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MEDIA COLUMNA
¿Alguien manda en el
Vraem?
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Nadie ha preguntado
quién va a reemplazar a Vega Loncharich en la jefatura de operaciones de la
Policía en el Vraem.
La atención de la
prensa está en la investigación del Lobo, el “escuadrón de la muerte”, la
supuesta banda parapolicial que habría cometido violaciones de derechos humanos.
Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.
Las proyecciones del
asunto no son de poca monta. Mauricio Mulder ha señalado que podrían llegar
hasta el propio Ollanta Humala, de aplicarse en su caso la autoría mediata.
En segundo y
tercer plano, en lo que a medidas contra la inseguridad se refiere, hay cuestiones
logísticas del sector: cuántos generales debe haber en la Policía, y qué hacer
con los patrulleros que más que inteligentes resultaron descerebrados.
Nadie pregunta quién
será el jefe de las operaciones de la Policía en el Vraem.
Como se sabe, en el
Vraem la Policía lucha solo contra el narcotráfico, no puede hacerlo contra el
terrorismo. También las Fuerzas Armadas tienen la manos atadas, solo luchan contra el terrorismo, no contra el narcotráfico. Esta separación
artificial y nociva ha creado un estado de cosas intolerable.
Tampoco la política
de interceptación de narcoavionetas se aplica, a pesar de que está vigente la
ley que la aprobó.
Esta es la clase de
escenario disfuncional que -como vimos muchas veces en el pasado- desemboca en la violación
de los derechos humanos.
El país sigue sin
tomar en serio la lucha contra el narcoterrorismo, que es uno solo.
Por lo tanto, tampoco
avanza la lucha contra la inseguridad y la corrupción, directamente vinculadas
al narcotráfico. Inseguridad y corrupción es lo que el narcotráfico genera deliberadamente proveyendo las armas y el dinero para crear el caos funcional a sus operaciones.
El síndrome complejo
del narcoterrorismo con corrupción y delincuencia organizada es uno solo, y
no cuatro frentes distintos. La tarea del gobierno es abordarlo como tal.
Pero el narcotráfico
ni siquiera fue mencionado en el mensaje presidencial.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
La República
Los detalles han sido
brindados en este diario y otros medios: existe una denuncia sobre la actuación
de un escuadrón de la muerte en la PNP que fue ingresada a la Inspectoría de
dicha institución. Los posibles asesinados son por lo menos dieciocho presuntos
delincuentes, en cinco operativos policiales que transcurrieron entre 2012 y
2014. Las cifras reales son mayores, quizá mucho mayores, pero lo dicho es lo
formalizado hasta ahora por la Inspectoría de la PNP. ¿Qué hicieron después la Policía,
el Ministerio del Interior, el Ministerio Público? Es lo más asombroso del
asunto.
La denuncia fue hecha por
el comandante de la PNP Franco Moreno Panta. No era un neófito, porque pertenecía a
la División de Investigación Criminal. La narración, con pelos y señales, fue
escuchada por el entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP,
general Alfredo Basilio, el 29 de enero del 2015. Dos semanas después, fue
nombrada una Comisión Especial, a cargo del coronel PNP Edgar Aybar. La
comisión viajó a distintas ciudades en las que se reportaron hechos. Sus
primeras indagaciones comprobaron lo denunciado en un nivel preliminar. En las
matanzas habría participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de
oficiales superiores. Varios generales tendrían responsabilidad, al menos por
negligencia. Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales
implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial, la
instancia correspondiente para oficiales de ese nivel.
Todo esto ocurrió en los
primeros meses del 2015. Hace pocos días, luego de que La República difundiera el Informe de Inspectoría,
el ministro del Interior del gobierno saliente, José Luis Pérez Guadalupe, fue
interrogado al respecto, en Sin Medias Tintas, de Latina. Ante una pregunta de Aldo Mariátegui dijo:
—Yo recién me he enterado.
Esa respuesta refleja una
segunda dimensión de la gravedad del caso. ¿Cómo así una investigación que
involucra a varias fiscalías, a ochenta suboficiales y 16 oficiales —sin contar
a los generales, que nunca fueron indagados— queda fuera de la atención de un
ministro del Interior por tanto tiempo? Los siguientes hechos dan una pauta.
