ESTA NOCHE martes 2 mayo 2017

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PERU21

San Martín debe dejar el PJ

Aldo Mariátegui

El Congreso debe constituir una comisión investigadora para examinar, y eventualmente destituir, al cuestionado vocal supremo César San Martín por:

1)Haber –siendo juez– fallado dos veces (causas 2598/2002 y 686/2005/A) a favor del BCP continuando aún inscrito como apoderado del BCP en registros públicos. ¡Para una tarjeta roja inmediata!

2)Haber, con discutible ética profesional, aceptado un “doctorado express” de aquellos que otorgó extrañamente la arequipeña Universidad Nacional de San Agustín con un reglamento irregular, sin cuatro semestres académicos, tener máster previo y dominar dos idiomas extranjeros, como se exige para un doctorado “normal”.

3)Haber condenado a Fujimori habiendo coordinado –por e-mail y ANTES del inicio del juicio– aspectos esenciales de la sentencia con tres académicos españoles (Doval, Carmen y Carrasco) de la U. de Alicante.

4)Haber participado en una irregular reunión, junto a los ministros humalistas Cateriano y Jiménez Mayor, para “orientar” a la jueza Carmen Rojassi respecto a cómo debería fallar en el caso Chavín de Huántar (existen audios).

5)Haberse jactado de tener “una red”, tal como declaró en un programa radial de la ONG IDL el 21-02-14: “Si uno hace un análisis politológico, ve que esta es una campaña, una ola. Requiere no solo una defensa personal, y esta vez se equivocaron, pensaron que uno era manco, o que uno estaba aislado. Lamentablemente para ellos, tengo de parte una gran red de personas, de miembros del Poder Judicial y sociedad civil, y estoy continuamente apoyado e informado”.

Y finalmente, lo más grave: dilucidar por qué su apellido figura, junto al nombre del juez Hugo Molina Ordóñez, en la agenda de Nadine como protagonista de esos contubernios judiciales para absolver a Ollanta Humala en el caso Madre Mía.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

La República

Por segunda vez en 10 días, el Movadef se movilizó por las calles de la capital exigiendo la liberación de Abimael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso.

El grupo se movilizó desde la plaza Dos de Mayo, donde la CGTP realizaba una concentración. Hasta ese punto, llegaron con carteles sobre Guzmán, 'Artemio' y sentenciados por terrorismo.

Milko Ruiz, procurador público especializado en Delitos de Terrorismo, ya denunció al dirigente Manuel Fajardo por apología al terrorismo luego de la marcha realizada hace unos días también en el centro de Lima.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, pidió que el Ministerio Público acoja la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción contra Manuel Fajardo, dirigente del Movadef después de que este se movilizara por Lima en abril último pidiendo la liberación de Abimael Guzmán.

La República

El ex jefe de la Dirandro, general (r) Luis Pantoja, señaló a este diario que luego de la promulgación de la Ley de Interdicción Aérea, que permite a las autoridades interceptar y derribar aeronaves utilizadas para el tráfico ilícito de drogas, los cárteles del narcotráfico en el Vraem cambiaron sus métodos: pasaron de la vía aérea a la terrestre.

Antes entraban siete o diez avionetas diarias a la zona del Vraem y salían con un promedio de 350 kilos de cocaína, cada una. Pero las mafias saben ahora que en cualquier momento las pueden derribar. Ahora sacan la droga en camiones que llegan con mercadería legal del altiplano y retornan cargados con droga en 'caletas' o compartimentos secretos acondicionados en las cabinas de los vehículos, explicó el oficial retirado.

La policía antinarcóticos ha comprobado que un cártel brasileño está operando en esa región a través de nuevas rutas que conectan con Bolivia, punto de enlace para llevar droga del Perú a Brasil por tierra.

La droga “proviene del Vraem y de un reducido margen de la selva puneña. El 90 por ciento de los traficantes que han sido capturados son de Ayacucho”, detalla a La República el general Róger Tello Ramírez, jefe de la macrorregión policial Puno-Madre de Dios.

