lunes, 27 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE lunes 27 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Peor imposible


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La última encuesta de GFK –de 1,241 entrevistas en 17 regiones con un margen de error de +-2.8 por ciento- dibuja un boceto de la impresión que la opinión pública se hace de las recientes acciones políticas de Fuerza Popular.

Más de dos de cada tres entrevistados (68 por ciento) considera que FP abusa de su mayoría parlamentaria y, peor aun, que legisla en favor de intereses particulares, los suyos. Y algo menos de la mitad (47 por ciento) cree que FP intenta usar la mayoría parlamentaria absoluta para sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la Presidencia de la República.  

Un 70 por ciento cree que la denuncia de FP contra el fiscal de la Nación se debe a su investigación a “personas del fujimorismo”. Y, de la mitad que está enterada, casi dos de cada tres (65 por ciento) están en desacuerdo con que FP promueva la salida de los magistrados del Tribunal Constitucional mediante la acusación constitucional que ha presentado contra ellos. Esto, a pesar de que la causa de los magistrados es impopular.

En suma, flaco favor le ha hecho Fuerza Popular acusando al TC a los marinos injustamente perseguidos, a los que cree estar ayudando. Y, segundo, la denuncia contra el Fiscal de la Nación ha disparado para atrás: nadie cree que se deba a que el fiscal no investiga a las empresas socias de la corrupción brasileña, como afirma FP, sino que se trata de una represalia por investigar a FP.

Y lo peor es que dos de cada tres creen que FP abusa de la mayoría que el pueblo le dio en el Congreso y la mitad de los peruanos cree que FP se propone sacar a Kuczynski de la Presidencia, a pesar de las negativas cada vez más frecuentes de sus voceros.    

FP está pagando esos dos errores. Las encuestas no hablan de lo que las cosas son sino de lo que parecen. Se refieren a lo que la gente cree que es cierto, lo sea o no. De modo que es inútil discutir aquí si FP tiene no tales intenciones. El hecho es que la opinión pública lo cree.

He ahí por qué el antifujimorismo ha aumentado en Lima ocho puntos porcentuales (de 28 a 36) de un mes a otro.

Peor imposible.
 

