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lunes, 22 de agosto de 2016

ESTA NOCHE lunes 22 agosto 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Postergar las batallas


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Mientras en Lima, el debate político ocupa las primeras planas, en un remoto pueblo de Cotabambas, Apurímac, se juega la partida que definirá el éxito o el fracaso del Perú ante la situación económica que deja el gobierno saliente, de la que el entrante acaba de caer en cuenta.

Por el camino de tierra que lleva de la mina de Las Bambas hasta el puerto de Matarani, circulan diariamente entre 250 y 400 camiones llevando mineral de cobre para embarcarlo a China. Meses atrás el conflicto estalló. Dejó cuatro muertos.

La semana pasada, cuatrocientos comuneros bloquearon el camino. El acuerdo para la construcción del camino entre las comunidades y la mina fue “verbal”, lo que significa que probablemente esas comunidades no han recibido del Estado peruano un título de propiedad de sus tierras. Independientemente de la justicia de las reivindicaciones de los comuneros, sin embargo, el objetivo político del radicalismo antisistema es politizar el conflicto con el objeto de paralizar la producción de la Las Bambas, la mayor operación minera del Perú.

La paralización de Las Bambas significaría un golpe demoledor para la recaudación fiscal, que viene cayendo, según confesó por fin el ministro de Economía ante el Congreso durante la presentación del gabinete. (En 2011, la recaudación tributaria se hallaba en 16 por ciento del PBI y subiendo. El humalismo ofreció llevarla a 18. Hoy está en 14 por ciento).

Este sábado 27 de agosto, de otra parte, vence el plazo para la liquidación de Doe Run en La Oroya. A menos que el Congreso apruebe prorrogar el plazo en el Pleno de este jueves 25, la liquidación ocurrirá inexorablemente. Miles de trabajadores quedarían sin empleo. Con seguridad bloquearán en La Oroya la carretera Central, que conecta a Lima con su despensa alimentaria en el valle del Mantaro. Esto repercutiría de inmediato en el abastecimiento de Lima y en el precio de los alimentos.

¿Es este peor escenario catastrofista en exceso? Acaso sea improbable hoy. Pero no es imposible.

En algún momento, a lo largo del gobierno que se inicia, vamos a encontrarnos con el peor escenario ante nuestros ojos. Más vale estar preparados. Una batalla no se puede postergar indefinidamente.
 


