martes, 10 de octubre de 2017

ESTA NOCHE martes 10 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Trampas marca Acme


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


El proceso interno a Kenji Fujimori ya parece un episodio del coyote y el correcaminos. Le ponen toda clase de trampas –marca Acme- y ninguna funciona.

Para los que no tienen tiempo de leer las 29 páginas de la respuesta del parlamentario este último lunes al segundo proceso disciplinario abierto en su contra, intentaremos reseñarla aquí.

Resulta que el reglamento interno de la bancada en base al que se le abrió el primer proceso tiene vicios de origen que en buena fe habrían obligado a hacer uno nuevo: el reglamento para comenzar no describe las conductas que busca sancionar y esa es una garantía del debido proceso.

En vez de debatir un reglamento nuevo, sin embargo, la bancada votó por continuar el proceso. Evidentemente, la votación de la bancada no puede convalidar un reglamento nulo de origen. Igual se le abrió al congresista un segundo proceso disciplinario. Con el mismo reglamento marca Acme, en suma, le abrieron al correcaminos un segundo proceso disciplinario que, naturalmente, es nulo también.

El Comité Disciplinario le ha hecho ahora a Kenji Fujimori seis cargos diferentes sin explicar de qué manera resultan sancionables sus actos en el marco de las conductas que encuentra criticables. El Comité tampoco es imparcial: sus miembros han adelantado opinión en varias ocasiones sobre su persona.   

Lo que el congresista Fujimori pide ahora, en suma, es que el Comité responda de manera motivada todas y cada una de las objeciones que hace por escrito, como corresponde. Y la respuesta es silencio y reiterada insistencia en el mismo proceso viciado con el mismo reglamento nulo.

Por donde se le mire, este no es un debido proceso. Es una cacería torpe. Pero, como se sabe, las trampas marca Acme nunca funcionan.  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El clima de armonía que se había creado en las últimas semanas tras las reuniones entre la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y todas las bancadas del Congreso, se ha visto afectado por la reciente negativa de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de recibir a la  Comisión Lava Jato en Palacio.
Diversos fujimoristas, como Rosa Bartra (presidenta de la Comisión Lava Jato), Úrsula Letona e incluso el presidente del Congreso, Luis Galarreta, han cuestionado al mandatario por no querer responder en persona las preguntas del Congreso y han considerado que esto afecta la relación Ejecutivo-Legislativo a pocos días de que Aráoz se presente ante el pleno a pedir el voto de confianza.
"Hay dos aspectos que tienen peso: el primero es la cercanía de Mercedes Aráoz con el Congreso, lo que le permitió dar unos buenos pasos en la relación con quienes son técnicamente sus compañeros de trabajo. Pero el otro aspecto es el aparente indulto a Alberto Fujimori que el presidente PPK sigue mencionando sin ningún tipo de presión por parte de Fuerza Popular", consideró Luis Benavente.



Expreso
La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa María Bartra, adujo que no aceptarán ninguna respuesta por escrito. Confirmó que volverán a enviar una invitación para que PPK acuda a declarar ante la comisión.
“Más de 50 invitados. Ninguno puede decir que se le ha insultado. Puede que en algún momento haya existido un nivel de tensión en el momento que se pregunta y se repregunta porque de pronto nuestros invitados tienen amnesia selectiva”, dijo.



El Comercio
El congresista Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, afirmó que PPK distorsionó "el clima de calma y armonía" que había entre el Congreso y el Ejecutivo, previo a la presentación de la primera ministra, Mercedes Aráoz, ante el pleno del Parlamento en busca del voto de confianza.
"Creo que, de forma totalmente irresponsable, [PPK] vuelve  a crear el enfrentamiento. Que quede claro que él es el responsable de lo que pueda pasar el día que se presente Mercedes Aráoz", manifestó.



El Comercio
La polémica en torno a la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de presentarse ante la Comisión Lava Jatocontinúa y parece que abre un nuevo capítulo en la historia de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El titular del Legislativo, Luis Galarreta, defendió ayer su fuero y cuestionó la decisión del mandatario de responder las preguntas de la comisión por escrito. “Hay una discrepancia en lo que establece el artículo 117 [de la Constitución] con el artículo 97 que tiene que ver con la función fiscalizadora del Congreso, donde se establece que todos están obligados a asistir. Creo que hay un error por parte del presidente constitucional Kuczynski”, dijo Galarreta.



