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sábado, 23 de abril de 2016

ESTA NOCHE sábado 23 abril 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
"Despídete de la
Alejandría que se va…"


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Cómo no reparar en que un 23 de abril de 1616, hace hoy 400 años, fallecieron, el mismo día, Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso. Me vino entonces a la memoria “Todas las Sangres” de José María Arguedas que en el Perú tiene cada día mayor actualidad.

Sucede que Mining Press, una publicación especializada, asevera hoy que la empresa Newmont, socia de Buenaventura en Yanacocha, habría decidido apartarse del gran proyecto Conga, emblemático de la pugna entre la modernidad y la tradición y causante de la calamitosa desaceleración de la inversión minera en el país, que el gobierno humalista no solo no combatió, sino propició.

Si la información es cierta, hoy por hoy, eso es probablemente lo más sensato que Newmont puede hacer: vender su participación en Conga o en Yanacocha a sus socios peruanos o a otras empresas mineras. De esta manera quizás la relación del gran proyecto minoro con la comunidades cajamarquinas pueda comenzar de nuevo sobre bases nuevas.

Esas bases distintas son, hoy por hoy, práctica común en la relación que las empresas mineras inglesas o canadienses suelen establecer con las comunidades en las que desarrollan proyectos mineros en todas partes del mundo. Me lo hizo ver años atrás un empresario minero inglés. Dijo que la gran diferencia es que las empresas inglesas -y, por extensión las de otras naciones que fueron colonias suyas, como Canadá-, antes de invertir suelen agotar las bibliotecas de Oxford y de Cambridge donde existen recopilados 150 años de antropología social en todo el mundo para revisar cuidadosamente qué lenguaje hay que hablar y, sobre todo, qué errores no hay que cometer.

Así, por ejemplo, la minera canadiense -cuya concesión de la mina de plata de Santa Ana, en una península del lago Titicaca, fuera anulada por el gobierno de Alan García a causa de la invasión aymara liderada por Aduviri en plenas elecciones de 2011-, planteó al Estado peruano un juicio millonario, pero inició, al mismo tiempo, un nuevo proyecto minero en Corani, Puno, donde ha desarrollado, incluso antes de comenzar la explotación minera, un proyecto para la ganadería alpaquera de las comunidades, innovando en la tecnología de los tejidos tradicionales de alpaca.

La innovación consiste en entretejer hilos de plata en la fibra de alpaca de manera que el tejido adquiere propiedades “inteligentes”. La plata tiene la propiedad química de combatir eficazmente la proliferación de bacterias. De manera que el tejido es un salto tecnológico en el tratamiento de infecciones por diabetes o, incluso, para la confección de uniformes militares de campaña. (El Ejército peruano, dicho sea de paso, ya tiene conocimiento de esto último a través de la Comisión  de Ciencia y Tecnología del Congreso).   

Newmont, sin embargo, empresa estadounidense, tiene al parecer una filosofía corporativa muy distinta de sus pares inglesas o canadienses. Estableció  para con las comunidades una relación estrictamente empresarial. Pagar buenos salarios y puntualmente sus impuetos. Toda otra necesidad no es responsabilidad de la empresa, sino del Estado. Al parecer, no comprendió oportunamente la relación de reciprocidad que es mandatorio establecer con las comunidades andinas. Tanto más si estas, a diferencia de las del mundo anglosajón, son propietarias del suelo –muchas veces sin título-, pero no de los recursos del subsuelo, que son del Estado peruano.

Esta es y siempre será la temática fundamental entre las comunidades andinas o amazónicas y las empresas que explotan recurso naturales en sus tierras,. Es la pugna entre la tradición y la modernidad, entre el localismo y la globalización en las sociedades antiguas, ya sea en Egipto o en Iraq, como en México o el Perú. Así lo intuyó y lo describió con absoluta claridad José María Arguedas en “Todas las Sangres”.

Newmont pudo quizás oportunamente innovar en la tecnología de la siembra y cosecha de agua (que en dos millones de hectáreas de puna permitiría poner diez mil millones de metros cúbicos de agua -un lago Titicaca- dentro de los Andes). Para cuando abordó el tema del agua, sin embargo, ya era demasiado tarde, ya se había desatado el largo y penoso conflicto social agravado por la demagogia política.

