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domingo, 26 de abril de 2020

MEDIA COLUMNA domingo 26 abril 2020



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MEDIA COLUMNA
Hablemos claro

Jorge Morelli
@jorgemorelli1


El déficit fiscal llegará a 9.5 o 10 por ciento del PBI en 2020, estima un banco privado. Y su financiamiento llevará la deuda pública a un 34 por ciento del PBI.   

Ibamos a volver el 2021 al uno por ciento de déficit que ordena la regla fiscal, y la deuda -que hasta hace poco era de 26 por ciento del PBI- no iba a pasar de 30. Nada de esto sirve ya. Estamos ante una nueva “normalidad”. El déficit fiscal de Italia, por ejemplo, será de 12 por ciento este año, y el de Estados Unidos de 15 por ciento. Ni el FMI, ni ninguna clasificadora de riesgo va a reclamar nada ante semejante escenario.

No obstante, ya hemos estirado la pita hasta donde no da más. En marzo, el gasto aumentó 12 por ciento y el ingreso cayó -19. Y habrá que gastar todavía más para aplanar la curva del contagio y evitar la quiebra de las empresas y la pérdida del empleo de sus trabajadores.

Consecuentemente, el gobierno piensa ahora en un nuevo impuesto que, tomado de un proyecto del Frepap, se aplicaría a los ingresos -no está claro si de más de un millón de soles anuales o  de diez mil soles mensuales- con una tasa creciente. La decisión, sin embargo, es del Congreso. Tendrá que delegarle facultades al gobierno, que ya anunció que las pedirá. Muchos creen que el nuevo Congreso aprobará el impuesto para “millonarios” por la misma razón que aprobó la ley que permitiría el retiro del 25 por ciento del fondo de los pensionistas del Perú: porque el populismo es su divisa y su capacidad para la demagogia se encuentra intacta.

Hay, no obstante, otra solución. Depende de los bancos y sus AFP -que manejan el fondo de los pensionistas del Perú- y de la decisión política del Estado peruano.

El fondo de pensiones –el privado y el público- fueron creados para invertir en el largo plazo. En recursos que se hallan debajo del suelo -mineros y energéticos- o sobre el suelo –bosques e infraestructura de agua-. No en papeles en las bolsas globales que no tienen bienes detrás, o en constructoras dudosas, como el penoso caso de todos conocido.

Pero han salido a la luz pública 400 mil pequeños mineros agrupados en federaciones en Arequipa, Puno, Ayacucho, Madre De Dios, Ica, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Huánuco, de quienes dependen más de un millón de empleos directos e indirectos. El valor de su producción alcanza los 3 mil millones de dólares al año. Han tomado la decisión de capitalizar sus operaciones.

En reciente manifiesto señalan: “provenimos de las clases populares del Perú y casi todos somos o estamos asociados a los que habitan la superficie de los grandes yacimientos mineros”. “Hemos estudiado el plan propuesto por el doctor Hernando de Soto y estamos convencidos de que la ley y convenios y tratados internacionales amparan nuestros derechos y títulos”. Lo que falta es retirar las trabas que impiden capitalizar, señalan. Eso no depende solo del Estado peruano, sino de los bancos y sus AFP, para que se pueda invertir el fondo de pensiones en el largo plazo en el Perú. Si las superficies son activos sin papeles que puedan transarse en Nueva York, hay que dárselos. De eso se trata. Los bancos saben cómo hacerlo.

Todo el secreto de la propuesta de De Soto consiste en consolidar la propiedad de la superficie sobre los recursos naturales, hoy bajo control de quienes no tienen los papeles que hacen falta para tener propiedad verdadera. La propuesta ha sido endosada públicamente por Antauro Humala, cuyo partido se halla hoy en el Congreso. Y ha sido expuesta hace muy poco por el propio De Soto nada menos que en el aula magna de la Universidad de Huamanga a invitación de los profesores huamanguinos y los comuneros de la región. Incluso Ezequiel Atacusi se pronunció una vez a favor de estas ideas.

Esa propuesta es el modo en que miles de comuneros, mineros y agricultores del Perú que tienen las superficies pueden crear capital en base al derecho de propiedad. Es, al mismo tiempo, el modo de incluir a millones de comuneros en el fondo de los pensionistas del Perú y así romper el cerco que hoy limita su crecimiento.

“Estamos sentados sobre reservas mineras probadas que tienen un valor 18 veces mayor que el Presupuesto del Estado peruano”, dice el manifiesto. “Nosotros los mineros somos parte importante de la solución”, aseguran. Tienen toda la razón. El PBI del Perú es de unos 250 mil millones de dólares. El Presupuesto del 2020, de unos 50 mil millones de dólares. El déficit fiscal del 2020, de 10 por ciento del PBI, llegaría a unos 25 mil millones de dólares.

Pero el valor de los recursos naturales bloqueados bajo la tierra solo en el Perú es de un millón de millones de dólares, cuatro veces el tamaño del PBI. ¿Estamos claros?


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