ESTA NOCHE lunes 22 mayo 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA
COLUMNA
Esta
es Keiko
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El
juez ha declarado improcedente el habeas corpus producto de largos meses de
paciente y minucioso estudio, que ha presentado Keiko Fujimori una vez más ante
la justicia para pedir la libertad de su padre.
No es una
sorpresa. Corresponde ahora apelar a la segunda instancia y recurrir luego en
amparo ante el Tribunal Constitucional.
La
presidenta del primer partido político del Perú ha dicho que este habeas corpus
es el camino hacia la libertad de Alberto Fujimori, preso injustamente desde
hace más de once años.
Este es
el testimonio del amor de una hija, y muestra la prioridad que ese acto de
justicia tiene en quien, haciendo frente a la adversidad, recogió años atrás y contra
toda probabilidad el desafío de fundar un partido político para servir a su
patria.
El
documento desató desde un primer momento críticas previsibles. Los abogados del
diablo se apresuraron a explicar a la opinión pública de antemano por qué el
recurso –aseguraron- no era viable ni tendría éxito. Por encima de la oscuridad,
sin embargo,sigue resplandeciendo hoy la sencilla verdad: las sentencias que condenaron a Fujimori no fueron jurídicas,
fueron políticas. Lo suyo no es una prisión, es un secuestro, fríamente ejecutado
por un juez que quiso condenar desde un principio por una decisión política tomada
de antemano. En ausencia de pruebas -como lo dijo el propio juez más de un año
antes de las sentencias-, este ya buscaba con sus aprendices de brujo el
argumento jurídico falaz que le permitiera condenar sin pruebas.
Once
años ha durado esta ignominia, como la llama Alejandro Ferreyros. Once años en
los que el mismo juez que en el caso de un ex presidente condena sin pruebas,
en otro absuelve pasando por alto las pruebas.
Pero mañana
la mujer que tuvo la firmeza y el valor de resistir y alzar su voz contra la ignominia
volverá una vez más con la simple verdad en las manos a presentar su recurso
respetuosa de la ley y el debido proceso. Es a quien dedico estas líneas. Esa
es Keiko, nuestra Keiko.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
RPP
Esta tarde el hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori fue declarado
improcedente. El juez Arnaldo Sánchez Ayaucán resolvió el pedido bajo la
premisa de que no se ha vulnerado ningún derecho a la libertad ni arbitrariedad
en el proceso de Fujimori.
Esta decisión puede ser apelada por la defensa de Fujimori ante la segunda
instancia.
El Comercio
El recurso constitucional fue presentado por la
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien
manifestó que así se inicia “un nuevo camino para la libertad” de su padre.
“Abrigo la esperanza que se hará justicia”, agregó la ex candidata presidencial a través de su cuenta de Twitter y luego agradeció “a las personas que desde hace varios meses se han sumado a la construcción de esta ruta”.
Este nuevo hábeas corpus a favor del ex mandatario se ha interpuesto contra la sentencia de 25 años de prisión que dictó la Sala Penal Especial que presidió César San Martín y contra el fallo de la Primera Sala Penal Transitoria que declaró fundada la anterior.
El documento afirma que se ha vulnerado los derechos constitucionales de Fujimori en lo referente al debido proceso. En el recurso se lee que se habría afectado “el principio de imputación necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, derecho a la prueba y derecho a la presunción de inocencia”. También se habría vulnerado “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”.
“Abrigo la esperanza que se hará justicia”, agregó la ex candidata presidencial a través de su cuenta de Twitter y luego agradeció “a las personas que desde hace varios meses se han sumado a la construcción de esta ruta”.
Este nuevo hábeas corpus a favor del ex mandatario se ha interpuesto contra la sentencia de 25 años de prisión que dictó la Sala Penal Especial que presidió César San Martín y contra el fallo de la Primera Sala Penal Transitoria que declaró fundada la anterior.
El documento afirma que se ha vulnerado los derechos constitucionales de Fujimori en lo referente al debido proceso. En el recurso se lee que se habría afectado “el principio de imputación necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, derecho a la prueba y derecho a la presunción de inocencia”. También se habría vulnerado “el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción de la arbitrariedad”.
El Comercio
La abogada de Keiko Fujimori, Liza Ramos Dávila, argumenta
(en el habeas corpus) que en los procesos llevados a cabo contra Alberto Fujimori se habría afectado “el principio de imputación
necesaria formado por el principio de legalidad, derecho a la defensa, derecho
a la prueba y derecho a la presunción de inocencia”.
Del mismo modo, indicó que se vulneró “el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de interdicción
de la arbitrariedad”.
“La tesis de mi clienta (keiko Fujimori) es que estas
sentencias no son jurídicas, son políticas”, reclamó.
En ese sentido, sobre la condena a Alberto Fujimori por autor mediato de los casos La Cantura y Barrios
Altos, manifestó no existen pruebas de que toda la línea de mando haya conocido
la orden para ejecutar los operativos, por lo que la culpabilidad de Alberto Fujimori “es solo una especulación”.
“Se dice que toda la línea de mando tenía que haber
sabido. Nosotros hemos cuestionado que no hay un hecho imputado al ex
presidente ni tampoco una conexión para imputar la denominada autoría mediata”,
mencionó.
Respecto a la condena por secuestro agravado de Gustavo
Gorriti y Samuel Dyer, Liza Ramos Dávila apunta que “si observamos los hechos
del caso, Gorriti fue trasladado de manera forzada a una instalación del SIN
pero luego se pregunta quiénes ejecutaron el secuestro. Unos encapuchados.
¿Quiénes dieron la orden? Altos mandos militares. Habría que buscar ese
eslabón. Se tendría que demostrar que la orden vino de más arriba. Cuando uno
habla de delito agravado habla de mutilaciones. Objetivamente en este hecho no
existe tal agravación”, destacó.
De otro lado, la abogada indicó que ”trece meses antes
de que sea condenado ya se venía buscando una teoría útil para el tema”, acusó.
Ramos Dávila precisó que será la encargada de la
defensa del hábeas corpus y que el abogado William Paco Castillo ya no tiene
relación con el ex jefe del Estado.
