lunes, 23 de octubre de 2017

ESTA NOCHE lunes 23 octubre 2017

 ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Primavera engañosa


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


El presidente Kuczynski ha declarado por escrito –en más de 60 páginas- su testimonio a la comisión Lava Jato. Veremos ahora si la Comisión no lo recibe.  

Pero la declaración del vocero oficial de Fuerza Popular de que acusaría constitucionalmente al presidente Kuczynski al término de su gobierno por no concurrir personalmente, parece esconder tras la bravata el retroceso en la decisión política de llevar al mandatario a rastras a la Comisión, a una acusación constitucional ahora, y a una eventual vacancia de la Presidencia de la República.

La primavera de la confianza parece dar frutos. Ha hecho pensar al gobierno que ya tiene la gobernabilidad asegurada. Pero es una primavera engañosa y la siguiente crisis le demostrará que la gobernabilidad no está segura, como cree. El puente está roto.

La próxima batalla entre el gobierno y la oposición ya está aquí. Va a ocurrir en torno al pedido de facultades para legislar. La primera escaramuza ya es un áspero cambio de palabras entre la premier, Mercedes Aráoz, y el mismo vocero parlamentario.

No se sabe si a nombre de Fuerza Popular, el vocero ha descartado de plano el pedido de la premier Mercedes Aráoz de una reunión previa a la presentación de las facultades. Y lo ha hecho del siguiente modo: “primero debería enviar el pedido con los temas acotados, delimitados perfectamente”. La Premier ha respondido: "se necesita ser bastante infantil para hacer un comentario de esa naturaleza. Voy a ir con documentos para que conozcan de qué estamos hablando".

Es solo el primer choque. Habrá otros.

Al gabinete Aráoz, ganador de la engañosa confianza del Congreso, hay que recordarle el verso de Blanca Varela: "digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera…".




REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, reiteró su deseo de reunirse con las bancadas parlamentarias antes de solicitar formalmente facultades legislativas al Congreso.
Dijo esperar que se dé "la posibilidad de ir a conversar antes, para presentar por dónde van nuestras iniciativas".
"No voy a ir sin papeles, se necesita ser bastante infantil para hacer un comentario de esa naturaleza. Voy a ir con documentos para que conozcan de qué estamos hablando", remarcó.
El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, sostuvo la víspera que la premier se equivoca al intentar reunirse con las bancadas parlamentarias para dialogar sobre el pedido de facultades legislativas,  porque hasta la fecha no ha enviado ningún documento que explique de manera detallada estos requerimientos.
“Primero debería enviar el pedido con los temas acotados, delimitados perfectamente, y después debería ser esa reunión”, manifestó.
Becerril señaló que, hasta que la primera ministra presente su solicitud formal a la Mesa Directiva del Congreso, la reunión con las bancadas se dará “de forma macro” y no de manera específica. “Es un poco conversar en el aire. Yo quisiera que se converse aterrizando ya con un documento de por medio”, expresó.



El Comercio
El vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, afirmó hoy que la bancada de Fuerza Popular apoyará el pedido de facultades legislativas siempre que beneficien al país. Agregó que su partido no tiene “ningún propósito” de denegar esta solicitud. Dijo que, si bien su bancada evaluará el tema en su momento, no se denegará “a priori” esa solicitud. “Nunca hemos sido obstruccionistas”, subrayó.
Indicó que la Comisión de Constitución, presidida por Úrsula Letona, deberá realizar una revisión exhaustiva de los decretos legislativos.
Agregó que en Fuerza Popular esperan que el Poder Ejecutivo no exceda los límites de las facultades que eventualmente otorgue el Congreso, como sucedió con la delegación concedida al entonces premier Fernando Zavala. “La vez anterior se excedieron en los decretos y se tuvo que derogar muchos”, refirió.



El Comercio
El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, afirmó hoy que el nuevo pedido de facultades para legislar que el Gobierno presentará ante el Congreso será “más específico” que el hecho por el Gabinete Ministerial de Fernando Zavala hace un año. Esto, agregó, con el objetivo de que el Parlamento no modifique ni derogue los decretos legislativos.
El ministro Bruce explicó que en aquellos puntos en los que no haya un acuerdo, el Gobierno enviará proyecto de ley para su debate en el Parlamento.



El Comercio
El ex presidente Alan García señaló que si el ex mandatario Alejandro Toledo regresa al Perú, se cerrará "el círculo de una organización delictiva" respecto a la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica por la que el ex líder de Perú Posible habría recibido un soborno de US$20 millones de la constructora brasileña Odebrecht.
"Obviamente la presencia de Toledo aquí sería una bomba que cerraría el círculo de una organización delictiva. Eliane Karp lo ha advertido y amenazado. Hay silencio, ningún trámite para que venga, evidentemente no hay interés", señaló.
Alan García acusó a Alejandro Toledo de ser "un jefe de banda que cobró directamente, que está fugado y que no volverá al Perú porque cerraría el círculo de los demás integrantes de esa banda que en 18 minutos pudieron firmar un contrato monumental", en referencia a la licitación de la Interoceánica.
Dicha licitación fue suscrita por funcionarios del gobierno, entre los que estaba el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en ese entonces fungía de ministro de Economía.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso
La titular del MEFClaudia Cooper, manifestó que la deuda fiscal del Perú se mantendrá en 30% del PBI. “Nos seguimos comprometiendo a que el nivel de deuda del Perú tiene que estar en 30% del PBI”, señaló.
No obstante, indicó que “tenemos que preservar el grado de inversión, porque eso nos da tasas de interés bajas”.
Resaltó que, pese a haberse ampliado la trayectoria del déficit fiscal, se logra mantener el grado de inversión de las tres clasificadoras de riesgo.



