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MEDIA
COLUMNA
Piel
de cordero
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
Venezuela vuelve a poner sobre la mesa el viejo problema de Allende en
Chile: ¿es posible una revolución comunista en democracia? Con 45 años de
distancia entre sí, la respuesta es categóricamente negativa en ambos casos. Es
más, tenemos que asumir que en ambos casos también la democracia era solo una
piel de cordero con que se disfrazaba el lobo.
Si el experimento abortó en Chile y ha durado décadas en Venezuela es a
causa del factor económico: Venezuela cuenta con un ingreso virtualmente
inagotable de divisas del petróleo mientras en Chile el ensayo se asfixió a sí
mismo económicamente.
Los casos de Correa en Ecuador y de Evo en Bolivia replantean la
interrogante en un terreno un poco distinto, pero no la absuelven de manera
definitiva. En ambos es temprano para pasar juicio sobre el proceso entero,
aunque el intento de manipulación constitucional para la reelección -fallida o
no- es el síntoma inconfundible de la piel de cordero.
Al parecer, nadie lo sabe mejor que el pueblo paraguayo, que ayer tomó
por asalto el Congreso en preventivo rechazo del viejo truco –a fuerza de tanto
repetirlo- del intento inconstitucional de aprobar la reelección
presidencial.
La experiencia de las democracias europeas entre las dos guerras no fue tan
lejana y distinta como puede parecer. La Segunda República española, la República
italiana y la República de Weimar en Alemania pertenecieron a la misma especie.
Democracias disfuncionales, pieles de cordero igualmente, para imponer de
manera solapada el socialismo en Alemania, Italia y España, luego de la
revolución bolchevique en Rusia pocos años antes.
Experimentos calculados o ensayos fallidos –lo mismo da- incubaron trágicamente
el totalitarismo nazi, el fascismo italiano y el autoritarismo franquista.
Para erradicar definitivamente de la historia los golpes de Estado la
clave se halla en estudiar las fallas en la arquitectura institucional de la
democracia que los precedió.
Pieles de cordero no son solo las falsas democracias deliberadamente
instrumentadas para ser derrocadas. Lo son también, involuntariamente, las democracias
de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes, que los lobos acechan.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA,
VENEZUELA, EEUU
La República
Luego que el parlamento
nacional aprobará
con 25 votos un proyecto que habilita
la reelección presidencial en Paraguay,
cientos de ciudadanos salieron a las calles del país a mostrar su
descontento.
Desde la tarde, cientos de
personas comenzaron a llegar a las afueras del Congreso para escuchar la
decisión del Parlamento, tras conocer la votación, los manifestantes rompieron
el vallado policial, y comenzaron una batalla campal.
Los manifestantes
lograron ingresar al edificio parlamentario, donde se encontraban todavía
algunos legisladores rechazando la votación que se dio este viernes que
autorizaba la reelección presidencial. El proyecto tiene que pasar por la
Cámara de Diputados y luego ser enviado al Tribunal Superior de Justicia
Electoral, el cual deberá convocar a un referéndum nacional para aprobar la
reelección.
Este es el resultado
de un pacto entre la izquierda Frente Guasuú y el conservador Partido Colorado. Fernando
Lugo como Horacio Cartes tienen
planes de ser candidatos en las elecciones presidenciales de 2018.
Tras varias horas de
enfrentamiento, el presidente del país Horacio Cartes emitió un comunicado a
través de su cuenta de Twitter, donde condena estos hechos y los tilda de
vandalicos.
El Comercio
El
canciller peruano Ricardo Luna aseguró que el Perú no suscribe la
posición expresada en la declaración de la Unión Suramericana de Naciones
(Unasur) sobre la disolución del Congreso en Venezuela.
“El
comunicado de Unasur, a mi modo de ver, es un paso adelante, pero no es
suficiente. Por eso no lo acompañamos”, expresó el ministro de Relaciones
Exteriores esta noche en diálogo con Canal N.
El
documento – firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay–
sobre Venezuela destaca:
“Hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese
país para el bien de todo el pueblo hermano de Venezuela”.
Ricardo Luna añadió que la postura que asumió el Perú respecto
al país que gobierna Nicolás Maduro representa una “preocupación real, no solo
declarativa ni una inspiración súbita”.
En
nuestro fue el primero de Sudamérica –y hasta ahora el único– en retirar de
forma definitiva a su embajador en Caracas. Además, el presidente Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) aseveró que “condeno la ruptura de la democracia en Venezuela”.
