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lunes, 11 de diciembre de 2017

ESTA NOCHE sábado 9 diciembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Esto tiene que parar


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


Fue un exceso que la Fiscalía ampliara la investigación a Keiko Fujimori a 36 meses en la creencia de que con esto finalmente tendría tiempo para hallar lo que está buscando, cuando ni siquiera tiene claro qué es lo que está buscando más allá de una hipótesis.

Fue un exceso, a su vez, que Fuerza Popular presentara denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación por no investigar a las empresas peruanas socias de Odebrecht. La prueba de que se las investigaba es que se ha procedido a la prisión provisional de sus cinco directivos principales.

Fue un exceso igualmente que Fuerza Popular incluyera a las empresas peruanas en el mismo saco de su socia brasileña, maniatándolas y llevándolas al borde de la quiebra sobre la misma falsa premisa de que estaban quedando impunes porque no se las estaba investigando.

Fue un exceso que el juez dispusiera, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva de los cinco directivos de las empresas socias de la corrupción brasileña, existiendo otras opciones legales.

Fue un exceso que Fuerza Popular agraviara a la Fiscalía al afirmar que, de no ser por la denuncia presentada, no habría existido la prisión provisional de los empresarios, lo que equivalía a sostener que la Fiscalía era culpable de encubrimiento.  

Fue un nuevo exceso que la comisión Lava Jato aprobara citar a la señora Nancy Lange en el contexto del tira y floja con el Presidente sobre el modo en que debe presentar su testimonio a esa comisión. Tan exceso fue que entre los que pidieron la citación ya hay un par de arrepentidos.

Ahora, nuevamente es un exceso el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, que niega enfáticamente todos los cargos de la Fiscalía que esta tendrá que probar.

¿Pero cuál será el exceso siguiente, la destitución por el Congreso del Fiscal de la Nación?

No se puede ocultar ya, para remate de todo lo anterior, la sospecha de que se está fabricando un escenario artificial para forzar la acusación constitucional anticipada contra Pedro Pablo Kuczynski y la vacancia de la Presidencia.

Este festival de excesos no hace sino daño al Perú. ¿Qué se va a conseguir con este despliegue de violencia política? Esto tiene que parar. Ahora.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



La República
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deploró la acción de la fiscalía que investiga el financiamiento de sus campañas en el 2011 y el 2016, y afirmó que es falso que exista una "doble contabilidad o contabilidad paralela".
Keiko Fujimori manifestó que el fiscal Pérez había recibido tanto las copias como los originales de los libros contables de su organización política, los mismos que habían sido revisados y aprobados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Keiko Fujimori calificó de "atropello", "abuso", "venganza" y "persecución" el allanamiento de los locales de Fuerza Popular.
"Es absolutamente falso que Fuerza Popular tenga doble contabilidad. La copia legalizada y el original son iguales. Tan falso como señalar, como dice el acta de allanamiento, que el señor Chlimper está obstruyendo la justicia porque dentro del interrogatorio él contestó que no sabía sobre 2011. Eso fue porque él se incorporó en el 2014", dijo.
"La información es tergiversada, maliciosa y busca hacernos daño. Voy a ratificar lo que he venido diciendo y afirmé a la comisión Lava Jato: Fuerza Popular y quien habla nunca han recibido dinero ni de Odebrecht ni de las consorciadas", agregó.
Para Keiko Fujimori, eran innecesarios los allanamientos a los locales de Fuerza Popular "porque se le ha entregado toda la información a la fiscalía, en original y copia".
"Sabíamos que luchar contra la corrupción sería difícil. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a poderosos. Pero no nos van a callar. No nos van a doblegar", dijo.



