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MEDIA
COLUMNA
El
timón y la vela
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Hay
que encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad de promover el
crecimiento y la urgencia de mantener con rienda corta al caballo desbocado del
gasto que heredamos del gobierno anterior.
Por el
momento, el aumento ya inevitable del déficit fiscal tendrá que financiarse con
endeudamiento.
El
gobierno apuesta a que podrá atravesar en medida muy considerable el techo
legal establecido para ambos casos, y regresar a él antes del año 2021, al término
del período del actual gobierno.
Es una
apuesta muy riesgosa, de difícil administración y que de partida cuenta con escasas
posibilidades de éxito.
Una
vez rotos los candados legales que por años han mantenido la economía peruana en
sus rieles, hay peligro de desatar fuerzas destructivas que fueron puestas bajo
control hace ya más de de veinte años por el gobierno fujimorista. Escila y
Caribdis acechan la nave nuevamente.
Esto
es lo que ha advertido el grupo económico PREDICE, nucleado alrededor del
diario EXPRESO.
Pide controlar
estrictamente el gasto corriente del Estado, de modo que la ruptura inevitable
del techo legalmente establecidos al déficit fiscal y al endeudamiento sea la
menor posible.
Pero
sobre todo pide impulsar cuidadosamente la inversión pública en la
reconstrucción del Niño y, más allá, en una agenda común para la construcción
de nueva infraestructura que haga posible nueva inversión privada masiva en
agua, reforestación y minería.
Esto
requiere un gran esfuerzo político del gobierno y la oposición para generar las
condiciones de gobernabilidad y seguridad jurídica que hagan posible ese
aumento masivo de la inversión privada.
Este
el desafío hoy para el gobierno y la oposición. A la oposición le corresponde
autorizar la ampliación de los límites legales del déficit fiscal y del
endeudamiento, izar la vela de la nave.
Al gobierno le corresponde asir el timón del navío
y mantener firme el rumbo. A ambos les toca postergar sus legítimas
reivindicaciones y colaborar de inmediato en alejar la nave del peligro de naufragio.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
Gestión
Impunidad por delaciones premiadas
Manuel Romero Caro
A pesar de la tremenda expectativa generada, la ciudadanía no
conocerá el 01.06.2017 la información de las delaciones premiadas de Odebrecht (Odb), ya que el
procurador regional Orlando Martello anunció que, para obtener las publicitadas
delaciones de los ex ejecutivos de Odb, el Perú primero se debe comprometer a
no procesar a los colaboradores brasileños ni a Odb ni a Braskem ni a las
empresas involucradas.
Es evidente que el Perú de ninguna manera debe acceder a las
demandas de Brasil. No solo por consideraciones políticas, éticas o legales;
sino también porque en los próximos días debemos acceder al servidor que Odb
tenía en Suiza, cuya entrega no tiene condicionalidad.
Ese servidor contiene toda la información que acredita los
millonarios sobornos y las personas que los recibieron. Contiene cien millones
de datos, la mayor parte encriptados. Pero ya se ha asegurado la asesoría del
ex fiscal suizo Stefan Lenz, quien desencriptará los datos del servidor. Por lo
que, hasta que no se acceda a la totalidad de datos, no se debería adoptar ninguna
decisión frente a las demandas brasileñas.
(…)
De esta manera, van quedando más claros los objetivos de Odb
frente a la grave crisis que afronta la empresa y sus accionistas. Que el Grupo
sobreviva y siga operando en el mayor número de países posible…
(…)
(Marcelo Odebrecht) condicionó su declaración (a la Fiscalía
y la Procuraduría) a la firma de un compromiso por parte de la Procuraduría
para que no efectúe acciones penales ni civiles contra él y sus empresas, lo
que no fue aceptado por la Procuraduría. Por lo que la pregunta que cabe
formularse es ¿y MO no solicitó el mismo condicionamiento al fiscal Juárez?
Es por ello que resulta indispensable que la Fiscalía aclare
si firmó o no el documento exigido por MO y que precise a lo que se habría
comprometido si lo firmó. Sería gravísimo si la Fiscalía se hubiese
comprometido a no procesar a MO ni a sus empresas ni a los exejecutivos de Odb.
A nivel empresarial, el objetivo de Odb es seguir operando en
el mayor número de países posibles. Para lo cual plantea suscribir un acuerdo
con los gobiernos y las autoridades judiciales.
