miércoles, 22 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE miércoles 22 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Las riendas de su destino


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


“Salvo el cobre, todo es ilusión” es el título fascinante de la columna publicada por Waldo Mendoza en El Comercio. Lo que dice es, en esencia, algo que el Perú ha comenzado a comprender hace poco: si el precio internacional del cobre sube, el país es gobernable. Si no, la gobernabilidad desaparece. 

Mendoza precisa que el 60% de las exportaciones son minerales y casi la mitad de ellas son las de cobre. Cuando el precio sube, añade, aumenta la inversión en cobre (y, dada su magnitud, sube la inversión privada total); sube la producción de cobre (y el PBI minero y el PBI total); la minería paga más impuestos y sube la inversión pública; entran más dólares al país y el valor del sol aumenta. Esta relación está comprobada estadísticamente. Entre 1950 y 2016 –dice Mendoza-, el coeficiente de correlación del precio del cobre con la inversión privada es casi perfecto (de 0.92) y ocurre casi lo mismo  con el PBI (de 0.90) y con la inversión pública (de 0,83).

Pero cuando baja el cobre baja este círculo virtuoso se convierte en un espiral directo a la catástrofe de la economía, no importa lo que el gobierno haga o deje de hacer, no importa lo que el sector privado en las demás actividade haga o deje de hacer.

¿Cómo puede un país depender del azar hasta ese punto y pretender llamarse país? ¿Cómo puede el Perú haber permitido que su suerte se encuentre hasta ese punto comprometida en una variable que no controla?

En Chile, la minería representa el nueve por ciento del PBI, pero la actividad forestal y la industria de madera y papel representa el tres por ciento del PBI. Y el potencial forestal del Perú es mayor que el chileno. 

Invertir en agua y en bosque y en mejora de la tecnología de riego articulando la inversión privada de las minas y los fondos de pensiones con las comunidades andinas dueñas de las punas del Perú, crearía otra columna económica, una economía nueva. Lo ha demostrado el grupo económico que reúne el diario Expreso trabajando con PREDICE, un modelo de 1,200 variables desarrollado por el ex ministro y doctor en Econometría Jorge Baca Campodónico.

Esto permitiría duplicar el tamaño del PBI del Perú en 12 años, para el 2030. Nuestro PBI de hoy, de 200 mil millones de dólares podría convertirse en uno de 450 mil millones de dólares. No dependeríamos nunca más solo de los precios de los minerales.

¿Por qué, entonces, no está el Perú dispuesto a tomar en sus propias manos las riendas de su destino?  


REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.


ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



Exitosa
El Consejo Nacional de la Magistratura evaluará la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que presentó la congresista Yeni Vicatoma. La sesión podría producirse mañana jueves.
Según explicaron, el Consejo Nacional de la Magistratura designará a uno de sus miembros como ponente, quien presentará una recomendación sobre la decisión a tomar, que puede ser la destitución. El pleno del CNM tomará la decisión final.  No caben amonestaciones ni suspensiones, se aplica la destitución o se archiva la denuncia.
El viernes pasado, la parlamentaria Yeni Vilcatoma interpuso la denuncia ante el CNM contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por presunta conducta disfuncional al mando del Ministerio Público al haber  designado a Hamilton Castro para investigar el caso Odebrecht y después ampliar su competencia para investigar lavado de activos. Vilcatoma es también autora de la segunda denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por las mimas razones.



Exitosa
La presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, citará a esa comisión al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y al fiscal anticorrupción, Hamilton Castro.
“Que el Ministerio Público aclare cuál es la situación de Jorge Barata. ¿Es colaborador eficaz o no? ¿Cuáles son los términos del convenio o preconvenio, acuerdo o preacuerdo que se suscribió entre la empresa Odebrecht y el Ministerio Público a inicios de año?”, demandó.



Gestión
La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, adelantó que no insistirá en citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski en caso este ratifique que colaborará por escrito en las indagaciones.
“Nosotros continuaremos la investigación con los elementos de jucio que poseemos”, declaró.