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
Jaime de Althaus entrevista a Ursula Letona
— Hay preocupación nacional por la acusación constitucional al fiscal de la Nación y su posible destitución. ¿Qué infracción c-onstitucional ha cometido?
La denuncia constitucional del congresista Salaverry habla de una omisión de funciones al no haberse iniciado hasta el día de hoy investigación alguna contra las empresas consorciadas con Odebrecht y no haber instruido a los fiscales a cargo del tema Lava Jato que abran investigación.
— Los fiscales han explicado que sí están investigando, lo que están haciendo es corroborar la manifestación de Barata...
Sí, ahí hay una contradicción con lo que ha declarado una de las empresas consorciadas, que ha reportado como hecho de importancia a la SBS que no se encuentra bajo investigación. De acuerdo al Código Penal, hay dos tipos de investigación: la investigación preliminar y la investigación propiamente dicha; no hay otra clase de investigación…
— Perdón, la corroboración de una declaración de un colaborador eficaz puede ser una etapa previa a la investigación preliminar, esto según los artículos 475 y 477 del Código Procesal Penal.
Eso se refiere al proceso de delación y a la empresa Odebrecht, que es la que está participando. Las supuestas cómplices, las empresas consorciadas, tienen un tratamiento por regla general, porque ninguna de estas empresas está dentro del marco de la delación.
— Pero quien hizo esa declaración fue Barata, que sí está en un proceso de colaboración eficaz…
Ahí hay un punto que puede ser de discrepancia jurídica, pero entendemos que la acción penal no puede estar supeditada al proceso de delación. Lo cierto es que hubo empresas peruanas que se beneficiaron indebidamente y respecto de las cuales hasta el día de hoy la fiscalía no ha iniciado directamente alguna acción.
— Pero el fiscal de la Nación no puede intervenir en la estrategia que pueda llevar a cabo el fiscal que hace una investigación. Los fiscales son autónomos en el desarrollo de su investigación.
Lo que señala el congresista Salaverry es que él debió instruir mediante una resolución que se inicien las investigaciones contra las empresas que resulten siendo responsables en cada uno de los proyectos.
— Pero eso está pues dentro de la estrategia del fiscal que está investigando.
Pero no necesariamente, cuando ves que no se ha investigado a nadie. Y por el lado de la congresista Vilcatoma, lo que ella señala es que el fiscal sí actuó, pero emitiendo una resolución que cercaba el ámbito de acción del fiscal Castro solo respecto de Odebrecht y no al resto de empresas. Pero la investigación que está realizando en estos 15 días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene dos aristas, la primera es ver si efectivamente las dos denuncias tienen asidero jurídico; y la segunda es ver si se cometió una infracción constitucional. Si determina que no hubo una infracción constitucional o que los hechos no son imputables al doctor Pablo Sánchez, las denuncias deberían ser archivadas; de lo contrario, recién se iniciará la acusación constitucional.
— La destitución requiere los dos tercios del Congreso… Y ustedes están solos en esto.
Yo espero que el día de la votación podamos ver quiénes estamos a favor de que se investigue este tema y quiénes no. Nosotros creemos que va a haber fuerzas políticas que se sumen a la acusación y a la investigación, si se acredita que ha cometido una infracción constitucional.
— La destitución no solamente violentaría la autonomía de un poder de Estado, sino que además es un error político, porque da la impresión de un regreso a los métodos de los noventa.
En Fuerza Popular luchamos por la institucionalización y el fortalecimiento de instituciones democráticas, pero también tenemos un compromiso en la lucha contra la corrupción, y esto se tiene que esclarecer.
— Esta ley para incluir a las empresas consorciadas en el Decreto de Urgencia 003, en lugar de castigar a los presuntos corruptores, castiga a la empresa como tal, a los trabajadores que no tienen culpa en este asunto y viola además el principio de la presunción de inocencia.
Esta ley parte del principio de solidaridad que establece la Ley General de Sociedades. Si eres parte de un consorcio uno de cuyos miembros ha confesado que ha corrompido, entonces se presume que son responsables solidarios. Esto es un acuerdo político, hemos votado todas las fuerzas políticas. Y se ha incluido en la ley que las retenciones operan a favor de los trabajadores y proveedores.
— Pero van a perder su empleo, porque esta ley condena a la quiebra a estas empresas.