El 31 de agosto del 2015,
tras recibir el informe de la Comisión Aybar, el Tribunal de Disciplina
Policial (TDP), que procesa a generales de la PNP, decidió devolver el
expediente a Inspectoría. No aceptó que se hablara de “probables
responsabilidades de generales”; quería precisión y claridad. La
Sala de Primera Instancia que
resolvió así estaba presidida por Henry Ávila, quien había sido viceministro de
Derechos Humanos y era, a la sazón, coordinador de la Comisión Nacional
Anticorrupción.
Sin embargo, la lectura
del informe Aybar dejaba con la boca abierta al más incrédulo. En cinco
operativos desarrollados en Lima, Chincha y Lambayeque, bajo el liderazgo del
comandante PNP Raúl Prado Ravines, cuerpos combinados de la policía
abatieron a supuestos delincuentes creando
falsos escenarios de enfrentamiento, con presupuesto de los órganos de
inteligencia de la PNP y el Ministerio del Interior, y autorizados por
oficiales superiores y generales que jamás estuvieron presentes ni
supervisaron. Los operativos fueron realizados sin fiscal. Las supuestas
víctimas o no estaban presentes o habían sido apalabradas por los policías. Los
testigos negaban enfrentamientos, las pericias desmentían el fuego cruzado.
Desde luego, faltaba investigar más. Documentos sobre nuevos hechos no habían
llegado de algunas dependencias policiales.
Aún peor: el 29 de junio
del 2015, luego de que el informe Aybar fuera presentado a la superioridad,
hubo una nueva matanza: cinco delincuentes fueron muertos a
balazos en la
avenida Ramiro Prialé, cuando supuestamente se dirigían a robar un grifo de las
inmediaciones. Prado los coordinaba, el comando policial apareció en el lugar
para bendecir la acción. Pero Luis Laos, un vendedor de cometas recibió tres
disparos, sobrevivió y pudo contar la verdad de lo que
sucedió.
Después de que el Tribunal
de Disciplina Policial se negara a investigar a los generales, se produjo una
vuelta de tuerca en la Inspectoría de la PNP. En mayo del 2016 Edgar Aybar
preparó un proyecto de resolución para dar de baja a 97 policías que su
investigación comprometía. El documento fue encarpetado, y el propio Aybar
reemplazado. El coronel PNP Belermino Vásquez pasó a ser jefe de la Comisión
Especial. En junio, el instructor del caso, comandante José García Cjuiro,
nombrado por Aybar en marzo de 2016, renunció a continuar investigando. Hizo el
tardío descubrimiento que era compañero de promoción de Raúl Prado, el
principal incriminado. Vásquez declaró compleja la indagación y dispuso
prolongarla. En realidad la congeló.
Llegados hasta aquí se
revela incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado.
Una situación de esta naturaleza requería una actuación rotunda, fulminante,
del encargado del sector. Como la que anunció la noche del domingo el ministro
Carlos Basombrío: en diez días, el Ministerio del Interior hará público un
informe interno. Pero Pérez Guadalupe ha dicho que no sabía.
Habría que concluir que no
fue informado por el general Jorge Flores Goicochea, nombrado
director general de la PNP el 11 de marzo del 2013. Dejó el cargo a fines de
agosto del 2015, para convertirse en viceministro de Orden Interno hasta hace
unos días. ¿Por qué no le informó al ministro? ¿O sí lo hizo? Este es un punto
crucial, porque un funcionario que haya ocultado actos delictivos de esta
naturaleza, o rehusó actuar ante los mismos, puede incurrir en delitos…
(…)
En el Ministerio Público y
el Ministerio del Interior se produjeron ayer decisiones que darían un vuelco a
la investigación de los supuestos asesinatos de
delincuentes a manos
de fuerzas combinadas de la policía.
El fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez, confirmó a este diario que los casos serán investigados por una
fiscalía especializada en Crimen Organizado, que tiene un alcance
supranacional. Hasta el momento los casos eran vistos por la 35 Fiscalía
Provincial Penal, a cargo de José Ulloa. Sánchez dijo que la decisión se tomó
en vista de la gravedad de las denuncias. Hoy, adelantó, sería designado
el fiscal encargado de la investigación.
