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MEDIA COLUMNA
La oposición
constructiva
Jorge Morelli
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La
nave ha topado ya con el escollo que pone a prueba la tregua y el “nuevo
diálogo” entre el gobierno y la oposición luego del nombramiento del gabinete
Araoz.
Citado
por la comisión investigadora Lava Jato, que preside Fuerza Popular, el
mandatario ha respondido que, según la
Constitución, el presidente de la República no está obligado a asistir. Puede
responder por carta. Es el camino que ha elegido.
La
respuesta de la parlamentaria Rosa Bartra, que preside la Comisión, parece
fuera de lugar: según ella, lo que dice PPK "mancha
la cordialidad" entre los poderes de Estado y asevera que en la Comisión se considera que el
mandatario inicia un enfrentamiento de poderes a días de la confianza
al gabinete Aráoz. Pide finalmente
que Kuczynski actúe con talla de estadista y no le falte el respeto al país y al Congreso.
Según encuesta
de Datum en Gestión 6/10/17, el 78% de los peruanos quiere que la bancada de Fuerza
Popular coopere con el gobierno. El 63% piensa que hasta la fecha busca
obstruir al gobierno y apenas el 25% cree que Fuerza Popular
es una oposición constructiva.
La
opinión pública va a obligar a Fuerza Popular a hacer una oposición
constructiva. Y al parecer, le guste o no. No es esa solo la voluntad del 78%
de los peruanos sino que, para mayor claridad, el 72% le pide al Congreso darle
la confianza al gabinete Aráoz.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió nuevamente a la situación del ex
mandatario Alberto Fujimori para reiterar que “estamos hablando de la salud,
no estamos hablando de perdonar”. “Que sea el señor Alberto Fujimori u otros, tenemos
que tener cuidado. No quiero un nuevo Leguía”, dijo, en referencia al ex
presidente Augusto B. Leguía, quien murió por maltratos hace 85 años en un
hospital del Callao luego de permanecer encarcelado.
El presidente lamentó que el Congreso no haya aprobado
el proyecto de ley que establecía arresto domiciliario para reos mayores de 75
años.
También se refirió a los cambios en la Comisión de
Gracias Presidenciales, oficializados hoy en la separata de Normas Legales del
diario oficial “El Peruano”. Apuntó que es el Ministerio de Justicia el que
organiza dicha área y rechazó que Freddy Cárdenas deje la comisión porque se
oponga a algo. “Hay que hacer cambios de vez en cuando”, expresó. También negó
que la salida de Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia tenga que ver
con el indulto a Alberto Fujimori.
Correo
Mediante resolución
ministerial, el Ejecutivo dispuso la designación de un nuevo presidente de la
Comisión de Gracias Presidenciales así como la reconformación de dicho grupo
encargado de los indultos a reos.
El ministerio de Justicia
aceptó la renuncia de Freddy Cárdenas Meregildo como director de Gracias
Presidenciales, asignando a Orlando Franchini Orsi al cargo. Trascendió que los
otros miembros de la comisión de Gracias Presidenciales serán:
- José Luis Espinoza
Rivera.
- Luis Alberto Daniel
Pastor Guittón.
- Mary Lourdes Muñante
Pérez.
La decisión fue ejecutada
ayer por el Ministerio de Justicia, bajo el mando del ministro Enrique Mendoza.
La República
Columna de Alvarez Rodrich
Mientras el presidente
Pedro Pablo Kuczynski proyecta señales cada vez más evidentes de su decisión de
indultar a Alberto Fujimori, también va asomando la estrategia para que el
otorgamiento de esta gracia presidencial no le implique un daño político mayor.
Ese control de daños se
orienta a prevenir las reacciones negativas al indulto por parte de Fuerza
Popular, y no las del segmento que se opone al indulto…
(…)
Hechas las sumas y las
restas, PPK da la impresión de estar convencido de que el indulto a Alberto
Fujimori lo beneficiará políticamente.
