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miércoles, 10 de agosto de 2016

ESTA NOCHE miércoles 10 agosto 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Efecto globo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El nuevo ministro de Defensa, Mariano González, ha hecho, como quien no quiere la cosa, revelaciones importantes en reciente entrevista con el director del diario Expreso, Antonio Ramírez.

Ha reiterado en primer lugar los ruidos correctos que repiten ritualmente todos los nuevos ocupantes de esa cartera. A saber, que darán su respaldo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los “remanentes senderistas” en el Vraem.

En efecto, las Fuerzas Armadas luchan contra el terrorismo en el Vraem, pero están impedidas de hacerlo contra el narcotráfico (mientras la Policía hace lo opuesto). Conociendo el hecho, el sagaz periodista preguntó acto seguido al Ministro si acaso esos “remanentes senderistas” no están unidos al narcotráfico.

La respuesta es de la mayor importancia: “el nexo que hay entre el narcotráfico y el terrorismo es muy cercano y yo creo que el problema hoy no es solo el Vraem… tenemos otro problema en la zona del Putumayo, donde algunos grupos vinculados a las FARC están ingresando”. Precisa el Ministro que, “cuando se desactiva un grupo como este (las FARC) en un lado, busca otro lugar donde reubicarse y, por la información que tenemos, sabemos que ya han ido haciendo de manera creciente su ingreso por el Putumayo”.

En el argot, a esto se le ha dado en llamar el “efecto globo”.

En otras palabras, las políticas antidroga del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia nos están echando encima a las FARC vinculadas al narcotráfico, que no van a firmar ningún acuerdo de paz con el gobierno colombiano.  

Circunstancialmente, el ex presidente colombiano Alvaro Uribe publicó, también hoy,  en el tweeter una información tomada -por Colombia Think Tank- de un presunto Informe de Inteligencia Policial dirigido a la mesa de las negociaciones de paz de Colombia con las FARC, en La Habana.

Según esta información, “del total de 55 cabecillas narcotraficantes de las FARC, 30 están requeridos en extradición por EEUU”. Indica que las FARC ejercen hoy el control del negocio del narcotráfico por medio “de 73 estructuras (60% de un total de 122) –ubicadas en 18 departamentos y 98 municipios (de Colombia)- en áreas de cultivo, producción y tráfico internacional”.

Para dar una idea de la magnitud del “negocio”, la información precisa que, para producir un kilo de cocaína hace falta una tonelada de hoja de coca, que esa tonelada se vende en 500 dólares en la selva y ese kilo de cocaína en 150 mil dólares en EEUU.

¿Qué hace el Perú al respecto?

¿Está considerando el Ministro dejar de lado la separación artificial entre terrorismo y narcotráfico, que obliga a las Fuerzas Armadas y a la Policía a luchar con las manos atadas? ¿Se prepara acaso el Ministro para negociar con EEUU la necesidad de aplicar en el Perú la ley aprobada por el Congreso que ordena interceptar las narcoavionetas? Decisiones políticas como esas permitirían devolver el “efecto globo” hacia el otro lado.  

“Estamos preparando con el Comando Conjunto unas acciones que, como usted comprenderá, por razones de inteligencia y de seguridad nacional, no pueden expresarse abiertamente”, es la respuesta del titular de la cartera.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el compromiso de reducir el déficit fiscal a 1,8% del PBI en el 2017 es “exagerado”, por lo que planteó que esa cifra sea de 2,5% para el 2017.
Con ello, se propone obtener -“liberar”, es el término- S/ 5.000 millones para financiar el gasto público.
En conferencia de prensa, el titular del MEF, Alfredo Thorne, indicó que la última cifra de junio indica que el déficit fiscal es de 3,2% y que se le quería imponer al nuevo gobierno bajarlo a 1,8% el 2017 y a 1% el 2018.
"El compromiso del MEF será reducir el déficit a 1% en el 2021”, dijo. Toda otra cosa “podría sacrificar nuestro débil crecimiento", precisó.
Thorne enfatizó que los S/.5.000 millones adicionales permitirán trabajar cuatro prioridades: agua y saneamiento, salud, educación y seguridad.
Anunció un grupo multidisciplinario, de varios ministerios, para que la formalidad de la Población Economícamente Activa (PEA) llegue a 60% en el 2021.



