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Devida
ha pedido a la PCM iniciar acciones legales contra la Fuerza Aérea por
incumplir un convenio para desarrollar un prototipo de radar tridimensional
para la interdicción de narcoavionetas
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Denuncia ex oficial de Inteligencia: “…en los últimos
años se ha desplazado profesionalmente a una serie de oficiales, privilegiando
grupos internos dentro de la institución… El actual presidente ha creado
división dentro de las FF.AA…”
ü Congreso
aprobó el informe final de la Comisión Ancash, que recomienda
denunciar penalmente a los ex fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia
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MEDIA COLUMNA
Del bosque a la montaña
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
La decisión del banco central de EEUU (FED) de no elevar sus tasas de
interés no es una decisión sólo
económica, sino política en el mejor sentido de la palabra.
Lo es de una manera explícita, además, desde que la presidenta de la
FED, Janet Yellen, ha declarado luego de la reunión del comité que la decisión de aplazar el alza se debe a la vigilancia
cercana que viene haciendo de lo que ocurre con las economías emergentes ante
la fuerte revaluación del dólar. Esas economías están sufriendo una fuga masiva
de capitales hacia los países desarrollados, que determina en ellas la
necesidad de devaluar masivamente sus monedas con serias consecuencias para
su estabilidad económica y
política.
La decisión obedece también, desde luego, al hecho de
que la economía global es hoy una sola y que la desaceleración de los países
emergentes repercute en el crecimiento de la economía norteamericana. De hecho,
Yellen ha dicho que el alza global del dólar en los últimos meses podría dañar
las exportaciones de EEUU, lo que perjudica su propia recuperación.
Pero, claramente, la interdependencia de la economía
global no es la única y ni siquiera la principal motivación de la decisión de
la FED, sino el sentido de responsabilidad de la autoridad monetaria de EEUU
respecto de las consecuencias que su decisión habría tenido para las economías
emergentes.
En esa medida es, pues, una decisión también política que hay que
felicitar, porque refleja una nueva visión del papel de la política monetaria
norteamericana, una que es capaz de declinar su propio interés en lugar de
preferirlo al de los demás. Es, en consecuencia, quizás la primera vez que la
decisión parece obedecer a una verdadera política económica global.
Con ella, EEUU establece un firme liderazgo político y no solo económico
global en materia monetaria y financiera, que insólitamente se basa en una
especie de legitimidad ética.
Es algo que anticipamos en esta columna
meses atrás al anunciar que así sería y apostar a que la FED estaría a la
altura de las circunstancias. Hoy solo mostramos la satisfacción de no haber
equivocado la apuesta. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que no
podíamos esperar otra cosa de los poderosas herederos de Keynes y de Hayeck.
Ninguno de ellos habría dejado de asumir la responsabilidad de una política
global en materia económica.
Es largo y lleno de senderos perdidos el camino que va de Bretton
Woods a Mont Pelerin, del bosque a la montaña.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas
y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
La
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)
ha pedido a la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
iniciar acciones legales contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por incumplir un convenio que la obligaba a
desarrollar un prototipo de radar tridimensional para el programa de vigilancia
e interdicción de aeronaves que transportan droga.
Devida también le exige a la FAP la devolución de S/.1’350.000 que le transfirió para ese
fin. Ambas instituciones podrían ir a los tribunales.
El
organismo antidrogas alega que la FAP no
cumplió un convenio de 10 de julio del 2012. En lugar de desarrollar un
prototipo de radar VHF 3D, contrató a una empresa que acabó desarrollando el
modelo VHF 2D.
La FAP ha denunciado a la empresa a
la que contrató para el desarrollo del equipo, una compañía con sede en Estados
Unidos llamada Microwave Technology Inc., manejada por José Velasco Núñez, un
peruano que presta servicios a la NASA. Este físico y ex marino se defiende
señalando que solo hizo lo que la Fuerza Aérea le requirió.
El
modelo de radar acordado en el convenio firmado entre Devida y la FAP era el VHF 3D, un aparato que
puede detectar blancos aéreos a 400 kilómetros de distancia.
Peru21
Entrevista al coronel en retiro Juan Carlos Liendo, ex oficial de
Inteligencia
-¿Es común declarar la inamovilidad de las tropas?
