miércoles, 24 de mayo de 2017

ESTA NOCHE miércoles 24 mayo 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
El timón y la vela

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Hay que encontrar el punto de equilibrio entre la necesidad de promover el crecimiento y la urgencia de mantener con rienda corta al caballo desbocado del gasto que heredamos del gobierno anterior.

Por el momento, el aumento ya inevitable del déficit fiscal tendrá que financiarse con endeudamiento.

El gobierno apuesta a que podrá atravesar en medida muy considerable el techo legal establecido para ambos casos, y regresar a él antes del año 2021, al término del período del actual gobierno.

Es una apuesta muy riesgosa, de difícil administración y que de partida cuenta con escasas posibilidades de éxito.

Una vez rotos los candados legales que por años han mantenido la economía peruana en sus rieles, hay peligro de desatar fuerzas destructivas que fueron puestas bajo control hace ya más de de veinte años por el gobierno fujimorista. Escila y Caribdis acechan la nave nuevamente.

Esto es lo que ha advertido el grupo económico PREDICE, nucleado alrededor del diario EXPRESO.

Pide controlar estrictamente el gasto corriente del Estado, de modo que la ruptura inevitable del techo legalmente establecidos al déficit fiscal y al endeudamiento sea la menor posible. 

Pero sobre todo pide impulsar cuidadosamente la inversión pública en la reconstrucción del Niño y, más allá, en una agenda común para la construcción de nueva infraestructura que haga posible nueva inversión privada masiva en agua, reforestación y minería.

Esto requiere un gran esfuerzo político del gobierno y la oposición para generar las condiciones de gobernabilidad y seguridad jurídica que hagan posible ese aumento masivo de la inversión privada.

Este el desafío hoy para el gobierno y la oposición. A la oposición le corresponde autorizar la ampliación de los límites legales del déficit fiscal y del endeudamiento, izar la vela de la nave.

Al gobierno le corresponde asir el timón del navío y mantener firme el rumbo. A ambos les toca postergar sus legítimas reivindicaciones y colaborar de inmediato en alejar la nave del peligro de naufragio.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.


ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



Gestión
Impunidad por delaciones premiadas
Manuel Romero Caro
A pesar de la tremenda expectativa generada, la ciudadanía no conocerá el 01.06.2017 la información de las delaciones premiadas de Odebrecht (Odb), ya que el procurador regional Orlando Martello anunció que, para obtener las publicitadas delaciones de los ex ejecutivos de Odb, el Perú primero se debe comprometer a no procesar a los colaboradores brasileños ni a Odb ni a Braskem ni a las empresas involucradas.
Es evidente que el Perú de ninguna manera debe acceder a las demandas de Brasil. No solo por consideraciones políticas, éticas o legales; sino también porque en los próximos días debemos acceder al servidor que Odb tenía en Suiza, cuya entrega no tiene condicionalidad.
Ese servidor contiene toda la información que acredita los millonarios sobornos y las personas que los recibieron. Contiene cien millones de datos, la mayor parte encriptados. Pero ya se ha asegurado la asesoría del ex fiscal suizo Stefan Lenz, quien desencriptará los datos del servidor. Por lo que, hasta que no se acceda a la totalidad de datos, no se debería adoptar ninguna decisión frente a las demandas brasileñas.
(…)
De esta manera, van quedando más claros los objetivos de Odb frente a la grave crisis que afronta la empresa y sus accionistas. Que el Grupo sobreviva y siga operando en el mayor número de países posible…
(…)
(Marcelo Odebrecht) condicionó su declaración (a la Fiscalía y la Procuraduría) a la firma de un compromiso por parte de la Procuraduría para que no efectúe acciones penales ni civiles contra él y sus empresas, lo que no fue aceptado por la Procuraduría. Por lo que la pregunta que cabe formularse es ¿y MO no solicitó el mismo condicionamiento al fiscal Juárez?
Es por ello que resulta indispensable que la Fiscalía aclare si firmó o no el documento exigido por MO y que precise a lo que se habría comprometido si lo firmó. Sería gravísimo si la Fiscalía se hubiese comprometido a no procesar a MO ni a sus empresas ni a los exejecutivos de Odb.
A nivel empresarial, el objetivo de Odb es seguir operando en el mayor número de países posibles. Para lo cual plantea suscribir un acuerdo con los gobiernos y las autoridades judiciales.
Para tener una idea de las demandas de Odb, es importante conocer lo mencionado por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aseguró que “Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó. Es una claudicación del Estado brasileño. Porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ni -penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país. Cosas realmente inadmisibles” (II).
(…)
…al conocerse el condicionamiento impuesto por el Ministerio Público de Brasil a los países que deseen acceder a las delaciones de los ex ejecutivos de Odb, queda claro que se accedió a las demandas de Odb.
(…)



