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viernes, 2 de junio de 2017

ESTA NOCHE viernes 2 junio 2017

ESTA NOCHE viernes 2 junio 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Indulto a secas


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

El presidente Kuczynski ha vuelto a hablar del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

No descartó el camino de otra iniciativa legislativa, pero volvió a abrir la puerta del indulto.

Admitió esta vez -a instancias de la pregunta reiterada de Aldo Mariátegui- que, en efecto, tiene la potestad de otorgar un indulto –al que llamó “straight”- que no se halla sujeto a condición alguna y por su sola decisión como presidente de la República.

No obstante, acto seguido, desestimó esa decisión porque algunos no estarían de acuerdo. Una vez más se refugió en la alternativa de un indulto humanitario.

El Presidente, sin embargo, debería asumir la responsabilidad de la decisión de liberar a Alberto Fujimori mediante un indulto a secas, porque su proceso y su condena fueron sumamente dudosos y su prisión es injusta.

Es este y no otra la decisión que le pide la vasta mayoría del pueblo peruano. El Presidente no necesita apoyarse en una opinión médica para asumir su responsabilidad.

Si lo hiciera, mostraría fortaleza, no debilidad.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Llegó el 1 de junio y lo que muchos esperaban sea “el fin del mundo” para funcionarios y ex funcionarios peruanos, se ha convertido en un escenario de incertidumbre.
Las confesiones de los 78 ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a la colaboración eficaz en Brasil ya no se harán públicas. La fiscalía de nuestro país las podrá obtener, pero deberá manejarlas en absoluta reserva.
Según la justicia brasileña, nuestro país ha realizado nueve solicitudes de cooperación judicial que estaban a la espera del levantamiento del sigilo. Según pudo conocer este Diario, la mayoría de pedidos los ha realizado el fiscal Germán Juárez Atoche, quien ha enviado
cuatro o cinco solicitudes, todas referidas a declaraciones y piezas procesales vinculadas a la investigación al ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por presunto delito de lavado de activos.
Esto, es adicional al trabajo que ha realizado Juárez Atoche para interrogar al empresario Marcelo Odebrecht.
Otros dos requerimientos han sido planteados por la fiscal Manuela Villar, quien investiga al ex presidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp por el Caso Ecoteva.
Los dos pedidos restantes se mantienen en reserva en el Ministerio Público.
El fiscal Hamilton Castro, quien dirige el equipo anticorrupción del Caso Odebrecht, no ha planteado ningún requerimiento. Recordaron que el fiscal Castro ya cuenta con las declaraciones de Jorge Barata y Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes.
Finalmente, explicaron que la información que recibirá el Perú vendrá de dos fuentes. La primera es la respuesta que realice la justicia brasileña a los pedidos que ya se han realizado (estos son los nueve en total).
La segunda forma, es la “cooperación espontánea”. Es decir, lo que los brasileños hallaron dentro de sus investigaciones y que consideren que es interesante para el Perú. “Eso también lo remitirán”, anotaron.
Todo ello, será tramitado por el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera Freyre -designado como el intermediario con Brasil por el Ministerio Público-  en coordinación directa con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
Al ser consultados sobre si la recepción de este material supondrá la firma de un convenio para que ninguno de los funcionarios sea procesado en nuestro país, indicaron que “veremos si es o no necesario. En su momento ya se informará”.



