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MEDIA COLUMNA
La “interna” no
basta
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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“There is a crack in everything,
that´s how the light gets in”
Leonard Cohen
No
solo no es malo, sino deseable que un gran partido tenga tendencias en su
interior. No de enemigos, sino de adversarios y competidores.
Así sucede no solo con las corrientes en el bipartidismo liberal o conservador en Estados Unidos o el Reino Unido, sino también en los sistemas de partido de pluralismo moderado en Europa continental e incluso en América Latina.
La competencia interna le da al partido una gran flexibilidad para reinventarse y responder al desafío electoral y del gobierno.
Fuerza Popular necesita debate interno. Esto es lo que único que puede hacer a un partido sólidamente democrático. Lejos de debilitarlo, el debate interno lo fortalece.
Y este debate no tiene por qué ser a puerta cerrada. Hay que abrir las ventanas para que entre el aire. No hay que temer la confrontación de ideas. Y no es forzoso que ese debate deba ser llevado a cabo "en la interna", como se dice ahora. Ni mucho menos de manera solo verbal y presencial. Eso es limitado y precario.
Al contrario, el debate debe hacerse de manera abierta a todas las opiniones de dentro y de fuera del partido y en todos los medios de comunicacion.
Nada malo puede resultar de esto. Un gran partido moderno y democrático será solo uno de sus frutos. Como dice Cohen: “hay una fractura en todo, así es como entra la luz”.
Así sucede no solo con las corrientes en el bipartidismo liberal o conservador en Estados Unidos o el Reino Unido, sino también en los sistemas de partido de pluralismo moderado en Europa continental e incluso en América Latina.
La competencia interna le da al partido una gran flexibilidad para reinventarse y responder al desafío electoral y del gobierno.
Fuerza Popular necesita debate interno. Esto es lo que único que puede hacer a un partido sólidamente democrático. Lejos de debilitarlo, el debate interno lo fortalece.
Y este debate no tiene por qué ser a puerta cerrada. Hay que abrir las ventanas para que entre el aire. No hay que temer la confrontación de ideas. Y no es forzoso que ese debate deba ser llevado a cabo "en la interna", como se dice ahora. Ni mucho menos de manera solo verbal y presencial. Eso es limitado y precario.
Al contrario, el debate debe hacerse de manera abierta a todas las opiniones de dentro y de fuera del partido y en todos los medios de comunicacion.
Nada malo puede resultar de esto. Un gran partido moderno y democrático será solo uno de sus frutos. Como dice Cohen: “hay una fractura en todo, así es como entra la luz”.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
Abogados constitucionalistas consideraron que el
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no está obligado a comparecer ante la Comisión Lava
Jato del Congreso, pues lo ampara el artículo 117 de la Constitución.
El mandatario anunció ayer que no se reunirá con los
miembros de la comisión, que debía ir a Palacio de Gobierno para preguntarle
sobre algunas obras ejecutadas por Odebrecht en el gobierno de Alejandro Toledo,
en el que él fue ministro y jefe de Gabinete.
PPK señaló que no está obligado a recibirlos y que
responderá las interrogantes por escrito. En respuesta, integrantes de la
Comisión Lava Jato indicaron que todos los ciudadanos, incluido el
mandatario, están obligados a comparecer ante las comisiones investigadoras.
Al respecto, el ex presidente del Tribunal
Constitucional, Víctor García Toma, indicó que PPK, en su calidad de jefe del Estado, tiene un status especial de
inmunidad que está contemplado en el artículo 117 de la Constitución.
"Como presidente está exonerado de cualquier
mandato de una comisión investigadora. Los únicos supuestos por los que un
mandatario puede ser citado, investigado o acusado durante su mandato son en
los casos de traición a la patria, disolución ilegal del Congreso o impedimento
de los procesos electorales", dijo.
García Toma reiteró que PPK solo podría ser citado obligatoriamente en los casos
citados. "Por otros casos, como los que se están viendo en la Comisión
Lava Jato, el presidente podría ir solo como una suerte de cortesía o porque lo
considere oportuno, pero constitucionalmente no está obligado", expresó.
Si los miembros del grupo de trabajo parlamentario
presidido por la fujimorista Rosa Bartra insistieran en que PPK compadezca ante ellos,
"el Congreso estaría ejerciendo una competencia de manera arbitraria
porque va en contra de un mandato expreso de la propia Constitución",
opinó García Toma.
El constitucionalista Samuel Abad también coincide en
que el Art. 117 de la Constitución le da una protección especial al mandatario
por personificar a la nación.