La República
A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto de urgencia 003-2017 con el fin de garantizar el pago de las reparaciones civiles de las empresas que ya han reconocido estar inmersas en actos de corrupción, como Odebrecht.
Sin embargo, las distintas tiendas políticas coincidieron ayer en que esta norma requiere algunos ajustes. La fujimorista Karina Beteta presentó un proyecto de ley que plantea incluir en estas medidas restrictivas a las personas jurídicas peruanas que estuvieron asociadas con esas empresas constructoras.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, declaró desde Quito, Ecuador, que no acepta el pedido de la oposición de la renuncia de Martín Vizcarra al cargo de vicepresidente.
“Fue elegido conmigo y como segunda vicepresidente Mercedes Aráoz, y allí seguirán hasta que yo me muera”, dijo.



El Comercio
El vocero titular de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta precisó este martes que los congresistas de su grupo parlamentario no están exigiendo la renuncia de Martín Vizcarra al cargo de primer vicepresidente por el Caso Chinchero, sino que creen que debería dar un paso al costado y que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le pida la renuncia. Descartó que haya discrepancia entre Daniel Salaverry, Rosa Bartra y Héctor Becerril.



El Comercio
El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) consideró el martes que el Congreso no puede pedir la renuncia de Martín Vizcarra a la vicepresidencia de la República, pues fue elegido democráticamente.
“Nosotros no podemos exigir la renuncia de un vicepresidente, no se puede porque ha sido elegido por el pueblo. Lo que corresponde es que el presidente lo evalúe, eso es lo correcto”, expresó Héctor Becerril a la prensa.



El Comercio
El congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry señaló que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “tendrá que cargar con ese pasivo", en respuesta a las declaraciones que diera PPK desde Ecuador, en las que aseguró que mantendrá como vicepresidentes a Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz.



El Comercio
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que Martín Vizcarra ya asumió su responsabilidad al renunciar a su cargo en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tras la anulación de la adenda de Chinchero.



El Comercio
El titular de la Confiep, Roque Benavides, opinó que Martín Vizcarra no debería aceptar el pedido de renuncia de la oposición a su cargo como primer vicepresidente, ya que no existe “conexión lógica” para ello.



El Comercio
Fuerza Popular respaldará el pedido para que la comisión de Fiscalización del Congreso investigue todo lo relacionado con el proyecto del aeropuerto Chinchero, en Cusco.
Así lo confirmó el presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Becerril, con lo cual descartó que la bancada mayoritaria del Parlamento apoye la propuesta de crear una comisión investigadora dedicada al caso.
Becerril aseguró que en esta semana el pleno verá la moción, que contará con el respaldo de Fuerza Popular.
La comisión estaría asumiendo los resultados del informe de la contraloría que recomendó acciones legales contra Martín Vizcarra y otros 10 funcionarios del MTC, MEF y Ositran.



El Comercio
Diversos abogados penalistas advirtieron ayer que la denuncia penal que prepara la Contraloría no prosperará.
“Para que exista negociación incompatible se necesita probar una intención de favorecer a la empresa, lo que me parece difícil de probar en un caso tan público como este”, comentó el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia.
“Una cosa es el error, así sea gravísimo, y otra muy distinta es ponerse de acuerdo con la empresa para perjudicar al Estado Peruano”, sostuvo el ex fiscal Avelino Guillén.
Por su parte, el abogado penalista César Nakazaki afirmó que los “cuadros profesionales de la contraloría no son los mejores”.



