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MEDIA COLUMNA
Sin querer queriendo
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Dijeron que no había tiempo para debatir un tema tan técnico.
Que detener la ruptura de la cadena de pagos que está paralizando la economía y
que ha causado ya la quiebra de 169 empresas constructoras, de un total de 450,
y dejado sin ingresos a 60 mil familias trabajadoras, debería esperar hasta
mediados de marzo.
Pero en la sesión conjunta de las comisiones de Economía y
Justicia convocada para hoy por la bancada del gobierno, a Fuerza Popular no le
quedó más remedio que debatir lo que no quería considerar y pretendía postergar.
Se vio atrapada por la fuerza de los hechos. La presión de la
opinión pública, escandalizada de la penosa declaración de Fuerza Popular de
que no debatiría el tema sino hasta el comienzo de la legislatura en marzo, obligó
a Fuerza Popular a entrar en materia a su pesar. Tan notorio fue su cambio de ánimo
que, hacia el final de la reunión, se felicitaba con entusiasmo de haber hecho 26
o 27 aportes para ser incorporados al proyecto del Ejecutivo.
Con ello, demostró sin querer queriendo que su oposición ocasionalmente
es constructiva.
Lamentablemente, no fue esto lo que quedó en primer plano, sin
embargo. A lo largo de las horas del debate, Fuerza Popular no cesó de cada
cierto tiempo de reincidir en su actitud negativa al verse obligada a opinar
sobre lo que no quería opinar. Sus aportes al cabo parecieron entonces malhumoradas
anotaciones a pie de página antes que, como pudo ser, gestos de respeto y generosidad
no con el gobierno sino con el país, sus trabajadores y sus empresas.
Al cabo, Fuerza Popular terminó imponiendo su parálisis.
Obtuvo un plazo de treinta días adicionales de espera para evaluar temas tan
técnicos. Lo gracioso, si no h¿fuera por las nuevas quiebras que ocurrirán en
ese plazo- es que terminaron pidiendo lo que era el plan B de la ministra desde
el principio.
Lo que quedó en claro hoy, entonces, es que Fuerza Popular no
ha aprendido la lección de los eventos recientes que produjeron la quiebra de
su mayoría absoluta. Como comenta José Quesada, va a ser imposible verla organizar
por segunda vez la vacancia de la Presidencia mientras colabora al mismo tiempo
con el gobierno en detener la destrucción de la economía.
Son cosas incompatibles.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
El congresista Kenji Fujimori, haciendo uso de su cuenta de
Twitter, expresó su respaldo a la ministra de Economía, Claudia Cooper, y
emplazó a Fuerza Popular a debatir con premura la propuesta del Gobierno.
“La búsqueda de solución al D.U. 003 por
el MEF es evidente en entrevista de hoy en El Comercio. Fuerza
Popular indica que ‘no tiene tiempo’ para el análisis, pero cuando se trata de
la Ley Mordaza la ejecutan en 24 horas”, recalcó.
Tras esto, Kenji Fujimori pidió a su ex bancada ponerle un alto al
“obstruccionismo”.
En el Congreso se viene dando una sesión
conjunta de las comisiones de Justicia y Economía para analizar el nuevo proyecto de ley que
reemplazaría al D.U. 003, el mismo que vence mañana.
Fuerza Popular ha sostenido que no ve
viable que el Legislativo apruebe la norma sino hasta marzo al ser un proyecto muy
técnico y complejo.
El Comercio
Jaime de Althaus entrevista a Claudia
Cooper, ministra de Economía
— Los bancos dieron a conocer que no le prestarían a
las empresas que forman parte del ‘club de la construcción’, y si tampoco le
prestan a las consorciadas, entonces la consecuencia es que se para toda la
obra pública y privada y eso tendría un efecto dominó en la economía,
colapsaría la economía nacional. ¿Esto es un escenario posible si no se aprueba
el proyecto de ley que sustituye al D.U. 003?
