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lunes, 17 de octubre de 2016

ESTA NOCHE lunes 17 octubre 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


ESTA NOCHE
En defensa del Congreso

Jorge Trelles Montero


Los congresistas tienen a su cargo la labor más importante de un Estado democrático: la legislativa, que, además, en el modo y forma adecuados, supone modificar la Constitución misma del Estado. Seguramente es por esto que aquella dispone que los parlamentarios son los funcionarios públicos de más alta jerarquía después del presidente de la República y antes que los ministros de Estado. Además de esta función, fiscalizan al poder Ejecutivo, incluido el antejuicio constitucional –que lo lleva a la fiscalización también del Poder Judicial-, confirman al Consejo de Ministros y, a través del simple pero sutil juego de la mayoría y la oposición, aseguran el debate político propio del Estado democrático, sin el cual este pierde su carácter de tal.

Es tal su importancia que nuestra Constitución expresamente señala que no representan a nadie sino tan solo a la Nación y especifica, luego, que no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación y que no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Por la misma razón, gozan de inmunidad para ser procesados o apresados, salvo que el Congreso lo autorice. Por último, para el caso de las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes a través de la Comisión de Etica –y cuando no se trata de posibles delitos o infracciones a la Constitución-, se impone la restricción de que, si estas implican suspensión de funciones, no pueden exceder de 120 días de legislatura.

Esta solida armadura constitucional no es, de otro lado, creación peruana sino que proviene de siglos de lucha en Occidente por lograr que los representantes elegidos por el pueblo tengan armas para legislar libre y responsablemente a favor de este y combatir contra los intereses poderosos de la nobleza y los militares, en un principio, pero hoy contra la multitud de intereses oligárquicos que, de prevalecer, hacen imposible una verdadera sociedad democrática.

Si bien nuestros congresistas provienen de partidos políticos, no se deben a ellos, por mandato expreso de la Constitución que, repito, señala que representan al pueblo. En esto se parecen al presidente de la República que “personifica a la nación”. Y esto porque, terminado el tiempo de elecciones donde los candidatos sí representan a sus partidos, comienza el periodo mayor de gobierno donde libremente deben actuar pensando ya no en su partido, sino en la Nación.

Estas reflexiones sobre la prioridad de los deberes de función sobre los deberes partidarios en el caso de los congresistas vienen al caso porque, por motivaciones seguramente partidarias y explicables, pero no justificables aún desde esa perspectiva limitada, se ha modificado el reglamento del Congreso permitiendo que, a través del reglamento de los grupos parlamentarios, se sancione a los que se apartan o son expulsados de estos con la disminución de sus facultades de congresista.
Antes que nada, esta disposición viola la esencia del Congreso, que consiste en el libre intercambio de ideas en busca de consensos, yendo al final al voto pero con respeto absoluto de la discrepancia del otro.

Nada se añade con esto a la lucha contra la corrupción posible de los congresistas porque eso debe mejorarse, en todo caso, con la revisión del Código Penal. Por el contrario, esto viola la protección constitucional del congresista al ponerlo a merced de una mayoría dentro del grupo parlamentario que se mueve por motivaciones partidarias; que, además, es contradictoria con la definición misma de grupo parlamentario que, a estar por el artículo 27 del reglamento del Congreso, es “un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses afines”. Es obvio que, si las ideas o intereses no son ya comunes, este deba desaparecer sin sanción alguna para los que lo conformaban.

Por último, esta modificación del Reglamento del Congreso viola groseramente la Constitución, ya que permite que un tercero, que no es alguno de los posibles jueces de un congresista, lo sancione y además con una sanción permanente que la Constitución prohíbe para el caso de las faltas disciplinarias.

Como abogado sé que, de hacerse efectivo este poder de la mayoría de los grupos parlamentarios, rápidamente veríamos la interposición de recursos de amparo por los afectados. Me pregunto: ¿le conviene al Congreso dejar que un fuero distinto al suyo lo vuelva posible moneda de todos los días?

Grave error pretender acallar la discrepancia partidaria o de grupo llevándola, además, al seno del Congreso. En mi larga actividad política, siempre he visto la discrepancia y las alas en los partidos y los grupos políticos. De niño recuerdo las discrepancias entre odriistas y partidarios de Zenón Noriega ¡en plena dictadura! Y desde allí puedo decir que donde hay actividad política siempre ha habido alas y tendencias. Felizmente, nunca fueron sancionadas.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
Fuentes de crédito aseguran a EXPRE­SO que detrás de todos los actos de violencia en Las Bambas hay infiltrados vinculados a Sendero Luminoso y que actúan bajo la máscara de la ONG “Inkarri SLAM”, representante oficial en el Perú de la or­ganización islamista Hezbolá.
Su representante legal en el Perú es Edwar Quiroga Vargas, un alumno de derecho de la Universi­dad Tecnológica de Los Andes y cuyo enclave estratégico está en la provin­cia de Cotabambas, jurisdicción en la se ubica el yacimiento minero más importante de Sudamérica y que para operar necesitó alrededor de 10 mil millones de dólares.
Quiroga Vargas no actúa solo, según la fuente. Se ha unido a Edwar Asad, un conocido violentista argentino-iraní que desde el 2011 visita nuestro país y concretamente se hospeda en la casa de una pareja de docentes de la Univer­sidad Nacional Micaela Bastidas.
Señala la misma fuente que, desde ese año hasta ahora, llega a Apurímac entre los meses de junio y julio para visitarlos y dar sus acostumbradas “charlas” en las aulas a inexpertos jóvenes cuya ignorancia en lides po­líticas es aprovechada por los citados activistas del islam.
Pero ellos no actúan solos. Su impuni­dad alcanza el apoyo de otra ONG. Se trata de Cooperacción, la misma que operó en Conga desde hace diez años y desde hace cinco años está presente en el distrito de Haquira.
La fuente de financiamiento no es un misterio, pues se sabe que reciben el apoyo del exte­rior, de grupos muy interesados que la inversión minera se caiga en el Perú.
Esta nueva forma de terrorismo pare­ce no haber sido vista o advertida por los mandos de la policía antiterrorista (Dircote).
Quiroga Vargas, se­gún el informante que habló con este diario a condición de guardar su identi­dad en reserva, ha pertenecido a Sen­dero Luminoso y hoy impulsa la lectura del Corán al punto de haber llevado a Irán a más de veinte estudiantes de la Universidad Micaela Bastidas.
“Hoy, a su regreso, Quiroga Vargas di­funde las ideas radicales de los islamis­tas y ahora promete estudios en Irán para 40 muchachos, de preferencia 20 mujeres. ¿Cuáles son las intenciones?”, agrega el informante.
El exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca estuvo preso por la asonada en Espinar que dejó varios muertos y heridos y es­taría ligado a los sucesos de Las Bambas.



