ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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üExpreso: una persona del
entorno de Eleodoro Mayorga, exministro de Energía, y de Luis Castilla, quien
dirigía el sector Economía, laboró para Odebrecht y luego fue colocada en
ProInversión, donde aprobó licitaciones a esta misma firma
üZaida Sissonafirmó que se reunió con Ricardo
Pessoa, directivo de UTC Engenharia, uno de los delatores del mega esquema de
corrupción de Petrobrás, por intermedio del ex ministro brasileñoJosé
Dirceu. Pessoa es el mismo que afirma haberse reunido también con un
emisario del gobierno del Perú y sostiene que esta persona fue Rocío Calderón, la
amiga de Nadine Heredia
üLuiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano del ex jefe del gabinete del gobierno
brasileño, José Dirceu, afirma
que Zaida Sisson trabajó con varias empresas en negocios en nuestro país y citó
entre ellas a OAS, Galvão Ingeniería, Queiroz Galvão y UTC Engenharia. El novio
brasileño de la amiga de Nadine Heredia fue gerente de Galvao Ingeniería
üJorge Chang Soto, ex gerente de Centros
Capilares y ex personero del partido Nacionalista, dijo ayer a la comisión
Belaunde Lossio que la compañía no tenía fondos para pagar US$50.000 a Nadine Heredia, pues solo facturaba
entre S/.3.000 y S/.5.000 mensuales
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Jorge Morelli
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Tres personas han sido asesinadas en las alturas de Ayabaca, miembros
de la expedición de topógrafos de la minera Río Blanco que trazaba el camino a
una mina. La zona está tomada hoy por la minería ilegal y el narcotráfico desde
aquel caso de años atrás -el primero de los grandes conflictos- que estalló en
la sierra de Piura. El Estado terminó por claudicar y abandonar esa región del
país convertida hoy en una “zona liberada” en la que ya no puede entrar la
Policía.
Es exactamente el plan del radicalismo antiminero. Se propone
“liberar” porciones del territorio nacional para impedir la inversión en el Perú
de cien mil millones de dólares en minería, energía e infraestructura en los
próximos diez años.
El Estado no sabe hasta ahora cómo responder a esto. Luego de Conga,
Cañariaco y Tía María, el gobierno humalista tiene miedo de otro baño de sangre
y la denuncia de violación de derechos humanos. El premier, Pedro Cateriano,
anuncia que retomará el diálogo sobre Tía María en Islay, porque –dice- la
recaudación fiscal se ha caído desde que se paralizaron las inversiones
mineras.
Lo realista para comenzar de nuevo es georeferenciar, titular y
registrar la propiedad de las seis mil comunidades andinas y las dos mil
comunidades amazónicas de todo el Perú. La mitad de las comunidades andinas y al
menos un tercio de las amazónicas no tienen títulos.
Los académicos repiten como loros que los partidos políticos no
prestan atención o son indiferentes ante esta situación clamorosa. En este
sentido, merece felicitaciones el trabajo de un equipo de jóvenes de la escuela
de formación política de Fuerza Popular presentado a un concurso interno -al
que concurrieron otros nueve trabajos sobre seguridad y ambiente, de los cuales
tuve el honor de ser jurado-, que propone retomar la titulación masiva de las
tierras comunales del Perú. Su trabajo documentado da cuanta exacta de la
situación en que se halla la titulación, hoy en el abandono. Sin título no hay
propiedad. Incluso en los temas de seguridad y ambiente la clave está en la
propiedad.
La inexistencia de propiedad claramente establecida y reconocida
desemboca siempre en la violencia, porque es un estado absurdo de congelamiento
fuera de la historia. Sin título, nadie en su sano juicio se arriesga a
asociarse o a alquilar la tierra a una empresa aunque sea formal por temor a
ser despojado de ella.
Registrar formalmente la propiedad es la piedra fundamental de la
economía peruana del siglo XXI. Hace cuarenta años recuerdo haber visto en la
comunidad de San Damián -una antigua reducción del virrey Toledo del siglo
XVI-, guardados en el cajón de un vetusto escritorio los títulos coloniales
emitidos por la Corona española. En casi 200 años de vida republicana, el
Estado peruano no ha sido capaz de organizarse para hacer lo mismo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
Una persona del entorno de
Eleodoro Mayorga, exministro de Energía, y de Luis Castilla, quien dirigía el
sector Economía, laboró para Odebrecht y luego fue colocada en ProInversión,
donde aprobó licitaciones a esta misma firma.
