miércoles, 5 de abril de 2017

ESTA NOCHE miércoles 5 abril 2017


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MEDIA COLUMNA
Cronología del 5 de abril


Jorge Morelli


Agosto 1990. Alberto Fujimori pide al Congreso facultades para legislar contra el terrorismo y la hiperinflación. El Congreso demora un año en dárselas.

Agosto-noviembre 1991. Con facultades por fin, Fujimori promulga 117 decretos legislativos. El Congreso deroga 36 de los decretos, especialmente los relativos al terrorismo.

Diciembre 1991. El Congreso aprueba inconstitucionalmente la Ley de Control Parlamentario de los actos del Presidente de la República.

Enero 1992. Fujimori observa la ley inconstitucional. El Congreso insiste, la promulga. El Ejecutivo queda sometido al poder Legislativo y el Presidente maniatado por el Congreso.

El gobierno disuelve inconstitucionalmente el Congreso. Es el 5 de abril.      



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Dos horas y media duró el interrogatorio que hizo el lunes el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en calidad de testigo, por la investigación sobre el Gasoducto del Sur Peruano y el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht
El fiscal Reynaldo Abia acudió a Palacio de Gobierno a las 4:30 p.m. e interrogó a PPK hasta las 7:00 p.m. En un principio, la diligencia estaba programada para las 9 a.m., pero desde Presidencia solicitaron el cambio para la tarde. El mandatario estuvo acompañado de su abogado Augusto Loli. 
La investigación por el Gasoducto del Sur Peruano ya pasó al equipo especial del Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato, que lidera el fiscal Hamilton Castro. La ex primera dama Nadine Heredia, Jorge Barata, entre otros, están en calidad de investigados. 
PPK declaró ante el fiscal Abia que se reunió "varias veces" con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata en Lima durante la campaña presidencial del 2011, según fuentes de este Diario. El mandatario señaló que una de ellas fue en el Centro Empresarial de San Isidro. El presidente de la República precisó que no fue el único empresario con el que se reunió en ese tiempo, sino también con directivos del Banco de Crédito del Perú y de AFP. 
El jefe del Estado, indicaron las mismas fuentes, aseguró que no recordaba los temas exactos que se trataron en las reuniones con Jorge Barata. Sin embargo, negó que hayan hablado sobre el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. 
Asimismo, PPK negó conocer si la empresa Odebrecht aportó a su campaña del 2011 porque, dijo, esos temas los veían "otras personas". 