Un problema previsible es
el que se planteó hace dos semanas en esta columna: “¿Para qué el presidente
Pedro Pablo Kuczynski va a indultar al ex presidente Alberto Fujimori si el
único que parece que va a quedar agradecido y feliz es su hijo el congresista
Kenji Fujimori, quien, más allá de las simpatías de unos veinte colegas, es un
llanero solitario que al final solo tiene un voto; y que, en cambio, puede
producir la ira terrible de Keiko Fujimori, la presidenta de Fuerza Popular que
controla 70 votos con la excepción del de su hermano?”.
En su condición de hija,
debe ser indudable que Keiko Fujimori desea lo mejor para su padre, pero, como
lo indican en su propia familia –desde su hermano Kenji hasta su tío Santiago–,
en su condición de política es consciente de que la libertad de su padre
significaría una seria amenaza a su liderazgo en el partido.
Sin embargo, la amenaza
interna que le implica a Keiko la presión de Kenji hace difícil oponerse al
indulto a su padre, lo cual pone a PPK en la necesidad de pensar en una forma
de indulto que no irrite a Keiko.
(…)
El Comercio
Hace un mes, la Comisión Lava Jato del Congreso envió una carta a fin de que el
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) declare ante esa comisión. Kuczynski anunció esta
mañana que le asiste el derecho de no concurrir a la citada comisión, presidida
por la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular.
“No tengo ninguna obligación de reunirme. Tenemos
varias opiniones de constitucionalistas muy reconocidos que dicen que yo debo
contestar esto por carta, cosa que estoy haciendo”, manifestó. Aún no hay fecha
para enviar la carta de respuesta, pero dijo que esto “será muy pronto”. “La
carta ya está redactada y la están afinando, no tengo absolutamente nada que
ver con ninguna de las preguntas que se me han hecho ahí, pero vamos a aclarar
todo lo que se nos pide”, agregó.
“Es un circo –dijo-, la vez pasada que acepté reunirme
con una comisión sobre el caso del doctor [Carlos] Moreno, los invité a
Palacio, vinieron todos y fue una recatafila de insultos. Yo no voy a someter
la Presidencia de la República a eso”, señaló.
Según el informe final de la comisión parlamentaria, el
Gobierno “quiso encubrir” los presuntos actos de corrupción del ex consejero Carlos
Moreno.
Correo
La presidenta de la Comisión Lava
Jato del Congreso, Rosa Bartra, sostuvo que el mandatario Pedro Pablo
Kuczynski "mancha la
cordialidad" entre los poderes de Estado con su negativa a asistir a la
citación de dicho grupo de trabajo.
"Señor Presidente, colabore,
el Perú necesita conocer quiénes fueron los que participaron en estos megaactos
de corrupción que le han hecho tantísimo daño al Estado. Si no tiene nada que
ocultar, con el mayor de los respetos…, no le falte el respeto al país, no le falte el respeto al Congreso de la
República y actúe con la talla de un estadista", exclamó. Agregó que
en la Comisión Lava Jato consideran
que el mandatario actúa para provocar un enfrentamiento entre poderes del
Estado a pocos días de la presentación del Gabinete Ministerial para pedir el voto de
confianza.
Expreso
El vicepresidente de la
comisión Lava Jato, Jorge Castro, adelantó que Keiko Fujimori y Alan García
serán convocados por dicho grupo de trabajo. Anunció que la convocatoria a
ambos será en noviembre.
Correo, Expreso
El pleno del Congreso aprobó ayer en
primera votación el proyecto de ley 1410, que modifica las acciones
contempladas en el Decreto de Urgencia 003, promovido por el
Ejecutivo y promulgado en febrero último, e incluye a las socias de las empresas
acusadas de pagar coimas tras
el escándalo del caso “Lava
Jato”
en el Perú.
La iniciativa legislativa,
propuesta por la fujimorista Karina Beteta y dictaminada por las comisiones de
Constitución y Fiscalización, obtuvo 98 votos a favor y será sometida a una
segunda votación en siete días, informó el presidente del Congreso, Luis
Galarreta.
La norma amplía los
alcances del decreto de urgencia a fin de que las empresas socias de
contratistas condenadas o que hayan admitido su participación en la corrupción,
no puedan transferir dinero al extranjero.
Se dispone que, si el
Estado tiene una deuda con una empresa cuestionada, este monto será retenido
tras la creación de un fideicomiso -administrado por el Banco de la Nación-
hasta que cumpla con el pago de la reparación civil que se le aplique.
