ESTA NOCHE miércoles 6
setiembre 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA COLUMNA
Arroja la muleta
Jorge Morelli
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El tránsfuga y el disidente son problema solo porque en una
democracia de baja gobernabilidad, como la nuestra, ella depende de la mayoría
parlamentaria.
La democracia, no obstante, es el sistema de gobierno que
debería garantizar la gobernabilidad especialmente cuando el gobierno no tiene
mayoría parlamentaria.
Una falla en la arquitectura del equilibrio de poderes, sin
embargo, obliga a que el gobierno necesite desesperadamente mayoría
parlamentaria propia o prestada para compensar la deficiencia.
La mayoría parlamentaria es, entonces, una muleta. Una
prótesis que hace posible alcanzar solo una baja gobernabilidad.
Desde el momento en que nos resignamos a vivir con esa
muleta, la gobernabilidad pasa a depender de que unos pocos parlamentarios se
muden o no de bancada. Porque estos pueden darle o quitarle al gobierno o a la
oposición la mayoría que desesperadamente necesitan.
Era solo cuestión de tiempo, entonces, que se intentara
impedirle al parlamentario toda posibilidad de mudar de bancada.
Pero esa no es una solución. La prueba es que, en el caso que nos
ocupa hoy, la llamada “ley antitransfuguismo” no logró impedir que una bancada
del Congreso -la del Frente Amplio- se partiera en dos a pesar de las
penalidades que sufriría.
Es hora de arrojar la muleta.
La solución es corregir la falla en la arquitectura
institucional que hace de la mayoría parlamentaria la única medida de todas las cosas.
Censurar ministros e insistir en leyes observadas por el Ejecutivo
con solo la mitad de los votos de la única cámara son armas que le dan al
Congreso un poder desmedido, que no tiene un contrapeso en la facultad del
Ejecutivo de disolver constitucionalmente el Congreso.
Retornar a la bicameralidad es una forma de devolver al
equilibrio la relación entre Legislativo y el Ejecutivo, entre oposición y
gobierno.
Así, la gobernabilidad no dependará ya de una precaria mayoría parlamentaria siempre en feroz disputa entre oposición y gobierno. Y los parlamentarios, entonces, podrán cambiar libremente de bancada -y la propia mayoría parlamentaria cambiar de manos- sin graves consecuencias para nadie.
Así, la gobernabilidad no dependará ya de una precaria mayoría parlamentaria siempre en feroz disputa entre oposición y gobierno. Y los parlamentarios, entonces, podrán cambiar libremente de bancada -y la propia mayoría parlamentaria cambiar de manos- sin graves consecuencias para nadie.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
ESTA NOCHE
(tomado de El Comercio)
“Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo,
pero no a la muerte, sino a dejar pendientes, como los planes para pasear por
el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos”, escribió en una carta
publicada hoy el ex presidente Alberto Fujimori, padre de la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, y del congresista Kenji Fujimori.
La carta es publicada luego de su internamiento en una
clínica desde el martes hasta el sábado de la semana pasada a causa de un mal
cardíaco, donde el mex andatario permaneció inicialmente en la unidad de
cuidados intensivos (UCI). Ello, según explicó, debido a un cuadro de
fibrilación auricular.
“La UCI fue una
antesala entre la recuperación, la discapacidad o la defunción”, comentó el ex
mandatario y dijo esperar que un tercer episodio no tenga un “desenlace fatal”.
“En estos casos hay que evitar las secuelas de este mal: uno de cada 6 puede
quedar paralítico o cadáver”, escribió.
ESTA NOCHE (tomado de La República)
El
lunes, el presidente Pedro
Pablo Kuczynski y el premier Fernando Zavala tuvieron una reunión
con una parte de la bancada de Peruanos Por el Kambio en la que se trató el tema
del enfrentamiento entre el gobierno y la bancada.
Trascendió que
en la reunión el presidente Kuczynski se habría referido al indulto posible al ex
presidente Alberto Fujimori.
Peru21
El ministro de Cultura, Salvador del Solar, dijo el miércoles que un eventual indulto
al ex presidente Alberto Fujimori no es un asunto que se aborde en el
gabinete. Puntualizó que la
eventual liberación de ex mandatario es potestad del presidente de la
República.
