Mostrando entradas con la etiqueta "Quitarle el poder al Congreso". Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta "Quitarle el poder al Congreso". Mostrar todas las entradas

viernes, 20 de octubre de 2017

ESTA NOCHE viernes 20 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com


MEDIA COLUMNA
Quitarle el poder al Congreso


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La verdadera razón por la que es indispensable volver a la bicameralidad es la necesidad perentoria de frenar la sobreproducción legislativa de este Congreso, que estaba llamado a detenerla.

La modificación del Decreto de Urgencia 003, por ejemplo, que procura incluir a las socias de Odebrecht se hace con el celo propio de quien cree ingenuamente detener con esto la corrupción en la obra pública.

La decisión del Congreso, sin embargo, equivale a culpar al vehículo del accidente de tránsito disponiendo su destrucción mientras la justicia arrastra los pies en el juzgamiento del conductor.

Los propios empresarios peruanos denuncian que, mientras los propietarios y administradores de las empresas corruptas no son aun condenados, ni procesados, ni acusados siquiera, el chivo expiatorio son las empresas –es decir, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores- que pagan por los delitos cometidos.

¿Qué clase de idea primitiva de la justicia es esta? Las sociedades deben evolucionar de la justicia retaliatoria –como las leyes de Hamurabi- a la justicia restitutiva.

Pero no el Congreso del Perú.  

A esto se presta actualmente la mayoría parlamentaria que el pueblo peruano eligió para poner orden en el debate de las leyes y racionalidad en su contenido y sin cuyos votos este despropósito no habría llegado a debatirse siquiera en el Congreso.

Se le ha dado al tema, por excepción, el beneficio de cumplir la ley. No ha habido en este caso –por primera vez en mucho tiempo- exoneración de segunda votación. Habrá una segunda votación algún tiempo después de la primera. Y votarán los mismos. ¿Acaso ese breve plazo hará alguna diferencia?

He aquí la verdadera razón por la que la bicameralidad es indispensable. No tiene nada que ver con la cámara pensante y reflexiva, es para frenar la destructiva vorágine legislativa.

Es, en suma, para quitarle el poder al Congreso.  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Ante la inminente incorporación de las empresas que fueron socias de Odebrecht en todos los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, gremios empresariales se pronunciaron en contra de la eventual decisión del Congreso y advirtieron efectos negativos sobre la economía.

Luego de la aprobación en primera votación del proyecto de ley 1410, que modifica el D.U. 003, los miembros de la Comisión de Constitución y de la Comisión Lava Jato elaboraron esta semana dos dictámenes que endurecen las sanciones a las firmas que operaron en consorcio con la constructora brasileña, como Graña y Montero, JJC, ICCGSA, San Martín, entre otras.
Entre las nuevas propuestas figura la retención de las utilidades de los proyectos que hoy dichas empresas mantienen con el Estado. También se propone impedir la transferencia de recursos al exterior y realizar un proceso ante el Ministerio de Justicia para un traspaso de bienes. Estos planteamientos aún deben ser debatidos y aprobados por el pleno del Congreso.
Al respecto, Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, señaló que, si el Congreso decide que las ex socias de Odebrecht sean comprendidas en el D.U. 003, se dañará a la economía debido a los encadenamientos en el sector construcción.
“No se puede aniquilar empresas y afectar la actividad económica del país para castigar individuos que aún no han sido denunciados ni investigados ni sentenciados”, objetó Prialé.
En la misma línea, Roque Benavides, presidente de la Confiep, dijo que no le corresponde al Legislativo paralizar empresas. “El Perú no puede darse el lujo de parar proyectos. Al Poder Judicial le corresponde enjuiciar y sentenciar a quienes hayan delinquido, pero no son las empresas”, añadió.
Las nuevas disposiciones que se buscan incorporar al D.U. 003 afectarán la operación de las otrora socias de Odebrecht, sostuvo Carlos Oliva, director de la maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
“Habrá un doble efecto. Lo primero es que estas empresas tendrán menor fuerza para hacer inversiones debido a que el uso de sus flujos estará restringido. Un segundo aspecto, más allá del tema de la corrupción, es que se retirará a compañías con amplia experiencia para tener obras de calidad y avanzar con el cierre de la brecha de infraestructura”, manifestó.
Tanto Prialé como Benavides señalaron que el Congreso debería analizar modificaciones en el D.U. 003 que no afecten la operación de las empresas ni propicien la paralización de los proyectos en el país.
Entre otros cambios, extiende las medidas restrictivas del Decreto de Urgencia 003, como la prohibición temporal de transferir capital al exterior, a las empresas que en algún momento se hayan asociado para contratar con el Estado –bajo cualquier modalidad– con otra empresa que sea culpable de delitos de corrupción (o equivalentes).
Según expertos consultados, el problema principal sería que la norma presume que, porque una empresa sea culpable de corrupción, todas las que alguna vez fueron sus socias también lo serían, lo que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. “Se estaría dando una suerte de sentencia condenatoria mediante una ley”, explica el abogado Miguel Ronceros, del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Cualquier empresa afectada podría reclamar individualmente primero ante el Poder Judicial y, en instancia definitiva, ante el Tribunal Constitucional (TC) vía una acción de amparo. También podría plantearse una acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso resolvería directamente el TC.