Peru21
Historia conocida
Juan José Garrido
Lo de Las Bambas es historia conocida. Tambogrande, Cerro Quilish, Conga, Tía María, Santa Ana… en todos ha sucedido lo mismo: un agitador que viene de otra zona a presentarse como líder de la comunidad, la búsqueda de una excusa (de preferencia ambiental) y el comienzo de demandas imposibles de cumplir.
Luego, las mesas de concertación (destinadas a demostrar que existe una desavenencia entre la empresa y la comunidad), y de ahí a buscar el enfrentamiento. Muertos y heridos, aunque parezca increíble, son parte del juego para quienes medran de estas historias, pero son indispensables, ya que solo así logran el objetivo central: paralizar el proyecto.
El fin de estos grupos es paralizar el extractivismo. Lo dicen abiertamente en sus páginas web, en entrevistas. Revisen el Twitter de Marco Arana o la web de CooperAcción.
Entonces, ¿es ideológico? Por supuesto. ¿Es ambientalismo? Para algunos, sí; pero para la mayoría es el disfraz perfecto. ¿Es político, económico? De esto no tengan dudas. El gran fin detrás de estos episodios es la búsqueda de rentas políticas y económicas. ¿Dónde acaban los líderes de estos enfrentamientos? De alcaldes, gobernadores, congresistas y, por supuesto, con ONG financiadas por suecos y alemanes. En el caso de Las Bambas, ¿quién es el vocero de la comunidad campesina? Rodmy Cabrera, nacido en Camaná (Arequipa) y que estudió Comunicaciones y Marketing Político en Argentina.
(…)



El Comercio
A inicios de agosto, varias comunidades campesinas aledañas al yacimiento bloquearon la vía de cinco metros de ancho que conecta la mina con la comunidad de Quehuira, y por donde circulan aproximadamente 250 camiones diarios cargando el mineral extraído.
Las comunidades tienen diferentes reclamos; uno de ellos es el que vienen exigiendo desde el año pasado. Según el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, se busca anular las modificaciones efectuadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 por Glencore (anterior operador, ahora es la chino-australiana MMG), debido a que no habrían sido debidamente explicadas a la población de su zona de influencia.
Otro de los motivos de las protestas de las comunidades –y por el que se desató el enfrentamiento del viernes– está relacionado a una vía (trocha) que la mina utiliza para el tránsito de camiones con mineral. Los comuneros de Quehuira, Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca aseguran que cedieron el terreno de la vía para que, en la fase de construcción, se traslade maquinaria y operarios a la zona. Según refieren, para la etapa de producción, la empresa se había comprometido a construir un mineroducto para transportar los minerales extraídos sin camiones.
En agosto de este año las comunidades bloquearon la vía por 10 días debido a este reclamo. .
Respecto al mineroducto, la empresa afirma que su construcción está postergada debido a que su implementación estaba asociada a la existencia de un proyecto integrado de dos minas: Las Bambas y Antapaccay. Sin embargo, por razones de mercado, los proyectos fueron divididos.
Tras los últimos bloqueos de la vía, el 7 de setiembre el gobierno acordó instalar una mesa de diálogo el 6 de octubre.