Peru21
Según la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la recaudación del Gobierno Nacional ha disminuido de 14.5% a 13.2% del Producto Bruto Interno (PBI) entre julio de 2016 y setiembre de este año.
Para Luis Arias Minaya, ex jefe de la Sunat, esta reducción respondería a tres factores. Uno  es la desaceleración del comercio y manufactura no primaria, altamente intensivos en mano de obra y recursos fiscales.
Asimismo, la reforma tributaria del ex ministro de Economía Alfredo Thorne habría afectado. “Ha sido mala no solo porque rebajó tasas sin fundamento, sino también porque generó una distorsión en el Impuesto a la Renta que se aplica a cerca de 400 mil empresas formales”, declaró Arias.
“La recaudación ha caído tanto que es uno de los niveles más bajos de los últimos 50 años… En América Latina, solo le ganamos a República Dominica y Guatemala, estamos en la cola. Es una situación bien critica”, consideró.



Expreso
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó que “recién estemos vislumbrando esta situación todavía relativamente tímida de bonanza”, y remarcó la importancia de tener un manejo fiscal prudente.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



El Comercio
Jaime de Althaus entrevista a Carmen Masías (Devida)
—En los años noventa fue clave el corte del puente aéreo entre Colombia y el Perú. En el caso del Vraem, donde se produce el 72% de la cocaína, se ha informado que ya no están aterrizando las avionetas, principalmente por la destrucción de pistas de aterrizaje. Pero resulta que todas las avionetas se han ido un poco más allá, a Pichis-Palcazú…
Yo diría que sí ha habido una disuasión con este nuevo protocolo de interdicción aérea, pero para llegar a derribar una avioneta se necesitan dar muchísimos pasos.
—No hemos logrado superar la prohibición norteamericana.
Estados Unidos tiene el derecho de expresar que no quiere que se derriben avionetas con sus equipos.
—Pero los aviones que íbamos a tener para la interdicción eran estos coreanos de entrenamiento que tienen componentes norteamericanos. Entonces, ¿qué aviones estamos usando?
Nada que tenga componentes norteamericanos va a poder usarse para derribar avionetas. Pero la complejidad del Vraem es mucho más que eso. Por primera vez, la comisión de desarrollo del Vraem ha pasado a ser adscrita a Devida. Estamos concertando con todos un plan con enfoque territorial y de brechas, con toda la información necesaria. Nunca se había hecho.
—Pero mientras subsista la columna de los Quispe Palomino y mientras haya las 19 mil hectáreas de coca, los avances van a ser relativos.
Pero ahora el rol del Ministerio del Interior está siendo muchísimo más efectivo. Ese rol es el de penetrar con inteligencia el Vraem. El éxito en el Huallaga –acuérdate que el Monzón estuvo cerrado durante más de 30 años– fue el ingreso de la policía con inteligencia. Ahí se captura a ‘Artemio’ y a 42 cabezas [de los] terroristas. Eso permitió a Devida entrar al Monzón en el 2013 con un plan concertado de desarrollo inmediato, desarrollo a mediano plazo y desarrollo a largo plazo. Si tú vas hoy día al Monzón, vas a encontrar Banco de la Nación, Banco de Crédito, seis telecentros, cacao, café, exportaciones a Europa de cacao, café, cítricos.
—En el caso del Vraem, recién se ha formado un grupo combinado policial-militar con inteligencia. Pero sigue habiendo siete mil soldados en el Vraem. ¿Para qué? ¿Cumplen alguna función?
(…)
…policías y FF.AA. están empezando a trabajar con mejor coordinación. Según el plan Vraem a corto o mediano plazo, la idea es que las FF.AA. vayan minimizando su presencia y la policía vaya tomando más presencia. El plan implica una transferencia además de fondos al Ministerio del Interior que ya está en marcha para poder hacer un trabajo más reforzado de inteligencia de norte a sur.
—¿Funcionó la política de reconversión de la hoja de coca por productos agrícolas?
La reconversión agrícola fue el cambio que se hizo en la estrategia de lucha contra las drogas en mayo del 2014. Se iba a entrar al Vraem con mucha más contundencia, con erradicación de cultivos de hoja de coca, pero de un día para otro esto cambió y se habló de la reconversión agrícola. Esta planteó la sustitución de cinco mil hectáreas de hoja de coca por productos alternativos pagándoles a los cocaleros 650 soles por hectárea mensual. Eso subsiste por dos años más porque así se firmó en el anterior gobierno. Yo no me atrevería a decir que no funcionó en absoluto sencillamente porque no tenemos una línea base sobre eso. Algunos hablan de que se han reconvertido 750 hectáreas de las cinco mil propuestas, pero no se tiene una cifra oficial.
—¿Se va a comenzar a erradicar en el Vraem?
El Ministerio del Interior, que es el encargado de erradicar a través del Corah, tendrá que definir en la mesa de erradicación –que nosotros también formamos como ente rector– cuándo y dónde se va a erradicar. Lo más probable es que se comience a erradicar en el Vraem el año entrante.
—¿Y cuántas hectáreas?
Lo importante no es la cantidad que se erradica, sino la reducción del espacio cocalero. Porque si tú erradicas 25 mil, 30 mil o 35 mil y no tienes un plan integral de desarrollo con caminos para que la gente pueda sacar sus productos, entonces esa comunidad va a resembrar, que es lo que pasó en el 2014 y el 2015. Ahora tendremos un plan.
—Jaime Antezana reveló cómo la información sobre erradicación está adulterada. Por ejemplo, en el 2014 la región Ucayali tenía, según las Naciones Unidas, 332 hectáreas de coca sembradas y, según el Corah, en el 2015 se erradicaron en esa región nada menos que ¡4.766 hectáreas! En Huánuco había 1.221 hectáreas y resulta que el año siguiente el Corah erradica 4.840 hectáreas. Y así en todas las regiones. Entonces, las 35 mil hectáreas erradicadas deben ser falsas. ¿Cómo se explican esas inconsistencias?
