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lunes, 19 de septiembre de 2016

ESTA NOCHE lunes 19 setiembre 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
La última ofensiva
                           

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Por fin el Ministerio de Defensa ha aceptado lo que el almirante y congresista Carlos Tubino viene reclamando incesantemente desde hace cinco años: ponerle fin a la separación absurda y artificial por la cual las Fuerzas Armadas en el VRAEM solo están autorizadas a luchar contra el terrorismo y la Policía Nacional solo contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa del pepekausismo ha tenido el sentido común de reconocer en declaraciones públicas a un medio de televisión que “no puede ser posible que nosotros estemos habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el narcotráfico”.

Consecuentemente, anuncia que “en breve habría noticias al respecto. En unos 20 días podemos tener algunos detalles, precisa.

Habla, asimismo, del planeamiento de una nueva ofensiva contra el narcoterrorismo en el VRAEM.

Es una decisión política de la mayor envergadura.

Lo mismo que la de poner en ejecución finalmente la interceptación, aprobada por el Congreso peruano –también a iniciativa del alimirante Tubino-, de las narcoavionetas que vienen al VRAEM desde Bolivia y Brasil para transportar la droga al extranjero.

La interceptación, sin embargo, no se lleva a cabo hasta la fecha. Basicamente, porque los aviones comprados a Corea para realizarla tienen equipos de fabricación estadounidense y la ley norteamericana vigente prohíbe el uso de tales equipos en aeronaves para la interceptación.

Se halla pendiente hasta el momento, porlo tanto, la negociación necesaria para que EEUU acepte modificar su ley de modo que el Perú pueda ejecutar la suya.

Esa negociación deberá llevarla a cabo el gobierno pepekausista con la administración norteamericana que resulte de las elecciones del próximo noviembre. 

Y esto solamente una vez que la actual situación del acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC se haya resuelto definitivamente.     


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Lamula.pe
El ministro de Defensa, Mariano González, declaró a Willax TV que “no puede ser posible que nosotros (las FFAA) estemos habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el narcotráfico”.
“Estamos trabajando en ello y en breve creo que va a haber noticias al respecto -añadió-. En unos 20 días podemos tener algunos detalles, dijo.
Sostuvo que los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM son aliados de las mafias de narcotráfico que operan en la zona.
Esto lo dijo al anunciar una nueva estrategia en el VRAEM con la finalidad de enfrentar la “alianza maligna” de los subversivos con el narcotráfico.
No tienen ningún compromiso ideológico, ni posición política de cuestionamiento al Estado de derecho [...] Bajo esta premisa, nos resulta necesario replantear algunas estrategias”, manifestó. González precisó que realizarán ajustes en la estrategia con la intención de tener una ofensiva en la zona.
El funcionario reconoció que uno de los riesgos en esta lucha es la corrupción en las fuerzas del orden, y parte de la reestructuración será establecer procesos de control. Se hará lo posible para evitar que nuestros soldados caigan tentados por la corrupción”, dijo.



Peru21
El ministro de Defensa, Mariano González, confirmó que los recursos del Fondo de Defensa están comprometido hasta el 2022 por las compras del gobierno de Ollanta Humala.
Indicó que al Estado no le queda más que honrar sus compromisos.
Reiteró que la Contraloría realiza exámenes a las compras de la gestión anterior.
Señaló que se dará mantenimiento a los equipos de las Fuerzas Armadas con “lo poco que podamos disponer de lo que queda”.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
“Nosotros tenemos buenas relaciones con Brasil. Obviamente, estas acusaciones de corrupción a ciertas empresas de construcción brasileñas son preocupantes y se tienen que investigar, pero con el gobierno de Brasil llámese Temer o quién sea presidente tenemos muy buenas relaciones, estoy seguro que voy a tener una buena conversación con el señor Temer”, dijo desde Nueva York, donde mañana participará en la Asamblea General de la ONU.
PPK reiteró que su gobierno no tiene como prioridad la construcción del ferrocarril interoceánico. “A los chinos les dije que ese proyecto hay que estudiarlo bien por razones ambientales y porque tiene un alto costo. Es un tren cautivo que va a llevar la soya a Paita o a Bayóvar, pero no va a tener carga de retorno. Es un proyecto que hay que discutir, les dije que el tren de cercanías tiene mucha más prioridad”, subrayó.