La República
La fiscalía no esperará sentada la información de Brasil. Los fiscales Hamilton Castro Trigoso y Sergio Jiménez Niño ya se encuentran en Brasil desde el lunes 29 de mayo y este 5 de junio viajará el fiscal Germán Juárez Atoche.
Juárez Atoche viaja en el marco de la investigación al expresidente Ollanta Humala, para interrogar a seis nuevos testigos, detenidos en ese país por el caso Lava Jato. El 5 de junio, Juárez interrogará en Sao Paulo a uno de los principales delatores del caso “Lava Jato”, el cambista y cerebro financiero del entramado de corrupción de Petrobras, Alberto Youssef. Además, a otros delatores claves en dicho país, Leonardo Meirelles, encargado de blanquear dinero para Odebrecht y el español Ricardo Angulo López, brazo derecho de Youseff.
La fiscalía espera que los tres den información sobre dinero entregado a Humala o Nadine Heredia, no solo de Odebrecht, sino de otras constructoras brasileñas.
Al día siguiente, martes 6 de junio, el fiscal Juárez se trasladará a Salvador de Bahia para interrogar al publicista brasileño y exasesor del expresidente Luiz Lula da Silva, Joao Santana, y su esposa Mónica Maura.
Ambos han participado en campañas políticas en Latinoamérica por indicaciones de Lula y con dinero de Odebrecht. Santana y Maura están detenidos y se han acogido a la delación premiada.
El fiscal interrogará también al exrepresentante en el Perú de la constructora OAS, Valfredo de Asis Ribeiro. Valfredo de Asis se relacionó con la amiga de Nadine Rocío Calderón y, según un colaborador, el 2011 se reunió con Heredia en el hotel Los Delfines.
Brasil ha reiterado que es clave para esta entrega el compromiso de no procesar en el Perú a los delatores. Este compromiso debe realizarse antes de la entrega de la información. Sin el compromiso de no procesar penal ni civil a Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos, Perú no recibirá sus declaraciones. Toda la información, clave para el proceso judicial, solo será accesible con dicho compromiso.
El fiscal Alonso Peña, designado como enlace del Ministerio Público con los procuradores del Brasil para la entrega de las delaciones premiadas de los ejecutivos de Odebrecht, aseguró que esa información no será compartida con otros sectores.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), informó que el Gobierno sigue evaluando cómo proceder con la adenda del contrato de Chinchero y que en dos o tres días habría una decisión.
"O seguimos con lo que hay pero con modificaciones, o nos ponemos de acuerdo en un divorcio amigable", dijo PPK a RPP.



Expreso
Entrevista a Juan Mendoza
-¿Qué le parece que el contrato del proyecto sobre el aeropuerto de Chinchero siga vigente?
El contrato es malo porque no establecía la tasa de interés y había que calcular para pagarle al concesionario Kuntur Wasi; tampoco ponía una fecha límite para que el concesionario consiga la plata para el proyecto. Su propuesta financiera contemplaba una tasa de interés del 22 % que era inaceptable porque el Estado peruano no se puede endeudar. ¿Qué sentido tendría un proyecto así? La negociación tendría que haber girado sobre los aspectos en los cuales fallaba el contrato, como son la tasa de interés y el cierre financiero. Había que identificar el problema y resolverlo. Lo que la adenda hacía es convertir al Estado en el banco de Kuntur Wasi porque con la adenda ya no tiene que preocuparse en el financiamiento, en los riesgos, porque la plata la pone el Estado, increíblemente a cambio de nada.
-¿Le parece preocupante que el Gobierno persista en un contrato que le genera pérdidas políticas y económicas al país?
A mí me extraña la fijación con Chinchero. Primero, porque le genera un costo político alto para el gobierno de PPK, pues ha propiciado la salida estrepitosa del ministro Martín Vizcarra del MTC, también el enfrentamiento con la Contraloría y con el Congreso. Hay mucha crispación política, mucha animosidad sobre este proyecto, en el cual no veo que haya un beneficio claro para el país. Es imposible que tantos críticos a la adenda se equivoquen al mismo tiempo. La adenda, además, trae un adelanto de 40 millones de dólares al concesionario y esto debilita la posición del Estado para un arbitraje internacional y se sienta un mal precedente.
-El supuesto destrabe que propuso el Gobierno se ha caído…
Yo no sé qué es lo que motiva al Gobierno a realizar una negociación tan mala en Chinchero. Se podría especular y decir que quizá se deba a la presión del entorno, pero lo que ciertamente extraña es que el Gobierno pone en principio a la Contraloría para que dirima finalmente el futuro del contrato, y cuando la Contraloría encuentra irregularidades y emite su informe que revela que es negativo para los intereses del país, el Gobierno –desde ese momento– se dedica a atacar al contralor y descalificar a la Contraloría. Y eso es desconcertante y cuestionable, más si hay muchísimos proyectos a destrabar.
-Si el contrato era pernicioso, ¿por qué se suscribiría una adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero?
En primer lugar porque la adenda estaba hecha a corte y medida del concesionario Kuntur Wasi. Uno se pregunta entonces, ¿en qué consistió el proceso de destrabe de la concesión? --¿Cómo así se puede hacer una adenda en que no se cautele el interés público?
Sin duda el contrato original era malo, pero el Estado tenía la sartén por el mango, pues tenía toda la potestad para rechazar una propuesta financiera inconveniente.
(…)
Lo que uno podría inferir es que el Gobierno tomó la decisión de firmar la adenda tal y como estaba porque, primero, no puede lidiar con la presión política en el Cusco; segundo, ha habido algún tipo de lobby. En ambos casos pierde el ciudadano, porque se da la idea de un gobierno al cual se puede influenciar ya sea a través de la protesta o del lobby. De hecho, uno se pregunta, ¿para qué se necesitaba a Kuntur Wasi si, con la adenda, el grueso el riesgo financiero y de construcción del proyecto recaía sobre el Estado?
-Sin duda alguna una decisión desatinada…
La adenda hubiera sentado un pésimo precedente para las APP. La razón es que si hay un concesionario en problemas financieros, en otra APP en el futuro se podría esperar que el Estado le saque las castañas del fuego, como en el caso de Kuntur Wasi. Así, a lo que nos exponíamos con la adenda era a que hubiera muchos pedidos similares en el futuro, amparados por el precedente Chinchero.
-¿Esto es perjudicial para otros proyectos?
El fiasco de Chinchero hará harto difícil que el Gobierno destrabador tenga éxito en destrabar otros proyectos paralizados. En lugar de estar trabajando en destrabar de verdad, en el caso de Chinchero el Gobierno parecería haber estado trabajando a favor del concesionario. El problema es que como la adenda de Chinchero era tan mala, entonces casi todo lo que haga el Gobierno va a estar sujeto a enorme escrutinio público, por la desconfianza.