Peru21
San Martín lo “agravó”
Aldo Mariátegui
Este último hábeas corpus sobre Fujimori trae
varios puntos para el debate sobre la condena a Fujimori por “secuestro
agravado” contra Gorriti y Dyer: 1) ¿Fue secuestro lo sucedido con Gorriti en
la madrugada del 6 de abril o una simple detención arbitraria por solo un día,
uno de esos muy condenables abusos de autoridad que suceden durante un confuso
(auto) golpe de Estado? Esto es menos discutible con Dyer, que fue detenido muy
posteriormente (el 27/07/92) y por 9 días. 2) ¿Fujimori habría ordenado –o
estaba al tanto– de la detención de Gorriti o su cabeza estaría metida en mil
cosas antes que estar pensando en dicho periodista? En cuanto a Dyer, allí sí
habría muchísimo más posibilidades de que Fujimori haya estado al tanto; pero
no existe una prueba concreta.
Otros aspectos según este HB: 1) ¿Por qué el
juez San Martín determinó como “secuestro agravado” a ambos casos, cuando el
acusador fiscal Pablo Sánchez solo los consideró “secuestro simple” (que sí
tiene beneficios penales y permite el indulto), dado que no había habido un
“trato cruel” (Gorriti no fue maltratado y asistió a una conferencia de prensa
del mismo Fujimori inmediatamente posterior a su liberación. Y según leo en el
HB, Dyer compró gaseosas y sanduchitos en “Las 4 Estaciones” mientras era
trasladado, tenía un televisor en su celda, podía usar su celular, usaba un
baño externo cada vez que quería y se alimentaba en un comedor)? 2) Finalmente,
el HB se pregunta por qué condenaron a Fujimori en solitario por este hecho si
nunca se ha sentenciado a nadie más de los que SÍ efectivamente participaron en
el mismo con sus actos directos.
(…)
El Comercio
La sexta demanda
César Azabache
La
demanda presentada el viernes por Liza Ramos supone el sexto intento por
provocar una revisión a la condena impuesta a Alberto Fujimori en abril del 2009.
No creo que Ramos ignore que todas las razones por las que pide esta nueva
revisión fueron ya desestimadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia
del 3 de mayo del 2016. Tampoco creo que ignore que también fueron desestimadas
por una sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, en
noviembre del 2014.
Cuestiones
legales complejas como la cosa juzgada son ahora parte de nuestro vocabulario
cotidiano. Entonces, es simple entender que demandar sobre algo que ya fue
resuelto por los tribunales solo funciona cuando tenemos un hecho nuevo que
proponer. Ramos no lo tiene y estoy seguro de que lo sabe. Y aunque no sea
claramente ilegal, es por lo menos extraño que le pida al Tribunal
Constitucional revisar una condena que fue ratificada por la Corte Suprema hace
más de siete años.
Debo
entender entonces que Liza Ramos supone que puede desvincularse de todos los
límites legales que impiden que su caso prospere. Pero, ¿cómo podría
escabullirse de tantos obstáculos?
Ramos
puede intentar que una sala penal, es decir, un tribunal de segunda instancia,
acepte contradecir al Tribunal Constitucional y a la propia Corte Suprema, y
anule la condena que cumple ahora Alberto Fujimori. Extraño, ¿verdad? ¿Por qué podría pasar esto? Puede
pasar, en teoría, porque nuestro ordenamiento legal tiene una antigua regla que
declara que los casos sobre hábeas corpus pueden terminar de forma definitiva si un tribunal de
segunda instancia ampara la demanda y da la razón al solicitante.
En
realidad, en agosto del 2010, después de un largo debate, el tribunal limitó
los alcances de esta regla, declarando que él mismo puede intervenir siempre
que un caso fuera especialmente grave de acuerdo a la Constitución, sin
límites. Por no observar este cambio, la defensa de Nadine Heredia fracasó en su
intento por anular las investigaciones sobre sus ingresos empleando la decisión
de una sala penal. En esa oportunidad, la Fiscalía de la Nación pidió la
intervención del Tribunal Constitucional, el TC se declaró competente para
intervenir y autorizó, anulando la decisión de la sala penal, que las
investigaciones continúen.
Entonces
Ramos no solo debe lograr que una sala penal decida contradecir al Tribunal
Constitucional y a la propia Corte Suprema. Además debe lograr que el Tribunal
Constitucional decida no aplicar al caso la sentencia de mayo del 2016. Pero
aunque parezca una cuestión de ciencia ficción, el objetivo no es imposible.
En el
telón de fondo de este caso hay otro que interfiere de manera absoluta en el
decurso de los hechos. Hace solo unas semanas, cuatro magistrados del Tribunal
Constitucional han sido denunciados ante el Congreso por haber modificado una
parte de la sentencia del TC en el caso El Frontón. En abril del 2016,
atendiendo una serie de recursos propuestos por tres ONG y una procuraduría
sobre los alcances de la sentencia, los cuatro magistrados en cuestión
decidieron interpretar el sentido del voto escrito del señor Vergara Gotelli,
uno de los magistrados que había firmado la sentencia original. El caso es muy
serio porque las sentencias de los tribunales deben considerarse intangibles.
Además, una revisión minuciosa de los documentos del caso muestra que el TC
podría no estar en posición de defender la modificación de esta sentencia ante
el Congreso.
Pues
bien, estos cuatro magistrados votaron en contra de Fujimori en mayo del 2016.
Y mientras el caso El Frontón esté abierto, podría ser mejor que se abstengan
de intervenir en el nuevo proceso.
Pero
uno de los otros tres magistrados del TC, el señor Óscar Urviola, ha cumplido
su período y puede ser reemplazado en cualquier momento. Otro de ellos, el
señor Ernesto Blume, votó en contra del caso Fujimori en mayo del 2016. Pero el
último, el señor José Luis Sardón, votó a favor. Entonces, si el Congreso
reemplaza al señor Urviola, el nuevo designado podría terminar tomando la
decisión final del caso en una sala de tres miembros.
Para
evitar una situación como esta, el Congreso debería abstenerse de modificar la
conformación del Tribunal mientras se está discutiendo este caso. Pero, además,
el Tribunal debería dejar sin objeto la denuncia que ahora afecta a cuatro de
sus miembros. ¿Cómo lograr esto? Es muy sencillo, hay que anular el
procedimiento por el que se modificó la sentencia del caso El Frontón. A fin de
cuentas, esa sentencia jamás debió modificarse. Resuelto el caso El Frontón los
riesgos de interferencias desaparecen y el TC podrá tomar una decisión
definitiva sobre el caso Fujimori libre de interferencias y sospechas.
Claro,
si pasa esto, el caso Fujimori será desestimado inevitablemente.