Expreso
La bancada Fuerza Popular no condicionará el voto de confianza que pedirá la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, a la respuesta del presidente de la República a la comisión Lava Jato, indicó la vocera alterna de esa bancada, Milagros Salazar.
La parlamentaria indicó que son cosas diferentes, razón por la cual el camino que tome uno u otro tema no deberían afectar la presentación de la jefa del Gabinete Ministerial este jueves 12 de octubre.
Destacó la disposición de escuchar de la presidenta del Consejo de MinistrosMercedes Aráoz, quien ha tomado nota de los aportes formulados por las bancadas parlamentarias durante la ronda de conversaciones que mantuvo la semana pasada.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, sostuvo que la decisión  del presidente de enviar su posición a la comisión Lava Jato generó un clima de incomodidad en los parlamentarios, previo a al voto de confianza.
La congresista Úrsula Letona, asimismo, refirió que esta posición origina un clima no propicio de cara al voto de confianza.



El Comercio
El vocero alterno Juan Sheput se refirió al panorama previo al voto de investidura que buscará la presidenta del Consejo de Ministros el próximo jueves. “A mí me preocupa la actitud del fujimorismo, porque parecería que están buscando pretextos para dañar un clima de armonía que existe, al día de hoy, entre el Ejecutivo y el Congreso”, dijo.



El Comercio
La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, afirmó hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “está en su derecho” de no recibir a la Comisión Lava Jato y a responder por escrito a sus interrogantes sobre la licitación de los tramos II y III carretera Interoceánica a favor de la firma brasileña Odebrecht.
“Él está en todo su derecho de no asistir [a la citación] porque así lo define la propia Constitución, y de enviar respuestas”, refirió.
“Él está abierto a todas las preguntas y lo seguirá haciendo, esa apertura de enviar las respuestas por escrito está totalmente a disposición y a volver [a responder] ante las repreguntas”, refirió.






ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



ESTA NOCHE
El pasado 3 de octubre, el congresista Kenji Fujimori presentó un escrito al Comité del Proceso Disciplinario de Fuerza Popular pidiendo que se corrigiera varias irregularidades en el debido proceso de su caso. Lejos de responder, el Comité lo citó nuevamente otorgándole esta vez el plazo de apenas un día hábil para defenderse dseis imputaciones que tampoco son descritas adecuadamente
Ante esta nueva situación irregular, el parlamentario presentó el lunes 9 de octubre un nuevo escrito solicitando esta vez la nulidad de la citación a un segundo proceso disciplinario.
Considera al respecto, en primer lugar, que el Comité que pretende investigar, acusar y juzgar no es imparcial. Señala al respecto que, tal como está redactado, el Reglamento del Grupo Parlamentario permite conformar comités disciplinarios “a dedo” seleccionando arbitrariamente a sus miembros para cada caso concreto. Esto –sostiene- hace posible designar miembros a congresistas que han adelantado opinión sobre el caso e incluso condenado conductas que luego tendrían que estar en condiciones de investigar y juzgar.
Este sería el caso, según el Kenji Fujimori, de los parlamentarios Miguel Torres y Úrsula Letona, quienes -señala- conforman el Comité que pretende procesarlo pese a haber declarado públicamente  “incomodidad” y “fastidio” hacia su persona y haber calificado su conducta deintolerante”. 
Argumenta también el congresista Fujimori en su defensa que el Reglamento que se le pretende aplicar viola el artículo 37 numeral 4) del Reglamento del Congreso. Fujimori sostiene que el Reglamento del Grupo Parlamentario no describe apropiadamente las conductas infractoras en que habría incurrido como congresista de la bancada, ni establece con claridad las sanciones acordes con esas conductas –lo que es una garantía constitucional del debido proceso-. Tampoco lo hace la nueva citación. 
Por lo tanto, el parlamentario argumenta en su defensa que la propia citación a audiencia es inconstitucional y nula al pretender atribuirle seis cargos sin explicar de qué manera esos hechos configuran una conducta sancionable en el Reglamento del Grupo Parlamentario. Sostiene, por último, que tampoco se estaría respetando su derecho a hacer sus descargos en un plazo mínimamente razonable.   El pasado 3 de octubre, el congresista Kenji Fujimori presentó un escrito al Comité del Proceso Disciplinario de Fuerza Popular pidiendo que se corrigiera varias irregularidades en el debido proceso de su caso. Lejos de responder, el Comité lo citó nuevamente otorgándole esta vez el plazo de apenas un día hábil para defenderse dseis imputaciones que tampoco son descritas adecuadamente
Ante esta nueva situación irregular, el parlamentario presentó el lunes 9 de octubre un nuevo escrito solicitando esta vez la nulidad de la citación a un segundo proceso disciplinario.
Considera al respecto, en primer lugar, que el Comité que pretende investigar, acusar y juzgar no es imparcial. Señala al respecto que, tal como está redactado, el Reglamento del Grupo Parlamentario permite conformar comités disciplinarios “a dedo” seleccionando arbitrariamente a sus miembros para cada caso concreto. Esto –sostiene- hace posible designar miembros a congresistas que han adelantado opinión sobre el caso e incluso condenado conductas que luego tendrían que estar en condiciones de investigar y juzgar.
Este sería el caso, según Kenji Fujimori, de los parlamentarios Miguel Torres y Úrsula Letona, quienes -señala- conforman el Comité que pretende procesarlo pese a haber declarado públicamente  “incomodidad” y “fastidio” hacia su persona y haber calificado su conducta deintolerante”. 
Argumenta también el congresista Fujimori en su defensa que el Reglamento que se le pretende aplicar viola el artículo 37 numeral 4) del Reglamento del Congreso. Fujimori sostiene que el Reglamento del Grupo Parlamentario no describe apropiadamente las conductas infractoras en que habría incurrido como congresista de la bancada, ni establece con claridad las sanciones acordes con esas conductas –lo que es una garantía constitucional del debido proceso-. Tampoco lo hace la nueva citación. 
Por lo tanto, el parlamentario argumenta en su defensa que la propia citación a audiencia es inconstitucional y nula al pretender atribuirle seis cargos sin explicar de qué manera esos hechos configuran una conducta sancionable en el Reglamento del Grupo Parlamentario. Sostiene, por último, que tampoco se estaría respetando su derecho a hacer sus descargos en un plazo mínimamente razonable.   
Consecuentemente, el escrito del congresista Kenji Fujimori presentado al partido solicita a los miembros del Comité dar respuesta motivada a todas y cada una de las irregularidades que señala en el proceso disciplinario.