Gestión
El congresista Miguel Torres afirmó que Fuerza Popular está dispuesto a asumir el costo político de destituir al Fiscal de la Nación.
Héctor Becerril anunció que la búsqueda de votos la harán los voceros mediante “conversaciones espontáneas”.



El Comercio
A continuación, los argumentos de Daniel Salaverry y Yeny Vilcatoma para pedir la destitución de Pablo Sánchez.
Salaverry reclama que Pablo Sánchez no tomó las acciones necesarias para evitar una "impunidad" de los directivos de las empresas peruanas involucradas en el Caso Lava Jato. El vocero fujimorista sostiene que las cabezas de empresas como Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., entre otras, no están siendo investigadas.
El equipo especial iderado por Hamilton Castro tiene a su cargo la investigación preliminar a las empresas que formaron consorcios con Odebrecht.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, es falso que haya inacción de Pablo Sánchez, pues "no tiene ninguna investigación bajo su responsabilidad".
El ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez considera que en el caso que haya alguna falta, corresponde ser evaluado por el pleno del CNM y no por el Congreso de la República.
Yeni Vilcatoma también atribuye a Pablo Sánchez una infracción al artículo 159 de la Constitución por, según dice, la supuesta violación constitucional tendría como origen la designación de Hamilton Castro como fiscal del Caso Lava Jato. La parlamentaria asevera que, hasta hoy, no se ha iniciado una investigación preliminar para incluir a Odebrecht y a otras empresas consorciadas.
Quiroga sostiene que Pablo Sánchez no tiene por qué responder por las acciones del fiscal Hamilton Castro. "Si hubiese un error en la designación de Hamiton Castro, sería un error administrativo y no una infracción constitucional", agrega.
Otro de los argumentos de la congresista Vilcatoma es que no se haya llegado a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.



La República
Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) investigados han sido convocados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a una audiencia el lunes 27 a las 10 de la mañana.
La presidenta, Milagros Takayama –de Fuerza Popular–, notificó en calidad de denunciados al titular del TC, Manuel Miranda, y a los jueces Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
La Subcomisión ha convocado como testigos a los ex miembros del TC Juan Vergara Gotelli, Oscar Urviola, Carlos Mesía y Ernesto Alvarez. También a los actuales magistrados José Luis Sardón y Ernesto Blume.
Este diario pudo verificar que el informe de la subcomisión presidida por el parlamentario César Segura no ha sido puesto en conocimiento de los magistrados denunciados. Segura sostuvo que la nueva información que se solicita, así como la que se vea en la audiencia pública, servirán para elaborar un nuevo informe con una conclusión final.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras ONG presentaron una denuncia constitucional contra los congresistas que admitieron la denuncia contra los magistrados.



Expreso, Peru21
Según se supo anoche, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez citó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que declare hoy miércoles 22 en el marco de las pesquisas por los aportes que recibió su agrupación política en campaña electoral.
Trascendió que Fujimori Higuchi no asistirá al despacho del fiscal. Edward Núñez, abogado de Fujimori, solicitará que se reprograme la citación.