"El presidente está diciendo, ojo: yo tengo
un status especial y voy a responder solo por escrito. Seguramente se está
basando en una interpretación literal de ese Art. 117, que dice que un
presidente solo puede ser acusado en casos muy puntuales que no son los que
está investigando la comisión", refirió a El Comercio.
Abad, ex responsable de la Defensoría del Pueblo, dijo
que el presidente no debería tener poderes absolutos, pero la
Constitución de 1993 le otorga una protección superlativa.
"Tiene mucho poder y poco control, por eso la
defensoría presentó un proyecto de ley en el 2005 para darle un desarrollo
normativo al Art. 117, que es muy general y no precisa hasta dónde se le puede
citar al presidente. Lamentablemente ese proyecto no se tomó en cuenta",
indicó.
El Comercio
El congresista Daniel Salaverry, vocero de Fuerza
Popular, anunció que frente “se está evaluando con los abogados qué medidas
tomar, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y lo haremos también
desde el Congreso”, aseveró.
Sobre las acciones que tomarían, prefirió
no adelantar su opinión.
Keiko
Fujimori emitió un pronunciamiento
en el que señaló que "nuestra defensa legal está tomando todas las medidas
necesarias para impedir estos atropellos de un sector aparentemente
parcializado del Ministerio Público".
La República
Se inició el camino hacia el indulto a favor del ex presidente Alberto Fujimori, hoy
preso en la Diroes.
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, publicó una
resolución ministerial en la que anunció “la reconformación” de la Comisión de
Gracias Presidenciales. Ahora será presidida por Orlando Franchini Orsi. De
acuerdo con su ficha de Reniec, cumplió 92 años en setiembre.
A
Franchini Orsi no se le conoce relación con temas vinculados al sector
Justicia.
Más bien, en la SUNAT aparece que estuvo
vinculado con actividades inmobiliarias.
Los
otros miembros de la comisión son José Luis Espinoza Rivera, Luis Alberto
Daniel Pastor Guittón y Mary Lourdes Muñante Pérez. El nuevo secretario técnico
es Camilo Fernando Santillán Vergara.
Ellos
reemplazan a Delia Atúncar Irribari, Laura Vargas Valcárcel, Raúl Enrique
Miranda Sousa Infante, Luis Yshii Meza y Víctor Javier Arroyo Cuyubamba (leer
entrevista).
Debe
recordarse que tres de los comisionados relevados ya se habían pronunciado en contra
del indulto a Fujimori, en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala: Vargas
Valcárcel, Miranda Sousa Infante y Arroyo Cuyubamba.
Desde
ese punto de vista, los cambios no resultan “tan sorpresivos”, a decir del ex
fiscal supremo Avelino Guillén.
“La
mayoría (de los ex comisionados) ya tenía una opinión formada sobre el caso de
Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski, al parecer, ha entendido que no puede eludir
el marco jurídico. Por eso ha cambiado los integrantes (de la comisión) para,
con otro elenco, tramitar dicha gracia y asegurar el resultado”, señaló
Guillén.
Así,
según la lectura del ex fiscal supremo, la nueva comisión
estaría dispuesta a conceder el indulto humanitario.
Por la radio
Los
ahora ex comisionados tuvieron su última reunión de trabajo el martes 26
de setiembre,
la semana pasada. Ese mismo día habían acordado la fecha de su siguiente
encuentro. Este, como es obvio, ya no se producirá.
Es
más, La República pudo conocer que algunos se enteraron de que los habían
reemplazado escuchando la entrevista que el presidente Kuczynski concedió en la
mañana de ayer en RPP.
La Comisión
de Gracias Presidenciales es
un organismo decisivo en cualquier trámite de indulto. Por ejemplo, es la que
invita a especialistas médicos para que evalúen las condiciones de salud de un
aspirante a ser excarcelado por razones humanitarias.
El
artículo 118 de la Constitución le otorga al presidente de la República la
potestad de conceder indultos y conmutar penas. Esta prerrogativa se encuentra
regulada por un reglamento. El incumplimiento de los
requisitos exigidos para el otorgamiento de un indulto humanitario lo
convertiría en ilegal. “No puede prescindirse de lo que establece el reglamento
de gracias presidenciales”, dijo Guillén.
Sobre
el posible indulto a Fujimori, el presidente Kuczynski se
pronunció de nuevo ayer: “Estamos hablando de salud; no estamos hablando de
perdonar a nadie”.
También
negó conocer al flamante presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Franchini
Orsi. Atribuyó la responsabilidad de la decisión al ministro Mendoza, quien
hasta ahora no se ha pronunciado para explicar las
razones de los cambios.
