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sábado, 11 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE sábado 11 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
Mala empresa, mala


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La decisión del Congreso de meter a la empresa Graña y Montero en el mismo saco en que el decreto de urgencia 003 puso originalmente a la brasileña Odebrecht, sometida a limitaciones operativas, castiga a la empresa, no al corruptor.

Afortunadamente, la decisión parlamentaria no maniatará a la empresa al punto de enviarla a la quiebra, porque su deuda con los bancos es de tal magnitud que la hace “demasiado grande para caer”. A Graña y Montero los bancos acreedores sencillamente la van a mantener a flote o no cobrarán su deuda.

Es la misma óptica que debió aplicar el Estado peruano desde un principio y nombrarle a Graña y Montero un interventor calificado que vigile sus operaciones representando al público. Igual a Odebrecht y las demás contructoras peruanas o brasileñas, para poder cobrar más adelante la indemnización o la reparación que correspondan a raíz del daño causado a los contribuyentes.

Hay que distinguir entre la empresa y los accionistas. De resultas de la decisión del Congreso y las declaraciones de Marcelo Odebrecht, las acciones de la empresa han caído en más de 20 por ciento en las bolsas de Lima y Nueva York. Podría decirse que los accionistas están bien castigados por no haber tomado precauciones para impedir que una administración corrupta hiciera de las suyas. La responsabilidad penal es de las personas que lo hicieron. Pero castigar a la empresa -conformada por sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores- obstaculizando su operación es una pieza de pensamiento primitivo. 

La equidad y la justicia en este caso dependen de un cambio de perspectiva, un giro de 180 grados en el punto de vista, del aprendizaje de la opinión pública, de la prensa, de los funcionarios públicos y de los representantes parlamentarios. Supone entender, ante todo, que una empresa no es un botín de despojos. Es un proceso en marcha y solo tiene valor mientras lo sea.

Sancionarla complicando su funcionamiento mientras sus administradores continúan a cargo sin un interventor que vigile los intereses del contribuyente, es como flagelar al vehículo siniestrado en el accidente exclamando mal auto, malo, e ignorar al conductor.  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso
Las acciones de la constructora Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayeron en 19.35 % en las primeras horas del viernes ante la aprobación por el Congreso de la modificación del Decreto de Urgencia 003 luego de las declaraciones de Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos.
Al cierre de la jornada del viernes la acción de Graña y Montero en la BVL cerró con una baja de 22.58%. Igualmente, la baja del valor accionario en la Bolsa de Valores de Nueva York se aproximó al 20%.
Mientras tanto, las ganancias netas de la empresa editora El Comercio cayeron a S/ 11.5 millones, a diferencia de los S/ 56.3 millones del tercer trimestre del 2016. La explicación que dio la empresa el 30 de octubre de 2017 a la prensa especializada es que la referida caída se debía a menores ingresos por dividendos, menores ingresos de publicidad en el formato impreso y menor venta de ejemplares.



El Comercio
El Congreso aprobó el viernes a última hora de la sesión del Pleno el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del Decreto de Urgencia 003-2017, promulgado por el Ejecutivo en febrero pasado.
Con 55 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó también exonerar de segunda votación al proyecto de ley.
Con esto, la norma quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo, que podría observarla.
El DU 003 abarcaba solo a las empresas que hubieran operado en sociedad con la constructora brasileña con una participación mayor al 10%.
El texto aprobado por el pleno anoche se aplica a las ex socias de Odebrecht con una participación mayor al 5%. De esta manera, Graña y Montero y JJC quedan incluidas en el Decreto de Urgencia 003.
Según la nueva norma, que ahora tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, 1) no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado; 2) tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia; y 3) se les retendrá un porcentaje de las utilidades sobre sus contratos vigentes con el Estado.
El Comercio reveló esta mañana que Marcelo Odebrecht reiteró lo ya delatado por Jorge Barata: que las empresas peruanas consorciadas con la constructora brasileña conocían los pagos que esta realizaba a políticos peruanos.
Odebrecht le dijo a los fiscales peruanos que tenía un “contacto especial” con Graña y Montero.
Graña y Montero consideró que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional y afecta a la compañía y a sus más de 23 mil trabajadores.
“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan”, señaló a este Diario anoche. La empresa todavía no se pronuncia sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht.



El Comercio
La ampliación del Decreto de Urgencia 003 (D.U. 003) para cobijar a las socias de Odebrecht, aprobada ayer por el Congreso, podría afectar a dichas empresas al punto de generar su quiebre financiero, según expertos. “Pueden entrar a una situación de deficiencia patrimonial que las puede terminar quebrando”, advirtió Rafael Boisset, socio del estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU).
Tras el término de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Graña y Montero puso en marcha un plan de venta de activos para aportar liquidez a la compañía y reducir su endeudamiento. Con la nueva norma, la liquidez de la empresa peligraría, según Marco Alemán, analista de Inversiones y Mercado de Capitales de Kallpa SAB, pues restringe la venta de sus activos. “Con esta norma los procesos de venta se van a frenar”, concordó Boisset. Incluso en caso de que se vendan activos, como los del GSP que Graña y Montero estima en US$ 400 millones, el importe podría ser retenido. Los ingresos con los que contaba Graña y Monteropor la concesión de obras que tiene con el Estado también se verían retenidos. Entre ellos destacan la Línea 1 del Metro de Lima, Survial, Canchaque, y La Chira, señala Alemán.
Otra constructora, Obrainsa, aclaró que asumió la participación de Odebrecht en los consorcios donde compartía accionariado con esta al amparo del D.U. 003. Por ello, la firma afirma que no se verá afectada por el nuevo marco normativo, dado que mantiene relación contractual vigente con el Estado sin el concurso de Odebrecht.