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



La República, Peru21
Esta semana, el Congreso tendrá que ver el caso de Doe Run Perú (DRP) cuyo plazo de liquidación termina el sábado próximo, 27 de agosto.
Luego de la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a La Oroya, donde prometió una solución y emplazó a la población a marchar al Congreso, el pasado 4 de agosto el Ejecutivo presentó su proyecto de ley para prorrogar el plazo de las liquidaciones en marcha en el Perú, pasando de los dos años actuales a cuatro años.
El gobierno está a la espera de que el Legislativo apruebe su proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Concursal y así ampliar este plazo hasta por cuatro años.
Fuerza Popular (FP) tiene otros planes. El vocero fujimorista, Luis Galarreta, indicó que el planteamiento presentado por su bancada “es mejor”. “Esperamos que la bancada de gobierno (Peruanos por el Kambio) se dé cuenta de que nuestra propuesta tiene más lógica, ya que genera un mecanismo de ampliación a través del Ejecutivo, que es el que debe solucionar el problema”, manifestó.
Fuerza Popular también propone una modificación de la Ley Concursal, pero señala que el proceso de liquidación se efectúe en un año que este “puede” ser prorrogado por el Ejecutivo por un año más a través de un decreto supremo. “Es un proyecto que le da facultades al Ejecutivo para ampliar los plazos”.
“Allí deben estar cautelados los temas ambientales y laborales”, agregó Galarreta.
El último viernes, el congresista Federico Pariona, de Fuerza Popular, presentó su propio proyecto, el cual propone un año más (tres en total) de plazo para las liquidaciones en marcha.
"Queremos que el Ejecutivo diga cómo va a trabajar. El tema ambiental es su responsabilidad, y no solo seguir prolongando los plazos para la venta de Doe Run", refirió. Explicó que este proyecto sería ingresado hoy a la Comisión de Energía y Minas.
Dijo que la Junta de Portavoces podría exonerarlo de trámite para que sea agendado, debatido y aprobado en la sesión del Pleno de este jueves 25 de agosto.
En caso se aprobara el proyecto de ley de PPK y Fernando Zavala, el gobierno estaría igualmente con el tiempo justo para su publicación y entrada en vigencia desde el mismo sábado 27 de agosto.
Este miércoles 24 de agosto se instala también la junta de Acreedores de Doe Run, a la espera de la decisión final del Congreso y el Ejecutivo.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
Por la trocha de cinco metros de ancho que conecta la mina Las Bambas con la comunidad de Quehuira, en Apurímac, pasan al día más de 250 camiones. Esta vía es paso obligado de los enormes vehículos que llevan el mineral desde el yacimiento, a cuatro mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. Desde allí, el cobre es embarcado a China.
Hace 10 días, esta trocha de 8 kilómetros de extensión fue bloqueada por 400 campesinos de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca. Tras un choque con la policía, que terminó en un incendio forestal, la trocha fue despejada. Recién ayer, tras un mejoramiento, la vía volvió a ser utilizada.
Los campesinos protestan por la utilización que da Las Bambas a ese camino construido en lo que antes fueron terrenos comunales. “Nosotros cedimos ese espacio para que suba maquinaria y operarios, no para el tránsito de los camiones”, dice Raymundo Letona, representante de Quehuira. Él reconoce que el acuerdo con Las Bambas fue “verbal”.
La indignación se acrecentó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el camino que va a Las Bambas como parte del Sistema Nacional de Carreteras, el 24 de julio pasado. Los campesinos aseguran que esto no se les consultó y temen que Las Bambas ya no construya un ‘mineroducto’ para transportar material sin camiones.
A través de un comunicado, MMG Las Bambas, el consorcio a cargo de la explotación, aseguró a El Comercio que la trocha por la que sacan sus minerales es “pública”. “Realizamos el riego de las vías para mitigar la polución”, dijo la compañía. Respecto de la construcción del ‘mineroducto’, respondió que está suspendida.
La Presidencia del Consejo de Ministros instala hoy una mesa de diálogo. Es la segunda desde que empezó este gobierno y la cuarta desde julio pasado.
Uriel Condori, teniente alcalde del distrito de Challhuahuacho, informa que en su distrito ninguna calle está asfaltada, hay una comisaría y un centro de salud.
En setiembre del año pasado, las manifestaciones llegaron a su punto álgido con la muerte de cuatro comuneros.
En abril, las comunidades acataron un paro acusando al gobierno de no participar en las mesas de diálogo. El Ejecutivo explicó que no llegó por problemas en el aeropuerto de Cusco.
“Hay que tener cuidado de atribuirle a las minas responsabilidades que son del Estado. No es función de una empresa privada dar bienes básicos a una población”, comentó Carlos Aramburú, ex miembro de uno de los equipos de transferencia al gobierno entrante.



