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viernes, 6 de enero de 2017

ESTA NOCHE viernes 6 enero 2017




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MEDIA COLUMNA
Cortar por lo sano 


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, reaccionó hoy al fin y anunció estar a favor de que en adelante no se cobre a los usuarios en los recibos de luz el subsidio al Gasoducto del Sur. Adelantó que el gobierno sustituiría ese pago con una garantía. Con esa decisión desactiva una bomba de tiempo.

Además, ha revelado por fin entre líneas cuál es su verdadera deseo respecto del mega proyecto del Gasoducto del Sur. Explicó primero que, como Odebrecht es investigada en media docena de países, “es muy difícil que levante el financiamiento necesario para continuar la obra”. Son 4,100 millones de dólares

Precisó, en segundo lugar, que “entonces, ellos (Odebrecht) se están saliendo del proyecto, ya no van a estar en el proyecto, y hay tres socios: Graña y Montero, que no estuvo al principio; Enagás que es una empresa de gran reputación en España en transportación de gas, que sí estuvo al principio como minoritario; y hay uno o dos fondos de Canadá y Estados Unidos que complementarían el grupo”.

Paralelamente, en declaraciones el ministro de Economía ha expresado, en tercer lugar, que el gobierno sigue esperando hasta el 24 de enero que el consorcio –yaq sea con o sin Odebrecht, se entiende- consiga el financiamiento. Y, en desplante torero, cierra diciendo que “nosotros (el gobierno) no estamos casados con el Gasoducto”. Y que “si no se llega a un acuerdo con las partes, el contrato se tendrá que relicitar y se acabó”.

Se ve que eso es no es lo que el gobierno quiere. Quiere lo que dice PPK: que los tres monosabios -Graña, Enagás y los fondos- saquen el cadáver del ruedo y presenten el próximo toro al respetable. Esto, para no suspender la corrida. Para no licitar el mega proyecto de nuevo.

Pero esta salida es medio trucha criolla y no corta por lo sano con el contagio de Odebrecht. Por un lado, subsiste la sospecha de que el fondo canadiense –el mismo que le habría comprado Rutas de Lima, la del peaje de Puente Piedra, a Odebrecht- no sería canadiense en realidad, sino brasileño. ¿El gobierno va a asumir la responsabilidad si esa sospecha se comprueba?

Por otro, flota en el aire esta pregunta: si las investigaciones determinaran mañana que la corrupción contaminó la licitación desde el origen y el contrato de concesión es nulo, ¿el gobierno no licitará de nuevo? Entonces, ¿por qué no cortar por lo sano ahora?  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
En octubre de 2014, la administración Villarán suscribió el acta por la cual se le reconoce a Línea Amarilla (conformada por OAS), un total de US$ 160 millones, y se indica que la forma de resarcir ese dinero será con el incremento del peaje que fue hecho en dos tramos, el primero de ellos por un monto unitario de S/ 0.50.
Además, se le imputa a la Municipalidad no haber entregado las áreas liberadas para continuar el proyecto, situación que ocasionó un perjuicio, por lo que el concesionario pide una serie de beneficios que, en lugar de generar un arbitraje, lo que termina produciendo es otro incremento en el costo de los peajes.



Expreso
El integrante de la comisión Lava Jato del Congreso, Víctor Andrés García Belaunde, adelantó que la empresa Brookfield Asset Management está a punto de comprar el Gasoducto Sur Peruano, proyecto que aún está a cargo de la constructora Odebrecht.
“Brookfield está a punto de comprar el Gasoducto Sur Peruano, un solo comprador para operaciones que nada tienen que ver entre sí, es una compañía de fondos brasileños aunque está domiciliada en Canadá, es decir puede ser un testaferro financiero”, sostuvo el acciopopulista.
García Belaunde también indicó que Brookfield ha comprado Rutas de Lima por aproximadamente US$ 3 mil millones, así como las acciones de Odebrecht correspondientes al proyecto Olmos.
“Rutas de Lima se ha vendido a Brookfield, que es un fondo de inversiones de un grupo canadiense de origen brasileño. Da la casualidad de que hay empresas constructoras brasileñas implicadas en Lava Jato y Petrobras que son parte del fondo, y que está comprando todas las acciones de Odebrecht”, comentó.