Sí, claro, esta es una crisis en el
sector real de la economía. La inversión pública es uno de los principales
motores del crecimiento y es ejecutada en gran medida por estas empresas que
hoy están en el famoso ‘club de la construcción’. Entonces lo que les ocurre a
los bancos es que enfrentan un riesgo que no conocen, porque las empresas que
empiezan a entrar en cuestionamiento empiezan a sufrir medidas cautelares,
tanto de la autoridad tributaria como de los propios procuradores o los
fiscales. Entonces, el banco no sabe si la empresa va a seguir existiendo en el
corto plazo y, por lo tanto, como no conoce el riesgo, no le presta. Además,
toda la obra pública requiere de cartas-fianza y, obviamente, una empresa que
está en quiebra no puede cumplir con la obra y entonces le ejecutan la
carta-fianza. Se nos podría parar la inversión pública. Los proyectos que hoy
día tenemos en cartera con todas las empresas que están cuestionadas son casi
30 mil millones de soles. Esto es, claramente, una crisis grave.
— Bueno, por eso han enviado este proyecto al Congreso,
pero Miguel Torres ha dicho que ya no hay tiempo para verlo y que el Gobierno
lo ha sacado a último momento porque estaría coludido con Odebrecht para que
venza el plazo del 003, y entonces puedan vender y sacar sus dineros al exterior…
A ver, la preocupación de que
Odebrecht pueda vender sus activos la compartimos Congreso y Ejecutivo. Yo, en
eso, estoy completamente de acuerdo con él. Lo de la colusión… acá no hay nada
de colusión. Hay más de 10 mil millones de soles en exposición bancaria a estas
empresas, hay trabajadores de estas empresas que tienen créditos en los bancos,
y hay proveedores que tienen créditos en los bancos, entonces el riesgo es
múltiple. No es tan fácil como simplemente decir que quiebren, porque acá sí tenemos
un efecto sistémico en el sector real de la economía. Lo que hay que garantizar
es que esas empresas no se sigan complicando. Hay que castigarlas, eso me queda
clarísimo, pero de ahí a quebrarlas, no parece sensato, ¿no?
— Pero, entonces, ¿van a sacar este proyecto de ley por
decreto de urgencia?
No hemos tomado la decisión todavía.
Tenemos un menú de opciones y todavía tenemos unos días. El lunes [hoy] estoy
yendo al Congreso, a las comisiones de Economía y Justicia. Este es un tema en
el que hemos estado trabajando Congreso y Ejecutivo todo el año; el mismo
Congreso ha enviado dos proyectos de ley, o sea, no es que el tema sea nuevo.
El último proyecto de ley que enviaron, nosotros lo observamos porque nos
parecía que comprometía el crecimiento de la economía.
— Ahora, Miguel Torres ha dicho que dicten una medida
de urgencia, pero que la Comisión de Economía del Congreso va a revisar
técnicamente el proyecto de ley recién en marzo. Entonces, puede darse el caso
de que el gobierno saque la ley por decreto de urgencia y después el Congreso
examine el proyecto de ley y lo cambie, y entonces se genera una incertidumbre
muy grande...
Totalmente de acuerdo, esa es la
razón por la que queríamos ir al Congreso, para llegar a los consensos
necesarios, para que estas cosas no cambien en el tiempo. Necesitamos que la
norma tenga predictibilidad, porque si vamos a sacar una norma que después se
va a cambiar en tres meses, en realidad nadie se va a mover. Lo peor que puede
haber para una economía es la incertidumbre. Yo espero lograr acuerdos en el
Congreso el lunes [hoy] y estoy dispuesta a ir las veces que sea necesario.
— Ahora, el 003 ni acumuló reparación civil, ni logró
evitar la ruptura de la cadena de pagos ni que se paralicen varios proyectos;
tampoco se ha podido vender nada. ¿Cómo se resuelve eso ahora?