La República
Para cambiar algo, hay que hacer algo distinto. Esto es lo que pretende hacer el fiscal José Domingo Pérez Gómez en la investigación sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la candidata y lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
Con ese objetivo, Pérez Gómez decidió salir de su escritorio y enfrentar al partido político con mayoría hoy en el Congreso. Así, el martes solicitó al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho autorizar el allanamiento y registro domiciliario de los dos principales locales de FP, la casona de la avenida 9 de Noviembre, ex Paseo Colón, N° 422, en el Cercado de Lima, y el búnker de la calle Los Morochucos N° 140, en la urbanización Santa Constanza, en Santiago de Surco.
En este segundo lugar, Fujimori tiene una oficina desde la que dirige su partido y el Congreso de la República, vía sus disciplinados parlamentarios. Allí también tienen oficinas sus colaboradores Pier Figari, Ana Herz y probablemente algunos congresistas.
Los allanamientos se sustentan en una investigación iniciada en agosto último por el fiscal Germán Juárez Atoche por la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht y parte de la declaración que el empresario brasileño ofreció en mayo último, en la ciudad de Curitiba, en la investigación al ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.
La fiscalía aún no puede utilizar la declaración de Marcelo Odebrecht, realizada en noviembre último, porque este material permanece embargado en Curitiba.
Tampoco puede sustentarse en la investigación a los fujicócteles y la ONG Liberty Institute, porque la jueza Elizabeth Arias Quispe, vía control de plazo, le ha pedido pasar a investigación preparatoria o archivar el caso.
En esta investigación, que Pérez Gómez retomó en setiembre, la fiscalía ha incautado libros contables, recibido testimonios y realizado pericias contables, en función de lo cual concluye la existencia de una contabilidad paralela, falsos aportantes y aportantes fantasmas.
Según documentos a los que anoche tuvo acceso La República, la fiscalía ha determinado que los representantes de Fuerza Popular al ser requeridos por el Ministerio Público no exhibieron todos sus libros contables, lo que "evidencia una doble contabilidad o contabilidad paralela en el Partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) que podría implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas". La misma información fue recogida y publicada por el portal Ojo Público, previa a la conferencia de Keiko Fujimori.
Los documentos judiciales obtenidos por La República confirman esa información que sustentó la orden de allanamiento. Para el fiscal Pérez Gómez y el juez Concepción Carhuancho hay contabilidad paralela, falsos aportantes, maquillaje de las cifras y ocultamiento de gastos.
La fiscalía también sostiene que FP se resistió a entregar sus libros contables y recién después de reiterados pedidos, el 11 de octubre del 2017 presentó copias legalizadas de algunos.
Luego, el 1° de diciembre último un representante de la fiscalía se constituyó a la notaría del doctor Isaac Higa Nakamura, donde constató el Índice Cronológico de Legalización y Apertura de Libros Contables del Partido Político Fuerza Popular.
La notaría registra la legalización de 14 libros contables, mientras que hasta el momento solo se han exhibido ocho libros, por lo tanto se ha iniciado la búsqueda de los otros seis que se esperaba encontrar en los locales allanados.
Ante esta situación el 24 de octubre se realizó una diligencia de incautación y aseguramiento de los registros contables originales. En las copias legalizadas presentadas por FP se ha evidenciado duplicado con el número de legalización, correspondientes a libros diarios y de caja de marzo del 2010 y de abril del 2010. También se han encontrado inconsistencias entre los documentos que FP había entregado al perito del Ministerio Público y los libros exhibidos, asegurados e incautados, el 24 de noviembre.
Así, por ejemplo, el perito tuvo en una cuenta un libro caja donde se registraron aportes en especie por un total de S/ 980.305,93, pero en los libros contables incautados aparecen otros montos.
"Se establece que en el libro del partido político Fuerza Popular empleado en el dictamen pericial (...) no registraría cuentas o anotaciones que se encuentran detalladas en el libro exhibido, asegurado e incautado por el Ministerio Público, lo que podría implicar que en el Dictamen Pericial no se haya analizado cuentas o partidas destinadas a ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht", subraya la fiscalía.
Igualmente, se han encontrado facturas por publicidad electoral en televisión a favor de Fuerza Popular (Fuerza 2011) no registradas en cuentas o anotaciones en los Libros exhibidos, asegurados e incautados (...) lo que podría evidenciar que se ha ocultado el dinero entregado por la empresa Odebrecht.
También se evidencian discrepancias entre la información entregada por FP a ONPE y la registrada en los libros contables. A la ONPE se identifica determinado aportante que no aparece en los libros contables.
Ante la ONPE se identificó como aportante a un ciudadano extranjero, Osamu Miyamoto con 8,210 soles, identificado con carnet de extranjería, que no aparece en los registros de Migraciones.
Luego se ha obtenido la declaración del testigo protegido TP-2017-55-1, quien según el padrón de aportaciones realizó un abono de 13,845 soles, en tanto que a la ONPE se presentó un recibo de aportaciones por US$ 5,000.
Este testigo ha negado haber realizado dichos aportes y señala que Nolberto Rimarachín Díaz y Rolando Reátegui Flores lo habrían inducido a declarar ese aporte.
"El señor Rolando Reátegui nos dice que se han excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos de campaña y por eso (...) que ustedes como gente de confianza se pongan como donantes del partido" en la campaña del 2011, declaró el testigo.
Luego, dice, le hicieron firmar dos papeles en blanco y entregar copia de su DNI. Lo mismo hicieron los que estaban en la reunión convocada por Reátegui y Rimarachín.
A partir de lo cual se concluye que los nombres de aportantes presentados ante la ONPE no cuentan con la debida solvencia económica para acreditar los montos que declaran haber aportado.
El fiscal también sustentó que se evidenciaba una resistencia de los dirigentes de Fuerza Popular para informar de sus gastos y origen de sus ingresos e inclusos “olvidar” datos relevantes del manejo económico, como los nombres de los tesoreros.
Por ejemplo, el fiscal reseñó la declaración del secretario general de FP, José Chlimper Ackerman. "El Partido Político al que usted representa contó con algún tipo de asesoría para la campaña del 2011, de ser así, quiénes fueron sus asesores, quiénes los contrató o a cuánto ascendían sus remuneraciones y si estas habían sido declaradas a la ONPE", preguntaron a Chlimper
"No tengo conocimiento", respondió el dirigente. El fiscal infirió que Chlimper "se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencias del aporte de la empresa Odebrecht y/o vinculadas a la organización".
Con toda esa información, las declaraciones de los testigos y las pericias contables, el fiscal Pérez Gomez logró que el juez Concepción Carhuancho autorice el allanamiento.
El allanamiento es un trámite simple que está normado en los artículos 214, 215 y 216 del Código Procesal Penal. De acuerdo con la norma, la orden de allanamiento caduca en siete días y el fiscal tiene 48 horas para desarrollarla.
Pérez Gómez decidió actuar de inmediato. Encargó a un fiscal adjunto realizar el interrogatorio a Keiko Fujimori. Ella no asistió, según justificó más tarde, porque su abogado Edward García Navarro tenía que participar en los allanamientos.
A las 7:30 de la mañana, con el respaldo de la policía, Pérez y sus adjuntos Walter Villanueva Luicho, Elvia del Carmen Caro Izquierdo y Jorge Vargas Sueldo tocaban las puertas y empezaban los allanamientos. Luego de 10 horas, los fiscales se retiraron con diversa documentación, computadoras y laptops.



