ESTA NOCHE viernes 18 setiembre 2015

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ü  Devida ha pedido a la PCM iniciar acciones legales contra la Fuerza Aérea por incumplir un convenio para desarrollar un prototipo de radar tridimensional para la interdicción de narcoavionetas

ü  Denuncia ex oficial de Inteligencia: “…en los últimos años se ha desplazado profesionalmente a una serie de oficiales, privilegiando grupos internos dentro de la institución… El actual presidente ha creado división dentro de las FF.AA…”

ü  Congreso aprobó el informe final de la Comisión Ancash, que recomienda denunciar penalmente a los ex fiscales supremos José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia

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MEDIA COLUMNA

Del bosque a la montaña

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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La decisión del banco central de EEUU (FED) de no elevar sus tasas de interés no es  una decisión sólo económica, sino política en el mejor sentido de la palabra.

Lo es de una manera explícita, además, desde que la presidenta de la FED, Janet Yellen, ha declarado luego de la reunión del comité que la decisión de aplazar el alza se debe a la vigilancia cercana que viene haciendo de lo que ocurre con las economías emergentes ante la fuerte revaluación del dólar. Esas economías están sufriendo una fuga masiva de capitales hacia los países desarrollados, que determina en ellas la necesidad de devaluar masivamente sus monedas con serias consecuencias para su  estabilidad económica y política. 

La decisión obedece también, desde luego, al hecho de que la economía global es hoy una sola y que la desaceleración de los países emergentes repercute en el crecimiento de la economía norteamericana. De hecho, Yellen ha dicho que el alza global del dólar en los últimos meses podría dañar las exportaciones de EEUU, lo que perjudica su propia recuperación.

Pero, claramente, la interdependencia de la economía global no es la única y ni siquiera la principal motivación de la decisión de la FED, sino el sentido de responsabilidad de la autoridad monetaria de EEUU respecto de las consecuencias que su decisión habría tenido para las economías emergentes.

En esa medida es, pues, una decisión también política que hay que felicitar, porque refleja una nueva visión del papel de la política monetaria norteamericana, una que es capaz de declinar su propio interés en lugar de preferirlo al de los demás. Es, en consecuencia, quizás la primera vez que la decisión parece obedecer a una verdadera política económica global.

Con ella, EEUU establece un firme liderazgo político y no solo económico global en materia monetaria y financiera, que insólitamente se basa en una especie de legitimidad ética.

Es algo que anticipamos en esta columna meses atrás al anunciar que así sería y apostar a que la FED estaría a la altura de las circunstancias. Hoy solo mostramos la satisfacción de no haber equivocado la apuesta. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que no podíamos esperar otra cosa de los poderosas herederos de Keynes y de Hayeck. Ninguno de ellos habría dejado de asumir la responsabilidad de una política global en materia económica.

Es largo y lleno de senderos perdidos el camino que va de Bretton Woods a Mont Pelerin, del bosque a la montaña.     

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) ha pedido a la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) iniciar acciones legales contra la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por incumplir un convenio que la obligaba a desarrollar un prototipo de radar tridimensional para el programa de vigilancia e interdicción de aeronaves que transportan droga.

Devida también le exige a la FAP la devolución de S/.1’350.000 que le transfirió para ese fin. Ambas instituciones podrían ir a los tribunales.

El organismo antidrogas alega que la FAP no cumplió un convenio de 10 de julio del 2012. En lugar de desarrollar un prototipo de radar VHF 3D, contrató a una empresa que acabó desarrollando el modelo VHF 2D.

La FAP ha denunciado a la empresa a la que contrató para el desarrollo del equipo, una compañía con sede en Estados Unidos llamada Microwave Technology Inc., manejada por José Velasco Núñez, un peruano que presta servicios a la NASA. Este físico y ex marino se defiende señalando que solo hizo lo que la Fuerza Aérea le requirió.

El modelo de radar acordado en el convenio firmado entre Devida y la FAP era el VHF 3D, un aparato que puede detectar blancos aéreos a 400 kilómetros de distancia.