El Comercio
Anoche, a través de un video difundido por Internet, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, confirmó que el plan de operaciones que se aplicó el viernes pasado en los alrededores de la mina Las Bambas, en Apurímac, no contó con la aprobación de la Dirección General de la policía.
Ese día, durante un enfrentamiento entre los agentes y comuneros que tienen varios reclamos contra la mina, falleció el campesino Quintino Cereceda Huisa, de 42 años.
Basombrío informó que, de acuerdo con los peritajes, este comunero murió a consecuencia de una bala que le atravesó la cabeza.
El ministro del Interior detalló que hasta el momento se han hallado irregularidades en las acciones de los coroneles de la policía Juan Sarango Laya, jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones, y Claudio Zúñiga Sánchez, jefe de la División Policial de Abancay.
Según la Inspectoría de la PNP, Sarango aprobó “unilateral e inconsultamente” un plan de operaciones de la Dirección de Policía de Apurímac sin dar cuenta a sus superiores de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales ni al director general de la PNP.
Por su parte, el coronel Zúñiga nunca presentó una orden de operaciones para el plan que aprobó Sarango. Este documento fundamental debía contener opiniones de inteligencia que determinaran la viabilidad de la operación del viernes.
“Ambos oficiales habrían cometido faltas muy graves que podrían incluso ser sancionadas con la baja de la institución”, dijo Basombrío.
Carlos Basombrío criticó también que el coronel Claudio Zúñiga haya solicitado maquinaria de la empresa MMG Las Bambas, que opera la mina y que era una parte interesada en el conflicto con los comuneros, durante la operación.
“Debemos señalar nuestra preocupación por la aceptación de la empresa a este pedido, más aun cuando el proceso de negociación seguía en curso y se tenía acordada una reunión [para hoy]”, añadió el ministro.
El Comercio intentó comunicarse con representantes de MMG Las Bambas para que se pronuncien al respecto. No obstante, no respondieron nuestras llamadas.
La fiscalía tomará pruebas de absorción atómica a los 150 policías que participaron en la operación y se llevarán a cabo peritajes a sus armas para determinar quiénes dispararon en Tambobamba.
“El plan de operaciones, para ser ejecutado de acuerdo a los procedimientos policiales vigentes, requería de la elaboración de una orden de operaciones, consignando los detalles de la misma con base a las apreciaciones de inteligencia y la necesidad inminente de ejecutarla. Este documento debió ser elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue elaborada y, por tanto, nunca fue presentada para su aprobación. Por lo tanto, en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente”, dijo el ministro, Carlos Basombrío.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Orgullo y perjuicio
Fernando Berckemeyer
En la economía, como en la vida, es posible correr en el sitio. Correr por correr. No en ambas, sin embargo, tiene sentido hacerlo. Para moverse invariablemente hay que gastar recursos y, cuando se trata de economía, nadie quiere adelgazar.
Pese a lo anterior, las personas asumimos muchas veces que todo movimiento hace crecer la economía: que todo “meterle plata”, todo gasto, la enriquece. Especialmente cuando hablamos de infraestructura pública. La infraestructura despierta un pensamiento mágico que, resumidamente, dice así: “Si es infraestructura, siempre suma”.
Desde luego, este último no es el caso. Todo depende de si lo que se construye sirve para satisfacer necesidades por un valor más grande que el del dinero que costó. Cuando sucede lo contrario, lo que se construye en realidad es un hueco en el que desaparece una porción de los recursos públicos: una porción igual a la diferencia entre lo que la infraestructura costó y el valor de las necesidades que sirve para satisfacer.
La trampa de la infraestructura está en esa visibilidad suya que la diferencia de otros gastos. Digamos, por ejemplo, que un puente genera un valor de 20 a la sociedad (porque satisface necesidades por ese valor), pero tuvo un costo de construcción de 80. Es un problema que lo único que veamos cada vez que miramos el puente sea una construcción que cuesta 80. Lo que en realidad tenemos al frente es un hueco de 60. Pero el hueco no se ve; solo se ve el puente. Y esto lo acostumbran tomar en cuenta los políticos cuando construyen puentes.
Peor aún, no es únicamente que el hueco no se vea; tampoco se suele sentir. Al salir del bolsillo de todos, el dinero del puente no salió del bolsillo de nadie en particular. Luego, nadie en particular tuvo interés en asegurarse de que la construcción dejara un saldo positivo. Esta es una de las principales razones por las que ahí donde es posible que haga algo la inversión privada, hay que preferirla. El privado, cuando invierte, se juega lo suyo: cualquier hueco que construya será un hueco (exclusivamente) en su bolsillo. Lo que hace menos probable que los privados construyan huecos. Salvo, claro, cuando están aupados por el Estado, que es cuando el mal negocio se puede volver bueno, cortesía del público.
Con esto no pretendo decir que no haya proyectos que se justifiquen únicamente por la inclusión que generan para un grupo. Pero cuando ese es el caso, hay que decirlo así y fundamentar muy bien que estamos ante la manera más eficiente de dar la ayuda buscada, pues cada hueco construido en el todo de la economía significa menos recursos para incluir a otras personas.
Pues bien, todo apunta a que los peruanos estamos construyendo varios megahuecos. Un ejemplo es el gasoducto. Un proyecto subsidiado por el Estado de más de US$7.000 millones para transportar un mínimo de 500 millones de pies cúbicos de gas diarios hacia una demanda todavía desconocida.
Otro ejemplo son los Panamericanos. S/4.125 millones. Hasta ahora el mayor ejemplo que se ha dado de que ha habido algún esfuerzo serio de cálculo alrededor del proyecto ha probado lo contrario: la Villa Panamericana a construirse por S/761 millones. Luego de usarse se venderá como departamentos, se dice. Pero el metro cuadrado en la zona cuesta casi la mitad del costo de construcción por metro de la villa. Entonces, mucho más que una villa, ahí habrá un hueco de más de S/380 millones. Y es una lástima que lo visible vaya a ser solo lo primero. Más tiempo conviviremos los peruanos –incluyendo nuestros deportistas– con lo segundo.
Por otra parte, justificar el proyecto con el empleo que generará solo supone replicar para el empleo el pensamiento mágico de la infraestructura. Si el empleo fuese positivo para la economía al margen de lo que sirve para producir, lo que deberíamos hacer es que toda la construcción de los Panamericanos se haga sin maquinaria moderna. Como dice una ya proverbial anécdota económica, cavando con cucharitas se produce mucho más empleo que con tractores.
Igual que la infraestructura, el empleo no se puede desconectar de lo que produce para saber si lo que deja a la economía vale más de lo que le cuesta.
Con todo, el peor de los argumentos dados para justificar a priori megaobras así es el del orgullo nacional (“dignidad nacional”, se llegó a decir con la refinería de Talara; “prestigio internacional”, se dice con los Panamericanos). El orgullo de un país con 22% de pobreza debería ser rechazar este tipo de proyectos.
La economía, en fin, tiene sus cosas. Una muy significativa es esta: en ella correr en el sitio es correr para atrás.