De
otro lado, Ricardo Luna señaló:
“Nunca me ha gustado, cuando estamos viendo crisis reales, utilizarlas para la
proyección de agendas políticas internas. Eso no se ha dado y no se está dando
y eso lo demuestra que nos acompañan 19 países”.
Más
temprano, Maduro negó que en Venezuela haya
una “ruptura del orden constitucional” y aseguró que hay plena vigencia de la
Constitución, a pesar de que Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las
funciones del Parlamento y retiró la inmunidad de los diputados.
El Comercio, editorial
Con mi golpe no te metas
Que lo sucedido esta semana en Venezuela es un golpe de Estado y
que, por lo tanto, el régimen que impera en ese país es una dictadura es un
hecho que ya pocos se atreven a discutir. La admisión de esa circunstancia, sin
embargo, entraña para algunos sectores políticos una incómoda verdad adicional.
A saber, que o bien ellos mismos han sido protagonistas de un ignominioso
episodio similar, o bien han sido cómplices de aquello que ahora se revela como
una tiranía sin coartadas.
Lo primero describe la situación del fujimorismo; lo segundo, la del Frente Amplio y su ex candidata
presidencial Verónika Mendoza.
Por un lado, en efecto, las semejanzas entre
el ‘autogolpe’ perpetrado por Alberto Fujimori en 1992 y el ‘putsch’ de Maduro
son clamorosas. En ambos casos estamos ante un Ejecutivo que avasalla, con
violencia si es necesario, el equilibrio de poderes y a todo tipo de oposición
invocando la emergencia nacional y el interés de la patria, pero sirve en
realidad de paraguas a un proyecto de corrupción y perpetuación en el poder a
cualquier precio.
Y, por el otro, está demasiado fresca la
memoria de la candidata izquierdista contorsionándose ante las demandas de la
prensa para no llamar al régimen chavista y a su patética coda –el gobierno de
Maduro– por su nombre, y ensayando en cambio fórmulas eufemísticas del tipo “no
es una dictadura porque no hubo golpe de Estado” o “en Venezuela se han dado
procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales” para
no chocar con una administración que, a su entender, “ha defendido muy
claramente su soberanía”.
Esa misma sintonía ideológica, por otra
parte, es la que explica que, en agosto del año pasado, mientras cinco bancadas
del Congreso firmaban una moción condenando al gobierno de Maduro por la
“intolerancia política, afectación de la libertad de expresión, violación de
los derechos humanos y la existencia de un régimen autoritario y represivo que ha
llegado al crimen y a la persecución política de la oposición democrática”,
el Frente Amplio presentase
una distinta en la que apenas se animaba a hablar de “una compleja situación
política, económica y humanitaria”.
Es sobre ese penoso trasfondo, pues, que
ahora hay que evaluar los pronunciamientos de esos mismos sectores políticos
acerca de lo ocurrido en Venezuela. En el caso de Fuerza Popular, nos referimos, desde luego, a la declaración de la
presidenta del Congreso, Luz
Salgado, en el sentido de que lo sucedido el 5 de abril de 1992 “tiene
una connotación completamente diferente”, así como a la de su
vicepresidenta, Rosa Bartra,
quien ha sostenido que “no se puede hacer un símil” entre un episodio y el otro
porque el autogolpe fujimorista fue “un capítulo único e irrepetible” (una
fantasía que, por lo demás, es común a los golpistas de todas las latitudes,
frecuentemente persuadidos de que les tocó vivir un trance histórico
singularísimo que los obligó a hacer lo que, de otra manera, habría sido inaceptable).
La verdad, por supuesto, es que lo difícil, o casi imposible, es no hacer el
símil, como demuestra la circunstancia de que la prensa internacional lo haya
planteado de manera sistemática desde ayer.
Enredada en su propio laberinto
terminológico, por otro lado, Verónika Mendoza ha sostenido que “la resolución
del Tribunal de Justicia rompe el equilibrio democrático de Venezuela” (como si
tal cosa hubiese existido antes del reciente manotazo del chavismo) y que “es
hora [...] de relanzar el proceso de transformación social”. Una negación de lo
evidente en la que no han caído otros antiguos dispensadores de indulgencias
para el régimen de Maduro, como la congresista Indira Huilca o el líder de
Tierra y Libertad, Marco Arana, quien ayer admitió por fin que lo que existe en
Venezuela es una dictadura.