El Comercio
Una diferencia de 0,3 puntos porcentuales es la que existe entre el estimado de crecimiento del PBI para el 2017 del MEF y el del BCR, ahora que se conocen las revisiones más recientes de sus dos documentos de proyecciones: el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, revisado a finales de agosto, y el Reporte de Inflación presentado el viernes pasado, respectivamente.
La cartera liderada por Alfredo Thorne espera un alza de la producción nacional de 4,8%, mientras que la autoridad monetaria presidida por Julio Velarde apunta a un 4,5%.
¿Qué importancia tienen tres décimas? En dinero, equivalen a poco más de S/2.200 millones. Pero más allá de eso, la pequeña discrepancia muestra tres cosas: un BCR que baja proyecciones mientras el MEF las sube, diferencias más grandes escondidas dentro del promedio y dos entidades que nuevamente se muestran más optimistas que el resto del mercado.
Empecemos por el último punto: según los sondeos que realiza el BCR, el consenso de analistas económicos es más cauto que las dos instituciones responsables de la política económica del país, pues espera un alza de 4,2% y no ha movido esa expectativa a pesar del aumento en la confianza empresarial y del consumidor tras la elección del nuevo gobierno.
Entre el empresariado sí se ha dado un pequeño ajuste de proyecciones hacia arriba, pero también más cauto que en los jirones Junín y Miró Quesada: el sistema financiero espera un crecimiento económico de 4,2% y las empresas financieras estiman un 4,1%; en junio, ambos segmentos esperaban un 4%.
Para Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, obtener las tasas de crecimiento que esperan las autoridades requiere una ‘performance’ de la inversión y el consumo superior al que se espera.
Javier Gutiérrez, asociado senior de Estrategia de Inversión de Credicorp Capital, sostiene que ello debería basarse, sobre todo, en la dinámica de la demanda interna, con mayores impulsos de la manufactura no primaria –revirtiendo su caída del 2016– y de la construcción.
El segundo elemento para tomar en cuenta es que tres décimas de diferencia en un promedio pueden esconder diferencias significativas en los componentes de este. El ejemplo más llamativo es la proyección de crecimiento del sector pesca: una discrepancia de 27 puntos porcentuales.
“Parte del 4,8% de crecimiento que espera el MEF se basa en un alza de 50% de la pesca. Nosotros lo tenemos aproximadamente en 30%”, explica Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, cuya proyección es más cercana a la del BCR.
El MEF espera un crecimiento 0,9 puntos porcentuales mayor que el BCR en el sector servicios. Suena a poco, pero dado que este rubro representa el 37,1% del PBI, cada décima cuenta.
Ante las diferencias entre las proyecciones oficiales y las privadas, importa la trayectoria de las revisiones de las últimas semanas: el BCR corrige hacia abajo, el MEF lo hace hacia arriba.
¿Deja Velarde en ‘posición adelantada’ a Thorne?



El Comercio
El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, sostuvo hoy que era lógico que el pedido de facultades del gobierno pase por cuatro o cinco comisiones, pero no por diez.
Carlos Bruce dijo que esperar que la solicitud de facultades se debata en el pleno, como máximo, el jueves 29 de setiembre.
Sobre la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), el ex ministro de Vivienda afirmó que la oposición debe darle al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski “el beneficio de la duda”.



Correo
El exdirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, enjuiciado en Puno por presuntas responsabilidades en la violenta gestar del Aimarazo en 2011, fue designado como encargado de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada en el Gobierno Regional de Madre de Dios.