El 7 de mayo del 2014 se publicó la Resolución Suprema 020-2014-EF con
la firma del presidente Ollanta Humala y el entonces jefe del MEF, designando
como presidente del Comité de Proyectos de Seguridad Energética a Edgar Ramírez
Cadenillas, ingeniero de gas y petróleo.
Según el currículo del referido profesional, fundó la consultora Latin
Energy Global Services. Con el apoyo público de Mayorga fue el encargado de
darle visto bueno al nuevo concurso público para el Gasoducto del Sur Andino.
¿En qué reside el conflicto
de intereses? Latin Energy había realizado estudios para Kuntur Transportadora
del Gas, subsidiaria de Odebrecht.
A fines de junio de ese año,
ProInversión decidió anular el plan, pero en vez de entregárselo a otro postor
consorciado o no, hizo un nuevo proceso donde la empresa brasilera quedó como
único postor final.
La República
Zaida Sissonafirmó al portal brasileño 'Veja' que
se reunió con Ricardo Pessoa, directivo de UTC Engenharia, uno de los delatores
del mega esquema de corrupción operado en la Petrobrás, por intermedio del ex
ministro brasileñoJosé
Dirceu.
También contó que llevó a Léo Abeto y César Uzêda, de OAS, a una
audiencia con el presidente Lula da Silva y el ex presidente Alan García, en
Palacio de Gobierno, en Lima.
La consultora dice que prestó servicios para la SPA Ingeniería, que
consta en la lista de clientes de Dirceu. También confirmó haber trabajado para
la Engevix y para la filial peruana de Galvão Ingeniería, de la cual recibió
180,000 dólares.
La fiscalía de Brasil sospecha que Sisson es el enlace en nuestro
país de un esquema de lavado de dinero que habría sido orquestado por Dirceu, a
tráves de JD Consultoría.
La consultora manifestó que Dirceu intermedió en las negociaciones
con UTC, OAS, Engevix y Galvão.
En esos años, el ex ministro brasileño y su hermano ofertaban los
proyectos a las empresas. .
La UTC fue una de las últimas constructoras indicadas a Sisson. La
empresa de Pessoa pagó a la consultora de Dirceu 1,377 millones de reales en el
2012, según ella, más de una vez. Pero tras los primeros contactos las
relaciones no avanzaron.
Comentó que el hermano de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva,
la llamó para que se reúna con Pessoa en el 2013; este último le habría dicho
que tenía muchos proyectos pero no una buena relación con el gobierno de
Ollanta Humala. "Pero hablé de que saldría un proyecto de metro grande, el
metro 2, hasta le mandé el proyecto a él (Pessoa)", agregó.
La República
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano del ex jefe
del gabinete del gobierno brasileño, José Dirceu, amplió
detalles sobre el papel de Zaida Sisson, esposa del ex ministro aprista Rodolfo
Beltrán Bravo. Relató a la Policía que cuando su hermano –el "hombre
fuerte" del primer mandato del ex presidente brasileñoLuiz
Inácio Lulada Silva–
vino al Perú sabía del "expertise" de Sisson y que "comenzó a
ser utilizada por JD Consultoría", la compañía del ex ministro brasileño,
que, se presume, era una fachada para recibir sobornos de constructores en el
exterior.
Agregó que ella trabajó con varias empresas en los negocios en
nuestro país, y citó entre ellas a OAS, Galvão Ingeniería, Queiroz Galvão y UTC
Engenharia.
En otro momento, Luiz Eduardo confesó a las autoridades brasileñas
que investigan el caso de corrupción 'Lava Jato' que recibió más de 8 mil dólares
mensuales (30 mil reales brasileños) entre el 2012 y 2013 del lobista Milton
Pascowitch, hoy colaborador eficaz, que actuaba como intermediador del pago de
sobornos en los negocios de Petrobrás.
El Comercio
Uno
de los principales detenidos por el CasoLava
Jatoen Brasil ha
ofrecido ante la Fiscalía Federal de ese país nuevos elementos que vincularían aZaida
Sisson, la esposa del ex ministro del gobierno
aprista Rodolfo Beltrán Bravo, con negocios de otras grandes constructoras
brasileñas que operan en el Perú, hoy involucradas en el Caso Lava Jato.
Su nombre es Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano
de José Dirceu, el otrora brazo derecho de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, ex
presidente de Brasil. Este hombre fue detenido esta semana.
El Comercio
Jorge
Chang Soto, ex gerente general de la empresa Centros Capilares y personero del
Partido Nacionalista en el 2006, se presentó ayer ante la Comisión Belaunde
Lossio del Congreso.