El Comercio
Los flujos de capitales hacia los mercados emergentes mostraron alto crecimiento durante julio, según Credicorp Capital.
María Eugenia Díaz, asociada senior de Research Renta Fija de Credicorp Capital, dijo que en las últimas cuatro semanas llegaron a los mercados emergentes US$14,4 mil millones, lo que representa el 71,5% de los ingresos netos en el 2016.
¿Qué factores están motivando el regreso de los capitales a los países emergentes?
La analista de Credicorp Capital dijo que factores favorables a Perú han ayudado, y que los bancos centrales de los países desarrollados presenten políticas monetarias expansivas impulsando las tasas de interés a la baja.
“El retraso en el alza de la tasa de la FED ha motivado un escenario atractivo para nuevas emisiones de deuda. En Latinoamérica, las emisiones al 25 de julio ya eran el 73% del monto esperado para el cierre de 2016”, señaló.
¿Cuánto durará este escenario?
Díaz dice que Credicorp espera que durante el mes de agosto el mercado se “tranquilice”. Díaz llamó a tener en cuenta que la atención seguirá puesta en las decisiones de la Fed (se reúne en setiembre).



El Comercio
El candidato republicano Donald Trump anunció que si gana las presidenciales de noviembre en Estados Unidos recortará impuestos, eliminará reglamentaciones y liberará el sector energético para "forzar" el arranque de la economía estadounidense. "Quiero forzar el arranque de Estados Unidos", dijo. 
Esbozó una seria de políticas que, sostuvo, animarán la economía estadounidense.
Mencionó una drástica reducción a 15% del impuesto a las empresas que actualmente es de 35%; una medida que ya había sugerido en setiembre para detener la tendencia de grandes corporaciones a trasladar sus casas matrices a países en donde pagan menos impuestos.
También dijo que impondría un impuesto de 10% a los miles de millones de dólares "que las empresas estadounidenses tienen estacionados en el exterior". Ese impuesto, las estimulará a que repatrien ese dinero, dijo.
Los impuestos a las rentas personales también serán reducidos, dijo Trump. La tasa más alta de impuesto a la renta sería de 33% contra el 39,6% actual. 
El programa incluye otras propuestas reclamadas desde el campo conservador, como la supresión del impuesto a las herencias. Ese gravamen actualmente se aplica a toda herencia de más de 5,45 millones de dólares.
Otra propuesta es permitir deducir de impuestos todos los gastos en los niños.
Donald Trump prometió "cortar masivamente las regulaciones" y especialmente quitarle el "ancla" que lastra a las pequeñas empresas.
Trump renovó su rechazo a los tratados de libre comercio (TLC). "Hillary Clinton ha apoyado los acuerdos comerciales que hicieron perder a esta ciudad (Detroit) y a este país, sus empleos y sus riquezas", afirmó en alusión al TLC firmado en 1993 con Canadá y México por Bill Clinton. "No habrá cambios con Hillary Clinton; solo cuatro años más de Obama", advirtió. Clinton, dijo, ofrece lo mismo: "más impuestos, más regulaciones, más burócratas, más restricciones a la energía estadounidense”.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio, Bloomberg)
Las ideas de Donald Trump pueden enumerarse en cuatro títulos principales: impuestos, regulación, energía y comercio.
Cuando dice que se deberían simplificar los impuestos, tiene razón; cuando dice que la carga regulatoria es mayor de lo que debería ser, tiene razón. También está en lo cierto cuando dice que esta lenta recuperación ha dejado muchos heridos.
Trump propone simplificar el sistema tributario reduciendo la cantidad de bandas del impuesto a la renta de siete a tres, además de bajar las tasas de impuestos personales y reducir a 15% la de las empresas, y eliminar el gravamen inmobiliario. Su propuesta de tasas impositivas personales de 12%, 25% por ciento y 33% son más altas de lo que había sugerido anteriormente, pero aun así, con cierta reducción de las deducciones tributarias y el final del vacío legal sobre participación diferida (ambas buenas ideas, por cierto), la pérdida de ingresos sería sustancial.
Las rebajas de impuestos son algo fabuloso: fomentan el esfuerzo y la inversión. Pero reducciones impositivas permanentes requieren de reducciones de gasto permanentes, y en ese tema Trump no tiene casi nada que decir. Una propuesta tributaria que reduce fuertemente el ingreso sin considerar las consecuencias para el gasto no resuelve nada.
En cuanto a la regulación, minimizar la carga regulatoria sobre las empresas requiere de una minuciosa justificación y un adecuado diseño. Trump dice que va a cortar “masivamente” las regulaciones, empezando con una moratoria de nuevas regulaciones. Una reforma regulatoria inteligente tiene que manejarse caso por caso.
Su posición en materia de energía propone abandonar las políticas “anti-energía” del gobierno de Barack Obama sin tener en cuenta cómo esto podría aumentar las emisiones de carbono y de otros contaminantes.
Como coronación, está el comercio exterior. Trump amenaza con eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no puede renegociarlo a su gusto; promete deshacer el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido como TPP, por sus siglas en inglés)  y dice que aplicará aranceles punitivos a China. Estas medidas podrían destruir las cadenas de abastecimiento de las cuales dependen las empresas estadounidenses y subir los precios a los consumidores estadounidenses.