El Comercio
Informalidad peruana
Elmer Cuba
La reducción de la informalidad ha sido escogida como una de las principales metas del gobierno. Pero la formalidad tiene varias dimensiones. Dependiendo de qué transacciones se hacen de espaldas a las normas legales vigentes, se habla de diversos tipos de informalidad.
En ese sentido, existe informalidad empresarial, tributaria y laboral. A veces los tres tipos coinciden, otras no. Es decir, existen empresas que no operan bajo la normatividad de su sector. Otras que sí lo hacen, pero evaden impuestos y tienen trabajadores dependientes al margen de las leyes laborales.
Cada tipo de informalidad tiene sus propias causas. La informalidad minera, pesquera, industrial, de construcción y servicios reflejan las normativas sectoriales, tributarias y laborales. Pero, sobre todo, reflejan la productividad de las firmas y las personas.
Las metas gubernamentales se han planteado sobre la formalización laboral. La meta anunciada  por el presidente y refrendada por el jefe del Gabinete es duplicar la misma, de tasas actuales de 30% de la fuerza laboral ocupada hasta un 60% hacia el 2021. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el pedido de facultades, acaba de reducir la meta de formalización laboral. Ahora solo sería 40% al 2021. Mucho cambio en tan pocas semanas.
La informalidad laboral tiene dos partes: la de empleados dependientes y la de los trabajadores independientes. Los primeros pueden trabajar tanto en empresas formales como informales. Si se trata de empresas formales, entramos en el campo de la Sunafil. Si se trata de empresas informales, entramos en el mundo desconocido. No existen para el Estado. No son “multables”.
Si hablamos de los independientes informales, estamos hablando de los que trabajan y no tienen RUC. Taxistas, estibadores de mercado, recicladores, cobradores de combi, choferes, gasfiteros, obreros de construcción civil, lavacarros, guardianes. ¿Con solo darles un RUC los vuelven formales?
Los trabajadores dependientes informales son cerca del 40% de la fuerza laboral. Casi la mitad de ellos trabaja en empresas formales y la otra en empresas informales. Sin embargo, la mayoría (el 30%) son trabajadores independientes. Esperemos que la meta del gobierno para duplicar la formalización laboral haya tomado en cuenta esas disquisiciones.
La propuesta del gobierno es que con diferentes esquemas tributarios (Impuesto a la Renta e IGV), las empresas se formalicen primero y luego paguen sus impuestos y contraten con las leyes laborales vigentes.
Según diversos estudios, se ha encontrado que la formalidad está relacionada con la calidad de los servicios públicos, la capacidad de hacer cumplir las leyes, marcos normativos rígidos, el capital humano y el tamaño de la población rural y agrícola. Ahora bien, estas asociaciones estadísticas no implican necesariamente causalidad.
En general, si las empresas y las personas fuesen más productivas, las leyes menos rígidas y su cumplimiento menos flexible, habría menos informalidad empresarial y laboral. Ese es el camino correcto. Es largo, pero es el definitivo. Sobre la calidad de los servicios públicos es más discutible la causalidad.
Por otro lado, también se puede decir que la formalidad está muy correlacionada con el PBI per cápita. Pero de ahí no es útil colegir que entonces con el crecimiento económico desaparecerá la informalidad. Existen políticas que pueden influir directamente en la formalidad, mientras que el desarrollo económico hace su trabajo.
Existen otros estudios que vinculan la formalización con el crecimiento económico. Aquí la causalidad sí entra en problemas. Ambos fenómenos parecen ir de la mano y, en todo caso, es más plausible que vayan de crecimiento económico a la formalización y no a la inversa. Si de pronto relajásemos toda la normatividad vigente que define la informalidad misma, no ocurriría mucho sobre las firmas y los trabajadores realmente existentes. En este sentido, parece excesiva la confianza del gobierno sobre la meta del 5% de crecimiento durante el quinquenio gracias a la formalización laboral.
El MEF ha publicado también unas estimaciones acerca de los efectos de la formalización sobre los ingresos fiscales. Hay que tener cuidado con ese tipo de resultados econométricos. Pueden estar escondiendo la relación entre países desarrollados e ingresos tributarios. Si se avanza 10 puntos porcentuales en formalizar a trabajadores de bajos ingresos en firmas de subsistencia o a trabajadores independientes, es difícil pensar en incrementos de recaudación del orden de US$2.800 millones y menos de US$6.400 millones, como sugieren esas estimaciones.
En definitiva, que la agenda de formalización ocupe tan alto lugar entre las prioridades del gobierno entrante es algo que tenemos que saludar. Está en el discurso de 28 de julio, en el del voto de confianza del Gabinete de Fernando Zavala y en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF. Podríamos decir que así como el gobierno anterior acuñó la frase “incluir para crecer”, este se definiría con la frase “formalizar para crecer”.
Lamentablemente, los primeros instrumentos anunciados no parecen ser los más poderosos, pero es un buen comienzo, si no arriesgan los resultados fiscales.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
La Comisión de Constitución se alista a debatir esta semana un proyecto de ley para sancionar a los congresistas que abandonen las bancadas que los llevaron al Parlamento.
La iniciativa del fujimorismo, presentada en agosto por Edwin Vergara, plantea que aquellos legisladores que se aparten del partido por el que fueron elegidos estén impedidos de crear nuevos grupos parlamentarios y de sumarse a alguno ya existente. Tampoco podrían presidir comisiones ni asumir cargos en la Mesa Directiva.
La propuesta de Fuerza Popular no contempla excepciones a la regla ni por motivos ideológicos ni por cuestiones éticas.
En busca de llegar a un consenso, en la comisión se creó un grupo de trabajo encargado de evaluar la propuesta y, eventualmente, mejorarla. Este lo integran Miguel Castro (Fuerza Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Oracio Pacori (Frente Amplio).
Castro ratificó el proyecto de su colega de bancada.
Lescano y Pacori elaboraron una propuesta alterna: quienes renuncien por razones justificadas no deben ser sancionados. Así, buscan separar a tránsfugas de disidentes, trazar una frontera normativa entre justos y pecadores. Concretamente, Lescano y Pacori plantean que las sanciones propuestas por el fujimorismo son justificadas en caso de que los parlamentarios renuncien por “motivaciones económicas u otros beneficios”, pero no “en los casos de manifiesto cambio de ideología o línea política [del partido]”.
Carlos Bruce propuso que se forme una comisión externa al Congreso que analice en qué casos las renuncias a una bancada son por un tema de consciencia y en qué casos no.
“Si van por ese camino, esta ley contaría con el respaldo de Peruanos por el Kambio”, subrayó.



El Comercio
El congresista Javier Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, anunció que el Apra no aceptará el dinero proveniente del financiamiento público directo porque cuenta con otras fuentes para conseguir ingresos.
Según cita la agencia Andina, Velásquez dijo que el Partido Aprista se financia de forma transparente con los aportes de sus miles de militantes, así como por los diversos servicios que presta en su local principal, como la ‘Botica del Pueblo’ o el ‘Policlínico del Pueblo’.
“No vamos a recibir ni un centavo de los recursos públicos porque así lo hemos acordado, además es facultativo”, remarcó el legislador.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales solicitó un presupuesto adicional para cumplir con la Ley de Financiamiento Público a los partidos y repartir casi S/15 millones entre los partidos y alianzas políticas que llegaron al Parlamento.