La República
Columna de Mirko Lauer
Parece claro que un retorno de Alberto Fujimori, si se da, no va a ser un paseo de recuperación automática del fujimorismo. Este domingo una congresista de Fuerza Popular se lo dijo con todas sus letras. En 10 años de trabajo de Keiko Fujimori, su padre se ha vuelto prescindible. Más aun, es visto como un escollo para llegar a la presidencia en el 2021.
El punto de inflexión de esto fue el momento en que el entorno de Keiko Fujimori asumió que el descrédito del fujimorismo de los años 90 se había vuelto un problema electoral, y que AFF no estaba en condiciones de participar en las decisiones importantes del partido. Esto ocurrió ya en la campaña del 2016, con su idea de un nuevo tipo de fujimorismo.
El desembarco no es una sorpresa, pues ya antes otra congresista había invitado a AFF a dedicarse a jugar con sus nietos. Pero hasta hace poco el rechazo no era transmitido tan descarnadamente. Es sobre todo por la actuación disidente de Kenji Fujimori que Alberto Fujimori ha pasado de ser un activo político a ser un problema para la buena marcha del keikismo.
¿Puede un AFF libre ser una llave inglesa en el engranaje de FP? Depende de cuánto crea uno en el historial médico del preso en estos años. Si la realidad clínica es como dice su entorno, entonces AFF no estaría en condiciones de liderar o complicar mucho a su salida, y entonces las artes del hijo no parecen compensación suficiente para esa situación.
Luego está la improbable posibilidad de otro AFF, repuesto de decenio y medio de carcelería, y reencontrado con su vieja capacidad de seducción política. Le sería más fácil intentar la recuperación del fujimorismo que formar uno nuevo. Para esa recuperación ya tiene una punta de lanza entre los congresistas más descontentos de FP.
Lo que se desprende del ahora ya abierto rechazo a un retorno triunfal de AFF, y el mensaje de que el partido no es suyo, es que un indulto no mejorará las relaciones del Ejecutivo con la mayoría keikista del Congreso, e incluso resultaría contraproducente. Lo cual volvería al gesto realmente, y exclusivamente, humanitario.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazó los nuevos parámetros que estableció el Poder Judicial para sancionar el delito de lavado de activos a través de la Casación 92-2017.
En un informe enviado al Pleno Casatorio Penal, la entidad enfatiza que este delito es autónomo y que para investigarlo basta solo una prueba indiciaria.
La UIF forma parte de las 29 instituciones y personas naturales (abogados y sociedad civil) que enviaron sus informes y opiniones a fin de que sean analizados por los 15 jueces supremos que próximamente se pronunciarán sobre esta sentencia.