Para tener una idea de las demandas de Odb, es importante
conocer lo mencionado por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa,
quien aseguró que “Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó. Es una
claudicación del Estado brasileño. Porque lo que pide Odebrecht es garantía de
que no tendrá ningún juicio civil, ni -penal, que no se va a revisar ningún
contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país. Cosas realmente
inadmisibles” (II).
(…)
…al conocerse el condicionamiento impuesto por el Ministerio
Público de Brasil a los países que deseen acceder a las delaciones de los ex
ejecutivos de Odb, queda claro que se accedió a las demandas de Odb.
(…)
La República
A inicios de este año, el Poder
Ejecutivo promulgó
el decreto de urgencia 003-2017 con el fin de garantizar el pago de las
reparaciones civiles de las empresas que ya han reconocido estar inmersas en
actos de corrupción, como Odebrecht.
Sin embargo, las distintas
tiendas políticas coincidieron ayer en que esta norma requiere algunos ajustes.
La fujimorista
Karina Beteta presentó un proyecto de
ley que plantea incluir en estas medidas restrictivas a las personas jurídicas peruanas
que estuvieron asociadas con esas empresas constructoras.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
El presidente, Pedro Pablo
Kuczynski, declaró desde Quito, Ecuador, que no acepta el pedido de la
oposición de la renuncia de Martín Vizcarra al cargo de vicepresidente.
“Fue elegido conmigo y
como segunda vicepresidente Mercedes Aráoz, y allí seguirán hasta que yo me
muera”, dijo.
El Comercio
El vocero titular de la bancada de Fuerza Popular, Luis
Galarreta precisó este martes
que los congresistas de su grupo parlamentario no están exigiendo la renuncia
de Martín
Vizcarra al cargo de primer
vicepresidente por el Caso Chinchero, sino que creen que debería dar un paso al
costado y que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le pida la renuncia.
Descartó que haya discrepancia entre Daniel Salaverry, Rosa Bartra y Héctor
Becerril.
El Comercio
El congresista Héctor
Becerril (Fuerza Popular) consideró el martes que el
Congreso no puede pedir la renuncia de Martín Vizcarra a la vicepresidencia de la República, pues fue elegido
democráticamente.
“Nosotros no podemos exigir la renuncia de un
vicepresidente, no se puede porque ha sido elegido por el pueblo. Lo que
corresponde es que el presidente lo evalúe, eso es lo correcto”, expresó Héctor Becerril a la prensa.
El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry
señaló que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “tendrá que cargar con ese
pasivo", en respuesta a las declaraciones que diera PPK desde Ecuador, en
las que aseguró que mantendrá como vicepresidentes a Martín Vizcarra y Mercedes
Aráoz.
El Comercio
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que Martín Vizcarra ya asumió su responsabilidad al renunciar a su cargo en
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tras la anulación de la adenda de
Chinchero.
El Comercio
El titular de la Confiep, Roque Benavides, opinó que
Martín Vizcarra no debería aceptar el pedido de renuncia de la oposición a su
cargo como primer vicepresidente, ya que no existe “conexión lógica” para ello.
El Comercio
Fuerza Popular respaldará el pedido para que la
comisión de Fiscalización del Congreso investigue todo lo relacionado con el
proyecto del aeropuerto Chinchero, en Cusco.
Así lo confirmó el presidente de dicho grupo de
trabajo, Héctor Becerril, con lo cual descartó que la bancada mayoritaria del
Parlamento apoye la propuesta de crear una comisión investigadora dedicada al
caso.
Becerril aseguró que en esta semana el pleno verá la
moción, que contará con el respaldo de Fuerza Popular.
La comisión estaría asumiendo los resultados del
informe de la contraloría que recomendó acciones legales contra Martín Vizcarra
y otros 10 funcionarios del MTC, MEF y Ositran.
El Comercio
Diversos abogados penalistas advirtieron ayer que la
denuncia penal que prepara la Contraloría no prosperará.
“Para que exista negociación incompatible se necesita
probar una intención de favorecer a la empresa, lo que me parece difícil de
probar en un caso tan público como este”, comentó el ex procurador
anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
“Una cosa es el error, así sea gravísimo, y otra muy
distinta es ponerse de acuerdo con la empresa para perjudicar al Estado
Peruano”, sostuvo el ex fiscal Avelino Guillén.
Por su parte, el abogado penalista César Nakazaki
afirmó que los “cuadros profesionales de la contraloría no son los mejores”.
El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala,
se refirió esta tarde a lo que consideró una “crispación política” que -según
dijo- se ha incrementado, es dañina y distrae de temas importantes.