Acá hay dos mediciones que son válidas: la de Naciones Unidas y la de la CND [Commission on Narcotic Drugs] de Estados Unidos, que difieren un poco. Lo que pasa es que tienen diferentes metodologías. Por ejemplo, la medición de las Naciones Unidas no contempla los plantones de coca de menos de un año. Entonces, después de que se habló de las inconsistencias en el 2014 y el 2015, se formó una mesa de trabajo en la que se hicieron ajustes en la metodología. La resiembra también genera muchísimas distorsiones. Creo que no se han falseado cifras, sino que han sido metodologías distintas y que, además, la resiembra fue sumamente alta.
—Pero eso no explica estas diferencias. El área de coca, según Naciones Unidas, en Ucayali, San Martín, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, era de 10.238 hectáreas. Pero resulta que el Corah erradicó en esas mismas regiones 35 mil hectáreas, tres veces más. Es decir, acá parece haber un engaño.
Las 35 mil hectáreas no pueden haber sido solamente en esas zonas.
—En esas regiones. Se erradicó solo en esas regiones.
No se erradicó solo en esas zonas. Bueno, pero en las próximas semanas se va a tener un informe que va a precisar cuántas son realmente las hectáreas que hoy tenemos y que surgen en base a ese sinceramiento en una mesa en la que nos hemos sentado Naciones Unidas, la CND, y en la que no hay ningún tipo de deseo de ocultamiento porque es lo peor que se podría hacer.
—¿Tienen un adelanto de en cuánto está el área cocalera? 
Entre 42 mil y 45 mil hectáreas de hojas de coca, más o menos.
—O sea que hay un incremento porque en el 2015 fueron 40 mil hectáreas.
Es que si se erradica y no se tiene un plan, se resiembra, y ese es el plan que estamos haciendo por encargo del Gobierno para el Vraem.
—El control de los insumos químicos, para lo cual se diseñó un software a cargo de la Sunat que permitía detectar desvíos, no ha funcionado. ¿Por qué?
Creo que es gestión, hacer las cosas con mayor celeridad y también hay corrupción
obviamente.
—¿En la Sunat?
No, no, no estoy hablando de corrupción en la Sunat. En general, la corrupción en el país también detiene la lucha contra el narcotráfico. Uno de los componentes de la estrategia es mejorar las capacidades de los fiscales, de los jueces, y la articulación entre la policía, los jueces y los fiscales.
—Un avance ha sido que la policía ha doblado los decomisos de cocaína, a más de 40 toneladas, que sigue siendo solo 10% de la producción, pero es un avance. ¿Cómo así se ha logrado?
Carlos Basombrío está haciendo un excelente trabajo. La reestructuración de la policía está empezando a dar resultados y el general [Héctor] Loayza, el jefe de la Dirandro, es un tipo honesto y capaz. Y se están poniendo más recursos humanos y económicos. Y se está volviendo a empezar con un trabajo de inteligencia, sobre todo en el Vraem, que se había dejado de lado. En el Huallaga, el éxito fue ese: la inteligencia y luego fue el desarrollo.
—¿Qué poder, qué autoridad tiene realmente Devida sobre la estrategia antidrogas integral, incluyendo la parte policial y militar?
La estrategia nacional que va del 2017 al 2021 ha sido elaborada por todos los sectores que tienen que ver con la lucha contra las drogas. Con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Agricultura, Justicia, Educación, Salud, etcétera. O sea, esto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y con firma del señor presidente de la República. Nosotros somos el ente articulador y rector. Ahora cada una de las instituciones tiene un rol, al Ministerio de Defensa se le ha encargado la seguridad de la territorialidad de la defensa en el Vraem.
—Pero, por ejemplo, en el tema de las avionetas, ¿cuál es la política con respecto al tema? Ya se puso un radar en Madre de Dios, pero ¿va a haber más radares, la idea es realmente interceptar las avionetas o no?
Bueno, ese rol está a cargo del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior.
—Ahí no tienen ustedes un rol…
Nosotros no ejecutamos, nosotros recibimos los pedidos y los planes o los subplanes que están dentro de la estrategia, se gestiona los recursos desde el Ministerio de Economía y Finanzas y son los ejecutores. La inteligencia la hace el Ministerio del Interior, el cuidado de la territorialidad la hace…
—Ya, pero, ¿la estrategia quién la define?
Los sectores. Defensa, Interior, Devida, Agricultura, etcétera, porque la estrategia tiene tres componentes…
—Ya, pero por ejemplo, ¿se sabe en qué proporción sale la cocaína por avionetas, por los puertos y por los ríos?
Por supuesto. Se sabe que la mayoría de droga sale por los puertos. Devida tiene un Consejo Directivo integrado por todos los sectores (Defensa, Interior, Agricultura, Educación, Salud, Justicia, etcétera). Cada sector da cuenta de lo que ha puesto como objetivos y metas dentro de la estrategia. Interior, por ejemplo, dice cuantas hectáreas va a erradicar…
—A lo que voy es, por ejemplo, que si se sabe que la mayor parte está saliendo por los puertos entonces alguien tiene que decir “vamos a concentrar nuestros esfuerzos en los puertos”. ¿Quién decide eso?
Se decide en la mesa del directorio con todas las instituciones que tienen que ver. Por ejemplo, cuando Devida decide articular para que el MEF pueda soltar dinero para comprar patrulleras para Dicapi, estamos justamente respondiendo a lo que tú estás diciendo. Yo te diría que hay que trabajar en todos los frentes. No es cuestión de que por los puertos sale más, se descuide lo del tráfico aéreo.