El Comercio
El Congreso de la República dio, la semana pasada, un nuevo paso en el camino hacia la tantas veces anunciada reforma electoral.
Con 72 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó un dictamen que busca modificar aspectos de la Ley de Organizaciones Políticas vinculados a los aportes y a la entrega de dádivas en campaña electoral.
La votación del pasado miércoles no fue la definitiva. Y, si bien el dictamen necesitará ser aprobado en una segunda votación para convertirse en norma, diversos especialistas consultados por este Diario ya advierten que, como está, la iniciativa resulta incompleta.
1. La gradualidad en las sanciones para la entrega de dádivas
El aspecto del dictamen que más controversia ha generado es el que propone una amonestación económica de 30 UIT (121.500 soles) como primera sanción ante la entrega de dádivas.
De aprobarse la iniciativa, la expulsión del proceso electoral ya no será el primer castigo al candidato infractor.
2. Cocteles con tope, recaudación sin tope
Otro de los aspectos que busca regular el dictamen es la recaudación a través de cocteles.
Si se aprueba el dictamen, se podrá recaudar como máximo 250 UIT (S/862.500) por cada uno de estos. Sin embargo, la iniciativa no establece un límite como parte de la recaudación total de la campaña.
“El riesgo de eso es que, al no tener límites, los cocteles sirvan para sacar la vuelta a la ley. Lo recomendable es que, a través de estos, se permita recaudar como máximo entre 10% y 20% de los ingresos de campaña”, indica el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.
3. Sanciones al candidato y no al partido
“Así como se reclama que cada candidato pertenece a un partido y no puede tomar distancia sin consecuencias, de la misma manera los partidos deben ser responsables. No es posible que queden sin ninguna afectación cuando cometen algún tipo de infracción”, comenta el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
4. Infracciones políticas sin castigos políticos
“Está demostrado que las multas o no se pagan o no generan un efecto disuasivo. Es necesario complementar el dictamen para que, en casos graves, se permita suspender la participación de esas organizaciones o incluso quitarles la inscripción”, sostiene Roque Bravo, ex secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
5. Aportes de campaña por parte de empresas 
El dictamen aprobado también restringe el aporte de empresas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, a las campañas electorales.
“Lo más importante es transparentarlos y poner límite. Prohibirlos alimentará los aportes por lo bajo”, concluye Albán.


lunes, 9 de octubre de 2017

ESTA NOCHE lunes 9 octubre 2017


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MEDIA COLUMNA
Ha dejado de fumar, dice


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Hay que felicitar al presidente del Congreso por haber tomado, en dos ocasiones en el último Pleno, la decisión de que la segunda votacion de la ley se lleve cabo una semana después de la primera.

Dejar de lado la práctica nefasta de burlar la norma vigente exonerando automáticamente de la segunda votacion –una violación que  ha sido sistemática- ayuda al objetivo de frenar la nociva sobreproducción legislativa que amenaza gravemente la seguridad jurídica. 

El Congreso exhibe con malentendido  orgullo haber aprobado 200 leyes en un año, durante la última legislatura. Detener esta hemorragia es precisamente uno de los objetivos del restablecimiento de la bicameralidad.

Es posible que la decisión de hoy tenga el objeto de adelantarse a eliminar uno de los argumentos en favor de la bicameralidad. Si así fuera, en buena hora. El proyecto de la bicameralidad ha dado ya su primer fruto.

Es indispendable perseverar en ese objetivo, sin embargo, porque el nuevo intento de respetar la norma vigente de la doble votación ya se ha llevado a cabo antes, sin ningún éxito, por parte de la bancada de Fuerza Popular, que se comprometió a respetar escrupulosamente la regla de votar dos veces con un período de espera, enterrando para siempre la mala práctica de exonerar a los proyectos de segunda votación.

Pero la intención no duró. Al cabo de poco reincidió la bancada junto con el resto del Congreso en la adicción. Con fruición, además, como el fumador arrepentido que luego se precipita con redoblado entusiasmo al pantano.

La sobreproducción legislativa es una vorágine malsana que tiene que parar, por el bien del Perú. Y, como no podemos confiar en buenos deseos de año nuevo, es indispensable institucionalizar la doble revisión de las leyes de manera inamovible y sin excepciones.

Nadie deja de fumar así nomás, y el poder absoluto es una droga mucho más adictiva. El Senado se encargará de eso.