El Comercio
¿Ajustar o no ajustar?
Alonso Segura
La decisión de retirar el estímulo fiscal no está exenta de riesgos, pero parece ser la correcta teniendo en cuenta la coyuntura. En sus recientes perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la reactivación mundial es aún débil y plagada de riesgos. Esto, en un mundo sin motores claros de crecimiento.
En situaciones como esta, es recomendable un impulso al crecimiento de parte del sector público. La política fiscal, por ejemplo, se vuelve temporalmente expansiva, es decir, el gasto público aumenta por encima del crecimiento de ingresos. La capacidad que tienen los países de adoptar estas políticas, sin embargo, depende de una serie de factores.
En el caso de América Latina, salvando algunas diferencias entre países, el FMI ya no ve mucho espacio para estas políticas expansivas. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales de los países han caído, los déficits fiscales han aumentado, sus deudas públicas están en trayectoria ascendente y como tienen tasas de crecimiento menores, esto genera un círculo vicioso.
En el caso del Perú, la política fiscal expansiva ha contribuido a estabilizar la economía y ayudado a su reactivación desde su punto más bajo en el 2014. Sin embargo, la capacidad de respuesta fiscal con la que contamos, tres años después, ya no es la misma, aun cuando estamos en mejor posición que la mayoría. El objetivo era encaminar la economía y tender un puente hasta que la inversión privada se recupere y tome la posta como motor de crecimiento.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió a comienzos de mes un decreto supremo para limitar el gasto público, de manera que se cumpla el 3% de déficit fiscal este año, regla vigente luego de las recientes modificaciones al marco fiscal. Esta necesidad no surge porque el gasto público esté creciendo por encima de lo proyectado para el año, pues está en línea. Lo que ha ocurrido es que los ingresos vienen por debajo de lo esperado, si bien una parte importante es por devoluciones extraordinarias de impuestos, lo cual es transitorio y autocorrectivo.
Hay quienes señalan que en este dilema entre continuar apoyando el crecimiento y garantizar la responsabilidad fiscal, se debería privilegiar lo primero. En puntos de quiebre como el actual, y con incertidumbre sobre el futuro, es una cuestión de opinión. También es opinable hasta dónde es permisible un déficit fiscal en apoyo del crecimiento, o cuál es una trayectoria responsable de consolidación fiscal.
Sin embargo, analicemos la situación actual. La economía está acelerándose hace casi dos años y está creciendo por encima del 4%. Las expectativas empresariales y del consumidor están en terreno de optimismo, lo cual apunta a una recuperación gradual de la inversión privada y a una aceleración del consumo. Estos argumentos avalan la posición que opta por trasladar la posta del impulso al crecimiento de la política fiscal a la inversión privada.
Tampoco olvidemos que una política fiscal expansiva no puede ser permanente ni puede seguir siendo expansiva independientemente del nivel del déficit fiscal. Más aun, en un mundo incierto, es prudente ir recomponiendo nuestras defensas fiscales para poder responder a choques futuros.
¿Hay un riesgo en equivocarse y ajustar muy pronto? Evidentemente, sí. No obstante, las magnitudes de consolidación planteadas en la nueva trayectoria fiscal propuesta por el gobierno son modestas. El riesgo mayor está del otro lado. Lo que no podemos hacer es comprometer la credibilidad fiscal del país. En esa línea, no es momento de arriesgar ingresos con medidas tributarias de dudoso éxito. Eso sí sería tomar riesgos innecesarios.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
Siguen las revelaciones en el Seguro Integral de Salud (SIS). Por atender en el servicio de emergencias, al menos 15 clínicas privadas capitalinas recibieron el pago de más de 20 millones de soles amparándose en la modificación de la Ley General de Salud, que señala la obligación de los establecimientos de salud de dar atención médica en casos de emergencia y partos con solo presentar su DNI.
Y es que bajo el régimen de la Ley No 27604, los centros de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia a quien lo necesite, y después estos establecimientos tienen derecho a que se les reembolse el monto de los gastos que hayan incurrido.
Según información proporcionada por el mismo SIS, las clínicas beneficiadas son: Javier Prado con S/ 4’334,741.32 de enero a agosto; Internacional con S/ 5’050,639.99 de enero a agosto; San Gabriel recibió un acumulado de S/ 3’472,867.16 de enero a agosto.
A estas se suman Nuevo San Juan con S/880,269.39 de marzo a agosto; Jesús del Norte con S/ 3’927,769.56 de enero a junio y Santa María del Sur con S/ 3’724,692.55 de enero a septiembre de este año.
La clínica San Marcos recibió S/ 165,325.97 de abril a junio; la Clínica de Mujeres recibió S/1’963,587.58 de enero a septiembre; Nuestra Señora del Sagrado Corazón con S/ 48,984.84 en junio, y además la Clínica Teresa recibió S/ 2,474.07 en septiembre de este año.
La clínica San Bernardo recibió S/89,029.79 acumulado de septiembre de 2015 a enero 2016, San Gabriel recibió S/ 3’504,935.66 de enero a agosto; Bellavista recibió S/ 84,772.23 acumulado de julio de 2015 y enero 2016, San Pablo recibió S/ 8’427,757.63 de enero a agosto y otra vez la clínica Javier Prado recibió S/ 1’955,962.06 acumulado de enero a mayo.
Esta lluvia de millones fue en reembolso a la atención de casos complejos como cardiopatías coronarias, aneurisma aórtico, complicaciones en el embarazo, politraumatismos, e insuficiencia respiratoria.
A raíz de las irregularidades detectadas en el SIS, el Dr. Wilfredo Solís, ex director ejecutivo de administración del Hospital Loayza, planteó la necesidad de promover la tercerización de los servicios de los hospitales del Estado, bajo la modalidad de Contratos de Asociación en Participación.



