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MEDIA
COLUMNA
Días sombríos
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no investigará al juez César San Martín, qujen presidió la
sala que archivó el juicio a Ollanta Humala por las violaciones de derechos
humanos en Madre Mía.
La decisión tomada por el CNM es por cuatro votos
contra tres. Cuatro -Orlando Velásquez, Baltazar Morales, Herbert Marcelo y
Elsa Aragón- sostuvieron que el caso ha prescrito. Los otros tres -Iván Noguera,
Julio Gutiérrez y Guido Aguila, el presidente del CNM- argumentaron que los crímenes
de derechos humanos no prescriben. Es lo que sostiene la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Independientemente del juicio que merezca esta decisión,
ella tiene lugar precisamente cuando salen a la luz pública los audios de la
compra de testigos en el caso Madre Mía y la opinión pública se halla estupefacta
ante las atrocidades que estos testigos narran.
Ya se hablaba entonces
de la presunta compra de testigos, pero el juez San Martín alega que el caso fue archivado porque no se tuvo conocimiento
de los audios que hoy aparecen. Esta afirmación del juez va a ser objeto de larga
controversia. Los audios revelan hoy que los testigos fueron comprados para
desdecirse.
Habrá un nuevo juicio. Los días sombríos no han
hecho sino comenzar. Al magistrado este caso lo seguirá de por vida.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
La República
El Ministerio Público o
Procuraduría General de Brasil compartirá a partir del 1° de junio con el Perú,
y otros 10 países, las declaraciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht sobre la corrupción en el extranjero,
pero estas no serán de conocimiento público por ahora.
Rodrigo Janot, el procurador general de Brasil, cargo
equivalente al de fiscal de la Nación en el Perú, notificó al doctor Pablo
Sánchez que ha solicitado al Supremo Tribunal Federal de Brasil que mantenga el
sigilo o secreto de esas declaraciones.
El 15 de mayo la
fiscalía peruana tuvo conocimiento de que la entrega de información, en el
marco del acuerdo de delación premiada y la cooperación judicial internacional,
estaría supeditada a que la fiscalía de cada país, incluyendo el Perú, firme un
acuerdo expreso de no procesar a los ejecutivos de Odebrecht por sus propias
declaraciones. Si no se firma ese acuerdo no se compartirá la información y los
ejecutivos de Odebrecht podrán
negarse a ratificar o ampliar sus declaraciones.
Gestión, Reuters
La espera llega a su fin. El procurador general de
la República de Brasil, Rodrigo Janot, confirmó que el 1 de junio entregará la
información -que hasta el momento es secreta- sobre las delaciones de los
ejecutivos de Odebrecht a los países que hicieron pedidos de cooperación
internacional, informó el diario O Globo.
Estos son: Chile, Argentina,
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.
Janot solicitó también al Supremo
Tribunal Federal de Brasil (STF) aplicar el
resguardo de confidencialidad de la colaboración eficaz (delación premiada) de
los ejecutivos de Odebrecht por involucrar hechos ocurridos fuera del país.
Las solicitudes de delaciones en
Brasil solo pueden atenderse seis meses después de que termine el plazo
contractual de resguardo por el caso Odebrecht, suscrito el pasado 1° de
diciembre del 2016. Este vencimiento de plazo, según Janot, no quita la
situación de información en reserva de estas informaciones, sobre todo de
aquellas que serán enviadas al extranjero.
En total, hay un conjunto de 25
pedidos y una investigación por estas delaciones que deben permanecer en
reserva.
El Comercio
Odebrecht, la punta del iceberg
Ian Vásquez
Cuando Brasil revele a principios de
junio los nombres de los funcionarios y políticos en 11 países sobornados por Odebrecht, paralizará aun más a varias de esas naciones. Provocará
además nuevas preguntas acerca del funcionamiento y naturaleza de lo que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llamado “El caso de soborno
internacional más grande de la historia”. Estamos por darnos cuenta de que lo
que sabemos de Odebrecht es solamente la punta del iceberg.
Lo que sabemos es que desde la década pasada la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó miles de millones de dólares en coimas para ganar contratos multimillonarios de infraestructura y obras públicas en 12 países (diez en América Latina y dos en África). Así llegó a corromper a la administración y a las finanzas públicas, a la justicia y a los partidos y campañas políticas a lo largo de la región.
Sabemos también que la empresa y los políticos involucrados se enriquecieron con el apoyo oficial e ilícito del Estado brasileño. A través de Petrobras se ganaron contratos de manera ilegítima, y a través del banco estatal de desarrollo BNDES se apoyaron numerosos proyectos financieramente cuestionables. Tal como documentó Mary O’Grady del “Wall Street Journal”, para el 2014, el apoyo financiero del banco a Odebrecht fuera de Brasil se disparó a US$1.000 millones.