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ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
Entrevista a Cecilia Chacón
(…)
—El Gabinete asistirá este jueves a pedir la confianza del Parlamento. ¿Qué espera de su presentación?
Que existan cambios en la política de Estado, en la visión de país y en la actitud. Si la primera ministra nos da razones reales y concretas para pensar que las cosas van a mejorar, no habrá problemas para darle el voto de investidura. Si viene con la misma receta, que sabemos ha fracasado, tendremos que evaluar las posibilidades.
(…)
—¿Un eventual otorgamiento de la confianza al Gabinete podría ser un punto de inflexión en esa relación?
Más allá de un voto de confianza, una reunión en Palacio o una foto dándose la mano, lo que se necesita es construir confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y, sobre todo, se necesita un trabajo en conjunto que no se vea mellado al decirse primero una cosa y luego otra. Tiene que haber una confianza mutua porque en eso se basan las relaciones políticas.
—¿La libertad del ex presidente podría dividir al fujimorismo?
Son leyendas urbanas que tratan de dividirnos. Fuerza Popular no actúa en función de una persona o apellido. Si bien nuestra lideresa es Keiko Fujimori, lo es por su trabajo diario con la bancada. No está ahí porque se apellida Fujimori. Lo digo tajantemente.
—Si bien habla de unidad, el día en que Kenji Fujimori debía presentarse ante el comité disciplinario de su bancada, simpatizantes fujimoristas pedían frente al local partidario la salida de Ana Vega y de Pier Figari.
Ellos fueron fundamentales en el fortalecimiento del partido. Hay gente que ha visto que perdió poder a lo largo de estos años y quiere, de alguna manera, volver a tenerlo. Creen que haciendo estas cosas lo lograrán.
—¿Se refiere a la llamada vieja guardia del fujimorismo?
Efectivamente, hay gente que tiene sus preferencias.
—Si Alberto Fujimori es indultado y él así lo desea, ¿podría sumarse de forma activa a Fuerza Popular?
Por supuesto. Ahora, no sé qué tanto podrá hacer política dentro de Fuerza Popular. Él nunca quiso a los partidos políticos, nunca formó uno. Voluntariamente los evitaba y, cada vez que uno se fortalecía, formaba otro. No cree en los partidos ni en el liderazgo. Por eso el fujimorismo, con él, nunca tuvo fortaleza partidaria.
—Así, suena improbable una inserción del ex presidente en el partido.
Así es. Por lo visto, Alberto Fujimori sigue sin creer en los partidos políticos. Ya dependerá de él, porque en un partido político el apellido no es lo que pesa.
—¿Fuerza Popular es el partido de Alberto Fujimori?
Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori. Fuerza Popular pertenece a todos los militantes, a todos por igual. Él, si quiere, podría inscribirse también. Nos encantaría.
—Afirmó que la suspensión a Kenji Fujimori serviría para que este reflexionara. ¿Considera que lo hizo?
Para nada, está en un proceso disciplinario por las mismas actitudes.
—¿Cómo cree que terminará ese nuevo proceso disciplinario?
Si bien uno puede dar una llamada de atención, luego una suspensión y después una expulsión, se puede ir directamente a la expulsión si el caso lo amerita. Respeto el debido proceso, así que esperaré el informe.
(…)



El Comercio
La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró que actualmente el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori no tiene ningún tipo de influencia en su partido político.
“Él [Alberto Fujimori] no tiene hoy ninguna influencia en el partido. La lideresa es Keiko Fujimori y tenemos un CEN (comité ejecutivo nacional) en el cual tomamos las decisiones del partido”, expresó.
Úrsula Letona señaló que Fuerza Popular busca “trascender” el apellido Fujimori, al comentar las declaraciones de Cecilia Chacón, quien dijo que “Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori”.



La República
Las últimas acciones del Gobierno y las declaraciones de sus principales representantes apuntan hacia una dirección: el indulto a favor de Alberto Fujimori.
Primero fue la salida de Marisol Pérez Tello del Ministerio de Justicia, alguien que había mostrado públicamente sus reparos frente a la posibilidad de la excarcelación. En su lugar fue nombrado Enrique Mendoza, quien el viernes firmó una resolución a través de la cual se cambió a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.
 “(El indulto) está yendo en marcha, a pasos acelerados”, explicó una fuente del Gobierno.
La fecha que se rumorea es después de la presentación ante el Pleno del Congreso del gabinete que dirige Mercedes Aráoz.
“A partir del 12, en cualquier momento”, fue la respuesta que ofreció una persona vinculada al Gobierno cuando se le preguntó cuándo podría darse el indulto.



El Comercio
El ministro de Defensa, Jorge Nieto, afirmó que él no puede estar en contra de un indulto humanitario, al ser consultado sobre la situación del ex presidente Alberto Fujimori.
Agregó que el Perú necesita “una auténtica política de reconciliación” e indicó que la gracia presidencial podría ser una pieza clave para ese proceso.
“Ya que me plantea el tema, el país necesita una auténtica política de reconciliación”, manifestó en el programa de televisión “Agenda Política”.
Nieto dijo que respetará la decisión que tome el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sobre Fujimori.
“La sociedad y el Estado peruanos nos merecemos una política auténtica de reconciliación que nos permita voltear la página”, reiteró.
Sobre el general EP en retiro Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien se encuentra en estado vegetal, Jorge Nieto que su situación debe ser resuelta.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa María Bartra, anunció que, en las próximas horas, insistirán en citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a declarar ante la Comisión Lava Jato.



El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, aseguró que la citación al ex presidente Alan García así como a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dará “lo más antes posible”. “La decisión se tomará en las siguientes horas”, declaró.
Anunció que el caso envuelve 41 megaproyectos, 12 de los cuales se encuentran en curso.



El Comercio
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona criticó la decisión del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de no reunirse con la Comisión Lava Jato y le recomendó “reflexionar”, porque genera “un clima no propicio” a puertas de la presentación de la primera ministra, Mercedes Aráoz, en el Congreso para obtener el voto de confianza.