El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se refirió esta tarde a lo que consideró una “crispación política” que -según dijo- se ha incrementado, es dañina y distrae de temas importantes.
En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros y antes de informar de los acuerdos en la reunión, Zavala leyó un pronunciamiento a manera de “reflexión”. Ahí aprovechó para dirigirse a la bancada de Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso. 
“En las últimas semanas, la bancada mayoritaria ha promovido la interpelación de dos ministros, de dos integrantes de mi equipo, que se encuentran a cargo de temas fundamentales para lograr los resultados que el presidente elegido por la mayoría de los peruanos nos ha encomendado”, manifestó.
“No desnaturalicemos las funciones ni perdamos la perspectiva. Una cosa es el control político, otra es el abuso de poder. Una cosa es fiscalizar, otra es obstruir”, agregó.
“Volvamos a los cauces del respeto. El Ejecutivo y el Congreso hemos demostrado que aún con nuestras diferencias, cuando trabajamos en equipo y enfocados en la misma tarea, somos capaces de lograr objetivos, de superar cualquier obstáculo”, señaló.



El Comercio
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, recién tendría que acudir al Congreso para responder a la interpelación desde junio, ya que Fuerza Popular va a presentar la moción luego de la semana de representación que termina el 2 de dicho mes.
El vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta, detalló que el pedido de interpelación todavía está siendo trabajado y que estará listo tras la semana de representación que va entre el 29 de mayo y el 2 de junio.



Expreso
Diversas voces advirtieron ayer de una escalada desestabilizadora contra el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Así lo ha hecho notar el legislador Juan Sheput (PpK), al igual que otros miembros de la bancada oficialista, mientras en la fujimorista Fuerza Popular exigen a viva voz la renuncia de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia de la República. No solo eso. Plantean una nueva escalada de interpelaciones contra otros dos ministros, entre ellos Carlos Basombrío, del Interior, y la titular de Salud, Patricia García.
“Cada vez que plantean interpelar a un ministro más, la única que se perjudica es Keiko Fujimori, pues la gente se pregunta cómo hubiera sido si fueran Gobierno. Cada vez que plantean la renuncia de [Martín] Vizcarra [a la primera vicepresidencia] demuestran un ánimo desestabilizador”, sostuvo el vocero alterno del pepekausismo.
Para Sheput esto significa que en el fujimorismo no han cerrado las heridas de la última campaña y si su intención fuera pretender adelantar tiempos electorales, mostrarían una gran irresponsabilidad, anotó.
En ese orden de ideas, el informe de la Contraloría General de la República sobre la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero “no tiene ni pies ni cabeza”, y sería un documento más político que técnico que acusa sin sustento jurídico alguno, añadió.
La Contraloría, dijo Sheput, se ha convertido en un instrumento político de la oposición, particularmente del fujimorismo, al ponerse de su lado. “El fujimorismo destruye la institucionalidad de la interpelación parlamentaria y se ha convertido en una especie de mono con metralleta que dispara a cuanto ministro camina por Pasos Perdidos”, insistió, en Canal N.
La segunda vicepresidenta del Congreso, Mercedes Aráoz, al ser consultada por EXPRESO, pidió respeto para la investidura del cargo que ella y Martín Vizcarra ostentan, pues han sido electos por voto popular, y también culpó al contralor Édgar Alarcón de generar esta situación al hacer público un informe “errado”.
Calificó el pedido de interpelación de los ministros del Interior y Salud, Carlos Basombrío y Patricia García, como una persecución. Agregó que el fujimorismo está “buscando tres pies al gato y no es el momento para estar haciendo inviable la sostenibilidad del Gobierno”, por lo que pidió tomar “las cosas con calma”.
“No creo que sean todos, la verdad es que hay algunos que tienen la intención de salir a decir estas cosas, pero no creo que sea la intención de Keiko Fujimori, que tiene la responsabilidad como la tenemos nosotros, de llevar con responsabilidad el tema del país”, indicó.
En efecto, una de las voces fujimoristas que tomó distancia de la posición expuesta en la víspera por sus colegas Daniel Salaverry, Luis Galarreta y Rosa Bartra, fue Héctor Becerril, quien sostuvo que “no podemos exigir la renuncia de un vicepresidente, no se puede porque ha sido elegido por el pueblo. Lo que corresponde es que el Presidente lo evalúe”, expresó Becerril a los medios.