El Comercio, AFP
Chavimochic III, un megaproyecto de irrigación de US$ 620 millones al norte del Perú, puede paralizarse a fin de este mes, dijo su empresa constructora. La información fue confirmada a la AFP por la filial en Perú de la brasileña Odebrecht, a cargo de la obra, junto con la local Graña y Montero.
Según explicaron, desde que ganaron la licitación en diciembre 2013, no han recibido el terreno para la construcción del canal madre del proyecto de irrigación de valles agrícolas.
"Hacia fines de agosto, llegaremos a una situación en que no se puede continuar ejecutando obras. No porque no tengamos la disposición, sino porque el contrato no nos permite seguir en la ejecución. Tenemos que entrar en un proceso de paralización", dijo director de inversiones de Odebrecht, Alfonso Pinillos.
Sin los terrenos a disposición, la única forma de continuar, según Odebrecht, es con una adenda al contrato.
La modificación fue solicitada en junio al Ministerio de Economía del gobierno saliente de Ollanta Humala, pero se rechazó. Ahora quedó en manos del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Con Chavimochic en marcha, a fines de 2018, las exportaciones agroindustriales aumentarían en US$1.200 millones de dólares al año, según el Banco Central.



El Comercio
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, dijo que una de las prioridades del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) será avanzar en el proceso de formalización de los mineros de Madre de Dios.
Precisó que en Madre de Dios se ha conformado un grupo de trabajo en el que participan Ambiente y Energía y Minas. 
Zavala no mencionó si el Ejecutivo es partidario de eliminar los decretos 1100 y 1105 promulgados en el gobierno de Ollanta Humala, que prohíben el uso de dragas en la pequeña minería y establecen diferencias entre la actividad informal y la ilegal.
Quien sí se pronunció al respecto fue el legislador oficialista Pedro Olaechea, quien consideró anoche en Canal N que los referidos decretos “no han funcionado” en Madre de Dios.
“[Los decretos] se hicieron para que no hubiera minería. Hay una especie de histeria antiminera y ‘sobrehisteria’ ambientalista que han terminado destruyendo la minería y el medio ambiente. Vamos a tener que revisar”, destacó Olaechea.