El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) afirmó que lo mínimo que debería depositar la constructora brasileña son S/90 millones, cantidad con la que sobornaron a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
“Los 29 millones de dólares que Odebrecht pagó en coimas al Perú, según reveló al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que los devuelva al gobierno, ya han devuelto 30 millones de soles, pero por lo menos que sean 90 millones de soles, que son las coimas”, refirió.
Kuczynski también consideró que las penalidades y multas que deberá pagar la empresa brasileña, una vez que concluya el proceso en su contra, “podría ser de centenares de millones”.
El jefe de Estado afirmó que los S/30 millones que pagará Odebrecht como adelanto irán a las cuentas del Ministerio Público, especialmente, para financiar la pesquisa contra la firma transnacional. “Esta plata que va a entrar [a las cuentas del Estado] va a ir a la fiscalía para que la fiscalía se ocupe de mejorar todo el proceso acusatorio”, subrayó.
PPK, además, reiteró que el gobierno no firmará más contratos con Odebrecht ni con sus empresas vinculadas.
Sobre el gasoducto sur, el presidente explicó que como la constructora está en la mira de las autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y el Perú, “es muy difícil que levante el financiamiento necesario para continuar la obra que se empezó. Se han invertido 1.100 millones de dólares”, dijo.
“Entonces, ellos se están saliendo del proyecto, ya no van a estar en el proyecto y hay tres socios: Graña y Montero, que no estuvo al principio; Enagas que es una empresa de gran reputación en España respecto a la transportación de gas, que sí estuvo al principio como minoritario, y hay uno o dos fondos de Canadá y Estados Unidos que complementarían el grupo”, señaló.
PPK detalló que el consorcio del gasoducto tiene hasta el 17 de enero para demostrarle al gobierno que tiene asegurado el financiamiento del proyecto.
Finalmente, PPK se mostró a favor de que no se cobre más en los recibos de luz el fondo para cubrir un posible déficit de operación cuando el gasoducto comience a funcionar. Agregó que el gobierno puede sustituir ese pago con una garantía, que significaría el 1% del PBI.



El Comercio
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que se está esperando que el consorcio del Gasoducto Sur Peruano cierre el acuerdo financiero antes de la fecha establecida en el contrato de concesión. Thorne señaló que “nosotros no estamos casados con el gasoducto”.
Odebrecht está en proceso de vender su participación en el consorcio, cuyo cierre financiero se debe alcanzar hasta el 24 de enero.
 “Si no se llega a un acuerdo con las partes, el contrato se tendrá que relicitar y se acabó”, dijo.



Expreso
Al usuario del servicio eléctrico le cargan sobrecostos en el recibo. Uno de ellos es el pago de la garantía del Estado para la construcción del Gasoducto del Sur bajo el concepto de “Afianzamiento de Seguridad Energética”, a pesar de que el proyecto se encuentra paralizado.
Odebrecht afronta graves cargos por corrupción y no ha logrado conseguir el financiamiento para el proyecto, lo que podría llevar a que el contrato se cancele y dé lugar a una nueva licitación.
El expresidente Alan García ha insistido en que se debería dar una ley para eliminar el sobrecosto en los recibos por el gasoducto, así como el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Qué debería pasar entonces con los usuarios eléctricos?
En opinión de Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro, esta es quizá la “oportunidad de oro” para que se revise el mencionado contrato y las condiciones que establece, tomando en cuenta que podría haber una nueva licitación si es que Odebrecht no logra transferir su parte a otro consorcio hasta este 23 de enero, en que vence el plazo para el cierre financiero.
“Si se firma otro contrato, entonces se estaría revisando el tema de las tarifas eléctricas que se están cargando por la construcción del gasoducto”, sostuvo el experto. Agregó que inclusive lo que se ha cobrado hasta la fecha en estos dos últimos años por este concepto sería devuelto, dado que se trata de un fideicomiso, “a través de la propia tarifa eléctrica”, explicó.
Ochoa señala que el pago por “Afianzamiento de Seguridad Energética” no corresponde únicamente al proyecto del gasoducto sino que ha servido para la financiación también del Nodo Energético del Sur, proyecto consistente en la construcción de plantas termoeléctricas en el sur del país (Arequipa y Mollendo).