Expreso
Primero fue Carlos Moreno y el sábado renunciaron los consejeros palaciegos Jorge Villacorta y José Labán Ghiorzo. Están incriminados por la presunta venta de cupos para Peruanos por el Kambio en la última campaña electoral.
El audio de Carlos Moreno sólo sería una demostración de probables actos de corrupción que rondan el entorno presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y que ayer han obligado a José Labán Ghiorzo y Jorge Villacorta Carranza, a pre­sentar sus renuncias como asesores palaciegos al ser cuestionados por la presunta venta de cupos para Perua­nos por el Kambio (PpK) durante la pasada campaña electoral.
En la denuncia también se involucró al congresista oficialista Gilbert Vio­leta. La imputación, según un diario de Lima, se basó en un audio de di­ciembre de 2015, donde el empresa­rio puneño Beltrán Hancco Quispe, entonces precandidato al Congreso, admite que Villacorta y Labán le soli­citaron un cupo de dinero para el par­tido por encargo de Gilbert Violeta.
En horas de la mañana de este sá­bado se hizo público el comunica­do de José Labán y Jorge Villacorta en el que presentaban su renuncia irrevocable al cargo de asesores pre­sidenciales: “Que, a efectos de sal­vaguardar la imagen presidencial y evitar que la situación antes indicada sea utilizada para crear inestabilidad política, renunciamos irrevocable­mente al cargo de asesores presi­denciales”, indican.
Ello, señalan, ante los recientes cuestionamientos expuestos en diversos medios de comunicación que ponen en tela de juicio la perti­nencia y funcionalidad de la Oficina de Asesoría y Consejería Presiden­cial de Palacio de Gobierno, afec­tando injustificadamente la imagen de la Presidencia de la República y “nuestra propia imagen”.
Labán se refiere a la denuncia del fundador de PpK, Marco Maldonado, quien lo sindicó como “el cajero” en­cargado de cobrar los cupos que su­puestamente pedía el hoy presidente de PpK y congresista de la bancada oficialista Gilbert Violeta.
“El cajero era José Labán Ghiorzo quien fue el secretario nacional de política, incluso él mismo se hacía lla­mar ‘el cajero’. Labán es una persona joven sin mucha experiencia, estuvo antes en el PPC, luego en APP, tra­bajó con Richard Acuña, pero este lo despidió por una denuncia de un per­sona, una mujer, que se quejó de que Labán le había pedido un cupo por darle trabajo en APP”, indicó Maldo­nado a un semanario local.
Sobre este tema, José Labán dijo que se trata de una campaña bien orquestada para desprestigiar a los dirigentes del partido oficialista pero principalmente al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Se le está dando portadas sin nin­gún tipo de pruebas y en las que se le dan validez a personas que han sido condenadas por la justicia, que están presos o prófugos. En estos momen­tos existen cuestionamientos para perjudicar al Presidente y nosotros no lo vamos a permitir”, sostuvo.
Sin embargo, cuando se le preguntó quiénes estaban detrás de una su­puesta campaña contra la figura pre­sidencial no pudo contestar y sólo ati­nó a decir que pronto lo descubrirán.
En otro momento, Labán aseguró en una emisora radial tener la ex­periencia necesaria para haber sido designado consejero en asuntos re­gionales y municipales de Palacio de Gobierno, oficina desde la cual realizó coordinaciones para acercar a estas autoridades con el jefe del Estado.
Por su parte, Jorge Villacorta también indicó que las acusaciones contra los asesores se dirigen a minar la gober­nabilidad y rechazó los cuestiona­mientos vertidos hacia su desempe­ño y trayectoria.
“Quiero desmentir infundios y agra­vios, que más que dirigidos a mí son para minar la gobernabilidad y afec­tar la imagen del Presidente", dijo tras descartar que desde el Ejecutivo se haya pedido su salida.
Rechazó, igualmente, la acusación que lo involucra en supuestos cobros de cupos en la última campaña electoral, al referir que quien ha informado de ello tiene 75 denuncias, estuvo preso y quiso chantajear con este tipo de imputaciones.
Villacorta también dijo que se iba "con la frente alta". "Nunca he estado en ningún proceso, ni como testigo", agregó, aunque en las redes sociales le hicieron recordar que él, cuando era presiden­te de Sedapal, fue acusado por la Contraloría General de la República, años atrás, por haber permitido que esta entidad le pague 1.6 millones de soles en exceso al consorcio J. P. Contratis­tas Generales-Corporación San Francisco S.A. por obras ejecutadas en Ventanilla.
Ante este preámbulo de una crisis de gobierno, el integrante de la Co­misión de Fiscalización, Mauricio Mulder, sostuvo que las acusaciones en contra de los tres ex asesores pre­sidenciales revelan que el jefe de Es­tado accedió a utilizar Palacio de Go­bierno y su entorno como una suerte de repartija de los distintos grupos que estuvieron alrededor suyo du­rante la campaña electoral.
“Es una profunda decepción y desa­zón porque escucho acusaciones de unos contra otros, que per­tenecen al mismo gobierno, pero lo que esto revela es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski accedió a utilizar Palacio de Gobierno y su entorno como una suerte de repartija de los distintos grupos que estuvieron en su campaña”, sostuvo.
Afirmó que a Jorge Villa­corta se le dio un puesto para el cual no estaba preparado sólo porque no salió elegido congresista en la lista de Peruanos por el Kambio.
“Ahora tenemos esta suerte de re­partija de asesores hecha en Palacio de Gobierno, para que cada sector de oportunistas que llegaron estén contentos, y medren alrededor de él (PPK), y los resultados están a la vis­ta”, enfatizó el legislador aprista.
Afirmó que la ONPE debería enviar un informe de la rendición de cuentas del partido PpK a la Comisión de Fis­calización del Congreso, y si los apor­tes de los denunciantes no figuran en esa relación, entonces tendrían que ser citados porque podría tratarse de un caso de lavado de activos.
Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Richard Arce afirmó que lo sucedido en PpK evidencia la necesidad urgente de transparen­tar los aportes que se efectúan en las campañas electorales.
“Si se hace un análisis de los mo­vimientos financieros de las cam­pañas y nos damos cuenta de cuánto cuesta hacer un mitin o la publicidad y posteriormente se revisa cuánto se aportó, hay una desproporcionalidad gigantesca, es por eso que es importante la trans­parencia que debería haber en los aportes”, acotó.
La nota anecdótica de este debate, que ha sido básicamente entre ofi­cialistas, la empezó la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, quien al afirmar que en el Gobierno no había intocables la explicó con la figura gráfica de los gorgojos.
“El gorgojo puede ser uno, pero te malogra el sabor del arroz en ge­neral, nuestro país es así. Lamenta­blemente tú compras arroz y crees que no hay gorgojos, pero están ahí. ¿Qué hay que hacer? La ciudadanía a denunciar y nosotros reaccionar a esas denuncias inmediatamente”, aseveró este viernes.
La respuesta a Pérez Tello vino de parte Villacorta, quien sostuvo que “el gorgojo pertenece a su arroz (de la ministra)”, y a su partido el PPC, en alusión directa a Carlos Moreno que, según dijo el ex asesor presi­dencial, era militante pepecista.
Entretanto, el legislador Víctor An­drés García Belaunde (AP) terció en el debate asegurando que en efecto “el gorgojo avanza y el buen arroz se reduce, es un cáncer y me parece muy bien que ella (Pérez Tello) haya puesto la alerta, la luz roja, el Gobierno está para eso, para cortar las cabezas de los pá­jaros carpinteros, de las aves de mal agüero”.
El vocero de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, dijo que existió una pésima elección del “equipo de lujo” que pro­metió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien, aña­dió, debe reconocer el problema interno que atraviesa en su Gobierno y no ver fantasmas en donde no los hay.
“Después de escuchar a (José) Labán, (Jorge) Villacorta y Carlos Moreno me pregunto dónde está el equipo de lujo con ministros que no estaban listos para enfrentar temas como el conflicto social (de Saramurillo). Ojalá que en algún momento nos presente el equipo de lujo del que hablaba. Espero que el Gobierno se dé cuen­ta de sus propios errores en vez de estar culpando a otros y viendo fantasmas donde no existen”, sentenció.
Desde ese escenario, criticó el manejo del conflicto so­cial relacionado con el proyecto minero Las Bambas, que ya cobró la primera víctima, por parte del ministro del Interior, Carlos Basombrío.
“Ahora hay un muerto de Basombrío en Las Bambas, cuando antes de ser ministro tuiteaba criticando lo mal que se llevan los conflictos sociales. Creo que deberían mirar internamente cuáles son los serios proble­mas que tienen en el Ejecutivo”, indicó.
"Yo grabé los audios, yo gra­bé los dos audios, ambos el mismo día, uno en Palacio de Gobierno, y el otro audio (en la Clínica Osteoporosis SAC)”, dice Miguel Sifuentes, el hombre que grabó las conversaciones del "Negociazo" del entonces asesor pre­sidencial en asuntos de Salud, Carlos Moreno Chacón.
Miguel Sifuentes es el administrador de la Clínica Osteoporosis SAC de propie­dad de Aldo Peirano, con quien –al pa­recer- desde enero de este año vino tra­tando Moreno Chacón para incorporar la citada clínica al Seguro Integral de Salud (SIS), según fuentes confiables.
La misma fuente asegura que More­no manejaba el SIS desde el gobierno de Ollanta Humala y su expertise del sector era tal que, al llegar a la tienda de Peruanos por el Kambio, el gana­dor de la segunda vuelta de las últimas elecciones, Pedro Pablo Kuczynski, lo propuso tres veces para ser ministro, pero aquel personaje no quiso asumir ese cargo porque lo suyo era el negocio directo del SIS, agrega el informante.
La bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) está remecida por el escándalo del presunto pago de cupos de los candidatos al Congre­so en la reciente campaña electo­ral que tiene como protagonistas al legislador Gilbert Violeta y los diri­gentes ppkausas Jorge Villacorta y José Labán. Según el congresista Moisés Guía Pianto este lunes, a la 1 pm, se realizará una importan­te reunión con toda la bancada en el Palacio Legislativo para analizar estas graves denuncias y tomar una posición unitaria.
En diálogo con EXPRESO, el par­lamentario de Junín remarcó que la verdad debe abrirse paso y que caiga quien caiga debe asumir sus responsabilidades. “El presidente del partido (Gilbert Violeta) debe aclarar y no ocultarse en el po­der”, puntualizó.
Asimismo, indicó que el miércoles también la bancada de PpK sos­tendrá una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el jefe del ga­binete ministerial para analizar y dar solución a esta crisis que pone sombras a la gestión de un Gobier­no que recién comienza.
En medio de la crisis política, Peruanos por el Kambio (PpK) celebró ayer, en su local de la avenida Arequipa, su segundo aniversario. "Esta no es una renuncia a un puesto de trabajo, es una renuncia al maltrato", decían allí, en medio de vítores, los renunciantes a asesores presidenciales Jorge Villacorta y José Labán.