El Comercio
Roque Benavides, presidente de la Confiep, lamentó la decisión del Congreso.
“Me sorprende que el Congreso apruebe una ley en ese sentido […] Hay empresas de ingeniería nacional que merecen pasar por lo menos por el Poder Judicial en vez de que sean maltratadas por un decreto”, dijo Benavides.



El Comercio
El pleno del Congreso aprobó en su sesión del jueves un total de 15 iniciativas de ley.
La Junta de Portavoces acordó que no se exoneraría de segunda votación a los proyectos, con el fin de respetar lo establecido por el reglamento para que la ratificación de la ley ocurra en los siete días posteriores.
En la sesión del jueves no se respetó dicho acuerdo en nueve de los 15 proyectos aprobados.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
Keiko Fujimori negó que Marcelo Odebrecht haya realizado algún tipo de aporte a sus campañas presidenciales, luego que El Comercio informara que el empresario brasileño dijo que tenía la certeza de que se entregó dinero a la campaña fujimorista del 2011.
"He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular del diario El Comercio es falso. Claro está que no conozco al señor (Marcelo) Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo", señaló Keiko Fujimori en un video que difundió por redes sociales.
El abogado de la ex candidata presidencial, Edward García, participó en el interrogatorio al cual fue sometido Marcelo Odebrecht por fiscales peruanos en la ciudad brasileña de Curitiba.



ESTA NOCHE (tomado de Correo)
La palabra del exhombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, arrojaría certezas.
Según fuentes de Correo en el Ministerio Público, para que Barata confiese lo que sabe las autoridades nacionales tendrían que levantarle los cargos en su contra, así como los embargos de sus propiedades y cuentas.
De hecho, se sabe que el brasileño, a través de su abogado, ha enviado un documento dirigido al despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo del caso “Lava Jato”, para someterse a colaboración eficaz. Solo de esta manera podría hablar.



Correo
Para Keiko Fujimori, que El Comercio haya aseverado que Odebrecht aportó a su campaña presidencial del 2011 es una consecuencia de la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez Velarde, a quien culpa de no investigar a las exsocias de la firma brasileña como Graña y Montero.



El Comercio
Columna de Jaime de Althaus
(…)
…el fiscal Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo de Hamilton Castro, ha informado con toda claridad que las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht sí son investigadas y que se está “corroborando” la declaración hecha por Barata…
(…)



Expreso
Sondeo de EXPRESO sobre 609 votos a las 11:30 am del sab 11 nov 2017
Pregunta:
¿Cree que hace bien Keiko Fujimori en demandar al diario El Comercio por advertir, presuntamente de manera equivocada, que Marcelo Odebrecht la señaló como receptora de coimas?
Respuesta:
Si    33%
No   67%



El Comercio, editorial sab 11 nov 2017
Ayer el titular principal de nuestra portada decía: “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. En los subtítulos anotamos dos cosas más: que el mismo Odebrecht decía que los detalles los conocía Jorge Barata pero que él tenía la certeza de que los aportes se produjeron; y que había aseverado también que las empresas con las que se consorció en el Perú conocían de los pagos, precisando que él tenía una relación especial con Graña y Montero.
Nos ratificamos en lo dicho.
Como consecuencia de esta publicación, la señora Keiko Fujimori divulgó un amenazante video en el que, entre otras cosas: 1. Nos acusó de mentir. 2. Nos acusó de hacerlo en razón de la ‘vinculación’ de los “señores Graña” con el Diario. 3. Dijo que tenía certeza, a través de sus abogados, de que el señor Odebrecht no había dicho lo que señalamos. 4. Acusó a parte del Ministerio Público de perseguir con afán político a algunos mientras blinda a otros. 5. Dijo que nos denunciará penalmente por difamación. 6. Dijo que solicitará formalmente a la fiscalía hacer pública la transcripción del interrogatorio al señor Odebrecht.
(…)



El Comercio, vie 10 nov 2017
Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora Odebrecht, confirmó a los fiscales peruanos que lo interrogaron ayer en Curitiba (Brasil) que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko Fujimori y de los otros candidatos que eran favoritos en las elecciones generales del 2011, indicaron fuentes de El Comercio.
En su testimonio, Odebrecht también reveló que las iniciales “AG”, escritas en la agenda de su celular, se refieren a Alan García.
Las mismas fuentes relataron que, al ser consultado sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, también encontrada en su teléfono, Odebrecht explicó que sí hubo una entrega de dinero y que probablemente haya sido de US$500 mil, pero que Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en el Perú) debe corroborar el monto. También indicó que, si puso la palabra “aumentar”, infiere que fue porque ya se había entregado dinero anteriormente.
Asimismo, reiteró que su empresa tenía la política de apoyar a los candidatos presidenciales con posibilidades de ganar. La finalidad era que, si uno de ellos llegaba al poder, la constructora tuviera las puertas abiertas para emprender proyectos en el país. Además precisó que solo en el caso de Ollanta Humala él ordenó directamente que se le entregara dinero para la campaña del 2011.
En otro momento del interrogatorio, que se prolongó por unas cuatro horas, el empresario explicó el significado de la anotación “Kuntur agora bom para Peru/AG, etc”.
En primer lugar, confirmó que “AG” significa Alan García y que la cita se refiere a que el líder aprista incentivó a la constructora a ejecutar el gasoducto sur peruano (GSP), previamente desarrollado por Kuntur. Añadió que la empresa se embarcó en ese proyecto a pedido de García. Además del gasoducto –según el empresario–, García mostró interés en desarrollar otras obras como el metro de Lima, que finalmente Odebrecht ejecutó.
Asimismo, el empresario reveló que las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú sabían lo que estaban haciendo y que la única con la que tenía un contacto especial era con Graña y Montero.
El interrogatorio se efectuó en el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde Marcelo Odebrecht se encuentra recluido. Participaron tres fiscales peruanos José Pérez, Rafael Vela y Walter Villanueva, así como el fiscal de Curitiba Orlando Martello, los abogados de Keiko Fujimori y la policía federal.
Minutos después de finalizado el interrogatorio en Brasil, los legisladores de la bancada de Fuerza Popular se pusieron de pie en el pleno del Congreso y empezaron a aplaudir. “¡Fuerza Popular, Fuerza Popular!”, arengaron durante casi un minuto. Esto se debió a que desde Curitiba, el abogado Edward García, defensor legal de Keiko Fujimori, les informó que estaba conforme con lo dicho por Odebrecht.
“Jamás tuvimos dudas respecto a la honestidad de Keiko Fujimori. [...] En los próximos días podrán confirmar que ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular están envueltos en la corruptela”, indicó Daniel Salaverry, vocero titular de la bancada.
Más tarde, el secretario general de FP, José Chlimper, expresó que Odebrecht dijo que “no conoce a Keiko”, que “nunca le dio dinero” y que “no le consta que Odebrecht Perú haya apoyado a Fuerza Popular, Keiko no miente”.
Al cierre de esta edición, en el Congreso se aprobó una modificación al Decreto de Urgencia 003.