El Comercio
Uno de los pilares en los que se sostienen los planes económicos de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski es la  inversión en infraestructura. Sólo Odebrecht (ODB) Latinvest, unidad de negocio de la gigante brasilera cuya sede principal se encuentra en el Perú, incluye en su portafolio más de cinco proyectos ganados mediante una licitación estatal.
En nuestro país, la gran parte del sector infraestructura se encuentra concentrada en las obras públicas. En este escenario, ¿cómo afectará el escándalo actual a este mercado?
Para Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía, la situación actual de la compañía brasilera es también una oportunidad para que el gobierno trabaje en una regulación más estricta para sus proveedores. “Hasta que el gobierno no dicte alguna medida que impida a empresas investigadas o ligadas a corrupción [a contratar con el Estado], no habrá ningún cambio formal. El gobierno debería aprovechar las circunstancias para analizar qué debe exigirle a las empresas con las que contrata”.
En esa línea, el especialista asegura que esto podría terminar reflejándose en reglas de ‘compliance’ (función que tienen las empresas para establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo) más estrictas para el sector corporativo.  “Se necesita un doble control, el ‘compliance’ debería venir por parte de la empresa pero también del Estado”, agrega el abogado penalista  Carlos Caro.
Asimismo,  también se debería trabajar en la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. “No sé si lo van a incluir, pero hay algunos puntos ciegos que podrían mejorarse”, sostiene Defilippi.
Estas mejoras son necestias porque el sistema penal peruano no está preparado para el tipo de forma delictiva de este caso, que mezcla corrupción gubernamental, criminalidad organizada y corrupción empresarial.
“Necesitamos un sistema de responsabilidad penal de la empresa, como existe en EE.UU  o Brasil,  para que  la misma corporación pueda responder directamente por hechos de corrupción doméstica”.
Frente a esto, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), resalta la reforma de ProInversión orientada, precisamente, a mejorar la selección y priorización de proyectos, la calidad y profundidad de los estudios, y la estandarización de cláusulas de los contratos para las Asociaciones Público-privadas (APP).
“Es necesario separar claramente las investigaciones, acciones y decisiones que se tomen respecto a casos de proyectos adjudicados donde se halle indicios de corrupción, de la continuidad de otros proyectos destrabados y del concurso y adjudicación de nuevos proyectos de APP e iniciativas privadas a cargo de ProInversión”, destaca Prialé.
Gran parte de los ingresos de Odebrecht en el Perú, asegura Defilippi, provienen de obras público-privadas. De hecho, según nuestros cálculos, son más de US$10 mil millones los que Odebrecht tiene comprometidos en nuestro país. ¿Qué pasaría si la empresa deja de operar en el Perú? Para él, esto no provocaría una desestabilización del sector, sino más bien un re-balance del mercado.
“En la medida que el demandante –el Estado– quiera obras, se van a hacer. El volumen de la demanda no va a disminuir. No es que ODB sea el único postor para las obras. Las empresas que ya no puedan contratar con el Estado tienen una participación [de mercado] que alguien más va a cubrir”, explica. Prialé agrega que es vital que la inversión en infraestructura no se paralice, pues es el camino para lograr el cierre de brechas y así atender las necesidades urgentes de la ciudadanía que recaen en agua y saneamiento, educación, entre otros.
Ayer, el Congreso pidió el congelamiento de los fondos de ODB a fin de garantizar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto se podría materializar mediante dos vías, según Caro. La primera sería la Unidad de Inteligencia Financia siempre y cuando  se detecte  que ODB este comprometida en un caso de lavado de activos. “Hasta el momento no se habla de lavado sino de corrupción”, explica .
Acudir a un juez, asegura, sería la segunda vía. No obstante, es necesario que la investigación se encuentre en una fase preparatoria en la que ya se hayan identificado las acciones delectivias concretas y las identidades de los posibles culpables. “El acuerdo entre la empresa y EE.UU da cuenta de hechos de corrupción ocurridos en el Perú en un período determinado, pero no hay detalle sobre las circunstancias, cantidades de dinero, nombres, entre otros. Es posible que esto se de en un futuro por el acuerdo que se acaba de firmar con la Fiscalía”, explica el abogado.
Por otro lado, en cuanto al futuro de ODB, Defilippi estima que no logrará obtener más contratos. “Aunque la gente que trabaja allí es excelente, al igual que los equipos con los que cuentan, nadie se les va a querer acercar. Probablemente, las obras que ya estén firmadas se concluyan, pero porque cambiar de proveedor es un proceso caro [...] La gran incógnita es como quedarán las empresas socias de Odebrecht en el Perú”.
Sobre ello, Caro explica que los activos de dichos socios no podrían ser embargados si, por ejemplo, son parte de un consorcio con la brasilera. En ese caso, sólo se podría embargar las acciones de ODB en esas compañías.
“Si [los socios] no conocían de las actividades [de ODB], son inocentes, pero si en algún momento se demuestra que alguna de estas empresas ha participado de manera directa o indirecta de actos delictivos, sus activos sí podrían ser embargados. De igual manera, se necesita que el caso esté más avanzado”, concluye el abogado.