El Comercio
Nuevas circunscripciones (2)
Carlos Meléndez
El problema fundamental de la representación política en el Perú no se resuelve con dictaminar bicameralidad o unicameralidad. Una de las raíces de la crisis de representación se encuentra en su base territorial, el primer paso para la conversión de votos en escaños. No necesitamos más congresistas, sino más distritos electorales –y más pequeños, obviamente– que guarden relación con las dinámicas económicas y sociales del país. Una reforma institucional revolucionaria debe redibujar el mapa con nuevas circunscripciones electorales, distinguiéndose de la división política. Cualquier otra reforma solo hará cosquillas.
Propongo crear distritos electorales alrededor de los clústeres económicos existentes. Ello implica identificar microdistritos y macrodistritos electorales. Los primeros se constituyen sobre ejes económicos al interior de los actuales departamentos o ejes que cruzan las divisiones políticas uniendo provincias de departamentos distintos. Por ejemplo, en Áncash se pueden identificar tres microdistritos conformados por las provincias costeñas (Santa, Casma, Huarmey), las provincias del Callejón de Huaylas y las restantes provincias orientales de Áncash y Huacaybamba (Huánuco) conectadas en la práctica. Así, los cinco escaños asignados a los ancashinos se distribuirían proporcionalmente con el tamaño de la población de estos tres circuitos: dos, dos y uno, respectivamente.
Como se sabe, los distritos electorales pequeños (binominales y uninominales) abonan a la reducción de partidos sin afectar la territorialización de la representación. Se evitarían tergiversaciones –agudizadas por la valla– como la sucedida en Cajamarca, donde los votos fujimoristas en la provincia capital y en Contumazá (dos provincias que forman un microdistrito electoral natural) terminaron asumiendo la representación del resto del departamento –que votó mayoritariamente por Democracia Directa–, dejando a estos sin escaños.
Para que la lógica de los microdistritos no fragmente más el país, necesitamos asimismo macrodistritos que expresen circuitos sociales macrorregionales. Paralelamente, se deben identificar jurisdicciones electorales sobre ejes económicos transregionales como, por ejemplo, la dinámica nororiental (Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín), la del trapecio andino (Ayacucho, provincias de Apurímac y de Huancavelica) y la altiplánica (Puno, provincias altas de Tacna y Moquegua). Estas unidades macrodistritales podrían elegir a dos o tres representantes, según el tamaño de la población. La suma de congresistas no debería ser mucho más de 130.
La virtud de este esquema es que no reemplaza a la actual división política (gobernadores y alcaldes provinciales seguirían eligiéndose por los límites actuales). Más bien, acerca el Congreso a la ciudadanía (se funda en la dinámica cotidiana de la gente) y hace irrelevante la dicotomía de una o dos cámaras. Congresistas de micro y macrodistritos podrían convivir sin problema en un solo hemiciclo; respondiendo a orígenes de representación distintos pero complementarios, enriquecerán el debate.
Para identificar rigurosamente los clústeres estructurantes, necesitamos que un trabajo interdisciplinario (economistas, demógrafos y antropólogos) anteceda a la mano del ‘reformólogo’, para asegurar mayor correspondencia entre la propuesta y la evidencia empírica. Así también acercamos al ‘reformólogo’ a la realidad, siendo posible superar credos espurios –bicameralidad– que solo ahondan el rechazo a la política.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
En sus trece. El polémico proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que contempla ampliar sus facultades para el control disciplinario de jueces y fiscales sigue dando que hablar, y las posiciones de las instituciones involucradas parecen que se mantendrán por mucho tiempo.
EXPRESO conversó con el juez supremo César San Martín, en representación del Poder Judicial, y con el presidente del CNM, Guido Águila, quienes explicaron sus posiciones en contra y a favor de esta iniciativa, que representaría – en opinión de los entendidos– un cambio sustancial en el sistema judicial peruano.
Para César San Martín, también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el dejar el tema disciplinario de los magistrados en manos del CNM es peligroso, pues se pondría en juego la independencia de los jueces.
“Como miembro del Poder Judicial, quiero expresar mi total desacuerdo con esta propuesta de extender las potestades íntegramente, sobre todo lo disciplinario. Considero que entregar todo el ámbito disciplinario al CNM va a afectar el gobierno judicial y fundamentalmente a la independencia de los jueces”, refirió.
Y es que San Martín sostiene que primero el CNM debe buscar solución a sus problemas internos, que incluye la falta de probidad de sus integrantes, quienes –en su opinión– no están capacitados para dirimir sobre aspectos disciplinarios en los magistrados del PJ y el Ministerio Público.
“Creemos que primero tiene que consolidarse la estructura institucional del CNM, ver cuáles y cómo deben ser designados sus integrantes y de qué sectores deben provenir. Tener criterios que incidan en la transparencia, la probidad y la capacidad, como de los mecanismos para arbitrar procesos disciplinarios mucho más transparentes, efectivos y céleres; cosa que tampoco se cumplen”, refiere.
Guido Águila Grados, presidente del CNM, también habló con EXPRESO e insistió en que si dicho organismo tuviese el control disciplinario total del Poder Judicial y el Ministerio Público, “sería innecesario hacer las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años (como se estila ahora), porque el control funcional de estos sería permanente”.
El abogado prefirió ser muy puntual respecto a este tema que ha provocado posiciones diversas en algunos sectores, “porque la finalidad de nuestro proyecto no es otro que lograr una mejor justicia (en el país)”.
Las declaraciones del titular del CNM partieron de una interrogante bastante elocuente, basado en que si dicho organismo tiene la potestad de aplicar sanciones mayores como la destitución (la más grave) a jueces y fiscales supremos, por qué no ejecutar las de menor rango (apercibimientos, multas, etc.) a magistrados de otras instancias.
Águila calificó como una incoherencia el hecho de que el CNM no tenga la potestad de dictar las sanciones menores, por lo que consideró importante presentar una propuesta para reformar la Constitución política, y buscar el consenso de todos los sectores inmersos en el tema.
Nuevamente César San Martín hizo hincapié en una situación que traería problemas en caso se dé luz verde al proyecto que impulsa Guido Águila en el Parlamento. A su entender, la autonomía de un poder del Estado como el Judicial se pone en riesgo si se permite la participación de un órgano externo, en este caso el CNM.
“Siempre se dice que el espíritu de cuerpo es un obstáculo fundamental para una labor disciplinaria, pero cuando uno está hablando del poder del Estado o cuando se quiere garantizar la independencia judicial, entonces, lo que no es posible es admitir la intervención de órganos externos a la magistratura. Ese es el peligro que hay que combatir. Por eso es que somos nosotros fieles defensores de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de los jueces. Decir que ‘otorongo no como otorongo’ tiene pues un resabio de crítica global indiscriminada que al final no ayuda”, opinó.
Yendo más allá, el extitular de la Corte Suprema advirtió que una propuesta como la del CNM además significaría un mayor presupuesto, además de mayor burocracia, lo que de ninguna manera conviene al país.
“Presupuestalmente esto va a exigir que la burocracia del CNM crezca en tres a cuatro veces, porque tendrían que instituirse organizaciones con locales descentralizados en todo el país. Además, la idea de que van a reducir los plazos no se ajusta a la verdad”, puntualizó.
Respecto a la excesiva burocracia que el proyecto traería, como lo advierte San Martín, Guido Águila puntualizó que otro de los planes del CNM es contar en las 33 cortes superiores de justicia del país con igual número de oficinas representativas de dicha institución, para tener directamente el control disciplinario en cada una de ellas, lo cual no acarreará un mayor presupuesto porque se podría utilizar –para esos efectos– el que utilizan las oficinas desconcentradas de control de la magistratura, en las cortes de justicia del interior.
Recordó haber propuesto el fortalecimiento en la elección de los integrantes del CNM, mediante el voto universal (horizontal y verticalmente) de todo ellos, procedimiento que se aplica solo cuando los abogados eligen a su representante ante el máximo organismo para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales del país.
Asimismo ratificó que se buscará que quienes sean elegidos como consejeros del CNM sean personas intachables e idóneas, porque tendrán la responsabilidad de elegir a jueces y fiscales, motivo por el cual deberán ostentar el grado de doctor y una hoja de vida sin sanciones. “Esto es una propuesta (nada más), que podrá ser corregida o mejorada (en su momento)”, remarcó.