La República, vie 10 nov 2017
Marcelo Odebrecht habló por casi seis horas, pero casi no dijo nada nuevo. Como en mayo último, volvió a remitir a los fiscales de lavado de activos al ex superintendente de la constructora en Lima Jorge Barata. Algo que los abogados de Keiko Fujimori ya intuían o sabían que iba a suceder.
El abogado brasileño Beno Brandau y el peruano Edward García Navarro, que llegaron a Curitiba a defender los intereses de Fuerza Popular, estuvieron amenos y sonrientes con los periodistas brasileños en las horas previas a la audiencia.
A los fiscales peruanos ni se les vio, hasta que todo concluyó. Ingresaron por una puerta lateral de la sede de la Policía Federal.Los periodistas brasileños los esperaron en vano.
Estrategia fiscal o esconder que llegaron tarde a la audiencia. Nadie explicó por qué el interrogatorio se inició casi una hora después de lo previsto.
Los abogados de Fuerza Popular y Keiko Fujimori llegaron pasada la una de la tarde, para una audiencia prevista para las 2:00 p.m.
Los cuatro abogados de Marcelo Odebrecht llegaron puntuales; entre ellos se encontraban Eduardo Sanz y Luciano Feldens. Eso, pese a que Odebrecht estuvo en la mañana en un interrogatorio con el juez Sergio Moro.
Marcelo Odebrecht ratificó ante el famoso juez del caso Lava Jato que la empresa constructora realizó pagos millonarios a Ademir Bendine, ex presidente de Petrobras, entre mayo y junio del 2015.

Cuando le preguntaron a Brandau por qué lo eligieron para ver este caso, respondió que era conocido desde hace años de Edward García. Pero lo importante lo agregó después, en otra conversación: conocimiento del idioma y la jurisprudencia brasileña.“Yo no voy a hacer lo que los abogados peruanos del interrogatorio anterior que se quedaron callados escuchando todo lo que decíaMarcelo Odebrecht”, explicó Brandau.“Así no es”, agregó. “Sin afectar el desarrollo del interrogatorio hay que interrumpir y pedir que se aclaren los temas en el momento en que los esté relatando, no al final”, detalló.Vistas así las cosas, los abogados de Keiko Fujimori llegaron con ventaja. Sabían que el abogado peruano no puede litigar en Brasil y pusieron a un jurista brasileño.Los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia recién se enteraron en Curitiba de que ellos no podían preguntar y, al final, solo lo hicieron por cortesía de la fiscalía brasileña, sino habrían sido meros espectadores. Keiko Fujimori no cometió el mismo error.

Brandau debe haber realizado lo que anunció a la prensa. El interrogatorio debió durar un par de horas y se alargó por casi seis.
En Brasil los interrogatorios tienen un desarrollo distinto. En el Perú, el fiscal pregunta, el investigado responde y se va trascribiendo y aclarando párrafo por párrafo. En Brasil, todo se graba en video y allí queda.
La transcripción y traducción al español vendrá después, para ser remitido oficialmente a Lima. Beno Brandau y Edward García salieron sonriendo de la diligencia, relajados.
Marcelo Odebrecht repitió lo que ya había dicho en mayo. Brandau también lo había vaticinado. No podía salirse de su historia, con el riesgo de quedar como un mentiroso y estar manipulando la información, elegir a quién acusar y a quién no, según soplen los vientos. Así, en lo sustancial, según diversas fuentes que participaron en el interrogatorio, Odebrecht afirmó que él manejaba y conocía la política general de la empresa de apoyar a los principales candidatos políticos.
Que entendía, porque así se lo dijo Jorge Barata, que apoyaron a Keiko Fujimori y Alan García, pero que eso solo lo pueden saber o confirmar los funcionarios de la empresa en Lima. Es decir, vayan a hablar con Barata.
Eso es bastante complicado. El ex superintendente de Odebrechten el Perú sigue distanciado de la fiscalía. Considera que pese a todo lo que ha contado y las pruebas que ha entregado, es hasta hoy el único y principal perjudicado.
Sus cuentas personales permanecen embargadas por un proceso que le inició la fiscalía de lavado de activos y que la Procuraduría utilizó para congelar sus bienes personales y familiares en Lima.
“Me siento conforme y contento con la diligencia”, declaró García Navarro. Es lo mismo que habría informado a Lima. Esta versión fue aprovechada por la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, que durante la sesión plenaria del Congreso interrumpió el debate para lanzar arengas a favor de su partido.
El presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, optó por respaldar las arengas en lugar de poner orden al espectáculo que protagonizaron los legisladores de Fuerza Popular.
“Alegría en la bancada de Fuerza Popular. No más especulaciones. Keiko no recibió nada (de Odebrecht)”, dijo la parlamentaria Alejandra Aramayo a través de su cuenta oficial de Twitter.
Como se recuerda, la anotación “aumentar keiko para 500 e eu fazer visita” se encontró en la memoria del celular incautado a Marcelo Odebrecht durante su detención en junio de 2015 en Brasil, pero se conoció en el Perú recién el 23 de junio de este año a través de una publicación de la web de investigación IDL-Reporteros. Todos los participantes en la diligencia firmaron un compromiso de confidencialidad, que con la prensa cumplieron en este momento inicial.
El fiscal superior Rafael Vela Barba declaró que Marcelo Odebrecht respondió todas las preguntas planteadas por el fiscal José Domingo Pérez y otras que plantearon los abogados defensores. Se excusó de dar más detalles y agradeció la colaboración de las autoridades y la Procuraduría General de Brasil.
“La diligencia se ha realizado sin contratiempo. El señor Marcelo Odebrecht ha respondido todo el cuestionario del fiscal Pérez y estamos satisfechos con el desarrollo de esta diligencia”, dijo.
“Han sido respuestas bastante exhaustivas y detalladas. Estamos obligados por la justicia brasileña a mantener sigilo. No puedo hacer ningún comentario sobre las respuestas específicas”, agregó.