Es que
el caso Fujimori merece una solución final. Pero no por este camino.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El ministro de Transportes y
Comunicaciones, Martín Vizcarra, presentó hoy su carta de renuncia al
presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, tras anunciar ayer en una
entrevista televisiva que iba a dejar sin efecto el contrato y la adenda para la
construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco), firmados en el gobierno
anterior y su gestión, respectivamente.
Esto por no haber tenido la
aceptación del Congreso y la Contraloría General de la República.
La renuncia de Martín Vizcarra se
conoce instantes antes de que el contralor general Édgar Alarcón presente su
informe del Aeropuerto de Chinchero.
La República
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski informó que el aeropuerto de Chinchero
"irá adelante", aunque con modificaciones, tras la renuncia de Martín
Vizcarra al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
El mandatario agradeció a Vizcarra por
sus labores al frente del MTC y
anunció que el nuevo ministro será dado a conocer el miércoles, a su retorneo
de Ecuador.
"Gracias Martín por tu
gran trabajo en el MTC. Has hecho un gran trabajo en medio de los aludes y
huaicos, en medio de la planificación de nuevas carreteras, nuevos aeropuertos.
Aquí ha habido mucha discusión sobre la forma cómo iba a ir adelante el aeropuerto
de Chinchero, un sueño de los cusqueños",
manifestó.
Kuczynski sostuvo que "ese aeropuerto
va adelante", con modificaciones al contrato, "sin
duda". "Cuando regrese de Ecuador el miércoles, nombraremos a un
nuevo ministro en el MTC", agregó.
El Comercio
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala,
le agradeció a Martín Vizcarra por “poner intereses del país por delante”,
luego de que este hiciera oficial su renuncia. “Gracias @MartinVizcarraC por tu
gran trabajo como Ministro y por poner siempre intereses del país por delante”,
escribió.
“Siempre he priorizado el interés del Perú en todas mis
decisiones”, apuntó Vizcarra esta mañana.
Indicó que, en su condición de primer vicepresidente de la República, cargo para el cual fue elegido, seguirá apoyando al gobierno.
Indicó que, en su condición de primer vicepresidente de la República, cargo para el cual fue elegido, seguirá apoyando al gobierno.
El Comercio
La presidenta del Congreso, Luz Salgado,
lamentó la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y se pronunció
también sobre el anuncio de la Contraloría General de la República de que
habría funcionarios del Gobierno involucrados en irregularidades en la firma
del contrato y la adenda de Chinchero.
En línea con ello, la titular del
Congreso dijo que es grave que el Gobierno no haya revisado bien el contrato
que dejó la gestión de Ollanta Humala. Por eso, anunció que "el Congreso va a
tener que examinar bien todo el informe" de Contraloría. "Las
comisiones pertinentes van a abocarse a analizar todos los detalles y creo que
van a salir otro tipo de responsabilidades”. “Responsabilidades políticas –añadió-,
porque esto viene desde el gobierno anterior", añadió.
El Comercio
El (hasta hoy) ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, confirmó anoche que el contrato y la adenda
del aeropuerto cusqueño quedarán sin efecto al no tener el consenso del
Congreso y de la Contraloría.
Vizcarra precisó en entrevista con el programa ‘Cuarto poder’ que el último viernes, un día después de la prolongada interpelación ante el pleno –donde respondió 83 preguntas en más de cuatro horas–, se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el contralor Edgar Alarcón y su equipo técnico.
En este encuentro –sostuvo Martín Vizcarra– los representantes de la Contraloría evidenciaron que, a pesar de que el MTC y el MEF han respondido a sus observaciones, “no hay una coincidencia de opiniones”.
“Entonces, si no se generan consensos, si no se han disipado las dudas por más esfuerzo que hemos puesto, tenemos que tomar decisiones. Ya lo hemos hecho, que es precisamente dejar sin efecto el contrato y la adenda”, indicó el también primer vicepresidente de la República.
Vizcarra precisó en entrevista con el programa ‘Cuarto poder’ que el último viernes, un día después de la prolongada interpelación ante el pleno –donde respondió 83 preguntas en más de cuatro horas–, se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, el contralor Edgar Alarcón y su equipo técnico.
En este encuentro –sostuvo Martín Vizcarra– los representantes de la Contraloría evidenciaron que, a pesar de que el MTC y el MEF han respondido a sus observaciones, “no hay una coincidencia de opiniones”.
“Entonces, si no se generan consensos, si no se han disipado las dudas por más esfuerzo que hemos puesto, tenemos que tomar decisiones. Ya lo hemos hecho, que es precisamente dejar sin efecto el contrato y la adenda”, indicó el también primer vicepresidente de la República.
Peru21
El
contralor Édgar
Alarcón reveló
este lunes detalles sobre los hallazgos de su institución en la adenda al
contrato para la construcción del aeropuerto
internacional de Chinchero , en el Cusco.
Señaló
que encontraron irregularidades en la adenda y la presunta responsabilidad
penal en diez funcionarios: 6 del MTC, 2 del MEF y 2 de OSITRAN.
Adelantó que presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio
Público.
Precisó
que la adenda fue suscrita incumpliendo la normativa que regula las
Asociaciones Público Privadas y que las acciones realizadas por los
funcionarios habrían favorecido al concesionario.
El
Contralor indicó que la ejecución de esta adenda en los términos pactados
podría significar un perjuicio al Estado de 40.6 millones de dólares.
El Comercio
En el Cusco se avecina un nuevo paro indefinido tras la
cancelación del contrato y de la adenda del aeropuerto de Chinchero que fue
confirmada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra.
Así lo anunció el
presidente del Frente de Defensa de Chinchero, Constantino Sallo, quien
consideró que el Gobierno los había traicionado al dar marcha atrás con la
concesión a favor de Kuntur Wasi.
"Para nosotros es una traición, prácticamente una
burla a la región de Cusco. Cuarenta años se ha esperado pacientemente este
proyecto tan anhelado, de interés nacional y regional. Esto no puede quedar sin
efecto", indicó Sallo en declaraciones a RPP.
El Comercio
El consorcio privado Kuntur Wasi se pronunció sobre
la decisión del Gobierno de cancelar el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Señalaron que evaluarán
tomar acciones legales.
"Tras el anuncio del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones de resolver unilateralmente el contrato, [...] Kuntur Wasi lamenta esta decisión", se lee en el comunicado
oficial.
Kuntur Wasi remarca haber "cumplido escrupulosamente todos los
términos del contrato", dice haber "actuado siempre conforme a la
ley" y niega que “haya existido cualquier tipo de irregularidad en alguna
de las etapas del proyecto".