Según
fuentes del grupo, Chang señaló que la compañía no tenía fondos para pagar
US$50.000 a Nadine Heredia en
el 2006, pues solo facturaba entre S/.3.000 y S/.5.000 mensuales. En
la investigación que el Ministerio Público realizó a la primera dama entre
el 2009 y el 2010, ella señaló que el pago fue hecho por asesorías en
márketing. Como se recuerda, esa pesquisa fue archivada.
Actualmente, Heredia
tiene una investigación por lavado de activos, en la que también se ha indagado
el pago de Centros Capilares. Sin embargo, un hábeas corpus presentado por la
primera dama anuló la investigación de esos pagos. El Poder Judicial analiza la
apelación que la fiscalía presentó para investigar las cuentas de
Heredia.
El recurso
de amparo que Nadine Heredia presentó
contra la Comisión Belaunde Lossio, este fue declarado inadmisible ayer por el
Poder Judicial. La resolución señala que el recurso no cumple las formalidades
requeridas para ser admitido y contiene algunas imprecisiones.
Se ha
dado un plazo de tres días útiles para subsanar las omisiones.
El Comercio
Uno
de los abogados deNadine Heredia,
Aníbal Quiroga, afirmó que ladeclaración
de inadmisibilidada
la acción de amparo interpuesta por la primera dama contra la Comisión Belaunde
Lossio no significa que esta haya sido rechazada y que, tras subsanar las
imprecisiones detectadas por el Poder Judicial, la presentarán el próximo
lunes.
El amparo requiere aclaraciones en cinco puntos.
El Comercio
El
presidenteOllanta
Humalavolvió a
criticar a la Comisión Belaunde Lossio al defender a su esposa, Nadine Heredia, quien es
investigada por ese grupo parlamentario.
"Al parecer, es una comisión
que está aprovechando el mandato del pleno para hacer cera y pabilo de las
honras en la etapa preelectoral", dijo.
¿Se
imagina usted que para titular su vivienda sea un requisito obligatorio llevaruna muestra de la tierra que ocupa en un saco para
que sea analizadapor
un perito? ¿Se imagina que deba trasladar esa tierra desde una provincia hasta
Lima? ¿Se imagina cómo trasladar la tierra si viviera en una comunidad alejada,
a la que solo se llega luego de un viaje de varios días por río?
Para las comunidades indígenas del Perú esto no es
imaginación, es la dura realidad. Llevar los sacos de tierra desde
sus zonas de origen a Lima es solo el primer paso de un largo y engorroso
proceso para titular sus tierras, el cual, con buena suerte, puede demorar
entre 15 y 20 años.
Este
domingo se celebra elDía
Internacional de los Pueblos Indígenasy en el Perú la falta de formalización
de la propiedad de los territorios de estas comunidades es aún uno de los
mayores problemas, pues en la actualidad no hay un catastro oficial y no se
sabe con exactitud cuántas comunidades nativas y campesinas faltan titular.
Según
el Viceministerio de Interculturalidad, solo en la Amazonía habría 500
comunidades que aún no tienen títulos de propiedad. Sin embargo, laAsociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruanacalcula
que se trata de 1,300 comunidades. Por otro lado, el Instituto del Bien Común (IBC) indica que están pendientes de titulación 666
comunidades nativas y 3,303 comunidades campesinas.
“Lo
cierto es que no hay información clara. Tampoco bases cartográficas
estandarizadas y, en la medida que el proceso de titulación pasó de una
dependencia a otra –del Programa Especial de Titulación de Tierras al Cofopri,
al Ministerio de Agricultura y a los gobiernos regionales– se hanmanejado bases de datos diferentes que no son
compatiblesy
complejizan el tema”, dijo Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos
Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Una
titulación da a las comunidades indígenas la seguridad jurídica para defenderse
de terceros que intentan invadir su tierra o adueñarse de sus recursos. Sin
embargo, Sánchez anotó que en elPerú
hasta ahora no existen normas claras sobre el proceso de titulación de
comunidades indígenasy
eso da pie a que madereros y mineros ilegales o narcotraficantes ocupen los
territorios de las comunidades.
“Actualmente
hay muchas normas y varias son contradictorias entre sí. Además, eltrámite mismo de la titulación tiene cerca de 20
pasos, lo cual lo hace muy engorroso para las comunidades y las
desmotiva”, manifestó.
Hasta
la fecha, las comunidades que quieren titular sus tierras deben
enviar una calicata (muestra) de cada hectárea de su suelo a Lima,
para que uno de los 20 ingenieros encargados de hacer ese análisis determine si
se trata de un recurso forestal o agrícola. Solo ese primer paso puede costar a
la comunidad unos 60 mil soles.