Esta norma ha buscado frenar la impunidad que hasta el día de hoy hemos percibido todos los peruanos y ha puesto un candado respecto a los trabajadores y proveedores en la obligación del Estado Peruano de retener los montos y asignarlos a ellos.
— Y el empleo que van a perder, ¿quién se los va a devolver?
Yo no creo que estas empresas cierren por la ley...
— No van a poder pagar sus deudas a los bancos, por ejemplo… Una hipótesis es que la acusación al fiscal de la Nación es una venganza de Fuerza Popular por haber investigado a Keiko Fujimori como organización criminal y por haber resucitado la investigación a Joaquín Ramírez.
Yo creo en la autonomía del Ministerio Público, y por lo tanto voy a respetar cualquier investigación que quiera hacer el Ministerio Público, abrirla, reabrirla. La denuncia del congresista Salaverry es anterior a la reapertura del caso de Joaquín Ramírez.
— Pero esta investigación a Keiko Fujimori por crimen organizado realmente los ha molestado, ¿no?
Sí, nos ha molestado primero porque, como lo ha dicho la jueza que acaba de rechazar la investigación, el fiscal Pérez nunca motivó adecuadamente su resolución; segundo, porque el control de plazos que debió efectuarse no ameritaba la inclusión de Keiko, mucho menos de su esposo, o del partido; y tres, porque Keiko había sido investigada por estos hechos hace varios meses y la ONPE y la Sunat han dicho que en el caso de los cocteles somos el único partido que ha rendido cuentas. Hay gente de una comunidad lechera del Cusco que se organizó para venir a los cocteles y traer un grupo de danzantes ¡y a esa gente la han citado! Eso nos parece un exceso, mientras que en el Caso Lava Jato algunos empresarios de cuello y corbata ni siquiera han pasado investigación. Más de mil personas han sido citadas.
— También se dice que quieren amedrentar a los fiscales por temor a la profundización de las investigaciones sobre las posibles vinculaciones de Keiko con Joaquín Ramírez y el origen de su fortuna…
Keiko ha tenido una actitud de colaboración constante, ella viene siendo investigada los últimos 16 años, la han investigado y levantado el secreto bancario ene veces y la verdad es que no entendemos por qué las investigaciones se reabren y se reabren. ¿Acaso somos el único partido que ha hecho cocteles? No. Nosotros no tenemos ningún problema con que se investigue a Joaquín, y ahora que se ha incluido a Keiko, ella demostrará que no tiene mayor relación respecto a la fortuna, porque lo que se está investigando es cómo se origina la fortuna de Joaquín Ramírez cuando Keiko ni siquiera lo conocía. Se dijo en una cochera en EE.UU. que Keiko le había dado a Joaquín para que lavara determinado monto en millones de dólares, ¿eso es un indicio?
— Uds. han anunciado una querella contra el diario El Comercio por difamación. ¿Uds. sostienen que Odebrecht no dijo que había hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori y no dijo que Barata debía precisar cuánto habían sido?
Los abogados de Keiko nos han manifestado que Marcelo ha dicho que ni él ni su empresa han aportado a la campaña de Keiko Fujimori, que no les ha dado dinero ni al partido ni a Keiko. Es más, dijo que no conocía a Keiko.
— En El Comercio se dice que Odebrecht explicó esa “anotación” de “aumentar Keiko para 500” diciendo que implicaba que sí hubo una entrega de dinero y que habría sido de 500 mil, pero que Jorge Barata debía corroborar el monto.
Eso es absolutamente falso, según lo que los abogados nos han informado, a través del secretario general del partido.
— ¿Y qué explicación habría dado entonces Odebrecht acerca de esa anotación suya?
Lo que dice es buscar reunión con Keiko. Y el “aumentar 500” incluso creo que no tenía relación con Keiko, se trataba de otro tema. Y eso nos lo ha dicho el secretario general del partido, hay un tuit de Pepe [Chlimper] transcribiendo más o menos la información. Y por eso nosotros hemos pedido que el Ministerio Público solicite la transcripción respecto de lo que nos concierne.
— ¿Y sobre PPK?
Ahora, si además quieren transcribir las partes del presidente sería fenomenal para que el país sepa cuál es su vinculación con Odebrecht. Él debería ser el más interesado en que esa transcripción vea la luz oficial, porque su actitud de no venir a [la Comisión] Lava Jato le hace muchísimo daño.
— ¿Fuerza Popular anida la idea de vacar al presidente Kuczynski?
Nada más falso, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, a nadie en el Perú le conviene que el presidente Kuczynski no termine su mandato. Tenemos una democracia débil, hay que consolidarla, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que culmine en el 2021. Vacarlo no le hace bien a nadie.