Cuando se le preguntó si renunciaría en caso se indulte
a Fujimori, respondió que “cada uno de nosotros, dependiendo de si llega
a suceder y cuando suceda, veremos cómo reaccionamos... en ese momento
los ministros tomaremos una decisión", dijo.
La República
El
presidente de la República Pedro
Pablo Kuczynski sostiene que su agenda política no
puede ser modificada porque no puede reprogramar las visitas
oficiales a Naciones Unidas y al papa Francisco en el Vaticano, previstas desde
el 15 al 23 de septiembre. "Tengo una agenda que está dictada por los
eventos en Naciones Unidas, hay una cena con el presidente de los Estados
unidos, hay una reunión privada con el secretario de Comercio el fin de semana”,
dijo.
La
semana pasada, el Pleno
del Congreso dejó en cuarto intermedio el permiso solicitado
por el mandatario.
El Comercio, La República
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
manifestó que por ahora no se realizarán cambios en el Consejo de Ministros.
En
este sentido, restó importancia a las declaraciones del primer vicepresidente,
Martín Vizcarra, quien se ha sumado al pedido de un posible cambio en el
Gabinete Ministerial.
La República
Nuevos aires y espacios políticos
Alvarez Rodrich
Aunque el presidente Pedro Pablo
Kuczynski es renuente a cambiar ministros, la presión política que viene
recibiendo, desde dentro y fuera del gobierno, podrían hacer inevitable que
recurra a un relevo mayor al que él quisiera.
(…)
Lo que necesita el gobierno es un
mejor accionar político y es para eso que va a necesitar mover algunas fichas
en el gabinete.
A los pedidos interesados por
razones subalternas del fujiaprismo –expresión de poder– y del partido
‘oficialista’ PpK –chambas en el gobierno–, se han agregado otros del cogollo
presidencial que parecen anunciar el cambio evidente que se viene: “El gobierno
necesita más visión política en el concepto responsable y positivo”, dijo el
primer vicepresidente Martín Vizcarra el domingo.
El fujiaprismo, sus trolls y
locutores exigen un corte radical que incluya no menos que a los ministros de
Educación, Salud e Interior, además del propio premier Fernando Zavala.
(…)
Quizá un gambito en el que Zavala
se ocupe solo del MEF, desplazando a Jorge Nieto a la PCM, con unos cuatro
cambios más trayendo independientes con radar y conexión política para abrir
nuevos espacios, y que tengan la confianza de PPK, podría ser, junto con una
estrategia política que hoy no tiene, una solución para el gobierno.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
Correo
Según acuerdos del TC al
que tuvo acceso Correo, hay un “plazo de 7 días hábiles (...) desde el día
siguiente de la votación de la causa” para que los votantes en minoría (2 en
este caso) puedan sustentar su posición.
Tras ello, los tribunos en mayoría (5) tienen “tres días
hábiles” para ratificarse o rectificarse.
“Espero que esta semana el pleno del Tribunal con el nuevo
magistrado Augusto Ferrero decida si se anula este procedimiento”, dijo Aníbal Quiroga.
“Yo no puedo haber salido del TC sin haber emitido un voto,
sería inconstitucional si no se mantiene mi voto. Obviamente se tiene que
mantener”, dijo Oscar Urviola. Detalló que él ha participado en la causa como “juez
natural” y no Augusto Ferrero. Alertó que el recurso de nulidad buscaría
“acomodar el TC a la conveniencia” del Parlamento.
Precisó que “es un derecho del magistrado observar o conocer
la opinión de los que emiten votos singulares, pero no le obliga a cambiar su
voto”. “No quiere decir que la votación queda suspendida y condicionada a la
emisión de un voto singular”, subrayó.
Expreso
La bancada de Fuerza
Popular considera que el recurso de nulidad del posible fallo del Tribunal
Constitucional (TC) se justifica al haberse “quebrado la causa” con el ingreso
de un nuevo magistrado, lo que permite retrotraer el proceso al informe oral.