Expreso
El acta de acuerdo entre la Municipalidad de Lima y OAS que estuvo perdida y por ello no fue considerada por la Contraloría en su fiscalización, demuestra las irregularidades en que cayó la gestión de Susana Villarán para favorecer a la constructora brasileña en el Proyecto Línea Amarilla, en el afán de incluir el proyecto “Río Verde”, para lo cual se modificaron partes del contrato que dejó a Lima sin un Metropolitano.
El 31 de marzo de 2009, la empresa brasileña OAS Ltda presentó ante la Municipalidad Metropolitana de Lima la propuesta de iniciativa privada denominada “Vía expresa Línea Amarilla” con un costo de inversión estimada en US$ 658.5 millones, costo que como resultado de las evaluaciones y recomendaciones de la entidad llegó a US$ 676.3 millones.
Si bien este proyecto se inició en la administración edil de Luis Castañeda Lossio, fue en la gestión de Villarán en la que se efectuó la mayor parte de las negociaciones que dejaron como prueba varias actas, que luego se convirtieron en adendas que modificaron el contrato inicial.
EXPRESO tuvo acceso al Acta de Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2011, efectuada entre la Municipalidad de Lima, cuyos representantes fueron en ese momento Miguel Enrique Prialé Ugaz, gerente municipal, y Diego Ferré Murguía, gerente de promoción de la Inversión Privada, André Giavina Vianchi por Línea Amarilla SAC y Valfredo de Assis Ribeiro Filho.
Esta acta es especialmente importante, no sólo porque la Adenda Nº 1 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla es una copia fiel de lo acordado en dicha reunión, pese a no haber tenido la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas, sino también porque gracias a ella se permitió elevar los peajes a favor de la concesionaria, así como se le benefició con otras licencias. Todo para adjuntar el proyecto estrella de Villarán: “Río Verde”.
Hay que precisar que por ley, los contratos de concesión no pueden ser modificados durante los tres primeros años de iniciados; sin embargo, éste fue firmado en el 2009, pero dos años después, cuando ingresa como alcaldesa Villarán, lo modifica a los tres meses de asumir el cargo.
En esta reunión se acordó el compromiso de suscribir una adenda de contrato de concesión que considera la ampliación del plazo de la concesión de 30 para 40 años y la eliminación de la obligación de la construcción del COSAC (es decir de un Metropolitano), la contratación de una empresa para la elaboración del expediente técnico del proyecto Río Verde, la contribución de OAS al Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada (FOMPRI), y el cambio en el plan de reubicación (programa de viviendas LAMSAC).
El punto 5 del acta, indica que la Línea Amarilla le concede a OAS hacerse cargo de la ingeniería y los estudios desarrollados en los años 2011 y 2012, hasta un monto máximo de US$ 2 millones.
El punto 6 de esta acta se señala: “Compromiso de suscribir un Adenda al Contrato de Concesión que considera la ampliación del plazo de la concesión de 30 a 40 años [es decir diez años más a favor de la empresa] y la eliminación de la obligación de la construcción del COSAC en la Sección 1 del Área de la Concesión, en contrapartida de la liberación [reducción], a favor del CONCEDENTE, del 7 % del flujo del peaje neto recaudado en las Unidades del Peaje existentes, sección 1 del área de la concesión y en la asignación de los recursos originalmente destinados al COSAC para un fondo cuyo propósito específico será la construcción del Proyecto Río Verde”.
En ese mismo acápite se indica que el aporte de los recursos originalmente destinados a la construcción del Metropolitano, ascendente a US$ 47’507,172.49, sería para un fideicomiso constituido por la municipalidad con el propósito específico de construir el Proyecto Río Verde.

La empresa OAS Perú señala que los recursos que obran en el fideicomiso son insuficientes para el proyecto Río Verde, puesto que se tenían que construir puentes peatonales, el parque Cantagallo, las viviendas de los shipibos, teatro, alameda La Cultura, que en total costaban, por propias declaraciones de Villarán, más de US$ 300 millones.