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MEDIA COLUMNA
Cronología del 5 de abril
Jorge Morelli
Agosto 1990. Alberto Fujimori pide al Congreso
facultades para legislar contra el terrorismo y la hiperinflación. El Congreso
demora un año en dárselas.
Agosto-noviembre 1991. Con facultades por fin,
Fujimori promulga 117 decretos legislativos. El Congreso deroga 36 de los
decretos, especialmente los relativos al terrorismo.
Diciembre 1991. El Congreso aprueba inconstitucionalmente
la Ley de Control Parlamentario de los actos del Presidente de la República.
Enero 1992. Fujimori observa la ley
inconstitucional. El Congreso insiste, la promulga. El Ejecutivo queda sometido
al poder Legislativo y el Presidente maniatado por el Congreso.
El gobierno disuelve inconstitucionalmente el
Congreso. Es el 5 de abril.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Dos
horas y media duró el interrogatorio que hizo el lunes el fiscal anticorrupción
Reynaldo Abia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK),
en calidad de testigo, por la investigación sobre el Gasoducto del Sur Peruano
y el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht.
El
fiscal Reynaldo Abia acudió a Palacio de Gobierno a las 4:30 p.m. e interrogó a PPK hasta
las 7:00 p.m. En un principio, la diligencia estaba programada para las 9 a.m.,
pero desde Presidencia solicitaron el cambio para la tarde. El mandatario
estuvo acompañado de su abogado Augusto Loli.
La
investigación por el Gasoducto del Sur Peruano ya pasó al equipo especial del
Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato, que lidera el fiscal Hamilton
Castro. La ex primera dama Nadine Heredia, Jorge Barata, entre otros, están en
calidad de investigados.
PPK declaró
ante el fiscal Abia que se reunió "varias veces" con el ex
representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata en Lima durante la campaña
presidencial del 2011, según fuentes de este Diario. El mandatario señaló que
una de ellas fue en el Centro Empresarial de San Isidro. El presidente de la
República precisó que no fue el único empresario con el que se reunió en ese
tiempo, sino también con directivos del Banco de Crédito del Perú y de
AFP.
El
jefe del Estado, indicaron las mismas fuentes, aseguró que no
recordaba los temas exactos que se trataron en las reuniones con Jorge
Barata. Sin embargo, negó que hayan hablado sobre el proyecto del Gasoducto del
Sur Peruano.
Asimismo, PPK negó
conocer si la empresa Odebrecht aportó a su campaña del
2011 porque, dijo, esos temas los veían "otras personas".
El Comercio
El
ex ministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz aseguró hoy
que el ex presidente Alejandro Toledo lo presionó a favor de un pedido
que realizó la empresa brasileña Odebrecht respecto al corredor vial de la
carretera Interoceánica Sur.
"Toledo presionó y presionó a pedido de
[Jorge] Barata y Odebrecht, pero le dijimos que no podíamos
cambiar bases", reveló Ortiz Rivera ante la Comisión Lava Jato del
Congreso.
Según
explicó el ex titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Odebrecht buscaba realizar la obra de la
carretera IIRSA Sur y luego retirarse, pese a que las bases estipulaban que
debía permanecer a cargo de la concesión una vez terminada la construcción.
"Barata
formuló un pedido para que ellos hagan la obra y luego retirarse de la
concesión. Dijimos que no, pero Toledo presionó", afirmó Ortiz
cuando se le preguntó sobre indicios repecto al accionar del ex presidente en
el caso de la carretera Interoceánica.
En
ese sentido, Ortiz también indicó que Alejandro Toledo mostró un inusual interés en
realizar una actividad de inauguración de la obra, pese a que aún no se había
iniciado la construcción.
De
otro lado, José Ortiz explicó que viajó dos veces a Brasil para coordinar temas
de la carretera Interoceánica a pedido del mismo Toledo.
"Conocí a
Barata en Palacio de Gobierno cuando Alejandro Toledo invitó un almuerzo a los
constructores del país por el anuncio de la Interoceánica. Me volví a reunir
con Barata a raíz de la observación que hicimos sobre el valor de la
obra", dijo.
Luego
de las revelaciones, el ex ministro Ortiz negó haber participado en el cobro de
sobornos de US$20 millones, según Jorge Barata, se le entregaron a Alejandro Toledo.