La República
Algunos de los aportantes han declarado que no han donado dinero alguno a la campaña de Keiko Fujimori, como Abraham Vásquez, quien así se lo dijo a la revista Hildebrandt en sus Trece.
A la misma publicación, Roberto Hoflich, ex trabajador del congresista Miguel Castro Grández, relató que fue a la oficina del ex jefe de campaña del fujimorismo en el 2011 Jaime Yoshiyama Tanaka y recogió dinero en efectivo para financiar las actividades proselitistas.
El testimonio es relevante porque Jaime Yoshiyama denunció que unos ladrones ingresaron en su residencia y se llevaron una laptop donde estaban los estados financieros y contables de la campaña del 2011.



La República
Atropello mototaxista
Mirko Lauer
La actitud de Pedro Pablo Kuczynski acaba de cambiar radicalmente. Tras un año y medio de soportar los embates de la oposición confiado en el peso de su presidencia, PPK ha pasado a afirmar que la democracia corre peligro. No es el único que lo está diciendo, pero viniendo de él equivale a una señal de alerta frente a un riesgo presente.
Con toda razón PPK ha percibido en la cita de la comisión Lava Jato a su esposa una escalada de Fuerza Popular y su entorno. Las actividades de debilitamiento del Ejecutivo se han desplazado hacia un intento de demolición de la Presidencia de la República. El contexto del caso Odebrecht se está prestando a esta nueva situación.
Probablemente las cosas empezaron en FP como una alegre conspiración política: demostrar fuerza, irritar al rival, canjear acusaciones recibidas por acusaciones lanzadas. Pero a partir de un momento las cosas se han salido de control, las amenazas a la presidencia inevitablemente ponen en jaque a todo el ordenamiento institucional.
Aun si se aceptara que PPK ha tenido algún grado de compromiso empresarial con Odebrecht, algo que él ha venido negando y el fujimorismo machacando, y que parte del público piensa, el camino emprendido por la oposición para dilucidar la posibilidad no es el más adecuado. Pues desde la partida esas opiniones han tenido la forma de una condena, acompañada de pedidos de renuncia.
Tanto así que una interrupción del mandato de PPK ha pasado desde hace unas semanas a ser un tema habitual de discusión política en el país. Es cierto que todavía se viene tramitando sobre todo con la ligereza que caracteriza a buena parte de las llamadas redes sociales. Pero la alerta de PPK sugiere que en algún sitio una línea acaba de ser cruzada.
No se entiende cómo una crisis terminal de esta presidencia podría favorecer a una política como Keiko Fujimori, que desea candidatear en el 2021. Una implosión de la frágil institucionalidad democrática del país no dejaría hueso sano en el sistema político, y le abriría las puertas a la expresión desordenada del descontento.
No sorprende, entonces, que congresistas opositores experimentados como Víctor Andrés García Belaunde o Mauricio Mulder hayan tomado distancia de la decisión de citar a la primera dama a la comisión Lava Jato.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación y por mayoría, el proyecto de ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en las zonas declaradas en estado de emergencia y que comprende las jurisdicciones de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Esta norma fue aprobada con 60 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El autor de esta ley, el congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, explicó a EXPRESO que esta permitirá convertirse en una excelente herramienta operativa para el personal que se encuentra desplegado cumpliendo funciones para la pacificación de esta zona del país.
“Espero que el Ejecutivo promulgue esta ley porque esta norma legal va a ayudar mucho que las acciones en el Vraem se lleven a cabo en una forma más eficiente. Tenemos 57 bases militares con personal desplegadas en esta zona que, frente a los 300 mil kilos de droga que se producen en el Vraem, pasta básica y cocaína, puedan incrementar la interdicción en esa zona”, dijo.

Tubino explicó que una de las fallas que el Estado ha cometido en su lucha contra el narcotráfico es porque no se permitía la participación de las FF.AA. “El Perú solo realiza interdicción en el 8 % de la droga que produce”, advirtió