Explica que los trabajos de inteligencia han permitido descubrir narcotraficantes tratando de pasar la frontera por una vía carrozable de Larequeri que conecta con Acora, Ilave, Zepita y Desagüadero, para enrumbar a Bolivia.

Las investigaciones apuntan a San Gabán y Sandia como otros puntos importantes de salida de la droga que es elaborada en el Vraem.

“Estas son otras dos 'vías de tránsito' para el envío de droga al exterior”, dijo otro oficial de la Dirandro.

Reveló que las rutas descubiertas son Sandia-Juliaca-San Gabán-Mazuco-Puerto Maldonado y Brasil.

Las mafias también emplean las vías de Sandia-Juliaca-Puno-Ilave-Yunguyo- Desagüadero-Bolivia; y la ruta de Sandia-Juliaca-Huancané-Moho y Bolivia.

Otras rutas que han sido descubiertas salen de San Gabán hacia Mazuco y Puerto Maldonado. También de Mazuco, San Gabán, Ilave, Yunguyo, Desagüadero y Bolivia; y la vía San Gabán-Juliaca-Huancané-Moho y Bolivia.

Tanto los agentes de la Dirandro como de la FELCN (policía boliviana) consideran que la ciudad boliviana de El Alto es un punto de enlace estratégico para transportar y acopiar la droga peruana que ingresa desde Desagüadero, previa escala en Laja, para luego ser llevada a diferentes puntos de Santa Cruz y hacia Brasil.

En dos intervenciones redientes se comprobó que los cargamentos tenían logotipos y el sello de un 'delfín' y un 'dragón' que serían distintivos de cárteles brasileños.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

"¿Quién regló a la señora Ferruzo durante un mes y medio para encontrarla en esa situación? No es la primera vez que sucede en el Ministerio de Defensa", dijo ayer el ministro de Defensa, Jorge Nieto.

El congresista Octavio Salazar recordó que, en efecto, no es la primera vez que un titular del Mindef denuncia que lo están siguiendo. Anteriormente, lo hizo Mariano González, quien fue grabado con su ex asesora, con la que sostenía una relación sentimental.

El Comercio

“Lo expuesto por el ministro Nieto será discutido en el próximo Consejo de Ministros. Es un tema serio y, como tal, debe investigarse. Luego tomaremos las acciones necesarias”, señaló a El Comercio el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Fernando Zavala. 

Nieto no solo afirmó que él y sus funcionarios han sido víctimas de reglajes, sino también que estos seguimientos se dan “en todos los ministerios del Perú”.

Zavala indicó que estas no son prácticas de este gobierno. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, descartó que miembros de la Policía ejecuten seguimientos a funcionarios del Mindef.

Las frases de Nieto han generado malestar dentro del Consejo de Ministros. Pero los cuestionamientos del oficialismo a las afirmaciones de Nieto no solo provienen del Ejecutivo.

El vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, criticó ayer esta denuncia. Instó al ministro de Defensa a que dé explicaciones sobre lo declarado hace dos días y afirmó que la bancada “está a la espera de sus precisiones”. No obstante, consideró innecesario que Nieto sea citado para detallar su denuncia ante comisiones del Congreso de la República.

Ante la Comisión de Inteligencia del Parlamento, el congresista fujimorista Octavio Salazar solicitará que Nieto acuda al grupo de trabajo para que explique la denuncia de reglajes.

Fuerza Popular aún no muestra una postura de bancada sobre el tema. Parlamentarios como Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Rosa Bartra se manifestaron a favor de que Nieto acuda a las comisiones de Defensa y de Inteligencia. “En función de eso, tomaremos una decisión como bancada respecto al potencial uso de una herramienta como la interpelación”, dijo la congresista Bartra.

El Comercio

Para el congresista Mauricio Mulder, el caso tendría que ver con una “pugna interna sórdida” al interior del Poder Ejecutivo.

“Esto representa una pugna al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay que decirlo claramente. El Ministro ha dejado que circule el rumor de que él pretende ser presidente del Consejo de Ministros y esto ha llevado a que haya una guerra sórdida, oculta”, dijo.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

La República

El congresista de PPK e integrante de la comisión especial encargada de la reforma electoral, Gilbert Violeta, informó que el oficialismo buscará consensos para las iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo sobre la materia.

