericias va a venir durante la investigación fiscal”, manifestó, respecto a los pagos hechos por la carretera Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima.



Gestión, Reuters
El holding de inversiones Corficolombiana se declaró víctima de la brasileña Odebrecht, su socio en un importante proyecto vial en Colombia recientemente suspendido por un tribunal en medio de un escándalo de pago de sobornos.
Corficolombiana participa en Ruta del Sol II a través de su subsidiaria Episol con un 33% de la concesión, mientras que Odebrecht controla un 62% y CSS Constructores el restante 5%.



El Comercio
La empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú SA) inció hoy la fase de explotación de hidrocarburos del Lote 58, informó la empresa estatal Perú-Petro.
CNPC tiene hasta mayo próximo para presentar su Plan Inicial de Desarrollo de los yacimientos descubiertos de gas natural, precisó la empresa a través de un comunicado.
La implementación del plan supondría una inversión superior a los US$ 500 millones, puntualizó.
Hoy se vencía el plazo para que la CNPC comunique a Peru - Petro si pasaba de la etapa de exploración del Lote 58 a la de explotación.
El Lote 58 posee 3.9 trillones de pies cúbicos (TFC) de recursos contingentes de gas en categoría 2C (que señalan la probabilidad de existencia en una escala del 1 al 3) en los yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori, ubicados en la selva sur de Cusco.
Así lo reportó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a fines de noviembre pasado, que estimó que el lote incrementa en 27.7% las reservas probadas de gas del país.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, aceptaron la renuncia del viceministro de Energía Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo.
Como viceministro ostentaba un cargo de confianza, según se precisó.
En los considerandos de la resolución, solo se indica que ante la renuncia del funcionario, es "pertinente aceptarla".
Durante el gobierno pasado, Pérez-Reyes se desempeñó como viceministro de Comunicaciones.



Gestión
El Consejo de Ministros discutió y aprobó el reglamento del mecanismo Invierte.pe, que permitirá dinamizar la ejecución de proyectos de inversión pública, tanto de nuevos proyectos como de los que están aún bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
“Permite al MEF involucrarse donde se tiene que involucrar, que es en la asignación presupuestal. El MEF hoy día no se involucra en todo el proceso de inversiones, sino la unidad ejecutora que es el Ministerio, el gobierno regional o local”, anotó. En ese sentido, indicó que el MEF ahora se encargará de pedir que las obras tenga un elemento de cierre de brechas, y en base a eso se asigna un presupuesto. “De ahí en adelante, es la unidad ejecutora la que desarrolla el proyecto, los estudios, etc. Eso va a resultar en un proceso de aprobación e implementación de las obras, mucho más rápido”, enfatizó el ministro de Economía, Alfredo Thorne.
Indicó que el reglamento de Invierte.pe también divide las obras entre las de baja complejidad y de alta complejidad.
“Las de baja complejidad solo van a necesitar una ficha técnica, donde se desarrollen las principales características de la obra, de manera que se puedan aprobar rápidamente. Las de alta complejidad, que son aquellas de más de 15,000 UIT (S/ 60.75 millones) o que determine el sector, esas sí van a tener un expediente técnico”, precisó.
“También se han aplicado estos criterios para los gobiernos locales y regionales, con lo cual hemos cumplido nuestra promesa de dar muerte al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”, acotó.
“Hay un proceso de transición, que se explica en el reglamento, para ir de los proyectos que ahora están en el SNIP para que pasen al Invierte.pe, y la idea es hacer esta transición lo más pronto posible”, dijo. “Calculamos que entre uno y tres meses deberíamos acabar todos los proyectos que están en el SNIP”, añadió.