La República
Columna de Alvarez Rodrich
Está clara la estrategia de Fuerza Popular (FP) para debilitar al gobierno con el fin de ponerlo a su servicio, pero no si el presidente Pedro Pablo Kuczynski reaccionará ante este embate antidemocrático.
Ya no hay duda de que el fujimorismo quiere desestabilizar al gobierno. Tras bajarse a dos ministros –Jaime Saavedra y Martín Vizcarra–, ahora apunta a los del Interior, Carlos Basombrío y Salud, Patricia García.
(…)
Una expresión que desnuda la real intención del fujimorismo de desestabilizar al gobierno hasta que este, para sobrevivir, se ponga a sus órdenes, fue el pedido de que Vizcarra no solo renuncie al MTC sino a la vicepresidencia de la República.
Esto no solo es matonesco y golpista, sino ignorante, pues una cosa no tiene que ver con la otra. Tanto que hasta el fujimorista Héctor Becerril tuvo que desmentir al ex aprista y hoy fujimorista Daniel Salaverry.
Pero la iniciativa revela lo que quiere el fujimorismo: amenazar a PPK con su vacancia para ponerlo al servicio de Keiko Fujimori, algo que no deja de tener sabor a golpe.
(…)



El Comercio
Mira lo que has hecho, PPK
Fernando Vivas
Hace pocos meses debatí con Cecilia Blume sobre el ‘motto’ “el Perú no puede parar”. Ella decía que había que encapsular el Caso Lava Jato en su fuero judicial, y seguir adelante con proyectos como el de Chinchero. 
Por supuesto, esa posición me parecía proactiva y respetable, pero yo decía que teníamos que parar un ratito por consideración a un país indignado que acababa de confirmar que la corrupción en los megaproyectos se basaba en contratos deliberadamente ambiguos de asociaciones público-privadas (APP) y estudios de ingeniería a media caña, todo lo que derivaba en arbitrajes y adendas onerosas para el Estado.
Para mí, la sola mención de la palabra ‘adenda’ en pleno trance del Lava Jato era un despropósito, era nadar contra el tsunami. Peor aún, si el objetivo era salvar un contrato que el mismo Ejecutivo denunciaba como lesivo. Lo que había que hacer, con prudencia y nobleza políticas, era preparar correctivos (algunos, implementados con meras resoluciones sectoriales; otros como un paquete legislativo para negociar con la oposición parlamentaria) para recuperar la confianza nacional en las APP.
O sea, el Ejecutivo debió emprender la ‘reconstrucción con cambios’ de las APP, antes de plantear una adenda de marras que ha costado la cabeza de Martín Vizcarra y una bronca de cuidado con la contraloría. ¡Había que parar al Perú un ratito! Al menos, había que parar hasta julio, cuando sí se podía renegociar el fondo del contrato. Por cierto, tras el debate con Cecilia, fui invitado a las oficinas de Kuntur Wasi, donde recibí explicaciones técnicas y salí con la impresión de que el consorcio sí tenía disposición para negociar detalles como, por ejemplo, los años de la concesión. Por supuesto, el de Chinchero es un gran proyecto que va a replantear para el Perú y el mundo la experiencia del Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu. Ojalá el lío se resuelva pronto. Lástima que el gobierno no lo detuvo motu proprio unos meses; y dejó que lo hiciera la contraloría con un costo político incalculable.
Mira, PPK, lo que has hecho por apuradito en tu afán de destrabe sin política: perdiste a tu gran ministro ejecutor que ahora será un vice decorativo con probables problemas judiciales; fregaste de antemano a su reemplazo que la tendrá más difícil arreglando este entuerto mientras afronta los Panamericanos (otro caprichito) y el entrampe de la línea 2 del metro; decepcionaste a los cusqueños, a los que quizá azuzaste cuando los visitaste siendo presidente electo; comprometiste a los funcionarios señalados por la contraloría y que, si los fujimoristas aprueban un proyecto que está en comisiones, se quedarán sin abogados. ¡Qué has hecho, PPK!