El Comercio
Las investigaciones a Keiko Fujimori.
1. Presuntos aportes fantasmas del 2011
Actualmente, en la 16° Fiscalía Provincial Penal, hay una investigación que empezó en octubre del 2015 por presuntos aportes irregulares que recibió la campaña de Keiko Fujimorien el 2011, cuando era candidata de la entonces llamada Fuerza 2011.
La candidata, así como los demás implicados en la denuncia, ha rechazado todas las acusaciones y asegura que todos los aportes fueron bancarizados y reportandos ante la ONPE.
2. Los cocteles del 2016
El Ministerio Público abrió, en el 2016, una investigación, a fin de determinar si los fondos que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un origen irregular.
Estas indagaciones, el 16 de setiembre de este año, fueron derivadas al despacho del fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de lavado de activos.
Pérez decidió que la pesquisa se realice en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado.
3. Caso Odebrecht
El 29 de agosto de este año, el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche dispuso iniciar una investigación preliminar contra Keiko Fujimori tras la difusión de anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht que mencionaban su nombre.
El 4 de setiembre, este proceso fue encargado al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene en sus manos también las indagaciones por los aportes vía cocteles durante los últimos meses del 2015.
ACTUALIZACIÓN: Ante fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht declaró que estaba seguro que le entregaron dinero a la campaña de Keiko Fujimori y a otros candidatos favoritos en las elecciones generales del 2011. Fuentes de El Comercio relataron que, ante la consulta sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” hallada en el teléfono de Odebrecht, explicó que la cifra probablemente haya sido de US$500 mil, algo que Jorge Barata debía corroborar. También dijo que, si puso la palabra aumentar, debió ser porque ya se le había entregado dinero anteriormente.
4. Joaquín Ramírez
Desde febrero de este año y hasta setiembre, la fiscal Sara Vidal llevó a cabo una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, luego de incluirla en las indagaciones por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
Pese a los argumentos que utilizó al fiscal para archivar el proceso, la fiscal superior Elizabeth Peralda ordenó reabrir la investigación contra Ramírez y Fujimori Higuchi. También dispuso que el proceso se adecúe a la Ley contra el Crimen Organizado, la cual también está siendo utilizada por el fiscal José Pérez.



La República
En vísperas de culminar su mandato y luego de haber literalmente mandado al tacho una propuesta de reforma electoral íntegra, el aún presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Miguel Ángel Torres, había invitado a una sesión a los dirigentes de distintos partidos para que expongan sus propuestas.
Ocurrió en la mañana del 27 de junio. Uno de los invitados fue José Chlimper, actual secretario general de Fuerza Popular.
Chlimper se presentó ante los congresistas con una lista de propuestas para modificar la normatividad electoral. Algunas de esas propuestas se convirtieron en ley el jueves último.
El artículo 40 de la Ley de Organizaciones Políticas regula la contratación de publicidad en periodos electorales y uno de los principales cambios es que los medios de comunicación no podrán hacer variaciones a sus tarifas publicitarias en temporada electoral, situación que podría generar un conflicto con la libertad de mercado que regula el capítulo económico de la actual Constitución.
En su exposición de junio, Chlimper propuso: “En el segundo párrafo sugerimos precisar que no se pueden establecer precios superiores al promedio cobrado a privados por dicha publicidad en los últimos dos años en el mismo horario de difusión”. El jueves, con 68 votos principalmente de Fuerza Popular, el Congreso aprobó dicha propuesta. Ahora solo falta la promulgación del Ejecutivo para convertirse en ley.
Consultado al respecto, el constitucionalista Víctor García Toma dijo que “esto debería generar un debate más amplio de ideas para establecer una medida más acertada”, comentó, al poner en duda la constitucionalidad de la norma.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, lo aprobado por el Congreso deja dudas sobre la constitucionalidad. “Es un tema dudoso; me parece que está en el límite”, aseguró, al no descartar que la norma “podría estar en contra de la libertad contractual”.
Por su parte, Enrique Bernales planteó que no puede haber control de precios, como también se debería buscar mecanismos para evitar, en el otro extremo, el abuso de los precios.
El Congreso también estableció que durante las elecciones regionales y municipales, las organizaciones políticas y sus candidatos solo podrán contratar hasta un minuto diario en cada estación de radio y televisión de su jurisdicción. El incumplimiento de esta nueva regulación implicaría responsabilidad exclusiva del candidato infractor.