El Comercio
El congresista de Peruanos por el Kambio Juan Sheput consideró que los cuestionamientos del fujimorismo al presidente Pedro Pablo Kuczynski por negarse a asistir a la Comisión Lava Jato tienen como finalidad generar un clima adverso entre el Ejecutivo y el Congreso.
"Parecería que están buscando pretextos para dañar un clima de armonía que existe el día de hoy entre el Ejecutivo y el Congreso", dijo.
"Son ellos los que quieren afectar este clima de armonía", reiteró Sheput.


La República
Con manopla
Mirko Lauer
La negativa del Presidente de la República a aceptar la visita de la comisión Lava Jato, y que la llame circo, ha molestado mucho a Rosa Bartra, que la encabeza. La cosa le ha parecido más o menos una falta de respeto al Perú entero, y un gesto que podría lanzar un nuevo enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso. Así de fuerte el deseo de ser su huésped.
La verdad es que a la comisión Lava Jato no le va muy bien. La demora en citar a Alan García y a Keiko Fujimori, aunque fuera por un afán de simetría, la muestra algo sesgada. Los frutos de la investigación no aparecen por ninguna parte, a pesar del nuevo plazo que se les ha concedido. Su actividad se ha vuelto invitar y tratar de ser invitados.
Para empeorar las cosas han surgido entre algunos fiscales iniciativas de todo tipo, contactos internacionales, y acusaciones novedosas que vienen capturando los reflectores, los titulares y las declaraciones previsiblemente indignadas de los políticos. Interrogar a Pedro Pablo Kuczynski le hubiera permitido a la comisión recuperar algo del terreno perdido.
Pero eso no va a suceder. Bartra lo ha llamado un ánimo de no colaborar, y aprovechado para deslizar insinuaciones sobre un PPK que podría estar más comprometido de lo que parece. Sea como fuere, el Presidente de la República no está obligado a recibir al grupo de parlamentarios, lanzados a lo que en inglés se llama una expedición a la pesca de lo que resulte.
La espontaneidad con que Bartra ha lanzado la amenaza de un nuevo enfrentamiento es inquietante, pues habla de la fragilidad de la tregua en curso. No es el primer exabrupto que perfora el clima de tensa concordia que nos gobierna, pero sí el que más huele a bullying. Pues allí dentro viene una no tan velada amenaza de negarle la confianza al gabinete Aráoz este día 12.
Eso, más algunas advertencias de Héctor Becerril y la furia de Keiko Fujimori frente a la fiscalía, sugieren que el nuevo gabinete no la tendrá fácil. No habrá censura, por obvias razones, pero probablemente sí sostenido maltrato. Y eso que Mercedes Aráoz ha hecho una gira por todas las bancadas. Será, como dice el Marqués de Sade, la consecuencia de toda buena acción.



