Mostrando entradas con la etiqueta el debate sobre la organización para la reconstrucción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta el debate sobre la organización para la reconstrucción. Mostrar todas las entradas

martes, 28 de marzo de 2017

ESTA NOCHE martes 28 marzo 2017

ESTA NOCHE martes 28 marzo 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
Todo va a estar bien


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Las diferencias tan visibles como sordas entre el Premier y el Vicepresidente están cobrando una dimensión alarmante.

Mientras el primero anuncia que asumirá la conducción de la reconstrucción, pero por interpósita persona, ya que creará a ese efecto un nuevo organismo dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Vicepresidente dice que “no se debe crear un nuevo ente para lo que hace el ministerio… Las carreteras se tienen que reconstruir, eso lo hace el Ministerio de Transportes". Desde luego el ministro de Transportes es él.

En otras palabras, la organización institucional del Estado peruano para la reconstrucción se está convirtiendo en una lucha de poder.

Una en la que el Presidente, a quien le toca arbitrar, va cambiando de opinión según como sople el viento de palabras y en cuestión de horas. Fue él quien habló primero de un Zar, y dio a entender que sería el Vicepresidente. Como Vizcarra no aceptó renunciar al Ministerio para ser un Zar sin ningún poder, el Presidente concluyó que el Zar, entonces, tenía que ser un ministro. Para luego descubrir que lo mejor sería que el Zar sea el Primer Ministro -faltaba más- y desembocar finalmenteen que, pensándolo bien, no hace falta ningún Zar.

Y ahora la cabeza de la reconstrucción ya no es Vizcarra, sino Zavala. O, en realidad, quien Zavala ponga al frente del organismo para la reconstrucción que, según Vizcarra, no hace ninguna falta crear.

En otras palabras, hasta el momento el debate –que debería ser técnico- sobre la organización para la reconstrucción, es un sainete, una parodia, una comedia de equivocaciones.

Pero nadie lo dice. Todos lo callan por temor a disipar la ilusión de que, de una manera mágica, todo va a estar bien.    



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
El economista de la Universidad de Pacifico Juan Mendoza consideró que lo que tendrá que invertir el Estado en la reconstrucción sería de 4 % al 5 % del PBI, o aproximadamente unos US$ 10 mil millones.
“Este va ser un monto que excede en mucho de lo que se ha asignado de presupuesto hasta ahora, es decir, los US$ 2,500 millones...Lo bueno es que existen los recursos para financiar esta reconstrucción”, refirió.
Mendoza dijo que se debería financiar esta reconstrucción con el 75 % del Fondo de Estabilización Fiscal (US$ 6 mil millones) y prescindir de los Juegos Panamericanos 2019, utilizando los US$ 1,200 millones que cuestan. De igual manera, propuso relajar el déficit fiscal de 2.5 % a 3 % del PBI durante dos años, lo que daría otros US$ 2 mil millones, si es posible con financiamiento externo. Con lo que suma los US$ 10 mil millones necesarios.
Al consultársele si se podría agregar la inversión destinada para la reconstrucción de la refinería de Talara, estimada en más de US$ 5 mil millones, indicó que debería evaluarse.
“Se tiene que ver con cuidado que exista una evaluación independiente externa para que nos diga cuánto es lo que nos falta invertir en Talara, pero, y en segundo lugar, cuánto es lo que se ha gastado. Por ejemplo, si se han desembolsado 4 mil millones de los 5 mil millones que dicen que cuesta, entonces –a pesar de que es un proyecto malo– ya sería muy tarde para pararlo”, opinó.  No obstante, agregó que aún no se ha utilizado la inversión para Talara –lo que es obvio, porque están tratando de gestionar bonos soberanos por alrededor de US$ 3,000 millones- resultaría más pertinente utilizar los recursos para la reconstrucción.
Juan Mendoza señaló que a pesar de que el Gobierno inició la idea de nombrar a un zar para la reconstrucción del país y luego se desdijera, esta función debe recaer no en un ministro sino en el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski.



El Comercio
El vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, reiteró el lunes que la reconstrucción de las zonas más dañadas por el fenómeno de El Niño costero se debe realizar desde las entidades estatales ya conformadas.
"Las carreteras, por ejemplo, se tienen que reconstruir. Eso lo hace el Ministerio de Transportes, no se debe crear un nuevo ente para lo que hace el ministerio en coordinación con gobiernos locales y regionales", señaló.
"Hay que hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien hechas, de hacer cosas que duren con un horizonte de mediano y largo plazo. Hay que trabajar el Perú como hacían los antiguos peruanos", añadió.