Existen situaciones de fuerza mayor. Esta parece ser una de ellas. En verdad, la relación de Newmont con las comunidades de Cajamarca ha llegado a una situación límite en la que ya no es posible saber con certeza si es posible reconstruirla.  La credibilidad se ha perdido.

Lo que hoy mueve a la empresa a esta consideración son los precios, pero eso podría llevarla a mantener el proyecto en cartera a la espera de que algo cambie. Sería probablemente un error no solo político sino económico. Este es, más bien, un caso análogo, salvando las inmensas distancias, al de fuerza mayor que está llevando a la empresa brasileña Odebrecht, sumida en un pantano de denuncias de corrupción, a vender su participación en la concesión del Gasoducto del Sur a sus socios peruanos y extranjeros. Odebrecht probablemente ya no puede levantar el financiamiento necesario. Pero aún si pudiera, sería un error insistir en ello cuando las cuestiones implicadas no son solo financieras.

Hay que saber renunciar a tiempo. A veces lo mejor es partir. El poeta Kavafis, que siendo egipcio entendía de estas cosas -tanto como Arguedas y Garcilaso, como Cervantes y Shakespeare- puso en boca de Marco Antonio la siguiente elegante sentencia: “como si lo esperaras desde antes,  con valentía, despídete de la Alejandría que se va…”.   


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



La República
Según una información de Mining Press –medio dedicado a temas mineros en América Latina y el exterior– la empresa Newmont Mining Corp (NMC) habría decidido abandonar el proyecto Conga debido al rechazo que tiene esta en la región Cajamarca.
Dicho anuncio, según la información que se pudo recoger, se hizo a través del CEO de Newmont Gary Goldberg, quien indicó que "bajo el entorno social y político actual, la Compañía no espera poder desarrollar Conga en un futuro inmediato".
También se explicó que Conga no iría, por el momento, si no se cuenta con la aceptación social y si no se cuenta con una sólida economía del proyecto. Además, se buscaría socios potenciales para ayudar a solventar los costos y riesgos.
Goldberg agrega que "el continuo retraso y la evaluación de otras alternativas pueden resultar en un deterioro contable potencial”.
Asimismo, dado el reciente vencimiento de los permisos para esta operación, la compañía habría eliminado a Conga de su declaración de 'Reservas' y habría reclasificado el proyecto como 'material mineralizado'.
Newmont puso en duda las operaciones de Yanacocha debido a "la recurrencia de la significativa oposición política o de la comunidad o de protestas".



La República
Luego que Odebrecht informara que ponía en venta el 55% de su participación en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, uno de los socios, la española Enagás (que tiene 25% de accionariado), mostró su interés en adquirir 6%.
El GSP, que contempla una inversión de al menos US$ 5 mil millones tiene a la empresa nacional Graña y Montero, en la otra socia del consorcio, con una participación de 20%
En marzo Enagás y Graña tomaron el control de la gestión del proyecto gasífero más importante del país.
“Enagás ha manifestado su interés de comprar el 6% de las acciones que Odebrecht Latinvest ha puesto en venta. Y el otro 49% será adquirido por otra u otras empresas que cuenten con la aceptación de los socios (Enagás y Graña y Montero)”, señaló David San Frutos, gerente del consorcio GSP.
Odebrecht enfrenta en Brasil acusaciones de conspirar para cobrar sobreprecios a la estatal Petrobras y de usar parte del dinero para sobornos a políticos.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que un eventual gobierno suyo investigará y renegociará los contratos de gas de Camisea que, según dijo, fueron suscritos por su contendor de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante la gestión de Alejandro Toledo.
"[Queremos] poder investigar y renegociar los contratos del gas de Camisea. Sabemos hoy que las regalías que recibe el Perú son mínimas. Queremos saber qué tipo de contrato firmó el señor Kuczynski cuando trabajó en el gobierno del señor Toledo. Eso, además de renegociarse, tendrá que investigarse", expresó.
Dijo que en esos acuerdos se debe saber "sobre todo, [cómo fue llevado el contrato] de exportación, que no solo usa el lote 56, sino que además quitaron los candados para que también pueda utilizarse parte del lote 88".
Desde Cusco, Keiko Fujimori insistió en que PPK plantea eliminar la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Para sustentar ello, leyó parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio. "En la página 149 dice: 'Hay que notar que parte de esta contribución se financiará con la reducción del costo de la CTS, que serán sustituidas por un seguro de desempleo'. Así que nadie está mintiendo. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones", sostuvo. “Creemos que su plan es para beneficiar a las grandes empresas. En este caso, a las grandes aseguradoras", afirmó.
Asimismo, la candidata también cuestionó propuesta de PPK de reducir en tres puntos el Impuesto General a las Ventas (IGV). "Dejar de recibir S/9 mil millones es no recibir muchísimos recursos que pueden ser utilizados en beneficio de la población". "Nosotros planteamos que un punto de IGV adicional vaya directamente al Foncomún para beneficiar a los alcaldes a nivel nacional", propuso Keiko Fujimori.



