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MEDIA COLUMNA
Quitarle el
poder al Congreso
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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La verdadera
razón por la que es indispensable volver a la bicameralidad es la necesidad perentoria
de frenar la sobreproducción legislativa de este Congreso, que estaba llamado a
detenerla.
La modificación
del Decreto de Urgencia 003, por ejemplo, que procura incluir a las socias de Odebrecht
se hace con el celo propio de quien cree ingenuamente detener con esto la corrupción
en la obra pública.
La decisión del
Congreso, sin embargo, equivale a culpar al vehículo del accidente de tránsito disponiendo
su destrucción mientras la justicia arrastra los pies en el juzgamiento del
conductor.
Los propios empresarios
peruanos denuncian que, mientras los propietarios y administradores de las empresas
corruptas no son aun condenados, ni procesados, ni acusados siquiera, el chivo
expiatorio son las empresas –es decir, sus trabajadores, sus clientes, sus
proveedores- que pagan por los delitos cometidos.
¿Qué clase de idea
primitiva de la justicia es esta? Las sociedades deben evolucionar de la
justicia retaliatoria –como las leyes de Hamurabi- a la justicia restitutiva.
Pero no el
Congreso del Perú.
A esto se presta
actualmente la mayoría parlamentaria que el pueblo peruano eligió para poner orden
en el debate de las leyes y racionalidad en su contenido y sin cuyos votos este
despropósito no habría llegado a debatirse siquiera en el Congreso.
Se le ha dado al
tema, por excepción, el beneficio de cumplir la ley. No ha habido en este caso –por
primera vez en mucho tiempo- exoneración de segunda votación. Habrá una segunda
votación algún tiempo después de la primera. Y votarán los mismos. ¿Acaso ese
breve plazo hará alguna diferencia?
He aquí la verdadera
razón por la que la bicameralidad es indispensable. No tiene nada que ver con
la cámara pensante y reflexiva, es para frenar la destructiva vorágine
legislativa.
Es, en suma, para
quitarle el poder al Congreso.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
Ante la inminente incorporación de las empresas que
fueron socias de Odebrecht en todos los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.)
003, gremios empresariales se pronunciaron en contra de la eventual
decisión del Congreso y advirtieron efectos negativos sobre la economía.
Luego de la aprobación en primera votación del proyecto de ley 1410, que
modifica el D.U. 003, los miembros de la Comisión de Constitución y de la
Comisión Lava Jato elaboraron esta semana dos dictámenes que endurecen las
sanciones a las firmas que operaron en consorcio con la constructora brasileña,
como Graña y Montero, JJC, ICCGSA, San Martín, entre otras.
Entre las nuevas
propuestas figura la retención de las utilidades de los proyectos que hoy
dichas empresas mantienen con el Estado. También se propone impedir la
transferencia de recursos al exterior y realizar un proceso ante el Ministerio
de Justicia para un traspaso de bienes. Estos planteamientos aún deben ser
debatidos y aprobados por el pleno del Congreso.
Al respecto, Gonzalo Prialé, presidente de AFIN,
señaló que, si el Congreso decide que las ex socias de Odebrecht sean
comprendidas en el D.U. 003, se dañará a la economía debido a los
encadenamientos en el sector construcción.
“No se puede
aniquilar empresas y afectar la actividad económica del país para castigar
individuos que aún no han sido denunciados ni investigados ni sentenciados”,
objetó Prialé.
En la misma línea, Roque Benavides, presidente de la
Confiep, dijo que no le corresponde al Legislativo paralizar empresas. “El Perú
no puede darse el lujo de parar proyectos. Al Poder Judicial le corresponde
enjuiciar y sentenciar a quienes hayan delinquido, pero no son las empresas”,
añadió.
Las nuevas
disposiciones que se buscan incorporar al D.U. 003 afectarán la operación de
las otrora socias de Odebrecht,
sostuvo Carlos Oliva, director de la maestría de Gestión Pública de la Universidad
del Pacífico.
“Habrá un doble
efecto. Lo primero es que estas empresas tendrán menor fuerza para hacer
inversiones debido a que el uso de sus flujos estará restringido. Un segundo
aspecto, más allá del tema de la corrupción, es que se retirará a compañías con
amplia experiencia para tener obras de calidad y avanzar con el cierre de la
brecha de infraestructura”, manifestó.