No
obstante, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, informó que
para tratar de aliviar el problema el Ministerio de Agricultura y Riego ha
reducido la clasificación de suelos y ahora pide una muestra más pequeña.
“Antes,
si unacomunidad
indígena tenía 40 mil hectáreas debía sacar 40 mil calicatas de tierra.
Eso encarecía el proceso de titulación, que puede costar entre 300,000 y
500,000 soles; por eso las comunidades están atoradas reclamando títulos desde
hace 20 años”, acotó.
Aunque
se trata de una buena noticia, el proceso aún es caro, pues también se debe
delimitar el terreno. Ante lafalta de
recursos económicos de las comunidades y el Estado, los
ilegales se aprovechan y ofrecen el dinero para la titulación a cambio de
explotar sus recursos naturales.
Pero
eso no es todo. Otra limitante es la superposición de la tierra. Es decir quehay terrenos donde se han entregado a la vez muchos
derechosde
propiedad, como áreas naturales protegidas, que a la vez son terreno comunal y
a la vez son concesiones forestales o lotes petroleros y que dan lugar a
conflictos sociales.
La
ley señala que para que una comunidad se beneficie de un proyecto
de inversión que pasa por su territorio, se debe contar con
título de propiedad.
Peru21
Juan
Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL),
lamentó que el gobierno, en lugar de titular a las comunidades,siga entregando servidumbres gratuitas a empresas
sobre territorios indígenas. “Se favorece la inversión, por eso
hasta ahora no hay consulta previa en los proyectos del sector minero que
involucran a sus comunidades”, dijo.
ElMinisterio de Culturaya ha terminado laidentificación de los pueblos amazónicosy está avanzando con el registro de
los pueblos andinos, el cual debe estar terminado a fines del presente año. La
relación incluye a los pueblos indígenas que se mantienen vivos, aún sihan perdido su lengua o han sido desplazados de
sus zonas de origen por diversas razones.
La República
Dos compañías de Suiza, MKS Finance y Metalor Technologies –socias
del prestigioso London Bullion Market Association (LBMA), gremio que fija
el precio del metal en el mundo– fueron las principales compradoras deloro
de origen sospechosode
Madre de Dios hasta fines del 2013. La primera compañía fue mencionada en una
investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de laminería
ilegaly la segunda
fue incluida en dos pedidos fiscales de asistencia internacional al gobierno
suizo el 2014, para establecer sus nexos con acopiadores y proveedores de
mineral de procedente de Puerto Maldonado, Cusco y otras partes del país.
En junio pasado, luego de una investigación de ojo-público.com, MKS
y Metalor negaron las acusaciones de haber negociado con acopiadores de la
minería ilegal en nuestro país y prefirieron no identificar a sus proveedores
nacionales, ni detallar la relación comercial que mantuvieron con aquellos.
Sin embargo, Aduanas de la Sunat, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), la Procuraduría de Lavado de Dinero y una división
especializada de la Dirincri han identificado a estas empresas en
investigaciones sobre sus operaciones financieras y a las exportadoras locales
que recibieron depósitos bancarios a cambio de los envíos del mineral a Europa.
Hoy publicamos la lista de proveedores de oro de MKS y Metalor en
base a estas pesquisas y detallamos la cadena de comercialización que siguió el
metal desde Madre de Dios a Suiza.
La nómina fue encabezada por el empresario Jorge Zavaleta Vargas,
natural de La Libertad y dueño de Universal Metal Trading (UMT) en Lima, una de
las principales exportadoras de metal del país. Esta compañía –con sedes
registradas en Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios y cuyo directivo fue
acusado por fraude tributario en la venta de mineral– fue la gran abastecedora
de metal de MKS hasta el 2012, que paralizó sus compras aquel año luego de una
investigación periodística. Desde entonces, las operaciones de la compañía
suiza y sus contactos con los acopiadores de Puerto Maldonado quedaron en el
olvido, hasta ahora.
Los documentos revelan que UMT envió a la suiza MKS más de 60
toneladas de oro entre el 2008 y 2012, en gran parte acopiadas por personajes
sospechosos de lavar activos de la minería ilegal: los cusqueños Aníbal Sucari
Sucari de AS Perú, Efraín Vargas Garzón de E&M Company (contador de
Gregoria Casas ‘Goya’, por años la mayor productora de mineral de Huepetuhe),
Percy Sumarriva Ortiz de Minera Tambopata y su hermano Mario Covarrubias Ortiz
de Corporación Mega Express y Quechua Gold; al igual que Arturo Ortiz Ortiz de
Oro Fino (cerrada hace pocos meses), Omar Díaz Yanapa de Inversiones Kopakabana
(a quien le confiscaron US$2 millones de la minería ilegal en el aeropuerto de
Lima el 2013), el apurimeño Leonardo Callalli Warthon de Los Poderosos Minera
Aurífera (condenado a 10 años de prisión junto a su hijo por blanqueo de
dinero), entre otras.