"Ante esta situación, la empresa evaluará las
acciones legales a seguir una vez haya sido formalmente notificada de esta
decisión", señala finalmente el escrito.
El Comercio
La viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quedará
a cargo del despacho de Transportes y Comunicaciones tras la renuncia de Martín Vizcarra, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Algunos
parlamentarios de oposición como Daniel Salaverry han dicho que Molinelli
también debe renunciar al cargo.
El contralor general Edgar Alarcón evitó señalar hoy
los nombres de los funcionarios de Transportes, Economía y Finanzas y Ositrán
implicados en presuntas irregularidades por la firma de la adenda. Solo indicó
que presentarán la denuncia ante el Ministerio Público.
El Comercio
El congresista Daniel Salaverry,
vocero alterno de Fuerza Popular, se pronunció sobre la renuncia de Martín Vizcarra y dijo que Vizcarra también debería renunciar a la primera
vicepresidencia de la República.
"Cuando el presidente de la República sale del
país, ¿a quién deja a cargo del despacho presidencial? Creo que no basta con la
renuncia al MTC, creo que el Presidente debería exigirle su renuncia a la
vicepresidencia", añadió el legislador.
El Comercio
Aunque lo poden, “vice” se
queda
Fernando
Vivas
¿Por
qué dejé Moquegua?, se habrá preguntado más de una vez Martín Vizcarra. Un proyecto minero bien negociado, el de
Quellaveco, le permitió cubrir sus angustias presupuestales, aquietar a su
población de 185 mil almas e invertir como loco en educación. Moquegua se
convirtió en la sensación de la prueba PISA nacional y un ejemplo de región
bien enrumbada. Si a Áncash alguna vez se la apodó la Suiza peruana por su
paisaje, ahora el nombre le cayó a Moquegua por su tamaño y su progreso.
Fue
entonces que muchos nos empezamos a preguntar quién era ese flaco algo
desangelado, que no derrochaba precisamente carisma aunque sí asertividad y don
de mando ingenieril. Y, claro, los candidatos lo empezaron a llamar para su
cásting al 2016 y, antes, Humala le puso el ojo como gobernador afanoso. El
propio Martín Vizcarra me contó que el ex presidente una vez le dijo, cuando
estaba deprimido por el revés de Conga, que se abocara a sacar adelante
Quellaveco. Vizcarra no necesitaba que lo arengara Humala, pues ya estaba
abocado a ello.
Antes
de caer en los predios ppkausas, Martín visitó a Keiko. Él ha confirmado el
encuentro aunque no ha explicado por qué no hizo clic con ella y sí lo hizo con
PPK. Podemos suponer que la oferta de ser miembro del entorno inmediato del
candidato y luego, nada menos que encaramarse a la plancha presidencial, fue
mucho más tentadora. Cuentan que, en un inicio, PPK pensaba que Meche Aráoz sería
la primera ‘vice’, lo que Vizcarra, debutante en lides nacionales, no hubiera
objetado. Fueron, entonces, razones y cálculos políticos ajenos a la ambición
del moqueguano los que lo pusieron en el lugar que Meche hubiera preferido para
sí.
En
esos cálculos electorales ppkausas tiene que haber pesado su perfil de técnico
descentralizado, sin mohines ideológicos, que no genera pasiones pero tampoco
antipatías. De hecho, en una plancha tan limeña y técnica, Martín Vizcarra tuvo un gran peso complementario y cubrió con ganas la
cuota de ex gobernador regional que también llevaron otros candidatos (por
ejemplo, Keiko llevó a Vladimiro Huaroc, ex gobernador de Junín; y Alan García
a David Salazar, ex gobernador de Apurímac).
Su
aura de neutralidad provincial no solo pesó para bien en la campaña ppkausa;
también le ha servido en lo que va de su gestión. No tiene el talante ‘a estos
naranjas no los aguanto’ de Meche Aráoz ni el background de izquierda
antifujimorista de Carlos Basombrío, cuya cabeza, si Fuerza Popular decide y
llega a cortar luego de su respectiva interpelación, la harán rodar sin pena.En
la mañana del jueves pasado, cuando llegó al Congreso para responder las 83
preguntas del pliego interpelatorio, se acercó a saludar a los escaños más
próximos al foso del hemiciclo, y hasta los más revanchistas ‘fujis’ y los más
mal encarados frenteamplistas le sonrieron como advirtiéndole: “Esto no es
contigo, flaco, no es nada personal”.
En un
momento se pensó que Vizcarra no tenía convicción en el salvataje de Chinchero
vía la adenda que suplanta intereses leoninos de terceros con aportes del
Estado. El lunes 30 de enero, cuando se debió inaugurar adenda y obra, con pago
a la tierra y danza ritual en la meseta de Chinchero, fue el propio Martín
quien contradijo al presidente, anunciando que se postergaba la firma.
Luego
hubo las idas y venidas que terminaron en la suspensión de la entrada en vigor
del acuerdo y en el primer pedido de interpelación. Entonces, antes de que lo
salvaran los huaicos que arrasaron la costa, Vizcarra sí salió a defender la
adenda con ahínco, replicando a cada duda, parentesco de cualquier grado,
amiguismo y fotos entre concesionarios y concedentes. También explicó detalles
curiosos como que no fue él, sino su viceministra Fiorella Molinelli quien
firmó el bendito documento en su lugar.
Calmadas
las aguas naturales, la agitación política regresó. Quizá no hubiera revivido
el ánimo interpelador y censor si no fuera porque la oposición –y en especial
su némesis acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde–, que le había
perdonado la vida, tomó como un desafío el rumor de que Vizcarra era la primera
carta de PPK para ocupar el cargo de zar de la reconstrucción que, finalmente,
sin ese título rimbombante, fue a parar a Pablo de la Flor. Fue entonces que
revivió el encono y una nueva moción lo tiene ya interpelado y esperando si lo
censuran. Pero, aunque el pleno lo ponga en la pira ardiente, ‘vice’ se queda.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
El Comercio
Entrevista
a Cecilia Valenzuela
-¿Cómo consiguió el periodista
Jerónimo Centurión el testimonio del sargento del Ejército José Ponce Ruiz que
involucraba a Ollanta Humala en los crímenes de Madre Mía?
El
sargento Ponce Ruiz se pone en contacto con ‘La Ventana Indiscreta’ en 2006. En
su caso no hicimos una investigación, solo desarrollamos un reportaje a partir
de su testimonio. No podíamos investigar porque no teníamos tiempo, las
elecciones estaban a la vuelta de la esquina y uno de los candidatos que podía
ganar era acusado de terribles violaciones a los derechos humanos. Se definía
la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Alan García. En ese contexto, me
llamó este militar y me dijo que tenía mucha información sobre Madre Mía, en
los tiempos del “capitán Carlos”.