Tanto Prialé como
Benavides señalaron que el Congreso debería analizar modificaciones en el D.U.
003 que no afecten la operación de las empresas ni propicien la paralización de
los proyectos en el país.
Entre otros cambios,
extiende las medidas restrictivas del Decreto de Urgencia 003, como la
prohibición temporal de
transferir capital al exterior, a las empresas que en algún momento se hayan
asociado para contratar con el Estado –bajo cualquier modalidad– con otra
empresa que sea culpable de delitos de corrupción (o equivalentes).
Según expertos
consultados, el problema principal sería que la norma presume que, porque una
empresa sea culpable de corrupción, todas las que alguna vez fueron sus socias
también lo serían, lo que atenta contra la presunción de inocencia y el debido
proceso. “Se estaría dando una suerte de sentencia condenatoria mediante una
ley”, explica el abogado Miguel Ronceros, del estudio Philippi Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uría.
Cualquier empresa
afectada podría reclamar individualmente primero ante el Poder Judicial y, en
instancia definitiva, ante el Tribunal Constitucional (TC) vía una acción de
amparo. También podría plantearse una acción de inconstitucionalidad, en cuyo
caso resolvería directamente el TC.
Peru21
Te regalo 1,200 millones
Luis Davelouis
En contra de la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas,
la mayoría fujimorista aprobó regalarle unos S/1,200 millones al año a las
empresas aeronáuticas. La excusa: sin exoneraciones caerán las conexiones
aéreas con muchos lugares del interior del país, en particular con destinos a
los que la gente vuela poco y se perjudican empresas pequeñas.
A ver. Tal exoneración existe desde los 80 y se suspendió en 2015. Entre
2015 y 2017, ¿cuántas ciudades se quedaron sin vuelos? ¿Cuántas aerolíneas
debieron reducir sus frecuencias? Ninguna. La ley exonera del pago de IR e IGV
a ciertas importaciones. Según Sunat, el 90% corresponde a LATAM. Solo en 2015,
dejamos de recibir S/700 millones en impuestos.
Para saber de qué hablamos: a través del programa de Obras por
Impuestos, la Asociación de Bancos invertirá unos 1,200 millones de soles para
construir 400 comisarías con personal y equipos en todo el país en cinco años.
O sea, el Estado va a dejar de recibir dinero suficiente para construir y
equipar 400 comisarías CADA AÑO. ¿No era la lucha contra la inseguridad
ciudadana uno de los puntos fuertes de la campaña fujimorista? Es más: la
inversión en Kuélap fue de S/81 millones, o sea, S/1,200 millones son 15
Kuélaps. O un año de Qali Warma (comida para los niños) o tres años de Cuna Más
(bebés). Cada sol que deja de entrar al Estado es un sol menos que se gasta en
educación, saneamiento, salud y seguridad.
Preguntas: ¿no es muy conveniente que esta exoneración regrese JUSTO
cuando ya hay dos aerolíneas low cost operando y han anunciado su ingreso dos
más en los próximos días sin exoneración? ¿No resulta ridículo que mientras
esto sucede estemos muy atentos viendo cómo el Congreso se agarra de las mechas
con un dibujo animado?
Peru21
Columna de Juan José Garrido
(…)
Leyes muy malas se han aprobado (y otras están en proceso) en lo que va
de este gobierno, algunas que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal o el
desarrollo sectorial.
Institucionalmente hablando, el fujimorismo tiene por delante un gran
desafío: limitarse ante el potencial abuso del poder (que ostenta). Ser
oposición es fácil; ser oposición sensata y positiva para el país es donde está
el reto.
El Comercio
La entrega hace unas semanas del informe de la Comisión
de Protección Social (CPS)
al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
ha despertado expectativas y, también, algunas preocupaciones entre los actores
del sistema privado de pensiones, como se pudo apreciar ayer en el Perú Capital Markets, Banking & Finance Day,
organizado por El Comercio, El Dorado Investments y la Escuela de Posgrado de
la Universidad del Pacífico.
Si bien en la exposición de la titular del MEF, Claudia Cooper, no se mencionó el estudio, que aún no se hace
público, la expectativa y preocupaciones sobre este sí acapararon buena parte
del panel en el que participaron los líderes de empresas vinculadas con el
mundo previsional.
En esta instancia,
Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, reveló que las administradoras
privadas solo fueron invitadas por la CPS una vez para escuchar sus propuestas
y hasta la fecha se desconoce si estas serán consideradas.