Normalmente se da por razones operativas o administrativas con un alto nivel de
importancia. Las actividades de conteo de munición no responden, normalmente, a
orden de inamovilidad.
-Hasta ahora existen dudas sobre quién dio esta orden,
si el ministro de Defensa o el comandante del Ejército. ¿Tiene conocimiento de
quién fue?
Una orden de inamovilidad es ejecutiva, que debe darse dentro del nivel de las
Fuerzas Armadas. Una orden política para ejercer una orden de inamovilidad es
inusual.
-Pero las primeras informaciones dan cuenta de que el
ministro Valakivi dio la orden.
Exacto. Hay informaciones contradictorias de un lado y del otro. Lo que sí está
claro es que existe una evidente falta de liderazgo y de comando sobre las
políticas de defensa y las institucionales. Se está involucrando a la
institución en problemas políticos de alto nivel porque no hay un liderazgo
efectivo desde el nivel político sobre la institución.
-¿Eso está causando el desprestigio de las FF. AA.?
Obviamente. Un conjunto de asesores políticos que rodean al jefe de Estado
podría estar dando información incompleta o interesada para generar un caos que
nadie puede definir. Eso es lo que está sucediendo.
-¿Y el liderazgo tendría que venir del presidente?
Obviamente, más aún siendo él un militar. El problema del presidente es que se
ha rodeado de una serie de asesores que solo ven su interés personal y
económico.
-¿Y, entonces, hay un malestar en las FF. AA.?
El malestar es una consecuencia inmediata, normal. Es natural que llevar el
desprestigio de la institución en el campo político cause malestar. Colocar al
Ejército en el centro de una discusión política es una irresponsabilidad.
-¿En qué momento se ha puesto al Ejército en el centro
de la discusión política?
Cuando se habla de un supuesto golpe de Estado. Eso es producto de una mala
gestión institucional.
-¿Un golpe de Estado ahora es imposible?
Un golpe de Estado no corresponde al profesionalismo de los actuales mandos. Me
da tranquilidad y confianza el cuerpo de generales que está en el Ejército,
pero de las decisiones políticas del gobierno se puede esperar cualquier cosa.
-¿El malestar que existe hace que algunos mandos se
reúnan para conversar de la situación y la influencia de la política?
Lo cierto es que en los últimos años se ha desplazado profesionalmente a una
serie de oficiales, privilegiando grupos internos dentro de la institución. Eso
causa divisionismo. El actual presidente ha creado división dentro de las
FF.AA. Está haciendo regresar las relaciones civiles y militares a hace 15
años. Hay un enfrentamiento de la institución con el poder político.
-¿Se refiere a que miembros de la promoción del
presidente o allegados están en los más altos cargos del Ejército?
Bueno, particularmente.
-¿La política de ascensos de este gobierno ha dividido
a las Fuerzas Armadas?
Definitivamente, y eso hace posible de que existan grupos de diferente tipo
que, al romper la institucionalidad dentro del manejo del Ejército, busquen sus
propios grupos para defender sus intereses.
-¿Y estos grupos no podrían gestar un golpe de Estado?
No se descarta que oficiales extremistas con poco conocimiento de la realidad
actual, y que se sientan contrarios al gobierno, puedan estar deliberando sobre
eso, sobre un golpe de Estado. El resquebrajamiento institucional para las
políticas internas del Ejército facilita la aparición de grupos fuera del orden
jerárquico e institucional.
-¿Quién provoca este escenario?
Lo provoca la toma de decisiones a partir de chismes, prejuicios o rencores. En
este gobierno ha habido intromisión política en decisiones militares, incluso
de la primera dama. Eso crea malestar y un gran descontento con el presidente Humala.
-¿Los rumores de un golpe de Estado vienen del Ejército
o del mismo grupo del presidente Humala?
Eso no está claro. Lo que sí está claro es que el gobierno no tiene capacidad
para decir de qué grupo viene. Eso también es consecuencia de que se han desarticulado
todos los órganos de inteligencia y contrainteligencia del Estado para cuidar
la Nación. El gobierno tiene poco control de lo que pasa dentro de las FF.AA. o
dentro de su propio grupo.
-Incluso se ha comentado que el presidente solo
pretende defender a su esposa.
Eso es lo que se comenta en todos lados.
-¿En el Ejército también?