Peru21

Entrevista al coronel en retiro Juan Carlos Liendo, ex oficial de Inteligencia

-¿Es común declarar la inamovilidad de las tropas?
Normalmente se da por razones operativas o administrativas con un alto nivel de importancia. Las actividades de conteo de munición no responden, normalmente, a orden de inamovilidad.

-Hasta ahora existen dudas sobre quién dio esta orden, si el ministro de Defensa o el comandante del Ejército. ¿Tiene conocimiento de quién fue?
Una orden de inamovilidad es ejecutiva, que debe darse dentro del nivel de las Fuerzas Armadas. Una orden política para ejercer una orden de inamovilidad es inusual.

-Pero las primeras informaciones dan cuenta de que el ministro Valakivi dio la orden.
Exacto. Hay informaciones contradictorias de un lado y del otro. Lo que sí está claro es que existe una evidente falta de liderazgo y de comando sobre las políticas de defensa y las institucionales. Se está involucrando a la institución en problemas políticos de alto nivel porque no hay un liderazgo efectivo desde el nivel político sobre la institución.

-¿Eso está causando el desprestigio de las FF. AA.?
Obviamente. Un conjunto de asesores políticos que rodean al jefe de Estado podría estar dando información incompleta o interesada para generar un caos que nadie puede definir. Eso es lo que está sucediendo.

-¿Y el liderazgo tendría que venir del presidente?
Obviamente, más aún siendo él un militar. El problema del presidente es que se ha rodeado de una serie de asesores que solo ven su interés personal y económico.

-¿Y, entonces, hay un malestar en las FF. AA.?
El malestar es una consecuencia inmediata, normal. Es natural que llevar el desprestigio de la institución en el campo político cause malestar. Colocar al Ejército en el centro de una discusión política es una irresponsabilidad.

-¿En qué momento se ha puesto al Ejército en el centro de la discusión política?
Cuando se habla de un supuesto golpe de Estado. Eso es producto de una mala gestión institucional.

-¿Un golpe de Estado ahora es imposible?
Un golpe de Estado no corresponde al profesionalismo de los actuales mandos. Me da tranquilidad y confianza el cuerpo de generales que está en el Ejército, pero de las decisiones políticas del gobierno se puede esperar cualquier cosa.

-¿El malestar que existe hace que algunos mandos se reúnan para conversar de la situación y la influencia de la política?
Lo cierto es que en los últimos años se ha desplazado profesionalmente a una serie de oficiales, privilegiando grupos internos dentro de la institución. Eso causa divisionismo. El actual presidente ha creado división dentro de las FF.AA. Está haciendo regresar las relaciones civiles y militares a hace 15 años. Hay un enfrentamiento de la institución con el poder político.

-¿Se refiere a que miembros de la promoción del presidente o allegados están en los más altos cargos del Ejército?
Bueno, particularmente.

-¿La política de ascensos de este gobierno ha dividido a las Fuerzas Armadas?
Definitivamente, y eso hace posible de que existan grupos de diferente tipo que, al romper la institucionalidad dentro del manejo del Ejército, busquen sus propios grupos para defender sus intereses.

-¿Y estos grupos no podrían gestar un golpe de Estado?
No se descarta que oficiales extremistas con poco conocimiento de la realidad actual, y que se sientan contrarios al gobierno, puedan estar deliberando sobre eso, sobre un golpe de Estado. El resquebrajamiento institucional para las políticas internas del Ejército facilita la aparición de grupos fuera del orden jerárquico e institucional.

-¿Quién provoca este escenario?
Lo provoca la toma de decisiones a partir de chismes, prejuicios o rencores. En este gobierno ha habido intromisión política en decisiones militares, incluso de la primera dama. Eso crea malestar y un gran descontento con el presidente Humala.

-¿Los rumores de un golpe de Estado vienen del Ejército o del mismo grupo del presidente Humala?
Eso no está claro. Lo que sí está claro es que el gobierno no tiene capacidad para decir de qué grupo viene. Eso también es consecuencia de que se han desarticulado todos los órganos de inteligencia y contrainteligencia del Estado para cuidar la Nación. El gobierno tiene poco control de lo que pasa dentro de las FF.AA. o dentro de su propio grupo.