Mira, hay cosas en las que sí
funcionó. La cadena de pagos no se rompió del todo. Considera que cuando
empiezan a aparecer los problemas de Odebrecht, ninguna entidad pública pagaba
nada. Este decreto habilitó que empezaran a hacerse los pagos de la obra
pública, porque las entidades se sintieron respaldadas. También evitó que
Odebrecht venda sin pagar reparación civil. Tuvo deficiencias, sí, porque la
reparación civil se hubiera podido recaudar más rápido. Con este proyecto que
hemos mandado, hemos corregido, y entonces tenemos una posibilidad mucho más
grande de obtener una reparación civil mucho más rápido, que Odebrecht venda y
que las empresas sigan siendo predecibles y que continúe la obra pública, que es
lo que más nos importa, ¿no?
— El 003 falló en parte porque cada institución se
mandó por su lado, no ha habido una estrategia unificada del Estado. ¿Cómo se
resuelve eso?
Eso se resuelve fijando las reglas
más claramente en el proyecto. Si la Sunat tiene que embargar, lo hará contra
el fideicomiso, en el caso del procurador también. No va a venir una medida
cautelar impredecible. Entonces el banco sabrá si la empresa es prestable o no
porque tendrá una idea clara de cuáles van a ser sus flujos y qué riesgo está
enfrentando. Fijamos para las empresas un mecanismo de retención en un
fideicomiso para un probable pago de reparación civil. Es una suerte de
impuesto a esas empresas que van a tener que dejar de ganar utilidades para
poner en ese fideicomiso. Eso las hace predecibles a los bancos, porque estos
van a saber cuánto es el dinero que finalmente va a caer en la empresa.
— De acuerdo, pero el tema de cómo se va a fijar la
reparación civil es clave, porque si se establecen montos de reparación civil
gigantescos como el que ha establecido el procurador solo para tres proyectos
de Odebrecht, entonces esto va a fracasar rotundamente.
No necesariamente. En primer lugar,
el proyecto también establece que se debe tener y explicitar una metodología
para el cálculo de esa reparación civil, en función de estándares
internacionales, lo cual la hará más predecible. En segundo lugar, este
proyecto establece un mecanismo de retención a cuenta de esa futura reparación
civil [que la establece el juez, no el procurador] e impide que se embarguen
temas adicionales a la empresa, con lo cual hace predecibles los flujos de la
empresa. Ahora, el daño que estas empresas le han hecho al Perú, en términos de
PBI nomás, es infinito.
— ¿No habría que demandar, más bien, a Brasil ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya para exigirle una reparación
económica? Porque eso fue una política de Estado…
Yo creo que eso se lo tienes que
preguntar a la canciller.
— Ahora, ¿esto del fideicomiso no es algo que pueda,
digamos, trabar las decisiones en las empresas? Porque ahí se transfieren todos
los activos, incluso el stock, los insumos, todo...
No, no se transfiere todo. Tú puedes
poner o activos o flujos, uno o el otro, pero no tienes que poner todo, la idea
es que vayas llenando el fideicomiso hasta que llegues al monto en que se ha
estimado que podría ser la reparación civil en el futuro, fijada por el juez. Y
la idea es que los montos del procurador y del juez sean lo más parecidos
posibles. Por eso estamos tratando que el procurador fije su metodología.
— Se crea la colaboración eficaz de las empresas…
Sí, se incentiva la colaboración
eficaz. Aquella empresa que concuerde con el fiscal que va a hacer un proceso
de colaboración eficaz va a tener menos retenciones. Entonces, incentiva mucho
a la colaboración eficaz. Con el D.U. 003 el que confesaba terminaba quebrado.
— El propio presidente del Poder Judicial ha dicho que
lo importante es castigar a los corruptos más que cobrar una reparación civil.