En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros y antes de informar de los acuerdos en la reunión, Zavala leyó un pronunciamiento a manera de “reflexión”. Ahí aprovechó para dirigirse a la bancada de Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso.
“En las últimas semanas, la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de dos ministros, de dos integrantes de mi equipo, que se encuentran a cargo de temas fundamentales para lograr los resultados que el presidente elegido por la mayoría de los peruanos nos ha encomendado”, manifestó.
“No desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso de poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir”, agregó.
En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros y antes de informar de los acuerdos en la reunión, Zavala leyó un pronunciamiento a manera de “reflexión”. Ahí aprovechó para dirigirse a la bancada de Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso.
“En las últimas semanas, la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de dos ministros, de dos integrantes de mi equipo, que se encuentran a cargo de temas fundamentales para lograr los resultados que el presidente elegido por la mayoría de los peruanos nos ha encomendado”, manifestó.
“No desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso de poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir”, agregó.
“Volvamos a los cauces del respeto. El Ejecutivo y el
Congreso hemos demostrado que aún con nuestras diferencias, cuando trabajamos
en equipo y enfocados en la misma tarea, somos capaces de lograr objetivos, de
superar cualquier obstáculo”, señaló.
El Comercio
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, recién tendría que
acudir al Congreso para responder a la interpelación desde junio, ya que Fuerza
Popular va a presentar la moción luego de la semana de representación que
termina el 2 de dicho mes.
El vocero de la
bancada fujimorista, Luis Galarreta, detalló que el pedido de interpelación
todavía está siendo trabajado y que estará listo tras la semana de
representación que va entre el 29 de mayo y el 2 de junio.
Expreso
Diversas voces advirtieron
ayer de una escalada desestabilizadora contra el Gobierno del presidente Pedro
Pablo Kuczynski. Así lo ha hecho notar el legislador Juan Sheput (PpK), al
igual que otros miembros de la bancada oficialista, mientras en la fujimorista
Fuerza Popular exigen a viva voz la renuncia de Martín Vizcarra a la primera
vicepresidencia de la República. No solo eso. Plantean una nueva escalada de
interpelaciones contra otros dos ministros, entre ellos Carlos Basombrío, del
Interior, y la titular de Salud, Patricia García.
“Cada vez que plantean
interpelar a un ministro más, la única que se perjudica es Keiko Fujimori, pues
la gente se pregunta cómo hubiera sido si fueran Gobierno. Cada vez que
plantean la renuncia de [Martín] Vizcarra [a la primera vicepresidencia]
demuestran un ánimo desestabilizador”, sostuvo el vocero alterno del
pepekausismo.
Para Sheput esto significa
que en el fujimorismo no han cerrado las heridas de la última campaña y si su
intención fuera pretender adelantar tiempos electorales, mostrarían una gran
irresponsabilidad, anotó.
En ese orden de ideas, el
informe de la Contraloría General de la República sobre la adenda del contrato
para la construcción del aeropuerto de Chinchero “no tiene ni pies ni cabeza”,
y sería un documento más político que técnico que acusa sin sustento jurídico
alguno, añadió.
La Contraloría, dijo
Sheput, se ha convertido en un instrumento político de la oposición,
particularmente del fujimorismo, al ponerse de su lado. “El fujimorismo
destruye la institucionalidad de la interpelación parlamentaria y se ha
convertido en una especie de mono con metralleta que dispara a cuanto ministro
camina por Pasos Perdidos”, insistió, en Canal N.
La segunda vicepresidenta
del Congreso, Mercedes Aráoz, al ser consultada por EXPRESO, pidió respeto para
la investidura del cargo que ella y Martín Vizcarra ostentan, pues han sido
electos por voto popular, y también culpó al contralor Édgar Alarcón de generar
esta situación al hacer público un informe “errado”.
Calificó el pedido de
interpelación de los ministros del Interior y Salud, Carlos Basombrío y Patricia
García, como una persecución. Agregó que el fujimorismo está “buscando tres
pies al gato y no es el momento para estar haciendo inviable la sostenibilidad
del Gobierno”, por lo que pidió tomar “las cosas con calma”.
“No creo que sean todos,
la verdad es que hay algunos que tienen la intención de salir a decir estas
cosas, pero no creo que sea la intención de Keiko Fujimori, que tiene la
responsabilidad como la tenemos nosotros, de llevar con responsabilidad el tema
del país”, indicó.