El Comercio
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara, informó que los candidatos presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) yKeiko Fujimori, protagonizarán el debate presidencial el domingo 29 de mayo.
Távara detalló que el 22 de mayo  también se realizará un debate entre los equipos técnicos y los candidatos a la vicepresidencia del partido Fuerza Popular y de Peruanos Por el Kambio.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
El vicealmirante Luis Giampietri Rojas exigió que cese la persecución judicial contra los comandos Chavín de Huántar, que en 1997 rescataron a los 72 rehenes que habían sido secuestrados por terroristas del MRTA en la residencia del embajador japonés en Lima.
“Este juicio ha durado 19 años. Todavía está vigente porque al coronel (Jesús) Zamudio lo han declarado inocente, pero el proceso todavía sigue en otras instancias. Eso hace daño no solo a ellos, sino a sus familias. Imagínese que le digan a su hijo o a su nieto que su abuelo es genocida. No hay derecho”, comentó el ex vicepresidente de la República, luego de la ceremonia realizada ayer en la Base Militar en Las Palmas, Surco, por los 19 años del exitoso rescate.
Giampietri, quien fuera uno de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés, señaló a EXPRESO que algunas ONG que se autoproclaman defensoras de los derechos humanos tenían interés en llevar al banquillo de los acusados a los comandos Chavín de Huántar no por un móvil altruista sino por un afán netamente económico, al señalar que durante la operación se ejecutó extrajudicialmente a dos terroristas.
“Las ONG participaron de esa persecución. De eso viven. Algunas de ellas son carroñeras, no todas, pero hay algunas que viven del daño a la gente. Viven de los muertos”, afirmó.