-¿Por qué decide dar su versión
en ‘La Ventana Indiscreta’?
No
sé exactamente quién le aconseja llamar y venir; la cosa es que él llama, hablé
con él y le encargué el caso a uno de los reporteros: que viaje, grabe el
testimonio de esta persona y lo traiga a Lima, porque si el testimonio era
importante había que profundizar, había que contrastar y había que llevarlo a
la Fiscalía. El reportero que viajó fue Jerónimo Centurión acompañado de un
camarógrafo que era de Frecuencia Latina y estaba asignado al programa que
coproducía Latina y Agencia Perú. Tomaron el testimonio, que es muy fuerte.
Centurión me consultó y les dije que tenían que venir a Lima. Entonces, vienen.
Y el sargento no llegó solo, vino con su esposa y su bebé. Tenía un hijo muy
pequeño. Aquí yo conversé personalmente con él varias veces en las oficinas
de Agencia Perú que funcionaban en la avenida Benavides, y se vuelve a grabar
el testimonio.
-¿Qué buscaba el sargento Ponce
al dar su testimonio?
Él
tenía su DNI, estaba plenamente identificado. Tenía fotografías suyas vestido
de soldado del Ejército, tenía dos medallas. Una de las cosas que me pidió fue
que se le brindara garantías para su vida. Tenía que conseguirle un abogado,
una ONG de derechos humanos que tomara el caso. En ese entonces, confiaba en el
IDL, busqué al abogado Carlos Rivera y me dijo que si él había sido parte
también era un violador de derechos humanos y que ellos no lo podían defender.
Buscamos al abogado Wilfredo Pedraza, quien habló largo con el sargento Ponce.
Lo llevamos a la Fiscalía. El caso era demasiado fuerte. Lo que denunciaba era
muy impactante, era realmente atroz.
-¿Por qué el testimonio de
Ponce se difunde recién ahora, después de 11 años?
Porque
Jaime Chincha, como director de ‘Primer Plano’, decide recuperarlo del archivo
de Agencia Perú. Jaime me dijo: “¿Recuerdas este tema?” Y coincidimos en que
había que publicarlo porque en este momento el contexto es otro. Primero hay
otros testigos; varios testigos presentados por Beto Ortiz en su programa ‘Beto
a saber’ que han declarado en la misma línea. Citando las mismas características
de crueldad y de vileza que había descrito, hace 11 años, el sargento Ponce.
Por eso, el testimonio que no se pudo corroborar en 2006 ya no podía permanecer
en el archivo. Con los testimonios de los testigos presentados por Beto, el
testimonio de Ponce se contrastaba y la Fiscalía debía evaluarlo y utilizarlo
en su investigación.
Tú
no puedes revelar una noticia que no tiene contraste, que no se ha podido
corroborar. Pero cuando te enteras que hay otras personas que públicamente
están diciendo lo mismo, es un deber publicarlo. Hasta ahora está claro que
Ollanta Humala trabajaba bajo el seudónimo de “capitán Carlos”, que aplicaba
una represión brutal y que hay, por lo menos, cuatro militares que trabajaron
con él que lo acusan de múltiples ejecuciones extrajudiciales.
-A diferencia de los otros
testigos, ¿Ponce sí estaba identificado como miembro del Ejército?
Su
nombre no aparecía en el padrón del Ministerio de Defensa, pero el sargento
Ponce Ruiz ha sido militar, ha pertenecido al Ejército peruano. Ha recibido
entrenamiento antisubversivo y ha participado en un comando especial
antiterrorista. Al momento que habló con ‘La Ventana Indiscreta’, el sargento
Ponce tenía DNI, no era ni es un impostor y mostró fotografías y medallas que
probaban su filiación. El testimonio no se publicó porque no pudimos
contrastarlo, corroborarlo con otro testimonio.
-¿No pidieron la versión del
Ejército?
Lo
que dijera el Ejército no era confiable en ese momento, los generales actuales
son de la promoción de Ollanta Humala o de la promoción de su hermano Antauro y
en 2006 tenían jefaturas de mando medio, muy importantes dentro del Ejército.
Podían cambiar cualquier cosa, de hecho el legajo de Ollanta Humala desapareció
de los archivos del Ejército, con la complicidad de los mandos medios. Otro
periodista de ‘La Ventana Indiscreta’ investigaba el contexto en el que se
había perdido el legajo de Ollanta Humala. Y ahora se sabe que los
nombres de los soldados que sirvieron con Humala en Madre Mía también han sido
borrados de los archivos del cuartel de Tingo María, donde habían sido
reclutados. Así es que el hecho de que no aparezca en el padrón solo confirma
que sirvió junto a Ollanta Humala.
-Ponce señala que los cadáveres
fueron llevados a unas fosas contiguas a los ríos La Morada y Magdalena.
Habla
de lugares específicos pero si tú vas a la zona, si tú conoces un poco la selva,
verás que los ríos allí se caminan, sus cauces se mueven. Entonces, los
lugares específicos siempre van a ser relativos en la selva. Por eso, hay mucho
que investigar. Ahora que ya no se le tiene miedo a Ollanta Humala, ahora que
él y su esposa ya no tienen el poder para mandar callar a la gente es el
momento en el que la Fiscalía debe investigar.
-¿Qué nos puede decir de la
muerte del fiscal Arturo Campos, asesinado por una columna terrorista que
dirigía el terrorista Artemio, mientras investigaba Madre Mía?
A
mí sí me impacta la información que surge a partir de los audios, de las
interceptaciones telefónicas legales que hace la Dirandro a los
narcotraficantes vinculados a Sendero Luminoso, que terminan siendo aliados con
los nacionalistas de la región San Martín. Porque uno de ellos, Artemio,
termina siendo el asesino del fiscal Arturo Campos, que era a su vez el fiscal
que investigaba Madre Mía.
Los
testimonios tienen que ser verificadas por la Fiscalía. Los fiscales tienen que
tomar los testimonios de los testigos. Gracias a Dios hay ahora, por lo menos,
cuatro testigos. Gente que vio a Humala, familiares de las víctimas, soldados y
además el testimonio del sargento Ponce. La Fiscalía va a establecer qué es
necesario probar.
-¿Cuál es su evaluación del
comportamiento del Ejército durante esos años?