Se comenta en todos los ámbitos. No hay una acción o información clara que lo
contradiga.
La República
El lunes 20 de
mayo, dos funcionarios de la policía
antidrogas estadounidense (DEA) cruzaron la puerta del Ministerio Público del jirónCarabaya con
dirección al despacho del fiscal superior coordinador en criminalidad
organizada, Jorge
Chávez Cotrina. No estaban solos; los acompañaban dos policías peruanos integrantes de
"Escorpión", un grupo de inteligencia de la Dirandro
auspiciado por la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen). Tras arribar al
quinto piso de esa sede e intercambiar saludos con el doctor Chávez Cotrina, el
enlace de la DEA en Lima entró de lleno
al asunto que los había traído desde la embajada hasta el Centro de Lima: "Tenemos información de que una importante
investigación por drogas se ha filtrado de una fiscalía bajo su mando, y eso
nos preocupa mucho".
Sin ahondar en detalles de cómo obtuvieron la información y sin
mostrar pruebas, el comandante PNP Cieza contó
al fiscal Chávez Cotrina que fotocopias de cada una de las 200 páginas que
contenía una carpeta fiscal bajo estricta reserva llegaron a las manos de un
importante narcotraficante al cual estaban siguiendo los pasos. "Se
sospecha de un fiscal", agregó
el otro policía con aparente conocimiento de causa.
Una información semejante proveniente de una de las principales
contrapartes en la guerra contra las drogas en Perú no era algo usual.
Habituado a no preguntar detalles de lo que sus fiscales desean contarle sobre
el estado de sus casos, Chávez no los pidió y menos aún la identidad del fiscal
que habría estado con la mafia investigada.
Tampoco era necesario. El fiscal Chávez ya había sido advertido, días antes,
de la presunta infidencia por la misma responsable de la fiscalía cuestionada. La
doctora Paola Díaz Prieto, adjunta provisional de la Primera Fiscalía en
Criminalidad Organizada, le había contado preocupada
al fiscal Chávez que el expediente que manejaba desde
hace dos meses sobre una organización internacional había caído en manos del
objetivo seguido por la policía antidrogas.
"El objetivo sabe que lo siguen y que
probablemente lo escuchan", habría contado Díaz Prieto.
Desde agosto del 2013,
un equipo especial de la Divinesp (División de Investigaciones Especiales)
tenía información de que empresarios extranjeros radicados en Lima
recibían remesas de dinero de un conocido grupo criminal que opera en la costa
oeste de los Estados Unidos. Tras coordinar con la DEA y
un equipo de la Divinesp, la fiscal Paola
Díaz Prieto autorizó en setiembre una investigación preliminar
contra dichos empresarios y el caso fue bautizado como "Apolo". Los agentes de la Divinesp vigilaron
propiedades y negocios, y realizaron seguimientos fuera y dentro del país.
Dada la importancia que tenía la investigación para la policía, la
DEA solicitó al entonces fiscal de la Nación, Ramos Heredia, que la doctora
Paola Díaz continúe viendo el caso por ser de confianza y porque lo
conocía muy bien.
Ante ese pedido, Rafael Vela Barba, a cargo interinamente de la
coordinación de las fiscalías en criminalidad organizada, accede al pedido.
Paola Díaz y su adjunto Manuel Rojas, al igual que el
propio fiscal superior coordinador Rafael Vela, viajaron a Inglaterra para
presenciar un "procedimiento especial de remesa de droga controlada".
Esta mutua confianza y camaradería cambió radicalmente a fines de abril
último. Cuando se estaba llevando a cabo una operación especial, la fiscal Díaz
fue convocada en forma urgente por los agentes de "Escorpión". Refieren
que sus informantes han revelado a la policía que el investigado sabe que es
seguido.
Inmediatamente, los policías dejaron en claro que la infidencia no
procedía de su grupo de inteligencia sino de la propia fiscalía, que conducía
la magistrada Paola Díaz.
Los policías sugirieron que el único que podía haber filtrado esa
información era el adjunto de Paola Díaz, el fiscal Manuel Rojas del Águila,
porque era el único que había manejado el expediente hasta revelada la
infidencia. Los jefes de "Escorpión" sostenían que cuando se produjo
la fase principal del operativo de inteligencia, el fiscal salió de viaje rumbo
a la ciudad de Iquitos.