El Comercio
Al 2021, el Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) apunta a duplicar el flujo turístico internacional a 7 millones de pasajeros y a generar US$70.000 millones en exportaciones. Para concretar estos objetivos, Eduardo Ferreyros, flamante titular del Mincetur, lanzó un conjunto de medidas que definirán los 100 primeros días de su gestión. 
1. Lanzamiento de un manual de obras por impuestos. 
Con este documento se busca acortar la brecha de infraestructura del sector y atraer capital privado, ya sea bajo este mecanismo o las asociaciones público-privadas (APP). “Una de las cosas que nos gustaría desde el Mincetur hacer mediante APP es una marina turística para el flujo de cruceros”, dijo Ferreyros.
Para la Cámara de Turismo (Canatur) la medida es positiva porque permite sumar mayores recursos. “Hay que recordar que el Estado asigna solo el 0,3% del presupuesto nacional a un sector que genera un 4% del PBI”, comentó Freddy Gamarra, presidente del gremio.
2. Creación de un programa de apoyo a la formalización del turismo. 
En línea con el objetivo de gobierno de reducir la informalidad, el Mincetur implementará un programa que ofrecerá capacitación en servicios turísticos, manejo de incentivos promocionales, capacitación en atención al cliente, entre otros. “Estamos priorizando localidades”, apuntó el ministro. “Las medidas orientadas a reducir la informalidad se tienen que aplaudir. Pero después de la capacitación propuesta tiene que existir una certificación y evaluación”, consideró Bartolomé Campaña, presidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). A ello, agregó la Canatur, se podrían sumar otros incentivos que eleven la competitividad entre empresas.
3. Lanzamiento de un programa de fondos concursables para proyectos regionales. 
El Mincetur anunció que los fondos estarán dirigidos a empresas y gobiernos regionales que presenten planes de desarrollo turístico. Se lanzará el fondo Turismo Emprende, con recursos por S/10 millones, que buscará generar 100 emprendimientos al 2021 para financiar iniciativas como Turismo Rural Comunitario, Al Turista lo Nuestro, De mi Tierra un Producto, entre otras. 
4. Elaboración de cronograma de trabajo para mejorar infraestructura turística. 
En coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se anunciarán plazos para la ejecución de obras como, por ejemplo, el mejoramiento de aeropuertos regionales. “Queremos tener aeropuertos regionales que sean sólidos y puedan servir para realizar vuelos interregionales”, destacó.
 “Sin duda, se debe priorizar el aeropuerto Jorge Chávez así como los terminales regionales de Talara, Jaén y Jauja. Ello debe ir de la mano del desarrollo de mayor infraestructura hotelera”, apuntó el representante de la CCL.
5. Anuncio de la concesión del operador internacional que gestione el Centro de Convenciones de Lima. 
Se apunta a convocar un operador de talla mundial para fomentar grandes eventos corporativos en el país y fortalecer el turismo de convenciones. “Esto permitirá generar un movimiento económico de unos S/95 millones solo con la llegada de turistas corporativos [en los primeros tres años]”, anticipó Ferreyros. A la par, se trabajará en la búsqueda y desarrollo de un recinto ferial de amplias dimensiones.
Además de hilvanar cuidadosamente esta nueva demanda con el factor de ocupabilidad hotelera, desde la CCL opinaron que no se debe descuidar el despegue del turismo de convenciones en más regiones del país. “Y en cuanto a impulsar ferias, hay que mirar las posibles áreas, que ofrezcan además de dimensiones, un fácil acceso”, apuntó el líder de la Canatur.
6.  Incorporación de la defensoría del exportador. 
Se buscará atender en forma rápida y efectiva –además de sistémica– las quejas del rubro exportador, en coordinación con los sectores que corresponda. 
7. Nueva Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 2.0. 
La idea es interconectar las operaciones de comercio exterior entre entidades públicas involucradas en esa actividad para disminuir la burocracia. “En una segunda etapa, vamos a internacionalizarnos, vamos a conseguir la interoperabilidad con sistemas similares a la VUCE en otros países. Vamos a comenzar este proyecto con los socios de la Alianza del Pacífico”, agregó Ferreyros.
8. Incorporación del programa Agro-Perú.
Esta iniciativa, coordinada con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el Servicio de Sanidad Agraria (Senasa), apuntará a levantar las barreras sanitarias y permitir el acceso de más productos peruanos al exterior. “Tenemos que lograr el acceso de uvas frescas a Japón, paltas frescas a Corea, arándanos a China, Japón y Corea”, ejemplificó el ministro. Anotó que se integrará al sector privado para determinar qué mercados priorizar. 
9. Culminación del estudio de factibilidad necesario para un acuerdo comercial con la India. 
Antes de 30 días se tendrá listo este documento que acercará aun más el ingreso a un mercado de 1.200 millones de habitantes. 
También se trabajará en poner en vigencia el TLC con Honduras así como el acuerdo ampliado con Brasil. “Ahora hemos trabajado un acuerdo que además de bienes, incluirá servicios, inversiones, compras gubernamentales”, indicó. 
 “En el caso del acuerdo con la India, para evitar problemas en partidas enormemente sensibles, hay que tener cuidado con lo que se negocia”, advirtió David Lemor, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). “La India tiene diferencias con el Perú en cuanto al modelo económico, subsidios, aranceles”, agregó el dirigente.
10.  Ampliación del seguro de crédito a los envíos de las pymes.
Se atenderán las operaciones de posembarque además de las de preembarque, ya cubiertas en la actualidad. “Con esto se mejorará el capital de trabajo de las empresas exportadoras”, destacó el titular del Mincetur.