En efecto, una de las
voces fujimoristas que tomó distancia de la posición expuesta en la víspera por
sus colegas Daniel Salaverry, Luis Galarreta y Rosa Bartra, fue Héctor
Becerril, quien sostuvo que “no podemos exigir la renuncia de un
vicepresidente, no se puede porque ha sido elegido por el pueblo. Lo que
corresponde es que el Presidente lo evalúe”, expresó Becerril a los medios.
La República
Columna de Alvarez Rodrich
Está clara la estrategia de Fuerza Popular (FP) para debilitar al
gobierno con el fin de ponerlo a su servicio, pero no si el presidente Pedro
Pablo Kuczynski reaccionará ante este embate antidemocrático.
Ya no hay duda de que el fujimorismo quiere desestabilizar al gobierno.
Tras bajarse a dos ministros –Jaime Saavedra y Martín Vizcarra–, ahora apunta a
los del Interior, Carlos Basombrío y Salud, Patricia García.
(…)
Una expresión que desnuda la real intención del fujimorismo de desestabilizar
al gobierno hasta que este, para sobrevivir, se ponga a sus órdenes, fue el
pedido de que Vizcarra no solo renuncie al MTC sino a la vicepresidencia de la
República.
Esto no solo es matonesco y golpista, sino ignorante, pues una cosa no
tiene que ver con la otra. Tanto que hasta el fujimorista Héctor Becerril tuvo
que desmentir al ex aprista y hoy fujimorista Daniel Salaverry.
Pero la iniciativa revela lo que quiere el fujimorismo: amenazar a PPK
con su vacancia para ponerlo al servicio de Keiko Fujimori, algo que no deja de
tener sabor a golpe.
(…)
El Comercio
Mira lo que has hecho, PPK
Fernando Vivas
Hace
pocos meses debatí con Cecilia Blume sobre el ‘motto’ “el Perú no puede parar”.
Ella decía que había que encapsular el Caso Lava Jato en su fuero judicial, y seguir adelante con proyectos
como el de Chinchero.
Por supuesto, esa posición me parecía proactiva y respetable, pero yo decía que teníamos que parar un ratito por consideración a un país indignado que acababa de confirmar que la corrupción en los megaproyectos se basaba en contratos deliberadamente ambiguos de asociaciones público-privadas (APP) y estudios de ingeniería a media caña, todo lo que derivaba en arbitrajes y adendas onerosas para el Estado.
Para mí, la sola mención de la palabra ‘adenda’ en pleno trance del Lava Jato era un despropósito, era nadar contra el tsunami. Peor aún, si el objetivo era salvar un contrato que el mismo Ejecutivo denunciaba como lesivo. Lo que había que hacer, con prudencia y nobleza políticas, era preparar correctivos (algunos, implementados con meras resoluciones sectoriales; otros como un paquete legislativo para negociar con la oposición parlamentaria) para recuperar la confianza nacional en las APP.
Por supuesto, esa posición me parecía proactiva y respetable, pero yo decía que teníamos que parar un ratito por consideración a un país indignado que acababa de confirmar que la corrupción en los megaproyectos se basaba en contratos deliberadamente ambiguos de asociaciones público-privadas (APP) y estudios de ingeniería a media caña, todo lo que derivaba en arbitrajes y adendas onerosas para el Estado.
Para mí, la sola mención de la palabra ‘adenda’ en pleno trance del Lava Jato era un despropósito, era nadar contra el tsunami. Peor aún, si el objetivo era salvar un contrato que el mismo Ejecutivo denunciaba como lesivo. Lo que había que hacer, con prudencia y nobleza políticas, era preparar correctivos (algunos, implementados con meras resoluciones sectoriales; otros como un paquete legislativo para negociar con la oposición parlamentaria) para recuperar la confianza nacional en las APP.
O sea,
el Ejecutivo debió emprender la ‘reconstrucción con cambios’ de las APP, antes
de plantear una adenda de marras que ha costado la cabeza de Martín
Vizcarra y una bronca de
cuidado con la contraloría. ¡Había que parar al Perú un ratito! Al menos, había
que parar hasta julio, cuando sí se podía renegociar el fondo del contrato. Por
cierto, tras el debate con Cecilia, fui invitado a las oficinas de Kuntur Wasi,
donde recibí explicaciones técnicas y salí con la impresión de que el consorcio
sí tenía disposición para negociar detalles como, por ejemplo, los años de la
concesión. Por supuesto, el de Chinchero es un gran proyecto que va a replantear para el Perú y
el mundo la experiencia del Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu. Ojalá el
lío se resuelva pronto. Lástima que el gobierno no lo detuvo motu proprio unos
meses; y dejó que lo hiciera la contraloría con un costo político incalculable.
