ESTA NOCHE sábado 13 mayo 2017

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Como va el árbol hacia la luz

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

Alberto Fujimori saldrá libre porque cuando la voluntad humana se aplica a un fin y pesa sobre él, como el agua aprovecha toda fisura para avanzar hacia donde la gravedad la conduce.

Los tensos últimos días han precipitado nuevamente una crisis en la salud del presidente, a quien el pueblo ama como un padre.

Pero Fujimori es fuerte. El traspié es solo momentáneo.

Si se cierra de momento una ventana de oportunidad para su salida de la prisión, su su libertad está al alcance, a la vuelta de la esquina.

No será procurada mediante armas políticas. No es necesario. Es inocente y la sentencia inicua que lo condenó un día será anulada.

Una y otra vez retomaremos la lucha por todos los medios hasta que Fujimori recupere su libertad. No van a faltar ocasiones de conseguirla.

El agua y el árbol deberían ser los íconos de la obra fundamental de Fujimori en el Perú. Sería un justo homenaje a su incesante siembra con los ojos puestos siempre en el futuro, en el horizonte, en el día de mañana.

Fujimori saldrá libre porque la convicción de su inocencia crece cada día en la  mayoría de los peruanos.

Como crece el árbol aunque esté encerrado, en dirección de la luz.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que presentará la próxima semana, con su propia firma, un recurso judicial al que denomina "el hábeas corpus de la libertad" para lograr la libertad de Alberto Fujimori.

“… venimos construyendo el camino legal para demostrar que el juicio de mi padre fue un juicio político con una sentencia prefabricada en parte en el extranjero”, afirmó. 

Respecto del archivado proyecto de ley para obtener el arresto domiciliario, dijo "no daremos leyes con nombre propio", insistió. Así, ratificó el compromiso de no usar el poder político en beneficio de sus familiares. 

El Comercio

Simpatizantes del ex presidente Alberto Fujimori realizan una vigilia por su salud y libertad en la clínica donde se encuentra internado desde el jueves. Portando carteles y banderolas en los que se lee "Fujimori libertad" y "soy un rehén de los políticos", demandan su libertad y expresan sus deseos para que se restablezca su salud.

Alberto Fujimori se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Centenario Peruano Japonesa. Ayer por la mañana recibió la visita de su hijo Kenji Fujimori, quien informó que su padre tuvo una recaída, pero se encuentra estable. Según informó el congresista en el Twitter, su padre recibió la visita de los legisladores de Fuerza Popular Leyla Chihuán y Francesco Petrozzi y de la ex parlamentaria Luisa María Cuculiza.

El Comercio

La congresista fujimorista Rosa Bartra opinó que se buscaría anular la sentencia de 25 años de cárcel emitida contra Alberto Fujimori el 2009 por los casos La Cantuta y Barrios Altos, que tiene “un apostillado de delitos de lesa humanidad al cual han recurrido los voceros del gobierno para descalificar las posibilidades de indulto humanitario”.

El Comercio

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que, de contar con las formalidades requeridas, el hábeas corpus tendrá que ser admitido por un juez de instrucción. “Después de haber escuchado a las partes, este juez emitirá una sentencia. Subirá en apelación a una sala de apelaciones constitucional. Y, si la resolución es favorable, al demandante, ahí termina en segunda instancia. Pero si eventualmente fuera desfavorable, habrá un recurso de agravio constitucional. Y eso será remitido al Tribunal Constitucional, que finalmente será el que resuelva…Ese es el camino”, dijo.

El titular del Poder Judicial estimó que todo ese proceso tomaría al menos seis meses.

El Comercio

El abogado César Nakasaki explicó que el hábeas corpus anunciado por Keiko Fujimori se interpone en primera instancia ante un juez penal. Si hay un revés, podría llegar hasta una tercera instancia en el Tribunal Constitucional, de darse el caso, en unos cinco o seis meses. 

“Lo que ha anunciado Keiko es que ella califica el juicio como un juicio político. Me imagino que se refiere a los correos entre el juez San Martín y los profesores españoles…[…] Si puedo sacar una deducción del anuncio, buscarían la nulidad de la condena”, señaló Nakasaki.

El Comercio

El Comercio explica las condiciones que deben cumplirse para que un nuevo hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori pueda ser evaluado por el Poder Judicial.