El Consejo Nacional de la Magistratura presentó días atrás a la Comisión de Constitución del Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar sus facultades para ejercer mayor control disciplinario sobre jueces y fiscales, iniciativa que tuvo el inmediato rechazo del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Parlamento tiene la última palabra.

viernes, 26 de diciembre de 2014

ESTA NOCHE viernes 26 diciembre 2014


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Ollanta Humala releva al jefe del Comando Conjunto, general Leonel Cabrera. Hace diez días, el gobierno desactivó el Arma de Inteligencia del Ejército

ü  Keiko Fujimori: a Ollanta Humala "lo jalaría y le pondría 08" por graves descuidos en temas económicos y de seguridad ciudadana


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MEDIA COLUMNA
Heridas abiertas


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El pasado martes 16 de diciembre, el gobierno desactivó el Arma de Inteligencia del Ejército mediante decreto supremo –DS 016-2014/DE-, firmado por el presidente, Ollanta Humala, y el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y publicado en El Peruano.

Según el diario Peru21, ese mismo día, hubo una reacción: fuentes de Inteligencia del Comando Conjunto consideraron “peligrosa” y “grave” la decisión, porque –indicaron- se trata de los “ojos y oídos” de las operaciones militares.

Diez días después, el jefe del Comando Conjunto, general del Ejército Leonel Cabrera, ha sido relevado ayer del puesto. Según una fuente del Ejecutivo citada por El Comercio, el presidente, Ollanta Humala, le habría perdido la confianza. Al general Cabrera todavía le quedaba techo de sobra para cumplir dos años en el cargo. Estaba a cargo del VRAEM y la destrucción  de pistas para las narcoavionetas.  

¿Están estos dos hechos conectados entre sí?

La desactivación del Arma de Inteligencia habría sido recomendada por el comandante general del Ejército, Ricardo Moncada, a fin de “estandarizar las operaciones y actividades de inteligencia en las Fuerzas Armadas”. No sabemos qué significa esto. Por toda explicación, se ha dicho que la Inteligencia no es un Arma, porque ser una “segunda especialidad” profesional dentro de las Fuerzas Armadas y no una primera.