Ojo-público.com accedió a la declaración policial del dueño de UMT,
Jorge Zavaleta Vargas. En ella aceptó que su cliente principal era MKS y que
las compañías citadas eran sus proveedoras, pero dijo desconocer el origen del
oro que recibía de ellas, así como si estas tenían autorización del Ministerio
de Energía y Minas (MEM). “Yo sólo firmaba un contrato de procedencia lícita
[del metal]”, indicó Zavaleta, quien también reconoció que compraban
directamente a los mineros artesanales de Madre de Dios. Las toneladas de oro
acopiadas por estas empresas –casi todas ubicadas en el centro aurífero de
Puerto Maldonado– eran enviadas a la oficina de UMT en San Borja, para luego
ser trasladadas en aviones comerciales desde el aeropuerto internacional Jorge
Chávez a Ginebra.
Cuando la Policía de Lavado de Dinero hizo pericias contables a los
acopiadores del proveedor final de MKS descubrió que el oro enviado a Suiza
procedía de regiones de minería ilegal como Huepetuhe, Laberinto y Puerto
Maldonado y que aquellas comercializaban cantidades mayores a las que
finalmente eran declaradas ante el MEM. Uno de los casos que más sorprendieron
en las pesquisas fue el de Leonardo Callalli (57), investigado por fraude
tributario en la venta de mineral en los 90 y dueño de la empresa Los
Poderosos, creada el 2011 en Madre de Dios. Este personaje, involucrado en dos
casos de tráfico de dinero en efectivo y de oro en la frontera con Bolivia y en
el aeropuerto de Puerto Maldonado, recibió millonarias sumas de dinero de
Universal Metal Trading a cambio de grandes cantidades de mineral.
Un informe inédito de la UIF –que considera a la minería ilegal como
una actividad tan lucrativa como el narcotráfico– reveló el flujo de dinero
ingresado al sistema financiero nacional desde el extranjero: “Entre el 2011 y
2012 se realizaron 125 depósitos por US$ 66.5 millones, cuyo ordenante fue
Universal Metal Trading [proveedor en Lima de MKS], y [otros] 63 depósitos por
US$ 6.2 millones [de dicha empresa]”, indica el documento. En base a estas
transacciones bancarias, las pericias contables y los reportes del MEM, se
concluyó que Callalli dirigió una red de lavado de activos que compró “el
cuádruple de la producción total de oro declarado [oficialmente] por la minería
artesanal en Cusco y Madre de Dios…, realizó operaciones comerciales extrañas e
incrementó su patrimonio de forma inusual”.
En el caso de la refinería suiza Metalor –con oficina dentro de la
empresa de seguridad Hermes en Chorrillos– los expedientes judiciales indican
que se abasteció de oro de Aníbal Sucari de ASPerú y Efraín Vargas de E&M
hasta finales del 2013. Durante años, ambas compañías acopiaron mineral de
personajes que hoy son investigados a nivel judicial por la Procuraduría de
Lavado de Dinero. Estas exportadoras, con tiendas en diversas zonas de Madre de
Dios, también despacharon cargamentos que acabaron en MKS y recibieron
millonarias sumas de dinero que son investigadas en reserva por la Sunat y la
Policía, pero que recién hoy salen a la luz.
Según los informes, Metalor transfirió US$521 millones a ASPerú por
la compra de 10 toneladas de oro entre el 2009 y el 2013 y otros US$223
millones a E&M Company a cambio de cinco toneladas de mineral en ese mismo
lapso. Hoy, mientras siguen las pesquisas por los 25 casos por decomisos de
metal ocurridos en los almacenes aduaneros del Callao, el Ministerio Público ya
ha pedido asistencia judicial internacional a Suiza para interrogar a los
representantes de Metalor Technologies así como ha identificado a MKS Finance,
la otra compañía helvética. Hecho inédito, ya que traslada la lucha contra la
minería ilegal desde los deforestados bosques de Tambopata hasta lo más alto de
la cadena de comercialización del oro de origen sospechoso: las refinerías
suizas de Ginebra y Neuchatel.
