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domingo, 13 de marzo de 2022

MEDIA COLUMNA dom 13 marzo 2022. "La boca del cocodrilo"

 MEDIA COLUMNA

La boca del cocodrilo


Jorge Morelli


Petroperú sostiene que el alza brutal de precios, de entre 5% y 13%, en las gasolinas y el diesel vehicular se debe al alza internacional por la crisis de Ucrania.

                    Sin embargo, el hecho es que luego de subir                                        hasta los US$ 130 por barril, el petróleo ha                                          bajado a US$ 109 el barril.


Todo indica, más bien, que el alza de precios se debe a otras razones. Desde 2016, el alza constante de los precios de los combustibles ha servido -se especula- para financiar el gasto monstruoso en la construcción de la Refinería de Talara, un elefante blanco que le ha costado al Perú más de 5 mil millones de dólares. Hoy, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings ha calificado a la baja recientemente a Petroperú bajando a la empresa estatal de BBB a BBB-, último nivel compatible con el grado de inversión.


La norma vigente ordena que exista un precio de referencia para los combustibles, a cargo del regulador Osinergmin. La idea es que el precio de venta final al consumidor no se aleje mucho del precio internacional. 

 


Como puede verse del gráfico respecto del Diesel 2 (D2 Perú), el precio final de venta (en color naranja) que fija el oligopolio de Petroperú y Repsol siguió solo hasta agosto de 2016 el precio internacional del petróleo de Texas (WTI) (en color azul), que es el que el regulador usa como base para el precio de referencia.


A partir de enero de 2017, el precio del combustible que pagan todos los transportistas -y el público en general en los pasajes-, comenzó a subir muy por encima del precio de referencia. La diferencia entre el precio de referencia que debimos pagar y lo que los peruanos efectivamente pagaron hasta el enero de 2021 se ve en la distancia que separa la línea naranja, que no cesa de subir, de la línea que era el precio internacional entonces (en color azul).


Esa brecha equivalía en enero de 2021 a unos 5,414 millones de soles solo en diésel. Es lo que el Estado le sacó del bolsillo a usted, que tiene su carrito o a usted que paga diariamente uno o más pasajes de ómnibus para llegar a su trabajo y de vuelta a casa. Es un dinero que el Estado no tenía derecho a quitarnos y que nos debe a todos los peruanos que usamos un transporte todos los días, y a los transportistas que nos prestan ese servicio.


El organismo regulador declaró hace un año sobre esa situación que cumplía con publicar los precios de referencia, pero que las empresas productoras fijaban los precios finales, lo que estaba más allá de su control. El regulador, en suma, estaba pintado en la pared. Y no informó de esa situación al público. 

Como puede verse, esta situación abusiva, que viene de hace cinco años, fue impuesta por el oligopolio de las dos petroleras que dominan el mercado -Petroperu y Repsol, que fijan los precios finales-, y ya era un escándalo mucho antes de la coyuntura de hoy.

Más de un año después, y luego del impacto en los precios de la pandemia y la crisis ucraniana, que ha disparado los precios de los combustibles, nadie sabe con claridad en qué medida el alza incesante que el oligopolio ha impuesto a los peruanos en el último año refleja lo ocurrido con los precios internacionales o si , por el contrario, los precios finales han ido  mucho más allá por encima de los precios internacionales, tal como venía ocurriendo desde 2016.