—Pero, en el caso de los puertos, ¿qué medidas específicas se piensa tomar o ya se han tomado?
En la anterior gestión mía organizamos los ‘task force’: gente de varios países europeos, peruanos, el Ministerio Público y Sunat. Eso se deshizo en el gobierno anterior y lo estamos volviendo a impulsar.
—¿Hay suficientes escáneres en los puertos? Se hablaba de que los precintos de los containers tienen que ser electrónicos…
Bueno, la burocracia se mueve con lentitud en las compras y se caen muchas veces las licitaciones. Se tienen escáneres, pero faltan. Hay dos en el Callao, hay también en las entradas del Vraem para la cuestión de los insumos químicos. La relación por ejemplo entre Sunat y la Policía ha mejorado pero tiene que reforzarse más aún para poder trabajar juntos y capturar más…
—Y los precintos electrónicos por ejemplo en los containers.
No estoy al tanto exactamente de los precintos electrónicos en este momento. Pero mi enfoque es articulación, no se puede avanzar si no se articula, y se está articulando cada vez más. Ahora, el 70% de la droga decomisada tenía como destino Europa. Estados Unidos por supuesto es un socio y es un socio muy importante, pero la Unión Europea es un socio importantísimo. En este edificio hay un consorcio de ocho senior’s policías con unas trayectorias enormes de transparencia que se recorren todo el país haciendo transferencias tecnológicas, de capacitación, de políticas, de pruebas criminológicas, etcétera. En este momento, por ejemplo, nosotros hemos articulado para poder transferir S/1 millón al fiscal de la Nación para incrementar las fiscalías de drogas. Entonces, la labor de Devida es una labor de articulación pero no es una labor directa de ejecución en la mayoría de componentes.
—¿En qué consiste el plan de desarrollo que se está preparando para el Vraem?
En este momento, en el Vraem hay alrededor de 19 mil hectáreas y quizás un poco más. En el Vraem no se ha erradicado todavía porque el plan que se tuvo desde el 2007 puso el énfasis más bien en la lucha antiterrorista y no en la lucha de drogas. En este momento sí Devida está encargada de hacer, con la metodología del Ceplan, un plan Vraem que debe terminarse a fin de año. Pero ya estamos trabajando en el Vraem a través de los municipios. En estos últimos tres años, se han transferido alrededor de 70 millones de soles para que los municipios ejecuten proyectos de café, de cacao, cítricos y también, por supuesto, caminos vecinales, etc., para que puedan sacar sus productos.
—Bueno, normalmente se ha erradicado sin plan, pero en el Vraem vamos a tener un plan sin erradicación, al revés….
Bueno, pero ahora vamos a tener un plan de verdad con un enfoque territorial y de brechas, y con información precisa sobre cuántos dependen de la coca, del cacao, etc. En el gobierno anterior se repartieron S/7 mil millones en el Vraem, pero no tenemos una evaluación de impacto. En el Huallaga se gastó cuatro o cinco veces menos y el espacio cocalero casi desapareció. Allí hubo un plan de ingreso al Monzón con inteligencia, con trabajo con los líderes, concertación con las 100 comunidades y con un plan de desarrollo. Y se había capturado a Artemio.
—¿Hay recursos para el desarrollo alternativo?
Si, pero si faltan hay creatividad: decirles a los productores pónganse en contacto con esta empresa que tiene responsabilidad social que los va a ayudar a tener asistencia técnica, a sembrar moringa y que les va a comprar la producción. Eso, es lo que estamos viendo por ejemplo con la Expo Café, con el Salón del Chocolate, estamos viendo un florecer incluso en el Vraem que tiene un 60% de gente que está produciendo café, ahí hay ya 10 cooperativas que están exportando ahora…
—¿Qué porcentaje de la gente en el VRAEM está en coca total o parcialmente?
De los 69 distritos del Vraem, 9 dependen casi exclusivamente de la coca. Y hay 19 mixtos. Los demás no dependen de la coca. Son gente pujante, que quiere otra cosa. En el río Ene los principales aliados son las comunidades nativas, los ashánincas, los yaneshas, los shipibos conibos. Están exportando Cacao, y tienen ahora ya máquinas. Yo me fui a Naciones Unidas a la gran conferencia y me llevé a dos cafetaleros de Satipo, del Vraem, le dije lleven su café, lleven sus vasitos chiquitos de plástico, inviten a todo el mundo que entra, pedimos permiso para tener un stand, empezaron a acercarse dueños de cafetaleras de Austria, de Polonia, de Rusia, etcétera. Yo acabo de regresar hace un mes y medio de Satipo, ya estaban exportando los primeros containers a Rusia, a Varsovia y a Austria. Rusia les compra la cascarilla del cacao para hacer bolsitas filtrantes, pero también están vendiendo el café y lo están vendiendo en grano. La idea es no comenzar por los sitios más álgidos del Vraem, sino comenzar, por ejemplo, por los alrededores de Mazamari, etc. O sea, de norte a sur.
—¿Respecto de la prevención del consumo?
Allí estamos mejor. En drogas ilegales, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, consumen 5, 6 veces más que nosotros.
—Qué milagro, qué está pasando, debe ser el poder adquisitivo… ¿O hay un trabajo preventivo que está produciendo ese resultado?
Por supuesto. Estamos trabajando con las direcciones de salud, las direcciones de educación, estamos capacitando maestros, estamos con metodologías validadas de la Organización Panamericana de la Salud, trabajando con comunidades de familias vulnerables, estamos apoyando Barrio Seguro que me parece un excelente programa del Ministerio del Interior en los aspectos de droga