Dijo que lo ideal sería debatir las propuesta del gobierno sobre reforma electoral el mismo día que se ponga a votación el predictamen final elaborado por dicho grupo especial.

Hizo hincapié en que uno de los temas más controversiales que se deben debatir es la propuesta del Ejecutivo de reducir a 1% el porcentaje mínimo de firmas para que un nuevo partido pueda inscribirse. Actualmente, se requiere del 4%, que son aproximadamente 750 mil firmas. Consideró que se debería llegar a un término medio sobre el mencionando porcentaje, y propuso un 2%.

El congresista Yonhy Lescano, integrante de la comisión, sostuvo que a lo mucho se podría reducir a 3%.

Gloria Montenegro, de Alianza Para el Progreso, sostuvo que el actual 4% debería mantenerse.

AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION

El Comercio

El 16 de marzo, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) presentó el proyecto de ley 1095, que plantea dos modificaciones en las normas que tipifican el delito de minería ilegal y establecen parámetros para enfrentarlo como crimen organizado.

El Comercio analizó esta iniciativa, que ha sido trasladada a la Comisión de Justicia.

1. Exclusión de la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado.

En octubre del 2016, bajo el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1244, en el cual incluyó el delito de minería ilegal dentro del ámbito de aplicación de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado. Su inclusión se dio en el inciso 15 del artículo 3 de la norma, que corresponde a los delitos ambientales (que incluye el delito de tala ilegal). Con la nueva tipificación, el Estado puede enfrentar la explotación ilícita de minerales con las técnicas de investigación autorizadas por la ley (interceptación postal, intervención de las comunicaciones, agentes encubiertos, seguimientos, etc.).

La congresista Aramayo propone suprimir el delito de minería ilegal y sus modalidades, por lo que quienes los cometieran no podrían ser perseguidos como si pertenecieran a una red criminal.

2. Modificación del artículo 307-A (sobre minería ilegal) del Código Penal.

En el 2012, el gobierno de Ollanta Humala emitió el Decreto Legislativo 1102, que incorporó al Código Penal el delito de minería ilegal y sus modalidades, a través de los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-D y 307-E.

El artículo 307-A establece, en su primer párrafo, los supuestos para la comisión de ese delito: “Explotación de recursos minerales sin contar con la autorización de la autoridad administrativa competente”, que cause daño o alteración al medio ambiente o a la salud. Según la norma, las penas de cárcel serían de entre cuatro y ocho años.

En su segundo párrafo, se especifica que esas penas también serán aplicables a quienes “se encuentren fuera del proceso de formalización” (es decir, no se aplican para quienes estén dentro del mismo) y exploten ilícitamente los recursos minerales.

Aramayo plantea en su proyecto de ley que se modifique el artículo 307-A suprimiendo este segundo párrafo.

Para Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con esa supresión en la norma no se haría distinción alguna entre el minero ilegal (quien extrae el recurso en zonas prohibidas) y el minero informal (quien extrae el recurso en zonas no prohibidas, pero que ya inició su formalización).

El Comercio

La mano blanda de Fuerza Popular

Enrique Pasquel

El infierno, desgraciadamente, queda en el Perú. En Puno, concretamente, a 5.400 metros sobre el nivel del mar, en el centro poblado más alto del mundo, conocido como La Rinconada. Setenta mil personas viven en esta localidad, cuya entrada es un enorme botadero de basura y donde la principal actividad es la minería ilegal. La altura hace difícil respirar, graniza casi todo el año y la temperatura llega a los 25 grados centígrados bajo cero. El agua potable y el alcantarillado no existen y la principal fuente de agua es una laguna contaminada por el mercurio utilizado para la extracción de oro. Las autoridades estiman que en este lugar 4.500 mujeres trabajan en situación de explotación sexual en los 400 prostíbulos los que acuden  los mineros. De ellas, unas 1.500 serían menores de edad, la mayoría de las cuales fueron secuestradas en otra ciudad o llevadas con engaños a la zona. Los homicidios brutales, asimismo, tampoco son cosa extraña en La Rinconada. Por poner un solo ejemplo, hace siete meses el cuerpo sin vida de Susy Delgado Quispe, una muchacha de 21 años proveniente de Trujillo, apareció atado de pies y manos en una calle. Susy, quien se dedicaba a la prostitución, fue apuñalada doce veces en el pecho.