Tres meses después, el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, por recomendación de la fiscal adjunta suprema,
Patricia Benavides, firmó una resolución con fecha 18 de agosto que da por
culminada la labor de Rojas del Águila. Una investigación abierta en Control
Interno acompañó esta medida. Pese a ello, aún no queda claro quién pudo entregar
un expediente completo al traficante.
El Comercio
Encargar la reforma política
Jaime de Althaus
El proyecto de reforma de
la ley de partidos no se llegó a debatir ayer en el
Congreso quizá por vergüenza. Pues eleva las barreras al ingreso de nuevos partidos para
proteger a los actualmente inscritos, no elimina el voto preferencial ni
establece elecciones internas organizadas por la ONPE, viabiliza el
financiamiento público pero no eleva el umbral para las aportaciones privadas
ni obliga a informar acerca de ellas, no endurece las condiciones para formar
movimientos regionales, menos aún reduce el tamaño de los distritos electorales
para elegir mejor ni lleva las elecciones congresales junto a la segunda vuelta
de las presidenciales.
En otras palabras, está hecho para proteger a los partidos existentes sin
fortalecerlos, y no apunta a resolver ninguno de los dos problemas graves que
tenemos: la aguda y creciente fragmentación política, y la penetración de
dineros ilegales. Más bien, los agrava.
Pero el Perú no puede darse el lujo de esperar cinco
años más para empezar a adoptar reformas que
lleven paulatinamente a un sistema de pocos partidos institucionalizados
y enraizados que le den gobernabilidad al país.
Si los confundidos congresistas, tributarios del
sistema perverso que tenemos, no alcanzan a tener la claridad ni menos la
decisión de aprobar las reformas necesarias,
esa debió y debería ser tarea y responsabilidad de las altas dirigencias
partidarias.
Pero aquí llegamos al círculo vicioso: precisamente
porque nuestros partidos no
son tales, carecen de instancias de discusión de temas fundamentales y más aún
de think-tanks que elaboren propuestas. No son capaces de sentarse a analizar,
estudiar y discutir un tema como este.
Que yo sepa, solo en el PPC (y en mucha menor medida en
el Apra) se ha discutido internamente de manera seria sobre las reformas políticas.
La primera tarea de Fuerza Popular, por ejemplo, debió
ser esa, porque si una deuda grande tiene el fujimorismo es con la
institucionalidad del país. Fujimori quiso acabar con los partidos, pero ahora Fuerza Popular
aspira a ser un partido formal en un sistema democrático de partidos.
Pues bien: ¿qué propone el fujimorismo para construir
una democracia eficaz, de calidad, que no necesite concentrar el poder de
manera autocrática para gobernar? ¿Qué propone para superar la “democracia
delegativa” que encarnó su fundador?
Peruanos por el Kambio, por su parte, ni siquiera es un partido y a su líder,
PPK, no le interesa construir una institucionalidad partidaria, sino llegar al
poder en la última oportunidad que tiene.
El tema sencillamente está fuera de sus preocupaciones.
El Apra, por su larga historia, sí debería tener la capacidad de formular una
propuesta de construcción institucional.
Pero si en los partidos no
hay capacidad para formular una ley coherente, lo práctico sería un acuerdo
entre ellos para adoptar las propuestas de reforma institucional
que ha elaborado Transparencia, bajo la dirección de Felipe Ortiz de Zevallos,
o formar una comisión con los mejores politólogos (Tanaka, Tuesta, Meléndez,
Dargent, Vergara…) y algunos políticos ilustrados para que formulen una
propuesta.
Pero vemos que la reforma política
no apareció ayer entre los temas mencionados por el primer ministro Pedro
Cateriano y Luis Iberico para las conversaciones con los líderes políticos.
Desalentador.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
pleno del Congreso aprobó anoche el informe final de la Comisión Áncash,
que recomienda denunciar penalmente a los ex fiscales de la Nación José Peláez
Bardales y Carlos
Ramos Heredia, entre otras personas, por los
presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Alrededor
de las 12:08 a.m. y luego de un debate de más de tres horas, el
pleno decidió respaldar con 61 votos a favor, uno en contra y ninguna
abstención el informe en mayoría presentado por el titular de la Comisión Áncash, Mesías Guevara.