El Comercio
“Cero” en prisión
César Azabache
En el 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estimaba que el crimen organizado podría lavar en el Perú aproximadamente US$1.500 millones al año. Tenemos una de las tres economías del mundo más afectadas por el narcotráfico y exportamos tanto o más oro ilegal que estupefacientes. Además, todavía estamos atrapados por los efectos corrosivos de la corrupción sobre el sistema institucional. Y sin embargo, conforme a los registros oficiales, nadie en el país está en prisión por dedicarse a captar y colocar en el mercado fondos de origen delictivo.
Con US$1.500 millones al año inyectados en el mercado, es prácticamente imposible que no existan lavadores profesionales en nuestro medio. Pero son invisibles a nuestros ojos.
Hace pocos días terminó en la Corte Suprema un debate muy importante sobre estos asuntos. El pleno de jueces penales del más alto tribunal decidió abandonar una teoría, hasta hace poco muy aceptada entre expertos, que limitaba el alcance del sistema a los lavadores que hubieran tenido información sobre el crimen específico del que provenían los fondos que colocaban en el mercado. La corte ha reconocido que esta teoría limitó el sistema a muy pocos casos y la ha reemplazado por otra, que se satisface con probar, más allá de toda duda por cierto, que el acusado prestó servicios financieros a personas u organizaciones dedicadas al crimen, encubriéndolos.
Soltamos con esto una de las amarras que retenía la expansión del sistema de justicia penal en esta área. Pero el éxito registrado tendrá un impacto muy limitado si no son introducidos otros dos cambios.
El primero tiene que ver con los protocolos de investigación policial que empleamos en estos casos. La UIF hace esfuerzos muy importantes para detectar operaciones de lavado en el sistema financiero. Pero la economía peruana se mueve con una tasa de informalidad cercana al 19% (alta) y con una tasa de bancarización que apenas llega al 28% (baja). La UIF vigila la puerta de acceso de fondos de origen incierto al sistema financiero, pero no puede (no tiene cómo) observar el comportamiento de fondos de este tipo en la economía no bancarizada.
La información que ya genera la UIF tendría un rendimiento muchísimo más alto si modificamos los protocolos de acción de la policía.
Si se trata de comenzar a intervenir sobre servicios financieros clandestinos, entonces hay que comenzar a organizar investigaciones de campo. Para esto se requiere hacer lo mismo que hacía y sigue haciendo la policía antidrogas: infiltrar agentes encubiertos en el mercado, obtener información de delatores y lanzar programas autorizados de vigilancia sobre sospechosos y sobre establecimientos de comercio clandestino. Desde aquí el sistema debería comenzar a organizar casos que se expresen en intervenciones en flagrancia, en detenciones, en fondos recuperados y en personas culpables condenadas por los tribunales.
El segundo cambio que necesitamos introducir se refiere a los protocolos que ahora bloquean la actividad de las fiscalías. Hoy en día el Ministerio Público está atiborrado de casos por lavado que provienen de denuncias de particulares. De hecho, las denuncias de particulares son imprescindibles y merecen ser atendidas con todo cuidado cuando provienen de víctimas personales, en casos de violencia física directa, de contaminación, de trata de personas y de fraudes, por ejemplo. Pero tienen poco que agregar en casos como los de lavado. Y sin embargo las denuncias de particulares en estos casos dan origen actualmente a un complejo proceso que incluye la revisión de registros sobre propiedades, cuentas bancarias y declaraciones de impuestos del denunciado, además de extensos peritajes que no tienen más objetivo que sumar y restar números a ver si, casualmente, se encuentran hipotéticos desbalances patrimoniales.
En lugar de esto, las fiscalías deberían tener espacio para concentrarse en hechos descubiertos por la policía, por la UIF o por ambas. En nuestras experiencias más exitosas de investigación criminal, que incluyen sin duda la lucha contra el terrorismo, las denuncias del público fueron empleadas como un insumo, no como algo equivalente a una demanda civil que requiera atención obligatoria. Para atender y aprovechar denuncias del público en casos como estos basta con un buzón que permita registrar y acumular datos para analizarlos, cruzarlos y estudiarlos con cuidado, relacionándolos con el resultado de indagaciones de inteligencia que deberían mantenerse en reserva hasta que conduzcan, si llegan a conducir, a casos concluyentes. Multiplicar las investigaciones formales de manera innecesaria carece de sentido.
En resumen, para elevar el rendimiento del sistema se requiere ajustar los criterios que emplean policías y fiscales para elegir los casos que deben investigar, priorizando intervenciones en flagrancia, y descargar a las fiscalías del deber de atender denuncias del público sobre presuntos lavados como si fueran demandas judiciales.
Existen muchas formas de crear falsas situaciones de equilibrio. La menos aceptable proviene de no abordar problemas evidentes a tiempo.