La cifra final sería
estimada por el procurador público.
El plazo para que las
autoridades puedan comprobar la hipótesis de culpabilidad de las empresas
asociadas se ampliará de tres a seis años.
La titular de la comisión
“Lava Jato”, Rosa Bartra, sostuvo que los cambios propuestos permitirían que el
Estado tenga una herramienta efectiva. Sostuvo que el aún vigente D.U. 003 ha
beneficiado a las socias de las brasileñas, dando lugar a la impunidad. Al
estar comprometidos los activos de las investigadas, se respalda el pago de la
reparación civil, dijo.
El Ministerio de Justicia
deberá elaborar y publicar en su portal la relación de sujetos comprendidos en
la futura norma, la misma que se actualizará mensualmente, bajo
responsabilidad.
Expreso
Héctor Becerril,
expresidente de la Comisión de Fiscalización, calificó como un “negociazo” la
emisión de los 2,000 millones de dólares en bonos para la modernización de la
Refinería de Talara, e indicó que el proyecto debería paralizarse.
“Está demostrado que
importar combustible sale mucho más barato que producirlo en el Perú que, por
otro lado, ni siquiera tenemos para la refinería. En el gobierno de Ollanta
Humala se efectuaron situaciones irregulares y este gobierno en lugar de
revisar lo que no es correcto, lo continúa”, comentó.
La congresista y miembro
de la Comisión Lava Jato, Karina Beteta, señaló que el proyecto de la
modernización de la Refinería de Talara también es materia de investigación del
citado grupo de trabajo, por lo que se tendrá que averiguar cada parte del
proceso incluyendo los bonos de Petroperú.
Por su parte, el
legislador acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde, dijo que hasta el
momento, las autoridades a cargo del proyecto de modernización de la Refinería
de Talara, no han explicado los motivos por los cuales el proyecto ha
triplicado sus costos. “Eso hasta ahora nadie explica por qué el presupuesto
inicial de la refinería casi se ha triplicado. Una cosa es hacer una refinaría
con mil millones y otra, es con tres mil, cuatro o cinco mil millones [de
dólares]”, enfatizó.
Peru21
Machismo desde el Congreso
Patricia Teullet
-“Por su intermedio, presidenta, esta mañana ya respondí la pregunta”.
-“Señora Blume, usted vuelva a responder cada vez que le pregunten”.
Este fue el tono de las casi doce horas de interrogatorio a una testigo
que solo estuvo en el cargo público un año del periodo investigado.
Al día siguiente:
Al día siguiente:
-“Congresista García Belaunde, ya el señor Graña respondió esa pregunta
cuando usted salió”.
Este fue el tono de tres horas de respetuosa conversación con el
empresario consorciado con Odebrecht.
Exhibición de machismo desde el Congreso. La dictatorial congresista
Bartra frente a Cecilia Blume se convirtió en cuasi genuflexa damita cuando
presidió la sesión con José Graña.
Y no fue la única; luego de haber llamado corrupta a la señora Revilla y
de alardear matonescamente su poder para insultar y difamar a la Dra. Blume,
amparada en su inmunidad, la congresista Beteta ni siquiera se atrevió a
asomarse en la sesión de preguntas al empresario Graña.
Los miembros de la comisión de largo nombre, (a) Lava Jato, se ufanan de
querer buscar la verdad. Piensan que esto les da derecho a preguntar por los
actuales clientes de la Dra. Blume en su práctica privada, más de 10 años
después de haber dejado la función pública porque “alguna línea de pensamiento
podría tener el congresista García Belaunde”, dijo Bartra o porque “la más
exitosa abogada del Perú usa leguleyadas para encubrir a alguien”, según
Beteta.
Sin embargo, ante Graña, Bartra advirtió al congresista Costa que debía
“ceñirse al periodo de investigación de los hechos que investigaba la
comisión”.
O sea…
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
Casi un año después de que se revelara el contenido de
un chat de sus congresistas, conocido como el grupo Mototaxi, Fuerza Popular
presentó un proyecto
de ley para incluir la difusión de conversaciones de mensajería instantánea
dentro de las sanciones estipuladas en el Código Penal.