En
el fujimorismo, la noticia de que haya una nueva Comisión de Gracias
Presidenciales fue recibida, en palabras de Héctor Becerril, con la esperanza
de que se está “ad portas del indulto”.
En
conversación con este diario, el médico de cabecera de Fujimori, el ex
congresista Alejandro Aguinaga, informó que hasta donde sabía no existía una
solicitud formal de indulto ni se había conformado una junta médica que evalúe
la salud del ex mandatario. Aunque advirtió que el presidente Kuczynski podría
iniciar el trámite “de oficio”, al “estar habilitado por la Constitución”.
La
Comisión de Derechos Humanos lamentó que la nueva Comisión de Gracias
Presidenciales no incluya a “representantes de organizaciones de la sociedad
civil o de la Conferencia Episcopal Peruana” y pidió al gobierno “actuar
con imparcialidad y
transparencia en los procedimientos de indulto”.
Ayer, Kuczynski dijo: “No quiero un
nuevo Leguía”. Fue en alusión al ex presidente que murió en 1932 en el Hospital
Naval de Bellavista luego de su penoso encarcelamiento. Pero hay diferencias
con Fujimori. La más evidente (fuera de las condiciones carcelarias): este
último fue condenado en democracia, en un
proceso judicial impecable.
Nueva comisión
Orlando
franchini orsi. De acuerdo con su ficha en el Reniec, nació el 5
de setiembre de 1925. Es
decir, tiene al día de hoy 92 años. No se le conoce relación con el sector
Justicia. En la Sunat aparece que estuvo vinculado con actividades
inmobiliarias.
Los
otros miembros. José Luis Espinoza Rivera, Luis Alberto Daniel Pastor Guittón y
Mary Lourdes Muñante Pérez. Fernando Santillán Vergara es el secretario
técnico.
Correo
En aprietos. La Primera
Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso
adecuar la investigación seguida contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito y
varios exdirectivos de la Empresa Agroindustrial Tumán a la Ley contra el Crimen Organizado (N° 30077), al
considerar que dichas personas habrían formado parte de una organización
criminal dedicada a obtener grandes ganancias en perjuicio de la azucarera.
El mencionado despacho, a
través de la disposición N° 01-2017, establece también que se solicite toda la
información relacionada con los casos donde se encuentre inmerso el mencionado
hombre de negocios y que se ventilan o investigan en Lambayeque, tanto a nivel
fiscal como judicial.
BAJO
LUPA.
El caso en cuestión, signado con la carpeta fiscal N° 365-2015, abarca en
realidad una amplia serie de hechos atribuidos tanto a Oviedo como a sus
coimputados, los cuales no solo guardarían relación con la azucarera Tumán, sino también con la
empresa Pomalca.
En ese sentido, la
Fiscalía dispone ampliar la investigación por un plazo de 10 meses e incluir a
más personas, tanto naturales como jurídicas. La lista completa de implicados
en el caso la conforman: Edwin Oviedo Picchotito, Elvis Oviedo Picchotito, José
Carlos Isla Montaño, Víctor Antonio Becerril Rodríguez, José Arturo Gamarra
Mizrraji, Wigberto Cabrejos Flores, Pablo Roberto Arce Benites, Segundo
Ordinola Zapata, Auria Oviedo Tito, Octavio Oviedo Picchotito, Judith Mirtha
Valdez Málaga y Freddy Huamán Martiarena.
Además, se detalla a una
relación de 16 empresas, aparentemente vinculadas con Oviedo, las cuales
también han quedado bajo la lupa: Shema SAC, Mega Supermayorista SAC, Dismar
Representaciones SAC, Almacenes MASS SAC, Operador Logístico Asturias SAC,
D’Libano Inversiones SAC, Radost Solution SAC y Coali SAC. También figuran las
compañías: Alambique Tumán EIRL, Borlinghton Trading Corp, Van Buren Investment
Corp, Yielding Acounting Systems INS, Palmwood Financial Corp, México Financial
Corp, Suttolk Downs Corp y Percibal Enterprises INC.
HECHOS. De acuerdo al Ministerio
Público (MP), el dinero obtenido por los implicados habría provenido de “los
activos generados por ilícito de fraude en la administración de personas
jurídicas. Estos activos aparentemente han sido destinados como aumentos de
capital a las empresas de su entorno y asimismo se han realizado transferencias
bancarias entre los investigados”.