El espanto que se vive en La Rinconada, sin embargo, no es ajeno a otros lugares. La Pampa, en Madre de Dios, por poner otro caso, es prácticamente una zona liberada, donde las mafias de la minería ilegal controlan todo lo que sucede en los 15 campamentos mineros de la zona, en los cuales menores de edad son forzadas a prostituirse en los numerosos burdeles. El año pasado, un reportaje de “Cuarto poder” reveló cómo las jóvenes que tratan de escapar son asesinadas a modo de ejemplo para las demás. Las que se enferman a menudo corren la misma suerte cuando sus captores no sienten que sale a cuenta tratarlas. Se estima, además que el 30% de ellas tiene VIH.

La infernal situación de La Rinconada y La Pampa es natural donde la minería ilegal reina. Y es que esta actividad, que depreda el medio ambiente y que hoy día mueve más dinero en el Perú que el narcotráfico, trae de la mano numerosos otros delitos: sicariato, extorsión, trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros.

A pesar de que esta realidad es conocida, la congresista de Fuerza Popular Alejandra Aramayo (autora del proyecto de control de la prensa y quien fuese denunciada por dos funcionarios públicos de haberlos extorsionado) acaba de plantear un proyecto de ley que, de ser aprobado, excluiría el delito de minería ilegal de la lista de delitos sancionables bajo la ley de crimen organizado. En consecuencia, las autoridades tendrían menos recursos legales para perseguir a sus autores, quienes además recibirían penas menores.

¿Por qué el partido que siempre ha prometido mano dura contra el crimen decide ahora ponerse blando contra las mafias de la minería ilegal? ¿A eso se habrá referido Keiko cuando en campaña viajó a La Rinconada y les prometió por escrito a los mineros, a cambio de su apoyo, “erradicar el abuso de instituciones del Estado”? Quién creería que las cosas se pueden poner peor incluso en el infierno.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

La ampliación de la trayectoria fiscal solicitada la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responde no solo a la necesidad de financiar la reconstrucción del país, sino también a la caída de 5,5% en la proyección de ingresos fiscales del Informe de Proyecciones Macroeconómicas (IPM) publicado por el MEF comparado con el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR) 2017-2019 de agosto del año pasado. 

En el MMMR, el MEF preveía que los ingresos corrientes del gobierno general ascenderían este año a S/136,446 millones. Sin embargo, la nueva proyección es de S/ 129,651 millones. La primera estimación equivalía a 19,3% del PBI, mientras que la segunda a 18,4%. 

El principal golpe a los estimados del año pasado se da en los ingresos tributarios: en el MMMR eran de S/103.955, pero en el IPM bajan 7,7%, a S/ 95,934.

La semana pasada, el MEF presentó un proyecto de ley al Congreso para ampliar la trayectoria del déficit fiscal desde este año hasta el 2021. El cambio planteado para el 2017 es un aumento de 0,5 puntos porcentuales sobre el déficit de 2,5% del PBI establecido en el MMMR. 

El Comercio

Entrevista a Alfonso Grados, ministro de Trabajo

(…) 
El objetivo de este gobierno es duplicar la formalidad laboral en estos cinco años. En el 2016 cerramos en 28%. La meta es llegar a entre 50% y 55%. Es un tremendo reto, porque las estadísticas nos demuestran que en promedio se avanza 1 punto por año; y nosotros queremos cinco puntos por año. Para eso se necesitan las reformas laboral y de protección social, pero también el crecimiento económico. Cuando el país crece por encima del 4% se genera empleo. 

(…)

—De las 19 medidas en materia de ceses colectivos, inspección laboral y arbitraje potestativo que ya tiene listas el MTPE, ¿cuántas deberán pasar por el Congreso?
No quiero adelantar un número, pero calculo que entre cinco y seis. Evidentemente, estas son las que modifican la ley y tienen una connotación de mayor envergadura, porque son temas más sustantivos. Las otras están relacionadas a reglamentos o procesos. 