Mira, PPK, lo que has hecho por apuradito en tu afán de destrabe
sin política: perdiste a tu gran ministro ejecutor que ahora será un vice
decorativo con probables problemas judiciales; fregaste de antemano a su
reemplazo que la tendrá más difícil arreglando este entuerto mientras afronta
los Panamericanos (otro caprichito) y el entrampe de la línea 2 del metro;
decepcionaste a los cusqueños, a los que quizá azuzaste cuando los visitaste
siendo presidente electo; comprometiste a los funcionarios señalados por la
contraloría y que, si los fujimoristas aprueban un proyecto que está en
comisiones, se quedarán sin abogados. ¡Qué has hecho, PPK!
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Gestión, Reuters
El oro cotizaba hoy sobre US$ 1,250 la onza y
tomaba un respiro tras la caída registrada en la sesión previa, mientras los
inversores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de
la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de
interés en Estados Unidos.
Las minutas de la reunión
de principios de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed deben ser
publicadas a las 1800 GMT.
las expectativas de que
las tasas de interés en Estados Unidos suban el mes próximo y potencialmente
nuevamente más adelante en el año han sido un factor importante para mantener
los precios del oro por debajo de US$ 1,300 la onza este año.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
La República
La bancada fujimrista aprobó por unanimidad
aprobar la reelección de autoridades regionales y municipales a partir de los
comicios de 2022.
Su objetivo sería lograr en los comicios de
2018 el mayor número de autoridades que garanticen la representatividad de FP
antes y después de la reelección presidencial.
La República
el
fujimorismo y el Apra volvieron a postergar en la Comisión de Constitución el
inicio del debate para la aprobación del código electoral.
La apuesta será solo por la aprobación de artículos aislados.
El presidente de este
grupo de trabajo, el fujimorista Miguel Torres, insistió en que esta decisión
no era una forma de mandar
al tacho el texto de la propuesta del código electoral, con más de cuatrocientos
artículos, que durante ocho meses formuló un grupo especial dirigido por su
colega de bancada Patricia Donayre.
La legisladora Donayre
nuevamente se mostró incómoda porque no fueron los miembros de su bancada quienes la respaldaron,
sino legisladores como Gino Costa y Gilbert Violeta (Peruanos Por el Kambio),
Yonhy Lescano (Acción Popular) y Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso).
Los congresistas de Fuerza
Popular y el Apra expusieron como argumento el breve tiempo que queda para
aprobar un texto de más de cuatrocientos páginas y que además debe pasar por el
Pleno, razón por la cual solo
optarán por aprobar modificaciones puntuales de cara a las elecciones del 2018.
Fue en el calor de este
debate que el vocero fujimorista Luis
Galarreta intervino y preguntó: “¿Por qué tanto apuro, ah?, ¿qué hay detrás?” Tal expresión generó el
fastidio de su colega fujimorista Donayre quien, sentada a su costado, le pidió
interrupción en forma reiterada, sin ser atendida por Galarreta. Donayre
insistió en intervernir, pero cuando iniciaba su alocución para descartar
cualquier tipo de lobbie, miembros de su misma bancada, casi de manera
sincronizada, se pusieron de pie para retirarse.
Al final, y sin
someter a ninguna votación,
el presidente de la comisión, Miguel Torres, sostuvo que las bancadas
presentarán en adelante las propuestas electorales específicas que desean poner
en agenda, únicamente, en el marco de los futuros comicios del 2018.
El Comercio
La última encuesta de El Comercio
- Ipsos revela cuáles son las expectativas de la ciudadanía sobre los cambios
que necesita nuestra normativa electoral para afrontar en mejores condiciones
las elecciones regionales y municipales del 2018.
Del estudio destaca que un 48%
está a favor de mantener el requisito del 4% de firmas del padrón electoral
(750 mil aproximadamente) para inscribir una organización ante el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE).
Sin embargo, llama la atención
que un mayoritario 66% considere que las firmas que presentan las agrupaciones
para inscribirse son falsas.
Y a fin de garantizar la idoneidad
de los candidatos, un 57% está a favor de que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) pueda levantar el secreto bancario de los candidatos. No
obstante, esta medida, que también planteó el Ejecutivo, no ha sido recogida en
el informe final de la subcomisión de reforma electoral del Congreso, por
considerarla inconstitucional. El grupo que dirigió la fujimorista Patricia
Donayre propone que sea voluntaria.