Los hechos hablan más y mejor. El Arma de Inteligencia se creó en noviembre de 1991 contra en narcoterrorismo. En diciembre del 2000 se la dejó sin efecto porque “había disminuido el accionar” (?) del narcoterrorismo. En julio de 2008, el gobierno de Alan García restableció el Arma de Inteligencia hasta ahora. El gobierno de Ollanta Humala la ha vuelto a cancelar.

¿Qué significan estas vergonzosas marchas y contramarchas? Evidentemente, que Inteligencia sigue siendo una herida abierta y que, especialmente aquí y ahora, la información es el poder.  


     
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El general EP Leonel Cabrera Pino, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dejaría el cargo. Según una fuente del Ejecutivo, el presidente Ollanta Humala le habría perdido la confianza a Cabrera, quien en 1992 fue su superior en la base contrasubversiva de Madre Mía cuando el mandatario era capitán del Ejército.
Otra fuente indicó que Cabrera saldría porque “no ha sido muy operativo en su cargo”. El general EP asumió la jefatura de las FF.AA. el 27 de diciembre del 2013. Sustituyó al almirante José Cueto.
El reemplazo del general Cabrera sería el vicealmirante Wladimiro Giovannini, actual jefe del Estado Mayor General de la Marina.
Asimismo, se supo que el almirante Carlos Tejada dejaría la comandancia general de la Marina.



La República
Ángel Páez
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP Leonel Cabrera Pino, y los comandantes generales de la Marina, almirante Carlos Tejada Mera, y de la Fuerza Aérea, general del aire Jaime Figueroa Olivos, dejarán de cumplir funciones por decisión del Ejecutivo.
Hasta ayer solo se oficializó en el diario El Peruano el relevo del general del aire Jaime Figueroa, quien estaba por cumplir dos años en el puesto.
En cambio, el comandante general de la Marina, almirante Carlos Tejada, el 18 de diciembre completó dos años y siete meses como máxima autoridad naval. Debido a su desempeño, en los últimos meses fuentes castrenses señalaron que el mandatario Ollanta Humala tenía pensado designarlo como jefe del Comando Conjunto, pero el almirante Tejada solicitó pasar al retiro.
Tejada es uno de los comandantes generales que más tiempo ha permanecido en su puesto. Cumplió el rigor de los dos años en el cargo como señala la ley, el 18 de mayo de este año, pero el presidente Humala aplicó la prerrogativa de ampliar sus funciones. 
También se producirá el relevo del jefe del Comando Conjunto, general Leonel Cabrera, quien recién asumió funciones el 26 de diciembre de 2013 y tenía un techo de dos años.
De acuerdo a la ley, el presidente de la República escoge al jefe del Comando Conjunto entre los oficiales más antiguos de los institutos armados. Descartado el teniente general (FAP) Dante Arévalo, designado comandante general, debe escoger entre el Ejército y la Marina. 
En el caso del general Leonel Cabrera, su gestión se caracterizó por una fuerte presencia de las unidades militares en el Vraem. Correspondió al general Cabrera responder al notorio incremento de los vuelos de avionetas del narcotráfico y la ubicación y destrucción de pistas clandestinas para narcoavionetas. Aunque todavía le quedaba un año, el jefe del Estado decidió relevar a Leonel Cabrera del CCFFAA.
Al iniciar su gobierno, Humala nombró al general EP Luis Howell Ballena, a quien debió relevar como consecuencia del fracaso de la Operación Libertad para liberar a trabajadores de Camisea secuestrados por Sendero Luminoso, en la selva del Cusco, adyacente al Vraem, en 2012. 
En lugar de Howell, el jefe de Estado nombró al vicealmirante José Cueto Aservi, el 18 de mayo de 2012. Un año y siete meses después, el 26 de diciembre de 2013, Humala relevó a Cueto y designó al general Leonel Cabrera. El cambio de Cueto se produjo pocas semanas después del estallido del caso del resguardo ilegal a Óscar López Meneses.