En IIRSA Sur el procurador ha puesto una reparación civil enorme que no se
puede pagar con los peajes. Ni siquiera se va a poder mantener esa carretera,
es absurdo…
Claro, matas a la empresa y no cobras
nada. Ahí tenemos toda esta discusión sobre la independencia de la
procuraduría, que es lo que empieza a crear estos problemas. El procurador
tiene que ver que la reparación civil pueda cobrarse. Y mientras más rápido se
cobre, mejor. Si nosotros habilitamos las ventas de Odebrecht, el dinero va a
entrar ya, pues el Estado retiene 50% de la venta.
— Con todo esto, me imagino que las expectativas de
crecimiento del país van a ser menores.
No, todavía nosotros no hemos bajado
nuestra proyección. Si esto funciona no tendríamos por qué crecer menos.
Tenemos interesantes proyectos mineros que vienen este año: Toromocho,
Michiquillay, Quellaveco... Tenemos obra pública creciendo a casi 20%. En enero
ha sido 17% en términos reales. Los indicadores nos dicen que podríamos crecer
perfectamente a 4%, si estas cosas funcionan y si cerramos el tema político,
por
lo menos llegar a un entendimiento mínimo.
Expreso
Utilizaremos
diesel mientras el Gasoducto se convierte en quimera
César
Gutiérrez
Ha
pasado más de un año desde que el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) abortó
por falta de cierre financiero, consecuencia de los problemas judiciales del
grupo Odebrecht en el caso Lava Jato.
Múltiples
han sido los anuncios del gobierno sobre un nuevo proceso de competencia, para
retomar la construcción que en términos físicos ha tenido un 10% de avance
desde el optimismo del ex ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne, que
decía que en un mes estaba lanzado el concurso, al más mesurado de la ex ministra
de Energía y Minas y hoy canciller Cayetana Aljovín, que anunciaba que a
inicios de este año se convocaba, hasta el mensaje mucho más aterrizado del
actual director ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñeco, que menciona el 2019
como la nueva fecha. Yo afirmo que es muy probable que ni se licite antes del
Bicentenario.
El
tema está muy enredado. Más allá de las disputas entre los miembros del
consorcio -Odebrecht, Enagas y Graña y Montero- que se libran en Indecopi y la
Cámara de Comercio de Lima, están en camino procesos arbitrales: de Odebrecht
contra el Estado, invocando un tratado bilateral entre el Perú y Luxemburgo, y
de Enagas contra el Estado por la liquidación del valor contable neto de los
bienes, que inexorablemente irá al Ciadi. Estos procesos arbitrales durarán
aproximadamente tres años, cualquier avance que se haga del proyecto tendrá
condicionales derivados de ellos.
Mientras
tanto, las dos centrales existentes en el Nodo Energético del Sur (NES), que
suman 1,440 Megavatios (MW), operarán utilizando diesel, cuyo costo por unidad
de energía generada es cinco veces lo que se
incurriría con gas natural. A estas alturas, ya no hay duda alguna de
que a partir del 2020 se necesitará operar estas centrales y su abastecimiento
a gas no tiene otra alternativa que el GSP. Es falaz la afirmación de que se
puede hacer con camiones de gas licuado llevado desde la Planta de Licuefacción
de Pampa Melchorita.
A los
críticos que decían que el NES era inútil, la realidad les responde. No solo se
le necesitará a partir del año 2020, sino que han operado a diesel todo el año
2017.
Gran
pérdida de tiempo en debates desinformados y decisiones de gobierno
desacertadas que nos empieza a pasar la
cuenta.
Expreso,
EFE
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desveló hoy su plan de
infraestructuras para generar inversiones de 1,5 billones de dólares y recortar
significativamente las regulaciones actualmente vigentes.
El plan establece que una sola agencia del Gobierno tendrá el "liderazgo" en la evaluación de un proyecto de infraestructuras y será la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su
viabilidad, según indicaron a la prensa altos funcionarios de la
Casa Blanca, que pidieron el anonimato.
Según detallaron, el nuevo plan busca crear un proceso bautizado como "una agencia, una decisión", en el que habrá una agencia que tendrá el liderazgo y trabajará con otras para tomar una "decisión colectiva" y evitar que, como ocurre actualmente, diferentes actores
se posicionen de manera distinta sobre un proyecto.