El Comercio
El ex ministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz aseguró hoy que el ex presidente Alejandro Toledo lo presionó a favor de un pedido que realizó la empresa brasileña Odebrecht respecto al corredor vial de la carretera Interoceánica Sur.
"Toledo presionó y presionó a pedido de [Jorge] Barata y Odebrecht, pero le dijimos que no podíamos cambiar bases", reveló Ortiz Rivera ante la Comisión Lava Jato del Congreso.
Según explicó el ex titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Odebrecht buscaba realizar la obra de la carretera IIRSA Sur y luego retirarse, pese a que las bases estipulaban que debía permanecer a cargo de la concesión una vez terminada la construcción.
"Barata formuló un pedido para que ellos hagan la obra y luego retirarse de la concesión. Dijimos que no, pero Toledo presionó", afirmó Ortiz cuando se le preguntó sobre indicios repecto al accionar del ex presidente en el caso de la carretera Interoceánica.
En ese sentido, Ortiz también indicó que Alejandro Toledo mostró un inusual interés en realizar una actividad de inauguración de la obra, pese a que aún no se había iniciado la construcción.
De otro lado, José Ortiz explicó que viajó dos veces a Brasil para coordinar temas de la carretera Interoceánica a pedido del mismo Toledo.
"Conocí a Barata en Palacio de Gobierno cuando Alejandro Toledo invitó un almuerzo a los constructores del país por el anuncio de la Interoceánica. Me volví a reunir con Barata a raíz de la observación que hicimos sobre el valor de la obra", dijo.
Luego de las revelaciones, el ex ministro Ortiz negó haber participado en el cobro de sobornos de US$20 millones, según Jorge Barata, se le entregaron a Alejandro Toledo
"Jamás se me acercaron para ofrecerme ofrenda alguna [...] Lamento profundamente haber participado en el gobierno de Toledo", aseveró ante la comisión.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El congresista fujimorista Héctor Becerril señaló que Fuerza Popular aún no define su postura como bancada sobre el proyecto de ley presentado por las legisladoras Úrsula Letona y Alejandra Aramayo sobre control de medios
En diálogo con El Comercio, Becerril contó que la reunión de bancada que tuvo Fuerza Popular ayer se prolongó hasta pasada las 11:30 p.m. y que, si bien evaluaron el proyecto sobre medios, no pudieron definir una postura a falta de tiempo.
"El debate no se ha agotado todavía. Lo que pasa es que había otros puntos que debíamos debatir y que tomaron bastante tiempo. [...] Así que seguramente vamos a continuar el debate", refirió el congresista a El Comercio.
Becerril añadió que, una vez concluida la discusión, habrá una votación al interior de la bancada y "el resultado de esta será la posición final que tendrá nuestra bancada" sobre este proyecto de ley.
Cabe anotar que las congresistas Letona y Aramayo presentaron semanas atrás un proyecto de ley que planteaba prohibir que investigados y condenados por corrupción asuman altos cargos en medios de comunicación. Asimismo, proponía crear una veeduría de contenidos, que estaría a cargo del gobierno.
Sin embargo, frente al rechazo que generó, las congresistas de Fuerza Popular decidieron retirar ese proyecto y presentar otro ya sin la prohibición para los investigados y sin la creación de la veeduría. Sobre este, Becerril dijo estar "completamente de acuerdo".
El que manifestó su posición en contra del proyecto fue el congresista Kenji Fujimori, quien ayer sí asistió a la reunión de bancada. En una entrevista reciente, él incluso exhortó a que las legisladoras retiren el proyecto de ley, por considerar que atenta contra la libertad de expresión.



El Comercio
La Comisión de Constitución -con la mayoría de Fuerza Popular- acordó recomendar la derogación de Decreto Legislativo N° 1323 que proponía fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.
Existía un informe en mayoría que conservaba la propuesta del Poder Ejecutivo para la protección por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, este informe recibió 10 votos en contra y solo seis votos a favor.
Los votos en contra de Fuerza Popular: Miguel Torres: (presidente de la Comisión de Constitución), Modesto Figueroa, Miguel Castro, Gilmer Trujillo, Úrsula Letona, Karina Beteta, Luis Galarreta, Edwin Vergara, Rosa María Bartra y Lourdes Alcorta.
Los votos a favor: Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos (Peruanos por el Kambio), Javier Velásquez Quesquén (Apra), Indira Huilca, Marisa Glave y Mario Canzio (Frente Amplio.
Con esta votación, la Comisión de Constitución redactó un texto sustitutorio donde recomienda al Pleno la derogación del Decreto Legislativo N° 1323.
"Fuerza Popular se trajo abajo en el Decreto 1323. Es la única bancada en hacerlo, pero tienen mayoría. Ahora todo queda en manos del pleno del Congreso", aseguró el legislador de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde.
El oficialista recordó que Fuerza Popular también votó en contra en la propuesta de legislar sobre los "crímenes de odio" en el periodo congresal pasado. "El fujimorismo ha respondido a los sectores que los respaldaron en campaña, esos pastores que luego dijeron que las lesbianas debían ser asesinadas".
En ese sentido, De Belaunde dijo tener conocimiento de que en la bancada fujimorista se impidió que asistieran al debate a congresistas que estaban a favor de decreto en cuestión. "Invoco a esos congresistas a que hagan un voto de conciencia cuando se vea el tema en el Pleno. Que demuestren que no todos en Fuerza Popular son homofóbicos", dijo en conferencia de prensa.
El legislador fujimorista Juan Carlos Gonzales rechazó las declaraciones de Alberto de Belaunde y negó que en Fuerza Popular sean homofóbicos. "Respetamos las orientaciones, pero este tema no estaba dentro de la delegación de facultades", explicó.
En tanto, el parlamentario de Alianza para el Progreso Julio Rosas -quien en el periodo pasado integró la bancada fujimorista- aseguró que "los derechos se dan a las personas, no a las orientaciones". "Estamos trabajando en la consolidación de la familia en el país", acotó.
La Comisión de Constitución no tomó en cuenta la carta de la Defensoría del Pueblo que expresaba una postura a favor del Decreto Legislativo N° 1323. 
"Una eventual derogación de las menciones a la orientación sexual e identidad de género implicaría contravenir las recomendaciones internacionales citadas, y retroceder frente al objetivo de prevenir y combatir la violencia homofóbica y transfóbica en la sociedad", dice el documento entregado hoy al titular de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, miembro de Fuerza Popular.