El Comercio
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, pidió paciencia a la población que exige conocer cuánto estaría costando al Perú recuperarse de todos los daños que está sufriendo por el fenómeno de El Niño costero de los últimos meses.
"Lo primero que hay que hacer es cuantificar cuál va a ser la necesidad de inversión para recuperar toda la infraestructura perdida y eso lo debemos tener en el transcurso del mes de abril", señaló el también vicepresidente en una entrevista a RPP.
Vizcarra recordó que, como parte de la administración pública, él y los otros ministerios y autoridades locales deben seguir los procedimientos adecuados. "Yo no puedo construir nada si no tengo el estudio y no lo puedo hacer yo directamente, tengo que contratarlo", añadió.
En ese sentido, comentó que solo realizar los estudios para las obras de reconstrucción de las regiones afectadas pueden tomar entre 6 a 8 meses. "Todo esto nos va a tomar mínimo dos a tres años y hay que hacerlo bien", dijo.
Aunque pidió no tomar al pie de la letra las estimaciones de parte de economistas privados que consideran que recuperarnos de estas emergencias podría costar entre 3 mil millones y 10 mil millones de dólares, en lo que sí estuvo de acuerdo es en lo que indican: que casi el 50% de ese costo se va a destinar al sector transporte.



El Comercio
¿Quién debe ejecutar la reconstrucción?
Gianfranco Castagnola
El Niño costero que ha azotado el país este verano ha generado un alto costo en vidas y población damnificada, infraestructura pública y privada destruida y actividad económica perdida. La respuesta del gobierno a esta situación de emergencia merece el reconocimiento del país. El despliegue de ministros responsables por regiones, la eficacia y entrega de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los bomberos, así como la capacidad de reponer vías de comunicación en horas y de llegar con ayuda a los damnificados, han sido sorprendentes. Ello, junto con la solidaridad de ciudadanos y de la empresa privada –en silenciosa labor, que debe ser reconocida–, ha permitido aliviar el dolor de las personas afectadas. Esperamos que en pocas semanas el Niño costero llegue a su fin. Allí empezará la inmensa labor de reconstrucción, reto para el cual el Estado Peruano no está preparado.
Esta carencia quedó demostrada en la fallida labor de reconstrucción del sur de Lima, Ica y Huancavelica luego del terremoto del 2007. Diez años después, la infraestructura de la zona no se ha repuesto plenamente. Recursos había, lo que faltaba era institucionalidad y capacidad de gestión. Se creó Forsur, entidad inspirada en una exitosa experiencia en la reconstrucción de la ciudad colombiana de Armenia luego del terremoto de 1999. 
En sus inicios, el directorio de Forsur tuvo 19 miembros –entre ministros, presidentes regionales, alcaldes y representantes del sector privado–. Esta entidad coordinaba y los gobiernos regionales y locales ejecutaban las obras, siguiendo lo establecido por las leyes de descentralización, y bajo los procedimientos burocráticos usuales del Estado Peruano. Bajo ese marco, era imposible que pudiera tener éxito.
Hoy el Perú cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde la entidad encargada de coordinar las labores de prevención y reconstrucción es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres (Cenepred). Este centro genera información, elabora planes y capacita a las entidades que tienen la responsabilidad de ejecutar las tareas de prevención y reconstrucción (es decir, principalmente gobiernos regionales y locales). 
En teoría, el Cenepred, que ahora está adscrito al Ministerio de Defensa, debería ser el encargado de elaborar el plan de reconstrucción de los desastres del Niño costero y coordinar con los ministerios y gobiernos regionales y locales su ejecución. Este arreglo institucional es posible que pueda funcionar para desastres de bajo nivel. Pero el que el Perú vive bajo el Niño costero (considerado de nivel 4 en una escala donde 5 es el más alto) sobrepasa claramente sus capacidades de gestión. Y para estos casos extremos no existe un diseño institucional especial.
Frente a este panorama, el gobierno tiene dos opciones. La primera es ceñirse al diseño institucional existente, dotar de recursos a Cenepred y esperar que esta entidad elabore un plan de reconstrucción a la altura de las circunstancias y luego logre que los gobiernos regionales y locales lo ejecuten, bajo los procesos y procedimientos burocráticos y de control estándares de nuestro Estado. Esta ruta está condenada al fracaso, pues en esencia, es una repetición de la experiencia fallida de Forsur. 
La segunda opción es diseñar un arreglo institucional para desastres de gran magnitud, hoy inexistente. Esto es, crear una entidad empoderada, con una cabeza responsable que lidere, durante el tiempo que se requiera, el esfuerzo de reconstrucción, que consiste en elaborar el plan y dirigir y monitorear su ejecución. 
Esa entidad debería operar bajo una normatividad de excepción, que le permita tomar decisiones de inversión y ejecución con mucha agilidad y flexibilidad, por supuesto, bajo eficaces normas de transparencia y rendición de cuentas, pero libre de obstáculos meramente formalistas que retrasan la gestión pública. Asimismo, habrá que optar por rutas creativas que permitan usar las capacidades existentes en el Estado, pero sin seguir el molde rígido de las leyes de descentralización que determinan que sean los gobiernos locales y regionales necesariamente los que se encarguen de la ejecución de obras que muchas veces los sobrepasan. 
Los gobiernos regionales y locales tienen que ser activos participantes en la reconstrucción, pero también tiene que abrirse el espacio para que entidades del gobierno central con capacidad técnica puedan asumir responsabilidades directas en la ejecución. Esto implica que el Congreso apruebe una ley que lo haga posible. Y ello de ninguna manera debería ser interpretado como una recentralización, sino como una medida de excepción totalmente justificada por la situación. 
Al fin y al cabo, todos estos son solo instrumentos para un fin mayor: el de una reconstrucción pronta y bien hecha de infraestructura y servicios, viviendas, escuelas y hospitales, para devolverle al ciudadano una calidad de vida mayor a la que tenía antes de este Niño costero.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El fiscal Hamilton Castro rechazó por ahora el pedido de la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato para ampliar investigación preparatoria por el delito de colusión desleal contra Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, y contra José Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio de la empresa Graña y Montero.
A través de un comunicado, la procuradora ad hoc Katherine Ampuero informó que el pasado 9 de marzo solicitó ampliar investigación preparatoria para comprender en calidad de investigados por el delito de colusión desleal a Jorge Barata, José Graña Miró Quesada, Jorge Cuba, Mariella Huerta, Edwin Luyo, Jesús Munive y Jorge Menacho por los hechos vinculados a la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. 
El pedido ha sido respondido el jueves 23 de marzo. En este, el Ministerio Público dispuso ampliar investigación preparatoria por dicho delito contra Jorge Cuba, Mariella Huerta y Edwin Luyo. No obstante, en la misma disposición la fiscalía rechazó incluir a Jorge Barata y a Graña Miró Quesada y a Munive y a Menacho.