viernes, 20 de octubre de 2017

ESTA NOCHE viernes 20 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Quitarle el poder al Congreso


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La verdadera razón por la que es indispensable volver a la bicameralidad es la necesidad perentoria de frenar la sobreproducción legislativa de este Congreso, que estaba llamado a detenerla.

La modificación del Decreto de Urgencia 003, por ejemplo, que procura incluir a las socias de Odebrecht se hace con el celo propio de quien cree ingenuamente detener con esto la corrupción en la obra pública.

La decisión del Congreso, sin embargo, equivale a culpar al vehículo del accidente de tránsito disponiendo su destrucción mientras la justicia arrastra los pies en el juzgamiento del conductor.

Los propios empresarios peruanos denuncian que, mientras los propietarios y administradores de las empresas corruptas no son aun condenados, ni procesados, ni acusados siquiera, el chivo expiatorio son las empresas –es decir, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores- que pagan por los delitos cometidos.

¿Qué clase de idea primitiva de la justicia es esta? Las sociedades deben evolucionar de la justicia retaliatoria –como las leyes de Hamurabi- a la justicia restitutiva.

Pero no el Congreso del Perú.  

A esto se presta actualmente la mayoría parlamentaria que el pueblo peruano eligió para poner orden en el debate de las leyes y racionalidad en su contenido y sin cuyos votos este despropósito no habría llegado a debatirse siquiera en el Congreso.

Se le ha dado al tema, por excepción, el beneficio de cumplir la ley. No ha habido en este caso –por primera vez en mucho tiempo- exoneración de segunda votación. Habrá una segunda votación algún tiempo después de la primera. Y votarán los mismos. ¿Acaso ese breve plazo hará alguna diferencia?

He aquí la verdadera razón por la que la bicameralidad es indispensable. No tiene nada que ver con la cámara pensante y reflexiva, es para frenar la destructiva vorágine legislativa.

Es, en suma, para quitarle el poder al Congreso.  



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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Ante la inminente incorporación de las empresas que fueron socias de Odebrecht en todos los alcances del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, gremios empresariales se pronunciaron en contra de la eventual decisión del Congreso y advirtieron efectos negativos sobre la economía.