El Comercio
El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, defendió la derogación del Decreto Legislativo N° 1323 que propone fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.
En conferencia de prensa, el fujimorista Miguel Torres indicó que dicho decreto excedía las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
"Si quieren legislar sobre esa materia [violencia de género], vengan y presenten un proyecto de ley, no vamos a aceptar normatividad de contrabando", aseguró Torres.
En ese sentido, indicó que ninguno de sus colegas de Fuerza Popular se pronunció sobre el tema de fono durante el debate de la comisión, y que solo se pronunciaron sobre el tema de forma constitucional.
"Cualquier otro congresista puede presentar un proyecto sobre el tema y se debatirá en la comisión o en el Pleno", aseveró Miguel Torres, titular de Constitución.
Dicha comisión rechazó con 10 votos fujimoristas el informe en mayoría que conservaba la protección por orientación sexual e identidad de género. 



El Comercio
Ricardo Uceda
El segundo proyecto de dos parlamentarias fujimoristas para controlar contenidos periodísticos está condenado al fracaso, y no es seguro que lo discuta la Comisión de Constitución. Allí su debate no será prioritario, según anunció su presidente, Miguel Ángel Torres. El fiasco no se explica solo por el rechazo de los medios. Era indefendible en cualquier terreno, incluso en el de Fuerza Popular.
La inspiradora fue la fujimorista Martha Meier Miró Quesada, accionista de El Comercio, donde mantiene controversia con el grupo mayoritario, al que pertenece el ex presidente de Graña y Montero (GyM), José Graña. Cuando se supo que Jorge Barata, de Odebrecht, confesó que GyM contribuyó al financiamiento de coimas a Alejandro Toledo, Meier hizo pública su posición de que propietarios de GyM no debían participar en la Junta de Accionistas del diario. Esta junta eligió hace poco a Meier miembro del directorio, donde es minoría. En 2015 fue despedida de El Comercio por una columna difamatoria, según el director, Fernando Berckemeyer. Actualmente goza de cierto liderazgo entre periodistas reciclados.
GyM dice que Barata miente. Aún no se conocen pruebas que Barata habría presentado, si es que lo ha hecho. Meier difundió su posición contra Graña desde una columna en el diario Expreso. De allí la idea saltó al Congreso.
El 25 de febrero, diez días antes de que el proyecto fuera presentado, Meier citó en Expreso una frase del ex director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada Garland, relacionándola con su postura. La expresión, acerca de la independencia periodística, fue reproducida textualmente en la propuesta de ley.
La parte de la primera versión del proyecto que margina de los medios incluso a los investigados por corrupción, fue hecha sobre todo pensando en Graña. En Expreso, junto con dictámenes de ética periodística, Meier sostuvo que es “bastante improbable y hasta imposible” que Barata mienta. En el supuesto de que Graña fuera sometido a investigación —lo que hasta ahora no ocurre— participaría en un proceso de varios años, durante los cuales la iniciativa legislativa, de aprobarse, no afectaría sus derechos societarios en El Comercio.
El primer error del fujimorismo fue dejarse llevar de las orejas por quien defendía un interés propio. El segundo, no haber sopesado la dosis de chifladura que había en la propuesta. Nunca convenció respecto de su finalidad, algo que ha remarcado ayer el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza. ¿Por qué habría menos corrupción con el silencio de los culpables o porque solo los limpios acaparen los medios?
La aspiración de transformar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en una suerte de policía de la verdad era igualmente desquiciada. Muchas reacciones contrarias, como la de la Defensoría del Pueblo, incidieron en el desprecio a la presunción de inocencia. Siendo preocupante, no era el defecto principal.