El autor es Héctor Becerril, quien propone que se aplique la sanción de
“limitación de días libres”, entre 20 y 52 jornadas, para el que publique
conversaciones de mensajería instantánea o correo electrónico.
La sanción de “limitación de días libres”, según
estipula el Código Penal, obliga a permanecer los días sábados, domingos y
feriados a disposición de una institución pública o privada para participar en
programas educativos, psicológicos o de formación laboral.
Otro aspecto que plantea el proyecto es la pena
privativa de libertad –hasta por dos años– por publicar “una comunicación
telefónica o la grabación de la misma”.
Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que las
comunicaciones publicadas demuestren casos de corrupción, Becerril respondió: “dependerá
de la autoridad judicial”.
El proyecto no fue bien recibido en el Congreso.
Miembros de tres bancadas parlamentarias rechazaron la iniciativa y advirtieron
posibles riesgos contra la libertad de prensa.
Los congresistas consultados indicaron que lo más
probable es que la iniciativa de Fuerza
Popular termine archivada como los anteriores proyectos que
presentaron con relación a los medios de comunicación.
El Comercio
El pleno del Congreso de la
República aprobó anoche
por mayoría un dictamen que modifica artículos de la Ley de Organizaciones
Políticas referidos al financiamiento de los partidos.
En el artículo 31, que menciona las fuentes de
financiamiento prohibidas, se dispuso que las agrupaciones políticas no puedan
recibir aportes “de ningún tipo” de personas jurídicas nacionales o extranjeras,
"excepto cuando estén exclusivamente destinadas a la formación,
capacitación e investigación".
Las agrupaciones sí podrán recibir aportes de personas
naturales.
También se aprobaron modificaciones al artículo 42 de
la ley, referido a la entrega de dinero o dádivas. Si bien los candidatos
estaban prohibidos de entregar dinero y regalos, ahora tampoco podrán dar
alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de
naturaleza económica, "de manera directa, o a través de terceros por
mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización
política".
La sanción por la entrega de dádivas será una multa de 30 UIT (S/121.500), impuesta por el jurado electoral especial. En caso de que el postulante "cometa nuevamente la infracción… el jurado electoral especial dispone la expulsión".
Los postulantes solo podrán entregar propaganda electoral que no exceda el 0,3% de una UIT (S/12,15).
La sanción por la entrega de dádivas será una multa de 30 UIT (S/121.500), impuesta por el jurado electoral especial. En caso de que el postulante "cometa nuevamente la infracción… el jurado electoral especial dispone la expulsión".
Los postulantes solo podrán entregar propaganda electoral que no exceda el 0,3% de una UIT (S/12,15).
A favor de la iniciativa votaron 76 congresistas. Hubo
20 parlamentarios que estuvieron en contra y dos abstenciones.
El dictamen deberá someterse a una segunda votación, que debe realizarse luego de siete días calendario.
El dictamen deberá someterse a una segunda votación, que debe realizarse luego de siete días calendario.
La República
Cero papanoeles en
campaña
Mirko lauer
Es saludable que el
Congreso haya comenzado a votar cambios en las normas electorales. Estos
inevitablemente van a producir polémica, y el de las dádivas en campaña ya lo
está haciendo. En las pasadas elecciones ellas venían con la muerte súbita de
una candidatura. Ahora se resuelven con una multa, y una expulsión para los
reincidentes.
El retiro de algunos
candidatos con buenas expectativas en la competencia del 2016 fue visto por
muchos como un exceso de celo en la legislación. No solo por la dureza de la
pena, y la aplicación inaugural de la norma, sino además por la sospecha de que
había candidatos haciendo regalos por todas partes. Solo que los más
afortunados o discretos no habían sido denunciados.
La multa, un poco más de
S/120,000, no es poca cosa para una campaña modesta, pero las de mayores
recursos pueden afrontarla. El verdadero disuasor sigue estando en el peligro
de ser eliminado de la elección. De modo que un candidato solvente tiene una
pequeña ventaja, pero debe elegir bien en qué momento decide ser generoso con
los electores, y si la multa lo justifica.