El Comercio
Marcelo
Carlos Meléndez
“Lo que están viviendo los peruanos en este momento con respecto a Lava Jato me parece un ‘déjà vu’”, sostiene una colega brasileña en Sao Paulo mientras le comento las noticias de ayer. Las delaciones de Marcelo Odebrecht prometieron arrasar con la clase política del país del ‘ordem e progresso’, al punto que fueron bautizadas como las del fin del mundo. A inicios de este año, Marcelo sostuvo que contribuyó financieramente –de manera ilegal– a las candidaturas presidenciales de Dilma-Temer (PT-PMDB), de Aécio Neves (PSDB), Marina Silva (PSB) y Eduardo Campos (PSB). Gracias a esta delación obtuvo una reducción de su pena de 19 años y 4 meses a la mitad (10 años), de los cuales solo dos años y medio los cumplirá en prisión. De hecho, se espera que uno de los más grandes empresarios corruptos de América Latina pase la Navidad en su hogar.
Marcelo llevó la corrupción empresarial a un nivel inédito para la informalidad latinoamericana: la burocratizó. El Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE, imperativo de ‘donar’ en portugués) del holding que presidía fue la rama administrativa que controló la “caja dos”; es decir, los fondos para influir –a través de sobornos a políticos de alto nivel– en los concursos públicos de grandes obras de infraestructura. Su influencia en el gremio constructor brasileño fue tal, que lo transformó en un cartel. El crimen se convirtió en vicio: algunos allegados suyos señalan que Marcelo no corrompía políticos solo por negocios, sino también por placer. El largo fondo de su bolsillo traspasó fronteras, a tal punto que se ha involucrado a presidentes actuales (Juan Manuel Santos en Colombia, Juan Varela en Panamá), a ex presidentes (Dilma y Lula en Brasil; Toledo, García y Humala en el Perú), a vicepresidentes (Jorge Glas en Ecuador) y a ex candidatos presidenciales (el uribista Óscar Zuluaga en Colombia y la campaña de Keiko Fujimori en el Perú, según las fuentes de este Diario).
De los mencionados, Humala y Glas se encuentran privados de su libertad. Las delaciones premiadas –jurídicamente– requieren de pruebas que permitan el procesamiento de las responsabilidades. Mediáticamente, su impacto es también limitado, sobre todo si se expande a toda la clase política como revisa el caso brasileño. La politóloga Nara Pavao (de la Universidade Federal de Pernambuco) sostiene que cuando la corrupción abarca a toda la clase política, de izquierda y de derecha, y se convierte en una constante, deja de ser el elemento decisivo como criterio de definición electoral. Si –como Marcelo acusa– los principales candidatos presidenciales (¿incluye a PPK?) han sido alimentados por fuentes financieras corruptas, la generalización provoca un efecto de cinismo político. El elector se enajena, se desmoviliza; no protesta ni busca alternativas. No hay una traducción política inmediata, a pesar incluso de amenazas populistas.
Marcelo es el ‘príncipe’ de un holding que terminó corrompiendo a gran parte de la clase política latinoamericana (y africana). Su modus operandi convirtió –al menos ante los ojos de la justicia– a partidos en organizaciones criminales (Dilma junto con Lula han sido acusados de formar ‘quadrilha’). Pero además contribuyó a una cultura de desafección política que llena las urnas electorales latinoamericanas de desconfianza crónica.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



La República
Después de que se conociera el informe de la Comisión de Constitución, según el cual Pedro Pablo Kuczynski tiene que declarar ante la comisión del caso Lava Jato, el fujimorismo se quedaría solo en su intención de obligar al jefe del Estado a comparecer.
El congresista Jorge Castro (Frente Amplio) señaló que el lunes habrá una reunión en la que se decidirá el siguiente paso a seguir. Adelantó que, desde su punto de vista, la Comisión Lava Jato debería “voltear la página” de una vez por todas. “Creo que el caso ya está agotado”, manifestó. En el Apra, la opinión no difiere mucho. Para el partido de la estrella, ya no tiene mucho sentido insistir en que el presidente Kuczynski asista a la Comisión Lava Jato. El congresista de Peruanos Por el Kambio Juan Sheput afirmó que ha podido conversar con representantes del FA, del Apra y también de Acción Popular, quienes le aseguraron que no insistirán en el llamado al jefe de Estado.
Resta por ver si Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien preside la Comisión Lava Jato, se apoyará en el informe de Constitución (que lidera Úrsula Letona) para insistir en que Kuczynski comparezca.
“Que una comisión opine que el presidente debe presentarse no es conforme a lo que establece la Constitución peruana”, explicó el jurista César Landa.