Peru21
Te regalo 1,200 millones
Luis Davelouis
En contra de la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, la mayoría fujimorista aprobó regalarle unos S/1,200 millones al año a las empresas aeronáuticas. La excusa: sin exoneraciones caerán las conexiones aéreas con muchos lugares del interior del país, en particular con destinos a los que la gente vuela poco y se perjudican empresas pequeñas.
A ver. Tal exoneración existe desde los 80 y se suspendió en 2015. Entre 2015 y 2017, ¿cuántas ciudades se quedaron sin vuelos? ¿Cuántas aerolíneas debieron reducir sus frecuencias? Ninguna. La ley exonera del pago de IR e IGV a ciertas importaciones. Según Sunat, el 90% corresponde a LATAM. Solo en 2015, dejamos de recibir S/700 millones en impuestos.
Para saber de qué hablamos: a través del programa de Obras por Impuestos, la Asociación de Bancos invertirá unos 1,200 millones de soles para construir 400 comisarías con personal y equipos en todo el país en cinco años. O sea, el Estado va a dejar de recibir dinero suficiente para construir y equipar 400 comisarías CADA AÑO. ¿No era la lucha contra la inseguridad ciudadana uno de los puntos fuertes de la campaña fujimorista? Es más: la inversión en Kuélap fue de S/81 millones, o sea, S/1,200 millones son 15 Kuélaps. O un año de Qali Warma (comida para los niños) o tres años de Cuna Más (bebés). Cada sol que deja de entrar al Estado es un sol menos que se gasta en educación, saneamiento, salud y seguridad.
Preguntas: ¿no es muy conveniente que esta exoneración regrese JUSTO cuando ya hay dos aerolíneas low cost operando y han anunciado su ingreso dos más en los próximos días sin exoneración? ¿No resulta ridículo que mientras esto sucede estemos muy atentos viendo cómo el Congreso se agarra de las mechas con un dibujo animado?



Peru21
Columna de Juan José Garrido
(…)
Leyes muy malas se han aprobado (y otras están en proceso) en lo que va de este gobierno, algunas que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal o el desarrollo sectorial.
Institucionalmente hablando, el fujimorismo tiene por delante un gran desafío: limitarse ante el potencial abuso del poder (que ostenta). Ser oposición es fácil; ser oposición sensata y positiva para el país es donde está el reto.



El Comercio
La entrega hace unas semanas del informe de la Comisión de Protección Social (CPS) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha despertado expectativas y, también, algunas preocupaciones entre los actores del sistema privado de pensiones, como se pudo apreciar ayer en el Perú Capital Markets, Banking & Finance Day, organizado por El Comercio, El Dorado Investments y la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.