11. Nuevo programa de apoyo a la internacionalización (PAI) de empresas.
La iniciativa fortalecerá, promoverá e incentivará el proceso de internacionalización de las pymes. “Queremos ampliar sus posibilidades para que accedan a nuevos mercados”, precisó. En una primera etapa, el programa contará con S/25 millones del Fondo Mipyme, que se entregarán mediante concurso público. Se busca beneficiar a unas 200 pymes dedicadas a la exportación en los siguientes cuatro años.

martes, 2 de agosto de 2016

ESTA NOCHE martes 2 agosto 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
¿Alguien manda en el Vraem?  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Nadie ha preguntado quién va a reemplazar a Vega Loncharich en la jefatura de operaciones de la Policía en el Vraem.

La atención de la prensa está en la investigación del Lobo, el “escuadrón de la muerte”, la supuesta banda parapolicial que habría cometido violaciones de derechos humanos. Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.

Las proyecciones del asunto no son de poca monta. Mauricio Mulder ha señalado que podrían llegar hasta el propio Ollanta Humala, de aplicarse en su caso la autoría mediata.

En segundo y tercer plano, en lo que a medidas contra la inseguridad se refiere, hay cuestiones logísticas del sector: cuántos generales debe haber en la Policía, y qué hacer con los patrulleros que más que inteligentes resultaron descerebrados.

Nadie pregunta quién será el jefe de las operaciones de la Policía en el Vraem.

Como se sabe, en el Vraem la Policía lucha solo contra el narcotráfico, no puede hacerlo contra el terrorismo. También las Fuerzas Armadas tienen la manos atadas, solo luchan contra el terrorismo, no contra el narcotráfico. Esta separación artificial y nociva ha creado un estado de cosas intolerable.

Tampoco la política de interceptación de narcoavionetas se aplica, a pesar de que está vigente la ley que la aprobó.

Esta es la clase de escenario disfuncional que -como vimos muchas veces en el pasado- desemboca en la violación de los derechos humanos.   

El país sigue sin tomar en serio la lucha contra el narcoterrorismo, que es uno solo.

Por lo tanto, tampoco avanza la lucha contra la inseguridad y la corrupción, directamente vinculadas al narcotráfico. Inseguridad y corrupción es lo que el narcotráfico genera deliberadamente proveyendo las armas y el dinero para crear el caos funcional a sus operaciones.

El síndrome complejo del narcoterrorismo con corrupción y delincuencia organizada es uno solo, y no cuatro frentes distintos. La tarea del gobierno es abordarlo como tal.

Pero el narcotráfico ni siquiera fue mencionado en el mensaje presidencial.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