La presentación de un nuevo recurso judicial de este tipo —tanto en el caso de Barrios Altos y La Cantuta como en cualquier caso— está permitida por la legislación peruana. Lo única condición que debe cumplir para por lo menos ser evaluado es que la nueva argumentación no repita cuestionamientos incluidos en hábeas corpus anteriores.

“Un condenado puede presentar los hábeas corpus que crea necesarios, siempre y cuando el nuevo recurso alegue violaciones a derechos fundamentales distintas a las señaladas en anteriores hábeas corpus”, detalla el abogado penalista y ex diputado Enrique Ghersi.

Así, el mecanismo legal anunciado por Keiko Fujimori tendría que cuestionar aspectos distintos a los señalados en los cuatro hábeas corpus anteriores. Como el Tribunal Constitucional ya declaró infundado el año pasado un recurso que cuestionaba la idoneidad de los magistrados que sentenciaron a Alberto Fujimori por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, el nuevo hábeas corpus no podría atacar ese frente.

"Si la defensa de Fujimori incorpora alegatos ya resueltos, el Poder Judicial lo desestimará fácilmente", recalca el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma.

El Comercio

El Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones interpelar al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, a fin de que responda por el contrato y la adenda del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

A propuesta de la presidencia del Congreso, se aprobó que sea el jueves 18 de mayo a las 10 a.m.

El Comercio

Diversas reacciones se produjeron luego de que la bancada de Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso, anunciara su intención de respaldar una interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío. 

El vocero, Luis Galarreta, señaló que se pretende conocer los avances en el sector Interior y tener explicaciones sobre las actividades de presuntos grupos subversivos, como el Movadef, fachada de Sendero Luminoso.

El Comercio

¿Se atreverá PPK a cortar el nudo gordiano?

Fernando Rospigliosi

La maniobra del gobierno para arrinconar al fujimorismo y acentuar sus divergencias internas, planteando la posibilidad de liberar al ex presidente Alberto Fujimori, tuvo relativo y temporal éxito, pero ahora la oposición se apresta a devolver el golpe con creces.

Una de las consecuencias fue, en efecto, que nuevamente se hicieron explícitas las diferencias en Fuerza Popular. Por ejemplo, Kenji Fujimori dijo en conferencia de prensa: “Quiero hacer una invocación, quiero pedir que no se juegue pimpón con la vida de mi padre”. Uno de los jugadores es, sin duda el gobierno, pero el otro es la facción que dirige su hermana Keiko.

Otro resultado fue que la negativa del keikismo a aceptar la propuesta de prisión domiciliaria ha dado lugar a que se critique a la lideresa de la bancada mayoritaria con gruesos epítetos. Se le acusa, en síntesis, de sacrificar a su padre por su ambición de poder.

Por último, con este tema el gobierno pudo tomar la iniciativa política por un corto tiempo y poner al fujimorismo a la defensiva. Hasta ahí las ventajas alcanzadas por el gobierno.

Ahora vienen las represalias, empezando con la interpelación y el consiguiente vapuleo de dos ministros y quizás la censura de por lo menos uno de ellos.

Como dije aquí hace un par de semanas, era una jugada riesgosa y “si la maniobra fracasa y, finalmente, Alberto no recobra la libertad, PPK tendría que enfrentar a un fujimorismo más enfurecido todavía, que ahora sí lo atacaría sin pausa ni contemplaciones”. Eso está ocurriendo ahora.

Algunos se sorprenden y no alcanzan a comprender cómo el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) pudo equivocarse de esa manera y no calcular todas las posibles consecuencias de su operación. Es sencillo, él ha sido casi toda su vida un hombre de empresa –al igual que varios de sus más importantes colaboradores– y piensa y actúa como un empresario. En una negociación empresarial usualmente ambas partes ceden algo para ganar un poco cada una, nadie queda totalmente satisfecho, pero tampoco nadie se levanta de la mesa habiendo perdido todo. Ese es un tipo de racionalidad.

Por eso en el gobierno creyeron que una solución intermedia como la prisión domiciliaria sería viable, cada parte cedía en algo pero también obtenía un beneficio. Alberto la pasaría mejor en su casa que en la Diroes, la oposición tendría que agradecer el gesto y bajar la presión sobre el gobierno y la página habría sido volteada, como sostuvo PPK en un claro mensaje al fujimorismo en busca de una suerte de coexistencia pacífica.

Se equivocaron completamente. En política existe otra racionalidad, otros intereses, otras pasiones.