(…)

—¿En qué consiste la reforma laboral que prepara ahora el MTPE?
Tiene que ver con el ciclo laboral [la contratación, el desarrollo y la finalización], regímenes y costos laborales. Espero llevar al CNT en la primera semana de mayo las bases de esta reforma. Se discutirá ahí por lo menos dos meses y medio. Luego se integrará con la propuesta de protección social [pensiones, acceso a servicios de salud y seguro de desempleo]. Esperamos que el presidente en su mensaje del 28 de julio puede presentar la gran reforma sociolaboral. A partir de ahí empezará el debate en el Congreso.

(…)

—La reforma laboral también comprende cambios en la desvinculación laboral. Pero la rigidez que existe en esta se debe a interpretaciones judiciales y no a normas. ¿Cómo afrontarán esto?
Yo no me puedo arrogar la posibilidad de cambiar el criterio del Tribunal Constitucional. Lo que sí puedo hacer es generar entornos de legislación y mercado laboral que eventualmente permitan al TC evaluar sus criterios al respecto.

POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA, VENEZUELA, EEUU

La República

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo el lunes un llamado al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, porque así será vencido "el golpe de Estado".

Señaló que quiere que los llamados programas sociales se integren a la Carta Magna.

"Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades y llamo al pueblo a prepararse”, dijo.

"Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas, aproximadamente unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas", dijo.

El opositor al gobierno, Henrique Capriles, convocó a salir a la calle y desobedecer el llamado a una Asamblea Constituyente.

La República

Maduro y sus amigos

Ricardo Uceda

Washington. La noche del 25 de abril, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dijo a alguien de su equipo:

— Falta un voto.

Se necesitaban 18 países apoyando la propuesta de convocar a una reunión de cancilleres para volver a tratar la cuestión venezolana. Había 17. En la tarde del 26, fueron 19 embajadores los que votaron para que la reunión se produjera. Ya se sabía que si esto ocurría, Venezuela se iba de la OEA.

De modo que solo hubo dos votos más de los necesarios. De un total de 34, dos más de la mitad. La lista incluye a la mayoría de países de América del Sur: Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia. De la América Central y del Norte apoyaron Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Finalmente, cinco países caribeños: Bahamas, Barbados, Dominica, Guyana y Jamaica.

Votaron en contra los gobiernos ideológicamente más cercanos al chavismo: Ecuador, Nicaragua y Bolivia. La mayoría de los opositores, sin embargo, fueron seis minipaíses sin peso político, que Hugo Chávez y Nicolás Maduro atrajeron a punta de petrodólares: Haití, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam. En total, diez votos, contando el de Venezuela. Hasta hace poco hubiera tenido a su lado a Argentina y Brasil, y encontrado complicidad en Uruguay. En el Caribe habría obtenido mayor apoyo.

En 2005 Hugo Chávez creó Petrocaribe para abastecer con petróleo barato a naciones de la subregión de las que necesitaba apoyo político. Los seis países caribeños que votaron en contra de la resolución del 26 de abril pertenecen tanto a Petrocaribe como al ALBA, el “Tratado de Comercio de los Pueblos” fundado en 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro.

A tasas del 2% y con pagos de hasta 25 años, en parte canjeables por servicios o productos, las exportaciones a través de Petrocaribe no fueron concebidas para beneficiar al Estado venezolano. Haití, que sufrió un devastador terremoto en 2010, recibió cooperación especial de Petrocaribe. Recipiendarios como Granada —cuyo embajador no asistió a las dos últimas votaciones de la OEA— tienen igual producto per cápita que Venezuela, y otros como San Cristóbal y Nieves y Antigua y Barbuda, un ingreso incluso superior.

Pero desde que bajaron los precios del petróleo y los problemas internos del chavismo se agravaron, el esquema dio signos de crisis.