De esa forma, si Trump consigue convencer al Congreso, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) no podrá evaluar el impacto medioambiental de un proyecto de forma independiente.
"Gran parte del problema, actualmente, es que las reglas y las restricciones del Gobierno federal obstaculizan la construcción”.
Sobre todo, Trump busca acortar significativamente las deliberaciones, de forma que el Gobierno pueda otorgar a las empresas los permisos de construcción con un
proceso de evaluación de 21 meses y un plazo de solo tres meses para procesar los permisos.
El plan de infraestructuras, además de acabar con regulaciones, busca impulsar una inversión de 1,5 billones de dólares.
De esos 1,5 billones, 200.000 millones de dólares serán fondos federales que el gobernante pedirá al Congreso durante los próximos diez años, según la Casa Blanca.
En primer lugar, Trump quiere gastar 100 mil de esos 200 mil millones en inversiones a nivel local, de forma que el Gobierno pueda dar un empujón final de financiación a aquellos estados o localidades a los que les quede muy poco para completar un proyecto de infraestructuras.
Además, el Gobierno quiere dedicar 20 mil millones de dólares a expandir su actual programa de préstamos y bonos a empresas privadas con el que actualmente se financian actividades para la renovación de infraestructuras de transporte y de agua, entre otros.
El Ejecutivo también quiere invertir 50.000 millones de dólares en infraestructuras en zonas rurales.
Y también otros 20 mil millones en "programas transformadores", que plasmen una "visión de futuro" y sirvan para "construir las infraestructuras del próximo siglo", según altos funcionarios.
Por último, Trump pedirá al Congreso 10.000 millones de dólares para mantener las instalaciones del Gobierno.
Como resultado, a través de modificaciones en otras partidas del presupuesto federal, el Gobierno financiará con 200 mil millones de dólares casi el 14 % de la reconstrucción de la infraestructura, mientras los otros 1,3 billones (el 86% restante) serán asumidos por entidades estatales, locales y el sector privado.
La Casa Blanca defendió esa proporción de gasto y consideró que el Gobierno federal debe ser un "jugador menor" en el plan. Demócratas y republicanos están de acuerdo en la necesidad
de invertir en la red de infraestructura, pero los desacuerdos se sitúan en la proporción de la financiación.
Trump presentó hoy su plan para reconstruir la infraestructura de EEUU con 1.5 millones de millones de dólares. Es “el plan más grande y atrevido", dijo a gobernadores y alcaldes en la Casa Blanca. "La gente de las áreas rurales se ha quedado atrás", argumentó.
Expreso
Tras estabilizarse
el martes y el miércoles, el Dow Jones volvió a bajar el jueves y, aunque
finalmente repuntó el viernes, en conjunto la semana acabó con una caída en
Wall Street de casi 5,2%.
Los analistas explicaron el descenso por el informe de desempleo del viernes pasado.
El mercado leyó que el ajuste monetario previsto por la FED podía acelerarse, y sospechó la posibilidad de que la FED llevara a cabo cuatro alzas de la tasa de interés en lugar de tres a lo largo de 2018.
La próxima reunión de la Fed está prevista para el 20 y el 21 de marzo.
Expreso
Nueva York, 12 feb (EFE).- Un avance de 1,64 % en el Dow Jones de
Industriales indica que Wal Street estaría estabilizándose luego de su peor
semana en dos años.
Mientras tanto, el oro avanzaba hasta los 1.327,30 dólares la
onza y el dólar perdía terreno.
Los analistas creen que la sesión del viernes y la de hoy
representan una corrección ante los descensos luego de los fuertes avances
de las últimas semanas, con once récords en el Dow Jones en lo que va de año.