La República
Sin garantías
Mirko Lauer
Es indispensable que Edgar Alarcón se retire o sea retirado del cargo de Contralor. Los hitos discutibles de su trayectoria entre lo público y lo privado son motivo suficiente. Pero además el funcionario ha asumido una percepción de su cargo que afecta todo el proceso de la justicia en que está enfrascado el país.
Una consecuencia temible en la crisis de credibilidad puesta en marcha por el volumen de los destapes de Lava Jato es la posibilidad de que el poder político efectivo pase a manos del sistema judicial. Es lo que les viene sucediendo en Brasil, y ese epicentro del problema todavía no encuentra la manera de volver a una normalidad institucional.
El peligro peruano es más grave. Pues al lado de la relativa unidad de la justicia brasileña, la peruana rápido se ha fragmentado en bandos y figuras en conflicto, con agendas propias. Los choques entre procuraduría y fiscalía son el caso más claro, pero no el único. Todo esto parodia los usos de la política convencional.
En tiempo récord Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fiscalización que toma partido en los juegos del poder. Además ha elegido hacerlo con un altísimo perfil, ubicándose al centro de la atención mediática. Ha logrado incluso ganarle a los cazadores de primeras planas del Congreso, verdaderos especialistas en el tema.
Pero los mismos medios convocados le están escribiendo la biografía a gran velocidad. La respuesta de Alarcón ha sido desafiar a todos y a todo, con lo cual está incomodando incluso a sus defensores. Aunque en verdad no se oye más defensa que el silencio. La mayoría del Congreso preferiría que se vaya solo, y no tener que cesarlo.
Es difícil imaginar que siga en el cargo un contralor sometido a la investigación de las sospechas y denuncias que se acumulan en estos días, un proceso que no va a ser corto. Por los frutos de su propio trabajo, que consiste en descubrir y denunciar, van a resultar sospechosos. Definitivamente el daño está hecho.
De modo que eso de que no piensa renunciar y prefiere más bien someterse a una investigación del Congreso tiene todos los visos de ser la tontería llevada de la mano por la viveza.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
Entrevista al congresista Miguel Angel Torres
-El Tribunal Constitucional (TC) ya admitió a trámite la demanda de un grupo de congresistas en contra de algunos artículos de su reglamento interno, ¿cuál es su reflexión?
(…)
…estamos seguros de que la norma, que fue aprobada por varios partidos tanto en la comisión como en el Pleno, es completamente constitucional y fortalece a los grupos parlamentarios.
-Se alega que la norma no puede sancionar un supuesto transfuguismo y que los congresistas tienen el derecho de optar por unirse a una u otra bancada…
La norma no habla de tránsfugas. Lo que hace es establecer que un congresista que se retira de su grupo parlamentario no puede formar parte de otro por el cual no ha sido elegido ni acceder a cargos directivos pero mantiene su derecho a voto, a voz, a formar parte de una comisión…
-¿No se les recorta el derecho de asociación? Los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo.
- Recordemos que hemos sido elegidos dentro de un partido político y esa es una característica que debemos respetar del voto popular.
(…)
-¿Fuerza Popular no busca con esta norma evitar la renuncia de algunos de sus congresistas?
En lo absoluto. Al contrario, la norma está impidiendo que vengan más congresistas a nuestra bancada.
(…)