El Comercio
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está siendo investigada en diversas fiscalías por el dinero que fue utilizado en sus dos campañas presidenciales, presuntos vínculos con la constructora Odebrecht y como parte del Caso Joaquín Ramírez.
Hacemos un recuento de las investigaciones en las que está incluida la ex candidata a la presidencia.
ACTUALIZACIÓN: Esta nota ha sido ampliada con las declaraciones que dio Marcelo Odebrecht desde Curitiba el 9 de noviembre y la decisión de no extender la investigación preliminar por los cocteles de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
1. Presuntos aportes fantasmas del 2011
Actualmente, en la 16 Fiscalía Provincial Penal, hay una investigación que empezó en octubre del 2015 por presuntos aportes irregulares que recibió la campaña de Keiko Fujimorien el 2011, cuando era candidata de la entonces llamada Fuerza 2011.
La candidata, así como los demás implicados en la denuncia, ha rechazado todas las acusaciones y asegura que todos los aportes fueron bancarizados y reportandos ante la ONPE.
2. Los cocteles del 2016
El Ministerio Público abrió, en el 2016, una investigación, a fin de determinar si los fondos que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un origen irregular. Estas indagaciones, el 16 de setiembre de este año, fueron derivadas al despacho del fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de lavado de activos. Pérez decidió que la pesquisa se realice en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado, ampliando así el plazo de investigación hasta por 36 meses.
El Poder Judicial desestimó esta decisión. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Elizabeth Arias Quispe, exhortó al Ministerio Público a terminar con la investigación preliminar y otorgó un plazo de 10 días para que ocurra una de dos cosas: se archive el proceso o se abra investigación preparatoria.
3. Caso Odebrecht
El 29 de agosto de este año, el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche dispuso iniciar una investigación preliminar contra Keiko Fujimori tras la difusión de anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht que mencionaban su nombre.
El 4 de setiembre, este proceso fue encargado al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene en sus manos también las indagaciones por los aportes vía cocteles durante los últimos meses del 2015.
4. Joaquín Ramírez
Desde febrero de este año y hasta setiembre, la fiscal Sara Vidal llevó a cabo una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, luego de incluirla en las indagaciones por el presunto delito de lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. La fiscal superior Elizabeth Peralda ordenó reabrir la investigación contra Ramírez y Fujimori. También dispuso que el proceso se adecúe a la Ley contra el Crimen Organizado, la cual también está siendo utilizada por el fiscal José Pérez.



El Comercio
Este Diario accedió al acta de compromiso que firmaron las 12 personas que estuvieron presentes durante el interrogatorio a Odebrecht, las mismas que acordaron cumplir una serie de requisitos para que la transcripción y el registro audiovisual lleguen al Perú en el más breve plazo.
El acta señala que “el testimonio recogido a Marcelo Odebrecht no puede ser utilizado en su contra, ni en contra de las empresas Odebrecht y [la subsidiaria] Braskem ni en contra de los otros colaboradores del Ministerio Público brasileño que hayan firmado acuerdos de colaboración premiada en el Caso Lava Jato”.
Dice además el documento que “las personas físicas y jurídicas quedan absolutamente exentas de cualquier tipo de sanción penal o civil”.
En otro extracto del acta se precisa que “la remisión del presente testimonio a la República del Perú queda condicionada a la presentación de una petición conjunta firmada por las autoridades peruanas y por los abogados de la empresa Odebrecht en Brasil y de Marcelo Bahía Odebrecht, dirigida al Ministerio Público autorizando su envío, vía autoridad central, manteniendo el sigilo hasta su entrega a las autoridades peruanas. En caso de no presentar dicha autorización, el documento no se enviará y perderá su efecto”, dice el acta.
Esta exigencia de Marcelo Odebrecht responde a su preocupación respecto a que han pasado once meses desde que la empresa brasileña tomó contacto con las autoridades peruanas y ninguno de los cuatro delatores ha cerrado sus acuerdos de colaboración eficaz en nuestro país.
El envío del tan esperado interrogatorio dependerá, por un lado, de las últimas negociaciones que realicen los fiscales de lavado de activos y, por otro, de las que ejecute el fiscal Castro.



Peru21
Un equipo del Ministerio Público dirigido por el fiscal Hamilton Castro, proseguía recopilando información tras el allanamiento a 12 inmuebles en Lima y Callao de personajes implicados en el presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de obtener la concesión de obras públicas en el país.
Una fuente policial señaló que la Fiscalía solicitó al Poder Judicial el descerraje y allanamiento de 16 inmuebles pero solo se aceptó la intervención de 12. De las cuatro intervenciones denegadas, según se informó, una pertenece al ex ministro de Defensa del actual gobierno,Mariano González, ubicado en la avenida Salaverry.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que González es investigado como presunto cómplice en tráfico de influencias y en lavado de activos por el caso Odebrecht. La intervención a su vivienda no prosperó debido a que cuenta con inmunidad por su condición de parlamentario andino.



Peru21
El economista Juan José Garrido Koechlin dejó ayer la dirección periodística de este diario tras ejercer el cargo durante cuatro años.
Según señaló, se retira por voluntad propia y en buenos términos con el directorio del Grupo El Comercio.
Garrido Koechlin asumió el cargo de director del diario el 1 de octubre de 2013 en reemplazo del hoy desaparecido economista Fritz Du Bois, quien pasó a dirigir El Comercio.
La dirección de Peru21 será asumida interinamente por Dan Flores.