El Comercio
Durante la última semana, diversos frentes de confrontación interinstitucional se abrieron para Fuerza Popular.
El lunes, el vocero de la bancada fujimorista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, por presunta omisión funcional en las investigaciones relacionadas al Caso Odebrecht.
Un día después, la Comisión de Constitución realizó una controversial interpretación de la Carta Magna mediante la cual determinó que el presidente de la República sí está obligado a comparecer ante la Comisión Lava Jato por hechos ocurridos antes de su mandato.
Ambas decisiones generaron controversia y se sumaron a los cuestionamientos que ya existían contra la bancada fujimorista por apoyar la denuncia constitucional que pesa sobre cuatro miembros de Tribunal Constitucional (TC).
Desde entonces, partidarios y opositores esgrimieron sus argumentos a favor y en contra del accionar de Fuerza Popular. Argumentos que, sin embargo, contienen ciertas inexactitudes detalladas a continuación.
1. ¿El Congreso excede sus funciones con las denuncias y la interpretación constitucional?
Diversos sectores, en los días previos, acusaron a la bancada fujimorista de un presunto exceso en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, en la denuncia presentada por su vocero contra el fiscal de la Nación, el apoyo a la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del TC, o la interpretación constitucional sobre si el presidente de la República debe comparecer ante una comisión investigadora.
En estricto, ninguna de estas medidas constituye per se un exceso de la función parlamentaria. El artículo 99 de la Constitución le da la potestad al Parlamento para acusar constitucionalmente a miembros del TC o a fiscales supremos, mientras el reglamento del Congreso le permite a sus comisiones interpretar la Carga Magna.
“El problema no es el mecanismo sino la argumentación utilizada en cada caso. Una acusación constitucional tiene asidero siempre y cuando los supuestos de infracción constitucional o comisión de delito en funciones estén debidamente probados”, enfatiza el constitucionalista Aníbal Quiroga.
2. ¿El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, infringió la Constitución?
En línea con lo dicho por Quiroga en el punto anterior, todas las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la denuncia del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, carece de sustento jurídico. Ello, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.
“Los fiscales actúan con autonomía e independencia en sus funciones. Pablo Sánchez no puede ordenarle al resto de fiscales qué hacer y qué no. Es como pedir la destitución del presidente del Poder Judicial por la acción o inacción de un juez”, remarca el ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa.
Incluso si se llegara a destituir al actual titular del Ministerio Público, eso no implicaría necesariamente un cambio en el curso de las investigaciones que llevan a cabo los respectivos fiscales.
3. ¿No hay forma alguna, entonces, de protestar ante el accionar de un fiscal?
Si bien una denuncia constitucional como la presentada por Salaverry no es la herramienta para denunciar presuntas omisiones funcionales en investigaciones específicas, eso no implica que los fiscales estén exentos de control.
“Si tengo un cuestionamiento por el accionar o la inacción de un fiscal que investiga determinado caso, existe el recurso de queja o impugnación ante el fiscal superior o Control Interno del Ministerio Público. También se podría apelar al Consejo Nacional de la Magistratura”, detalla el constitucionalista Samuel Abad.
Así, todos los especialistas consultados coinciden en que la supuesta inacción denunciada por Salaverry no debería evaluarse en el Congreso sino en dichas instancias, y en función de los fiscales que realmente llevan adelante los casos específicos.
4. ¿Cambiar el sentido de una sentencia sí es causal de destitución de un magistrado del TC?
El caso de la denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC es distinto. No solo al no darse por iniciativa del fujimorismo –la denuncia la presentó un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra–, sino también porque los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña sí cambiaron el sentido de una sentencia del mismo tribunal al que ahora pertenecen sobre el Caso El Frontón.
“Sin embargo, incluso ese escenario no sería suficiente para una destitución porque el artículo 201 de la Carta Magna señala que los miembros del TC gozan de la misma inmunidad que la de los parlamentarios”, advierte Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional.
Eso implica que los miembros del tribunal no responden ante autoridades ni órganos jurisdiccionales por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su función. Así lo establece el artículo 93 de la Constitución.
“Por ello, en términos generales, para que exista una sanción [contra los miembros del TC] debe comprobarse que hubo dolo. Que el voto se realizó para recibir algún tipo de beneficio particular”, agrega García Toma.
Hasta el momento, eso no se ha probado. Y, de corroborarse, ya no constituiría una infracción constitucional, sino un delito a ser investigado por el Poder Judicial.
5. ¿La interpretación sobre si el presidente debe comparecer ante una comisión resuelve un vacío?
En la última semana, distintos miembros de Fuerza Populartambién defendieron la reciente interpretación constitucional realizada por la Comisión de Constitución. Para ello, argumentaron que la Carta Magna no especifica si el jefe del Estado puede o no ser investigado por hechos sucedidos antes de su mandato.
Tal vacío constitucional, sin embargo, no existe. El artículo 117 de la Constitución establece las únicas causales para removerle la inmunidad al presidente en ejercicio: traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución irregular del Congreso o al impedir el funcionamiento de los organismos electorales.
“Y así la Constitución no lo diga explícitamente, autoridades públicas como el Congreso solo pueden regirse por lo que dicen las normas. Eso dice el principio de taxatividad, de legalidad. Si la ley dice que pueden hacer algo, lo hacen. Si no lo dice, no pueden forzar una interpretación para sacarle la vuelta”, concluye Abad.



El Comercio
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, se pronunció este jueves sobre la investigación que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le ha abierto a él y a otros tres magistrados del TC por una presunta infracción constitucional en una resolución sobre el caso El Frontón.
"Nos pidieron que hagamos una aclaración sobre el voto de un magistrado [Juan Vergara] y hemos dicho que ese voto no tiene efecto porque en la parte considerativa dice una cosa y en la declarativa dice otra", aseveró el magistrado.
No obstante, dijo que no cree que la indagación sea una medida política para amedrentar al Tribunal Constitucional.
Miranda señaló que el proceso por el caso El Frontón en el Tribunal Constitucional aún no ha concluido.