El Comercio
Insumos electorales
Kenji Fujimori Higuchi
Ha llegado el momento de establecer las elecciones universales con supervisión de la ONPE en los partidos políticos.
Lo que debe existir en adelante son comicios internos donde cada militante tiene un voto. No debe haber en lo sucesivo, nunca más, elecciones indirectas con intermediación de delegados.
Esa práctica debe ser dejada de lado para siempre porque es fácilmente atacada por la corrupción. Es de todos conocido el caso a escala global de la FIFA. Lo que hizo posible por años la complicidad, el secretismo y la continuidad en los cargos fue precisamente la elección a través de delegados designados desde la cúpula. A escala local, el sistema de corrupción fue el mismo en la Federación Peruana de Fútbol, a través de sus 24 delegados departamentales designados –no elegidos–por la cúpula enquistada durante años por el inefable Manuel Burga, hoy extraditado a Estados Unidos. En los últimos años, dentro de un nuevo marco de transparencia en la lucha anticorrupción, algunos dirigentes –tanto a nivel global como nacional– han sido finalmente apartados y procesados judicialmente. La cúpula ha cambiado, pero el sistema continúa. Y el Perú sigue fracasando en llegar al Mundial. Este es otro costo de tolerar la corrupción.
Hay que inclinarse ante la evidencia de que puede existir una falla en la arquitectura institucional de la elección por delegados como tal. Y es necesario alejar cuanto antes a los partidos políticos del peligro que ese arreglo institucional encierra. Por grande que sea el peligro de la influencia de recursos financieros de origen oscuro en elecciones directas, estas se evidencian ante los electores que las fiscalizan. El oscurantismo es siempre mayor en un sistema de elección indirecta, donde no es difícil digitar al gran elector intermedio: el delegado, que vota luego por consigna en unas elecciones internas para satisfacer el requisito formal de un proceso con apariencia de elecciones.
Ha llegado la hora por lo mismo de que la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que preside el legislador Miguel Ángel Torres, que discute actualmente la reforma electoral, considere debatir una iniciativa relativa a las elecciones universales internas de los partidos sin la intermediación de delegados y con supervisión de las autoridades electorales. Estoy seguro de que el congresista Torres, a quien conozco desde las aulas escolares, no dejará caer en saco roto este insumo que queremos alcanzarle la enorme mayoría de los peruanos. De esta manera, los líderes de los partidos llegarán a las elecciones del 2021 con la renovada legitimidad que les proporcionará el voto de las bases de todo el Perú.
El respeto a la persona, en especial a la mujer, es fundamental para nuestra evolución como sociedad. Es por ello que no quiero dejar de expresar en esta oportunidad mi solidaridad y respaldo a nuestra colega Patricia Donayre, quien al frente de un grupo de trabajo multipartidario representando a Fuerza Popular ha elaborado durante meses un proyecto de Código Electoral en la Comisión de Constitución. Ese esfuerzo, tal como han reconocido especialistas en materia electoral, se halla todavía a tiempo de ser debatido en su integridad.
La reforma electoral debe ser atendida con responsabilidad, sin estrategia política, con una perspectiva amplia, no en función de elecciones inmediatas, hasta formar el círculo virtuoso que permita convocar nuevamente a los jóvenes a la política.