-Incluso se ha comentado que el presidente solo pretende defender a su esposa.
Eso es lo que se comenta en todos lados.

-¿En el Ejército también?
Se comenta en todos los ámbitos. No hay una acción o información clara que lo contradiga.

La República

El lunes 20 de mayo, dos funcionarios de la policía antidrogas estadounidense (DEA) cruzaron la puerta del Ministerio Público del jirónCarabaya con dirección al despacho del fiscal superior coordinador en criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina. No estaban solos; los acompañaban dos policías peruanos integrantes de "Escorpión", un grupo de inteligencia de la Dirandro auspiciado por la NCA (Agencia Nacional contra el Crimen). Tras arribar al quinto piso de esa sede e intercambiar saludos con el doctor Chávez Cotrina, el enlace de la DEA en Lima entró de lleno al asunto que los había traído desde la embajada hasta el Centro de Lima: "Tenemos información de que una importante investigación por drogas se ha filtrado de una fiscalía bajo su mando, y eso nos preocupa mucho".

Sin ahondar en detalles de cómo obtuvieron la información y sin mostrar pruebas, el comandante PNP Cieza contó al fiscal Chávez Cotrina que fotocopias de cada una de las 200 páginas que contenía una carpeta fiscal bajo estricta reserva llegaron a las manos de un importante narcotraficante al cual estaban siguiendo los pasos. "Se sospecha de un fiscal", agregó el otro policía con aparente conocimiento de causa.

Una información semejante proveniente de una de las principales contrapartes en la guerra contra las drogas en Perú no era algo usual. Habituado a no preguntar detalles de lo que sus fiscales desean contarle sobre el estado de sus casos, Chávez no los pidió y menos aún la identidad del fiscal que habría estado con la mafia investigada.

Tampoco era necesario. El fiscal Chávez ya había sido advertido, días antes, de la presunta infidencia por la misma responsable de la fiscalía cuestionada. La doctora Paola Díaz Prieto, adjunta provisional de la Primera Fiscalía en Criminalidad Organizada, le había contado preocupada al fiscal Chávez que el expediente que manejaba desde hace dos meses sobre una organización internacional había caído en manos del objetivo seguido por la policía antidrogas.

"El objetivo sabe que lo siguen y que probablemente lo escuchan", habría contado Díaz Prieto.

Desde agosto del 2013, un equipo especial de la Divinesp (División de Investigaciones Especiales) tenía información  de que empresarios extranjeros radicados en Lima recibían remesas de dinero de un conocido grupo criminal que opera en la costa oeste de los Estados Unidos. Tras coordinar con la DEA y un equipo de la Divinesp, la fiscal Paola Díaz Prieto autorizó en setiembre una investigación preliminar contra dichos empresarios y el caso fue bautizado como "Apolo". Los agentes de la Divinesp vigilaron propiedades y negocios, y realizaron seguimientos fuera y dentro del país.

Dada la importancia que tenía la investigación para la policía, la DEA solicitó al entonces fiscal de la Nación, Ramos Heredia, que la doctora Paola Díaz continúe viendo el caso por ser de confianza y porque  lo conocía muy bien.

Ante ese pedido, Rafael Vela Barba, a cargo interinamente de la coordinación de las fiscalías en criminalidad organizada, accede al pedido.

Paola Díaz y su adjunto Manuel Rojas, al igual que el propio fiscal superior coordinador Rafael Vela, viajaron a Inglaterra para presenciar un "procedimiento especial de remesa de droga controlada".

Esta mutua confianza y camaradería cambió radicalmente a fines de abril último. Cuando se estaba llevando a cabo una operación especial, la fiscal Díaz fue convocada en forma urgente por los agentes de "Escorpión". Refieren que sus informantes han revelado a la policía que el investigado sabe que es seguido.

Inmediatamente, los policías dejaron en claro que la infidencia no procedía de su grupo de inteligencia sino de la propia fiscalía, que conducía la magistrada Paola Díaz.