Expreso
El proceso de formación de una ley
Martha Chávez
A propósito del proyecto de ley N° 1027/2016-CR, presentado por miembros de la bancada fujimorista y que, entre otras, propone establecer la prohibición de que los condenados por delito de corrupción en perjuicio del Estado sean  directores periodísticos, editores, accionistas o apoderados de medios de comunicación, y del ruido que sorpresa ha generado, pese a que se limita a un tipo muy específico de delito, creo conveniente analizar qué es un proyecto de ley.
Un proyecto de ley no es más que eso, un proyecto, una propuesta, que en principio es facultad nata de los congresistas, a título individual según el Artículo 107 de la Constitución, que a partir del 2006 fue enmendado, indebidamente, por el  inciso 2) del Artículo 76° del Reglamento del Congreso, convirtiéndolo en iniciativa no individual sino supuestamente del Grupo Parlamentario. Digo supuestamente porque cualquiera sea el número de integrantes de la bancada, siempre que sea mayor a seis, basta la firma de seis congresistas y la certificación de ese respaldo por el directivo-portavoz para que el proyecto se tramite.
Es decir, no necesariamente un proyecto en trámite responde a un previo debate ni aprobación al interior de un grupo parlamentario, aun cuando el grupo tenga filtro y asesoría técnicos antes de ser presentado.
El proyecto debe atravesar las etapas que señala el Artículo 73° del Reglamento, es decir ser derivado a una comisión ordinaria que debe estudiarlo; socializarlo, es decir, pedir opinión a los sectores concernidos o debatirlo en audiencias o coloquios públicos. Luego será debatido en el seno de la comisión dictaminadora, posiblemente variado su texto a un texto sustitutorio y votado.
Si fuere dictaminado favorablemente recién será publicado su texto e incluido en la agenda del Pleno, donde se debatirá nuevamente y reajustará su contenido y si esta última versión recibiere el respaldo mayoritario de la máxima asamblea legislativa, tendremos una iniciativa legislativa aprobada en primera votación que, publicada, deberá esperar siete días, en que podrá recibir todos las críticas y aportes del caso. Cumplido esto debe ser objeto de un segundo debate y votación, a menos que se exonere y desperdicie este valioso mecanismo de reflexión, como ha sido y aún es mala práctica parlamentaria que siempre he combatido.
La autógrafa pasa al Presidente de la República para que la promulgue u observe. Si la observa vuelve a estudio por la comisión.
Como vemos mal actúan quienes satanizan de inicio la iniciativa y hasta piden su retiro con lo que nos privarían de un interesante y oportuno debate