Otras expectativas reflejadas en
la encuesta sí han tenido eco en el subgrupo, como la prohibición de aportes
anónimos y que aquellos superiores a una UIT (S/4.050) sean bancarizados.
Sobre los aportes provenientes de
actividades proselitistas como rifas, cenas y cocteles, un 60% está de acuerdo
con establecer un tope. En el informe de la Comisión Donayre, se propone que
estos no superen las 60 UIT.
Una mayoría rechaza la entrega de
dádivas en campaña y espera que esta conducta, que le costó la candidatura
presidencial a César Acuña, se siga sancionando con la exclusión inmediata.
Ambas medidas tienen consenso en el Congreso, aunque el JNE pide sanciones
graduales en el caso de las dádivas para no generar incertidumbre.
La reforma electoral será
debatida en la Comisión de Constitución y luego en el pleno del Parlamento. El
titular del grupo, el fujimorista Miguel Torres, se ha comprometido a darle
prioridad.
El Comercio
¿Receta electoral o reforma electoral?
Patricia Donayre
Las elecciones del 2016 generaron un escenario de confusión debido a
leyes aprobadas en la víspera del proceso electoral, que modificaron las reglas
en el último momento. Las consecuencias fueron las conocidas exclusiones,
tachas y una inestabilidad total.
Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.
Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.
El subgrupo cumplió el encargo y elaboró una propuesta de nueva ley
electoral, tras lo cual presentó su informe el pasado 16 de mayo. Sin embargo,
durante el debate inicial de la reforma electoral en la Comisión de
Constitución, para calificar esta propuesta se rescató del diccionario un
término más culinario que legislativo: ‘insumo’. Término que en el recinto
parlamentario solo podría encontrar lugar en el Hall de los Pasos Perdidos.
Efectivamente, el término ‘insumo’ no existe en el reglamento del
Congreso, porque este define, entre otros, a “los ingredientes que se utilizan
en una receta gastronómica”. Quizá se pensó que siendo el Perú el país del
‘boom’ de la gastronomía, mal haríamos en alejar el término ‘insumo’ de los
escenarios más importantes y representativos.
Así, como resultado del debate, la Comisión de Constitución decidió
denominar al trabajo elaborado por el grupo de reforma electoral como un
“insumo” y no como un predictamen, como lo solicitaron sus integrantes en
virtud de los precedentes parlamentarios existentes. Un predictamen asegura que
el debate y los cambios que se hagan a partir de los aportes de los integrantes
de la Comisión de Constitución tengan como documento principal al texto
propuesto por el subgrupo de reforma electoral, mientras que los insumos, como
es conocido, normalmente terminan por perder su forma original para convertirse
en un producto distinto. ¿Pasará esto con la reforma electoral? Esperamos que
no.
El informe presentado es el trabajo multipartidario más serio en materia
de reforma política de los últimos diez años. No es un proyecto fujimorista,
como lo han denominado, sino la suma de esfuerzos de todos los grupos
parlamentarios. No está bien, por ello, llamar “insumo” a este proyecto de
reforma integral en el que se ha recopilado la legislación hasta ahora dispersa
para ordenar los procesos electorales, fortalecer los partidos políticos,
transparentar sus finanzas y limitar el acceso a la política de personas con
antecedentes de corrupción y delitos dolosos.
Ningún peruano es ajeno al grave problema que origina la corrupción como
consecuencia de los aportes en las campañas. Ningún peruano deja de sentirse
afectado porque unos cuantos deciden su destino por intereses económicos
individuales y no por los de la ciudadanía. Eso ha pasado cuando algunos
partidos fueron financiados por aportes de algunas empresas cuyo interés de
lucro las impulsa a invertir para ganar y cuando aportes anónimos respaldan
candidaturas sin que se sepa su procedencia. Estos tipos de aportes han sido
prohibidos en la ley electoral que proponemos a la Comisión de Constitución.
Otro aspecto importante de la propuesta es el fortalecimiento de los
partidos políticos, pues su poca consistencia hace que terminemos eligiendo
caudillos con las mejores promesas, o a quien resulte más dadivoso.
Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.
Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.
Por ello, la ley electoral propuesta está dando el primer paso en busca
de su fortalecimiento. ¿Cómo? Prohibiendo las dádivas, exigiendo el compromiso
con una ideología, con la democracia, la formación de cuadros nuevos y
capacitados y una existencia de tres años antes de las elecciones en caso de
partidos políticos nacionales, así como de un año en el caso de los movimientos
regionales.