El Comercio
El Ministerio de Economía ha establecido nuevos requisitos para las compras estatales y proveedores. En ese sentido, para que los proveedores puedan integrar los Catálogos Electrónicos para ofertar sus bienes y servicios al Estado a través de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, deberán pasar por una evaluación de su capacidad económico financiera, que se determinará a través de la calificación emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y deberán tener la garantía de cumplimiento.
Estos nuevos criterios se aplicarán desde la primera convocatoria para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que empezará este 15 de febrero con los rubros: Impresoras, Consumibles, Repuestos y Accesorios de Oficina. Dicho procedimiento concluirá con la suscripción automática de Acuerdos Marco entre PERÚ COMPRAS y  los proveedores adjudicatarios, permitiéndoles a estos últimos formar parte de los Catálogos Electrónicos y ofrecer sus productos a todas las entidades públicas a nivel nacional.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El Ministerio Público informó que envió en físico a la cancillería la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición del ex presidente Alejandro Toledo. Señaló que el documento traducido al inglés fue presentado hoy por la embajada peruana ante las autoridades de Estados Unidos.
“El juez y el fiscal han trabajado durante el fin de semana para completar esa información”, dijo el pasado lunes el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
El pedido de prisión preventiva fue hecho por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, acogió la medida el pasado jueves.



El Comercio
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, precisó que el Perú ha elegido el camino de la extradición del ex presidente Alejandro Toledo y agregó que es la misma línea fijada por la fiscalía y el Poder Judicial.
“Sin perjuicio de eso, también existe un procedimiento a nivel del Departamento de Estado. (Pero ) el procedimiento que hoy está en marcha es el de la extradición a través de la solicitud del Poder Judicial”, manifestó.
El último domingo, PPK sostuvo una comunicación con Trump, en la que entre otras cosas le planteó que estudie la posibilidad de deportar a Alejandro Toledo para que sea procesado en Lima. "El presidente Kuczynski solicitó a Donald Trump evaluar, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, la opción de deportar a Toledo al Perú con el fin de que sea sometido a la justicia", informó la Cancillería peruana en un comunicado.



El Comercio, Bloomberg
Cuando en diciembre Donald Trump hizo retirar su nombre de la fachada de un hotel en la playa de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, su compañía dijo que se debía a demoras en el proyecto y calificó a la medida de “limpieza de rutina” en las semanas previas a asumir la presidencia.
Los fiscales y legisladores brasileños que investigan a los fondos de pensión que financiaron el proyecto pintan un cuadro diferente. En documentos judiciales y entrevistas, los investigadores dicen que la Trump Organization, en un acuerdo negociado por su hija Ivanka y su hijo Donald Jr., se encontró gestionando un hotel financiado por personajes oscuros y fondos de pensión desaprensivos y –sospechan los fiscales– edificado en base a la corrupción.
La fiscalía federal está investigando si el fondo FIP LSH, propietario del hotel –que, durante una visita reciente, estaba sin terminar y con prostitutas apostadas en la entrada- sobornó a dos fondos estatales de pensión a cambio de una inversión de US$41 millones e infló artificialmente el valor de la propiedad. También están investigando si la Trump Organization lucró “mediante el pago ilícito de comisiones y sobornos” a los fondos de pensión, según documentos judiciales. Nadie de la Trump Organization o de la propia compañía ha sido señalado en la pesquisa.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio, EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, atribuyó los recientes récords registrados en Wall Street al "gran nivel de confianza y optimismo" que existe sobre su mandato.
Según subrayó Trump en su tuit, esto está ocurriendo "¡Incluso antes del lanzamiento del plan de impuestos!" que ha prometido. El presidente ha anunciado un agresivo plan de estímulo fiscal a través de la rebaja de impuestos y una multimillonaria inversión en infraestructura y defensa.
Los analistas temen que ese plan pueda generar mayor endeudamiento público y forzar a la Reserva Federal (Fed) a acelerar su ritmo de ajuste monetario.