El Comercio
Miguel Sifuentes Melgarejo, ex administrador de la Clínica de Osteoporosis S.A.C., reconoció que grabó subrepticiamente dos de las conversaciones en las que se escucha al ex asesor presidencialCarlos Moreno hablar de hacer ‘negociazos’.
En declaraciones a “Cuarto poder”, Sifuentes comentó que su ex jefe Aldo Peirano lo envió a conversar con el ex consejero en temas de salud del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
"Me mandaron a buscar la lista de médicos, a eso de las 7:30 de la mañana del 11 de agosto. Busqué al doctor Moreno y no se apareció. Me hizo esperar dos horas hasta que llegó", dijo.
"Me saludó y me dijo 'tengo que irme a Palacio, allá te doy la relación'. Subimos a un vehículo oficial él y otra persona más, no recuerdo quién era. Llegamos hasta la estación de Desamparados y ahí bajamos", agregó.
Según comenta Sifuentes, al llegar a la Casa de Gobierno lo registran pero no le piden dejar ninguno de los dos celulares que llevó. Tras ello, pasó el cerco de seguridad y siguió a Carlos Moreno hasta su despacho en el segundo piso.
"En el trayecto el señor Moreno venía hablando de temas políticos y yo sentí miedo y temor en lo que me podría estar metiendo. [¿Cuándo decide grabarlo?] Cuando me invita a sentarme. Ël estaba estaba en su escritorio y me siento al lado izquierdo. Pongo el celular en la mesa y me quedó con otro celular en el bolsillo", detalló.
La segunda reunión que grabó, también con su celular, fue la que tuvieron el propietario de la Clínica de Osteoporosis, Aldo Peirano, el mismo Sifuentes, Carlos Moreno y una cuarta persona, amiga del ex asesor, en las instalaciones de la citada clínica.
Sifuentes indicó que decidió grabar a Carlos Moreno porque "ya lo había escuchado cómo se expresaba [...] y yo no quería meterme en un proceso que sea ilícito".