Si bien en la exposición de la titular del MEF, Claudia Cooper, no se mencionó el estudio, que aún no se hace público, la expectativa y preocupaciones sobre este sí acapararon buena parte del panel en el que participaron los líderes de empresas vinculadas con el mundo previsional.
En esta instancia, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, reveló que las administradoras privadas solo fueron invitadas por la CPS una vez para escuchar sus propuestas y hasta la fecha se desconoce si estas serán consideradas.
El Comercio adelantó este miércoles algunos lineamientos de las propuestas de la CPS. Si bien los ejecutivos de las AFP que participaron en la cita prefirieron no entrar en detalle en estos aspectos hasta que se conozcan oficialmente, sí manifestaron su inquietud por el resultado final que pudiera tener el debate cuando se publique el documento.
“AFP Habitat llegó incentivada por la reforma del sistema [de pensiones] que se dio en el 2012”, dijo Mariano Álvarez, gerente general de dicha empresa. “Lo que no podemos hacer en ningún país serio es estar cambiando las reglas de juego frecuentemente”, añadió.
En el mismo sentido, el gerente general de Profuturo AFP, Vicente Tuesta, mostró su preocupación sobre la incertidumbre que existe respecto a los objetivos perseguidos por la reforma.
Ferrini propuso que se implemente un mecanismo de pensión mínima, que permita una jubilación adecuada a aquellas personas que se esforzaron por ahorrar, pero no alcanzaron a acumular un fondo suficiente.
La jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen, coincidió en su exposición con un pedido generalizado de los gerentes de las administradoras privadas: eliminar o simplificar regulaciones para la creación de nuevos productos o para decisiones de inversión.
Adelantó que la SBS trabaja en eliminar las sobrerregulaciones que hacen compleja la labor de inversión de las AFP. “Hace unos meses, la SBS hizo un diagnóstico y fue una sorpresa la cantidad de trabas que enfrentan las AFP para elegir un portafolio eficiente. Vamos a aligerar esa maraña”, aseveró.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Magistrados impunes ganan la batalla
Jaime de Althaus
La reciente decisión de la Sala Penal Nacional de considerar delito de lesa humanidad la presunta matanza de 135 reos en el penal El Frontón, por la que son procesados 34 ex marinos luego de 31 años de ocurridos los hechos, se fundamenta en un escandaloso auto del Tribunal Constitucional del 5 de marzo del 2017 que para anular un hábeas corpus a favor de los marinos del 14 de junio del 2013 que establecía que los hechos no constituían crímenes de lesa humanidad, y que era nula la apertura de instrucción por ese delito, pues no se le ocurre mejor expediente que retirar el voto del magistrado Vergara Gotelli a favor del hábeas corpus robándole su verdadero sentido. De esa manera el hábeas corpus ya no tenía 4 votos sino 3, con lo cual quedaba anulado.
Esa maniobra punible no ha sido hasta ahora castigada. Se presentó una acusación constitucional contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, pero hasta ahora no ha prosperado. Violar la cosa juzgada y cambiarle el sentido del voto de positivo a negativo a un magistrado anterior es un acto gravísimo que, a mi juicio, amerita destitución.
Estos señores dictaminaron que el voto a favor del hábeas corpus de Vergara Gotelli constituyó un “error material”, porque redactó un fundamento de voto aparte. Lo que no dicen es que lo redactó para explicar que él está de acuerdo con conceder el hábeas corpus porque no hay lesa humanidad, pero no por los argumentos de sus tres colegas –que fueron al fondo del asunto–, sino porque el Perú había expresado una reserva cuando firmó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en el 2003: que esa convención solo se aplicaría a los delitos cometidos a partir del momento de la firma en adelante. Es decir, sin retroactividad. No solo eso. Vergara cita artículos de la Constitución, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para concluir: “De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado parte y no de manera retroactiva”.
Es decir, Vergara estuvo de acuerdo con la sentencia, pero con otros argumentos, aun más tajantes. El ex magistrado Ernesto Álvarez, que votó a favor del hábeas corpus, asevera que “el doctor Vergara fue más radical aun en su voto que nosotros”.
Haberle despojado de su voto solo obedece a una inescrupulosa operación política que ahora alcanza su resultado en la resolución de la Sala Penal Nacional. La batalla legal, lamentablemente, comenzó a perderse desde que se ordenó la revisión de los juicios a los terroristas solo para que penas de cadena perpetua, como a la asesina múltiple Martha Huatay, fueran reducidas a 25 años. Una vergüenza.