Peru21, El Comercio, martes 16 diciembre 2014
El Ejecutivo desactivó el Arma de Inteligencia en el Ejército mediante un decreto supremo publicado hoy en las normas legales del diario oficial El Peruano . La medida regirá desde el 1 de enero de 2015.
Hay que precisar que la medida no significa la desaparición de la Inteligencia en el Ejército, sino que ya no estará a cargo de un Arma (como Artillería, Infantería), sino que será una segunda especialidad.
Fuentes de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas consideraron “peligrosa” y “grave” la decisión porque –indicaron- se trata de los “ojos y oídos” de las operaciones militares.
El comandante general del Ejército del Perú, Ricardo Moncada Novoa, había recomendado la desactivación del Arma de inteligencia a fin de “estandarizar las operaciones y actividades de inteligencia en las Fuerzas Armadas”.
Esta decisión se basa en un estudio elaborado por Estado Mayor del Ejército del Perú, el cual señala que las operaciones y actividades de inteligencia en la mayoría de ejércitos de América Latina son llevadas a cabo por oficiales con segunda especialidad. Ello sucede actualmente con la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.
El Decreto Supremo 016-2014/DE –firmado por el presidente Ollanta Humala y por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano– recuerda que el Arma de Inteligencia se creó en noviembre de 1991 para erradicar el terrorismo, el tráfico de drogas y otros delitos que atentan contra la seguridad nacional. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2000 se dejó sin efecto esa norma porque “había disminuido el accionar” tanto del narcotráfico como del terrorismo. Ocho años después, el 19 de julio de 2008, se volvió a activar el Arma de Inteligencia hasta ahora.
El vocero de la bancada del Partido Popular Cristiano–Alianza para el Progreso (PPC–APP), Luis Iberico, demandó la presencia de Pedro Cateriano ante el Parlamento para que explique los motivos que llevaron al gobierno a tomar esa decisión.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó el desempeño del gobierno de Ollanta Humala durante el año 2014 señalando que "lo jalaría y le pondría 08", indicó Fujimori, por los graves descuidos en temas económicos y de seguridad ciudadana.
"En términos económicos, no se tomaron medidas adecuadas y no se generaron las señales. Y ese es el ambiente de confianza que debe tener nuestro país para promover las inversiones", detalló.
Asimismo, comentó que "la delincuencia ha seguido avanzando" durante todo este año y que, pese a aparecer siempre ante las cámaras, "el intento del [ministro del Interior] Urresti no se ve reflejado en cifras concretas".
"El gobierno tiene que hacer un esfuerzo por mejorar la economía y mejorar su estrategia integral contra la lucha contra la delincuencia".
Keiko Fujimori también se refirió otra vez a la ley laboral juvenil y manifestó que, aunque ha habido buena intención, "el Ejecutivo ha cometido errores por no explicar los alcances de esta norma" y que, al contrario de lo manifestado por el presidente Humala, no son pocas las voces en contra de la norma.
"Llama la atención la terquedad y lo obcecado que está el presidente Humala. No somos cuatro o cinco políticos. Hay partidos políticos que estamos en desacuerdo. Hay miles de jóvenes que se han pronunciado en contra [de la ley laboral juvenil]".



El Comercio
Dos ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC) conversaron con El Comercio y consideraron que la ley pulpín debe resolverse en el Congreso.
Para el ex presidente del TC Ernesto Álvarez, “políticamente la norma ya se cayó” y “lo más rentable es modificarla o derogarla de forma tal que, cuando el TC tenga que resolver en seis meses, lo haga como una sustracción de la materia”.
Por su parte, para el ex magistrado Fernando Calle, “la norma ha tomado una magnitud política de enorme proyección que tiene que solucionarse en la fuente de la política: el Parlamento”.



Peru21
¿La ola antipulpín?
Carlos Meléndez
Se ha convocado una nueva movilización contra la ‘ley Pulpín’ para mañana sábado, con el propósito de aprovechar la inercia movimientista de fin de año. Las dos marchas juveniles previas han sorprendido por su convocatoria (10 mil manifestantes en época navideña) y nuevos repertorios de protesta. Las movilizaciones son nocturnas, se expanden por la ciudad (desde el Centro hasta Miraflores) y por distintos focos de poder (desde el Congreso hasta la Confiep). El efecto simbólico –para la clase política y la opinión pública– ha sido potente, pero ¿será posible que este ‘despertar’ juvenil llegue a sostenerse más allá de ánimos coyunturales? ¿Estamos ante el inicio de una ola ‘antipulpín’?
Considero que existen al menos tres obstáculos a saltar para que este humor colectivo contencioso se convierta en algo más que en un simple reflejo social. Primero, el alcance de los grupos organizados (federaciones estudiantiles y partidos, principalmente) sobre los sectores movilizados es limitado. No hay cómo llegar al afectado directo de la norma propuesta (los jóvenes informales) para involucrarlos más activamente en la oposición social. Nuestra sociedad civil, recordemos, no es orgánica, menos aún entre la informalidad.
Segundo, no existen liderazgos articuladores. Por el contrario, sigue la riña entre izquierdistas y apristas, que divide y no suma. Sin guía cunde el desorden. De hecho, la última marcha fue fragmentaria y sin capacidad de coordinación; de otro modo, el impacto hubiera sido mayor. Así, sin organización ni liderazgo llegamos al tercer obstáculo: la falta de estrategia. Sin superar estas limitaciones, es probable que la protesta ‘antipulpín’ quede solo en el ámbito simbólico y en el anarquismo más chato.