Más allá de lo anecdótico, lo que estas
consideraciones revelan en última instancia es lo poco arraigadas que están las
convicciones democráticas en quienes quieren servirse del sistema que las
expresa para llegar al poder. Para ellos, al parecer, todos los golpes son
malos... salvo el propio. Alguien tendría que explicarles que su peculiar afán
totalitario no constituye, en realidad, ninguna excepción.
La República
¿Empieza el Vexit?
Mirko Lauer
Las principales agencias de cable han recibido el cierre de clausura de
la Asamblea Nacional opositora en Venezuela con un cierto grano de sal. En sus
páginas web la noticia no figura tan destacada o dramática como la sentimos en
América Latina, y hay frecuentes comillas para las palabras golpe y dictador.
Evidentemente esos medios nos quieren decir algo.
Quizás el mensaje es que Nicolás Maduro pisoteando derechos de la
ciudadanía ya no es mucha noticia. Es decir que los venezolanos ya venían
golpeados desde hace buen tiempo. El cierre le ha dado forma permanente a una
desconsideración de la mayoría de la Asamblea que empezó el día que la
oposición ganó las elecciones parlamentarias en el 2015.
Sin embargo hay una cuestión de oportunidad. El golpe (pues de eso se
trata, sin comilla alguna) coincide con el paso de 20 países de la OEA a una
actitud de inédita severidad frente a la crisis democrática y humanitaria en
Venezuela. El cierre de la Asamblea es la preparación para una nueva fase de la
cubanización en forma del régimen de Maduro.
Para enfrentar el aislamiento diplomático que se viene, Maduro ahora
precisa terminar de desmantelar las últimas instituciones democráticas, así
como pisar el acelerador del modelo estatista y policial incubado en casi 20
años de chavismo. Lo cual a su vez anuncia nuevos niveles de persecución,
comenzando por los parlamentarios.
Desde un inicio Washington moderó su disgusto frente al chavismo y su
expansión. En parte por ser un cliente del petróleo venezolano. En parte como
táctica frente a la ola de gobiernos de izquierda en la región, dentro de una
estrategia general de no intromisión y perfil bajo. Pronto veremos cuánto ha
variado el peso de estos factores.
La nueva protesta latinoamericana contra Maduro, con perspectivas de
aislamiento diplomático, va a pesar. Pero los problemas más serios del régimen
están todos dentro de la propia Venezuela y en las intolerables condiciones de
vida de su población. Maduro parece convencido de que logrará superarlos con un
ingreso al estalinismo sin atenuantes.
La comparación con el golpe fujimorista, moderado por la OEA, es
esperanzada. La otra comparación posible, mucho más peligrosa, es con la Cuba
de 1962, cuando salió del sistema interamericano.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
A
menos de un mes de haber presentado el proyecto de ley que buscaba regular los
medios de comunicación, las congresistas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona
dieron medio paso atrás. Las parlamentarias de Fuerza Popular presentaron ayer un nuevo
proyecto, el cual retira la figura de una “veeduría ciudadana” y ya no busca
prohibir que investigados por corrupción ocupen cargos en una empresa
periodística.
No
obstante, mantiene la propuesta para que quienes cuenten con sentencia firme
por corrupción no puedan ser directores periodísticos, editores, productores,
miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un
medio. Ello a fin de que “la muerte civil aplicada en el sector público se
replique en los medios de comunicación, los cuales son formadores de opinión”,
según Letona.
La
nueva iniciativa se presenta en medio de una gran controversia generada por la
primera propuesta de Aramayo y Letona. En los últimos días, diversos organismos
locales e internacionales se manifestaron en contra del primer proyecto de ley.
Entre ellos la Defensoría del Pueblo, que consideró que la iniciativa atentaba
“directamente contra derechos y libertades” fundamentales. “Hemos ponderado lo
dicho por la defensoría y, en función a eso, modificamos el proyecto”, reveló
ayer Letona.
Las
modificaciones, sin embargo, no parecen haber sido suficientes para menguar el
rechazo ante el proyecto de ley de control de medios. Si bien la defensoría
prefirió no manifestarse hasta el cierre de esta edición, organismos como el
Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
reafirmaron su posición crítica hacia la propuesta de las congresistas de
Fuerza Popular.
El
presidente del CPP, Bernardo Roca Rey, calificó al nuevo proyecto como “más de
lo mismo”. “Estas congresistas repiten prácticas del Gobierno
Venezolano. Tanto el primer como el segundo proyecto no tienen ni pies ni
cabeza”, recalcó.