ESTA NOCHE (tomado de La República)
Hay 16 familias de Taquiruta, comunidad de Fuerabamba, distrito de Chalhuahuacho que viven a metros de las operaciones del proyecto de cobre más importante del Perú, Las Bambas, del gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation y a esta inversión minera como su primera y única en Sudamérica.
En Taquiruta cada mediodía hay voladuras de un tajo minero y los vecinos denuncian que sus viviendas se han rajado por las explosiones. Viven sin luz eléctrica ni agua potable.
La producción de cobre de 32 mil 800 toneladas métricas finas cada mes equivale a 82 camiones con una carga promedio de 400 toneladas.
El presidente del frente de defensa de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, aseguró que el 22 de agosto hay una reunión de la mesa de trabajo en Apurímac creada durante el gobierno de Ollanta Humala, la misma que reanuda sus actividades para “revisar lo avanzado”. En el encuentro se presentará la lista de demandas de los pobladores que mostramos a continuación.
Las más de 400 mil toneladas de cobre que MMG Limited proyecta extraer cada año están debajo de las casas ya desaparecidas de la comunidad de Fuerabamba. Hace más de dos años, más de 400 familias de la comunidad fueron reubicadas por la anterior operadora, Glencore Xstrata, a una ciudad satélite a media hora del proyecto a la que llaman Nueva Fuerabamba. Taquiruta fue el único caserío de la comunidad que prefirió quedarse hasta que la empresa les pague lo que consideran “justo” por sus más de mil hectáreas de terreno.
La mayoría de la población en las zonas rurales y las áreas urbanas de los distritos donde se levanta Las Bambas aceptó el proyecto. “No queremos conflictos. Pero si te doy la mina, también te doy condiciones”, dice Daniel Olivera.
Durante varios años, los representantes de los operadores y la población lograron establecer una relación armoniosa, “pero el cortejo acabó cuando la empresa accedió a territorios”, narra Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL).
“La empresa era el papá. Si querías fiesta patronal, la mina traía las mejores orquestas del año, mataban diez o quince cabezas de ganado, preparaban la mejor chicha”, narra Porfirio Gutiérrez, y asegura que “todos los regalos acabaron cuando terminaron de sacar a la comunidad de sus tierras”.
Tiempo después la convivencia se quebró en setiembre de 2015 con la provincia de Cotabambas cuando estalló el conflicto por las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sin consultar a la población. Para entonces MMG Limited ya había comprado la mina a Glencore.
Lo que quedó fueron 3 muertos y 29 heridos. En respuesta, el régimen de Humala instaló una mesa de trabajo.
El centro de operaciones está constituido por la planta de espesamiento, la planta de molibdeno y de filtraciones de cobre, así como un almacén de concentrados, que antes estaba ubicado en el área de Tintaya, en Espinar (Cusco), pero que ahora se levanta en la provincia de Cotabambas (Apurímac). Los minerales ya no se transportarán por un mineroducto, sino por camiones. Desde enero pasado, los camiones levantan una polvareda que agita el reclamo de los comuneros de Antuyo en el distrito de Tambobamba, que recientemente ocuparon un tramo de la carretera.
Según la minera Las Bambas, esto no afectó sus operaciones, pero los pobladores exigen que la empresa asfalte la vía. La empresa dice que riega el camino.
Con la desaparición del mineroducto se sepultaron las expectativas de los pobladores de 20 comunidades y cuatro centros urbanos de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia de este transporte.



ESTA NOCHE (tomado de La República)
Los conflictos socioambientales de mayor magnitud que podrían estallar de no ser atendidos a tiempo están en el corredor minero del sur y en las cuatro cuencas amazónicas de Loreto.
En el corredor minero, las mesas temáticas en las que se discutían las demandas de la provincia apurimeña de Cotabambas, están suspendidas. Los tambobambinos ya dieron la voz de alerta este mes con la toma de una vía en Antuyo.
El presidente del Frente de Defensa, Rodolfo Abarca, manifiesta que no han tenido respuestas claras ni resultados visibles en el tema ambiental. Cotabambas también exige que se asfalte la vía que va hacia Espinar (Cusco), por donde transitan a diario cerca de 400 camiones que transportan minerales.
En Cusco, los espinarenses siguen esperando atención especializada para tratar la contaminación con metales pesados que sufre la población de las comunidades de Alto Huancané y Huisa desde hace seis años.
Mientras en Arequipa, los agricultores del valle de Tambo persisten en rechazar el proyecto minero Tía María.
El analista José Luis López Follegatti opina que se necesita desarrollar el corredor minero donde están importantes emprendimientos como Tintaya, Las Bambas o Antapacay.
"Hay que ver la situación en que se encuentran los proyectos de desarrollo en las zonas altas de Cusco y Apurímac, como los de agua y desagüe, de construcción de centros de salud. Algunas empresas están haciendo obras por impuestos, pero falta presencia del Estado”, anota López Follegatti.
En las cuencas amazónicas Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza, la contaminación ocasionada por la actividad petrolera continúa sin ser resuelta. Hay acuerdos no honrados y demora en la titulación de tierras comunales.
En abril pasado, el gobierno de Humala creó un grupo de trabajo encargado de coordinar el desarrollo de las cuencas y de ver el cumplimiento de las tres actas de compromiso que firmó el Ejecutivo con las federaciones indígenas. El 14 de julio se constató que los avances en las obligaciones eran pocos. En tanto, los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano parecen indetenibles.