El fujimorismo –o el keikismo, que es el que decide–, como ha quedado claro ahora, solo acepta la libertad total de Alberto a través del indulto. (El anuncio de Keiko –presentará un recurso de hábeas corpus que no tiene perspectivas– es una jugada para las tribunas).

Hay varias interpretaciones de por qué esta posición maximalista. Algunos dicen que en realidad Keiko no quiere a su padre libre porque le restaría poder y por eso pide algo que estima es imposible de alcanzar. Otros sostienen que en verdad ama a su padre, quiere verlo totalmente libre, y cree que presionando más fuertemente puede lograrlo. En este caso ella obtendría un triunfo resonante, pues habría logrado el anhelo del fujimorismo sin tener que firmar ella el indulto.

En esa posibilidad la presión de la oposición sobre el gobierno inevitablemente descendería, aunque posiblemente solo durante un tiempo. Pero precisamente ese es el tiempo que PPK y su equipo necesitarían para pasar el bache del enfriamiento de la economía y de las consecuencias de los desastres naturales. Es el período que requieren para mostrar resultados. Y, sobre todo, para alejar la amenaza de la vacancia presidencial.

El asunto es si PPK tendrá la audacia y la firmeza para tomar una decisión difícil y también riesgosa como indultar a Fujimori, para cortar ese nudo gordiano que encona la política peruana desde hace una década.

Lo más fácil es no hacer nada al respecto, escudándose en lo que dicen algunos abogados sobre la imposibilidad jurídica del indulto–aunque, como siempre, hay otros abogados que tienen los argumentos contrarios–. Pero eso lo pone nuevamente al borde del abismo. 

El Comercio

El congreso tricameral del Ejecutivo

César Delgado Guembes

Si el objetivo del gobierno es poner en agenda el retorno a la bicameralidad, probablemente el gesto sea elocuente. La presencia del Poder Ejecutivo a favor de la bicameralidad no es indiferente. Su proyecto, sin embargo, contiene propuestas marginales, incompletas y defectuosas que no merecerían aprobación en su formulación actual. 

Para decirlo con propiedad, no se trata de una propuesta integral de bicameralidad orgánica, sino más bien de una propuesta torcida de tricameralidad funcional. Es decir, un Congreso compuesto por dos cámaras (el Senado y la Cámara de Diputados) en el que, además, la Cámara de Diputados desarrolla, a través de la Comisión Permanente, funciones independientes a las que se asignan a las otras cámaras.

Las características más saltantes del proyecto presentado por el gobierno son que los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República pueden postular como candidatos a diputados o senadores. Asimismo, se mantiene a la Comisión Permanente como instancia de evaluación de los procesos de acusación constitucional, y el Senado no tiene representación en ella, pues es elegida únicamente por la Cámara de Diputados (conformada por 100 representantes). En esta propuesta, la Comisión Permanente –y no la Cámara de Diputados– tiene funciones presupuestales durante el receso, y puede tomar decisiones legislativas durante este período. 

Por su parte, el Senado, que sería integrado por 30 representantes, se concibe como una instancia de apelación de lo resuelto por los diputados en casos de acusación constitucional y actúa como segunda y definitiva instancia en casos de denegatoria de pedidos de delegación de facultades legislativas presentados por el gobierno. 

En el proyecto del Ejecutivo, además, subsiste la limitación a la independencia de la fiscalía y a la Corte Suprema respecto de los términos de la acusación constitucional.

Lo lamentable de la propuesta, sin embargo, es la insuficiente seriedad técnica con la que se presenta. Entre las deficiencias más graves cabe anotar la existencia de una instancia que reúne a ambas cámaras (es decir, las reuniones en conjunto de senadores y diputados en una misma sesión), sin que se señale cuáles serían sus competencias, y retiene nominalmente a esta instancia como apéndice supérstite del actual Congreso unicameral.

Asimismo, la iniciativa legislativa del gobierno no prevé si la aprobación del presupuesto de la República tiene trámite conjunto o separado entre las cámaras, ni contiene regla alguna respecto de la situación de las cámaras en caso de disolución del Congreso. Lo mismo ocurre tanto con la indefinición, ambigüedad e incertidumbre sobre el papel de la Cámara de Diputados en el proceso de reconsideración de las leyes observadas por el Ejecutivo como con el desconocimiento del régimen de representación vigente mediante voto popular y directo ante el Parlamento Andino.