"Jamás
se me acercaron para ofrecerme ofrenda alguna [...] Lamento profundamente
haber participado en el gobierno de Toledo", aseveró ante la comisión.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
El
congresista fujimorista Héctor Becerril señaló que Fuerza
Popular aún no define su postura como bancada sobre el proyecto
de ley presentado por las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo sobre
control de medios
En
diálogo con El Comercio, Becerril contó que la reunión de bancada que tuvo Fuerza Popular ayer se prolongó
hasta pasada las 11:30 p.m. y que, si bien evaluaron el proyecto sobre medios,
no pudieron definir una postura a falta de tiempo.
"El
debate no se ha agotado todavía. Lo que pasa es que había otros puntos que
debíamos debatir y que tomaron bastante tiempo. [...] Así que seguramente vamos
a continuar el debate", refirió el congresista a El Comercio.
Becerril
añadió que, una vez concluida la discusión, habrá una votación al interior de
la bancada y "el resultado de esta será la posición final que tendrá
nuestra bancada" sobre este proyecto de ley.
Cabe
anotar que las congresistas Letona y Aramayo presentaron semanas atrás un
proyecto de ley que planteaba prohibir que investigados y condenados por
corrupción asuman altos cargos en medios de comunicación. Asimismo, proponía
crear una veeduría de contenidos, que estaría a cargo del gobierno.
Sin
embargo, frente al rechazo que generó, las congresistas de Fuerza Popular decidieron retirar
ese proyecto y presentar otro ya sin la prohibición para los investigados y sin
la creación de la veeduría. Sobre este, Becerril dijo estar "completamente
de acuerdo".
El que
manifestó su posición en contra del proyecto fue el congresista Kenji Fujimori,
quien ayer sí asistió a la reunión de bancada. En una entrevista reciente, él
incluso exhortó a que las legisladoras retiren el proyecto de ley, por
considerar que atenta contra la libertad de expresión.
El
Comercio
La
Comisión de Constitución -con la mayoría de Fuerza
Popular- acordó
recomendar la derogación de Decreto Legislativo N° 1323 que proponía
fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia
de género.
Existía
un informe en mayoría que conservaba la propuesta del Poder Ejecutivo para la
protección por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, este
informe recibió 10 votos en contra y solo seis votos a favor.
Los
votos en contra de Fuerza Popular: Miguel Torres: (presidente de la Comisión de
Constitución), Modesto Figueroa, Miguel Castro, Gilmer Trujillo, Úrsula Letona,
Karina Beteta, Luis Galarreta, Edwin Vergara, Rosa María Bartra y Lourdes
Alcorta.
Los
votos a favor: Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos (Peruanos por el
Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Indira Huilca, Marisa Glave y Mario
Canzio (Frente Amplio.
Con
esta votación, la Comisión de Constitución redactó un texto sustitutorio donde
recomienda al Pleno la derogación del Decreto Legislativo N° 1323.
"Fuerza Popular se
trajo abajo en el Decreto 1323. Es la única bancada en hacerlo, pero
tienen mayoría. Ahora todo queda en manos del pleno del Congreso", aseguró
el legislador de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde.
El
oficialista recordó que Fuerza
Popular también votó en contra en la propuesta de legislar
sobre los "crímenes de odio" en el periodo congresal pasado.
"El fujimorismo ha respondido a los sectores que los respaldaron en
campaña, esos pastores que luego dijeron que las lesbianas debían ser asesinadas".
En ese
sentido, De Belaunde dijo tener conocimiento de que en la bancada fujimorista
se impidió que asistieran al debate a congresistas que estaban a favor de
decreto en cuestión. "Invoco a esos congresistas a que hagan un voto de
conciencia cuando se vea el tema en el Pleno. Que demuestren que no todos
en Fuerza Popular son
homofóbicos", dijo en conferencia de prensa.
El
legislador fujimorista Juan Carlos Gonzales rechazó las declaraciones de
Alberto de Belaunde y negó que en Fuerza
Popular sean homofóbicos. "Respetamos las orientaciones, pero
este tema no estaba dentro de la delegación de facultades", explicó.