El Comercio
Cientos de usuarios de transporte público se han visto afectados por la paralización del servicio de las coasters que hacen el recorrido Ancón-Lima.La medida responde al alza del peaje.
Los usuarios indicaron que desde el pasado 4 de agosto, día en que se subió el peaje, el pasaje subió en al menos 30%.
Rutas de Lima informó hace unas semanas que las tarifas de los peajes ubicados en las vías Panamericana Norte, desde Habich hasta Ancón se incrementarían. La tarifa de vehículos livianos de transporte público pasó de S/3.00 a S/4.00.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, reveló ayer que el gobierno había encargado al Consejo Fiscal (CF) y al Fondo Monetario Internacional la evaluación de las cuentas fiscales de la gestión de Humala.
Cumpliendo el encargo, el CF emitió el informe “Opinión del Consejo Fiscal acerca de la situación de las finanzas públicas”. Concluye que “el espacio para hacer políticas fiscales expansivas hoy es mucho menor que el que teníamos hace unos años”.
Este debilitamiento de las finanzas públicas se ha producido, según el documento, por el cambio en las condiciones internacionales y cuatro años de política fiscal expansiva (más gasto y menos impuestos recaudados).
Además, los flujos de gastos e ingresos públicos han afectado el stock de deuda pública que desde el 2014 no ha dejado de crecer. En ese año, detuvo su tendencia decreciente, iniciada en el 2003.
El Perú tiene un nivel de deuda pública como porcentaje del PBI de los más bajos de América Latina y de países con igual calificación crediticia. Sin embargo, el CF estima que, en un escenario de riesgo externo, de menor crecimiento y precios de exportación, manteniendo el gasto público la deuda pública podría ubicarse en el 2019 por encima del límite de 30% del PBI.
El informe indica que la evolución de las cuentas fiscales en el último quinquenio se caracterizó por una desaceleración continua en el crecimiento real de los ingresos del Gobierno Central, caso contrario de lo observado en el crecimiento del gasto no financiero.
Los menores ingresos se deben principalmente a la menor recaudación de impuesto a la renta debido al deterioro de los precios de materias primas, la desaceleración de la economía y las medidas tributarias adoptadas para estimular la actividad económica.
Por el lado del gasto, este aumentó por el gasto corriente –sueldos, mantenimiento de infraestructura, servicios básicos y otros–, mientras la ejecución se contrajo en los gobiernos regionales y locales.
Perú21 se comunicó con el presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, para que amplíe el análisis sobre el tema, pero indicó que están esperando que el Ejecutivo les envíe el Marco Macroeconómico Multianual –que será posiblemente esta semana–.
En el 2012 se tenía un superávit fiscal de 2.3% del PBI y en el 2015 se tuvo un déficit fiscal de 2.1%. Se proyecta que en el 2016 el déficit será de 3%.
Se espera que en el 2016 el ratio de deuda pública sea de 25.2% del PBI, por debajo del 30% establecido en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal.