En
esa misma línea, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, Roberto Rock, consideró que el nuevo documento también
es una amenaza. “Se mantiene vigente la potestad de que el Estado, de
manera discrecional y por motivos políticos, pueda condenar a alguien que
resulte incómodo”, dijo Rock a El Comercio.
Precisamente,
minutos antes de presentar la nueva iniciativa, Letona se refirió a la
controversia generada a lo largo de la semana.
“Nos
hubiera gustado [que el debate] se dé en el Congreso, donde debe darse la
discusión, y no a través de editoriales. Si algún medio tiene algo que decir
[sobre el nuevo proyecto], que nos remita sus opiniones y las ponderaremos”,
declaró la parlamentaria.
Para
los expertos consultados, los dichos de Letona dan indicios de “la visión
autoritaria” con la que se redactaron ambos proyectos.
Roca
Rey calificó la declaración de Letona como “dichos de antología que serán
incluidos en todos los textos sobre libertad de prensa”. Rock recalcó que “la
falta discusión pública es precisamente lo que pudre a las democracias”.
Algunos,
incluso, agregaron que esta sería una señal de lo que podría darse después de
aprobada la ley. “Aún no se ha dado y ya cree que puede definir qué dicen los
medios y cómo lo dicen”, indicó el ex presidente del CPP Gonzalo Zegarra.
En
la Comisión de Constitución del Congreso deberá debatirse la nueva iniciativa.
El
presidente de la comisión, Miguel Torres (Fuerza Popular), considera que,
después de los cambios, “la iniciativa no vulnera la libertad de expresión”.
Los
constitucionalistas Samuel Abad y Víctor García Toma criticaron el primer
proyecto.Y mientras Abad considera que la segunda iniciativa sigue siendo
inconstitucional, García Toma cree que ya resistiría el test de
constitucionalidad.
¿Qué
dice cada proyecto de ley?
-
Primera iniciativa
Numeral 2,1 del artículo 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales, apoderados u otro cargo análogo en un medio de comunicación personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.
Numeral 2,1 del artículo 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales, apoderados u otro cargo análogo en un medio de comunicación personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.
Numeral
2,3 del art. 2: “La prohibición se extiende a personas investigadas por el
Ministerio Público por la comisión de delitos de corrupción en agravio del
Estado Peruano”.
Artículo
3: “Los ciudadanos ejercen la veeduría en la conducción de los medios de
comunicación para garantizar su derecho a la información neutral, objetiva y
desinteresada que deben ejercer los medios”.
-
Segunda iniciativa
Numeral 2,1 del art. 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.
Numeral 2,1 del art. 2: “No podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado”.
Numeral
2,2 del art. 2: “No podrán ser presidente o miembro del directorio,
accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación las
personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de
corrupción en perjuicio del Estado”.
El Comercio
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se pronunció esta noche en
contra del nuevo proyecto de control de medios, promovido por las congresistas
de Fuerza
Popular Úrsula
Letona y Alejandra Aramayo, advirtiendo el retorno “de prácticas de
intimidación a la prensa y libertad de expresión”.
En
ese sentido, la junta directiva de dicho ente señaló que, pese al rechazo
generado por el primer proyecto, se ha persistido en presentar una nueva
versión de la propuesta, “igualmente contraria al derecho de todo ciudadano a
expresarse e informarse libremente”.
“Nuestra
institución rechaza esta nueva iniciativa que pretende usar como pretexto la
lucha anticorrupción para incorporar un régimen de control de contenidos y
vulnerar derechos amparados por la Constitución”, se indicó a través de un
comunicado titulado “La libertad de expresión y el derecho a informarse
libremente no son negociables”.
Asimismo,
el Consejo de la Prensa Peruana criticó
que el proyecto haya mencionado como premisa “garantizar el derecho a la información
objetiva, veraz, plural y oportuna de la sociedad”, pues lo dicho es lo
suficientemente amplio y subjetivo "como para legalizar la censura".
El
organismo pidió estar alertas a quienes dirigen plataformas digitales, pues
"los bloggeros o youtubers son responsables de sus líneas editoriales y
tanto ellos como los contenidos que trasmiten están bajo el ámbito de
aplicación de la propuesta legislativa".
Finalmente,
el CPP exhortó a Úrsula Letona y a Alejandra Aramayo a retirar el proyecto en
el menor plazo posible.