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Gestión, Reuters
El oro cotizaba hoy sobre US$ 1,250 la onza y tomaba un respiro tras la caída registrada en la sesión previa, mientras los inversores esperaban las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos.
Las minutas de la reunión de principios de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed deben ser publicadas a las 1800 GMT.
las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos suban el mes próximo y potencialmente nuevamente más adelante en el año han sido un factor importante para mantener los precios del oro por debajo de US$ 1,300 la onza este año.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



La República
La bancada fujimrista aprobó por unanimidad aprobar la reelección de autoridades regionales y municipales a partir de los comicios de 2022.
Su objetivo sería lograr en los comicios de 2018 el mayor número de autoridades que garanticen la representatividad de FP antes y después de la reelección presidencial.



La República
el fujimorismo y el Apra volvieron a postergar en la Comisión de Constitución el inicio del debate para la aprobación del código electoral. La apuesta será solo por la aprobación de artículos aislados.
El presidente de este grupo de trabajo, el fujimorista Miguel Torres, insistió en que esta decisión no era una forma de mandar al tacho el texto de la propuesta del código electoral, con más de cuatrocientos artículos, que durante ocho meses formuló un grupo especial dirigido por su colega de bancada Patricia Donayre.
La legisladora Donayre nuevamente se mostró incómoda porque no fueron los miembros de su bancada quienes la respaldaron, sino legisladores como Gino Costa y Gilbert Violeta (Peruanos Por el Kambio), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso).
Los congresistas de Fuerza Popular y el Apra expusieron como argumento el breve tiempo que queda para aprobar un texto de más de cuatrocientos páginas y que además debe pasar por el Pleno, razón por la cual solo optarán por aprobar modificaciones puntuales de cara a las elecciones del 2018.
Fue en el calor de este debate que el vocero fujimorista Luis Galarreta intervino y preguntó: “¿Por qué tanto apuro, ah?, ¿qué hay detrás?” Tal expresión generó el fastidio de su colega fujimorista Donayre quien, sentada a su costado, le pidió interrupción en forma reiterada, sin ser atendida por Galarreta. Donayre insistió en intervernir, pero cuando iniciaba su alocución para descartar cualquier tipo de lobbie, miembros de su misma bancada, casi de manera sincronizada, se pusieron de pie para retirarse.
Al final, y sin someter a ninguna votación, el presidente de la comisión, Miguel Torres, sostuvo que las bancadas presentarán en adelante las propuestas electorales específicas que desean poner en agenda, únicamente, en el marco de los futuros comicios del 2018.



El Comercio
La última encuesta de El Comercio - Ipsos revela cuáles son las expectativas de la ciudadanía sobre los cambios que necesita nuestra normativa electoral para afrontar en mejores condiciones las elecciones regionales y municipales del 2018.
Del estudio destaca que un 48% está a favor de mantener el requisito del 4% de firmas del padrón electoral (750 mil aproximadamente) para inscribir una organización ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Sin embargo, llama la atención que un mayoritario 66% considere que las firmas que presentan las agrupaciones para inscribirse son falsas.
Y a fin de garantizar la idoneidad de los candidatos, un 57% está a favor de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda levantar el secreto bancario de los candidatos. No obstante, esta medida, que también planteó el Ejecutivo, no ha sido recogida en el informe final de la subcomisión de reforma electoral del Congreso, por considerarla inconstitucional. El grupo que dirigió la fujimorista Patricia Donayre propone que sea voluntaria.
Otras expectativas reflejadas en la encuesta sí han tenido eco en el subgrupo, como la prohibición de aportes anónimos y que aquellos superiores a una UIT (S/4.050) sean bancarizados.
Sobre los aportes provenientes de actividades proselitistas como rifas, cenas y cocteles, un 60% está de acuerdo con establecer un tope. En el informe de la Comisión Donayre, se propone que estos no superen las 60 UIT.
Una mayoría rechaza la entrega de dádivas en campaña y espera que esta conducta, que le costó la candidatura presidencial a César Acuña, se siga sancionando con la exclusión inmediata. Ambas medidas tienen consenso en el Congreso, aunque el JNE pide sanciones graduales en el caso de las dádivas para no generar incertidumbre.
La reforma electoral será debatida en la Comisión de Constitución y luego en el pleno del Parlamento. El titular del grupo, el fujimorista Miguel Torres, se ha comprometido a darle prioridad.