La República
Choque de trenes
Mirko Lauer
La confluencia de mejores cifras económicas y un mucho mejor ánimo por la clasificación al mundial de Rusia está llevando a algunos a predecir por lo menos tres años de muy buenos negocios en el Perú. El pronóstico suena razonable, y será puesto a prueba en poco tiempo. Pero visto desde la política ese panorama no parece tan seguro.
Pues los vaticinios de la política vienen cada vez más oscuros. El más preocupante es un debilitamiento terminal de la democracia, con posibilidades como vacancia presidencial, adelanto de elecciones, o colapso institucional. Aun si estos escenarios no se materializaran, su sola discusión pública es un signo de los tiempos.
La idea de economía y política moviéndose por dos carriles separados suele referirse a dos conjuntos de reglas que no se interfieren. Como en los países donde coexisten partido único autoritario y capitalismo formalmente moderno. Pero para que esto funcione, cada uno de los carriles debe estar funcionando razonablemente bien. De otro modo hay descarrilamiento.
En este momento el carril político peruano está samaqueado por una cacería de corrupción en sus filas, por una mayoría parlamentaria aparentemente dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en el pulseo político, y una fragmentación de las demás fuerzas sobre el tablero. El tipo de escenario donde cualquier cosa puede suceder.
Quizás los más grandes inversionistas miran este torbellino desde cierta distancia, con la idea de que siempre tendrán con quién negociar sus intereses y derechos. Para el resto de los empresarios, una amplia e influyente mayoría, la conducta de quienes detentan el poder político está llena de señales a tomar necesariamente en cuenta.
Imaginemos un futuro, no tan lejano, en que el empresariado tenga que evitar a un Ejecutivo puesto de rodillas, y se vea obligado a tratar directamente con una mayoría legislativa. La cual además no parece particularmente versada en cuestiones administrativas. Por lo pronto la prensa privada podría estar al borde de esa situación.
Basta que una parte del poder político sea ejercido con descontrol para que el sistema político entero y luego la marcha económica pronto se vean orientados por ese mismo descontrol. Así, economía y política funcionan como una misma atmósfera, en estos tiempos cada vez más contaminada.
Así, economía y política funcionan como una misma atmósfera, en estos tiempos cada vez más contaminada.



martes, 21 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE martes 21 noviembre 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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EL COMERCIO
Salvo el cobre,
todo es ilusión


Waldo Mendoza


La enorme influencia de las condiciones internacionales en nuestro desempeño macroeconómico es harto conocida. Lo que es una sorpresa, por lo menos para mí, es cómo una sola variable, el precio del cobre, puede afectarnos tanto. Tanto que he llegado a la conclusión que para predecir qué va a pasar con nuestra economía en los próximos años, más importante que pronosticar quién va a ser nuestro próximo presidente, puede ser predecir qué va a pasar con el precio del cobre.

En el Perú, el 60% de las exportaciones son mineras y casi la mitad de esas exportaciones son de cobre. Debe ser por eso que entre todas las variables, domésticas y externas, de lejos, el precio del cobre es la variable económica más influyente.

En nuestro país, ¿qué pasa cuando el precio del cobre sube? En primer lugar, la rentabilidad del sector cuprífero se eleva, lo que alienta la inversión en el sector. Dada la importancia del cobre dentro de la inversión minera, y de esta dentro de la inversión privada, la inversión privada total sube.

En segundo lugar, se elevan los volúmenes de producción de cobre tanto en las minas en actividad como en aquellas que no lo estaban por los precios bajos. El PBI minero se eleva y, por lo tanto, el PBI total.

En tercer lugar, se elevan los beneficios del sector, por lo que pagan más impuestos a la renta. Como la mitad del Impuesto a la Renta minera se reparte entre los gobiernos regionales, los municipios y las universidades públicas como canon, que se usa para hacer inversiones, la inversión pública también trepa.