Mucho de lo que sabemos se debe al acuerdo judicial entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UU. que se dio a conocer en diciembre. Sin embargo, Leonardo Coutinho, editor de la revista brasileña “Veja” y uno de los principales periodistas que investiga el caso, sugiere que ese acuerdo podría estar “lejos de representar la real dimensión” del asunto.
Basándose en otros testimonios más recientes de ejecutivos de Odebrecht, por ejemplo, Coutinho toma nota de que entre el 2006 y el 2014 la empresa pagó US$3.300 millones en sobornos. Pero en algún momento, el valor de las coimas empezó a sobrepasar el valor de las ganancias de la compañía. Documenta Coutinho que en el 2006, Odebrecht pagó US$60 millones en coimas y lucró US$59 millones. En el 2011, desembolsó US$520 millones en sobornos, pero solo obtuvo una ganancia neta de US$24 millones. En el 2013, los pagos ilegales llegaron a US$730 millones, más de tres veces el valor de las ganancias. Las coimas en el 2014 (US$450 millones) más que duplicaron el lucro.
¿Dónde se originó ese dinero y para qué sirvió? Parece que para mucho más que lo que hasta ahora se reconoce. El análisis de Coutinho sugiere que Odebrecht podría haber sido una estructura para el lavado de dinero a gran escala. Podría además haber sido usado para fines ideológicos. Odebrecht hizo pagos ilícitos a todo tipo de políticos y gobiernos en la región, pero, según Coutinho, fueron los gobiernos de izquierda los que utilizaron este financiamiento de la manera más astuta.
Odebrecht financió la campaña presidencial de Mauricio Funes, quien abrió las puertas para que el FMLN se apoderara nuevamente de El Salvador. Allí y en el Perú, Venezuela y Colombia, se enviaron asesores políticos cercanos al presidente brasileño Lula da Silva y se desembolsaron dineros sucios de Odebrecht. El Ecuador de Correa y la Argentina de los Kirchner recibieron US$33 millones y US$35 millones, respectivamente. Y no solo fue Odebrecht sino otras empresas brasileñas que hacían lo mismo con el respaldo del sistema político brasileño. Estamos por descubrir cuáles otros países, bancos, abogados y demás individuos e instituciones hasta ahora no vinculados a este escándalo también caerán.
(…)
Lo que sabemos es que desde la década pasada la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó miles de millones de dólares en coimas para ganar contratos multimillonarios de infraestructura y obras públicas en 12 países (diez en América Latina y dos en África). Así llegó a corromper a la administración y a las finanzas públicas, a la justicia y a los partidos y campañas políticas a lo largo de la región.
Sabemos también que la empresa y los políticos involucrados se enriquecieron con el apoyo oficial e ilícito del Estado brasileño. A través de Petrobras se ganaron contratos de manera ilegítima, y a través del banco estatal de desarrollo BNDES se apoyaron numerosos proyectos financieramente cuestionables. Tal como documentó Mary O’Grady del “Wall Street Journal”, para el 2014, el apoyo financiero del banco a Odebrecht fuera de Brasil se disparó a US$1.000 millones.
Mucho de lo que sabemos se debe al acuerdo judicial entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UU. que se dio a conocer en diciembre. Sin embargo, Leonardo Coutinho, editor de la revista brasileña “Veja” y uno de los principales periodistas que investiga el caso, sugiere que ese acuerdo podría estar “lejos de representar la real dimensión” del asunto.
Basándose en otros testimonios más recientes de ejecutivos de Odebrecht, por ejemplo, Coutinho toma nota de que entre el 2006 y el 2014 la empresa pagó US$3.300 millones en sobornos. Pero en algún momento, el valor de las coimas empezó a sobrepasar el valor de las ganancias de la compañía. Documenta Coutinho que en el 2006, Odebrecht pagó US$60 millones en coimas y lucró US$59 millones. En el 2011, desembolsó US$520 millones en sobornos, pero solo obtuvo una ganancia neta de US$24 millones. En el 2013, los pagos ilegales llegaron a US$730 millones, más de tres veces el valor de las ganancias. Las coimas en el 2014 (US$450 millones) más que duplicaron el lucro.
¿Dónde se originó ese dinero y para qué sirvió? Parece que para mucho más que lo que hasta ahora se reconoce. El análisis de Coutinho sugiere que Odebrecht podría haber sido una estructura para el lavado de dinero a gran escala. Podría además haber sido usado para fines ideológicos. Odebrecht hizo pagos ilícitos a todo tipo de políticos y gobiernos en la región, pero, según Coutinho, fueron los gobiernos de izquierda los que utilizaron este financiamiento de la manera más astuta.
Odebrecht financió la campaña presidencial de Mauricio Funes, quien abrió las puertas para que el FMLN se apoderara nuevamente de El Salvador. Allí y en el Perú, Venezuela y Colombia, se enviaron asesores políticos cercanos al presidente brasileño Lula da Silva y se desembolsaron dineros sucios de Odebrecht. El Ecuador de Correa y la Argentina de los Kirchner recibieron US$33 millones y US$35 millones, respectivamente. Y no solo fue Odebrecht sino otras empresas brasileñas que hacían lo mismo con el respaldo del sistema político brasileño. Estamos por descubrir cuáles otros países, bancos, abogados y demás individuos e instituciones hasta ahora no vinculados a este escándalo también caerán.