— Lo que tampoco les hace bien al presidente de la República ni al Perú es una oposición tan complicada que impide llegar a acuerdos sobre reformas fundamentales, y que genera una situación de incertidumbre institucional muy fuerte con esto de la acusación al fiscal…
Yo lo que sí creo es que hay que generar espacios para tener una agenda legislativa, el vocero se está encargando de coordinar con la primera ministra, incluso en el tema de facultades delegadas.
— ¡Pero si Fuerza Popular no quiere recibir a la primera ministra para el tema de las facultades!
No, lo que le hemos dicho a la primera ministra es que una vez que presente su solicitud en la que diga sobre qué quiere legislar, entonces que venga y nos diga cuál es el sustento… Pero lo que no puede suceder es que pretendamos cambiar de roles, nosotros no le podemos decir a la primera ministra o sugerirle siquiera.
— ¿No tiene sentido concertar?
Podría ser entendida como una concertación en negativo, porque, por ejemplo, si la primera ministra quiere hacer una reforma laboral en nuestro país, qué va a pasar si, en la conversación, alguno de los miembros de Fuerza Popular le dice: “Mire, primera ministra, en este tema no, en este tema sí”. ¿Ella va a renunciar a su mandato constitucional de proponer lo que el Ejecutivo decida? Las reformas las tiene que proponer el Ejecutivo...
— Por ejemplo, en la reforma laboral el punto crucial es el artículo 27 de la Constitución que habría que precisarlo. Eso es una labor del Congreso.
Este es un tema muy sensible, esto debería partir por ejemplo del Consejo Nacional del Trabajo, hasta el día de hoy los sindicatos no han podido sentarse, hay una inoperancia absoluta del Ejecutivo.
— No, los sindicatos no quieren discutir el tema. Son iguales a Fuerza Popular. ¿Ud. cree que la CGTP va a estar de acuerdo con eso?
Las políticas públicas tienen que nacer del diálogo y es lo que no está habiendo. O el Ejecutivo tendría que plantearla con una propuesta de ley de reforma constitucional, que se evaluará. Además, las reformas constitucionales necesitan votación calificada, es decir, Fuerza Popular sola no podría aprobarlas. Y, segundo, necesita doble legislatura, con lo cual ya deberían empezar a presentarlas. O si no, no vamos a tener ninguna.
— Bueno hay otra acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que sí parece tener fundamento...
Cambiaron el sentido de un voto. El magistrado votó por una sentencia que declaraba que no había delito de lesa humanidad y ellos “subsanaron” su voto de haber dicho que no había delito de lesa humanidad a que sí había delito de lesa humanidad, pese a que el magistrado había rubricado las 24 páginas de la sentencia. Entonces, si ahí no hay un hecho irregular, por favor en qué país vivimos. Y se ha violado el principio de cosa juzgada. Pero esa acusación no la ha planteado Fuerza Popular.
— En el asunto de la reforma política, si las empresas ya no van a poder aportar a las campañas y luego de la investigación de los cocteles donde se ha citado a mil personas, ya los ciudadanos tampoco van a querer aportar, los únicos que quedan son los narcos, los mafiosos…
La tendencia mundial es ir hacia el financiamiento público.
— Pero no están planteando eso ustedes…
Hoy ya hay financiamiento público, al fin.
— Pero poco y no para las campañas.
Parte de eso se puede utilizar como el ‘core business’ del partido, que ya es un alivio en el gasto. Hay una iniciativa para crear un fideicomiso electoral manejado por la ONPE o el jurado, al que pueden darse aportes privados y de empresas. Está en estudio, hoy los legisladores han establecido que es mejor, dada la experiencia Lava Jato, prohibir aportes de empresas y la necesidad de bancarizar todo, con lo cual la fiscalización va a ser mucho más efectiva.
—No considera sanciones políticas para los partidos que...
Sí considera sanciones políticas: primero, la pérdida del financiamiento público; la segunda es que te congela el registro de la organización, no puedes mover ningún trámite como partido si no has cumplido con pagar tus multas, y si tienes sanciones pendientes de cumplimiento. Entonces, no vas a poder cambiar el CEN, no vas a poder inscribir, no puedes hacer nada. Y si jurídicamente no puedes inscribir a nadie, no puedes convocar elecciones. Hubiéramos querido ir como decía el dictamen a una suspensión de la inscripción. No logramos el consenso, el dictamen de la Comisión de Constitución propuso eso, pero...