El Comercio
Precisiones sobre el caso El Frontón
Eloy Espinosa-Saldaña
Recientemente algunos medios de comunicación y líderes de opinión informaron erróneamente sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre un pedido de subsanación presentado por la procuraduría especializada supranacional, encargada de dar cuenta del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las del Caso El Frontón.
Lo que se pidió al tribunal fue que se pronuncie de oficio sobre un error en el conteo del voto del magistrado Vergara Gotelli, quien había firmado una sentencia en la que se afirmaba que los hechos ocurridos en El Frontón no constituyen delitos de lesa humanidad, pese a que en su voto individual emitió una opinión en sentido contrario, señalando que el Tribunal Constitucional no puede ni debe pronunciarse al respecto. Los ex magistrados del tribunal no lograron ponerse de acuerdo para dar una respuesta a ese pedido, por lo que fue la actual composición la que tuvo que pronunciarse sobre este. Llama la atención que los ex magistrados digan que Vergara estaba de acuerdo con que el tribunal calificase un delito como de lesa humanidad, tal como lo destacó públicamente el ex magistrado Álvarez Miranda, pero luego no acojan su punto de vista al respecto, que se desprende del mismo expediente.
El actual tribunal constató que el ex magistrado Vergara señaló que los jueces constitucionales no pueden calificar un delito como de lesa humanidad, y por ello no podía considerarse su voto como parte de lo dicho por aquellos que desde el tribunal calificaban un delito como de lesa humanidad. Vergara siempre insistió en la incompetencia de un juez constitucional para calificar ese delito.
El error más grueso en el que se ha incurrido es sostener que “se cambió” el voto del ex magistrado Vergara. En una simple lectura de su voto se ve que señaló expresamente que, si bien puede haber un problema de motivación en la sentencia penal cuestionada, “resulta innecesario un pronunciamiento constitucional” sobre si los hechos son o no de lesa humanidad, pues ello “no es materia de la demanda ni de controversia en el caso de autos”, ni “es competencia ni corresponde al órgano constitucional” calificarlo. Los magistrados no hemos cambiado nada. Tanto es así que el ex magistrado Álvarez señaló públicamente, en una conferencia en julio de este año, que cuando llegó el pedido de subsanación, Vergara no quiso ratificar el extremo sobre lesa humanidad que aparecía en el fallo. Ello, nuevamente, también se constata en el expediente, donde aparece un intento de respuesta del ex magistrado Vergara no acogido por sus compañeros, en el cual, entre otros aspectos que pueden llevar a confusión, ratifica que el sentido de su voto es que el tribunal no debía pronunciarse sobre el extremo de la lesa humanidad.
Se dice erróneamente, por otro lado, que el tribunal “reabrió” el proceso penal en contra de los marinos que intervinieron en el Caso El Frontón. Pero lo cierto es que ese proceso nunca se cerró. El pronunciamiento inicial emitido por los magistrados de la anterior composición resolvió expresamente que los involucrados debían seguir siendo investigados penalmente “a fin de que el Estado Peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la suscripción de tratados internacionales de protección de los derechos humanos”.
Tampoco es cierto que los actuales magistrados hayamos dicho que los hechos de El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad. En una simple lectura de nuestra decisión se aprecia que respondimos de oficio a pedidos de subsanación y corregimos el error material en el que se habría incurrido. Esa decisión ha sido impugnada y, por ende, cualquier participación de otro órgano estatal en ese proceso en trámite constituye una amenaza a nuestra independencia jurisdiccional.
El control de las labores de las diferentes autoridades debe hacerse dentro de los espacios previstos por el ordenamiento constitucional vigente. No dejar a un juez resolver, a un fiscal investigar o a un congresista legislar implica no dejar funcionar las reglas básicas de un Estado Constitucional, con todo lo que ello significa.



El Comercio
Dificultades de aprendizaje
Jaime de Althaus
Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido nada. Es cierto que el artículo 99 de la Constitución faculta a la Comisión Permanente del Congreso a acusar a los vocales y fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional y otros “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”. Pero no está entre las atribuciones del fiscal de la Nación ordenar la investigación a empresas ni a particulares sino solo a jueces, otros fiscales y a funcionarios del Estado en ciertas situaciones (artículo 66 de la ley del MP). De modo que la denuncia no le toca. Si se aprobara y fuera acusado y destituido como se pretende, se habría cometido un atropello digno de los años 90, atentando severamente contra la división de poderes.
Por lo demás, el fiscal Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo de Hamilton Castro, ha informado con toda claridad que las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht sí son investigadas y que se está “corroborando” la declaración hecha por Barata, como no podría ser de otro modo. Ni siquiera sería verdad la materia de la acusación, entonces.
Podemos suponer que la denuncia al fiscal de la Nación es una represalia por la investigación abierta a Keiko Fujimori y a su partido como organización criminal para el lavado de activos. Pues también es cierto que esa decisión fiscal es un exceso. Es un facilismo de la fiscalía para poder investigar hasta por 36 meses a Keiko Fujimori antes de acusarla, y para obtener de manera más rápida medidas cautelares como embargos o levantamiento del secreto bancario, etc. Hay una falta absoluta de comprensión de las implicancias en la política nacional de una decisión como esa, que podría ser interpretada precisamente más bien como politizada. Es decir, como una decisión contra ella como candidata.
Pero desde el otro lado, la acusación al fiscal Pablo Sánchez también puede ser leída como un amedrentamiento para que no se investigue con profundidad todo lo relativo a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. Lo peor es que esta arbitraria denuncia al fiscal, sumada a la inaceptable denuncia constitucional contra Carlos Basombrío por el pase al retiro de 39 generales, contamina una denuncia constitucional que sí es procedente y que más bien Fuerza Popular se resistió hasta el final a procesarla: aquella contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que suplantaron el voto del magistrado Vergara Gotelli para anular un hábeas corpus dado por el TC a favor de los marinos por el caso El Frontón. Allí se habría cometido cuando menos el delito de abuso de autoridad, lo que basta para la acusación constitucional, pero el hecho es mucho más grave porque entraña el cambio del voto de un ex magistrado que ya no puede defenderse por razones de salud, para violar la cosa juzgada. Si algo así ocurre en el más alto tribunal de la República, es que ya nada tiene remedio.