En el caso de Edwin
Oviedo, la Fiscalía le atribuye, textualmente, “haber realizado aumentos de
capital en las empresas que conforman las sociedades del Grupo Oviedo (conforme
al convenio de socios de fecha 25 de julio de 2007 suscrito por Edwin
Oviedo Picchotito,
Elvis Oviedo Picchotito y Auria Oviedo Tito) tales como D’Libano Inversiones
SAC, Shema SAC, Mega Supermayoristas SAC, con ac En aprietos. La Primera
Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso
adecuar la investigación seguida contra el empresario Edwin Oviedo Picchotito y
varios exdirectivos de la Empresa Agroindustrial Tumán a la Ley contra el Crimen Organizado (N° 30077), al
considerar que dichas personas habrían formado parte de una organización
criminal dedicada a obtener grandes ganancias en perjuicio de la azucarera.
El mencionado despacho, a
través de la disposición N° 01-2017, establece también que se solicite toda la
información relacionada con los casos donde se encuentre inmerso el mencionado
hombre de negocios y que se ventilan o investigan en Lambayeque, tanto a nivel
fiscal como judicial.
BAJO
LUPA.
El caso en cuestión, signado con la carpeta fiscal N° 365-2015, abarca en
realidad una amplia serie de hechos atribuidos tanto a Oviedo como a sus
coimputados, los cuales no solo guardarían relación con la azucarera Tumán, sino también con la
empresa Pomalca.
En ese sentido, la
Fiscalía dispone ampliar la investigación por un plazo de 10 meses e incluir a
más personas, tanto naturales como jurídicas. La lista completa de implicados
en el caso la conforman: Edwin Oviedo Picchotito, Elvis Oviedo Picchotito, José
Carlos Isla Montaño, Víctor Antonio Becerril Rodríguez, José Arturo Gamarra
Mizrraji, Wigberto Cabrejos Flores, Pablo Roberto Arce Benites, Segundo
Ordinola Zapata, Auria Oviedo Tito, Octavio Oviedo Picchotito, Judith Mirtha
Valdez Málaga y Freddy Huamán Martiarena.
Además, se detalla a una
relación de 16 empresas, aparentemente vinculadas con Oviedo, las cuales
también han quedado bajo la lupa: Shema SAC, Mega Supermayorista SAC, Dismar
Representaciones SAC, Almacenes MASS SAC, Operador Logístico Asturias SAC,
D’Libano Inversiones SAC, Radost Solution SAC y Coali SAC.
También figuran las
compañías: Alambique Tumán EIRL, Borlinghton Trading Corp, Van Buren Investment
Corp, Yielding Acounting Systems INS, Palmwood Financial Corp, México Financial
Corp, Suttolk Downs Corp y Percibal Enterprises INC.
HECHOS. De acuerdo al Ministerio
Público (MP), el dinero obtenido por los implicados habría provenido de “los
activos generados por ilícito de fraude en la administración de personas
jurídicas. Estos activos aparentemente han sido destinados como aumentos de
capital a las empresas de su entorno y asimismo se han realizado transferencias
bancarias entre los investigados”.
En el caso de Edwin
Oviedo, la Fiscalía le atribuye, textualmente, “haber realizado aumentos de
capital en las empresas que conforman las sociedades del Grupo Oviedo (conforme
al convenio de socios de fecha 25 de julio de 2007 suscrito por Edwin
Oviedo Picchotito,
Elvis Oviedo Picchotito y Auria Oviedo Tito) tales como D’Libano Inversiones
SAC, Shema SAC, Mega Supermayoristas SAC, con activos de aparente procedencia
ilícita, provenientes de la venta de azúcar subvaluada” por parte de la
empresa Tumán.
En otro momento, el MP
señala, precisamente, que Edwin, Elvis y Auria Oviedo serían quienes “se
encargaban de dirigir a toda la organización”.
Asimismo, el documento
firmado por la fiscal a cargo del caso, Yovana Mori García, dispone que se
requieran los respectivos informes a instancias como el Séptimo y el Primer
Juzgado Civil de Chiclayo, donde se emitieron resoluciones en torno a la
administración judicial de Tumán, pero también a los
despachos fiscales de la región que indagan casos emblemáticos, como es el caso
de la supuesta red criminal “Los Wachiturros” (expediente N° 1661-2015).
VERSIONES. Al respecto, el abogado
de la parte denunciante, Richard Tirado Ventura, mencionó que el Ministerio
Público ha dispuesto que se tomen las declaraciones de todos los investigados,
incluyendo a los representantes legales de las empresas ya mencionadas. De
igual manera, en el caso de los denunciantes, Marcos Pérez Lluncor y Frank
Guevara Díaz. Tirado Ventura señaló que el perjuicio causado al ingenio
bordearía los 1,100 millones de soles.