Expreso
Sídney (Australia), 12 feb (EFE).- El ministro australiano de
Comercio, Steve Ciobo, y su colega peruano, Eduardo Ferreyros,
firmaron hoy en Camberra un tratado de libre comercio que eliminará
casi la totalidad de los aranceles entre ambos países.
El acuerdo, sellado en la embajada de Perú en la capital
australiana, "será beneficioso para ambos países", declaró Ferreyros
tras la ceremonia.
El ministro peruano destacó que ambas naciones "creen que la
liberalización del comercio, bienes, servicios e inversiones es
una herramienta" para "disminuir la pobreza y avanzar".
Australia subrayó que el acuerdo con Perú ofrece un "acceso histórico
al mercado".
Cuando el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia (Pafta, por
sus siglas en inglés) entre plenamente en vigor dentro de cinco
años, el 99 por ciento de los productos australianos estarán exentos
de aranceles, y Australia eliminará el 93 por
ciento de los aranceles a la entrada de los productos
peruanos.
Entre los aspectos destacables están las inversiones de las
empresas de servicios mineros, equipos y tecnología para este sector
y la exportación de servicios como la educación, dado que el Perú
reconocerá los títulos universitarios australianos, además de una
gama de servicios financieros y legales.
El fin de las negociaciones de este acuerdo, que duraron siete
meses y que aún debe ser ratificado por ambos países, fue anunciado
en noviembre en la cumbre del Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC) celebrado en Vietnam.
Australia y Perú ya tuvieron en 2016 un intercambio comercial de 443
millones de dólares, un crecimiento del 51,2 por ciento respecto al
año anterior.
Expreso
Washington, 12 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald
Trump, adelantó hoy que va a aplicar "un impuesto recíproco" a las
importaciones de otros países que se "aprovechan" de Estados Unidos.
"Van a oír de ello durante la semana y los próximos meses", dijo en un
Encuentro con gobernadores y alcaldes de EE.UU. en la Casa Blanca.
Señaló que algunos de esos países “son considerados aliados pero no
son aliados en el comercio".
"No podemos continuar dejando que… nos impongan tremendos
aranceles e impuestos y nosotros no les cobramos nada”, indicó.
Las palabras del presidente estadounidense se producen en un
momento clave en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), entre Canadá, México y EEUU".
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
Expreso
Washington, 12 feb (EFE).- La promesa del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, de rebajar el gasto en materia de asuntos
exteriores se vio reflejada hoy en un recorte en la
propuesta de presupuesto del Departamento de Estado.
La reducción presupuestaria de la cartera de Exteriores ronda el
32 %, lo que supondrá un recorte de 17.831 millones de dólares en el
presupuesto del año fiscal 2019.
En caso de que el Congreso apruebe la propuesta, el recorte
tendría una especial resonancia en la Agencia para el Desarrollo
Internacional (Usaid), que pasaría de
recibir 1.633 millones dólares en 2017 a 1.377 millones en
2019.
Pese al recorte, cabe señalar un aumento significativo en los
"fondos para el desarrollo y el apoyo económico", que tras recibir
4.673 millones de dólares en 2017, percibirán 5.063 millones en 2019.
De esta partida, 515,9 millones de dólares irán destinados a
hacer frente "al impacto de las organizaciones criminales
internacionales" en Latinoamérica, frente a los 361 millones de
2017.
En el caso de Colombia, el país cafetero recibirá 100 millones de
dólares para financiar programas estables que ayuden a "implementar
una paz sostenible". Este monto supone una reducción significativa con respecto a la
partida destinada a Colombia en el presupuesto de 2017, cuando la
cantidad fue de 180 millones de dólares.
En cambio, México (20,3 millones de dólares) y Perú (20
millones) recibirán en 2019 asistencia para combatir el narcotráfico
en la región, lo que supone un gasto nuevo con respecto al anterior
presupuesto cuando ninguno de los dos países recibió ayuda alguna.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz,
criticó que en el Congreso se esté alistando un nuevo pedido de vacancia contra
el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
En entrevista con el diario
"Trome", la primera ministra afirmó que "al presidente solo se
le puede juzgar por determinadas acciones y esta declaratoria de incapacidad
moral permanente de una manera no sustentada, sin bases, sin fundamento, es un
atropello a la democracia".