Compañías niegan nexos con
minería ilegal
Las compañías suizas MKS Finance y Metalor negaron a ojo-público.com
tener nexos con la minería ilegal. Lo hicieron a través de cartas y comunicados
publicados en junio pasado, pero sin mencionar sus negocios en Lima y sin
responder interrogantes sobre sus proveedores.
La primera dijo que dejó de comprar mineral procedente del Perú en
el 2012, mientras que la segunda reconoció que uno de sus clientes fue
involucrado en un caso de lavado de dinero a raíz de la incautación de un
cargamento de oro que debía llegar a Suiza.
Metalor no lo dijo, pero se refiere al operativo realizado por
Aduanas a inicios del 2014 contra la empresa Famyr Group, que intentaba
exportar 10 kilos de oro a Ginebra. El cargamento fue intervenido por ser de
procedencia sospechosa. Actualmente se viene investigando al dueño de la
compañía peruana, Jorge Malpartida Ramos, y a otros personajes vinculados a la
cadena de acopio del metal. Metalor también ha sido mencionada en la
investigación contra la exportadora E&M de Cusco, una de sus clientes.
Expreso
Las declaraciones que dio el
jueves el premier Pedro Cateriano, en las que aseguraba que el Gobierno ha
realizado las inversiones necesarias en equipos logísticos que permitan
enfrentar el fenómeno de El Niño y asignado recursos para las medidas de precaución
frente a este evento natural, fueron desvirtuadas por especialistas y
autoridades del norte del país.
“Días atrás ha llovido en Chiclayo, en el puerto de Eten se afirma que
ha llegado el perico, un pez de aguas calientes, los vientos son inusuales en
el litoral norte del país”, refiere el alcalde provincial de Ferreñafe, Jacinto
Muro Távara, sobre lo que se nos viene: un fenómeno que puede ser muy fuerte,
con características similares de los años 1997-1998 o el de 1983.
Rodolfo Rodríguez, director del Radar Atmosférico de la Universidad de
Piura (UDEP), afirma que si las condiciones térmicas actuales se mantienen y
continúa aumentando la temperatura del océano, la costa norte del Perú sufrirá
un fenómeno de El Niño de gran magnitud.
Para el experto, las lluvias pueden comenzar a finales de noviembre de
este año hasta alcanzar su mayor intensidad en el verano del 2016, lluvias que
“serían mucho más fuertes que las registradas en el fenómeno de El Niño de
1983”.
Y hay la probabilidad –en un 85 %– de que las temperaturas del mar
permanezcan elevadas hasta febrero del 2016, según los estudios de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), es decir, la entidad que
estudia el fenómeno en Estados Unidos.
Muro Távara agrega que, si esto es previsible, se puede afirmar que la
pesca habitual puede mermar drásticamente si en el norte aumenta en intensidad
el fenómeno climático que nos ocupa, donde precisamente está el stock más
grande de la pesca peruana.
En situaciones de esta naturaleza, para otros expertos, como el
vicealmirante en retiro Luis Giampietri, ante la desaparición de la anchoveta,
que es una especie de aguas frías y no soporta las cálidas de El Niño, a veces
llega la sardina como sucedió el 97-98, cuando perdimos el 50 % de la biomasa
de anchoveta. Pero eso es un albur, reflexiona.
(…)
Autoridades aseguran que los
gobiernos regionales están trabajando en el peor escenario no solo porque todo
está retrasado sino que el presupuesto inicial de 50 millones de soles, y ahora
de 200 millones, para 14 regiones, es una cifra que no puede cubrir las obras
de prevención en Lambayeque. Sólo en Tumbes y Lambayeque se necesitarán 160
millones de soles adicionales para las referidas obras de prevención y
respuestas a la emergencia.
Se trata entonces de mitigar un problema que ya lo tenemos encima desde
mayo del año pasado y que nos puede generar pérdidas superiores a 4 mil
millones de dólares.
El
11 de junio de 1990, un día después de ganar las elecciones en segunda vuelta,
el entonces presidente electoAlberto
Fujimorillamó a
Hernando de Soto para ofrecerle la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
oferta que el economista rechazó, porque el líder de Cambio 90 insistía en no
realizar elshock económico.
Tras
dos meses,Juan Carlos
Hurtado Miller, quien sí aceptó ser el jefe del
Gabinete y ministro de Economía de Fujimori, anunció el paquetazo concluyendo
con la tan recordada y criticada frase: “Que Dios nos ayude”.