En
1992, cuando ocurrieron los sucesos de Madre Mía, el Ejército tenía un
comportamiento extremadamente violento. No olvidemos que en esos tiempos se
creó el Grupo Colina. No se puede sustraer de ese contexto el rol que cumplió
en la lucha contrasubversiva el entonces capitán Ollanta Humala. Habría que
hacer un enorme ejercicio de cinismo para sostener que Humala no formó parte de
la tremenda estrategia diseñada por Vladimiro Montesinos para que las Fuerzas
Armadas enfrenten al terrorismo en ese entonces. Cualquier investigador decente
te puede confirmar cómo se desarrollaron los planes operativos en ese momento.
Lo que salvó al país de una carnicería fue la captura de Abimael Guzmán, hecho
protagonizado por la inteligencia especializada de la Policía. La estrategia
que el Servicio de Inteligencia dirigido por Montesinos había diseñado era
feroz. ¿Por qué está preso el expresidente Alberto Fujimori? El Grupo Colina es
el rostro de una estrategia que trascendió Lima y operó, ahora lo estamos
confirmando, en la zona de emergencia, sobre todo en el Alto Huallaga. Cuántos
oficiales operativos, capitanes, mayores, comandantes obedecieron esa
estrategia. Eso no se ha establecido.
-¿Por qué un supuesto asesino
en serie como Ollanta Humala llega a ser presidente de la Republica?
Es una vergüenza con la
que vivirán los que lo auparon, los que lo apañaron y, sobre todo, los
dirigentes de las ONG de derechos humanos que sabían lo que había ocurrido en
la selva en esos años y pretendieron sustraer a Ollanta Humala de ese contexto.
También deberían avergonzarse los que lo amnistiaron, los que lo ascendieron y
los que lo ungieron.
-¿El abogado Carlos Rivera, de IDL, no quiso abogar por los derechos
humanos del sargento Ponce?
“Si
él participó, también es un violador de derechos humanos”, me dijo Rivera. La
verdad es que me sorprendió muchísimo, porque cuando se trató del Grupo Colina,
un caso que yo investigué, las ONG de derechos humanos sí estuvieron dispuestas
a defender y ayudar a salir del país al agente de inteligencia operativo que,
siendo integrante del grupo, delató a sus jefes, pero, en fin, ellos
responderán a su conciencia.
-¿Qué piensa cuando se dice que
Ollanta Humala fue una hechura de Vladimiro Montesinos?
Montesinos
no fue mentor de Ollanta Humala pero sí fue su ídolo. Humala era un discípulo
de esa entraña fujimorista. Montesinos trabajó siempre en coordinación con los
generales de su promoción. Eso funciona mucho en el Ejército, Montesinos llegó
al rango de capitán y luego fue expulsado del Ejército, pero cuando llega al
poder en 1990 retoma la relación con los que habían sido sus promocionales, y
de hecho; lo acompañan hasta el final. Puso a varios en puestos importantes,
uno de ellos fue el general Cano Angulo, de quien Humala fue edecán. Los
generales con poder político se rodean de la gente en la que confían.
Está claro que Cano Angulo, un general entusiastamente montesinista, confiaba
muchísimo en Ollanta Humala. Y los edecanes siempre quieren ser como sus
generales cuando sean grandes.
-¿Qué le esperaría a Ollanta
Humala a la luz de tantos testimonios que le imputan delitos macabros?
Yo
creo que Ollanta Humala sabe que le llegó la noche porque la Fiscalía de
Derechos Humanos no puede permitir que este caso quede impune. El caso Madre
Mía recién comienza. No comenzó cuando debió comenzar porque no hubo los
suficientes testigos, pero ahora, gracias a Dios, si los hay. Felicito
realmente el trabajo que están haciendo periodistas como Beto Ortiz, Jaime Chincha
y Oscar Quispe que trabajan enfrentando una andanada de insultos de parte de
los defensores de Humala.
-¿Por qué Jerónimo Centurión
publicó una columna en el diario La República poniendo en duda el testimonio de
Ponce?
Es
importante advertir que hay nacionalistas rentados que fueron pagados con los
dineros del Estado durante el gobierno de la “pareja presidencial”, dispuestos
a distorsionar, desprestigiar a los testigos, o a los periodistas que los
presentan. Eso pretendió Jerónimo Centurión, el reportero que trabajando en La
Ventana Indiscreta grabó el testimonio del sargento Ponce en 2006. El diario La
República le publicó una columna en la que decía que Ponce era un falso
militar, algo así como un impostor y que yo mentía al decir que el testimonio
no se publicó porque no se había corroborado. Ahora sabemos que Centurión
dijo eso porque entre el año 2012 y el primer semestre de 2016 cobró como
proveedor del Estado, 815,000 soles sin que se especifique el tipo de servicio
que ofreció a la pareja Humala Heredia. Negar la filiación militar de Ponce
para defender a Humala es una bajeza, pero hacerlo porque le pagaron como no se
le paga a un policía, ni a un médico, ni a un maestro en el Perú, es demasiado
vil.
-Algunos expertos en
jurisprudencia penal y analistas políticos señalan que, con todo lo que se
sabe, en otros países ya Humala estaría preso o detenido. ¿Usted qué opina?
Está
clarísimo que compró a un testigo, tiene acusaciones de haber violado los
derechos humanos y está probado que sacó plata de su bolsillo para comprar y
silenciar al hermano de una víctima. No entiendo por qué no hay una orden de
prisión preventiva en su contra.
ELECCIONES,
PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES
El Comercio
La última encuesta de El Comercio
- Ipsos revela cuáles son las expectativas de la ciudadanía sobre los cambios
que necesita nuestra normativa electoral para afrontar en mejores condiciones
las elecciones regionales y municipales del 2018.
Del estudio destaca que un 48%
está a favor de mantener el requisito del 4% de firmas del padrón electoral
(750 mil aproximadamente) para inscribir una organización ante el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
Sin embargo, llama la atención
que un mayoritario 66% considere que las firmas que presentan las agrupaciones
para inscribirse son falsas.
Y a fin de garantizar la
idoneidad de los candidatos, un 57% está a favor de que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) pueda levantar el secreto bancario de los
candidatos. No obstante, esta medida, que también planteó el Ejecutivo, no ha
sido recogida en el informe final de la subcomisión de reforma electoral del
Congreso, por considerarla inconstitucional. El grupo que dirigió la
fujimorista Patricia Donayre propone que sea voluntaria.