El Comercio
Trumpización sin Trump
Fernando Rospigliosi
El fujimorismo está desarrollando una estrategia que incluye adoptar posiciones cada vez más conservadoras, atacar sin restricciones a adversarios e instituciones, y comportarse de manera prepotente y arbitraria. Es decir, se está trumpizando. Solo que no tiene un líder como Donald Trump.
Esta vez, el fujimorismo ha ido más lejos que en oportunidades anteriores. El descarado ataque al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la acusación contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional muestran que los fujimoristas prácticamente no tienen límites y que no les interesan las consecuencias políticas de agresiones tan groseras a la institucionalidad y a las reglas del juego democrático.
En el caso del fiscal de la Nación, no pueden obligarlo a desarrollar su trabajo como ellos quieren. Si bien es cierto que la fiscalía –en realidad todo el sistema judicial– tiene muchas insuficiencias y no está trabajando con la celeridad y eficacia que debería en el Caso Lava Jato, el interés del fujimorismo no es la lucha anticorrupción. Ese es solo el pretexto.
Lo que buscan es, primero, tomar represalias por las investigaciones en curso contra Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y familiares. En segundo lugar, amedrentar a los magistrados para que no indaguen como deberían en esos casos. Y tercero, vengarse de un accionista importante del grupo El Comercio, a la vez ex ejecutivo y accionista de una importante empresa constructora, porque consideran a este grupo periodístico como uno de los responsables de su derrota electoral y un crítico importante de sus políticas.
En el caso del Tribunal Constitucional (TC), al margen de la controvertida decisión de los cuatro magistrados acusados en el caso que le imputan, es claro, según los artículos 201 y 93 de la Constitución, que el Congreso no debería sancionarlos. El primero de esos artículos dice que los miembros del TC tienen las mismas prerrogativas que los congresistas, y el segundo establece que estos “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, se puede discrepar de una resolución pero no sancionarlos por ello.
Aquí también hay una combinación de venganza y amedrentamiento. El TC declaró la inconstitucionalidad de la llamada ley antitránsfugas aprobada por el fujimorismo para evitar deserciones en su bancada y una posible escisión encabezada por Kenji Fujimori.
La acusación es una represalia y a la vez una amenaza. ¿Cómo podrá en adelante el TC actuar imparcialmente ante una demanda de inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso si pende sobre su cabeza la espada de Damocles del propio Congreso?
Por último, está la exigencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para que reciba a la Comisión Lava Jato. Como he dicho otras veces, creo que PPK debería responder a las preguntas de esa comisión. Pero también es claro que no tiene la obligación de hacerlo.
Este comportamiento no ayuda a crear un ambiente favorable para el indulto a Alberto Fujimori. Pero esa no parece ser una preocupación del keikismo.
Muchos se preguntan ¿adónde va el fujimorismo? Parece que se va imponiendo la línea de trumpizarse, es decir, seguir el ejemplo de Donald Trump y desarrollar una política populista y ultraconservadora, despreciando y atacando las instituciones, tratando de empatar con lo que le gusta a la gente (pena de muerte, por ejemplo) y agrediendo a la prensa independiente. (Ver esta columna del 8/4/2017, “La trumpización del fujimorismo”).
Esa política fue exitosa en Estados Unidos y ha triunfado muchas veces en América Latina. Hugo Chávez es uno de los ejemplos de la historia reciente (los populistas pueden ser de izquierda o derecha).
El problema es que para que esa estrategia sea exitosa se necesita un líder populista que la encarne y ¡ellos no lo tienen! Keiko Fujimori carece de esas características. Es lo opuesto a un Trump o a un Chávez. No es verborreica, en sus apariciones públicas se ciñe a un libreto aprendido y ensayado, carece de la espontaneidad, el descaro y la desfachatez de los caudillos populistas para mentir e insultar a todos los que no concuerdan con ellos. (No es que no mienta o no insulte, todos los políticos lo hacen alguna vez, pero hay una enorme distancia con Trump o Chávez).
La trumpización del fujimorismo es, entonces, una apuesta muy arriesgada y con muchas probabilidades de fracasar.



El Comercio
Columna de Marco Sifuentes
(…)
La promesa de la era de la información se ha transformado en una distopía de la desinformación, en donde no gana el que tiene la verdad, sino el que impone su relato, es decir, el que viraliza mejor su meme.
Cuando Richard Dawkins inventó la palabreja en 1976, ‘meme’ no significaba ‘chiste de Internet’. Dawkins, biólogo, hizo un juego de palabras entre “meme” y “gen” (pronunciados “mim” y “yin”, en inglés). Así como un gen es la unidad mínima de información biológica transmisible, un meme sería la unidad mínima de información cultural transmisible. Ciertas ideas, símbolos o prácticas culturales, observó Dawkins, se comportan como un virus: nacen, crecen, se autorreplican, mutan si el entorno se los exige y pueden volverse verdaderas epidemias. De aquí surge la idea de ‘viralización’, término que hoy se utiliza para medir la efectividad de un meme.
Antes, el mercado de las ideas estaba restringido a aquellos que tenían los medios de producción y difusión, es decir, grupos de poder con la capacidad de poseer o influir en diarios, radios o televisores.
(…)
Nada más exitoso que una idea que te ordena el mundo.
El problema de creer en una idea que ordena el mundo es que esto choca frontalmente con los que creen en un orden distinto. Dos órdenes es un desorden. Un orden, para serlo, debe ser excluyente de otro. Esto explica la polarización de absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas en estos días. Las redes sociales le dieron la capacidad, a todo el mundo, de ser, digamos, Jesús o Marx, al menos durante 15 minutos, o lo que dure su meme.
(…)

En teoría, la primera barrera de contención debería ser el periodismo, oficio que presupone la idea de que la veracidad es un requisito mínimo para la difusión de cualquier mensaje. Pero un vistazo al Twitter de muchos periodistas locales nos muestra más a líderes de barras bravas (hinchas de un orden determinado) que a gente intentando guiar una discusión razonable. Hace rato que es hora de repensar el oficio, o la goleada no solo será histórica, sino eliminatoria.