Luego de la aprobación en primera votación del proyecto de ley 1410, que modifica el D.U. 003, los miembros de la Comisión de Constitución y de la Comisión Lava Jato elaboraron esta semana dos dictámenes que endurecen las sanciones a las firmas que operaron en consorcio con la constructora brasileña, como Graña y Montero, JJC, ICCGSA, San Martín, entre otras.
Entre las nuevas propuestas figura la retención de las utilidades de los proyectos que hoy dichas empresas mantienen con el Estado. También se propone impedir la transferencia de recursos al exterior y realizar un proceso ante el Ministerio de Justicia para un traspaso de bienes. Estos planteamientos aún deben ser debatidos y aprobados por el pleno del Congreso.
Al respecto, Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, señaló que, si el Congreso decide que las ex socias de Odebrecht sean comprendidas en el D.U. 003, se dañará a la economía debido a los encadenamientos en el sector construcción.
“No se puede aniquilar empresas y afectar la actividad económica del país para castigar individuos que aún no han sido denunciados ni investigados ni sentenciados”, objetó Prialé.
En la misma línea, Roque Benavides, presidente de la Confiep, dijo que no le corresponde al Legislativo paralizar empresas. “El Perú no puede darse el lujo de parar proyectos. Al Poder Judicial le corresponde enjuiciar y sentenciar a quienes hayan delinquido, pero no son las empresas”, añadió.
Las nuevas disposiciones que se buscan incorporar al D.U. 003 afectarán la operación de las otrora socias de Odebrecht, sostuvo Carlos Oliva, director de la maestría de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
“Habrá un doble efecto. Lo primero es que estas empresas tendrán menor fuerza para hacer inversiones debido a que el uso de sus flujos estará restringido. Un segundo aspecto, más allá del tema de la corrupción, es que se retirará a compañías con amplia experiencia para tener obras de calidad y avanzar con el cierre de la brecha de infraestructura”, manifestó.
Tanto Prialé como Benavides señalaron que el Congreso debería analizar modificaciones en el D.U. 003 que no afecten la operación de las empresas ni propicien la paralización de los proyectos en el país.
Entre otros cambios, extiende las medidas restrictivas del Decreto de Urgencia 003, como la prohibición temporal de transferir capital al exterior, a las empresas que en algún momento se hayan asociado para contratar con el Estado –bajo cualquier modalidad– con otra empresa que sea culpable de delitos de corrupción (o equivalentes).
Según expertos consultados, el problema principal sería que la norma presume que, porque una empresa sea culpable de corrupción, todas las que alguna vez fueron sus socias también lo serían, lo que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso. “Se estaría dando una suerte de sentencia condenatoria mediante una ley”, explica el abogado Miguel Ronceros, del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Cualquier empresa afectada podría reclamar individualmente primero ante el Poder Judicial y, en instancia definitiva, ante el Tribunal Constitucional (TC) vía una acción de amparo. También podría plantearse una acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso resolvería directamente el TC.



Peru21
Te regalo 1,200 millones
Luis Davelouis
En contra de la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, la mayoría fujimorista aprobó regalarle unos S/1,200 millones al año a las empresas aeronáuticas. La excusa: sin exoneraciones caerán las conexiones aéreas con muchos lugares del interior del país, en particular con destinos a los que la gente vuela poco y se perjudican empresas pequeñas.
A ver. Tal exoneración existe desde los 80 y se suspendió en 2015. Entre 2015 y 2017, ¿cuántas ciudades se quedaron sin vuelos? ¿Cuántas aerolíneas debieron reducir sus frecuencias? Ninguna. La ley exonera del pago de IR e IGV a ciertas importaciones. Según Sunat, el 90% corresponde a LATAM. Solo en 2015, dejamos de recibir S/700 millones en impuestos.
Para saber de qué hablamos: a través del programa de Obras por Impuestos, la Asociación de Bancos invertirá unos 1,200 millones de soles para construir 400 comisarías con personal y equipos en todo el país en cinco años. O sea, el Estado va a dejar de recibir dinero suficiente para construir y equipar 400 comisarías CADA AÑO. ¿No era la lucha contra la inseguridad ciudadana uno de los puntos fuertes de la campaña fujimorista? Es más: la inversión en Kuélap fue de S/81 millones, o sea, S/1,200 millones son 15 Kuélaps. O un año de Qali Warma (comida para los niños) o tres años de Cuna Más (bebés). Cada sol que deja de entrar al Estado es un sol menos que se gasta en educación, saneamiento, salud y seguridad.
Preguntas: ¿no es muy conveniente que esta exoneración regrese JUSTO cuando ya hay dos aerolíneas low cost operando y han anunciado su ingreso dos más en los próximos días sin exoneración? ¿No resulta ridículo que mientras esto sucede estemos muy atentos viendo cómo el Congreso se agarra de las mechas con un dibujo animado?



Peru21
Columna de Juan José Garrido
(…)
Leyes muy malas se han aprobado (y otras están en proceso) en lo que va de este gobierno, algunas que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal o el desarrollo sectorial.
Institucionalmente hablando, el fujimorismo tiene por delante un gran desafío: limitarse ante el potencial abuso del poder (que ostenta). Ser oposición es fácil; ser oposición sensata y positiva para el país es donde está el reto.