El Comercio
Columna de Oscar Ugarte
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De acuerdo con los audios publicados, desde su cargo de jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, el referido personaje habría logrado tener una posición desde la cual negoció con altos funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) para que su servicio tenga tarifas preferenciales cuatro veces más altas que cualquier otro hospital público del mismo nivel. Pero ello no solo en Lima, porque a la vez declaró haber iniciado el control de los servicios de salud de Loreto, basado en la debilidad regional, para ser suplidos por servicios privados desde la capital como parte del ‘negociazo’. Además, lo que sería su máximo plan inmediato: lograr que funcionarios venales deriven pacientes del SIS hacia una clínica privada, comprometiendo a médicos del hospital Loayza y al Arzobispado de Lima en una triangulación que evitaría pasar por los procesos normales de selección limpia y transparente, necesarios en toda relación público-privada. Y además “con las tarifas que el SIS le paga al Loayza”, se le escucha decir. Pero tenía planes mayores, porque alardeaba de que él podía poner al presidente ejecutivo de Essalud, dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y tener todo “planito” para extender tales negocios a esa institución a través de sus hombres de confianza. Y algo que no aparece en los audios, pero que sucedió semanas después: su designación oficial como integrante de la Comisión Reorganizadora de Salud Pol, es decir, de los servicios de salud de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. O sea, una “mina de oro” ampliada a todo el sector público de salud.
Corresponderá a la fiscalía determinar cuánto de lo dicho se concretó y cuánto quedó solo en intención. Por lo menos ya la ministra de Salud, Patricia García, declaró en reorganización el SIS y separó a Moreno de su base de poder en el hospital Loayza; el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, deslindó que el consejero no intervino en la designación del presidente de Essalud; y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anuló la presencia de ese personaje en Salud Pol.
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Peru21
Hizo mea culpa. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, reconoció por primera vez tener responsabilidad en la crisis originada por las renuncias de sus exasesores Carlos Moreno (Salud), Jorge Villacorta (Asuntos de Prevención y Control de Conflictos Sociales) y José Labán (Asuntos Regionales) en las últimas semanas.
“Mis consejeros presidenciales que han sido un tema de alguna turbulencia, como ustedes saben, por un descuido de parte nuestro”, dijo durante su presentación en el panelLa necesidad de la Innovación industrial en el Perú, para lograr la tan ansiada Complementariedad Productiva.
Sus declaraciones – que se dieron desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) – también sirvieron como excusa ante las acusaciones que pesan sobre Labán Ghiorzo, quien está involucrado en el presunto pago de cupos para la asignación de números de los candidatos al Congreso por Peruanos Por el Kambio durante la última campaña presidencial.
Sobre Jorge Villacorta, este renunció luego de que se difundiera un video y se le acusara de mantener una discusión acalorada en una mesa de negociación en Saramurillo, región de Loreto.



El Comercio
"Renuncié hoy a Sunat". Así empieza el mensaje que Rafael Inurritegui publicó hacia las 5 de la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter, indicando luego razones que, sin duda, no caerán bien en el gobierno.
Rafael Inurritegui fue nombrado en agosto pasado como Jefe del Gabinete de Asesores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), incluso, se consideró que él podría ser el suprientendente, algo que no ocurrió, pues el Gobierno optó por Víctor Shiguiyama.
"Deje de creer, sobre bases fundadas, en el proyecto de país que prometen y por el cual puse el hombro", continuó Inurritegui en su mensaje en Twitter. Este profesional solo estuvo tres meses en el cargo.

Hasta el momento no ha sido posible conseguir declaraciones de Inurritegui explicando con más detalle su decisión de abandonar la jefatura de los asesores de Sunat.