Cabe anotar que las bancadas de
Frente Amplio y Nuevo Perú vienen promoviendo una segunda moción de vacancia
contra PPK por sus
presuntos vínculos con el Caso Odebrecht.
Mercedes
Aráoz señaló que no hay fundamento para, a partir
de esa información, pedir la vacancia de Kuczynski. "Si quieren evaluarlo
y juzgarlo, esperemos que termine [su mandato] el 2021 y ahí la fiscalía podrá
hacer sus intervenciones y el Poder Judicial, someterlo a juicio como debe ser,
dentro del debido proceso", expresó.
Sobre las bancadas de izquierda
que promueven la vacancia, la jefa del Gabinete dijo que su pedido es "por
venganza, porque sacó el indulto" a Alberto Fujimori. Sobre Fuerza
Popular, que ha señalado que apoyaría una moción de vacancia por corrupción,
dijo que se "sienten que pueden estar perdiendo parte de su bancada".
"Esas posiciones me parecen egoístas y que no tienen ni al Perú ni al
pueblo en un primer lugar", cuestionó.
Mercedes
Aráoz también se refirió al primer vicepresidente
de la República, Martín Vizcarra, y dijo creer que él, al igual que ella, renunciaría
y no asumiría la presidencia en caso PPK sea vacado por el Congreso.
La primera ministra remarcó su
posición a favor del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. Sin
embargo, indicó que este "no deja de reconocer la culpabilidad"
del condenado ex presidente. Aráoz Fernández explicó que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre "si se
cumplieron los procedimientos que ellos habían dado como instrucción para los
casos de La Cantuta y Barrios Altos, donde nosotros reconocemos la
culpabilidad".
El Comercio
Distintas voces de la bancada fujimorista han señalado
su abierta oposición a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) que requiere al
Congreso archivar la investigación contra cuatro vocales del Tribunal
Constitucional (TC).
La congresista Karina Beteta indicó a este Diario que
el Parlamento no debería acatar lo resuelto por el tribunal de San José. “Lamentamos
la injerencia de la Corte IDH”,
afirmó.
El congresista Héctor Becerril dijo que “lo único que ha traído” la Corte IDH son daños económicos y
morales. Por ello, planteó renunciar a su competencia.
Esta tarde, la Junta de Portavoces del Congreso
sesionará para emitir un pronunciamiento. La postura que adopte el fujimorismo
es clave por ser la agrupación mayoritaria. Oficialmente, Fuerza Popular no ha
adelantado qué posición llevará.
El Comercio
El portavoz de la bancada aprista Jorge
del Castillo afirmó que no
cumplir el fallo de la Corte IDH no “supondría mucho” para el país.
“No cumplir el fallo no supone mucho tampoco, supone
una crítica al país de un sector, pero creo que Colombia no cumplió un fallo
determinado. ¿Y qué pasó? Nada, nadie puede decir que Colombia no es un país
democrático y respetable”, señaló. “Por
lo que he escuchado de expertos, parece que no hay mayores consecuencias en
caso de no cumplir”, enfatizó.
Asimismo, el legislador cuestionó un eventual fallo que
ordene revocar el indulto humanitario a Alberto Fujimori. “Creo que un retorno
de Fujimori a prisión movería el ambiente político y si ya está movido, lo
movería peor”, manifestó.
Respecto a la moción de vacancia del Frente Amplio, Del Castillo criticó que
esta agrupación esté presentando “una moción por mes” y afirmó que existen
“arreglos” entre esta bancada y el fujimorismo. Del Castillo dijo no entender cómo Fuerza Popular podría
darle sus votos al Frente Amplio cuando esta bancada “con la otra mano” quiere
que Alberto Fujimori regrese a prisión.