El Comercio
En la reunión de bancada de Fuerza Popular prevista para mañana debe debatirse la respuesta que darán los congresistas citados por el fiscal a declarar en la investigación a Keiko Fujimori.
El parlamentario Héctor Becerril dijo que analiza con sus abogados la pertinencia de la carta enviada por la fiscalía. “Hay varios colegas que están evaluando la citación recibida para ver qué medida se tomará”, indicó.
Manifestó que en la reunión de mañana se verían las acciones que podrían tomar los legisladores citados. “Debemos tomar una decisión en conjunto y no por separado”, señaló.
No se ha citado a todos. Por ejemplo, la congresista Luz Salgado no ha recibido notificación.
Según los informes registrados en la ONPE, cerca de dos millones de soles fue lo que entregaron los actuales congresistas fujimoristas a la última campaña electoral de Fuerza Popular. Entre los que más aportaron, figura la ex presidenta del Congreso Luz Salgado, quien dio S/165.848. Este Diario trató de confirmar ese dato con la legisladora, pero no pudo respondernos. A través de su equipo de prensa, indicó que las cifras registradas en la ONPE serían correctas.
De acuerdo con la ONPE, el actual titular del Parlamento, Luis Galarreta, aportó S/163.062. Tratamos de tener su versión, pero no obtuvimos respuesta.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Revolución social
Mercedes Aráoz
El pueblo dio un mandato al partido Peruanos por el Kambio (PPK): la responsabilidad del Ejecutivo. Y a Fuerza Popular, el control del Congreso. El Gobierno no puede hacer reformas para el bienestar de la población ni implementar políticas públicas sin la acción legislativa del Congreso. Tampoco puede haber continuidad en esas políticas si cae un ministro cada tres meses y medio, en promedio. El mandato del pueblo, entonces, ha sido que nos pongamos de acuerdo para gobernar. Nos ha entregado, al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, una corresponsabilidad para dirigir los destinos de la nación.
No podemos traicionar ese mandato con diatribas, enfrentamientos y peleas mediáticas constantes. Esto nos devalúa a todos. Tenemos que ponernos a trabajar juntos para resolver los problemas de la gente. Debemos estar a la altura de esa responsabilidad, buscando consensos y acuerdos sobre los temas fundamentales para los peruanos. Cada quien en lo que le corresponde. El Congreso enriqueciendo y aprobando leyes para el desarrollo, haciendo control político responsable y constructivo, en representación de la gente. Y el Gobierno gestionando eficiente y transparentemente los recursos y desarrollando acciones, especialmente para los menos favorecidos.
Los políticos debemos reconocer el lugar privilegiado en el que nos encontramos. Tenemos la capacidad de cambiar la realidad de millones de personas, de impactar en su vida diaria. Pero esa capacidad es limitada en tiempo y eso convierte el privilegio en una gran responsabilidad. Mi experiencia en la vida política, tanto como ministra, congresista, vicepresidenta de la República y ahora primera ministra, me ha enseñado la importancia del consenso y el diálogo para poder sacar adelante las soluciones que se esperan e impactan en la vida de cada peruano.
Luego de años de crecimiento económico, los retos que aún afrontamos en materia social, institucional y política son profundos. Desde que hicimos el plan de gobierno de PPK, tomamos conciencia de que los cambios que requerimos son estructurales y que debemos trabajar con seriedad en ellos. Por eso, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski propuso hacer una revolución social, que no es otra cosa que darles agua potable y saneamiento básico a las familias que aún no la tienen; educación y salud públicas de calidad, seguridad ciudadana con una policía que recupere autoridad, legitimidad y empatía con la población, que luche decididamente contra el crimen de todo tipo (menudo y organizado). Asimismo, ayuda técnica, mercados y vías de acceso para agricultores, ganaderos y pescadores; reglas claras para empresarios y emprendedores; una justicia predecible, imparcial y expeditiva para todos; entre otras tareas que como sociedad tenemos pendientes.
Es obvio que no es fácil lograr todo eso en cinco años. Son reformas profundas que nos pueden tomar más tiempo, pero lo importante es empezarlas, para fijar nuestro sueño republicano.
Una revolución social cumpliendo una agenda que permita cerrar finalmente las brechas que nos impiden avanzar y limitan la igualdad de oportunidades, que no nos dejan ser realmente libres y que dan cabida a las ideologías del odio y del miedo. Y las ideologías del odio se combaten con los ideales de paz. Así lo demostramos hace 25 años cuando derrotamos al terrorismo fratricida de Sendero Luminoso con inteligencia y una correcta estrategia policial. Y es justamente cuando los políticos empezamos a perder la capacidad de reaccionar juntos a las demandas ciudadanas, a construir el ideal de país, cuando se pone en peligro todo lo avanzando en materia de lucha contra la pobreza, desarrollo y justicia social.
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hay hasta siete acepciones de la palabra revolución. Yo prefiero la cuarta: “cambio rápido y profundo en cualquier cosa”. En el Gobierno que lidera el presidente Pedro Pablo Kuczynski nos hemos propuesto hacer un cambio inmediato para mejorar la vida de la gente. Por eso, tenemos metas claras para el bicentenario que coincide con el término de nuestro mandato.
En agua potable y saneamiento básico, que es la prioridad del presidente, esperamos que en el 2021 el 100% de los peruanos que viven en ciudades tengan estos servicios tan básicos como dignos. Estamos trabajando para que en ese mismo plazo ningún peruano, como mínimo, carezca de energía eléctrica, con todo lo que eso significa para su vida.
También para que la cobertura de educación secundaria llegue al 95%. Aspiramos a que, en la prueba PISA que se haga en cuatro años, el Perú alcance el puntaje promedio de América Latina, que salgamos del penúltimo lugar entre los países que se someten a esta evaluación. Hemos declarado una lucha frontal contra la anemia, mejorando la dieta de nuestros niños en el programa Cuna Más, asegurando un desarrollo infantil temprano adecuado.
La inseguridad ciudadana es un problema endémico que estamos empezando, poco a poco, a atacar con una estrategia transversal. Esta no solo pasa por acciones policiales, sino que se complementa con labor educativa y social, como lo hacemos en el programa Mi Barrio.
La rueda de la economía está empezando a moverse, somos optimistas en torno a lo que pasará en los próximos años. Para el 2018 haremos todo lo posible para que cinco grandes proyectos mineros empiecen a invertir los US$10 mil millones que costarán sus operaciones. El compromiso al bicentenario es destrabar inversiones mineras por más de US$50 mil millones. No quiero hacer un rosario de promesas y cifras, solo menciono estos casos para explicarles que sí tenemos esperanza y fe en nuestro país.
Tenemos que ser capaces de ponernos del lado de la gente, entender su realidad, comprender su historia y sentir su necesidad. Para llegar a eso, los ministros debemos obligatoriamente estar en el campo, en la calle, “en la cancha”. Esa visión de funcionario de escritorio está desterrada de esta gestión. Los ministros han estado en las regiones en más de 750 oportunidades. Sí, 750 visitas ministeriales a ciudades y pueblos del país, aun cuando no hayan sido noticia. El presidente ha realizado más de 73 viajes al interior acompañado, en varias oportunidades, por sus ministros y ha estado en cada una de las 25 regiones.
Así como el ministro de escritorio no es ya una opción, tampoco lo es el funcionario oscuro, que hace todo con una doble intención y con una doble moral. Tolerancia cero con la corrupción es una política transversal de gobierno. Nuestro país y la región entera observan con decepción los niveles profundos a los que ha llegado la corrupción en el Estado y en algunas empresas privadas, y cómo la corrupción nos ha robado miserablemente oportunidades y bienestar. No vamos a permitir que estas redes sigan avanzando, y tenemos el compromiso de combatir este flagelo por todos los frentes. Seremos un Gabinete de puertas abiertas con todos nuestros ciudadanos y con cada una de las bancadas presentes en el Parlamento, no solo para propiciar el trabajo conjunto sino la vigilancia permanente.
Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido, decía que “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones”. Seamos estadistas, los ministros y los congresistas. Las nuevas generaciones valorarán nuestro esfuerzo.