Por otra parte, al cierre
de esta edición, el Ministerio del Interior alistaba una resolución para
nombrar una Comisión Investigadora que
tendría algunos miembros externos al portafolio. El ministro Carlos Basombrío
ha ofrecido resultados en diez días.
Peru21
El
congresista aprista Mauricio Mulder demandó una profunda investigación de
las denuncias periodísticas que dan cuenta de la presunta existencia de un
‘escuadrón de la muerte’ al interior de la Policía Nacional para ejecutar
extrajudicialmente a delincuentes. Agregó que, por este tema, Ollanta
Humala podría
ser denunciado por crímenes de lesa humanidad.
Mulder
señaló que este debe ser uno de los primeros temas a tratar en la nueva
Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, por una
comisión especial de investigación.
“Que
se vea realmente quiénes son las personas que cayeron en este tipo de
operativos y que se aclare que no solo fueron operativos para justificar el uso
de dinero de la DINI, lo cual sería un caso de corrupción adicional. Hay
que ser prudentes”, puntualizó.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Peru21
El
premier Fernando Zavala expresó el martes sus disculpas a la presidenta del
Congreso, Luz Salgado, por las declaraciones del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien, en el diario El País, de España,
mostró su intención de “jalarse” a unos 30 congresistas que postularon por
Fuerza Popular por “prebendas”.
“El
primer tema de la agenda fue extender mis disculpas; entiendo que una
publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas. Ya el
presidente señaló, catégoricamente, que no es parte de la política de gobierno
ninguna posibilidad de crear divisionismo. Vine a presentar mis disculpas a los
congresistas por esa publicación que no reflejó lo que piensa este gobierno”,
indicó Zavala al culminar
la reunión.
Según
puntualizó, por “indicaciones claras” del presidente Kuczynski, una de sus
funciones principales como premier será “buscar los puentes para lograr
políticas consensuadas con el Congreso”.
En
declaraciones a la prensa, Luz Salgado dijo que recibieron las disculpas del
primer ministro y recalcó que no se puede permitir que se afirme que los
parlamentarios ingresaron a un partido por “prebendas”.
El Comercio, editorial
La disposición poco protocolar con la que
Pedro Pablo Kuczynski se ha estrenado en su rol de presidente de la República
le ha reportado hasta ahora algunas simpatías entre la población, pero también
ciertos costos políticos que no se puede dar el lujo de asumir.
Una cosa es, en efecto, insinuar pasos de
baile en medio de circunstancias finalmente festivas o cubrirse la cabeza con
un pañuelo durante una ceremonia mientras le consiguen una gorra para
protegerse del sol. Y otra, muy distinta, prestar declaraciones de naturaleza
política en las que expresa la intención de aprovechar el interés por las
‘prebendas’ que pudiera existir en los integrantes menos comprometidos de la
bancada de Fuerza Popular para ‘jalárselos’ a la suya. Porque, por más que
luego él mismo y otros voceros del gobierno hayan querido sostener que lo “interpretaron
mal”, eso fue exactamente lo que sugirió en la entrevista que concedió días
atrás al diario español “El País”.
A una pregunta sobre los problemas de un
gobierno en minoría y la eventual colaboración que pudiera esperar del
fujimorismo, Kuczynski respondió lo siguiente: “No todos los 73 congresistas de
la bancada fujimorista son miembros del partido; habrá como 30 que se subieron
al carro creyendo que ella [Keiko Fujimori] ganaba y que recibirían una
prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta
es ‘jalarse’ a algunos de esos”.
Decir que determinados congresistas se
subieron al carro del fujimorismo a la espera de prebendas es la inequívoca
descripción de una partida de aventureros políticos. Y ‘jalarse’ a alguien
(sobre todo con el enclítico ‘se’ final) no tiene el sentido de atraerlo por la
vía de los argumentos, como pretende ahora el oficialismo, sino el de
incorporar, por la vía de la oferta tentadora, a un jugador o miembro de otro
equipo, al propio. Máxime cuando eso es entendido, además, como un gesto
‘egoísta’. Es decir, que ha de beneficiar a quien habla (en este caso al nuevo
presidente) en perjuicio de alguien más (en este caso, Fuerza Popular).