Por último, el proyecto lleva una innecesaria intoxicación de lenguaje judicial por completo ajeno a los procesos parlamentarios, como cuando refiere que el Senado “emite pronunciamiento vinculante en última instancia” y que esos pronunciamientos se realizan “de oficio o a petición de parte”, desconociendo que en el proceso parlamentario en general, y en el legislativo en particular, el impulso en el cumplimiento de funciones no admite la diferencia entre dichos términos. 

No hay bicameralidad eficiente sin distinción clara de misiones, tareas y funciones en cada cámara. No hay bicameralidad útil sin identificación clara de las capacidades personales requeridas para alcanzar la misión, realizar las tareas y cumplir las funciones en cada cámara. No hay bicameralidad eficaz sin partidos que certifiquen que los candidatos que postulan ante el elector reúnen los perfiles de los puestos representativos. No hay bicameralidad segura sin partidos que no tengan que hipotecar la independencia de su ideología a los recursos económicos que les faltan para postular a los mejores candidatos capaces de hacerse cargo de la gestión del Congreso. 

La necesaria reforma del Congreso debe prever estos aspectos antes de apresurarse, una vez más, a hipertrofiar el mercado legislativo con medidas inadecuadamente pensadas y defectuosamente elaboradas. El tricameralismo es un ejemplo bisoño del camino que no conduce a los puertos que el futuro del Perú nos exige.

ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA

Peru21

Chinchero con cambio

Juean Mendoza

En julio de 2014 Kuntur Wasi (KW) ganó la concesión para construir y operar Chinchero durante 40 años. De acuerdo al contrato, KW se obligaba a construir el aeropuerto a su cuenta y riesgo para lo cual debía conseguir financiamiento. El Estado, a cambio, le iba a pagar $265 millones más los intereses del financiamiento una vez que Chinchero estuviera en operación.

El contrato era malo porque: (1) No fijaba el plazo que tenía KW para presentar su propuesta financiera; (2) No especificaba la tasa de interés del financiamiento. Pero el Estado tenía la sartén por el mango pues el contrato le daba entera potestad para rechazar un esquema financiero inconveniente.

Más aún, el acuerdo 1671-491-14 de Ositran de enero de 2014 permitía inferir que la tasa de interés debería de ser alrededor de 9.5%. Con certeza, KW conocía este acuerdo pues el mismo fue publicado en El Peruano y en Proinversión.

En julio de 2016, KW presentó una propuesta financiera leonina pues contemplaba una tasa de interés superior al 22%. Con ello, el Estado no solo tenía que pagar $265 millones por el aeropuerto sino $587 millones en intereses. Como era razonable, en noviembre y enero pasados, el MTC rechazó la propuesta de KW pues esta “generaría perjuicio económico” al Estado.

Sin embargo, como por arte de magia, en febrero se firmó una adenda según la cual KW ya no tendrá que preocuparse de conseguir financiamiento pues el Estado le irá pagando de acuerdo al avance y, además, le dará $40 millones de adelanto, cambiando absolutamente los términos del contrato. Miente quien diga que con la adenda se le ahorra plata al fisco. Lo que la adenda hace es convertir al Estado en el banco de KW a cambio de nada pues mantiene el plazo de 40 años de usufructo del aeropuerto. ¡Un faenón para KW!

Los técnicos de Ositran y su ex presidenta P. Benavente rechazaron, con sólido sustento, la lesiva adenda. Pero, de forma inexplicable, A. Dammert, A. Balbuena y el MEF (que se opone a mejores pensiones policiales y militares) le dieron luz verde. ¿No será la adenda fruto del “lobby” y del amiguismo? ¿Habrá tenido que ver el encuentro en Cade entre S. Piñera, con intereses en KW, y F. Molinelli del MTC? ¿No es sospechoso que los competidores de KW hayan ofrecido $348 y $411 millones por Chinchero? ¿Acaso KW se “tiró al piso” para ganar la buena pro a sabiendas que con la adenda “hacía su agosto”? ¿Fue la adenda un salvavidas financiero a KW?

La adenda de Chinchero convierte un mal contrato en un atentado a las concesiones públicas. La Contraloría debería de declararla lesiva.

El Comercio

Al fiscal brasileño Orlando Martello, del equipo Lava Jato

-¿Ha sido complicado manejar un caso como Lava Jato?
El problema es que se tiene que tener pruebas, sobre todo cuando se tiene al poder económico y político juntos. Hay una crítica muy grande de los abogados de los políticos, nuestro tiempo de investigación no es el tiempo de la prensa, pero los resultados hasta ahora son buenos.