El Comercio, editorial
Esta semana, el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril –respaldado por otros miembros de su bancada– presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 164 del Código Penal, que sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, con una pena de limitación de 20 a 52 días libres.
En particular, propone que se sancione también la difusión de conversaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos y llamadas telefónicas. Además, se plantea que la publicación de una comunicación telefónica o grabación de la misma reciba una pena de cárcel no mayor de dos años.
A pesar de que el vocero alterno del fujimorismo sostiene que su intención es “actualizar la norma” y que esta “no tiene nada que ver con los medios”, sería irreal pensar que la imposición de sanciones penales a la publicación de ciertas conversaciones no terminará por limitar el trabajo de la prensa. En efecto, el conocimiento público de casos de corrupción, entre varios otros delitos, y varias conductas reñidas con la ética, se ha producido en los últimos años gracias a la difusión de conversaciones cuyos participantes hubieran querido mantener ocultas. Más aun, integrantes de FP –incluido el propio autor de la iniciativa– han participado en episodios de este tipo en los últimos meses, lo que añade mayor suspicacia a los propósitos subyacentes a este planteamiento.
Es llamativo, por ejemplo, que se busque penalizar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea, cuando fue gracias a la publicación de un extracto del chat Mototaxi (grupo que reunía a los líderes más conspicuos de FP) que se pudo conocer más sobre la predisposición que tuvo el fujimorismo para vapulear con prepotencia y vanagloria al entonces ministro de Educación Jaime Saavedra, durante el debate que decantó en su censura (“Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente! (sic)”, “Ahora ya saben con quién se meten”, fueron el tipo de mensajes que se intercambiaban).
Y es curioso también que el proyecto intente castigar la divulgación de conversaciones telefónicas a pocos días de que se ventilaran audios que complican aun más la situación de la legisladora fujimorista Yesenia Ponce, tanto por la presunta consignación de información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida, como por haber proferido duras críticas a su lideresa, Keiko Fujimori, semanas atrás.
Vista en detalle, además, la propuesta de Becerril presenta varios defectos de fondo. Por un lado, busca cambiar un anacronismo haciéndolo más grave aun. La jurisprudencia peruana y extranjera apunta en el sentido de no castigar la difusión de una conversación por quien es parte de ella. Y en contraste, si prosperara la iniciativa del parlamentario fujimorista, se agravaría la situación de quienes estuvieran en esta tesitura.
Por otro lado, la modificación legislativa castigaría a los medios de comunicación y periodistas que, sin interferir en la conversación privada o en su acceso, cumplen su deber de difundir dicha información en la medida que tenga interés público –como, por ejemplo, sucedió en los casos del chat Mototaxi y la conversación de Yesenia Ponce, y años atrás en el caso de los ‘vladivideos’ y en el de los ‘petroaudios’–. Es decir, se trataría de una nueva ley mordaza contra el ejercicio periodístico como las que se propusieron en anteriores conformaciones parlamentarias pero que, oportunamente, fueron observadas o abortadas.
Con estos antecedentes, no sorprende que la iniciativa haya encontrado resistencia en otras bancadas. El vocero de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, por ejemplo, ha señalado sobre la propuesta que se trataría de “una clara contravención a la libertad de prensa”. Mientras que Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, advirtió que una eventual norma de este tenor podría ser usada “como instrumento legal para considerar como prueba ilícita un chat, una conversación o audio que pruebe algo indebido”.

Tomando en cuenta el pasivo que arrastra el fujimorismo en materia de respeto a la libertad de prensa, sería recomendable entonces que sus representantes se abocaran más a protegerla antes que a sumarle amenazas y cortapisas.