“El
abogado que está llevando la causa ha presentado un recurso [de nulidad] en
vista de que se ha quebrado la causa al momento de salir un magistrado [Óscar
Urviola] y entrar otro [Ferrero], porque el saliente no podrá ratificar su voto.
Por lo tanto tiene que retroceder a nivel de informe oral”, dijo el portavoz de
la bancada fujimorista, Daniel Salaverry. Agregó que tendrá que ser el nuevo
magistrado, el que tome la decisión con respecto al fallo.
Héctor Becerril sostuvo que
el Congreso está planteando la nulidad de todo el proceso debido a que Urviola
no podrá votar, porque ha sido reemplazado por Augusto Ferrero. “En siete días
los que han tenido un voto discrepante tienen que sustentar [su posición]
buscando convencer a los magistrados con opinión contraria. ¿Cómo Urviola va a
dejar un voto sin haber escuchado las ponencias?”, preguntó.
ESTA NOCHE (tomado
de El Comercio)
La tensión entre la mayoría parlamentaria y el Tribunal Constitucional continúa
en aumento, a la espera de la confirmación del fallo final de la
inconstitucionalidad de la denominada ley antitránsfugas.
A la ya anunciada acusación constitucional que Fuerza
Popular evalúa contra los magistrados del TC por la filtración de un borrador
del fallo, ayer se sumaron dos posibilidades.
“Además de las acusaciones constitucionales, la nulidad
de la vista de la causa es una opción y la presentación de una nueva ley es
otra”, comentó Héctor Becerril.
La ratificación de
la sentencia del TC debería darse, a más tardar, este viernes.
Correo
El as bajo la manga del
fujimorismo para cuando el Tribunal Constitucional emita
de manera formal su sentencia es la presentación de una denuncia constitucional
contra los magistrados del máximo órgano de control de leyes.
Fuentes de la bancada “naranja” indicaron a Correo que
un sector de los congresistas, especialmente los abocados a los temas legales y
constitucionales, han recomendado a sus colegas y a la propia lideresa de
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomar acciones que faculten
al Congreso sancionar la filtración del fallo que se produjo desde el TC.
“No se está haciendo
una acusación apresurada, creo que en este caso los miembros del Tribunal
Constitucional necesitan responder como corresponde ante
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, indicó el parlamentario Miguel
Castro. “Esto amerita una acusación constitucional”, enfatizó. “Repito, esto
amerita una acusación constitucional contra los magistrados del TC, porque hay
una clara interferencia”, recalcó.
El vocero alterno de
Fuerza Popular, Héctor Becerril,
dijo que todavía no hay denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, pero existe un “quiebre” en el proceso. “Tiene que volverse a
fojas cero”, dijo. “Si el proceso se ha
viciado con muchas situaciones, creo que sí ameritaría que evaluemos una
acusación constitucional”, precisó.
El primer vicepresidente
del Congreso, Mario Mantilla (FP), respaldó la presentación de la denuncia
constitucional contra los magistrados del TC.
Peru21
David Tolentino
entrevista a José Luis Sardón
(…)
…el reglamento establece que hay siete días hábiles
para emitir el voto singular o el fundamento de voto, y una vez emitidos estos,
hay tres días para el trámite de ratificación o rectificación.
Evidentemente, si es
que en ese trámite de ratificación o rectificación algún magistrado cambia su
punto de vista, ello tiene que volver a ser puesto en conocimiento de los demás
y se tiene que ir a una segunda vuelta de deliberaciones. El procedimiento de
emisión de una sentencia solo termina con la publicación de la sentencia.
(…)
-¿Se podría interpretar que hay presión para que convaliden esta decisión ya conocida?
Lo que es evidente es que, al filtrar la información, se ha querido apurar la decisión.
-¿Se podría interpretar que hay presión para que convaliden esta decisión ya conocida?
Lo que es evidente es que, al filtrar la información, se ha querido apurar la decisión.
-¿Este procedimiento
podría configurarse como un vicio procesal?
Me atrevería a decir que es una irregularidad, pero tendría que analizar más y discutir con mis colegas cuál es el alcance de que eso haya ocurrido.