“En
cualquier caso, invocamos a los miembros de la Comisión de Constitución del
Congreso, presidida por el congresista de Fuerza Popular Miguel
Ángel Torres, a archivarlo”, se pidió.
El Comercio
Un error con nombre
propio
Fernando Rospigliosi
Ante el casi unánime rechazo a su proyecto de ley sobre medios
de comunicación, la congresista fujimorista Úrsula
Letona se
vio obligada a retirarlo. Incluso varios miembros de su bancada habían tomado
distancia de la infeliz iniciativa, al constatar el repudio que suscitaba.
Naturalmente, Kenji Fujimori no desperdició la oportunidad de diferenciarse de la propuesta de una parlamentaria que es muy cercana a su hermana Keiko.
En su habitual medio para comunicarse, el Twitter, Kenji publicó: “‘La libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades’. Alejandro Miró Quesada”. Por supuesto, no es casualidad que citara a un ex director de El Comercio y patriarca de la familia Miró Quesada, probable objetivo del nonato proyecto –3 artículos– de Letona.
Lo esencial de la propuesta era prohibir todo tipo de participación –director, periodista, accionista, etc.– de los investigados o sentenciados “por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado peruano”.
Es decir, bastaría que un fiscal abra una investigación por ese delito a un ciudadano para excluirlo de cualquier tipo de participación en un medio de comunicación.
Así, delincuentes como Gerson Gálvez, ‘Caracol’, o Gerald Oropeza o individuos acusados de violación, narcotráfico o asesinato podrían eventualmente ser directores, periodistas o accionistas de un medio de comunicación. Pero no por ejemplo –este es un nombre escogido completamente al azar– José Graña Miró Quesada, ex presidente de la constructora Graña y Montero (GyM). La procuraduría ha pedido incluirlo en la investigación por la asociación de la empresa que dirigió con Odebrecht, y aunque la fiscalía no ha accedido, eso podría suceder.
Algunos suspicaces, como el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, creían que el proyecto “está vinculado a hechos recientes suscitados en torno a un grupo periodístico conocido” (“Proyecto sobre medios ha nacido muerto”, 29.3.17, “Perú21”).
Lo significativo de este asunto es cómo el fujimorismo, o más propiamente, la facción que dirige Keiko, se enredó con una propuesta que tenía escasas posibilidades de prosperar y que despertaba antiguos fantasmas que le hacen un tremendo daño.
Uno de los lastres más negativos del fujimorismo son los ataques a los medios de comunicación independientes, desde la intervención militar el día del golpe del 5 de abril de 1992 hasta la descarada compra de propietarios y periodistas con dinero robado al Estado, en el Servicio de Inteligencia (SIN) que dirigía Vladimiro Montesinos, pasando por los inmundos insultos de la prensa amarilla a los que osaran criticarlos.
Precisamente en vísperas del aniversario 25 del golpe, no tuvieron mejor idea que suscitar un debate sobre uno de los aspectos más repudiados de la dictadura de la década de 1990.
Sin duda hay resentimientos, expectativas de venganza e influencia de gente con intereses particulares en el asunto. Pero lo revelador es que eso fue más importante que el cálculo político del fujimorismo, que debió haberlos disuadido de presentar una propuesta tan perjudicial para ellos.
Y a propósito de GyM, algunos no ocultan sus deseos de liquidar la empresa. Ese sería un grave error, dice Julio Luque. Sostiene que GyM debe someterse a las investigaciones y recibir sanciones si se comprueba la comisión de delitos, pero:
“GyM es, por una considerable diferencia, la principal y mejor empresa de ingeniería del Perú. Su capacidad para ejecutar proyectos con la más alta calidad y para enfrentar los retos de nuestra complicada geografía con soluciones técnicas innovadoras sigue intacta. Ha funcionado durante décadas como una verdadera escuela de ingeniería, terminando de formar a los profesionales que salían de nuestras universidades.
Pertenece al muy reducido club de empresas nacionales que han logrado competir exitosamente más allá de nuestras fronteras. Un país con tanta necesidad de infraestructura y tanta ausencia de conocimientos técnicos necesita más empresas como GyM, no menos” (El Comercio, 26.3.17).
En el gobierno, como ya es usual, se han expresado opiniones contradictorias. Algunos pretenden prohibirle a la “mejor empresa de ingeniería del Perú” que participe en la reconstrucción. Además, todas las otras grandes empresas constructoras nacionales han estado asociadas también a los brasileños los últimos años, por lo cual también podrían caer.