El Comercio adelantó
este miércoles algunos lineamientos de las propuestas de la CPS. Si bien los
ejecutivos de las AFP que participaron en la cita prefirieron no entrar en
detalle en estos aspectos hasta que se conozcan oficialmente, sí manifestaron
su inquietud por el resultado final que pudiera tener el debate cuando se
publique el documento.
“AFP Habitat llegó
incentivada por la reforma del sistema [de pensiones] que se dio en el 2012”,
dijo Mariano Álvarez, gerente general de dicha empresa. “Lo que no podemos
hacer en ningún país serio es estar cambiando las reglas de juego
frecuentemente”, añadió.
En el mismo sentido,
el gerente general de Profuturo AFP, Vicente Tuesta, mostró su preocupación
sobre la incertidumbre que existe respecto a los objetivos perseguidos por la
reforma.
Ferrini propuso que
se implemente un mecanismo de pensión mínima, que permita una jubilación
adecuada a aquellas personas que se esforzaron por ahorrar, pero no alcanzaron
a acumular un fondo suficiente.
La jefa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen, coincidió en su
exposición con un pedido generalizado de los gerentes de las administradoras
privadas: eliminar o simplificar regulaciones para la creación de nuevos
productos o para decisiones de inversión.
Adelantó que la SBS
trabaja en eliminar las sobrerregulaciones que hacen compleja la labor de
inversión de las AFP. “Hace unos meses, la SBS hizo un diagnóstico y fue una
sorpresa la cantidad de trabas que enfrentan las AFP para elegir un portafolio
eficiente. Vamos a aligerar esa maraña”, aseveró.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Magistrados impunes ganan la
batalla
Jaime de Althaus
La
reciente decisión de la Sala Penal Nacional de considerar delito de lesa
humanidad la presunta matanza de 135 reos en el penal El Frontón,
por la que son procesados 34 ex marinos luego de 31 años de ocurridos los
hechos, se fundamenta en un escandaloso auto del Tribunal
Constitucional del 5 de marzo del 2017 que para anular
un hábeas corpus a favor de los marinos del 14 de junio del 2013 que establecía
que los hechos no constituían crímenes de lesa humanidad, y que era nula la
apertura de instrucción por ese delito, pues no se le ocurre mejor expediente
que retirar el voto del magistrado Vergara Gotelli a favor del hábeas corpus
robándole su verdadero sentido. De esa manera el hábeas corpus ya no tenía 4
votos sino 3, con lo cual quedaba anulado.
Esa maniobra punible
no ha sido hasta ahora castigada. Se presentó una acusación constitucional
contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy
Espinoza-Saldaña, pero hasta ahora no ha prosperado. Violar la cosa juzgada y
cambiarle el sentido del voto de positivo a negativo a un magistrado anterior
es un acto gravísimo que, a mi juicio, amerita destitución.
Estos señores
dictaminaron que el voto a favor del hábeas corpus de Vergara Gotelli
constituyó un “error material”, porque redactó un fundamento de voto aparte. Lo
que no dicen es que lo redactó para explicar que él está de acuerdo con
conceder el hábeas corpus porque no hay lesa humanidad, pero no por los
argumentos de sus tres colegas –que fueron al fondo del asunto–, sino porque el
Perú había expresado una reserva cuando firmó la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en el 2003: que esa
convención solo se aplicaría a los delitos cometidos a partir del momento de la
firma en adelante. Es decir, sin retroactividad. No solo eso. Vergara cita
artículos de la Constitución, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para concluir:
“De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus
disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el
Estado parte y no de manera retroactiva”.
Es decir, Vergara
estuvo de acuerdo con la sentencia, pero con otros argumentos, aun más
tajantes. El ex magistrado Ernesto Álvarez, que votó a favor del hábeas corpus,
asevera que “el doctor Vergara fue más radical aun en su voto que nosotros”.
Haberle despojado de
su voto solo obedece a una inescrupulosa operación política que ahora alcanza
su resultado en la resolución de la Sala Penal Nacional. La batalla legal,
lamentablemente, comenzó a perderse desde que se ordenó la revisión de los
juicios a los terroristas solo para que penas de cadena perpetua, como a la
asesina múltiple Martha Huatay, fueran reducidas a 25 años. Una vergüenza.
