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sábado, 14 de marzo de 2015

ESTA NOCHE sábado 14 marzo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Gobierno designa dos viceministros y un analista político para reorganizar la Dirección de Inteligencia (DINI)

ü  La acusación constitucional contra el ex presidente Alan García por el caso “narcoindultos” será debatida en 45 días en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Solidaridad Nacional  

ü  Expreso: magistrado César San Martín se equivocó en el caso de la terrorista a quien la Comisión IDH ahora manda pagarle cien mil dólares. No leyó peritaje de las supuestas torturas, según Carlos Chipoco


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MEDIA COLUMNA
El gobierno lo sigue pensando


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La Comisión de Defensa del Congreso aprobó esta semana la iniciativa que desde hace cuatro años reitera incansablemente el congresista Carlos Tubino, de retomar la política de interceptación de las narcoavionetas en vuelo, que vienen del extranjero a llevar droga desde el Perú. Esa que fuera quince años atrás la política del gobierno fujimorista, sigue siendo hoy la única que verdaderamente funciona contra el narcotráfico. El gobierno, sin embargo, luego de cuatro años, lo sigue pensando.

Incluso Devida, la institución que ejecuta la política antidroga, sabe que es lo único eficaz. Su jefe declaró hace poco que se necesitaban los radares y sugirió donde ubicarlos. Esta archidemostrado. Quince años atrás, las narcoavionetas venían de Colombia al Huallaga a comprar hoja de coca, la materia prima. El derribamiento de más de cien de ellas redujo en tres cuartas partes el área sembrada de coca en el Perú. Simple ley de la oferta y la demanda: cuando los vuelos disminuyeron significativamente por temor a ser derribados, la demanda cayó, el precio se derrumbó y los cocaleros pasaron a cultivar otra cosa. Allí los esperaba el gobierno con un programa para orientarlos.

Durante el quinquenio de Toledo, un grave error humano causó el derribamiento de la avioneta de una familia de misioneros norteamericanos. Estados Unidos retiró sus radares. Toledo firmó un convenio vigente hasta hoy por el que suspendió la interceptación. No vamos a especular aquí sobre la naturaleza del error que permitió poner fin a la única política que ha funcionado contra el narcotráfico. La transcripción de las comunicaciones entre las aeronaves ha sido publicada. El hecho es que hoy, quince años después, el Perú sigue paralizado por ese convenio al que, evidentemente, ha llegado la hora de poner fin, de manera respetuosa pero firme para con nuestros socios americanos en la lucha antidroga. Así tengamos que poner nosotros toda la red de radares necesaria para retomar la política antidroga correcta.

Obviamente, ello requiere decisión política. Pero el gobierno humalista aun lo está pensando.

Las narcoavionetas no vienen hoy ya desde Colombia. Vienen desde Bolivia y Brasil al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), a razón de una veintena de vuelos diarios. Y no compran ya materia prima, sino el producto terminado: cocaína. Lo que entonces funcionó, sin embargo –la ley de la oferta y la demanda-, volverá a funcionar.

La decisión política de interceptar nuevamente las avionetas con el marco legal adecuado, previo protocolo internacional de señales universalmente conocido. La demanda se retraerá, el precio se derrumbará, los cocaleros se pasaran a cultivar otros productos. Lo saben desde hace décadas todos los expertos y opinólogos sobre este tema, incluso los que se oponen. Así lo comprendió desde un principio el parlamentario fujimorista, un respetado almirante de la Marina peruana, cuyo proyecto recogió al fin esta semana la Comisión de Defensa, cuatro años después de que fuera presentado. Pero el gobierno lo sigue pensando…



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.


NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
El 17 de abril de 1993, en el óvalo de la avenida Brasil, en Pueblo Libre, fue detenida la emerretista Gladys Carol Espinoza Gonzales, junto a Rafael Salgado Castilla, por un grupo de agentes de la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Policía Nacional, en el operativo “Oriente”, que buscaba a los secuestradores del empresario Antonio Furukawa Obara.
Los padres de la mencionada sediciosa, Teodora Gonzales y Manuel Espinoza, denunciaron que esta fue torturada y violada por sus interrogadores, según el epígrafe 167 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del caso ‘Espinoza Gonzales vs. Perú’, del 20 de noviembre de 2014.
Allí se da cuenta que Gladys Espinoza, el 18 de abril de 1993, “padecía de lesiones en la cabeza y los miembros superiores del cuerpo”, y en los días posteriores se constataron otras contusiones, como un traumatismo encéfalo craneano, y al mes siguiente una desfloración antigua con acto contra natura reciente.
Otro es el asunto para el juez César San Martín, quien en pronunciamiento público sostuvo días atrás que “el cuarto fundamento jurídico de la ejecutoria suprema precisa, respecto a la tortura que denuncia la víctima, que durante el desarrollo del juicio oral los peritos médicos señalaron que las lesiones que presenta Espinoza Gonzales no resultan compatibles con una tortura; además la pericia psicológica concluye que la peritada es una persona manipuladora para obtener ventaja”.
San Martín agrega que la Corte IDH “se limita a reproducir, en el juicio supranacional, la opinión de un perito, pero no proporciona elementos objetivos consistentes de la realidad de las supuestas torturas –que incluyeron violación sexual–, ni criterios de valoración específicos que orienten el análisis de los jueces ordinarios en sede interna”.
Pero la Corte IDH ya había determinado “…que la valoración estereotipada de la prueba por parte de la Sala Penal (…) que derivó en que declarara que la señora (Gladys) Espinoza no fue víctima de tortura y, por tanto, en que no se ordenara la investigación de los hechos denunciados, constituyó discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”, señala el ítem 307 de la sentencia.
Independientemente del subjetivismo de pensar que tan altos magistrados, como el mismo San Martín y los vocales supremos Molina Ordóñez (fallecido), Palacios Villar, Barrientos Peña y Lecaros Cornejo padecieran de prejuicios contra el género femenino, según la Corte IDH, “lo más probable es que César San Martín no leyó los informes de abril y mayo de 1993 del médico legista –que están en el citado epígrafe 167– emitidos a raíz de las denuncias de los padres de Gladys Espinoza”, afirma Carlos Chipoco Cáceda, master in law de la Universidad de Harvard en asuntos de derechos humanos.
“Por eso San Martín no acepta su error y ahora está en problemas, y, lo que es más delicado, el Estado peruano no tiene por qué defender a violadores ni torturadores; esto significa que si hubo estos problemas, debieron investigarse en su momento, para de esta forma impedir que esos presuntos ilícitos lleguen a la CIDH y a la Corte IDH, donde además la defensa del Perú por lo general es pésima”, sostuvo Chipoco.
El abogado además negó que sea cierto que en esos años de violencia hubiera una política Estado en favor de las violaciones, como sostiene la Corte IDH, aunque la Sala Penal de la Suprema debió ordenar una investigación. “Pero ya es tarde. Ahora no nos queda más que acatar la sentencia de la corte supranacional, pero debemos tomar medidas en salvaguarda de los recursos del erario público”, agrega el también exlegislador del PPC, al indicar que la salida sería embargar los pagos que debe hacer el Estado a Gladys Espinoza Gonzales a cuenta de la reparación civil que le debe al Perú, que asciende a S/. 35 mil más intereses.
Tuvieron que pasar 11 años para que la Sala Penal de la Corte Suprema, el 24 de noviembre de 2004, dictara 25 años de carcelería por terrorismo a Gladys Espinoza Gonzales, quien habría estudiado derecho en Cuba y que se integró mucho antes a las filas del MRTA.