Su voz existe

El mayor argumento contra el proyecto es que los condenados por cualquier delito no pierden su derecho a la libertad de expresión. Por eso los emblemáticos Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán han escrito libros desde la prisión, sin ser sometidos a censura previa. En general, el Estado pone todo tipo de obstáculos a los periodistas que desean entrevistar a presidiarios que pudieran dar un mensaje incómodo, y la prensa ha optado por hacerlo informalmente, pero la política debiera ser otra. El INPE, garantizando condiciones de seguridad, debiera facilitar el acceso a los medios a los sentenciados que lo deseen. En teoría los convictos pueden escribir en un medio de comunicación e incluso ser parte de uno de sus comités. Pueden proporcionar contenidos para una revista de los presos. Ni la Constitución ni ninguna ley lo impiden.
Por otra parte, quienes recibieron sentencia por cualquier delito podrían ser accionistas de un medio. Es en este punto donde el segundo proyecto de las congresistas-abogadas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo choca con la Constitución. El artículo 2 del Capítulo I, referido a los derechos fundamentales de la persona, considera que la libertad de fundar empresas periodísticas es parte de la garantía de informar y opinar libremente. El mismo artículo proscribe la censura o cualquier impedimento. Ante estos conceptos el proyecto no opone otros de igual fuerza. No existen.

Hace 20 años…

El documento de las congresistas se basa en el derecho a recibir información veraz, que se menciona en la Convención Americana de Derechos Humanos y que ha sido citado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Estos instrumentos no establecen que el Estado debe garantizar dicha veracidad o imponerla recortando derechos fundamentales.
Hace veinte años, en una Cumbre Iberoamericana celebrada en la Isla Margarita, el gobierno de Hugo Chávez produjo una controversia entre mandatarios cuando pretendió que la declaración final incluyera un capítulo relativo al “derecho a la información veraz”. La propuesta fue retirada luego de una polémica regional. La cuestión era muy simple: ¿quién era el dueño de la información veraz?
Los medios del continente se opusieron, aún aquellos que, como El País, de España, establecían la “información veraz” como uno de sus valores en su libro de estilo. Porque siendo la veracidad un concepto fundamental en el periodismo, solo la búsqueda diligente y la contrastación permiten presentar una versión confiable. Y aún en los casos exitosos habrá discusión sobre su calidad.
Cubrí aquella cumbre para El Comercio en 1997: lo que Chávez quería era reaccionar contra una prensa crítica estableciéndole tutela a la veracidad. Las legisladoras peruanas van más allá. El proyecto insiste en garantizar que la información, además de veraz, sea objetiva, plural y oportuna. Para lo cual, según declaran, debe impedirse la influencia de los sentenciados en la sociedad a través de los medios. Un intento de controlar contenidos, como dijeron el Consejo de la Prensa y el IPYS.

De modo que si el proyecto se debatiera en el Congreso, lo que estaría en primer plano no sería la lucha contra la corrupción sino un recorte de libertades. Es lo que sugirió Kenji Fujimori cuando dijo que insistir le haría daño a Fuerza Popular. Incluso, si la ley llegara a aprobarse, el Tribunal Constitucional podría invalidarla. Cuando anunció el retiro del primer proyecto, Alejandra Aramayo dijo que presentarían otro en el que se había “logrado consenso”. Parece claro que ella y Letona se tiraron nuevamente a la piscina con el aval de Keiko Fujimori. ¿Qué orientación dará la líder ahora? Es una incógnita tan interesante como las pruebas que brindaría Barata en el caso GyM. 

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