Naturalmente, Kenji Fujimori no desperdició la oportunidad de diferenciarse de la propuesta de una parlamentaria que es muy cercana a su hermana Keiko.
En su habitual medio para comunicarse, el Twitter, Kenji publicó: “‘La libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades’. Alejandro Miró Quesada”. Por supuesto, no es casualidad que citara a un ex director de El Comercio y patriarca de la familia Miró Quesada, probable objetivo del nonato proyecto –3 artículos– de Letona.
Lo esencial de la propuesta era prohibir todo tipo de participación –director, periodista, accionista, etc.– de los investigados o sentenciados “por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado peruano”.
Es decir, bastaría que un fiscal abra una investigación por ese delito a un ciudadano para excluirlo de cualquier tipo de participación en un medio de comunicación.
Así, delincuentes como Gerson Gálvez, ‘Caracol’, o Gerald Oropeza o individuos acusados de violación, narcotráfico o asesinato podrían eventualmente ser directores, periodistas o accionistas de un medio de comunicación. Pero no por ejemplo –este es un nombre escogido completamente al azar– José Graña Miró Quesada, ex presidente de la constructora Graña y Montero (GyM). La procuraduría ha pedido incluirlo en la investigación por la asociación de la empresa que dirigió con Odebrecht, y aunque la fiscalía no ha accedido, eso podría suceder.
Algunos suspicaces, como el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, creían que el proyecto “está vinculado a hechos recientes suscitados en torno a un grupo periodístico conocido” (“Proyecto sobre medios ha nacido muerto”, 29.3.17, “Perú21”).
Lo significativo de este asunto es cómo el fujimorismo, o más propiamente, la facción que dirige Keiko, se enredó con una propuesta que tenía escasas posibilidades de prosperar y que despertaba antiguos fantasmas que le hacen un tremendo daño.
Uno de los lastres más negativos del fujimorismo son los ataques a los medios de comunicación independientes, desde la intervención militar el día del golpe del 5 de abril de 1992 hasta la descarada compra de propietarios y periodistas con dinero robado al Estado, en el Servicio de Inteligencia (SIN) que dirigía Vladimiro Montesinos, pasando por los inmundos insultos de la prensa amarilla a los que osaran criticarlos.
Precisamente en vísperas del aniversario 25 del golpe, no tuvieron mejor idea que suscitar un debate sobre uno de los aspectos más repudiados de la dictadura de la década de 1990.
Sin duda hay resentimientos, expectativas de venganza e influencia de gente con intereses particulares en el asunto. Pero lo revelador es que eso fue más importante que el cálculo político del fujimorismo, que debió haberlos disuadido de presentar una propuesta tan perjudicial para ellos.
Y a propósito de GyM, algunos no ocultan sus deseos de liquidar la empresa. Ese sería un grave error, dice Julio Luque. Sostiene que GyM debe someterse a las investigaciones y recibir sanciones si se comprueba la comisión de delitos, pero:
“GyM es, por una considerable diferencia, la principal y mejor empresa de ingeniería del Perú. Su capacidad para ejecutar proyectos con la más alta calidad y para enfrentar los retos de nuestra complicada geografía con soluciones técnicas innovadoras sigue intacta. Ha funcionado durante décadas como una verdadera escuela de ingeniería, terminando de formar a los profesionales que salían de nuestras universidades.
Pertenece al muy reducido club de empresas nacionales que han logrado competir exitosamente más allá de nuestras fronteras. Un país con tanta necesidad de infraestructura y tanta ausencia de conocimientos técnicos necesita más empresas como GyM, no menos” (El Comercio, 26.3.17).
En el gobierno, como ya es usual, se han expresado opiniones contradictorias. Algunos pretenden prohibirle a la “mejor empresa de ingeniería del Perú” que participe en la reconstrucción. Además, todas las otras grandes empresas constructoras nacionales han estado asociadas también a los brasileños los últimos años, por lo cual también podrían caer.
Investigar y sancionar es muy necesario, pero no
destruir más de lo que ya está devastado.