El Comercio
El Gobierno Peruano designó finalmente a los integrantes de la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y al secretario técnico de la misma, a través de dos resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.
La RS N°067-2015-PCM anunció que la Comisión Reorganizadora de la DINI será presidida por el señor Jakke Valakivi Álvarez, viceministro de Recursos para la Defensa y los señores Mauro Medina Guimaraes, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior; Francisco Guerra García Cueva, analista político. Se designó a Enrique Obando Arbulú como encargado de la Secretaría Técnica de la Comisión.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
La acusación constitucional al ex presidente Alan García por el Caso 'Narcoindultos' se debatirá en 45 días en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó su presidente, José Luna (Solidaridad Nacional).



Expreso
A través de las redes sociales, Alan García respondió ante la revelación de los informes de la extinta Megacomisión.
“Gracias a la “megacomisión”. Dice que “mis bienes y gastos están cubiertos por mis ingresos netos”. Ahora vean cuentas de los Humala y Belaunde”, escribió en Twitter.
García también se refirió al decreto de urgencia que le permitió construir 52 colegios emblemáticos, el cual –según refirió– también ha sido utilizado por el gobierno actual.
“Critican Decreto de Urgencia que permitió construir 52 colegios emblemáticos. Pero lo ha usado este Gobierno. Que acusen a (el actual presidente Ollanta) Humala también”, agregó.
El exmandatario agregó que su Gobierno “usó normas de urgencia para colegios, agua potable, hospitales; para crecer y dar empleo. Es la diferencia entre 8 % y 2 %” de crecimiento del producto interno bruto (PIB), en referencia al porcentaje alcanzado durante su gestión y en la actual Administración.



El Comercio
Martín Hidalgo
La Comisión de Fiscalización acaba de abrir una nueva investigación, esta vez para indagar sobre los aportes recibidos por los partidos en la campaña del 2011. Sin embargo, este grupo de trabajo registra investigaciones pendientes que tienen más de un año congeladas.
La más llamativa, pues tiene de lejos el mayor tiempo  sin que se haya producido una sola actividad desde  que se otorgaron las facultades, es contra Keiko Fujimori. Data del 2013 y nunca se efectuaron pesquisas.
La moción tramitada el 29 de mayo del 2013 propuso otorgar facultades a la Comisión de Fiscalización por el plazo de 180 días para que se investigue a Keiko Fujimori por el inmueble que ocupa, registrado a nombre de Jenny Mery Kagami Fujimori, sobrina de Rosa Fujimori.
La moción dice que el origen de este inmueble “podría ser consecuencia de delito, producto de dineros apropiados ilícitamente de Apenkai y/o de las arcas de Estado”.  De comprobarse esto último, Fujimori estaría incurriendo en el delito de tenencia ilegal.
La moción también pide indagar sobre la venta por US$669.500 de la casa ubicada en la calle Pinerolo, de propiedad de su familia, dinero con el que, según Keiko Fujimori, se financiaron sus estudios en el extranjero. El documento pide también ahondar en la compra del terreno en la playa Toyo Seco-Puerto Fiel, en Cañete, por parte de la lideresa fujimorista.
En esa línea, los 12 congresistas firmantes también propusieron, a través de la moción, que se lleven a cabo averiguaciones respecto de cómo “solventa el holgado estilo de vida de su familia, si no se le conocen ingresos ni empleo o propiedades registradas, siendo gerente de dos empresas desactivadas y con deudas en Essalud”.
Casi 15 días después de presentada, la moción fue aprobada en el Consejo Directivo del Congreso con votos de la bancada de Fuerza Popular incluidos. Es decir, se le otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Keiko Fujimori.
Fueron ocho votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. De los ocho a favor, seis fueron fujimoristas. 
También están en espera el caso Helios iniciado en marzo del 2014, el caso Onagi cuya investigación comenzó en abril del 2014, el caso de la Caja Metropolitana que se abrió en junio del 2014.