The Economist
Trump y el dólar
El “trumpismo” es, en parte, la expresión del hartazgo de Estados Unidos por sobrellevar cargas que asumió hace 70 años. Una de ellas es el rol del dólar como estándar monetario mundial. El billete verde es uno de los pilares más vulnerables de la estabilidad global, y el mundo no está preparado para que abandone su rol en las finanzas internacionales.
A diferencia de otros aspectos de la hegemonía estadounidense, la relevancia del dólar ha aumentado con la globalización. Bajo el sistema de Bretton Woods, diseñado para el mundo de posguerra, las economías occidentales fijaron sus tipos de cambio al dólar, cuyo valor fue a su vez fijado al precio del oro. Tras la fractura de este sistema debido a las presiones inflacionarias de los años 70, el dólar incrementó su influencia.
En los 80 y 90, la apertura de las economías elevó los flujos de capitales y los gobiernos comenzaron a buscar estabilidad cambiaria mediante el manejo del tipo de cambio a través de la acumulación de reservas internacionales, que en buena parte constituyen activos denominados en dólares. Por ello, a los gobiernos les preocupan más las fluctuaciones del dólar que las de otras divisas.
Además, el comercio se realiza con frecuencia en dólares y las empresas y gobiernos tienen deudas en esa moneda por unos US$ 10 millones de millones. En suma, el dólar sigue siendo la principal divisa “ancla” para limitar la volatilidad.
Como resultado, Estados Unidos posee un enorme poder financiero, y puede causar estragos si contrae su suministro de dólares. Cuando la Reserva Federal (Fed) modifica su política monetaria, los efectos se sienten a nivel global. Hélène Rey, de la Escuela de Negocios de Londres, señala que muchas economías han perdido el control de sus propias políticas monetarias debido al efecto de las medidas de la Fed sobre el apetito global por el riesgo.
El retorno que recibe Estados Unidos sobre sus activos foráneos es más alto que el que los inversionistas foráneos ganan sobre sus activos estadounidenses —los gobiernos poseen miles de millones de reservas en activos en dólares, pero que ofrecen retornos bajos, como los bonos del Tesoro—. Ese flujo de inversión hace posible que Estados Unidos pueda tener persistentes déficits en cuenta corriente.
Esto se ha convertido en un privilegio que Estados Unidos parece ansioso por desechar. Si bien tener una moneda sobrevaluada y déficits comerciales no preocupa a sus consumidores, sí es doloroso para sus productores. En las últimas dos décadas, las importaciones han crecido más que las exportaciones y los nuevos empleos en sectores exportadores no han logrado absorber a los trabajadores desplazados por la creciente competencia extranjera.
Este privilegio también profundiza las desigualdades, pues las pérdidas de empleos afectan a los trabajadores mientras que las inversiones voluminosas benefician a los estadounidenses con grandes portafolios. En vista de que los ricos están menos inclinados a gastar un dólar extra que los trabajadores, este viraje en recursos debilita la demanda interna y, por ende, el crecimiento económico.
A esto se suman los dolores de cabeza generados por las bajas tasas de interés en dólares. Algunos economistas estiman que esto refleja que el apetito global sobrepasa la oferta de activos seguros que Estados Unidos provee —bonos gubernamentales—. A medida que los precios de estos bonos aumentan, sus tasas se reducen a casi cero, lo cual deja a los bancos centrales con menos margen para estimular sus economías.
Una solución benigna parece obvia: el dólar debiera compartir su rol con otras divisas. Pero uno de los candidatos, el yuan, está impedido de hacerlo por las restricciones existentes en los mercados financieros chinos; aparte que una mayor dependencia en China no es una opción atractiva para gobiernos que buscan reducir su exposición a regímenes autoritarios y adversos a la transparencia.
La otra alternativa es el euro, pero su rol está restringido por un riesgo político existencial y la escasez de bonos seguros en esa moneda. Además, las grandes economías tienen mucho que perder si la hegemonía monetaria estadounidense llegase a su fin: por ejemplo, sus políticamente convenientes superávits comerciales y sus enormes tenencias de activos en dólares.
La historia sugiere dos maneras en las que Donald Trump podría minar el rol del dólar. Bretton Woods se desarmó debido a un fallo fatal: los gobiernos estaban desesperados por obtener dólares pero al emitir más, Estados Unidos exportó su inflación, haciendo insostenible la fijación del valor de su divisa al oro.
De manera similar, si Trump reduce los impuestos e incrementa el gasto, y esto genera mayores déficits fiscales e inflación, los activos estadounidenses podrían perder su lustre. Sería una vuelta a los años 70: Estados Unidos tendría precios y tasas de interés al alza, pero se habría librado de su de­sorbitante carga.
Otra opción es que el dólar siga la ruta que tomó el patrón oro en el periodo de entreguerras. Ese sistema colapsó en medio de la ruptura de la colaboración internacional, pues las economías no competitivas elevaron sus aranceles y luego se retiraron del sistema mediante la implementación de controles de capitales. Sería trágico que se olviden las lecciones de la historia y tengan que aprenderse nuevamente.