-¿Qué tan importantes fueron las delaciones para este caso?
Las colaboraciones son importantísimas, tanto de las personas físicas como de las jurídicas. Una complementa a la otra, son el motor impulsor de Lava Jato, porque con las colaboraciones obtenemos los detalles, cuánto se pagó, a quiénes se pagó y sobre eso, se hace un cruce.

-Las ‘off shore’ han jugado un papel importante para el traspaso o lavado del dinero ilícito. ¿Ha sido complicado identificarlas?
Muy complicado, porque depende para el caso, conseguir los nombres de los beneficiarios de las cuentas, la quiebra del sigilo bancario en otro país, en Suiza, en Venezuela, en Panamá; en muchos lugares. Porque a veces la constitución de la ‘off shore’ es para una empresa fantasma y no es posible identificar los verdaderos beneficiarios.

-¿Cómo va la colaboración de intercambio de información entre Perú y Brasil?

Hicimos un acuerdo con Odebrecht, que es la principal persona jurídica que tiene fase en los dos países. Por contrato tenemos una limitación de compartir las pruebas. Pero  tenemos varios pedidos de cooperaciones internacionales de Perú. Perú es el país que más demanda a Brasil en término de colaboraciones. Todos los días, el doctor Alonso Peña (Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Perú) habla con nosotros para intentar obtener las pruebas que no están en sigilo.

-Pero se hará una quiebra del sigilo de ese contrato que se preveía para junio ¿Es así?
El contrato fue firmado el 1 de diciembre (del 2016), por seis meses y se compartirá a partir del 1 de junio. O sea, el 1 de Junio el Perú accederá a las delaciones.

-El señor Marcelo Odebrecht y el señor Jorge Barata, por información de su país y del nuestro, han reconocido pagos o aportes a alto rango a ex presidentes, por ejemplo al ex presidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia ¿Esa información ha sido canalizada a

través de la justicia brasileña?
Esa información sobre la parte internacional está sobre el sigilo en la Suprema Corte, no tengo como hablar de los hechos ilícitos.

-¿Cómo ha visto la justicia de Brasil la respuesta que ha tenido la justicia peruana ante este caso?
No conozco detalles de las investigaciones en diversos países. Sin embargo, Perú ha sido un país muy cooperante, a todo momento está solicitando informaciones, nos llama, igual que Colombia. Aunque Perú es más actuante que Colombia. Perú tiene personas que quiere oír y por ello solicita. Personas de Odebrecht.

-Según la justicia brasileña, Perú lidera el pedido de declaraciones homologadas. Son nueve las declaraciones que ha solicitado ¿De quiénes se trata? ¿Marcelo Odebrecht, Jorge Barata?
No tengo control de todas las colaboraciones. Yo solo vi las colaboraciones con las personas jurídicas, Odebrecht y Braskem. Los acuerdos individuales, que son 77, fueron otros colegas. No recuerdo, pero creo que el de Barata también es uno de ellos.

-¿Podríamos decir que la estrategia que usaba Odebrecht era tratar directamente con los políticos para ser favorecidos?
Sí, la empresa tenía un contacto directo con los políticos, pero entendíamos en Brasil que eso era un esquema creado por los empresarios y no por los funcionarios públicos. Era especialmente, un esquema criminal político.

-¿Es decir que los principales sobornados son políticos?
En parte, son funcionarios de Petrobras, bancos públicos, caja federal, otros órganos públicos y también políticos. Una parte fue para campaña política y otros fue para fines personales de los políticos.

-Respecto a las campañas políticas, Odebrecht reconoció que no solo ha pagado campañas políticas en Brasil, sino también a nivel internacional, ¿Cuál es el caso en Perú?
Eso está bajo sigilo.

-Cuando se habla del Departamento de Operaciones Estructuradas, de donde salía el dinero de los sobornos, ¿se podría considerar dinero ilícito bajo cualquier punto de vista?
Sí, es ilícito por lo menos porque era caja 2, que era de un crimen tributario, que también estaba manteniendo (el dinero) en el exterior sin declaración a las autoridades brasileñas y debían ser declaradas. Una parte de este dinero permanecía en subsidiarias de Odebrecht.