La República
Los detalles han sido brindados en este diario y otros medios: existe una denuncia sobre la actuación de un escuadrón de la muerte en la PNP que fue ingresada a la Inspectoría de dicha institución. Los posibles asesinados son por lo menos dieciocho presuntos delincuentes, en cinco operativos policiales que transcurrieron entre 2012 y 2014. Las cifras reales son mayores, quizá mucho mayores, pero lo dicho es lo formalizado hasta ahora por la Inspectoría de la PNP. ¿Qué hicieron después la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público? Es lo más asombroso del asunto.
La denuncia fue hecha por el comandante de la PNP Franco Moreno Panta. No era un neófito, porque pertenecía a la División de Investigación Criminal. La narración, con pelos y señales, fue escuchada por el entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP, general Alfredo Basilio, el 29 de enero del 2015. Dos semanas después, fue nombrada una Comisión Especial, a cargo del coronel PNP Edgar Aybar. La comisión viajó a distintas ciudades en las que se reportaron hechos. Sus primeras indagaciones comprobaron lo denunciado en un nivel preliminar. En las matanzas habría participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de oficiales superiores. Varios generales tendrían responsabilidad, al menos por negligencia. Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial, la instancia correspondiente para oficiales de ese nivel.
Todo esto ocurrió en los primeros meses del 2015. Hace pocos días, luego de que La República difundiera el Informe de Inspectoría, el ministro del Interior del gobierno saliente, José Luis Pérez Guadalupe, fue interrogado al respecto, en Sin Medias Tintas, de Latina. Ante una pregunta de Aldo Mariátegui dijo:
—Yo recién me he enterado.
Esa respuesta refleja una segunda dimensión de la gravedad del caso. ¿Cómo así una investigación que involucra a varias fiscalías, a ochenta suboficiales y 16 oficiales —sin contar a los generales, que nunca fueron indagados— queda fuera de la atención de un ministro del Interior por tanto tiempo? Los siguientes hechos dan una pauta.
El 31 de agosto del 2015, tras recibir el informe de la Comisión Aybar, el Tribunal de Disciplina Policial (TDP), que procesa a generales de la PNP, decidió devolver el expediente a Inspectoría. No aceptó que se hablara de “probables responsabilidades de generales”; quería precisión y claridad. La Sala de Primera Instancia que resolvió así estaba presidida por Henry Ávila, quien había sido viceministro de Derechos Humanos y era, a la sazón, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la lectura del informe Aybar dejaba con la boca abierta al más incrédulo. En cinco operativos desarrollados en Lima, Chincha y Lambayeque, bajo el liderazgo del comandante PNP Raúl Prado Ravines, cuerpos combinados de la policía abatieron a supuestos delincuentes creando falsos escenarios de enfrentamiento, con presupuesto de los órganos de inteligencia de la PNP y el Ministerio del Interior, y autorizados por oficiales superiores y generales que jamás estuvieron presentes ni supervisaron. Los operativos fueron realizados sin fiscal. Las supuestas víctimas o no estaban presentes o habían sido apalabradas por los policías. Los testigos negaban enfrentamientos, las pericias desmentían el fuego cruzado. Desde luego, faltaba investigar más. Documentos sobre nuevos hechos no habían llegado de algunas dependencias policiales.
Aún peor: el 29 de junio del 2015, luego de que el informe Aybar fuera presentado a la superioridad, hubo una nueva matanza: cinco delincuentes fueron muertos a balazos en la avenida Ramiro Prialé, cuando supuestamente se dirigían a robar un grifo de las inmediaciones. Prado los coordinaba, el comando policial apareció en el lugar para bendecir la acción. Pero Luis Laos, un vendedor de cometas recibió tres disparos, sobrevivió y pudo contar la verdad de lo que sucedió.
Después de que el Tribunal de Disciplina Policial se negara a investigar a los generales, se produjo una vuelta de tuerca en la Inspectoría de la PNP. En mayo del 2016 Edgar Aybar preparó un proyecto de resolución para dar de baja a 97 policías que su investigación comprometía. El documento fue encarpetado, y el propio Aybar reemplazado. El coronel PNP Belermino Vásquez pasó a ser jefe de la Comisión Especial. En junio, el instructor del caso, comandante José García Cjuiro, nombrado por Aybar en marzo de 2016, renunció a continuar investigando. Hizo el tardío descubrimiento que era compañero de promoción de Raúl Prado, el principal incriminado. Vásquez declaró compleja la indagación y dispuso prolongarla. En realidad la congeló.
Llegados hasta aquí se revela incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado. Una situación de esta naturaleza requería una actuación rotunda, fulminante, del encargado del sector. Como la que anunció la noche del domingo el ministro Carlos Basombrío: en diez días, el Ministerio del Interior hará público un informe interno. Pero Pérez Guadalupe ha dicho que no sabía.
Habría que concluir que no fue informado por el general Jorge Flores Goicochea, nombrado director general de la PNP el 11 de marzo del 2013. Dejó el cargo a fines de agosto del 2015, para convertirse en viceministro de Orden Interno hasta hace unos días. ¿Por qué no le informó al ministro? ¿O sí lo hizo? Este es un punto crucial, porque un funcionario que haya ocultado actos delictivos de esta naturaleza, o rehusó actuar ante los mismos, puede incurrir en delitos…
(…)
En el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se produjeron ayer decisiones que darían un vuelco a la investigación de los supuestos asesinatos de delincuentes a manos de fuerzas combinadas de la policía.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a este diario que los casos serán investigados por una fiscalía especializada en Crimen Organizado, que tiene un alcance supranacional. Hasta el momento los casos eran vistos por la 35 Fiscalía Provincial Penal, a cargo de José Ulloa. Sánchez dijo que la decisión se tomó en vista de la gravedad de las denuncias. Hoy, adelantó,  sería designado el fiscal encargado de la investigación.
Por otra parte, al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior alistaba una resolución para nombrar una Comisión Investigadora que tendría algunos miembros externos al portafolio. El ministro Carlos Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.