El Comercio
Los peligros del distrito uninominal
Iván Alonso
Una cuestión que debería abordarse en el debate sobre la reforma electoral, que se supone está próximo a iniciarse en base al proyecto de un grupo parlamentario liderado por la congresista Patricia Donayre, es la conformación de los distritos electorales. Existen dos opciones: distritos plurinominales, en los que se elige varios congresistas que representan a una misma circunscripción, como es ahora; o distritos uninominales, donde cada circunscripción elige a uno y sólo uno (o una, obviamente). El magistrado José Luis Sardón del Tribunal Constitucional es quien con mayor pasión y rigor intelectual ha defendido la idea del distrito uninominal. Ésa es también la posición editorial de este diario. En lo personal, no estamos seguros de que sea la mejor opción.
La supuesta superioridad del sistema uninominal sobre el plurinominal es que, en el primero, cada ciudadano sabe quién lo representa. Puede, en principio, individualizar la responsabilidad por defenderlo. Puede reclamarle que no está cumpliendo cabalmente sus funciones. Sí, todo eso, en principio, es posible. Pero es un principio un tanto lejano. El congresista elegido en un distrito uninominal representaría, en promedio, a más de 100,000 electores. ¿Cómo podríamos reclamarle que no nos representa bien, si hay otros 90,000 u 80,000 que –dirá en su descargo– sí se sienten bien representados?
Por otra parte, ¿cuál de los 100,000 levantará la voz? El viejo problema de costos concentrados y beneficios difundidos disuade al ciudadano común y corriente de tomar la iniciativa para reclamarle a “su” congresista, tanto como lo hace en un sistema plurinominal. Lo más probable es que los congresistas terminen respondiendo, más bien, a grupos de interés locales con capacidad de promover iniciativas que inviertan esos términos: beneficios concentrados (para ellos) y costos difundidos (entre los demás electores de su circunscripción y los de otras).
La elección por distritos uninominales se parece demasiado al voto preferencial, que tan nefastas consecuencias ha traído. Es un sistema propicio para “emprendedores políticos”, a los que les basta dar con una causa o una frase –los viejitos, trabajar por el deporte y cosas así– que suscite la emoción de una mayoría relativa, ni siquiera del país entero, sino de una entre ciento treinta circunscripciones, para hacerse de una curul. Con la diferencia de que en el sistema uninominal no necesitan colgarse de una lista partidaria que obtenga votos suficientes para que puedan ser ellos unos de los elegidos. En el sistema uninominal esos emprendedores políticos pueden llegar al Congreso por sí mismos, en tanto cumplan con los requisitos para inscribirse como candidatos en un distrito. Salvo que…
Salvo que uno de esos requisitos sea precisamente postular por un partido que presente candidatos, como mínimo, en un determinado número de circunscripciones. Pero si fuera ése el caso, cabría preguntarse si los electores estarían votando por una persona que los represente o por un partido que los represente. Tal vez si se plantea de esa manera, el sistema uninominal sirva para fortalecer a los partidos políticos, que tampoco es un fin en sí mismo, sino un medio para que los debates parlamentarios se parezcan más a una confrontación de ideas maduradas en el tiempo que a un remolino de reacciones impulsivas.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
Duro revés para las Fuerzas Armadas y la Policía. El Poder Ejecutivo observó la ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1133 y homologa las pensiones del personal militar y policial en retiro, argumentando que las medidas previstas en la norma “carecen de sustento en el marco de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera”.
El último miércoles, el Ejecutivo, a través del oficio Nº 150-2017-PR, le comunicó a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que la norma congresal no va.
“Con relación a la ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1133, decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, a fin de regular las pensiones de los pensionistas del Decreto Ley Nº 19846, al respecto estimamos conveniente observar la misma”, señala.
El pasado 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó, con 98 votos a favor, cero en contra y 14 abstenciones, el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial, modificando así el Decreto Legislativo 1133 emitido durante el Gobierno de Ollanta Humala.
El proyecto de ley aprobado por el Parlamento tiene como finalidad que los pensionistas del Decreto Ley Nº 19846, anteriores al 10 de diciembre de 2012, también reciban los beneficios de la nueva estructura remunerativa militar policial en actividad, según el grado remunerativo a base del cual perciben su pensión.
“La Constitución establece que no es factible efectuar modificaciones en los regímenes previsionales si previamente no se ha demostrado su sostenibilidad financiera y que cumplen con el requisito de no nivelación”, dice el texto de Palacio. Prosigue señalando que la aplicación de la ley implicaría reforzar una inequidad que ya existe entre militares y policías y las demás personas afiliadas a los sistemas públicos de pensiones y el del sistema privado.
El Ejecutivo indica que la ley aprobada por el Legislativo contraviene el artículo 79 de la Constitución, el cual señala que los congresistas no tienen iniciativa legislativa para crear ni aumentar gastos públicos


El Ejecutivo señaló que la ley observada generaría un costo anual de S/ 1,107.3 millones.