Los envíos de Venezuela a los países de Petrocaribe han disminuido drásticamente, según los reportes disponibles, y los países signatarios igual pueden conseguir crudo barato en otras partes. Varios están buscando fuentes alternativas de energía, y su lealtad a Caracas no es la misma. Sorprendió, por ejemplo, que el 28 de marzo pasado algunos aliados estuvieran entre los convocantes de la primera reunión de cancilleres de la OEA para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Entre los votantes del ALBA: Santa Lucía lo hizo a favor, Antigua y Barbuda se abstuvo, Granada no fue a votar. Jamaica, otro ex aliado, votó a favor.

Hubo mayores sorpresas la semana pasada, cuando se volvieron a medir las fuerzas. Venezuela recuperó el voto de Santa Lucía, logrando que se opusiera a la convocatoria de una segunda reunión de cancilleres. También se opuso Antigua y Barbados, que en marzo se había abstenido. A su vez, Belice pasó de estar a favor de la abstención. En cambio Maduro perdió a Dominica, que habiendo estado en contra cambió para apoyar la reunión. Pero sobre todo perdió a El Salvador y República Dominicana, ahora abstinentes. Un mes antes votaron en contra.

En el ambiente de la Asamblea General flota la impresión de que Maduro ya es un cadáver político. Este sería un factor de su pérdida de apoyo, siendo otro el rol de los Estados Unidos. El senador por Florida, Marco Rubio, dijo a El Nuevo Herald que la cooperación norteamericana que recibían El Salvador, Haití y República Dominicana iba a ser influida por sus posturas respecto de Venezuela. Otro tanto hizo, comentando la posición de El Salvador, la embajadora de los Estados Unidos en ese país, Jean Manes.

En la misma tarde del 26 de abril se celebró otra reunión internacional en la OEA, en el edificio que da a la calle F. Diversos expertos compartían información y puntos de vista sobre la situación de los derechos informativos en Cuba, convocados por el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza. Uno de los presentes, hablando bajo reserva, dijo que uno de los problemas era que el progresismo latinoamericano no asumía cabalmente que Cuba era una dictadura. La razón, añadía, era que a buena parte de la izquierda no le importaba si sus socios violaban los derechos humanos o cometían actos de corrupción.

— Allí tienen ustedes —añadió— al Partido de los Trabajadores, que llevó a Lula y a Dilma al poder: ha publicado un comunicado defendiendo a Nicolás Maduro y respaldando el cierre del Congreso venezolano.

Pronunciamientos similares se están produciendo en varios países latinoamericanos. El mensaje es que las exigencias democráticas hacia Venezuela son una “embestida criminal” de Estados Unidos y sus aliados, para decirlo en las palabras que empleó Rodrigo Londoño, “Timochenko”, en el comunicado de apoyo a Nicolás Maduro emitido por las FARC la semana pasada. Las FARC, dicho sea de paso, le deben mucho a Maduro. Uno de los expertos de la reunión de Washington lo dijo:

— Venezuela aloja a grupos armados de las FARC en cuatro departamentos. ¿Qué va a pasar con esta gente cuando caiga Maduro?

En El Salvador, donde hoy habría, por pugnas e inasistencias, una disminuida reunión de la CELAC —foro regional sin Canadá ni los Estados Unidos— auspiciada por los países del ALBA, el FMLN hizo público su apoyo incondicional a Maduro, en un estilo parecido al de las FARC. En Uruguay, una parte del Frente Amplio, la más vinculada al ex presidente José Mujica, sostiene también la tesis de la embestida norteamericana. En Argentina, usa el mismo libreto el peronismo cercano a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los argumentos avergüenzan a militantes con criterio; algunos lo dicen y otros no. El 25 de abril Maduro se tomó una foto en Caracas con independentistas de izquierda radical de Cataluña. Posaron felices con su bandera. “¡Qué grave error!”, dijo Marta Pascal, una de las líderes del movimiento. “Si alguien cree que suma… no entendió nada”.

En el Perú algunos creen que suma. Ninguno de los sectores del Frente Amplio ha condenado claramente al régimen venezolano. La CGTP lo ha respaldado públicamente mediante un comunicado. En un sector tan dado a discutir todo, no se llama a un debate, a una mesa redonda.