El Comercio
Más de lo mismo
Aníbal Quiroga
Ante el repudio nacional casi unánime, las
azoradas autoras de la mayoría congresal del proyecto de ley 1027/2016-CR, que fuera sustentado ante la
Comisión de Constitución y Reglamento, han tenido que recular. Han dado marcha
atrás y lo han retirado, pero como llevan en una tozudez autoritaria lo han
reingresado sustancialmente modificado: ya no tiene la alegada veeduría pública
inserta en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (del Poder Ejecutivo)
ni la proscripción por la sola investigación del Ministerio Público; solo ha
quedado la parte referida a sentencias condenatorias por corrupción.
El proyecto vergonzantemente reformulado
sigue siendo pomposo y grandilocuente, y de abundante adjetivación. En su
artículo 1 se lee “Objeto de la ley.- Adoptar medidas destinadas a
garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna de la
sociedad y fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de
comunicación y de la sociedad civil, legítimamente representada. Evitar la
influencia en contenido y línea editorial, entre otros conceptos análogos, como
resultado de la interferencia de los actos de corrupción de titulares o
terceros vinculados a medios de comunicación, cautelando la libertad de
expresión y el derecho de información de los ciudadanos”.
Como los ciudadanos somos tintos, necesitamos
que el Estado, por medio de una ley del Congreso, sea el guardián de nuestros derechos a la libertad de expresión e
información. ¿En verdad esto le corresponde al Estado, o será más bien
que el Estado debe respetar el libre ejercicio de esos dos derechos? Ese es un
importante matiz conceptual.
¿Por qué una ley del Congreso debe ser la
guardiana de que la información sea objetiva, veraz, plural y oportuna de la
sociedad (sic), so pretexto de fortalecer el ejercicio de la libertad de
expresión en los medios de comunicación y de la sociedad civil legítimamente
representada? ¿Cuál sería una representación ilegítima? Al margen del
galimatías, no se entiende quién es el llamado a representar legítimamente a la
sociedad civil ni ante quién lo haría.
En sus dos incisos del artículo 2 se
proscribe que los directores periodísticos, editores, productores o de cargos
análogos con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación
ejerzan esos cargos cuando haya sido pasibles de condena firme por delito de
corrupción. También se prohíbe que el presidente del directorio, los directores
o accionistas, gerente general o apoderados de un medio de comunicación puedan
ejercer esos cargos o tengan esa titularidad (ser accionista no es un cargo, es
ser titular de una alícuota del capital social) si es que han recibido
sentencia firme por delito de corrupción.
Por supuesto que este proyecto, además de no
contemplar figuras delictivas también muy graves para la sociedad (violación,
pedofilia, homicidio o terrorismo), viola flagrantemente el derecho constitucional
a la libertad de información y
a la libertad de prensa,
como bien lo ha apuntado la Defensoría del Pueblo.
¿Por qué la abrumadora mayoría congresal, que
es oposición al gobierno, pretendería suicidarse con una norma de esta laya? Es
difícil de entender, pero parece altamente improbable que una norma de esta
factura sea finalmente aprobada por el Congreso. Y si lo fuera, sería
prontamente fulminada por el Tribunal Constitucional, que para eso está.
La explicación quizás la podamos encontrar en
una fábula del sapo y el alacrán atribuida a Esopo. Lo llevan en el espíritu.
Es consustancial a su naturaleza política. En efecto, parece haber un ADN
autoritario en la formulación de una norma así. ¿Por qué plantearla justo
ahora? No han logrado desprenderse de esa pulsión autodestructiva de las
principales libertades. Pese a su aplastante mayoría no han evolucionado hacia
un desarrollo democrático sustancialmente superior a aquel que recibieron como
impronta en su nacimiento y desarrollo político en la historia reciente.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
De damnificados a
reconstructores
Carlos Meléndez
Empieza el
momento de recuperación de las zonas afectadas por El Niño costero. El primer paso consiste en
dilucidar cómo conceptualizar la reconstrucción.
Un enfoque limitado pone énfasis en la inversión eficiente en ladrillo y
cemento, y en la reubicación ordenada. Un enfoque más integral, por su parte,
debe concebir la reconstrucción como un proceso social, dotando a los
damnificados de herramientas para convertirlos en protagonistas y agentes de su
propia recuperación material y comunitaria. De otro modo, la desafección
respecto al Estado se agudizará más, como sucedió en Ica luego del terremoto
del 2007.
En este sentido, es central la articulación y potenciación del capital social con que cuentan las poblaciones afectadas. Es decir, identificar los lazos asociativos fundantes del trabajo colaborativo organizado. Las políticas públicas –especialmente aquellas destinadas a situaciones de emergencia– requieren de un sustento social. En situaciones similares, pasados gobiernos apelaron a la sociedad civil popular como socio activo. Cooperación Popular (en el gobierno de Belaunde) y las organizaciones femeninas de base (en el gobierno de Fujimori) constituyeron pilares sociales claves. No hay reconstrucción sostenible sin una sociedad civil popular organizada.