Me atrevería a decir que es una irregularidad, pero tendría que analizar más y discutir con mis colegas cuál es el alcance de que eso haya ocurrido.
(…)
-El Congreso de la República ha presentado un
recurso de nulidad. ¿Puede hacerlo pese a que la sentencia aún no ha sido
publicada oficialmente?
No puedo adelantar opinión sobre eso, pero entiendo que eso se ha hecho.
No puedo adelantar opinión sobre eso, pero entiendo que eso se ha hecho.
(…)
-Se ha cuestionado
que un magistrado saliente como el doctor Urviola haya afirmado una decisión como
la que estamos hablando. ¿Podía hacerlo pese a que ya estaba de salida?
Esa es una decisión que corresponde al Pleno del TC. El Pleno va a tener que discutir cuando se entreguen los votos singulares, allí va a tener que discutir y tomar una decisión al respecto.
Esa es una decisión que corresponde al Pleno del TC. El Pleno va a tener que discutir cuando se entreguen los votos singulares, allí va a tener que discutir y tomar una decisión al respecto.
-¿Cuándo saldría
este fallo?
No me atrevería a precisar una fecha, porque el trámite de rectificación o ratificación se puede complicar.
No me atrevería a precisar una fecha, porque el trámite de rectificación o ratificación se puede complicar.
(…)
El Comercio
Al borde de un ataque
de nervios
Cecilia Valenzuela
(…)
Al sector keikista del fujimorismo no le conviene que se derogue la ley
antitránsfugas. Pero no porque le irriten los parlamentarios inescrupulosos
capaces de vender sus votos. Lo que le preocupa son los disidentes, los que
puedan criticar los mandatos de su lideresa debilitada por la aparición de un
ala liderada por su hermano y su padre.
Las últimas bravuconadas de los voceros de Fuerza Popular ocultan el colapso nervioso que se vive dentro
de su partido. Si el TC deroga la ley que ellos evacuaron para arraigar su
fuerza en el Legislativo, la imagen estrictamente jerárquica que Keiko Fujimori
ha querido proyectar para imponer su autoridad se viene al suelo. Se derrumba.
Contrastaría demasiado con la que su hermano Kenji viene construyendo. La
verticalidad de una, frente a la paciencia y el sentido del humor del otro. El
miedo que ella usa como herramienta, frente a la libertad con la que él se
despacha en las redes sociales. Mucho para una dirigente política que quizá no
lo está, pero sí se siente muy sola.
Los políticos olvidan que la autoridad se apoya en la tolerancia y el
respeto, que no se gana imponiendo sanciones hasta por los codos, ni vengándose
de quienes creen que los contrarían, peor si esa venganza daña la imagen del
país en el extranjero o ante las Naciones Unidas.
La ley antitránsfugas es un despropósito, riñe con la realidad, la
libertad y la democracia.
(…)
El Comercio
El mandato
representativo
Ursula Letona
Los
derechos constitucionales, incluidos los de participación política, son
limitables en salvaguarda de otros. Por ello, es constitucionalmente válido y
necesario que el legislador regule las condiciones y límites al ejercicio de
tales derechos, siempre que estos resulten razonables y proporcionales.
Esta limitación se
ha reflejado en la aprobación de las modificaciones al Reglamento del Congreso,
en lo que respecta a los cargos de los congresistas al interior del Congreso y
la importancia de la conformación de los grupos parlamentarios, en salvaguarda
y respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Cabe
resaltar que el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Partidos Políticos establecen que
estos se constituyen en el primer estamento para aglutinar la fragmentación
propia del pluralismo de la sociedad, con el fin de generar decisiones
centralizadas e institucionalizadas que generen gobernabilidad. Asimismo, con
relación al Congreso, se requiere que se permita una adecuada toma de
decisiones por intermedio de los partidos (que
forman los grupos parlamentarios) y no de representantes como personas
individuales, partiendo de la premisa de que nuestra democracia se sustenta en
el mandato representativo, que surge justamente como consecuencia del rol
preponderante que asumen los partidos
políticos, lo que ha derivado en que se deje de lado el concepto de
mandato imperativo.