Junio, el mes previo a la asunción de poder, fue clave
para que Fujimori, quien en campaña había prometido no ejecutar el shock,
cambiara de opinión y dejará de lado la propuesta hecha por sus asesores
económicos, apodados como los “Siete Samuráis”. Ellos planteaban sanear
progresivamente la quebrada economía peruana, que no tenía opciones para
préstamos internacionales, con cifras en negativo y con más de 7,000% de
inflación.
Durante las semanas post segunda vuelta, De Soto y el
fallecido economista Carlos Rodríguez Pastor elaboraron el ‘fujishock’,
plan que fue expuesto a fines de junio en Nueva York a Fujimori y a los
representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del
Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, los principales
acreedores del Perú en ese momento.
“El nuevo presidente del Perú logra acuerdo sobre
deuda”, tituló el 1 de julio el diario estadounidense“The
New York Times”, donde Fujimori anunció, por primera vez, la aplicación
del shock económico.
A su regreso a Lima, Alberto Fujimori convocó a un
viejo conocido suyo:Juan Carlos Hurtado Miller, con
quien había estudiado en la Universidad Agraria La Molina y que había sido
ministro de Agricultura delsegundo
gobierno de Fernando Belaunde Terry(1980-1985). Le ofreció la PCM y el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Hurtado Miller, según contó aEl
Comercioel
congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, le pidió permiso al
ex presidente y líder de su partido, Fernando Belaunde Terry, para colaborar
con Fujimori y, además, le planteó una alianza entre Acción Popular y el
gobierno fujimorista.
“La respuesta de Belaunde fue que no, que la posición
de Acción Popular era independiente, que el partido no podía sumarse al carro
del candidato que ganó las elecciones. Le dijo que si quería colaborar con el
nuevo Gobierno debía hacerlo a título personal y desligándose del partido. Y
así ocurrió”, refirió.
Veintiún
días más tarde, a la misma hora, el jefe del Gabinete Ministerial anunció,
desde los estudios del Canal 5, el más terrible shock que podía imaginarse en
la época: el galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis (30
veces más) y los precios de los productos de la canasta familiar también se
dispararon: la lata de leche pasó de I/.120.000 a I/.330.000; el kilo de azúcar
blanca, de I/.150.000 a I/.300.000; y el kilo de fideos de I/.200.000 a
I/.775.000.
Juan Carlos Hurtado Millerresponsabilizó de la crisis
económica al gobierno deAlan
García. Como ejemplo de la irresponsabilidad del manejo monetario
del aprismo, mostró un billete 500 mil intis, “con el que hace cinco años se
hubiera podido comprar una casa de 40 mil dólares; hoy, solo alcanza, en el
mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes”.
Tras decir que el gobierno tenía esperanza en el pueblo
peruano para superar la crisis, vinieron las palabras sepulcrales que hasta hoy
son recordadas: “Que Dios nos ayude”.
El Comercio
¿Y Dios,¿nos ayudó?
Carlos Meléndez
Hace exactamente veinticinco años, el
ministro de Economía se dirigía a todos los peruanos –en cadena nacional– para
anunciar lo que sería el más severo shock económico de nuestra historia. El
gobierno del –entonces– ‘outsider’ Alberto Fujimori iniciaba así un paquete
radical de reformas de ajuste –incoherente con sus promesas electorales– que
implicó altos costos sociales para una población mayoritariamente pobre. La
decisión fue arriesgada, al punto que dicho mensaje a la nación culminó con una
frase surrealista: “Que Dios nos ayude”. Vale la pena preguntarnos ahora si
efectivamente Dios nos ayudó.
El inventario de las cifras macroeconómicas
arroja sin duda un balance positivo. El porcentaje de peruanos que viven bajo
la línea de pobreza se redujo del 55% en 1990 al 22,7% en el 2014, la inflación
mensual nunca más volvió a superar el dígito después de los noventa y el
crecimiento económico ha sido una constante a pesar de baches de recesión (como
el actual). Si a un peruano promedio le preguntaban en aquel entonces sobre el
futuro del país, lo más probable es que no hubiese apostado por la tendencia
positiva que surcó nuestra economía en el largo plazo. Un balance economicista
diría que, efectivamente, Dios es peruano.