(…)
Gestión
Recientemente, el
presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, hizo público un pedido
para que las empresas asociadas a Odebrecht en proyectos de infraestructura no
participen en el proceso de reconstrucción del norte del Perú.
Esto provocó que la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
pida una posición oficial a la constructora Graña y Montero, que fue socia de
Odebrecht en muchos proyectos tales como el Gasoducto Sur Peruano (GSP),
lo cual se dio mediante un Hecho de Importancia enviado en la víspera.
“La compañía
considera que a la fecha no es posible emitir una opinión al respecto en tanto
la decisión de participar en algún proyecto del proceso de reconstrucción
dependerá de una evaluación que realizará la compañía”, indicó.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La vocera alterna de
Fuerza Popular, Lourdes Alcorta, afirmó que la
ministra de Salud, Patricia García, será la siguiente
funcionaria del Ejecutivo que será interpelada por el Congreso de la República.
Como se recuerda, su colega de bancada Segundo Tapia también se mostró a favor
de interpelar a la titular del Minsa.
Sin embargo, en diálogo con El Comercio, Daniel Salaverry
informó que Fuerza Popular no ha recibido ningún pedido formal para interpelar
a García. “No existe ninguna
posición ni pedido formal ni del congresista Tapia ni de ningún otro
congresista que se haya hecho en la bancada o en el Congreso”, aseveró.
El Comercio
Columna de Pedro Tenorio
Si Keiko Fujimori cree que basta esperar a que el
Ejecutivo colapse para llegar a Palacio de Gobierno, se equivoca. Si piensa que
la dureza con que su bancada trata a Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros alientan su subida en
las encuestas (de 38% a 42%, según GFK) y que eso garantiza su triunfo
electoral en el 2021 (o antes), también se equivoca.
(…)
¿Le conviene ser vista como verdugo de un gobierno
paralizado por el miedo y que no sabe destrabar inversiones mientras renuncia a
cualquier afán reformista? ¿Se va a dejar encasillar así, lo que merece hoy el
aplauso del 42% de encuestados, pero con el que no ganaría una elección?
(…)
(…)
Y más cuando estamos ad portas de conocer nuevas
revelaciones del Caso Lava Jato, que se dice llegarán desde Brasil a partir de
junio.
(…)
La República
Columna de Mirko Lauer
¿Por qué Keiko Fujimori
sube cuatro puntos en la encuesta GfK de mayo, luego de dos meses de
estancamiento? Quizás la está ayudando haber seguido el consejo de su hermano
Kenji, quien sube cinco puntos. El consejo consiste en concentrarse en el
pedido de libertad para Alberto Fujimori, una causa popular en las encuestas.
El
tema es algo revitalizador, pero no tiene muchas posibilidades. Entre otras
cosas porque el consejo del hermano está siendo seguido de manera incompleta.
Da la impresión de que Kenji Fujimori imagina una solución dentro de un esquema
de acercamiento FP-PPK, y lo que estamos viendo es una estrategia de
confrontación.
El
problema de Keiko Fujimori es que necesita las dos cosas: haber vuelto a
interesarse por la libertad del padre la beneficia, pero también necesita el
clima de ofensiva mototaxista, que luego de la derrota del 2016 se ha vuelto el
símbolo de su liderazgo. El hábeas corpus ha descolocado al hermano, pero acaso
no por mucho tiempo.
Confrontar
al Ejecutivo es un arma de alcance limitado. Digamos que puede herir, pero no
puede matar, y afecta al confrontador. El escenario de una docena o más de
ministros censurados sería simplemente ridículo. Lo mismo soltar un huaico de
leyes frente a las cuales el Ejecutivo puede arrastrar los pies.
Hay
muchos comentarios en el sentido de que el Ejecutivo es políticamente torpe, y
algunos de ellos tienen razón. Pero también hay que fijarse en el poco sentido
de las iniciativas estratégicas del fujimorismo, que suelen pintarlo como un
club de amigos buscando tareas políticas provechosas, y rara vez
encontrándolas.
Dedicarse
a ganar simbólicamente la elección que ya pasó no es una buena estrategia para
ganar la próxima elección. Por lo pronto la confrontación está desgastando a
sus dos protagonistas, creando vacíos que a la vez son públicos electorales
interesados en otra cosa. El 2021 no puede ser una repetición del 2016, para
nadie.
Un
problemita más: el consejo del hermano no es una estrategia para ganar el 2021,
sino para obtener la libertad de su padre. El peso político de un Alberto
Fujimori suelto en plaza es una cantidad desconocida. Confrontar a Pedro Pablo
Kuczynski es la mejor manera de no tener que llegar a conocerla. La espada y la
pared, una vez más.