En el mismo sentido,
el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha señalado la prevalencia del
mandato representativo sobre el mandato imperativo. Así, tenemos la STC
003-2006-AI-TC, fundamento 30, que señala que, tal como lo expresa el artículo
35 de la Constitución, los partidos
políticos concurren a la manifestación y formación de la voluntad
popular, representan el tránsito de una concepción individualista (mandato
imperativo) a una idea comunitaria y social de la representación (mandato
representativo), por ello (los partidos políticos) son pilar fundamental como
expresión del pluralismo político y democrático organizado. Similar
razonamiento se recoge en la STC 030-2005-AI-TC.
En esa misma línea,
Carlos Blancas ha señalado que el sometimiento de los representantes a los partidos políticos no elimina ni
modifica su independencia de aquello que caracteriza al “mandato
representativo”, sin perjuicio de que en cierta medida se afecta su independencia
política como consecuencia de que, en virtud de los partidos a los que representan,
quedan comprometidos con la realización de los programas de los mismos, para lo
cual y en virtud a los cuales fueron elegidos.
La democracia
representativa que busque realmente la institucionalidad no puede sustentarse
en el carisma o poder económico de candidatos, sino que debe sustentarse en un
voto colectivo que se canaliza en consideración a propuestas que presentan las
organizaciones políticas, aglutinando en el marco de ellas a los candidatos que
se presentan para una representación nacional, regional o local.
Bajo esta premisa,
es posible sostener que la limitación que los legisladores han previsto a los
derechos de participación política, concretamente a ser elegido, se ejerce de
manera institucional y colectiva, no de forma individual y personalista o, si
se desea, “caudillista”. Nuestro ordenamiento y las demás legislaciones no
admiten candidaturas individuales, ya que las postulaciones se efectúan a
través de organizaciones políticas, por lo tanto, en la contienda electoral no
participan personas individuales, sino organizaciones políticas por encima de
la trayectoria de los candidatos. La democracia actual se sustenta en las ideas,
propuestas, principios y planes de gobierno que presentan, en el marco de un
proceso electoral, las organizaciones políticas.
Al momento de
redactar el presente artículo, no se tiene conocimiento formal si realmente el
Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sobre la mal denominada ley
antitransfuguismo. Por ello, pedimos respetuosamente al citado organismo que
recuerde que el derecho a la participación política no es absoluto, y que la
democracia no requiere más atomización ni caudillismo, sino de
institucionalidad, a nivel del Parlamento y las organizaciones políticas
representadas en él.
El Comercio
¿Transfuguismo o recorte
de derechos?
Patricia Donayre
La
resolución del Tribunal Constitucional que resuelva la inconstitucionalidad de
la mal llamada ley antitransfuguismo genera un escenario en el que se apela a
argumentos fuera del contexto constitucional para desacreditar el fondo del
hecho.
Estamos ante un
ordenamiento jurídico con vacíos normativos trascendentales en materia de
regulación de partidos y
ordenamiento de los mismos. Por ejemplo, no hay una vinculación de origen del
representante elegido con su partido en
razón de su afiliación y fidelización ideológica como base de su incorporación
al partido y
designación como candidato. Sin embargo, y a pesar de este vacío, se introducen
regulaciones que sancionan conductas posteriores a las que califican de
desleales o las pintan de “transfuguismo”.
Este
es el contexto en el que nace la ley ahora cuestionada por inconstitucional.
Una norma que no soluciona el problema de fondo (que es el fortalecimiento
desde su fundación y desde su estructura de los partidos políticos), sino que ataca una conducta derivada ya de la
elección.
La primera falla de
la ley es que no define lo que supuestamente sanciona: el transfuguismo. Cuando
en la legislación comparada y en doctrina, además de definirse, se distinguen
claramente los supuestos de disidencia por razones de conciencia e ideológicas
de aquellas derivadas de supuestos ilícitos o infracciones graves.
La segunda falla es
que se aplica la misma sanción para supuestos desiguales. ¿Se puede dictar una
misma regla sancionatoria contra quien renuncia a su grupo parlamentario, y
contra quien es expulsado?