La República
Imborrables años 90
Mirko Lauer
El fujimorismo tiene claro que la dictadura y el autoritarismo de los años 90 siguen siendo su talón de Aquiles electoral. Para ello mantiene fuera de la campaña a casi todas las figuras protagonistas de aquella época, y aprovecha toda oportunidad para mostrarse como algo diferente. Pero los 71 congresistas de Fuerza Popular le complican la tarea.
Es inevitable que ese número de congresistas sea visto como demasiado poder. Pocos se fijan en que la bancada surge de la voluntad popular, y miran más bien el poder acumulado que ella representa. Entregar de antemano la presidencia de dos comisiones importantes no cambia la figura. El fujimorismo en el Congreso podrá hacer casi lo que le dé la gana.
Por eso figuras apristas insospechables de antifujimorismo están diciendo que la suma del Ejecutivo con tamaña mayoría en el Congreso es demasiado control sobre el sistema político peruano. En efecto, el asunto ya ni siquiera es de buena conducta democrática. La combinación misma, como en todo lo que se acerca al monopolio, exige el ejercicio de un poder total.
Las tomas de distancia frente los 90 se han dado a través de varias declaraciones de Keiko Fujimori, entre las que destaca su carta de comienzos de este mes. Pero como la cúpula de su partido está dividida frente al tema, las tomas de distancia no pueden tener el contenido y la contundencia necesarios para hacer la diferencia.
Este aspecto es clave para Pedro Pablo Kuczynski, pues la evocación de los años 90 es el argumento de fuerza frente a quienes insisten en homologarlo con el fujimorismo. Además el argumento del pasado le abre las puertas a otro sobre el futuro, acerca de la necesidad nacional de contrapesar desde el Ejecutivo a un fujicongreso muy probablemente avasallador.
Una parte clave de los votos de PPK va a venir de quienes aprecian sus parecidos con el fujimorismo en política económica (básicamente la misma en todos los gobiernos del siglo XXI), pero a la vez valoran sus diferencias en lo político. Fujimori está tratando de contrarrestar esto con crecientes incursiones en el populismo, como alternativa al liberalismo de PPK.
Es probable que el recuerdo de los años 90 sumado a la reciente victoria parlamentaria del fujimorismo defina la elección. Esos 71 congresistas podrían terminar siendo un buen ejemplo de lo pírrico.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El informe preliminar de la comisión investigadora del escándalo Lava Jato encontró indicios para investigar al mandatario Ollanta Humala y a los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García, en cuyos gobiernos se habrían beneficiado las empresas brasileñas en la ejecución de megaproyectos.
En el caso del actual mandatario, las autoridades brasileñas vinculan al ejecutivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio Da Silva, a través de un correo electrónico con una hoja de cálculo elaborada por una operaria de Odebrecht el 2 de agosto de 2010, documento que modificó Da Silva el 2 de agosto de 2012.
“En ese archivo de Excel, identificado como Posición Programa Especial Italiano se menciona el “Proyecto OH”, atribuido hipotéticamente al presidente Ollanta Humala, junto a un monto de 4 mil 800 millones de reales (US$ 3 millones). El informe policial que hace referencia a este proyecto, inserta la mención al presidente Ollanta Humala bajo la fecha 5 de abril de 2011”, indica.
En el caso del exmandatario Toledo, señala que en la documentación que fue incautada por las autoridades brasileñas a Pietro Giavina Bianchi, uno de los directivos de Camargo Correa en Brasil, en el 2008, se halló una hoja de cálculo titulada: “Previsao de Capilés Tramo IV –Interoceánica Capilés”, que serían los sobornos presuntamente pagados a funcionarios peruanos durante la ejecución del Tramo 4 de la Interoceánica Sur.
“En los documentos incautados se registran los pagos relacionados con la Interoceánica y hay uno que registra el monto de US$ 106 mil 944. Otra parte del mismo documento registra el nombre ‘Toledo’, escrito cerca a este otro nombre: “Max Vanderley”, señala.
Sobre el gobierno de Alan García, el preinforme indica que en las licitaciones públicas hechas en el 2009 y 2011, el gobierno contrató con el Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero, la elaboración del expediente técnico y ejecución de obras civiles.
“Para ese fin se construyó un marco legal compuesto por una serie de decretos de urgencia y decretos supremos que facilitaron la celeridad del proceso de contratación y la ejecución.
El marco legal creado permitió que se aprueben adendas sin necesidad de la opinión previa de la Contraloría produciéndose el sobrecosto en el tramo 1 de cerca de US$ 109 millones”, establece.
IIRSA-SUR: El 10 de febrero del 2005 se publica el DS N° 022-2005-EF, que exceptúa del SNIP a los tramos a incluirse dentro de la concesión del “Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA-SUR”. Este decreto fue refrendado por el ministro de Educación, Javier Sota Nadal (en representación del ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski) y por el ministro de Transportes José Ortiz.
“De esta manera se omite la exigencia de los estudios definitivos establecidos en el ciclo del SNIP, dándose inicio al proceso de concesión de IIRSA Sur”, añade. Las diversas etapas de este proyecto estuvieron a cargo de empresas como Odebrecht.
Olmos: Se puso en concurso público internacional el 22 de julio del 2004 en el gobierno de Alejandro Toledo, a través del gobierno regional de Lambayeque, suscribiéndose un contrato de concesión con la empresa Odebrecht. Seis años después, el 11 de junio del 2010, el presidente Alan García y la presidenta regional Nery Saldarriaga, firman contrato de concesión con H2Olmos SA (Odebrecht) para la concesión del componente de irrigación del proyecto. El costo del trasvase es de US$ 185 millones y de la irrigación de US$ 222 millones.
El contrato de concesión con H2Olmos SA no permitía ser modificado antes de los tres años de concesión, DL N°1012, pese a ello se modifica en diciembre del 2010 y en el 2012, con el fin de que Odebrecht pueda adquirir tierras.
Gasoducto del Sur: El 23 de julio del 2014, el Estado firmó el contrato de este proyecto con la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht Latinvest y Enagás por US$ 7’328,654511.00.
“ProInversión otorgó la buena pro al consorcio Gasoducto Peruano del Sur con una propuesta económica mayor en US$ 136 millones que el postor que se descalificó por razones judiciales, lo que fue considerado por la Contraloría como un perjuicio económico al Estado”, refiere.