Expreso
En esta segunda rueda del grupo de análisis económico de EXPRESO, conformado por Ismael Benavides Ferreyros, exministro de Economía (2010-2011); Jorge Baca Campodónico, también extitular de la mencionada cartera (1998- 1999); Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC; y Jorge Peschiera, exnegociador de la deuda externa, se analiza un posible escenario post reducción del IGV en un punto, como lo ha anunciado el Gobierno, lo que evidentemente tiene que ver con el déficit fiscal.
EXPRESO: Pese a todos los argumentos que relativizan la eficacia de la reducción del IGV en 1 punto porcentual, el Gobierno insiste en esta medida. Ahora ya se sabe que es el propio presidente Kuczynski quien empuja esta iniciativa. Cae por su propio peso la pregunta: ¿qué va a pasar si el Gobierno insiste contra viento y marea en reducir el IGV?
ISMAEL BENAVIDES: Bueno, habiendo tocado ya el tema de la ineficacia de la reducción de la tasa para reducir la informalidad, hay que decir que un conjunto de otras cosas tienen que atacarse para eso, no solamente la reducción de la tasa del IGV.
El IGV hoy día contribuye en forma importante a la recaudación fiscal. El déficit fiscal está cercano al 3 por ciento del PBI –estamos hablando de 7 mil millones de dólares– y la recaudación continúa cayendo. Aunque los precios de los minerales se han recuperado algo, las empresas están mostrando pérdidas y los nuevos proyectos todavía están en proceso de amortizar sus inversiones. Industrias como la petrolera, con precios deprimidos, tampoco generan impuestos en forma importante. Así, una reducción del IGV va a ir directo a la venta y la recaudación va a reducirse en un momento en que no existen en el horizonte otras fuentes de ingresos.
El ministro de Economía se encuentra ante esta disyuntiva: si reduzco el IGV, eso va a significar dos mil y pico millones de soles de menor recaudación. ¿Con qué lo reemplazo para tratar de reducir el déficit fiscal?
Si quiere cumplir con las normas del equilibrio fiscal, o aumenta los impuestos (en lugar de bajarlos) o se endeuda. El endeudamiento del Estado, si sumamos la deuda interna y externa, tiene ya un peso importante sobre la caja fiscal.
En una economía que se va a desacelerar –porque ha habido un pico de crecimiento por la entrada en producción de grandes proyectos mineros como Las Bambas y Toromocho, que en 2017 y 2018 ya no se va a sentir–, si no hay otros proyectos importantes o se reactiva la inversión privada, la caída de la recaudación va a continuar. Por lo tanto, tocar el IGV parece imprudente. Más aún si pretenden continuar con la reducción del Impuesto a la Renta, que puso en efecto el exministro Alonso Segura.
Creo que es un buen deseo del Presidente pensar que, reduciendo el IGV, se va a reducir la informalidad y reactivar la economía.
JORGE BACA CAMPODÓNICO: Quería agregar que estamos hablando de una reducción de punto de la tasa del IGV que –dada la ineficiencia de la recaudación del IGV– puede resultar en una caída de medio punto del PBI en la recaudación.
Eso tomando en cuenta solo el primer tramo, porque el ministro (Thorne) hablaba de tres tramos para llegar a tres puntos de reducción del IGV. Estaríamos hablando entonces de una caída de la recaudación de un punto y medio del PBI y de déficit fiscal adicional al 3 por ciento que tenemos ahora.
Obviamente eso cae fuera de la política fiscal responsable. Por un error de diagnóstico podemos llegar a pagar consecuencias mucho más graves en lo que ha sido el pilar de todo nuestro programa económico durante años. Eso generaría un aumento de la deuda que traería serios cuestionamientos de
parte de las calificadoras de riesgo.
Lo que se está poniendo en juego cuando se apuesta a la reducción es que hemos ido progresando en la gobernabilidad fiscal a través de la Ley de Transparencia Fiscal, que nos ha permitido tener un control de los gastos del Presupuesto.
Pero una medida que se ha ido demorando es la creación en el Congreso de una “oficina del presupuesto” dentro de la Comisión de Presupuesto. La “oficina del presupuesto” estadounidense ha sido copiada por la mayoría de países en el mundo. El Presupuesto debe ser analizado no solo por el Ejecutivo, sino por el Congreso, que es el encargado de fiscalizar. Pero en el Perú aún se presenta un Presupuesto en gran medida político. Y nadie en el Congreso tiene aún los medios para entrar realmente al impacto fiscal.
EXPRESO: La ley en el Perú impide tener un déficit fiscal mayor de uno por ciento del PBI. Fue un aprendizaje muy duro desde los años 90 comprender que no se puede vivir del futuro de manera indefinida. Hemos violado esa ley, tenemos un déficit fiscal que no es de uno sino de tres por ciento del PBI y, como se ha dicho aquí, si no podemos cubrirlo subiendo los impuestos o bajando los gastos, el país va a endeudarse. Sobre eso quiero preguntarle a Carlos Adrianzén.