Los policías sugirieron que el único que podía haber filtrado esa información era el adjunto de Paola Díaz, el fiscal Manuel Rojas del Águila, porque era el único que había manejado el expediente hasta revelada la infidencia. Los jefes de "Escorpión" sostenían que cuando se produjo la fase principal del operativo de inteligencia, el fiscal salió de viaje rumbo a la ciudad de Iquitos.

Tres meses después, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por recomendación de la fiscal adjunta suprema, Patricia Benavides, firmó una resolución con fecha 18 de agosto que da por culminada la labor de Rojas del Águila. Una investigación abierta en Control Interno acompañó esta medida. Pese a ello, aún no queda claro quién pudo entregar un expediente completo al traficante.

El Comercio

Encargar la reforma política

Jaime de Althaus

El proyecto de reforma de la ley de partidos no se llegó a debatir ayer en el Congreso quizá por vergüenza. Pues eleva las barreras al ingreso de nuevos partidos para proteger a los actualmente inscritos, no elimina el voto preferencial ni establece elecciones internas organizadas por la ONPE, viabiliza el financiamiento público pero no eleva el umbral para las aportaciones privadas ni obliga a informar acerca de ellas, no endurece las condiciones para formar movimientos regionales, menos aún reduce el tamaño de los distritos electorales para elegir mejor ni lleva las elecciones congresales junto a la segunda vuelta de las presidenciales.

En otras palabras, está hecho para proteger a los partidos existentes sin fortalecerlos, y no apunta a resolver ninguno de los dos problemas graves que tenemos: la aguda y creciente fragmentación política, y la penetración de dineros ilegales. Más bien, los agrava.

Pero el Perú no puede darse el lujo de esperar cinco años más para empezar a adoptar reformas que lleven paulatinamente a un sistema de pocos partidos institucionalizados y enraizados que le den gobernabilidad al país.

Si los confundidos congresistas, tributarios del sistema perverso que tenemos, no alcanzan a tener la claridad ni menos la decisión de aprobar las reformas necesarias, esa debió y debería ser tarea y responsabilidad de las altas dirigencias partidarias.

Pero aquí llegamos al círculo vicioso: precisamente porque nuestros partidos no son tales, carecen de instancias de discusión de temas fundamentales y más aún de think-tanks que elaboren propuestas. No son capaces de sentarse a analizar, estudiar y discutir un tema como este.

Que yo sepa, solo en el PPC (y en mucha menor medida en el Apra) se ha discutido internamente de manera seria sobre las reformas políticas.

La primera tarea de Fuerza Popular, por ejemplo, debió ser esa, porque si una deuda grande tiene el fujimorismo es con la institucionalidad del país. Fujimori quiso acabar con los partidos, pero ahora Fuerza Popular aspira a ser un partido formal en un sistema democrático de partidos.

Pues bien: ¿qué propone el fujimorismo para construir una democracia eficaz, de calidad, que no necesite concentrar el poder de manera autocrática para gobernar? ¿Qué propone para superar la “democracia delegativa” que encarnó su fundador?
Peruanos por el Kambio, por su parte, ni siquiera es un partido y a su líder, PPK, no le interesa construir una institucionalidad partidaria, sino llegar al poder en la última oportunidad que tiene.

El tema sencillamente está fuera de sus preocupaciones. El Apra, por su larga historia, sí debería tener la capacidad de formular una propuesta de construcción institucional.

Pero si en los partidos no hay capacidad para formular una ley coherente, lo práctico sería un acuerdo entre ellos para adoptar las propuestas de reforma institucional que ha elaborado Transparencia, bajo la dirección de Felipe Ortiz de Zevallos, o formar una comisión con los mejores politólogos (Tanaka, Tuesta, Meléndez, Dargent, Vergara…) y algunos políticos ilustrados para que formulen una propuesta.

Pero vemos que la reforma política no apareció ayer entre los temas mencionados por el primer ministro Pedro Cateriano y Luis Iberico para las conversaciones con los líderes políticos. Desalentador.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

El pleno del Congreso aprobó anoche el informe final de la Comisión Áncash, que recomienda denunciar penalmente a los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, entre otras personas, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Alrededor de las 12:08 a.m. y luego de un debate de más de tres horas, el pleno decidió respaldar con 61 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención el informe en mayoría presentado por el titular de la Comisión Áncash, Mesías Guevara.