Por su parte, el asesor
legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, aseguró que se trata de “un
caso que viene ventilándose por más de dos años, en los cuales no se ha
encontrado ningún elemento de convicción que vincule al señor Oviedo y a los
directivos, al punto que el caso todavía está a nivel preliminar”. Agregó que,
en ese sentido, confían que esta denuncia será archivada, aunque calificó como
un “exceso” su adecuación a la Ley de Crimen Organizado. Pese a ello, aseguró
que colaborarán con las indagaciones.
tivos de aparente
procedencia ilícita, provenientes de la venta de azúcar subvaluada” por parte
de la empresa Tumán.
En otro momento, el MP
señala, precisamente, que Edwin, Elvis y Auria Oviedo serían quienes “se
encargaban de dirigir a toda la organización”.
Asimismo, el documento
firmado por la fiscal a cargo del caso, Yovana Mori García, dispone que se requieran
los respectivos informes a instancias como el Séptimo y el Primer Juzgado Civil
de Chiclayo, donde se emitieron resoluciones en torno a la administración
judicial de Tumán, pero también a los
despachos fiscales de la región que indagan casos emblemáticos, como es el caso
de la supuesta red criminal “Los Wachiturros” (expediente N° 1661-2015).
VERSIONES. Al respecto, el abogado
de la parte denunciante, Richard Tirado Ventura, mencionó que el Ministerio
Público ha dispuesto que se tomen las declaraciones de todos los investigados,
incluyendo a los representantes legales de las empresas ya mencionadas. De
igual manera, en el caso de los denunciantes, Marcos Pérez Lluncor y Frank
Guevara Díaz. Tirado Ventura señaló que el perjuicio causado al ingenio bordearía
los 1,100 millones de soles.
Por su parte, el asesor
legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, aseguró que se trata de “un
caso que viene ventilándose por más de dos años, en los cuales no se ha
encontrado ningún elemento de convicción que vincule al señor Oviedo y a los
directivos, al punto que el caso todavía está a nivel preliminar”. Agregó que,
en ese sentido, confían que esta denuncia será archivada, aunque calificó como
un “exceso” su adecuación a la Ley de Crimen Organizado. Pese a ello, aseguró
que colaborarán con las indagaciones.
Peru21
Cambio de estrategia
Juan José Garrido
La última encuesta de Datum (octubre, 2017) trae interesantes datos que
deberían inspirar cierto optimismo para aquellos peruanos que esperan observar
a los distintos poderes trabajando por las mejoras del país, por encima de las
rencillas y la menudencia política. Pero, sobre todo, debería inspirar un
cambio radical en la forma de entender el contexto y las alternativas
estratégicas para el Ejecutivo ante una mayoría parlamentaria fujimorista.
Para empezar, 72% de los encuestados espera que el Congreso le otorgue
el voto de confianza al gabinete Aráoz. La población no desea, como pretendían
algunos asesores de Palacio, que se produzca una guerrita nuclear que destruya
los cimientos de esta democracia tan endeble en la que vivimos. Más aún: si
bien el 63% considera que el fujimorismo obstruye al Ejecutivo (y un 77% cree
que existe más enfrentamiento que cooperación entre ambos grupos políticos), un
78% prefiere que el fujimorismo coopere con el gobierno. En otras palabras,
“puede que las cosas no vayan bien entre ustedes, pero por favor trabajen
juntos”.
Recordemos que para un grupo (no menor) de analistas, Palacio debía
confrontar abiertamente con el Legislativo, y si era necesario llevar las cosas
hasta el extremo (que en el delirio implicaba cerrar el Congreso). Para ello,
por supuesto, lo mejor era que la relación Palacio-fujimorismo fuese de abierta
confrontación. Esto último se consiguió; el problema, como vemos, es que en
ello perdimos todos (menos los antifujimoristas): el gobierno capacidad de
gobernar, los ciudadanos calidad de vida y la oposición (en menor medida) apoyo
popular (como vemos, la aprobación de la lideresa fujimorista sigue en su
franja habitual, hoy 36%).
Pechar al Legislativo sin un plan B era, quedó claro, una sandez. El
gobierno tiene hoy la posibilidad de enmendar su estrategia de gobernabilidad:
seguir siendo utilizados para una confrontación (que solo sirve a los apetitos
políticos de unos) o buscar una plataforma que les permita llegar a 2021 con
algunos logros bajo el brazo. Ojalá prime la razón.