CARLOS ADRIANZÉN: La situación es un peligro, para llamarla por su nombre. No es que tenemos un déficit de tres por ciento del PBI y estemos tranquilos porque puede ser acomodado en la legislación con el concepto de déficit “estructural”. El problema es que posiblemente en este momento, dadas las cifras publicadas en julio, ya tenemos un déficit bastante mayor del tres por ciento del PBI y con una tendencia de la recaudación que no deja de caer.
El gasto ya se ha reducido y a pesar de eso el déficit no deja de aumentar. Pocos reparan en que, para financiar el déficit, la inversión de los trabajadores (a través de las AFP) en deuda pública (bonos), se ha inflado en más de 1,500 millones de dólares. Han tomado plata de los trabajadores.
La pregunta entonces no es si nos conviene endeudarnos, la pregunta es si a este gobierno le conviene endeudarnos. Se está hablando de una emisión de bonos –todavía no oficial– de unos 6 mil millones de dólares, diciendo que estamos poco endeudados.
El tamaño de la deuda interna y externa es cercana al 30 por ciento del PBI en las últimas cifras conocidas. La tasa real que hay que pagar es de cinco por ciento por la deuda interna y de cinco por ciento por la deuda externa. Todos sabemos cómo se llaman los bonos soberanos que pagan cinco por ciento: bonos basura. Eso le están vendiendo a nuestros fondos previsionales.
El problema de fondo es tomar el toro por las astas. El tema es si debemos salir a colocar bonos para seguir gastando.
EXPRESO: La deuda puede crecer muy rápidamente. Se acumula de manera exponencial y el camino de regreso es muy difícil…
JORGE PESCHIERA: Es correcto. Regresando al tema del uno por ciento de reducción del IGV, creo que no se puede analizar el árbol y pensar que se está mirando el bosque. La tasa del IGV es uno de tantos elementos que tienen que jugar en el Presupuesto.
Y el presupuesto es como el de una casa: cuánto entra, cuánto sale. Lo que he escuchado en la campaña y sigo escuchando son iniciativas de gasto y ningún análisis de si esos gastos están siendo eficientes y en qué se puede cortar gasto.
Lo que dice Jorge Baca respecto de crear en el Congreso una “oficina de presupuesto” que sea la contraparte del Ejecutivo, me parece muy importante. Ojalá se pueda implementar para que alguien, con conocimiento y con técnica, pueda responder o hacer las preguntas correctas respecto de los supuestos del presupuesto.
La tasa del impuesto es solo uno de los componentes de cómo se van a financiar los ingresos. Otro es la deuda. Evidentemente, si crece el déficit fiscal a cinco por ciento del PBI, la deuda crece también. Y si alguien dice: no vamos a endeudarnos porque hay una reserva financiera, es lo mismo. Endeudarte o consumir tus reservas es lo mismo. Hay que ver cuánta reserva financiera necesitas para que no baje tu calificación crediticia.
Si hay un gasto, tiene que haber un resultado. Creo que hay cierto trabajo que se ha ido haciendo para evaluar la efectividad del gasto. Debe sacarse a la luz. Debe exigirse al Ejecutivo presentar esos elementos. Porque este déficit fiscal no se va a resolver sin un costo social. Ese es el problema.
A quién van a terminar echándole la culpa y quién va a asumirla. Si nos comenzamos a enamorar de las acusaciones entramos en un círculo vicioso en el que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Crear excusas hará crecer el déficit y al final no sabemos dónde vamos a terminar.
El reto del Estado está en la efectividad del gasto y en jalar inversión privada, hacer que el sector privado genere el crecimiento, para lo que el Gobierno debe hacer atractivo al país. Escucho, por ejemplo, que empresas textiles peruanas se están mudando a Costa Rica. La empresa textil es transportable. La máquina se traslada. La marca se produce igual que en el Perú sin todos los problemas tributarios, burocráticos y regulatorios, y con mano de obra quizá más educada. La empresa de calzado es trasladable. Consume un montón de mano de obra. Si se facilita la producción, si la legislación laboral es flexible, ¿por qué una fábrica de calzado tendría que mudarse?
CARLOS ADRIANZÉN: Esa decisión es gracias a un tipo de cambio que a la fecha nos viene costando 25 mil millones de dólares de la posición de cambio. Nada parecido a un tipo de cambio de mercado. En realidad es un tipo de cambio controlado. ¿Qué política monetaria debimos haber aplicado en su momento para que la inflación no subiera?
EXPRESO: Otras son las prioridades, entonces, para hacer crecer la economía y la productividad. Pero en unos días el Gabinete pedirá facultades para legislar para reducir el IGV. Las consecuencias posibles son las que hemos escuchado. El Gobierno está haciendo una apuesta basada en un mal diagnóstico. Es una apuesta temeraria. Quiero dar las gracias a Ismael Benavides, a Jorge Baca Campodónico, a Carlos Adrianzén y a Jorge Peschiera por habernos acompañado.
Nota del editor: El grupo económico de EXPRESO será reunido nuevamente pronto a tratar otro tema de la agenda del Gobierno. El video de esta conversación puede hallarlo en la página web www.expreso. com.pe