Eso lo sabe y lo comprende cualquier hablante
competente del castellano con el que nos comunicamos cotidianamente los
peruanos. Y tratar de persuadirnos de que no se dijo lo que se dijo –como
invariablemente hacen los políticos cada vez que desbarran en sus expresiones–
es solo ahondar el problema.
Reflexión aparte merece, por otro lado, el
que fuesen precisamente esos presuntos parlamentarios sedientos de prebendas
los que se señalase como apetecibles para el enrolamiento. Eso es, sin
coartadas posibles, un guiño al peor de los transfuguismos.
En realidad, todo indica que PPK fue una vez
más víctima de lo que él considera una forma ‘casual’ de hablar. La misma que
le hizo decir durante la campaña que Verónika Mendoza no había hecho nada en
“su perra vida” o que lo más probable es que el hijo de un ratero sea “ratero
también”, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. O la que lo movió a convocar a
los trabajadores de Doe Run a una marcha de protesta hasta el Congreso, cuando
ya era presidente electo… para luego, cuando resultó evidente que la iniciativa
era un despropósito, afirmar: “Eso fue un decir nada más”.
El problema, no obstante, es que ni como
candidato presidencial ni como presidente electo sus palabras podían ser
tomadas como ‘un decir’. La gente, más bien, tendió a asimilarlas como el
anuncio de un estilo o de acciones concretas una vez que asumiera el poder, y
en esa medida tuvieron un costo para él.
¿Cuánto más grave será, entonces, que ahora
haya dicho lo que dijo ya como mandatario en funciones?
Por eso, en lugar de tratar de echarle la
culpa al prójimo con la tesis de la mala interpretación, lo que tendrían que
hacer desde el oficialismo es ofrecer disculpas, asimilar que las palabras del
presidente tienen ahora un valor distinto y empezar a dispensarlas con el
cuidado que corresponde a quien ha asumido una responsabilidad tan grande.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Entrevista
a Guido Aguila, presidente del CNM.
—El
plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski propone, entre otras cosas, una
reforma en el sistema de justicia. ¿Se debe hacer?
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.
—Gino
Costa, congresista de PPK, ha sido uno de sus mayores críticos. Él propone, por
ejemplo, una recomposición del CNM.
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…
—¿Qué
cambios se deben hacer en el CNM, a su juicio?
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.
—Pero
ustedes ratificaron a Quispe como consejero. Si la ciudadanía no presionaba, no
lo hubieran vacado. Esa es la impresión.
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.
—Pero
aun así lo hicieron. ¿Quispe los puede denunciar? ¿Presentar, tal vez, un
recurso de amparo?
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.
(…)
—En diciembre,
nombraron a cinco magistrados supremos. Sin embargo, entre ellos se escogió a
un juez [Ángel Romero] que fue personero del Apra y a un fiscal [Tomás Gálvez]
que era investigado por peculado.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.
(…)
El Comercio
Justicia: una nueva oportunidad
Javier de Belaunde
Hoy nadie duda de que un sistema de justicia
confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La
democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio
responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de
un sistema de justicia que funcione razonablemente.
No obstante avances recientes, nuestra
justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente
funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y
cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un
estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que
atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia
comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y
predecible.
Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es
una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de
transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso
entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar
los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino
la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y
eficaz.
Hace más de una década, la Comisión Especial
para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el
Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y
legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas
conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos,
poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones
sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.
En una década la reforma de la justicia ha
entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos
coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones
apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas
modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada
en la reparación de los derechos fundamentales.
Este pacto es necesario. Pone la reforma
judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura.
Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores
comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y
el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de
abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder
Judicial a la cabeza.
Pero como la Defensoría del Pueblo
oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la
reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de
instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el
Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y
operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias
previamente consensuadas.
El Congreso tiene un rol imprescindible en la
generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la
formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos
presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).
Pero más allá de ello, el cambio de gobierno
constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano,
el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando
autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y
metas precisas.