En
tanto, el parlamentario de Alianza para el Progreso Julio Rosas -quien en el
periodo pasado integró la bancada fujimorista- aseguró que "los derechos
se dan a las personas, no a las orientaciones". "Estamos trabajando
en la consolidación de la familia en el país", acotó.
La
Comisión de Constitución no tomó en cuenta la carta de la Defensoría del Pueblo
que expresaba una postura a favor del Decreto Legislativo N° 1323.
"Una
eventual derogación de las menciones a la orientación sexual e identidad de
género implicaría contravenir las recomendaciones internacionales citadas, y
retroceder frente al objetivo de prevenir y combatir la violencia homofóbica y
transfóbica en la sociedad", dice el documento entregado hoy al titular de
la Comisión de Constitución, Miguel Torres, miembro de Fuerza Popular.
El
Comercio
El
presidente de la Comisión de Constitución, Miguel
Torres,
defendió la derogación del Decreto Legislativo N° 1323 que
propone fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y
la violencia de género.
En
conferencia de prensa, el fujimorista Miguel Torres indicó que dicho decreto excedía las facultades
delegadas al Poder Ejecutivo.
"Si
quieren legislar sobre esa materia [violencia de género], vengan y
presenten un proyecto de ley, no vamos a aceptar normatividad de
contrabando", aseguró Torres.
En ese
sentido, indicó que ninguno de sus colegas de Fuerza Popular se pronunció sobre
el tema de fono durante el debate de la comisión, y que solo se pronunciaron
sobre el tema de forma constitucional.
"Cualquier
otro congresista puede presentar un proyecto sobre el tema y se debatirá en la
comisión o en el Pleno", aseveró Miguel Torres, titular de Constitución.
Dicha
comisión rechazó con 10 votos fujimoristas el informe en mayoría que conservaba
la protección por orientación sexual e identidad de género.
El Comercio
Ricardo
Uceda
El
segundo proyecto de dos parlamentarias
fujimoristas para controlar contenidos
periodísticos está condenado al fracaso, y no es seguro que lo discuta la Comisión de Constitución.
Allí su debate no será prioritario, según anunció su presidente, Miguel Ángel
Torres. El fiasco no se explica solo por el rechazo de los medios. Era indefendible
en cualquier terreno, incluso en el de Fuerza Popular.
La
inspiradora fue la fujimorista
Martha Meier Miró Quesada,
accionista de El Comercio, donde mantiene controversia con el grupo
mayoritario, al que pertenece el ex presidente de Graña y Montero (GyM), José
Graña. Cuando se supo que Jorge Barata, de Odebrecht, confesó que GyM
contribuyó al financiamiento de coimas a Alejandro Toledo, Meier hizo pública su posición
de que propietarios de GyM no debían participar en la Junta de Accionistas del
diario. Esta junta eligió hace poco a Meier miembro del directorio, donde es
minoría. En 2015 fue despedida de El Comercio por una columna difamatoria,
según el director, Fernando Berckemeyer. Actualmente goza de cierto liderazgo
entre periodistas reciclados.
GyM dice que Barata miente. Aún no se conocen
pruebas que Barata habría presentado, si es que lo ha hecho. Meier difundió su
posición contra Graña desde una columna en el diario Expreso. De allí la idea
saltó al Congreso.
El
25 de febrero, diez días antes de que el proyecto fuera presentado, Meier citó
en Expreso una frase del ex director de El Comercio, Alejandro
Miró Quesada Garland,
relacionándola con su postura. La expresión, acerca de la independencia
periodística, fue reproducida textualmente en la propuesta de ley.
La
parte de la primera versión del proyecto que margina de los medios incluso a
los investigados por corrupción, fue hecha sobre todo pensando en Graña. En Expreso, junto con
dictámenes de ética periodística, Meier sostuvo que es “bastante improbable y
hasta imposible” que Barata mienta. En el supuesto de que Graña fuera sometido
a investigación —lo que hasta ahora no ocurre— participaría en un proceso de
varios años, durante los cuales la iniciativa legislativa, de aprobarse, no
afectaría sus derechos societarios en El Comercio.
El
primer error del fujimorismo fue dejarse llevar de las
orejas por quien defendía un interés propio. El segundo, no haber sopesado la
dosis de chifladura que había en la propuesta. Nunca convenció respecto de su
finalidad, algo que ha remarcado ayer el Relator para la Libertad
de Expresión de la OEA,
Edison Lanza. ¿Por qué habría menos corrupción con el silencio de los culpables
o porque solo los limpios acaparen los medios?