Por último, con un mayor precio del cobre, hasta el Banco Central de Reserva (BCR) se beneficia. Se eleva el valor de las exportaciones, ingresan más dólares al país y el precio del dólar puede bajar. Como el BCR no quiere que el tipo de cambio caiga mucho, compra dólares y de esa manera sus reservas internacionales se elevan.

En resumen, cuando sube el precio del cobre, todo pinta bien: la inversión privada, el PBI, la inversión pública y hasta las reservas internacionales del BCR suben. ¿Y si bajase el precio del cobre? Todo pintaría mal.

Podemos utilizar un indicador estadístico, el coeficiente de correlación, para evaluar la fuerza de la relación lineal entre el precio del cobre y las variables mencionadas. Este coeficiente varía entre uno, que significa la existencia de una correlación positiva perfecta entre las variables, y menos uno, una correlación negativa perfecta. Con la información del BCR se ha encontrado que en el período 1950-2016 el coeficiente de correlación del precio del cobre con la inversión privada es de 0,92, con el PBI es de 0,90 y con la inversión pública es de 0,83. Asimismo, en el período 1970-2016, la correlación del precio del cobre con las reservas internacionales es de 0,88.
Estas correlaciones son muy altas, y como el precio del cobre es una variable exógena, que no depende de los que pasa en nuestro país, es posible afirmar sin dudarlo que el precio del cobre tiene una enorme influencia en nuestro destino económico.

Ojalá en el 2021 elijamos a un buen presidente. Pero mucho más importante que eso, amalaya el precio del cobre siga subiendo.


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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



La República
La Ley de Homologación de Pensiones de Retirados de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas fue promulgada ayer por el Congreso de la República.
Su presidente, el fujimorista Luis Galarreta, afirmó que su lideresa Keiko Fujimori “le encargó” aprobar la norma.Dijo que la actual jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, se comprometió a plantear otra solución y jamás presentó una propuesta. Ante este panorama, según Galarreta, el Congreso tomó la decisión de aprobar la ley de homologación por insistencia.
El congresista oficialista y presidente del partido Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, informó que el Ejecutivo presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional. “Lo que hace el fujimorismo es populismo fiscal. No pueden generar iniciativa de gasto. Esto costará cada año 1,300 millones de soles”, declaró.



Peru21
¿Popular o populista?
Juan José Garrido
El Congreso aprobó ayer, por insistencia, la ley sobre las pensiones de militares y policías, observada, como sabemos, por el gobierno. Para el presidente del Legislativo, Luis Galarreta, se trata de “un reclamo justo”; para la mayoría de constitucionalistas consultados, la ley es inconstitucional, ya que se trata de un gasto cercano a los S/1,100 millones y, como sabemos, el Parlamento no tiene iniciativa de gasto.
(…)
Dos cosas a anotar. La primera es que, sea patente o no, en efecto la ley será un gasto, y no menor. Si ante ello el Legislativo señala razones “de justicia” o “históricas” (señalando la ley humalista), pues vamos en mal camino. Si de justicia se trata, mañana ese poder del Estado podría determinar el sueldo mínimo, o crear algún programa social. Y si de historia se trata, pues justamente por eso es que se eliminó la iniciativa de gasto: hasta las reformas de 1990, el fisco era una piñata, y solo al limitar ello es que se pudo empezar a ordenar la casa.
Preocupa la facilidad con la cual Fuerza Popular reinterpreta un concepto vital para la sanidad del erario nacional.
La segunda anotación es más importante aún. Es notable el giro consistente de Fuerza Popular hacia el populismo. Ayer fueron las pensiones militares, está en la mesa el DU 003 plus (que, en el fondo, no es sino la justicia popular antes que el debido proceso), la amenaza de leyes “antiprensa”, y así. El populismo, ya sabemos, no responde a ideologías, sino al apetito de poder. El problema es que se lleva por delante a las instituciones, las cuentas y al país al final.



El Comercio
El ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, criticó el nivel de gasto de los proyectos de ley planteados por el Congreso. Con ello, Thorne se sumó a las alarmas que ya han hecho sonar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues la entidad estima que los proyectos legislativos costarían al Estado entre S/9.000 millones y S/15.000 millones
El Consejo Fiscal, comisión autónoma y técnica del sector público, también fue criticado por Thorne, quien cuestionó que no haya emitido opinión respecto al alto nivel de iniciativa de gasto.
Hoy, la comisión de Presupuesto discute los últimos ajustes de la Ley del Presupuesto Fiscal de 2018, con la presencia de la titular de MEF, Claudia Cooper. Se espera que hoy se apruebe el texto final y pase al pleno del Congreso la siguiente semana.