Otras expectativas reflejadas en
la encuesta sí han tenido eco en el subgrupo, como la prohibición de aportes
anónimos y que aquellos superiores a una UIT (S/4.050) sean bancarizados.
Sobre los aportes provenientes de
actividades proselitistas como rifas, cenas y cocteles, un 60% está de acuerdo
con establecer un tope. En el informe de la Comisión Donayre, se propone que
estos no superen las 60 UIT.
Una mayoría rechaza la entrega de
dádivas en campaña y espera que esta conducta, que le costó la candidatura
presidencial a César Acuña, se siga sancionando con la exclusión inmediata.
Ambas medidas tienen consenso en el Congreso, aunque el JNE pide sanciones
graduales en el caso de las dádivas para no generar incertidumbre.
La reforma electoral será
debatida en la Comisión de Constitución y luego en el pleno del Parlamento. El
titular del grupo, el fujimorista Miguel Torres, se ha comprometido a darle
prioridad.
El Comercio
¿Receta electoral o reforma electoral?
Patricia Donayre
Las elecciones del 2016 generaron un escenario de confusión debido a
leyes aprobadas en la víspera del proceso electoral, que modificaron las reglas
en el último momento. Las consecuencias fueron las conocidas exclusiones,
tachas y una inestabilidad total.
Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.
Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.
El subgrupo cumplió el encargo y elaboró una propuesta de nueva ley
electoral, tras lo cual presentó su informe el pasado 16 de mayo. Sin embargo,
durante el debate inicial de la reforma electoral en la Comisión de
Constitución, para calificar esta propuesta se rescató del diccionario un
término más culinario que legislativo: ‘insumo’. Término que en el recinto
parlamentario solo podría encontrar lugar en el Hall de los Pasos Perdidos.
Efectivamente, el término ‘insumo’ no existe en el reglamento del
Congreso, porque este define, entre otros, a “los ingredientes que se utilizan
en una receta gastronómica”. Quizá se pensó que siendo el Perú el país del
‘boom’ de la gastronomía, mal haríamos en alejar el término ‘insumo’ de los escenarios
más importantes y representativos.
Así, como resultado del debate, la Comisión de Constitución decidió
denominar al trabajo elaborado por el grupo de reforma electoral como un
“insumo” y no como un predictamen, como lo solicitaron sus integrantes en
virtud de los precedentes parlamentarios existentes. Un predictamen asegura que
el debate y los cambios que se hagan a partir de los aportes de los integrantes
de la Comisión de Constitución tengan como documento principal al texto
propuesto por el subgrupo de reforma electoral, mientras que los insumos, como
es conocido, normalmente terminan por perder su forma original para convertirse
en un producto distinto. ¿Pasará esto con la reforma electoral? Esperamos que
no.
El informe presentado es el trabajo multipartidario más serio en materia
de reforma política de los últimos diez años. No es un proyecto fujimorista,
como lo han denominado, sino la suma de esfuerzos de todos los grupos
parlamentarios. No está bien, por ello, llamar “insumo” a este proyecto de
reforma integral en el que se ha recopilado la legislación hasta ahora dispersa
para ordenar los procesos electorales, fortalecer los partidos políticos,
transparentar sus finanzas y limitar el acceso a la política de personas con
antecedentes de corrupción y delitos dolosos.
Ningún peruano es ajeno al grave problema que origina la corrupción como
consecuencia de los aportes en las campañas. Ningún peruano deja de sentirse
afectado porque unos cuantos deciden su destino por intereses económicos
individuales y no por los de la ciudadanía. Eso ha pasado cuando algunos
partidos fueron financiados por aportes de algunas empresas cuyo interés de
lucro las impulsa a invertir para ganar y cuando aportes anónimos respaldan
candidaturas sin que se sepa su procedencia. Estos tipos de aportes han sido
prohibidos en la ley electoral que proponemos a la Comisión de Constitución.
Otro aspecto importante de la propuesta es el fortalecimiento de los
partidos políticos, pues su poca consistencia hace que terminemos eligiendo
caudillos con las mejores promesas, o a quien resulte más dadivoso.
Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.
Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.
Por ello, la ley electoral propuesta está dando el primer paso en busca
de su fortalecimiento. ¿Cómo? Prohibiendo las dádivas, exigiendo el compromiso
con una ideología, con la democracia, la formación de cuadros nuevos y
capacitados y una existencia de tres años antes de las elecciones en caso de
partidos políticos nacionales, así como de un año en el caso de los movimientos
regionales.
El requisito de contar con el 4% de firmas para la inscripción es
también un elemento importante. No es una novedad, sino un porcentaje fijado ya
por la Ley 30414, aprobada por el Congreso de la República en el 2015.
Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.
Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.
Debemos ser responsables y actuar como estadistas, sin pensar en colores
políticos ni a quién o a cuál partido favorece esta ley. Tenemos que pensar en
la historia, en el bicentenario, que esta sea la reforma política del
bicentenario, que haga que la ciudadanía vuelva a confiar en las bondades del
sistema democrático.
Expreso
Entrevista
a Raúl Chanamé, miembro del JNE
-Doctor Chanamé, ¿usted cree
que ya están dadas las condiciones para promulgar un Código Electoral?
Estamos
ante una oportunidad única en los últimos 50 años para uniformizar y
sistematizar nuestra legislación electoral. Hay pluralidad de actores: el
Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el JNE, los partidos políticos y
la sociedad civil. Variedad de alternativas: existen dos proyectos del Código
Electoral [Parlamento y JNE], dos iniciativas parciales [PCM y Transparencia] y
casi medio centenar de iniciativas individuales. Hay voluntad colectiva, falta
aprovechar la oportunidad para codificar.
-¿Por dónde empezar: por la
bicameralidad o las elecciones primarias?
Lo
primero que debemos diferenciar es la reforma electoral de la reforma
constitucional. Con la primera podemos abordar con certidumbre las inminentes
elecciones regionales y municipales de 2018, para ello requerimos urgente el
Código Electoral; para la bicameralidad, voto facultativo, la reelección de
alcaldes –por mencionar algunos temas- requerimos un consenso amplio, como lo
establece el artículo 206 de la Constitución, así como un plazo más amplio que
se vence en 2020. El tema de las dádivas está a la vuelta de la esquina, la
elección de senadores todavía puede esperar para el año 2021.
-¿Hay diferencias marcadas
entre las propuestas?