La
aspiración de transformar el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones en una suerte de policía
de la verdad era igualmente desquiciada. Muchas reacciones contrarias, como la
de la Defensoría
del Pueblo,
incidieron en el desprecio a la presunción de inocencia. Siendo preocupante, no
era el defecto principal.
Su
voz existe
El
mayor argumento contra el proyecto es que los condenados por cualquier delito
no pierden su derecho a la libertad de expresión. Por eso los emblemáticos Vladimiro
Montesinos y Abimael
Guzmán han
escrito libros desde la prisión, sin ser sometidos a censura previa. En
general, el Estado pone todo tipo de obstáculos a los periodistas que desean
entrevistar a presidiarios que pudieran dar un mensaje incómodo, y la prensa ha
optado por hacerlo informalmente, pero la política debiera ser otra. El INPE,
garantizando condiciones de seguridad, debiera facilitar el acceso a los medios
a los sentenciados que lo deseen. En teoría los convictos pueden escribir en un
medio de comunicación e incluso ser parte de uno de sus comités. Pueden proporcionar
contenidos para una revista de los presos. Ni la Constitución ni ninguna ley lo
impiden.
Por
otra parte, quienes recibieron sentencia por cualquier delito podrían ser
accionistas de un medio. Es en este punto donde el segundo proyecto de las congresistas-abogadas Úrsula
Letona y Alejandra
Aramayo choca
con la Constitución. El artículo 2 del Capítulo I, referido a los derechos
fundamentales de la persona, considera que la libertad de fundar empresas
periodísticas es parte de la garantía de informar y opinar libremente. El mismo
artículo proscribe la censura o cualquier impedimento. Ante estos conceptos el
proyecto no opone otros de igual fuerza. No existen.
Hace
20 años…
El
documento de las congresistas se basa en el derecho a recibir información veraz,
que se menciona en la Convención
Americana de Derechos Humanos y que ha sido citado por
una sentencia del Tribunal Constitucional. Estos instrumentos no
establecen que el Estado debe garantizar dicha veracidad o imponerla recortando
derechos fundamentales.
Hace
veinte años, en una Cumbre
Iberoamericana celebrada en la Isla
Margarita, el gobierno de Hugo Chávez produjo una controversia
entre mandatarios cuando pretendió que la declaración final incluyera un
capítulo relativo al “derecho a la información veraz”. La propuesta fue
retirada luego de una polémica regional. La cuestión era muy simple: ¿quién era
el dueño de la información veraz?
Los
medios del continente se opusieron, aún aquellos que, como El País, de España,
establecían la “información veraz” como uno de sus valores en su libro de
estilo. Porque siendo la veracidad un concepto fundamental en el periodismo,
solo la búsqueda diligente y la contrastación permiten presentar una versión
confiable. Y aún en los casos exitosos habrá discusión sobre su calidad.
Cubrí
aquella cumbre para El Comercio en 1997: lo que Chávez quería era reaccionar
contra una prensa crítica estableciéndole tutela a la veracidad. Las
legisladoras peruanas van más allá. El proyecto insiste en garantizar que la
información, además de veraz, sea objetiva, plural y oportuna. Para lo cual,
según declaran, debe impedirse la influencia de los sentenciados en la sociedad
a través de los medios. Un intento de controlar contenidos, como dijeron el Consejo de la Prensa y
el IPYS.
De
modo que si el proyecto se debatiera en el Congreso, lo que estaría en primer
plano no sería la lucha contra la corrupción sino un recorte de libertades. Es
lo que sugirió Kenji Fujimori cuando dijo que insistir
le haría daño a Fuerza Popular. Incluso, si la ley llegara a aprobarse, el
Tribunal Constitucional podría invalidarla. Cuando anunció el retiro del primer
proyecto, Alejandra Aramayo dijo que presentarían otro en el que se había
“logrado consenso”. Parece claro que ella y Letona se tiraron nuevamente a la
piscina con el aval de Keiko
Fujimori.
¿Qué orientación dará la líder ahora? Es una incógnita tan interesante como las
pruebas que brindaría Barata en el caso GyM.