El Comercio
La entrega hace unas semanas del informe de la Comisión de Protección Social (CPS) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha despertado expectativas y, también, algunas preocupaciones entre los actores del sistema privado de pensiones, como se pudo apreciar ayer en el Perú Capital Markets, Banking & Finance Day, organizado por El Comercio, El Dorado Investments y la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.

Si bien en la exposición de la titular del MEF, Claudia Cooper, no se mencionó el estudio, que aún no se hace público, la expectativa y preocupaciones sobre este sí acapararon buena parte del panel en el que participaron los líderes de empresas vinculadas con el mundo previsional.
En esta instancia, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, reveló que las administradoras privadas solo fueron invitadas por la CPS una vez para escuchar sus propuestas y hasta la fecha se desconoce si estas serán consideradas.
El Comercio adelantó este miércoles algunos lineamientos de las propuestas de la CPS. Si bien los ejecutivos de las AFP que participaron en la cita prefirieron no entrar en detalle en estos aspectos hasta que se conozcan oficialmente, sí manifestaron su inquietud por el resultado final que pudiera tener el debate cuando se publique el documento.
“AFP Habitat llegó incentivada por la reforma del sistema [de pensiones] que se dio en el 2012”, dijo Mariano Álvarez, gerente general de dicha empresa. “Lo que no podemos hacer en ningún país serio es estar cambiando las reglas de juego frecuentemente”, añadió.
En el mismo sentido, el gerente general de Profuturo AFP, Vicente Tuesta, mostró su preocupación sobre la incertidumbre que existe respecto a los objetivos perseguidos por la reforma.
Ferrini propuso que se implemente un mecanismo de pensión mínima, que permita una jubilación adecuada a aquellas personas que se esforzaron por ahorrar, pero no alcanzaron a acumular un fondo suficiente.
La jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Socorro Heysen, coincidió en su exposición con un pedido generalizado de los gerentes de las administradoras privadas: eliminar o simplificar regulaciones para la creación de nuevos productos o para decisiones de inversión.
Adelantó que la SBS trabaja en eliminar las sobrerregulaciones que hacen compleja la labor de inversión de las AFP. “Hace unos meses, la SBS hizo un diagnóstico y fue una sorpresa la cantidad de trabas que enfrentan las AFP para elegir un portafolio eficiente. Vamos a aligerar esa maraña”, aseveró.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Magistrados impunes ganan la batalla
Jaime de Althaus
La reciente decisión de la Sala Penal Nacional de considerar delito de lesa humanidad la presunta matanza de 135 reos en el penal El Frontón, por la que son procesados 34 ex marinos luego de 31 años de ocurridos los hechos, se fundamenta en un escandaloso auto del Tribunal Constitucional del 5 de marzo del 2017 que para anular un hábeas corpus a favor de los marinos del 14 de junio del 2013 que establecía que los hechos no constituían crímenes de lesa humanidad, y que era nula la apertura de instrucción por ese delito, pues no se le ocurre mejor expediente que retirar el voto del magistrado Vergara Gotelli a favor del hábeas corpus robándole su verdadero sentido. De esa manera el hábeas corpus ya no tenía 4 votos sino 3, con lo cual quedaba anulado.
Esa maniobra punible no ha sido hasta ahora castigada. Se presentó una acusación constitucional contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña, pero hasta ahora no ha prosperado. Violar la cosa juzgada y cambiarle el sentido del voto de positivo a negativo a un magistrado anterior es un acto gravísimo que, a mi juicio, amerita destitución.
Estos señores dictaminaron que el voto a favor del hábeas corpus de Vergara Gotelli constituyó un “error material”, porque redactó un fundamento de voto aparte. Lo que no dicen es que lo redactó para explicar que él está de acuerdo con conceder el hábeas corpus porque no hay lesa humanidad, pero no por los argumentos de sus tres colegas –que fueron al fondo del asunto–, sino porque el Perú había expresado una reserva cuando firmó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en el 2003: que esa convención solo se aplicaría a los delitos cometidos a partir del momento de la firma en adelante. Es decir, sin retroactividad. No solo eso. Vergara cita artículos de la Constitución, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para concluir: “De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado parte y no de manera retroactiva”.
Es decir, Vergara estuvo de acuerdo con la sentencia, pero con otros argumentos, aun más tajantes. El ex magistrado Ernesto Álvarez, que votó a favor del hábeas corpus, asevera que “el doctor Vergara fue más radical aun en su voto que nosotros”.
Haberle despojado de su voto solo obedece a una inescrupulosa operación política que ahora alcanza su resultado en la resolución de la Sala Penal Nacional. La batalla legal, lamentablemente, comenzó a perderse desde que se ordenó la revisión de los juicios a los terroristas solo para que penas de cadena perpetua, como a la asesina múltiple Martha Huatay, fueran reducidas a 25 años. Una vergüenza.