Gestión
En los últimos meses, los movimientos han sido vertiginosos en la sede de Red Bicolor de Comunicaciones (RBC), en La Victoria. Ricardo Belmont dejó la dirección del canal el año pasado y ésta la asumió su hijo, Ricardo Belmont Vallarino, quien junto a su hermana Lucienne son los accionistas mayoritarios. Bajo la nueva administración, los vientos de cambios soplaron aún más fuerte. Lo que se viene ahora es la venta de la compañía de televisión.
Diversas fuentes consultadas por Gestión confirmaron no solo la disposición para vender el canal que fundara el exalcalde de Lima, sino el inicio de negociaciones con diversos postores. “Los contactos se iniciaron hace tres meses”, señala un personaje cercano al canal.
Hasta el año pasado, el contenido de RBC estuvo a cargo de Matrix Corporation. La relación concluyó con la llegada de los nuevos accionistas mayoritarios.
RBC es uno de solo siete canales VHF de señal abierta, posee sus estudios en la avenida Manco Cápac en La Victoria y tiene su antena transmisora en el Morro Solar. Como el resto de canales de señal abierta se prepara para el apagón digital para el 2020.
“Ya tienen un plan para ello”, señala otra fuente vinculada a la transacción.
Su principal atractivo es su presencia en señal abierta, un espacio muy atractivo, pero con pocas oportunidades para ingresar.
Es por ello que ya hay al menos seis compañías que han mostrado su interés en comprar. Se trata no solo de firmas ya apostadas en el Perú, sino incluso del extranjero.
Entre los interesados estarían: Grupo Capuñay, que ya posee medios como una red de radio, entre ellas, radio Exitosa y el diario del mismo nombre; Grupo Wong, con presencia en el sector retail, pero también principal accionista de Willax TV, así como Latina, una de las empresas del fondo de inversión Enfoca.
También está interesada Telefónica, que en cable posee canales como Plus TV, CMD y es socia de Gol TV. Sin embargo, la compra de RBC le permitiría entrar a la señal abierta donde no tiene participación.
Los otros dos interesados de los que conocimos son TV Azteca de México y el Grupo Cisneros, uno de los principales holdings de Venezuela. Posee una compañía que es Cisneros Media, uno de los principales conglomerados de medios de su país y en la región.
Este diario supo que Telefónica parte hasta ahora como favorito.
Ninguna de las fuentes con las que conversamos se atrevió a hablar de los montos que están en la negociación.
Lo que sí se contempla en la transacción es que tanto los accionistas con derecho a voto como los accionistas sin voto, recibirán el mismo monto por sus acciones. Este último grupo está integrado por los llamados ‘errebecistas’, que son más de 50 mil personas, que durante la década del ochenta aportaron al canal.
Un dato más que obtuvimos es que el banco de inversión LXG Capital está asesorando a RBC en la transacción.
RBC es una empresa que lista en bolsa, por lo que la transacción sería muy veloz, nos indicaron, al punto de que podría cerrarse en las próximas semanas o incluso días.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
El fin de semana pasado se publicó el reglamento sobre la amnistía tributaria para la declaración y repatriación de capitales en el extranjero. La apuesta del Ejecutivo es que las personas paguen tasas de 10% o 7% –dependiendo de si solo se declara la existencia de este capital o si también se repatría para invertirlo en el país–, en lugar del 30% que correspondería según el régimen regular. 
El Gobierno ha estimado que con esta amnistía tributaria podría recaudar un poco menos de los US$1.500 millones que consiguió Chile con una medida similar. El BBVA Research ha estimado que la recaudación sería de solo US$800 millones. 
Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva y ex titular de la Sunat, recuerda que la experiencia internacional muestra que los resultados han variado significativamente entre los distintos países donde se han aplicado amnistías tributarias. 
Un elemento central en el éxito de la medida es la información que se solicita al declarante. Esto ya que estas medidas son conocidas en el mundo financiero y tributario como “blanqueo de capital”, explica Arias. “Para que la medida sea exitosa, no se puede preguntar de dónde viene la plata”, añade. 
En el reglamento, la Sunat solo podrá pedir al contribuyente información que sustente los montos, mas no indagar sobre el origen. 
Hay confidencialidad de la identidad de los contribuyentes. Se crearía una base de datos con acceso restringido.