¿Pero hasta qué punto el alto nivel de
informalidad e ilegalidad que hunde a nuestra sociedad en el hoyo de la
inseguridad y la precariedad institucional constituyen la otra cara de la misma
moneda del ajuste estructural? ¿Acaso ese retumbante “Que Dios nos ayude” no
fue el inicio legitimador del “sálvese cómo pueda” y “salga a la calle a vender
limones”? Aunque la informalidad laboral precede a las reformas de mercado,
considero que el ‘fujishock’ no solo fortaleció su tendencia expansiva, sino
que además la legitimó políticamente como estrategia de subsistencia para los
de abajo y remedio indiferente para los de arriba. El “éxito” de las cifras
económicas fue demasiado atractivo como para voltear la mirada al gran problema
que se ha cultivado. No asoma ninguna reforma que revierta la tendencia de la
informalidad en sus diferentes dimensiones (laboral, empresarial, tributaria,
etc.).
La ética del informal ha calado en el Perú
contemporáneo. No se trata de un mero “desborde” u “otro sendero”. Estas
visiones tradicionales enfatizan la brecha entre la regularidad de las
prácticas y la legalidad de las normas y descuidan el enraizamiento de patrones
de comportamiento anómicos que penetran la política con impunidad y hasta
celebración. Al ser permisivos con la informalidad, la puerta de la ilegalidad
queda abierta. La ola de criminalidad se explica en gran parte por este
crecimiento sin instituciones, por esta clase media enclenque de informales y
de ilegales que reinan tanto en valles cocaleros y socavones mineros como entre
los mayoristas sin RUC y las antiguas barriadas sin protección. La “mano
invisible” del mercado terminó por invisibilizar al Estado ineficiente,
socavando así cualquier salvaguarda contra sicarios de a pie, raqueteros en
Mercedes y secuestradores express.
A veces medidas económicas exitosas (y
aisladas) son deficitarias en otras esferas. Sus consecuencias negativas no se
registran necesariamente en la memoria de los macroeconomistas, sino en la vida
cotidiana del país que usted critica con frecuencia.
El Comercio
La reforma esperada
Luis Iberico
(…)
Me toca dirigir el Congreso de la República
en el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala. Un año electoral en
el que las diversas agrupaciones alimentan sus justas expectativas de llegar al
poder por el camino de las urnas. Año complejo pero al mismo tiempo desafiante
para todos quienes nos llamamos demócratas pues –como es sabido– obran en manos
del Parlamento nacional proyectos de ley destinados a regir con más
transparencia, eficiencia y decencia los siguientes comicios generales del
país.
Tales proyectos fueron remitidos por las
instituciones del sistema electoral, luego de propiciar un amplio debate entre
los actores públicos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad
civil. Se trata de aportes con un alto grado de consenso, una visión de largo
plazo y la búsqueda de estándares universales recogidos de las democracias más
sólidas del planeta. No son, por tanto, propuestas exóticas o disparatadas. Son
el fruto de un Perú dialogante, capaz de autoevaluarse y hasta autocriticarse
para que su orden democrático se enriquezca y refleje el sentir ciudadano.
Manifesté, en el discurso de toma de posesión
de mi cargo, que el reto de la nueva Mesa Directiva del Congreso es garantizar
la gobernabilidad y estabilidad del país. Señalé como temas prioritarios las
iniciativas concernientes al ámbito electoral y el funcionamiento de los
partidos políticos. Celebré los avances propiciados en ese sentido, como el
establecimiento de la ventanilla única de antecedentes, lo cual permitirá a los
partidos seleccionar mejor a sus candidatos. También la aprobación de la ley
que obliga a los postulantes a consignar en sus hojas de vida las sentencias
condenatorias firmes por delitos dolosos y demandas por violencia familiar.
Cabe ahora apuntalar las normas que permitan
una supervisión óptima del financiamiento de los partidos políticos y los
aportes a las campañas electorales. Es inaudito e inmoral que una legislación
defectuosa permita la filtración de dinero ilícito a estas campañas y –lo peor–
que no existan herramientas adecuadas para sancionar dicha práctica.
Asimismo, debemos consolidar la democracia
interna de los grupos políticos a través de las elecciones primarias. Evitemos
hacia el futuro altos niveles de deserción en las bancadas parlamentarias
creando mecanismos que fortalezcan la identidad entre representantes y
representados. Serán estos últimos quienes nos pedirán cuentas a los políticos
que somos tributarios de un sufragio y no siempre terminamos honrándolo.
También está pendiente debatir el dictamen
para hacer efectivo el financiamiento público a los partidos. Como se observa,
la agenda de la reforma electoral es variada y añadiría que urgente. Antes del
mes de octubre debería aprobarse, pues se enmarca en el plazo constitucional en
el que el presidente de la República está obligado a convocar comicios
generales y las entidades electorales a empezar a organizarlos.
Confío en que así será. Y siento que el
pueblo peruano confía en que nos pongamos a la altura de esta reforma esperada.