-Por tanto, ¿las personas en el exterior, que recibieron el dinero que salió de las arcas de Odebrecht, podrían alegar que el dinero es limpio?
No porque era ilícito. Todo este dinero pagó también bonos de ejecutivos de Odebrecht, entonces es un dinero ilícito. Todo el dinero que estaba en el sector de Operaciones Estructuradas fueron pagos ilícitos.

-Le hacía la consulta porque si una persona, en el Perú, que ha recibido dinero de Odebrecht para su campaña política, ya sea por el conducto regular, ¿podría alegar que el dinero es limpio o no?
Creo que no. Qué ocurre; hablaré respecto de Brasil. Una propina era acordada por una obra específica. Una parte era acordada para que un contrato fuese firmado con Odebrecht. Ganaba un contrato con Petrobras, a cambio tenía que pagar a un partido. Una parte del dinero fue a través de donaciones legales al partido, pero estas donaciones legales, son ilícitos también.

-¿Por qué?
Porque en las donaciones legales, el origen del dinero es ilícito. Solamente hubo la donación porque hubo un contrato dado. Entonces, aunque haya la licitud de la donación, el origen del dinero, el motivo, es ilícito. Claro, todos los partidos dicen; fue una donación legal. Sí, aparentemente sí, ¿pero por qué hubo la donación?, porque Odebrecht ganó un contrato ilícitamente.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

El Comercio

El ex presidente Ollanta Humala conocería desde hace dos años la existencia de los audios de presuntos testigos de crímenes en Madre Mía que aseguran que se cometieron crímenes bajo sus órdenes. Esa fue la versión que dio su abogado en los casos de denuncias de lavado de activos, Wilfredo Pedraza.

Cabe recordar que el ex congresista nacionalista Daniel Abugattás reveló que, en diciembre del 2015, alguien le hizo escuchar las conversaciones grabadas con los ex soldados Leonardo Soria García y Adolfo Becker Silva Morales, quienes sirvieron en Madre Mía y que acusaban a Ollanta Humala de haber ordenado la desaparición de varias personas en 1992.

Según Pedraza, en ese mismo mes, los mismos audios llegaron a manos del entonces presidente Ollanta Humala enviados por terceras personas que no quiso identificar.

"En el caso de Ollanta Humala, no exigieron dinero como en el caso de Abugattás (US$200 mil según denunció el ex congresista). Junto con los audios el presidente recibió un par de documentos con un conjunto de peticiones extorsivas para resolver problemas de mineros informales para que les condonen deudas con la Sunat", detalló Pedraza a El Comercio.

En aquel momento, Humala tenía la certeza de que quien envió al mensajero con los audios y las peticiones fue Jorge Paredes Terry, ex asesor de Abugattás quien en el 2015 ya había roto con el nacionalismo.

La pregunta ante la revelación de Wilfredo Pedraza fue: ¿Qué hizo entonces el presidente Humala ante esta extorsión?

"Tres cosas. Primero, se determinó que esos audios son falsos y fabricados. Segundo, no se aceptó el chantaje que venía con esa comunicación. Tercero, como ese mismo audio lo había recibido Abugattás y él había decidido formular una denuncia, se decidió que este incidente debía ser canalizado en el marco de esa investigación", detalló.

Abugattás comentó a El Comercio que su denuncia ante Seguridad del Estado quedó en nada. "Desde que la presenté no supe más y tampoco quise hacerle seguimiento porque a un tema de extorsiones y presuntas confesiones de asesinatos ya no me quise meter", comentó el ex congresista.

El contenido de esos audios no salió a la luz sino hasta estas últimas semanas, cuando fueron difundidos como nuevos testimonios que implicarían más al ex presidente Humala. Estos se suman a las conversaciones que tiene en su poder el Ministerio Público, obtenidas por la Dirandro en la campaña del 2011 y que revelan que se habría concretado la compra de testigos del caso Madre Mía.

"Suponemos que esos audios fueron conservados por sus autores, Paredes Terry y compañía, y que ahora los usan en tono de denuncia cuando en verdad no revelan nada. Fueron creados para extorsionar tanto al congresista Abugattás como al Presidente de la República", añadió el abogado de Humala.

Según "Cuarto Poder" y otros programas que difundieron los audios sobre presuntos testigos, estas conversaciones ya están en manos del Ministerio Público desde finales del 2016, pero no se sabe si serán o no utilizadas en la investigación que se ha reabierto por el caso Madre Mía.