El Comercio
Entre agosto y octubre de este año, existen tres proyectos de ley que perjudicarían la competitividad productividad del Perú, según un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
De los tres proyectos señalados por el análisis, dos plantean modificar la Constitución Política del Estado. El proyecto de ley N°1875 propone modificar el artículo 60, relacionado al pluralismo económico.
La iniciativa de la congresista Marisa Glave incorpora la posibilidad de que "el Estado ejerza su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo".
El proyecto de ley N° 1944 busca modificar el artículo 58 referido al régimen económico. La propuesta de la bancada de Nuevo Perú añade al artículo que el Estado realizará "actividad empresarial directa o indirecta de manera solidaria" en el sector agropecuario. Esta se encuentra en la comisión de Constitución.
Otra iniciativa es el proyecto de ley N°1774, que propone modificar el artículo 425 del Código Penal para considerar a los árbitros como funcionarios o servidores públicos siempre que entidades del Estado formen parte de la controversia arbitral. El proponente fue la Fiscalía de la Nación y se encuentra en la comisión de Justicia.
De acuerdo al Semáforo de la Competitividad del IEDEP de la CCL que analizó los 332 proyectos presentados al Congreso, se detectaron siete proyectos que favorecen la competitividad del país.
PL N°1760, que facilita la inversión en tierras ganadas en el mar. Con ello se intenta recuperar territorio del mar peruano para volveras las tierras habitables para uso humano.
PL N°2045, que promueve el mecanismo de Obras por Impuesto (OxI). Esta iniciativa permitirá la remedicación de pasivos ambientales dentro del Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros.
PL N°1884, con el fin de incrementar la transparencia de los servicios logísticos prestados a la carga en las operaciones de comercio exterior. Para ello, se describirá los servicios, los precios y la lista de servicios que ofrece cada operador.
PL N°1988, que apunta a reducir la carga de la regulación gubernamental y evitar los pagos irregulares.
PL N°1868, la ley de Inclusión Laboral Pro Joven, que propone fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal mediante incentivos al empleador.
PL N°2049, que permite la realización de aportes voluntarios sin fin previsional a los afiliados al sistema privado de pensiones, sin necesidad de registrar un mínimo de cinco años de incorporado al sistema.
PL N°02028, que establece disposiciones para que personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas, lavados de activos, delitos de terrorismo y delitos contra la administración pública no puedan prestar servicios para el Estado.