El Comercio
¿Receta electoral o reforma electoral?
Patricia Donayre
Las elecciones del 2016 generaron un escenario de confusión debido a leyes aprobadas en la víspera del proceso electoral, que modificaron las reglas en el último momento. Las consecuencias fueron las conocidas exclusiones, tachas y una inestabilidad total.
Comprendiendo que la historia no debe repetirse, que no se puede seguir parchando leyes, el año pasado fue formado el subgrupo multipartidario de reforma electoral. Este recibió el encargo de la Comisión de Constitución de revisar y compilar la legislación dispersa en materia electoral, a través de una propuesta integral.
El subgrupo cumplió el encargo y elaboró una propuesta de nueva ley electoral, tras lo cual presentó su informe el pasado 16 de mayo. Sin embargo, durante el debate inicial de la reforma electoral en la Comisión de Constitución, para calificar esta propuesta se rescató del diccionario un término más culinario que legislativo: ‘insumo’. Término que en el recinto parlamentario solo podría encontrar lugar en el Hall de los Pasos Perdidos.
Efectivamente, el término ‘insumo’ no existe en el reglamento del Congreso, porque este define, entre otros, a “los ingredientes que se utilizan en una receta gastronómica”. Quizá se pensó que siendo el Perú el país del ‘boom’ de la gastronomía, mal haríamos en alejar el término ‘insumo’ de los escenarios más importantes y representativos.
Así, como resultado del debate, la Comisión de Constitución decidió denominar al trabajo elaborado por el grupo de reforma electoral como un “insumo” y no como un predictamen, como lo solicitaron sus integrantes en virtud de los precedentes parlamentarios existentes. Un predictamen asegura que el debate y los cambios que se hagan a partir de los aportes de los integrantes de la Comisión de Constitución tengan como documento principal al texto propuesto por el subgrupo de reforma electoral, mientras que los insumos, como es conocido, normalmente terminan por perder su forma original para convertirse en un producto distinto. ¿Pasará esto con la reforma electoral? Esperamos que no.
El informe presentado es el trabajo multipartidario más serio en materia de reforma política de los últimos diez años. No es un proyecto fujimorista, como lo han denominado, sino la suma de esfuerzos de todos los grupos parlamentarios. No está bien, por ello, llamar “insumo” a este proyecto de reforma integral en el que se ha recopilado la legislación hasta ahora dispersa para ordenar los procesos electorales, fortalecer los partidos políticos, transparentar sus finanzas y limitar el acceso a la política de personas con antecedentes de corrupción y delitos dolosos.
Ningún peruano es ajeno al grave problema que origina la corrupción como consecuencia de los aportes en las campañas. Ningún peruano deja de sentirse afectado porque unos cuantos deciden su destino por intereses económicos individuales y no por los de la ciudadanía. Eso ha pasado cuando algunos partidos fueron financiados por aportes de algunas empresas cuyo interés de lucro las impulsa a invertir para ganar y cuando aportes anónimos respaldan candidaturas sin que se sepa su procedencia. Estos tipos de aportes han sido prohibidos en la ley electoral que proponemos a la Comisión de Constitución.
Otro aspecto importante de la propuesta es el fortalecimiento de los partidos políticos, pues su poca consistencia hace que terminemos eligiendo caudillos con las mejores promesas, o a quien resulte más dadivoso.
Esta falta de solidez de los partidos ha resultado negativa y la personalización de la política también.
Por ello, la ley electoral propuesta está dando el primer paso en busca de su fortalecimiento. ¿Cómo? Prohibiendo las dádivas, exigiendo el compromiso con una ideología, con la democracia, la formación de cuadros nuevos y capacitados y una existencia de tres años antes de las elecciones en caso de partidos políticos nacionales, así como de un año en el caso de los movimientos regionales.
El requisito de contar con el 4% de firmas para la inscripción es también un elemento importante. No es una novedad, sino un porcentaje fijado ya por la Ley 30414, aprobada por el Congreso de la República en el 2015.
Por todo esto, la ley electoral que proponemos es una ley trascendente, producto de una reforma consensuada por la que nadie se atrevía a dar el primer paso porque no la creían posible. Sin embargo, se hizo con el objetivo de terminar con un atraso de 30 años en la materia, lográndolo en primera instancia, porque el país necesita una reforma acorde a las exigencias de la OCDE. De ahí la idea de una reforma integral, una sola ley electoral y no más modificaciones parciales, que generen un alto costo político como el de la última elección.
Debemos ser responsables y actuar como estadistas, sin pensar en colores políticos ni a quién o a cuál partido favorece esta ley. Tenemos que pensar en la historia, en el bicentenario, que esta sea la reforma política del bicentenario, que haga que la ciudadanía vuelva a confiar en las bondades del sistema democrático.