El requisito de contar con el 4% de firmas para la inscripción es
también un elemento importante. No es una novedad, sino un porcentaje fijado ya
por la Ley 30414, aprobada por el Congreso de la República en el 2015.
Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.
Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.
Debemos ser responsables y actuar como estadistas, sin pensar en colores
políticos ni a quién o a cuál partido favorece esta ley. Tenemos que pensar en
la historia, en el bicentenario, que esta sea la reforma política del
bicentenario, que haga que la ciudadanía vuelva a confiar en las bondades del
sistema democrático.
Expreso
Entrevista
a Raúl Chanamé, miembro del JNE
-Doctor Chanamé, ¿usted cree
que ya están dadas las condiciones para promulgar un Código Electoral?
Estamos ante una
oportunidad única en los últimos 50 años para uniformizar y sistematizar
nuestra legislación electoral. Hay pluralidad de actores: el Congreso de la
República, el Poder Ejecutivo, el JNE, los partidos políticos y la sociedad
civil. Variedad de alternativas: existen dos proyectos del Código Electoral
[Parlamento y JNE], dos iniciativas parciales [PCM y Transparencia] y casi
medio centenar de iniciativas individuales. Hay voluntad colectiva, falta
aprovechar la oportunidad para codificar.
-¿Por dónde empezar: por la
bicameralidad o las elecciones primarias?
Lo primero que debemos
diferenciar es la reforma electoral de la reforma constitucional. Con la
primera podemos abordar con certidumbre las inminentes elecciones regionales y
municipales de 2018, para ello requerimos urgente el Código Electoral; para la
bicameralidad, voto facultativo, la reelección de alcaldes –por mencionar
algunos temas- requerimos un consenso amplio, como lo establece el artículo 206
de la Constitución, así como un plazo más amplio que se vence en 2020. El tema
de las dádivas está a la vuelta de la esquina, la elección de senadores todavía
puede esperar para el año 2021.
-¿Hay diferencias marcadas
entre las propuestas?
No, todo lo contrario: hay
grandes coincidencias, algunos matices y puntuales diferencias. Depende cómo lo
veamos, si queremos avanzar encontraremos consensos, si deseamos polarizar no
habrá diálogo posible. Hay consenso en las cuotas electorales [femenina, joven
y nativa], con paridad y alternancia, el aporte máximo de 200 UIT por persona
natural o jurídica, prohibición de aportes anónimos, bancarización de aportes,
prohibición de postulación de deudores alimenticios morosos, deudores de
reparaciones civiles, requerimiento de hoja de vida transparente y detallada,
distrito en el exterior, incentivos económicos a los miembros de mesa,
encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, entre otras coincidencias.
-¿Dónde se presentan matices?
En temas sensibles como
las elecciones primarias, donde el JNE plantea que sean obligatorias y con
participación de los organismos electorales, el proyecto del Congreso plantea
que la intervención de los organismos electorales sea optativa. La experiencia
enseña que allí donde hay solidos sistemas de partidos [Argentina, Brasil o
México] los organismos electorales facilitan los comicios internos.
-¿Qué
nos puede decir sobre la propuesta de intervención de la Unidad de Inteligencia
Financiera?
Es un matiz dentro de un
espíritu de transparencia y probidad de las candidaturas. Hoy sería
inconstitucional una intervención unilateral de la UIF pues la Carta Magna
garantiza como derecho fundamental de toda persona –sea o no candidato- el
secreto bancario y la reserva tributaria. El camino más largo es reformar la
Constitución, la propuesta inmediata sería que el candidato levante
voluntariamente su secreto financiero poniéndolo a disposición de la UIF.
-¿Qué preocupa al JNE?
Que no se modifique la ley
N° 30414, una norma que fue tan nefasta para el proceso electoral pasado, que
dejó como herencia la norma de dádivas, tan criticada en su momento, por el
cual las sanciones puedan ser calificadas de manera desproporcionada. Es un
tema que merece ser analizado y debatido con la mayor serenidad. La posición
del JNE es: 1) Que el monto utilizado como propaganda electoral no exceda del
0.5 % de la UIT y que ella no devenga en un regalo, dinero u obsequio de
naturaleza económica entregada como una dádiva. 2) En el caso que sucediera,
hay responsabilidad solidaria entre el candidato y el partido. 3) La sanción
debe ser proporcional y la multa será de entre 10 y 100 UIT, de acuerdo a la
magnitud del daño ocasionado. 4) Si esta conducta es recurrente o grave, la
sanción será la exclusión como pena accesoria al proceso penal por el delito de
inducción al voto. Con la norma vigente el sistema electoral corre el riesgo de
colapsar ante 120,000 postulantes sujetos a normas draconianas.