La República
Entrevista a Mauricio Cruz, superintendente de Odebrecht en el Perú
-En agosto se hablaba de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla. ¿En qué ha quedado este proceso?
El comprador envió una carta al Ministerio de Justicia. Odebrechtno participa directamente del proceso. Tuvimos una reunión con el Minjus en agosto, convocada por el mismo comprador. En esta reunión ellos manifestaron su intención de comprar el proyecto bajo el acuerdo del Ministerio. Desde esa fecha estamos esperando respuesta.
-Esto fue antes de los cambios en el gabinete. ¿Se han reunido con el actual ministro de Justicia, Enrique Mendoza?
Hasta ahora, no. Nosotros no hemos tenido ninguna respuesta directamente.
-¿Para qué serviría el dinero de la venta de este proyecto?
No tenemos ninguna intención de que ningún céntimo vaya al vendedor, es decir, a Odebrecht. Ese dinero se utilizará íntegramente para pagar a trabajadores, proveedores, impuestos, todas las deudas que fueron listadas en la carta que se envió.
-Tampoco se ha logrado concretar la venta de Olmos.
En ese caso hay más que un interés de compra, hay un contrato firmado en noviembre del año pasado. Es una manifestación formal de su interés. Ellos están a la espera de un pequeño ajuste en el decreto o en el reglamento para que se les asegure que la concesión no estará sujeta a ninguna penalización o multa.
-Algunas empresas han planteado la posibilidad de demandar al Estado por el Decreto 003, al que consideran inconstitucional. ¿Ustedes plantearían alguna estrategia similar?
No tengo certeza de qué camino se tomará. Por ejemplo, en el caso del Gasoducto (GSP) somos parte de un consorcio cuyo liderazgo no es de Odebrecht. Tendrían que ponerse de acuerdo las tres empresas que lo integran.
-Ustedes también han pedido que el Estado negocie las reparaciones civiles con Odebrecht...
Lo que nosotros creemos es que existe la posibilidad de que haya un acuerdo de colaboración eficaz que incluya un acuerdo de reparación civil, algo usual que practican varios países en procesos de colaboración.
-¿Qué es lo que esperan para una colaboración eficaz?
Lo que hemos visto es que existe una práctica internacional en la que las empresas y las personas se someten a la colaboración eficaz y, en contrapartida, reciben algunos beneficios. Para la empresa, lo principal es acelerar el proceso, llegar a un fallo final y poder voltear la página. Y para el Estado, la ventaja es que se acelera un proceso, que por la vía judicial y sin colaboración eficaz puede durar años.
-En otros países, siguen operando, ¿verdad?
En ninguno de los otros países hay una prohibición para contratar. Esa es la base del acuerdo de colaboración. En general, lo que buscan los países es tener la información.
-Solo para pagar sus deudas en Estados Unidos, Brasil y Suiza se había acordado 2 mil 600 millones de dólares. ¿Cómo están pensando pagar?
Hay que hacer una precisión sobre ese número. Si fuera al contado, el total sería de mil millones; sin embargo, se nos ha otorgado un plazo de 23 años para pagar la suma de 2 mil 600 incluyendo los intereses.
-¿Se arrepienten de haberse sometido al proceso de colaboración en nuestro país?
Se cree que el decreto es un desincentivo muy fuerte para que la empresa colabore, pues estamos con todos los bienes bloqueados. Es algo que seguramente puede estar asustando a muchas empresas, pero Odebrecht, el año pasado, tuvo el compromiso de colaborar con todos los países en los que actuamos.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



Peru21
La jueza Elizabeth Arias Quispe declaró fundada la solicitud de control de plazo presentada por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito y ordenó a la Fiscalía concluir la fase de investigación preliminar que se le sigue a ambos por el caso cócteles.
En la resolución con fecha 17 de noviembre, a la que accedió Perú21, la magistrada acogió el sustento de la defensa de Fujimori, quien alegó que el Ministerio Público abrió indagación a su patrocinada el 8 de marzo de 2016, con un plazo de duración de 60 días. Es decir, esa fase culminaba el 7 de mayo del mismo año.
En ese sentido, el Poder Judicial advirtió que los posteriores pedidos de ampliación de tiempo —por 60 días más cada uno— formulados por el fiscal fueron posteriores al periodo inicial concedido. El primer pedido (20 de mayo de 2016) se hizo después de 13 días de vencido el plazo otorgado; la segunda solicitud fue dos meses y 17 días después de concluido el plazo (6 de octubre de 2016); y la tercera fue aplicada después de 8 meses.
El 27 de setiembre de este año, el fiscal José Pérez dispuso adecuar el caso cócteles a la Ley de Crimen Organizado, con lo que se otorgaba hasta 36 meses para indagar.
"En consecuencia, se puede evidenciar que el Ministerio Público expidió diversas disposiciones fiscales de ampliación de plazo de la investigación preliminar cuando ya se encontraban vencidos en exceso los plazos previstos inicialmente", se lee en el documento.
La jueza, además, le dio un plazo de diez días al fiscal Pérez para que "emita pronunciamiento correspondiente" y decida si formalizará o no investigación preparatoria en el caso.
Como se sabe, la Fiscalía indaga la procedencia de los fondos que generaron los cócteles realizados por el fujimorismo y que sirvieron para financiar su campaña presidencial del 2016. En este proceso, también se incluye a la ONG LVF Liberty Institute por registrar aportes en la misma campaña.