La respuesta es no,
de ahí la clarísima infracción constitucional. La norma resulta doblemente
lesiva cuando trata por igual a aquellos parlamentarios que renuncian a su
grupo, con los que son separados o expulsados. Esta regla genera una
vulneración al principio universal y constitucional de igualdad, ya que
establece una prohibición general, sin tipificación expresa, de dos situaciones
potencialmente distintas. La renuncia se sustenta en el principio del no mandato
imperativo. La expulsión en supuestos de infracciones.
Además,
se vulnera claramente el principio de igualdad cuando se prohíbe a un
congresista formar un grupo parlamentario para ejercer los derechos funcionales
que el Reglamento del Congreso establece, pues ello constituye un acto
discriminatorio frente al resto de legisladores, colocándolo en una situación
de aislamiento en nombre del interés del partido, que bajo el criterio de la norma impugnada está por
encima de la voluntad popular.
En consecuencia, si
el Tribunal Constitucional en su sentencia emplea el Test de Igualdad
advertirá, sin duda, que la disposición impugnada es una medida legislativa
discriminatoria y, por ende, infractora del principio de la igualdad.
Igualmente,
advertirá que la norma, al no tipificar los casos de transfuguismo, incurre en
arbitrariedad, careciendo de proporcionalidad y razonabilidad. Además de
lesionar el derecho a la participación política, inherente a todo ciudadano,
sea o no congresista.
No estamos a favor
del desorden organizacional del Congreso. Estamos a favor de que se fortalezca
el sistema de partidos.
Pero no a costa de sacrificar derechos constitucionalmente establecidos. La
reforma electoral que está quedando a medias obvia privilegiar el mecanismo de
formación de partidos ideológicamente
compactos. Obvia establecer la afiliación obligatoria para ser candidato a un
cargo de elección popular con un mínimo considerable de años. Así como tampoco
considera la elección de los candidatos mediante la elección universal de sus
afiliados. Aspectos que no solo fortalecen sino que legitiman al partido y al que lo representa y
crea entre ellos vínculos estrechos fuertes.
Las excepciones que
después de subsanar estos vacíos puedan generarse deben también merecer una ley
especial, una auténtica ley de transfuguismo que, estableciendo causales
puntuales, imponga sanciones ejemplares a quienes ilegítimamente decidan
separarse de sus bancadas.
La República
FP gruñón
Mirko Lauer
Como se debate en el programa 3D
(La República TV) de esta semana, Fuerza Popular está agestado, y lo muestra
por varias vías. Hay profecías de censura ministerial, algunas declaraciones
destempladas, acusaciones a congresistas opositores de FP, y un cierto refuerzo
del troleo en redes. ¿Qué los está irritando tanto? La respuesta está a la
vista.
FP está enfrentando verdaderos
peligros y una falta de verdaderos resultados. Entre los primeros están el
avance del escenario Keiko-Odebrecht y la inconstitucionalidad de la ley
antitransfuguismo. Dos desarrollos que ponen en jaque la autopercepción de
superioridad político-moral en que se mueve la cúpula de FP.
¿Qué ha logrado FP a lo largo de
un año? Quizás su principal actividad ha sido mantener el acoso al Ejecutivo, y
eso termina siendo lo que define a la principal bancada opositora. Pero el
Ejecutivo, con todos los problemas y sapos que se tiene que comer a diario, no
va a desaparecer, y sigue gobernando.
Además el papel de acosadores del
Ejecutivo, definible como una actuación ubicada varios grados por encima de la
mera oposición, desgasta a sus practicantes. Hay congresistas FP a los que el
celo ha colocado al borde de la caricatura. La aprobación general del Congreso
anda baja, como en otros tiempos.
Un motivo para mejorar el humor
de FP sería que la aprobación de Keiko Fujimori es la N°1 en las encuestas. Sin
embargo el hermano Kenji le va pisando los talones con el N°2, y extrañamente
casi todos los candidatos presidenciales del 2016 mantienen aprobaciones
parecidas a sus votaciones de entonces.