Expreso
Entrevista a Raúl Chanamé, miembro del JNE
-Doctor Chanamé, ¿usted cree que ya están dadas las condiciones para promulgar un Código Electoral?
Estamos ante una oportunidad única en los últimos 50 años para uniformizar y sistematizar nuestra legislación electoral. Hay pluralidad de actores: el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el JNE, los partidos políticos y la sociedad civil. Variedad de alternativas: existen dos proyectos del Código Electoral [Parlamento y JNE], dos iniciativas parciales [PCM y Transparencia] y casi medio centenar de iniciativas individuales. Hay voluntad colectiva, falta aprovechar la oportunidad para codificar.
-¿Por dónde empezar: por la bicameralidad o las elecciones primarias?
Lo primero que debemos diferenciar es la reforma electoral de la reforma constitucional. Con la primera podemos abordar con certidumbre las inminentes elecciones regionales y municipales de 2018, para ello requerimos urgente el Código Electoral; para la bicameralidad, voto facultativo, la reelección de alcaldes –por mencionar algunos temas- requerimos un consenso amplio, como lo establece el artículo 206 de la Constitución, así como un plazo más amplio que se vence en 2020. El tema de las dádivas está a la vuelta de la esquina, la elección de senadores todavía puede esperar para el año 2021.
-¿Hay diferencias marcadas entre las propuestas?
No, todo lo contrario: hay grandes coincidencias, algunos matices y puntuales diferencias. Depende cómo lo veamos, si queremos avanzar encontraremos consensos, si deseamos polarizar no habrá diálogo posible. Hay consenso en las cuotas electorales [femenina, joven y nativa], con paridad y alternancia, el aporte máximo de 200 UIT por persona natural o jurídica, prohibición de aportes anónimos, bancarización de aportes, prohibición de postulación de deudores alimenticios morosos, deudores de reparaciones civiles, requerimiento de hoja de vida transparente y detallada, distrito en el exterior, incentivos económicos a los miembros de mesa, encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, entre otras coincidencias.
-¿Dónde se presentan matices?
En temas sensibles como las elecciones primarias, donde el JNE plantea que sean obligatorias y con participación de los organismos electorales, el proyecto del Congreso plantea que la intervención de los organismos electorales sea optativa. La experiencia enseña que allí donde hay solidos sistemas de partidos [Argentina, Brasil o México] los organismos electorales facilitan los comicios internos.
-¿Qué nos puede decir sobre la propuesta de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera?
Es un matiz dentro de un espíritu de transparencia y probidad de las candidaturas. Hoy sería inconstitucional una intervención unilateral de la UIF pues la Carta Magna garantiza como derecho fundamental de toda persona –sea o no candidato- el secreto bancario y la reserva tributaria. El camino más largo es reformar la Constitución, la propuesta inmediata sería que el candidato levante voluntariamente su secreto financiero poniéndolo a disposición de la UIF.
-¿Qué preocupa al JNE?
Que no se modifique la ley N° 30414, una norma que fue tan nefasta para el proceso electoral pasado, que dejó como herencia la norma de dádivas, tan criticada en su momento, por el cual las sanciones puedan ser calificadas de manera desproporcionada. Es un tema que merece ser analizado y debatido con la mayor serenidad. La posición del JNE es: 1) Que el monto utilizado como propaganda electoral no exceda del 0.5 % de la UIT y que ella no devenga en un regalo, dinero u obsequio de naturaleza económica entregada como una dádiva. 2) En el caso que sucediera, hay responsabilidad solidaria entre el candidato y el partido. 3) La sanción debe ser proporcional y la multa será de entre 10 y 100 UIT, de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado. 4) Si esta conducta es recurrente o grave, la sanción será la exclusión como pena accesoria al proceso penal por el delito de inducción al voto. Con la norma vigente el sistema electoral corre el riesgo de colapsar ante 120,000 postulantes sujetos a normas draconianas.
-¿Qué espera del Congreso?
Una actitud lúcida y alta predisposición para consensuar ideas y propuestas que optimicen la democracia peruana y garanticen procesos electorales transparentes con resultados legítimos de cara al bicentenario