La República
El Poder Judicial finalizó la etapa de investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella por lavado de activos, en el marco del caso de los cócteles y aportes de Fuerza Popular.
La jueza Elizabeth Arias Quispe dispuso que en un plazo de 10 días el fiscal José Domingo Pérez Gómez, responsable de la investigación, debe pronunciarse y proceder a formalizar investigación o archivar el caso.
La resolución N° 2, con fecha 17 de noviembre, de la jueza dice que cuando el fiscal procedió a ampliar el plazo de investigación, en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado, los plazos que señala la ley para una indagación preliminar ya habían concluido.
Arias Quispe sostiene que los jueces que vieron inicialmente el caso, es decir Germán Juárez, debieron ampliar los plazos de investigación antes de que concluyeran. Dijo que al no hacerlo cometen una arbitrariedad.
En esa línea, la jueza establece que la investigación preliminar se inició el 8 de marzo del 2006, que tuvo dos ampliaciones por 60 días, cada una, y una tercera por 90 días adicionales.
"La fiscalía no indicó que se trataba de una investigación de un caso compleja o de crimen organizado (en ninguna de las disposiciones de ampliación) sino hasta, recién después de transcurridos 18 meses y 20 días de iniciada la investigación preliminar en que la fiscalía mediante disposición N° 13 establece que el delito investigado debe adecuarse al de una organización criminal", dijo.
Esta es la resolución que se emitió luego de la audiencia de control de plazo que realizó el miércoles pasado, donde Keiko y su esposo solicitaron que se disponga la conclusión de la etapa de investigación preliminar del caso.



El Comercio
La fiscalía decidió el pasado 3 de noviembre reabrir una investigación por presunto lavado de activos contra el ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, proceso donde también ha sido incluida la ex candidata presidencial.



El Comercio
La Comisión Permanente aprobó ayer otorgar un plazo de 15 días (hábiles) para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue la acusación contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Al ser esta una investigación por infracción a la Constitución, en el pleno se requieren 69 votos (dos tercios del número de miembros del Congreso sin participación de los de la Permanente). Fuerza Popular, sin contar a sus 15 integrantes de la Comisión Permanente, tiene 56 votos. Es decir, requieren votos de 13 congresistas de otras bancadas para destituir a Pablo Sánchez.
Si en el informe final de la subcomisión se recomienda acusar constitucionalmente a Pablo Sánchez, esa propuesta debe verse en la Comisión Permanente. Si esta la aprueba, deberá formarse un grupo acusador para llevar el caso al pleno del Congreso.
Desde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibe una denuncia hasta que se envía el informe final de esta a la Comisión Permanente, pueden pasar 50 días, según el libro “Manual del Parlamento” (César Delgado-Guembes, 2012). En el caso de la denuncia contra el fiscal de la Nación el proceso podría terminar en 37 días. La decisión fue adoptada por la mayoría fujimorista: 13 de sus 15 miembros titulares votaron a favor (los dos restantes no estuvieron en la sesión). En contra estuvieron los oficialistas Vicente Zeballos y Gino Costa; Marco Arana y Wilbert Rozas (Frente Amplio); Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso); y Jorge del Castillo (Apra). A diferencia de Del Castillo, su colega Mauricio Mulder optó por la abstención. Igual decisión tomó Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).



La República
Columna de Alvarez Rodrich
El debate de si Fuerza Popular (FP) está demoliendo la democracia por torpeza o adrede, puede tener interés académico, pero su implicancia real es la misma pues, torpeza o adrede, el partido de Keiko Fujimori igual está demoliendo la democracia.
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¿Acusar, simultáneamente, a cuatro integrantes del TC por una decisión propia de su función, al fiscal de la nación por la investigación a Joaquín Ramírez, y al ministro del interior por el retiro de 37 generales en el marco de la ley; amenazar al periodismo con una decena de torpedos contra la libertad de expresión; y acorralar al presidente de la república con esa ganzúa institucional que es la comisión lava jato, es nada más que colección de torpezas, o plan armado con un propósito destructor obvio?
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¿No sugiere algo el planteamiento alambicado del secretario general de FP José Chlimper de que se “opondría a cualquier tipo de intento político de vacancia”, lo cual deja abierta la puerta para el patadón de salida…?
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