El
documento menciona que la red que constituyó el ex presidente
regional de Áncash César
Álvarez –hoy en prisión mientras se investiga la muerte
del ex consejero regional Ezequiel Nolasco– amasó un aproximado de
S/.1,414 millones y cobró sobornos por S/.748 millones.
También
señala que los ex titulares del Ministerio Público habrían conformado la
"red de impunidad" que permitió que la organización criminal de
Álvarez pueda operar y permanecer en el tiempo impunemente.
Sobre
José Peláez Bardales, la Comisión
Áncash concluyó que destituyó arbitrariamente a los
cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’ en el 2011.
En
el caso de Carlos Ramos Heredia, se indica que arbitrariamente recomendó,
cuando era fiscal supremo de Control Interno, destitución y sanciones contra
los fiscales que investigaban la gestión de Álvarez.
Las
denuncias contra Peláez y Ramos serán derivadas a la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales para su evaluación y eventual aprobación.
Se
destaca también la sobrevaluación del Proyecto Chinecas y la contratación
direccionada a favor de la notaría de Vilma Salvador, cuñada del congresista
nacionalista Fredy Otárola, que obtuvo contratos de servicios por S/.805.648
durante la gestión de César Álvarez en el gobierno regional.
Por
otro lado, se garantizaron obras mediante cartas-fianza ilegales por un monto
aproximado de S/.116’092.201. Según el grupo liderado por Mesías Guevara, las
cooperativas cobraban entre el 8% y 9% por el monto garantizado y “habrían
obtenido un ingreso ilícito de S/.10 millones”. Coopex, la cooperativa de
Orellana, emitió la mayor cantidad de cartas-fianza ilegales.
‘La
Centralita’ habría sido usada por una organización criminal con el fin de
planificar las estrategias de desprestigio a los opositores de César Álvarez
"y, para evadir cualquier sospecha de estas actividades ilícitas, tenían
como fachada a la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad de Martín
Belaunde Lossio". En la mencionada región existió una red de
medios de comunicación y de periodistas que "tenían como función generar
una falsa imagen del Gobierno Regional de Áncash con el fin de mantener en el
poder a César Álvarez". En la forma ilícita de utilizar a los medios y
periodistas, habrían participado Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, Martín
Belaunde Lossio y el actual congresista Heriberto Benítez, entre otros.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
ESTA NOCHE (tomado de EFE, El Comercio)
La
presidenta de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Janet Yellen,
defendió la decisión de aplazar el alza de tipos de interés por la volatilidad
financiera global, las dudas sobre las economías emergentes, como China, y la
fuerte apreciación del dólar.
“La
situación en el exterior aconseja una vigilancia estrecha”, aseguró Yellen en
rueda de prensa posterior a la reunión sobre política monetaria en la que la
FED decidió mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25 por ciento.
La
presidenta reconoció, además, que las “exportaciones netas habían supuesto un freno”
para la actividad económica de resultas de la apreciación del dólar en los
últimos meses.
La FED mantuvo sus tasas de interés sin
cambios entre 0% y 0,25%, como ocurre desde diciembre del 2008.
El
comité de política monetaria de la FED señaló
a través de un comunicado que la decisión, acordada por mayoría con un único
voto en contra, se aplazó. La FED destacó la expansión moderada del
crecimiento económico de Estados Unidos.
"Recientes
acontecimientos económicos y financieros globales pueden frenar actividad
económica alguna", apuntó la FED en su comunicado. Sin mencionarlas,
los miembros del comité de la FED tomaron en cuenta las recientes
turbulencias de los mercados financieros.
De
esta forma, se posterga la subida de las tasas de la FED.
Al conocerse la noticia, el mercado de Estados
Unidos reaccionó con una depreciación del dólar.
La posibilidad
de que la FED subiera las tasas de interés esta semana habría hecho que los
mercados emergentes sufrieran un duro golpe. Las monedas de los mercados emergentes
ya han perdido valor este año a causa del alza del dólar.
En
el Perú, la cartera de deuda externa del sector privado en dólares es de casi
el 17% del PBI.
Las
expectativas sobre el momento en que se produciría el alza se habían centrado
en setiembre, pero ahora parece probable que la decisión sea aplazada a
diciembre.