No,
todo lo contrario: hay grandes coincidencias, algunos matices y puntuales
diferencias. Depende cómo lo veamos, si queremos avanzar encontraremos
consensos, si deseamos polarizar no habrá diálogo posible. Hay consenso en las
cuotas electorales [femenina, joven y nativa], con paridad y alternancia, el
aporte máximo de 200 UIT por persona natural o jurídica, prohibición de aportes
anónimos, bancarización de aportes, prohibición de postulación de deudores
alimenticios morosos, deudores de reparaciones civiles, requerimiento de hoja
de vida transparente y detallada, distrito en el exterior, incentivos
económicos a los miembros de mesa, encuestas hasta 24 horas antes de las
elecciones, entre otras coincidencias.
-¿Dónde se presentan matices?
En
temas sensibles como las elecciones primarias, donde el JNE plantea que sean
obligatorias y con participación de los organismos electorales, el proyecto del
Congreso plantea que la intervención de los organismos electorales sea
optativa. La experiencia enseña que allí donde hay solidos sistemas de partidos
[Argentina, Brasil o México] los organismos electorales facilitan los comicios
internos.
-¿Qué nos puede decir sobre la propuesta de intervención de la Unidad de
Inteligencia Financiera?
Es
un matiz dentro de un espíritu de transparencia y probidad de las candidaturas.
Hoy sería inconstitucional una intervención unilateral de la UIF pues la Carta
Magna garantiza como derecho fundamental de toda persona –sea o no candidato-
el secreto bancario y la reserva tributaria. El camino más largo es reformar la
Constitución, la propuesta inmediata sería que el candidato levante
voluntariamente su secreto financiero poniéndolo a disposición de la UIF.
-¿Qué preocupa al JNE?
Que
no se modifique la ley N° 30414, una norma que fue tan nefasta para el proceso
electoral pasado, que dejó como herencia la norma de dádivas, tan criticada en
su momento, por el cual las sanciones puedan ser calificadas de manera
desproporcionada. Es un tema que merece ser analizado y debatido con la mayor
serenidad. La posición del JNE es: 1) Que el monto utilizado como propaganda
electoral no exceda del 0.5 % de la UIT y que ella no devenga en un regalo,
dinero u obsequio de naturaleza económica entregada como una dádiva. 2) En el
caso que sucediera, hay responsabilidad solidaria entre el candidato y el
partido. 3) La sanción debe ser proporcional y la multa será de entre 10 y 100
UIT, de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado. 4) Si esta conducta es
recurrente o grave, la sanción será la exclusión como pena accesoria al proceso
penal por el delito de inducción al voto. Con la norma vigente el sistema
electoral corre el riesgo de colapsar ante 120,000 postulantes sujetos a normas
draconianas.
-¿Qué
espera del Congreso?
Una
actitud lúcida y alta predisposición para consensuar ideas y propuestas que
optimicen la democracia peruana y garanticen procesos electorales transparentes
con resultados legítimos de cara al bicentenario
El Comercio
Feudalismo partidario y dinero negro
Alfredo Torres
El sistema político peruano es uno de los más frágiles del mundo. La población
tiende a elegir ‘outsiders’ que a la siguiente elección castiga con una
votación demoledora. Ningún partido alcanza una presencia relevante en las
elecciones regionales y municipales y el único movimiento con apoyo popular –el
fujimorismo– es más un sentimiento que una organización democrática. En este
desbarajuste, la ciudadanía ha visto surgir y caer a incontables autoridades de
las últimas tres décadas –presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes–
envueltos en la corrupción.
La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.
La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.
La falta de institucionalidad de los partidos se cura con una democracia
interna auténtica. Eso requiere que sus candidatos sean elegidos mediante
elecciones primarias organizadas por la ONPE con padrones del Reniec y
supervisadas por el JNE. Es inaceptable que políticos que se proclaman
democráticos quieran seguir controlando sus organizaciones como si fuesen su
propiedad feudal. La solución no está en elevar el número de firmas para
inscribir un partido, ya que las firmas son muy fáciles de falsificar, sino en
elevar el número de militantes. La mejor manera de confirmar que la militancia
real sea real es exigir un número mínimo de votos en las elecciones internas
–Fernando Tuesta ha sugerido 100 mil– para demostrar la real existencia de una
organización. Basta ya de partidos ‘huaicos’ que surgen como un aluvión y luego
se dispersan.
La segunda medida para avanzar hacia la institucionalidad de los partidos
es también la primera para combatir la corrupción. Se trata de resolver el
problema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. La
experiencia internacional enseña que la mejor solución es una combinación de
financiamiento público y privado transparente y acotado. El financiamiento
público es impopular, pero es peor dejar a los partidos a merced del dinero
ilícito. Con respecto al financiamiento privado, existe consenso en que todo
aporte mayor a una UIT debe ser bancarizado y que debe haber topes para los
ingresos provenientes de actividades tipo “rifas”, que son los mecanismos para
ingresar dinero negro a las campañas. Ambas medidas cuentan con el apoyo de más
del 60% de la ciudadanía.
Pero la única manera de asegurar que no entre a una campaña electoral
dinero negro es con un control estricto de los gastos. La Asociación Civil
Transparencia ha propuesto que los medios de comunicación estén obligados a
reportar las contrataciones de propaganda de candidatos y organizaciones políticas.
Esa medida es indispensable y cuenta con el apoyo del 63% de la opinión
pública. Solo con información confiable de los gastos de una campaña se puede
saber si se están declarando todos los ingresos recibidos. Y la consecuencia de
la violación de esta norma no debería ser solo una multa –que los partidos
generalmente no pagan– sino sanciones políticas, llegando a la inhabilitación
del partido a participar en las elecciones.
Otra medida en que existe consenso es que no puedan ser candidatos
“quienes tengan sentencia condenatoria de segunda instancia con pena privativa
de libertad efectiva o suspendida, o prisión preventiva por la comisión de
delitos”, como lo propuso el grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre.
Pero también debe incorporarse el “levantamiento automático del secreto
bancario, reserva tributaria y bursátil a la UIF para todos los candidatos
desde el momento de su postulación y hasta dos años después del término de sus
mandatos, si resultaran electos”; con la consiguiente responsabilidad de la UIF
de reportar al JNE en caso de encontrar actividad sospechosa, como lo propuso
el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Constitución que preside Miguel Torres tiene ahora una
gran responsabilidad entre manos. Fuerza Popular tendrá la tentación de hacer
una ley a su medida. Tiene la mayoría para hacerlo y podría servirles en el
corto plazo. Pero si, en cambio, deciden legislar con una visión de largo
plazo, la historia se los reconocerá. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, tiene acá una gran oportunidad para demostrar su vocación
democrática. La opinión pública estará observando.