El Comercio
Feudalismo partidario y dinero negro
Alfredo Torres
El sistema político peruano es uno de los más frágiles del mundo. La población tiende a elegir ‘outsiders’ que a la siguiente elección castiga con una votación demoledora. Ningún partido alcanza una presencia relevante en las elecciones regionales y municipales y el único movimiento con apoyo popular –el fujimorismo– es más un sentimiento que una organización democrática. En este desbarajuste, la ciudadanía ha visto surgir y caer a incontables autoridades de las últimas tres décadas –presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes– envueltos en la corrupción.
La reforma electoral en debate no será una panacea que resolverá todos los problemas de nuestro sistema político, pero sería muy valiosa si contribuye a resolver dos de las mayores debilidades de nuestra frágil democracia: la falta de institucionalidad de nuestros partidos y su permeabilidad para ser infiltrados por la corrupción. Dos debilidades que están interrelacionadas.
La falta de institucionalidad de los partidos se cura con una democracia interna auténtica. Eso requiere que sus candidatos sean elegidos mediante elecciones primarias organizadas por la ONPE con padrones del Reniec y supervisadas por el JNE. Es inaceptable que políticos que se proclaman democráticos quieran seguir controlando sus organizaciones como si fuesen su propiedad feudal. La solución no está en elevar el número de firmas para inscribir un partido, ya que las firmas son muy fáciles de falsificar, sino en elevar el número de militantes. La mejor manera de confirmar que la militancia real sea real es exigir un número mínimo de votos en las elecciones internas –Fernando Tuesta ha sugerido 100 mil– para demostrar la real existencia de una organización. Basta ya de partidos ‘huaicos’ que surgen como un aluvión y luego se dispersan.
La segunda medida para avanzar hacia la institucionalidad de los partidos es también la primera para combatir la corrupción. Se trata de resolver el problema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. La experiencia internacional enseña que la mejor solución es una combinación de financiamiento público y privado transparente y acotado. El financiamiento público es impopular, pero es peor dejar a los partidos a merced del dinero ilícito. Con respecto al financiamiento privado, existe consenso en que todo aporte mayor a una UIT debe ser bancarizado y que debe haber topes para los ingresos provenientes de actividades tipo “rifas”, que son los mecanismos para ingresar dinero negro a las campañas. Ambas medidas cuentan con el apoyo de más del 60% de la ciudadanía.
Pero la única manera de asegurar que no entre a una campaña electoral dinero negro es con un control estricto de los gastos. La Asociación Civil Transparencia ha propuesto que los medios de comunicación estén obligados a reportar las contrataciones de propaganda de candidatos y organizaciones políticas. Esa medida es indispensable y cuenta con el apoyo del 63% de la opinión pública. Solo con información confiable de los gastos de una campaña se puede saber si se están declarando todos los ingresos recibidos. Y la consecuencia de la violación de esta norma no debería ser solo una multa –que los partidos generalmente no pagan– sino sanciones políticas, llegando a la inhabilitación del partido a participar en las elecciones.
Otra medida en que existe consenso es que no puedan ser candidatos “quienes tengan sentencia condenatoria de segunda instancia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, o prisión preventiva por la comisión de delitos”, como lo propuso el grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre. Pero también debe incorporarse el “levantamiento automático del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil a la UIF para todos los candidatos desde el momento de su postulación y hasta dos años después del término de sus mandatos, si resultaran electos”; con la consiguiente responsabilidad de la UIF de reportar al JNE en caso de encontrar actividad sospechosa, como lo propuso el Poder Ejecutivo.


La Comisión de Constitución que preside Miguel Torres tiene ahora una gran responsabilidad entre manos. Fuerza Popular tendrá la tentación de hacer una ley a su medida. Tiene la mayoría para hacerlo y podría servirles en el corto plazo. Pero si, en cambio, deciden legislar con una visión de largo plazo, la historia se los reconocerá. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene acá una gran oportunidad para demostrar su vocación democrática. La opinión pública estará observando.

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