Peru21
El congresista aprista Mauricio Mulder demandó una profunda investigación de las denuncias periodísticas que dan cuenta de la presunta existencia de un ‘escuadrón de la muerte’ al interior de la Policía Nacional para ejecutar extrajudicialmente a delincuentes. Agregó que, por este tema, Ollanta Humala podría ser denunciado por crímenes de lesa humanidad.
Mulder señaló que este debe ser uno de los primeros temas a tratar en la nueva Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, por una comisión especial de investigación.
“Que se vea realmente quiénes son las personas que cayeron en este tipo de operativos y que se aclare que no solo fueron operativos para justificar el uso de dinero de la DINI, lo cual sería un caso de corrupción adicional. Hay que ser prudentes”, puntualizó.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
El premier Fernando Zavala expresó el martes sus disculpas a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por las declaraciones del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien, en el diario El País, de España, mostró su intención de “jalarse” a unos 30 congresistas que postularon por Fuerza Popular por “prebendas”.
“El primer tema de la agenda fue extender mis disculpas; entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas. Ya el presidente señaló, catégoricamente, que no es parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Vine a presentar mis disculpas a los congresistas por esa publicación que no reflejó lo que piensa este gobierno”, indicó Zavala al culminar la reunión.
Según puntualizó, por “indicaciones claras” del presidente Kuczynski, una de sus funciones principales como premier será “buscar los puentes para lograr políticas consensuadas con el Congreso”.
En declaraciones a la prensa, Luz Salgado dijo que recibieron las disculpas del primer ministro y recalcó que no se puede permitir que se afirme que los parlamentarios ingresaron a un partido por “prebendas”.