Peru21
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, criticó que el gobierno de Ollanta Humala no haya cumplido el compromiso de mantener un déficit fiscal de 2.5%.
“En el tema del déficit fiscal ellos tenían una meta del 2.5%. El exministro de Economía tenía un compromiso con el Congreso, el cual se rompió 3, 4, 5 veces. Haber cambiado la regla, comprometerse al 2.5% y ahora estar en 3% significa un problema”, expresó Thorne.
 “El gobierno anterior desbordó en sueldos y salarios, los haberes en los cinco años han crecido en más de 100%. Los compromisos futuros de inversión llegan a cerca de 20 mil millones y eso nos quita espacio. El gasto social ha crecido cinco veces durante el gobierno de Ollanta Humala”, dijo. “Sin embargo, la pobreza no se redujo cinco veces, solo bajó 7 puntos”, agregó.
Thorne anunció que su cartera tiene un plan de reestructuración de la Sunat y de Proinversión. Señaló que ya tiene los nombres de las personas que van a dirigir ambas entidades.
“No solamente cambiaremos a los individuos, sino la estructura de la Sunat”, expresó Thorne.
“Lo mismo vamos a hacer en Proinversión… También tenemos a la persona que va a dirigir esta entidad, agregó el ministro.



La República
La bancada de Acción Popu­lar ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone reducir el IGV de 18% a 17% en periodos "de desaceleración”. De este modo, se busca incrementar el consumo, sostiene e proyecto planteado por el vocero de dicha bancada, Víctor Andrés García Belaunde.
El legislador dijo que con esta modificación en la ley se generará mayor re­caudación, que en 2011 consiguió seis mil millo­nes más de ingresos cuando se se bajó el IGV de 19% a 18%.
Desde la bancada de Fuerza Popular, esta iniciativa es considerada "peligrosa" y se duda de sus beneficios, señaló la parlamentaria fujimorista Úrsula Letona. El grupo mayoritario se opondría a su aprobación.