-¿Qué espera del Congreso?
Una actitud lúcida y alta
predisposición para consensuar ideas y propuestas que optimicen la democracia
peruana y garanticen procesos electorales transparentes con resultados
legítimos de cara al bicentenario
El Comercio
Feudalismo partidario y dinero negro
Alfredo Torres
El sistema político peruano es uno de los más frágiles del mundo. La
población tiende a elegir ‘outsiders’ que a la siguiente elección castiga con
una votación demoledora. Ningún partido alcanza una presencia relevante en las
elecciones regionales y municipales y el único movimiento con apoyo popular –el
fujimorismo– es más un sentimiento que una organización democrática. En este
desbarajuste, la ciudadanía ha visto surgir y caer a incontables autoridades de
las últimas tres décadas –presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes–
envueltos en la corrupción.
La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.
La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.
La falta de institucionalidad de los partidos se cura con una democracia
interna auténtica. Eso requiere que sus candidatos sean elegidos mediante
elecciones primarias organizadas por la ONPE con padrones del Reniec y supervisadas
por el JNE. Es inaceptable que políticos que se proclaman democráticos quieran
seguir controlando sus organizaciones como si fuesen su propiedad feudal. La
solución no está en elevar el número de firmas para inscribir un partido, ya
que las firmas son muy fáciles de falsificar, sino en elevar el número de
militantes. La mejor manera de confirmar que la militancia real sea real es
exigir un número mínimo de votos en las elecciones internas –Fernando Tuesta ha
sugerido 100 mil– para demostrar la real existencia de una organización. Basta
ya de partidos ‘huaicos’ que surgen como un aluvión y luego se dispersan.
La segunda medida para avanzar hacia la institucionalidad de los
partidos es también la primera para combatir la corrupción. Se trata de
resolver el problema del financiamiento de los partidos y de las campañas
electorales. La experiencia internacional enseña que la mejor solución es una
combinación de financiamiento público y privado transparente y acotado. El
financiamiento público es impopular, pero es peor dejar a los partidos a merced
del dinero ilícito. Con respecto al financiamiento privado, existe consenso en
que todo aporte mayor a una UIT debe ser bancarizado y que debe haber topes
para los ingresos provenientes de actividades tipo “rifas”, que son los
mecanismos para ingresar dinero negro a las campañas. Ambas medidas cuentan con
el apoyo de más del 60% de la ciudadanía.
Pero la única manera de asegurar que no entre a una campaña electoral
dinero negro es con un control estricto de los gastos. La Asociación Civil
Transparencia ha propuesto que los medios de comunicación estén obligados a
reportar las contrataciones de propaganda de candidatos y organizaciones
políticas. Esa medida es indispensable y cuenta con el apoyo del 63% de la
opinión pública. Solo con información confiable de los gastos de una campaña se
puede saber si se están declarando todos los ingresos recibidos. Y la
consecuencia de la violación de esta norma no debería ser solo una multa –que
los partidos generalmente no pagan– sino sanciones políticas, llegando a la
inhabilitación del partido a participar en las elecciones.
Otra medida en que existe consenso es que no puedan ser candidatos
“quienes tengan sentencia condenatoria de segunda instancia con pena privativa
de libertad efectiva o suspendida, o prisión preventiva por la comisión de
delitos”, como lo propuso el grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre.
Pero también debe incorporarse el “levantamiento automático del secreto
bancario, reserva tributaria y bursátil a la UIF para todos los candidatos
desde el momento de su postulación y hasta dos años después del término de sus
mandatos, si resultaran electos”; con la consiguiente responsabilidad de la UIF
de reportar al JNE en caso de encontrar actividad sospechosa, como lo propuso
el Poder Ejecutivo.
La Comisión de Constitución que preside Miguel Torres tiene ahora una
gran responsabilidad entre manos. Fuerza Popular tendrá la tentación de hacer
una ley a su medida. Tiene la mayoría para hacerlo y podría servirles en el
corto plazo. Pero si, en cambio, deciden legislar con una visión de largo
plazo, la historia se los reconocerá. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, tiene acá una gran oportunidad para demostrar su vocación
democrática. La opinión pública estará observando.