La nueva norma es bastante
clara, y hay un intento de definir qué es exactamente una dádiva en campaña,
con el acento puesto en “objetos de naturaleza económica” y la idea que estos
deben cambiar de manos para ser tales. Aunque alguien muy puntilloso podría
decir que un gran espectáculo político-musical para beneficio del respetable
también es en cierto modo una dádiva.
La idea detrás de todo
esto es que dar regalos produce votos, e introduce inequidad en el proceso.
Quizás más exacto sería decir que dar regalos puede producir manifestaciones
más concurridas que las otras. Pero los repartos conocidos no son del tipo que
produzca una gratitud decisiva, salvo que la votación fuera en los siguientes
minutos.
Así como restringe la
capacidad de los candidatos para dar, la nueva ley limita severamente la
capacidad de los partidos para recibir contribuciones a su esfuerzo político.
La lista es larga y detallada, pero mucho más difícil de controlar que las
dádivas. El tipo de exploración que hasta aquí solo ha podido ser establecida
con los candidatos ya elegidos.
Quizás más exacto sería
decir que dar regalos puede producir manifestaciones más concurridas que las
otras.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El
Comercio
La
CGTP quiere seguir siendo enana
Jaime
de Althaus
Es una
buena noticia que el Congreso haya aprobado el miércoles una agenda legislativa
concordada entre las bancadas y el Ejecutivo, como manda el artículo 29 de la
ley del Congreso, que nunca
había sido aplicado. En medio del escenario más enfrentado entre Ejecutivo y
Legislativo de los últimos 17 años, de pronto crece la flor de una agenda
concertada entre los dos poderes. Casi un milagro, como el que sería clasificar
a Rusia. Felicitaciones a Luis Galarreta.
Ahora,
también es cierto que la agenda es muy amplia e incluye todos los temas
importantes –menos uno– del país. En una legislatura no se va a poder abordar
todo. Para que el encomiable esfuerzo no termine siendo un saludo a la bandera,
hay que priorizar y precisar el contenido de las leyes y reformas más
importantes. Haría falta una vuelta de tuerca más, un pequeño esfuerzo
adicional.
Por
supuesto, el único tema que falta –fuera de la reforma del sistema de
pensiones– es la reforma laboral. Se proponen “leyes de promoción del empleo
digno y productivo y acceso al empleo sin discriminación (fortalecimiento de
Sunafil, contratación formal de jóvenes, eliminación de la discriminación
remunerativa)”. Pero eso no parece apuntar a resolver el problema de la
inclusión de las grandes mayorías excluidas en una formalidad con derechos.
Como
escribía Franco Giuffra ayer: “Es una lástima que para la revolución laboral
que necesitamos no exista hoy un solo político que se sienta capaz de
impulsarla”. Mercedes Aráoz debería plantear el problema y la necesidad de
resolverlo el próximo jueves en su discurso para obtener el voto de
investidura. Los políticos han sido elegidos para enfrentar los problemas, no
para esconderlos.
En la
propia CGTP tendría que haber algún valiente que se atreva a
decir la verdad: que la normatividad laboral actual la ha convertido en una
enana sindical casi sin representatividad. No solo porque el 74% de la
población ocupada es informal, sino porque entre los formales la CGTP casi tampoco existe: los
trabajadores sindicalizados son hoy apenas el 1,2% de la población ocupada, y
solo el 5,8% de los trabajadores privados en planilla. Porcentajes ridículos.
Y la
causa es la legislación que defiende. Tiene pocos sindicalizados porque la
estabilidad laboral absoluta consagrada por el TC ha llevado a las empresas a
incrementar la proporción de contratos temporales a plazo fijo a alrededor de
un 70%, y dichos contratos desincentivan la afiliación sindical y restringen el
acceso a la negociación colectiva. Es obvio, entonces, que lo que le convendría
a la CGTP es que las
empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la
mayor cantidad de trabajadores se pueda sindicalizar y la CGTP pueda así ampliar sus bases
y su poder. Ella debería ser la primera en abogar por una aclaración al
artículo 27 de la Constitución que establezca que la indemnización es una
protección adecuada al despido. Pero, incomprensiblemente, está contenta con su
diminuta realidad.