El documento menciona que la red que constituyó el ex presidente regional de Áncash César Álvarez –hoy en prisión mientras se investiga la muerte del ex consejero regional Ezequiel Nolasco– amasó un aproximado de  S/.1,414 millones y cobró sobornos por S/.748 millones.

También señala que los ex titulares del Ministerio Público habrían conformado la "red de impunidad" que permitió que la organización criminal de Álvarez pueda operar y permanecer en el tiempo impunemente.

Sobre José Peláez Bardales, la Comisión Áncash concluyó que destituyó arbitrariamente a los cuatro fiscales que allanaron ‘La Centralita’ en el 2011.

En el caso de Carlos Ramos Heredia, se indica que arbitrariamente recomendó, cuando era fiscal supremo de Control Interno, destitución y sanciones contra los fiscales que investigaban la gestión de Álvarez.

Las denuncias contra Peláez y Ramos serán derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación y eventual aprobación.

Se destaca también la sobrevaluación del Proyecto Chinecas y la contratación direccionada a favor de la notaría de Vilma Salvador, cuñada del congresista nacionalista Fredy Otárola, que obtuvo contratos de servicios por S/.805.648 durante la gestión de César Álvarez en el gobierno regional.

Por otro lado, se garantizaron obras mediante cartas-fianza ilegales por un monto aproximado de S/.116’092.201. Según el grupo liderado por Mesías Guevara, las cooperativas cobraban entre el 8% y 9% por el monto garantizado y “habrían obtenido un ingreso ilícito de S/.10 millones”. Coopex, la cooperativa de Orellana, emitió la mayor cantidad de cartas-fianza ilegales.

‘La Centralita’ habría sido usada por una organización criminal con el fin de planificar las estrategias de desprestigio a los opositores de César Álvarez "y, para evadir cualquier sospecha de estas actividades ilícitas, tenían como fachada a la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad de Martín Belaunde Lossio". En la mencionada región existió una red de medios de comunicación y de periodistas que "tenían como función generar una falsa imagen del Gobierno Regional de Áncash con el fin de mantener en el poder a César Álvarez". En la forma ilícita de utilizar a los medios y periodistas, habrían participado Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, Martín Belaunde Lossio y el actual congresista Heriberto Benítez, entre otros.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

ESTA NOCHE (tomado de EFE, El Comercio)

La presidenta de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, Janet Yellen, defendió la decisión de aplazar el alza de tipos de interés por la volatilidad financiera global, las dudas sobre las economías emergentes, como China, y la fuerte apreciación del dólar.

“La situación en el exterior aconseja una vigilancia estrecha”, aseguró Yellen en rueda de prensa posterior a la reunión sobre política monetaria en la que la FED decidió mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25 por ciento.

La presidenta reconoció, además, que las “exportaciones netas habían supuesto un freno” para la actividad económica de resultas de la apreciación del dólar en los últimos meses.

La FED mantuvo sus tasas de interés sin cambios entre 0% y 0,25%, como ocurre desde diciembre del 2008.

El comité de política monetaria de la FED señaló a través de un comunicado que la decisión, acordada por mayoría con un único voto en contra, se aplazó. La FED destacó la expansión moderada del crecimiento económico de Estados Unidos.

"Recientes acontecimientos económicos y financieros globales pueden frenar actividad económica alguna", apuntó la FED en su comunicado. Sin mencionarlas, los miembros del comité de la FED tomaron en cuenta las recientes turbulencias de los mercados financieros.

De esta forma, se posterga la subida de las tasas de la FED.

Al conocerse la noticia, el mercado de Estados Unidos reaccionó con una depreciación del dólar.

La posibilidad de que la FED subiera las tasas de interés esta semana habría hecho que los mercados emergentes sufrieran un duro golpe. Las monedas de los mercados emergentes ya han perdido valor este año a causa del alza del dólar.

En el Perú, la cartera de deuda externa del sector privado en dólares es de casi el 17% del PBI.

Las expectativas sobre el momento en que se produciría el alza se habían centrado en setiembre, pero ahora parece probable que la decisión sea aplazada a diciembre.