Pero visto desde fuera, el poder
parlamentario no ha hecho milagro alguno por la imagen de Keiko Fujimori. El
espléndido aislamiento post-derrota electoral se mantiene, y hay una
perceptible pérdida de capital político a futuro. Sus bonos han sido
erráticamente invertidos en súbitos acercamientos y distanciamientos del
Ejecutivo.
Las oscilaciones de la ex
candidata surgen de que FP sigue en su vieja polémica interna sobre el camino
hacia la presidencia, entre una línea dura nostálgica de los años 90 y una
línea modernizadora. Luego hay la nueva pugna sorda, típicamente parlamentaria,
entre los diversos intereses que se mueven debajo de las curules.
Pero visto desde fuera, el poder
parlamentario no ha hecho milagro alguno por la imagen de Keiko Fujimori.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
Peru21
Para el Ministerio Público, las cosas están claras: el
ex presidente del comité de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y la ex
representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, se coludieron para
favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a
la empresa brasileña con la licitación del Gasoducto del Sur.
Así es como el fiscal Reinaldo Abia sustentó su
acusación, a la que accedió Perú21, contra el ingeniero de hidrocarburos y la
abogada. La misma fue presentada ante el Segundo Juzgado de Investigación
Preparatoria de Lima el pasado 18 de agosto.
A Ramírez se le atribuyen los delitos de colusión
agravada y negociación incompatible como autor, mientras que a Hokama le
imputan colusión agravada como cómplice primario.
De acuerdo con Abia, el ex funcionario de Proinversión
“faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama”
para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014.
¿Cómo se habría materializado ese favorecimiento? De
acuerdo a la Fiscalía, y como lo informó este diario en su momento,
Proinversión “descalificó irregularmente” al consorcio con el que competía
Odebrecht.
Esta maniobra generó, según la investigación, un
perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre
la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía
brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).
Peru21
¿Y los
tiburones?
Juan
José Garrido
El 23
de julio de 2014, el gobierno de Ollanta Humala le adjudicó a Odebrecht el
proyecto Gasoducto Sur Peruano. Al día siguiente, jueves 24, Perú21 anunciaba
la firma en portada, con una bajada que cuestionaba el proceso: “Consorcio
descalificado en el proceso lleva el caso al Poder Judicial”. Y en el editorial
de ese día, sostenía que, más allá de si el proyecto era necesario o no,
“habría sido ideal que el concurso sea más transparente y, sobre todo, más
estudiado”.
Perú21 corroboró las hipótesis en las siguientes
semanas: en efecto, el proceso había sido guiado, desde el Ejecutivo, a través
de ex asesores de la empresa Odebrecht (y/o sus empresas satélites). Señalamos,
entonces (2 de julio), que Edgar Ramírez, cabeza del comité que brindó la buena
pro, había brindado asesorías a Kuntur y Odebrecht. ¿Quiénes lo designaron? El
presidente Humala y el ministro de Economía, Miguel Castilla. El ministro de
Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, también conocía de la relación.
Pero ahí no acababan las denuncias. Los dos estudios de
abogados que elaboraron los sustentos legales para descalificar a los postores
habían trabajado para Odebrecht. Hasta el ministro Mayorga, como consultor,
había trabajado para Odebrecht. Y ni así se armó un escándalo.
Resumiendo: no se tenían reservas probadas para el
proyecto, se armó un equipo de ex asesores de una empresa concursante para
armar el concurso, se eliminó a la competencia, se adjudicó un proyecto de
US$1,300 millones en US$7,000 millones, y solo un par de voces se animaron a
llamar la atención. Peor aún: la empresa constructora pretendía, vía Eleodoro
Mayorga y el gobierno “nacionalista”, adjudicar una petroquímica (US$8,000
millones adicionales) a Braskem, filial de Odebrecht.
Ramírez ya está en la mira, pero aquí cortaron el jamón
muchos más. Humala, Castilla, Mayorga, los estudios involucrados y otros más
deberían pasar por la justicia. La pita, en casos de corrupción, no debe
cortarse por el lado más débil. Sería una burla que caiga solo un funcionario
de tercer nivel y que los verdaderos responsables sigan libres.