El Comercio, editorial
La disposición poco protocolar con la que Pedro Pablo Kuczynski se ha estrenado en su rol de presidente de la República le ha reportado hasta ahora algunas simpatías entre la población, pero también ciertos costos políticos que no se puede dar el lujo de asumir.
Una cosa es, en efecto, insinuar pasos de baile en medio de circunstancias finalmente festivas o cubrirse la cabeza con un pañuelo durante una ceremonia mientras le consiguen una gorra para protegerse del sol. Y otra, muy distinta, prestar declaraciones de naturaleza política en las que expresa la intención de aprovechar el interés por las ‘prebendas’ que pudiera existir en los integrantes menos comprometidos de la bancada de Fuerza Popular para ‘jalárselos’ a la suya. Porque, por más que luego él mismo y otros voceros del gobierno hayan querido sostener que lo “interpretaron mal”, eso fue exactamente lo que sugirió en la entrevista que concedió días atrás al diario español “El País”.
A una pregunta sobre los problemas de un gobierno en minoría y la eventual colaboración que pudiera esperar del fujimorismo, Kuczynski respondió lo siguiente: “No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido; habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella [Keiko Fujimori] ganaba y que recibirían una prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es ‘jalarse’ a algunos de esos”.
Decir que determinados congresistas se subieron al carro del fujimorismo a la espera de prebendas es la inequívoca descripción de una partida de aventureros políticos. Y ‘jalarse’ a alguien (sobre todo con el enclítico ‘se’ final) no tiene el sentido de atraerlo por la vía de los argumentos, como pretende ahora el oficialismo, sino el de incorporar, por la vía de la oferta tentadora, a un jugador o miembro de otro equipo, al propio. Máxime cuando eso es entendido, además, como un gesto ‘egoísta’. Es decir, que ha de beneficiar a quien habla (en este caso al nuevo presidente) en perjuicio de alguien más (en este caso, Fuerza Popular).
Eso lo sabe y lo comprende cualquier hablante competente del castellano con el que nos comunicamos cotidianamente los peruanos. Y tratar de persuadirnos de que no se dijo lo que se dijo –como invariablemente hacen los políticos cada vez que desbarran en sus expresiones– es solo ahondar el problema.
Reflexión aparte merece, por otro lado, el que fuesen precisamente esos presuntos parlamentarios sedientos de prebendas los que se señalase como apetecibles para el enrolamiento. Eso es, sin coartadas posibles, un guiño al peor de los transfuguismos.
En realidad, todo indica que PPK fue una vez más víctima de lo que él considera una forma ‘casual’ de hablar. La misma que le hizo decir durante la campaña que Verónika Mendoza no había hecho nada en “su perra vida” o que lo más probable es que el hijo de un ratero sea “ratero también”, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. O la que lo movió a convocar a los trabajadores de Doe Run a una marcha de protesta hasta el Congreso, cuando ya era presidente electo… para luego, cuando resultó evidente que la iniciativa era un despropósito, afirmar: “Eso fue un decir nada más”.
El problema, no obstante, es que ni como candidato presidencial ni como presidente electo sus palabras podían ser tomadas como ‘un decir’. La gente, más bien, tendió a asimilarlas como el anuncio de un estilo o de acciones concretas una vez que asumiera el poder, y en esa medida tuvieron un costo para él.
¿Cuánto más grave será, entonces, que ahora haya dicho lo que dijo ya como mandatario en funciones?
Por eso, en lugar de tratar de echarle la culpa al prójimo con la tesis de la mala interpretación, lo que tendrían que hacer desde el oficialismo es ofrecer disculpas, asimilar que las palabras del presidente tienen ahora un valor distinto y empezar a dispensarlas con el cuidado que corresponde a quien ha asumido una responsabilidad tan grande.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Entrevista a Guido Aguila, presidente del CNM.
—El plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski propone, entre otras cosas, una reforma en el sistema de justicia. ¿Se debe hacer? 
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.
—Gino Costa, congresista de PPK, ha sido uno de sus mayores críticos. Él propone, por ejemplo, una recomposición del CNM. 
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…
—¿Qué cambios se deben hacer en el CNM, a su juicio? 
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.
—Pero ustedes ratificaron a Quispe como consejero. Si la ciudadanía no presionaba, no lo hubieran vacado. Esa es la impresión. 
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.
—Pero aun así lo hicieron. ¿Quispe los puede denunciar? ¿Presentar, tal vez, un recurso de amparo? 
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.
(…)
—En diciembre, nombraron a cinco magistrados supremos. Sin embargo, entre ellos se escogió a un juez [Ángel Romero] que fue personero del Apra y a un fiscal [Tomás Gálvez] que era investigado por peculado.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.
(…)



El Comercio
Justicia: una nueva oportunidad
Javier de Belaunde
Hoy nadie duda de que un sistema de justicia confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de un sistema de justicia que funcione razonablemente.
No obstante avances recientes, nuestra justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y predecible.
Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y eficaz.
Hace más de una década, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos, poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.
En una década la reforma de la justicia ha entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada en la reparación de los derechos fundamentales.
Este pacto es necesario. Pone la reforma judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura. Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder Judicial a la cabeza.
Pero como la Defensoría del Pueblo oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias previamente consensuadas.
El Congreso tiene un rol imprescindible en la generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).

Pero más allá de ello, el cambio de gobierno constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano, el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y metas precisas.