Peru21
¡PPK, a torear de una vez!
Aldo Mariátegui
Un amigo ve que PPK ha bajado 8 puntos de aprobación y me comenta “no nos meceremos a PPK”. Oye, un momentito. Hasta ahora poco ha hecho PPK para que le “merezcamos”. No le ha interesado liderar y actúa como un monarca ausente y viajero, que le ha dejado todo el trabajo a su chambelán, que siempre evade preguntas (o si no, las responde con un humor incomprensible, por no decir malísimo). Y mucho bailecito denigrante para el puesto (los áulicos le hicieron creer que era muy gracioso).
Encima se rodea de Morenos, Villacortas y Gilberts, a los que solo trajo él (ya tuvo su Brujas de Cachiche. Ahora cuidado que Las Bambas sea su Conga).
Hasta ahora, aquí adentro no aparece ese “presidente de lujo”. Tiene que liderar, aprovechando que la imagen paternal ayuda mucho a ello. La gente no quiere un abuelito simpático, sino un padre eficiente que funcione frente a sus tremendos problemas. Un político aquí tiene que transmitir que se ocupa básicamente de la gente común y de sus agobiantes problemas, pues ya están empezando a percibirle como distante y eso es FATAL; es lo que les ocurrió a Toledo, García y Humala para acabar tan impopulares en extremo. Esa sensación de “este señor sí se ocupa de mis problemas” (o por lo menos, lo aparenta) es la base del éxito de Castañeda, como antes de Fujimori. Por ejemplo, el principal reclamo es seguridad. Entonces, PPK debería estar metido de pico y patas en el asunto (Urresti sería mucho “efectismo”, pero por lo menos le hacía sentir a la gente que estaba ocupándose de su problema). PPK debió anunciar esas últimas capturas y desarticulaciones de bandas, no Basombrío.
Y también debe liderar en su partido. Ha abandonado mucho a su bancada congresal y esta ya anda en unos tremendos líos internos.



Expreso
Tras retornar ayer desde España, a donde había viajado el martes pasado –el mismo día que la Fiscalía lo incluyó en una investigación por presunto lavado de activos contra su esposa Nadine Heredia – el expresidente Ollanta Humala se ha encontrado con otra desagradable sorpresa. Y es que ya se presentó la primera acusación constitucional en su contra. Los exministros Rafael Rey y Fernando Rospigliosi lo denunciaron ante el Congreso de la República por infringir la Ley Nº 30299 y con ello efectuar una política de persecución contra los poseedores legales de armas. La denuncia también alcanza al extitular del Interior José Luis Pérez Guadalupe.
El 24 de agosto último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió la denuncia de Rey, exministro de Defensa, y Rospigliosi, extitular del Interior, quienes acusan a Humala y a Pérez Guadalupe de infringir el artículo 7º de la Ley 30299, pues pese a expresar los motivos para el uso de arma de fuego para defensa personal, “el reglamento ilegalmente amplía el requisito, solicitando que se sustente documentariamente los motivos de esta petición, a través del llenado de una solicitud”.
“En la práctica, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –Sucamec– viene rechazando estas solicitudes, constituyéndose en una cláusula abierta a discreción del funcionario, para solicitar la presentación de cuanto documento estime conveniente para resolver el pedido, léase: comprobantes de pago, recibos por honorarios, vigencia de poder, declaración anual de impuestos, partida electrónica de propiedad inmueble, partida de nacimiento de los hijos y un largo etc.”, indica el documento.
De acuerdo a la denuncia, los acusados intencionalmente han ampliado la sustentación documentaria de la exposición de motivos para acceder a una licencia de arma en la modalidad de defensa personal , excediendo el alcance expreso de la Ley 30299, generándose una puerta abierta a la Sucamec para que pueda solicitar una amplitud de documentos no dispuestos en la Ley 30299, como requisitos para la licencia de uso de armas de defensa personal.
“Ello infringe el artículo 118º de la Carta de 1993, y paralelamente transgrede el artículo 36º de la Ley 274444”, se señala.
También sostiene que los acusados transgreden los alcances de la quinta disposición complementaria de la Ley 30299, ya que el reglamento precisa que incluso las armas cortas usadas (pistolas, revólveres) sean identificadas a través del Registro de Sistema de Identificación Balística (IBIS), cuando la Ley 30299 expresamente indica que son las armas cortas nuevas las que se registran en este sistema identificatorio.
“La Ley 27444 dispone que las autoridades solo podrán ejercer funciones de acuerdo a las atribuciones que haya dispuesto la ley. De manera que si la Ley 30299 indicó que son las armas cortas nuevas las que se registran en el sistema IBIS, el reglamento no puede ampliar esta disposición de las armas cortas usadas. Las atribuciones estatales son taxativas, no presuntivas”, se indica.
Consultado sobre este tema, el extitular del Interior Fernando Rospigliosi acusó a Humala y a su ministro de haber infringido la ley a sabiendas de que se presentaría una acusación constitucional en su contra.
“Yo personalmente participé en una reunión de usuarios legales de armas allá por septiembre de 2015 y le advertimos que lo íbamos a denunciar si se efectuaba las modificaciones en el reglamento de la ley, y eso es lo que hemos hecho”, sostuvo.
Al preguntarle cuál es el perjuicio que esta situación crea a los peruanos, indicó que existen aproximadamente 300 mil usuarios legales de armas de fuego y se obstaculiza la tenencia de pistolas o revólveres a quienes quieren acceder a ellas de forma legal.
“Existió una política sistemática para perjudicar a los poseedores legales de armas a pesar de que ya se había aprobado una ley que iba en contra de los intereses de Humala y el reglamento recién lo dieron en julio de 2016, y era reglamento que violaba la ley y que ponía restricciones para los poseedores legales de armas. Es por eso que hemos denunciado a Pérez Guadalupe y a Ollanta Humala, que son quienes firman el reglamento de la ley”, dijo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también recibió la denuncia del brigadier Carlos Ramón Gómez Chiarella, quien responsabiliza a Ollanta Humala y a otros exfuncionarios por haber “destruido” al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).
“Se demanda al Estado Peruano, que el Congreso de la República en cumplimiento de su función de fiscalización, nombre una comisión investigadora sobre el perjuicio efectuado a 30 millones de peruanos por haberse destruido una de sus instituciones representativas de la solidaridad y de la humanidad nacional, adquisición de equipos, herramientas, uniformes, material contra incendios, todo de pésima calidad, inadecuados para la realidad nacional”, indica la documentación.
El brigadier de la CGBVP incluye en su denuncia al extitular del gabinete ministerial Pedro Cateriano Bellido; al exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; al exministro de Economía Alfonso Segura Vasi y al excontralor de la República, Fuad Khouri Zarzar.