El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) advirtió que la Contraloria General de la República "está empezando a acusar a diestra y siniestra" y que su labor debe ser controlar y no detener proyectos de inversión pública.
"[La contraloría] está empezando a acusar a diestra y siniestra, tiene que tener mucho cuidado, el papel es controlar que efectivamente los gastos sean hechos de acuerdo a la ley y al presupuesto, no es parar los proyectos. Es una traba potencial y voy a luchar con eso", afirmó PPK.
"Hay mucha gente que quiere hacer méritos como abanderados de la lucha contra la corrupción y con una falta de claridad de cuáles son sus funciones", dijo y puso como ejemplo de ello a la Contraloría.
Recientemente el contralor, Edgar Alarcón, ha salido a los medios a hacer observaciones a la compra de patrulleros para la Policía y a la adjudicación de la Línea 2 del metro de Lima.
PPK manifestó que en el plano económico "hay mucho optimismo y que la confianza se está recuperando".
Pero dijo que es necesario eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). "Lo que necesitamos [cuando se haga] este pedido legislativo es que nos dejen trabajar sin el SNIP, este se ha transformado en un cáncer, está parando todo. No quiero escuchar la palabra SNIP una sola vez más en mi vida. Fue una buena idea en el 2000 pero hoy necesitamos otra cosa, que es ProInversion Regional", manifestó.



El Comercio
La consultora Macroconsult advirtió en su último reporte semanal de la marcada desaceleración de los sectores comercio y servicios” en mayo y junio.
Esta debilidad se podría prolongar en julio, según indicadores adelantados recogidos por la firma.
Un indicador que cae es la recaudación del IGV, que tuvo una baja de 1,1% en julio.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
La siguiente visita de Fernando Zavala al Legislativo podría darse en las próximas dos semanas, cuando acuda al pleno para solicitar facultades legislativas.
Luis Galarreta informó que Fuerza Popular actuará del mismo modo que con el voto de confianza: escuchará la propuesta del primer ministro antes de tomar una posición.
Carlos Bruce dijo que, mientras los ministros estarán enfocados en presentarse en las comisiones del Congreso, la bancada oficialista empezará el trabajo con miras a la delegación de facultades. “Nos corresponde aterrizar los temas específicos en los que se va a pedir facultades y también ponernos de acuerdo en cuál será la fecha más adecuada para esa sesión”, concluyó.



Peru21
A la fecha, Fuerza Popular ha presentado 41 proyectos de ley. En esta lista figuran el IGV Justo, la iniciativa que busca beneficiar a la micro y pequeña empresa con la prórroga de pago de tributos hasta después de generados sus ingresos; las que crean la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Procuradurías Anticorrupción; y la que dispone el incremento del presupuesto municipal de 2% a 3% a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
“Todo lo que corresponda al Plan Perú vamos a tratar de aprobarlo desde el Congreso, como lo hemos hecho hasta el momento con el consenso de una mayoría de bancadas”, expresó el vocero fujimorista, Luis Galarreta.
“Cada comisión trabajará su propia lista de proyectos y entre ellos estarán los nuestros”, aclaró.
El legislador Héctor Becerril adelantó ayer que Cárceles 4,000 —propuesta de construir penales a más de 4,000 metros de altura para internar a los más peligrosos delincuentes— será una de las siguientes propuestas legislativas.



El Comercio, La República
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que Nadine Heredia colocó a personas de su confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Añadió que, durante el gobierno de Ollanta Humala, esos empleados le rendían cuentas.
 “No tengo ninguna foto, pero tengo sospechas (…) Había puesto [Heredia] mucha gente dentro del MEF, gente de su confianza y que le rendía cuentas a ella”, declaró Thorne.



El Comercio

Esperamos ver “quiénes son las personas cuestionadas que quedaron del anterior gobierno y separarlas. Si ellos dicen que hay ministerios casi quebrados, sería absurdo mantener a viceministros y funcionarios responsables de esa situación”, señaló Luis Galarreta, vocero del fujimorismo.