Tengo la impresión de que el capital social en el Perú se ha devaluado en las últimas décadas por una combinación de exacerbación del individualismo, desconfianza del activismo público y desprestigio de la política. En el mundo popular, las organizaciones sociales languidecen, las juntas barriales son parte del pasado, las rondas campesinas han tenido mejores momentos de articulación y las asociaciones de regantes pierden vigencia. Hay poco organizado en la sociedad peruana más allá de iglesias (católicas y evangélicas) y frentes de defensa armados al gusto de la protesta de turno. ¿Por cuál entramado social fluirá el esfuerzo comunitario que la reconstrucción requiere?
No se trata de que el gobierno de Kuczynski decrete un mágico incremento del capital social, sino de que identifique la gravedad de su déficit. Por ejemplo, podría buscar acercamientos con partidos políticos con algo de enraizamiento social en el norte (Alianza para el Progreso, el Apra). Lamentablemente este gobierno está demostrando su mirada angosta para comprender la realidad nacional, sus bien intencionadas obsesiones sesgan el sentido de gobierno. Ensimismados en la evolución del PBI, olvidan la responsabilidad de organizar la vida comunitaria de la sociedad. Se emocionan con el capital financiero y se nublan ante el capital social. Su ‘sensibilidad social’ se concentra en las redes sociales virtuales, perdiendo de vista las reales. La presencia del Estado no se concreta en hashtags sino al cultivar la confianza ciudadana.
Si no se da la transición de damnificados a reconstructores, el gobierno habrá desaprovechado su tan anhelada oportunidad de conectar con el país. Lo que es peor, habrá agudizado la desafección y se habrá convertido en la confirmación del estereotipo provinciano y popular sobre las élites limeñas: desmerecedoras de dirigir un país que no conocen.
En este sentido, es central la articulación y potenciación del capital social con que cuentan las poblaciones afectadas. Es decir, identificar los lazos asociativos fundantes del trabajo colaborativo organizado. Las políticas públicas –especialmente aquellas destinadas a situaciones de emergencia– requieren de un sustento social. En situaciones similares, pasados gobiernos apelaron a la sociedad civil popular como socio activo. Cooperación Popular (en el gobierno de Belaunde) y las organizaciones femeninas de base (en el gobierno de Fujimori) constituyeron pilares sociales claves. No hay reconstrucción sostenible sin una sociedad civil popular organizada.
Tengo la impresión de que el capital social en el Perú se ha devaluado en las últimas décadas por una combinación de exacerbación del individualismo, desconfianza del activismo público y desprestigio de la política. En el mundo popular, las organizaciones sociales languidecen, las juntas barriales son parte del pasado, las rondas campesinas han tenido mejores momentos de articulación y las asociaciones de regantes pierden vigencia. Hay poco organizado en la sociedad peruana más allá de iglesias (católicas y evangélicas) y frentes de defensa armados al gusto de la protesta de turno. ¿Por cuál entramado social fluirá el esfuerzo comunitario que la reconstrucción requiere?
No se trata de que el gobierno de Kuczynski decrete un mágico incremento del capital social, sino de que identifique la gravedad de su déficit. Por ejemplo, podría buscar acercamientos con partidos políticos con algo de enraizamiento social en el norte (Alianza para el Progreso, el Apra). Lamentablemente este gobierno está demostrando su mirada angosta para comprender la realidad nacional, sus bien intencionadas obsesiones sesgan el sentido de gobierno. Ensimismados en la evolución del PBI, olvidan la responsabilidad de organizar la vida comunitaria de la sociedad. Se emocionan con el capital financiero y se nublan ante el capital social. Su ‘sensibilidad social’ se concentra en las redes sociales virtuales, perdiendo de vista las reales. La presencia del Estado no se concreta en hashtags sino al cultivar la confianza ciudadana.
Si no se da la transición de damnificados a reconstructores, el gobierno habrá desaprovechado su tan anhelada oportunidad de conectar con el país. Lo que es peor, habrá agudizado la desafección y se habrá convertido en la confirmación del estereotipo provinciano y popular sobre las élites limeñas: desmerecedoras de dirigir un país que no conocen.