El Comercio
La utopía
Jaime de Althaus
Sería extraordinario que la juventud se movilizara por conquistar derechos para las grandes mayorías informales, por simplificar y reducir el costo de la formalidad para que todos puedan ingresar a ella, por romper las barreras que mantienen al 74% de los peruanos sin derecho alguno. Sin embargo, las marchas que hemos visto no tienen esa finalidad sino, más bien, la de defender el sistema que hace posible esa gran exclusión.
Por supuesto, no es eso lo que perciben quienes se movilizan, sino un intento malvado de la gran empresa por recortar los derechos de los trabajadores. Pero no se repara en que quienes sí gozan de esos derechos absolutos trabajan casi exclusivamente en la gran empresa, porque ni la micro, pequeña ni la mayor parte de la mediana pueden solventarlos. Y por eso los derechos absolutos de unos no son sino la falta absoluta de derechos de la mayoría.
Dice Carlos Meléndez que lo que mueve a los jóvenes es una utopía, un sueño: el de los derechos laborales absolutos. Pero esa “utopía” es el statu quo de la ley general de trabajo, que es, a su vez, la realidad de un porcentaje reducido de trabajadores: los que trabajan en las empresas del gran capital principalmente. Entonces no se sabe en qué momento se está defendiendo una utopía o, más bien, un interés concreto –el de los relativamente pocos que gozan la “utopía”– y una ideología.
Pero qué clase de utopía es esa que incrementa los salarios mucho menos que los de quienes trabajan en el régimen flexible, menos utópico, de la agroexportación: entre el 2005 y el 2014 los ingresos de los trabajadores en planilla de la agricultura (no solo agroexportación) se han incrementado en 60%, mientras que los del sector electricidad en 27% y los de intermediación financiera en -14%: ¡han caído! (Mintra). A más flexibilidad y menos utopía, más rápido suben los salarios.
Podemos argumentar que la ley de empleo juvenil que, pese a todo, ofrece todos los derechos básicos (8 horas, salud, salario mínimo, etc.) es una utopía para la mayor parte de jóvenes, que no tienen nada, más aun cuando los “derechos” recortados (CTS, gratificaciones) no existen en casi ninguna parte del mundo. Pero una utopía algo recortada no puede competir con la utopía absoluta.
Diríase que la vieja ideología marxista le ha vuelto a ganar al liberalismo la batalla de las ilusiones. Pero es engañoso porque quienes se movilizan son los organizados, es decir, los que tienen un interés –recubierto de ideología– que defender (Marx dixit). En efecto, la Coordinadora Juvenil por un Trabajo Digno está integrada por la CGTP, la Federación Textil, la CUT, la CTP (aprista), el Foro Juvenil de Izquierda, el Frente Amplio y centros federados.
Mientras tanto, la gran mayoría de jóvenes sin empleo o sin derechos permanece desorganizada porque no tiene nada que defender y carece de “conciencia de clase”. Sorprende que no haya aparecido el político o el líder capaz de aglutinar el interés difuso de esa mayoría hacia la demanda de un orden legal más justo e inclusivo.



La República
Llamada perdida
Fui a su casa esta Navidad
Gabriela Wiener
Tarde o temprano, siempre llega un momento en el que mueren los abuelos, los perros envejecen mal, los niños dejan de ser niños, nos compramos cada vez regalos más pequeños y más feos y la Navidad se convierte en sinónimo de compromiso familiar, de buena voluntad, de circo. A los ocho años esperas a las 12 para abrir los regalos; a los quince esperas febrilmente que acabe la puta cena para irte a fumar marihuana con tu novio; a los veinte te esperan a ti e inútilmente, porque ya ni te apareces. A los treinta, estás otra vez decorando el árbol con tu hijita de ocho esperando (no) repetir la historia.
Un día, ocurre un fallo en matrix y rompes el círculo vicioso. Y la Navidad comienza a ser como cualquier sábado, otra fiesta más para celebrar la evasión y el olvido.
Este año me ha tocado volver a pasar Noche Buena con gente extraña, personas  que te lo enseñan todo —sus grandezas, sus miserias— y que están dispuestas a, como se estila en estas fechas, compartir contigo su pasado, su comida, su amor. Me he sentido muy bien este día, escuchando cosas bonitas y horribles de familias que, por suerte, no son la mía, pelando gambones en lugar de trocear pavos de San Fernando, y siendo beneficiaria de ese ánimo festivo, dadivoso, abierto, que inunda los corazones de las gentes de bien.
Una de las cosas que más agradezco de vivir fuera es no tener que celebrar la Navidad en casa de mis padres. Amo a mi familia pero me gusta estar con ellos haciendo otro tipo de cosas, menos señaladas. Las navidades juntos me recuerdan demasiado todo lo que he perdido. Me hacen pensar en el desmembramiento y el abandono del hogar, el desgaste, la erosión de la felicidad ingenua. Las navidades en casa de cualquiera, sin embargo, me hablan de todo lo que he ganado. Y que volveré a perder






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Una última denuncia de Perú21 sepulta la gestión del procurador Joel Segura al frente del caso Martín Belaunde. Resulta que Huber Huayllani, el coordinador de la Procuraduría, es compañero de promoción del abogado de Belaunde en una maestría y muy presumiblemente su amigo. Si esto fuera un hecho aislado, pase. Pero ya tenemos acumuladas las salidas del caso de Salas y Vilcatoma, las denuncias de esta última y serias dudas sobre la imparcialidad de Segura, porque nos enteramos de que este fue la mano derecha del vocal César San Martín en el Poder Judicial, donde participó en la tan polémica sentencia de este que exculpó a Ollanta Humala del caso Madre Mía, además de ser su asistente universitario. Y San Martín salió de la nada a defender a Figallo, para después enterarnos de que juez y ministro trabajaron en el mismo estudio (Ugaz). Saltan demasiados vínculos como para pensar que esta investigación va a ser imparcial con Joel Segura al mando.
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