El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra (Fuerza Popular), afirmó que ese grupo investigador no quiere “lesionar la figura presidencial”. “No estamos persiguiendo a nadie”, dijo.
En ese contexto, Bartra indicó que seguirán esperando una respuesta formal a su oficio del pasado 15 de noviembre que lleva como anexo la opinión de la Comisión de Constitución que señala que el presidente tiene la obligación de comparecer.



Expreso
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, informó que dicha entidad ya recibió la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y que la pondrá a debate la primera semana de diciembre.
“En el ámbito del Congreso es un tema político y se da por una supuesta infracción constitucional; en el Consejo Nacional de la Magistratura es distinto, allí se denuncia una supuesta inconducta funcional”, dijo.
 “Se designará a uno de los siete consejeros como ponente, él indagará si se inicia investigación o no”, dijo sobre el procedimiento.
Consultado sobre el plazo, el titular del CNM indicó que esto depende de la complejidad que pueda tener la investigación.



La República
La chicha está fermentando
Mirko Lauer
La encuesta GfK muestra el creciente descontento con la actuación de Fuerza Popular en el Congreso. No es el único indicio. También hay declaraciones por todas partes. Incluso ha aparecido en el léxico político la expresión “golpe parlamentario”. En realidad el descontento ya va camino de la furia entre amplios grupos de personas.
Tan indignante como la actuación autoritaria misma de FP es la difundida percepción de que hoy ella busca salirle al paso a diversas acusaciones en su contra. El peso de la mayoría parlamentaria es usado como una comba contra el sistema judicial y el libre ejercicio de la prensa. La mototaxi convertida en una aplanadora de instituciones y derechos.
La estructura de la indignación es variada. Hay los que simplemente están confirmando sus temores frente a FP. También los que están viendo sus esperanzas decepcionadas. Luego hay los sorprendidos por la velocidad a la que avanza la tarea demoledora de la bancada fujimorista en cada vez más terrenos de la vida pública.
La hipótesis de que FP está practicando una prepotencia defensiva es convincente, pero no suficiente. Pues lo que está sucediendo en estos últimos tiempos no es sino la escalada de una conducta presente, con avances y retrocesos, desde el primer día. Puede haber algo de exabrupto en lo que vemos, pero también, y sobre todo, una orientación.
En pocas semanas FP ha cruzado varios peligrosos Rubicones, y cuesta imaginar al partido regresando a sus posturas más calmadas. Por lo pronto los congresistas más prepotentes se han instalado firmemente en su rol, alentados por la furia expresada por Keiko Fujimori al ser tocada por una investigación fiscal, como tantos otros políticos hoy.
El mensaje de la encuesta GfK es que el público está mirando, está sacando sus cuentas, y parte de él está molesto. No solo hay un rechazo presente, sino que el antifujimorismo está creciendo, sobre todo entre los jóvenes. Por lo pronto un 42% de los encuestados se declara dispuesto a marchar en defensa de la Fiscalía de la Nación.
El de FP es el tipo de situación que suele ponerse mucho peor antes de empezar a mejorar. Mientras la espada de Damocles judicial se siga meciendo sobre la política, la prepotencia de FP seguirá en aumento. Esperemos que sus miedos no se lleven de encuentro a la democracia entera.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
El Poder Judicial dictó hoy impedimento de salida del país contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex gerente municipal de su gestión José Miguel Castro por un plazo de 8 meses.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, dictó la medida cautelar. La fiscalía los acusa de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio.
Según dio cuenta IDL-Reporteros, Jorge Barata declaró ante fiscales brasileños que la constructora aportó US$3 millones a la campaña del No. Dijo además que la misma Susana Villarán lo llamó para pedir la contribución económica.
El juez Chuyo sostuvo que existen testimonios de colaboradores eficaces, entrega de dineros y llamadas telefónicas que necesitan ser verificados por la fiscalía. El magistrado refirió que el impedimento de salida del país es una medida menos gravosa para la etapa del caso.



El Comercio
El fiscal Javier López Romaní afirmó que la campaña del No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán tiene un desbalance de más de 4 millones de soles, en lo que respecta a la publicidad que realizó en televisión y por medio de macro paneles.
López Romaní, quien solicitó al Poder Judicial dictar una orden de impedimento de salida del país por ocho meses en contra de Villarán de la Puente, explicó que el colectivo del No declaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que solamente gastó 976.000 soles en publicidad en medios de comunicación.
Sin embargo, el Ministerio Público, tras acceder a información brindada por los canales, señala que lo invertido fue de 4 millones 989 mil soles, existiendo una diferencia de 4 millones 13 mil soles, entre lo declarado y lo que realmente se pagó a los medios.
El representante del Ministerio Público señaló que durante la campaña de revocación, la Municipalidad de Lima, a cargo de Villarán, entregó la concesión de Vías Nuevas de Lima a Odebrecht y firmó una adenda con OAS, en la que amplió de 30 a 40 años la concesión de la Línea Amarilla a favor de esta última empresa.



El Comercio
La Comisión Lava Jato del Congreso de la República ha decidido citar a Anel Townsend, quien fuese la principal vocera de la campaña del “No” a la revocatoria, en el marco de la investigación que se le sigue a Susana Villarán por presuntamente haber recibido 4 millones de dólares de Odebrecht y OAS para dicha campaña.
El legislador aprista Mauricio Mulder, integrante de la Comisión Lava Jato, aseveró que existió una relación con los brasileños en esa campaña debido al vínculo estrecho entre Anel Townsend y el publicista Luis Favre.
Anel Townsend participó  también en la campaña electoral del 2016 del candidato César Acuña, en la que el publicista Luis Favre también intervino de manera activa.



Peru21
Mermelada brasileña
Aldo Mariátegui
Lean esto: “El pago (nota: US$2 millones en este caso) fue hecho a través del sector de operaciones estructuradas (nota: esta es la ‘caja negra’ de Odebrecht), al señor Garreta, y tengo la impresión de que parte de esos recursos fueron pagados en Lima, a algún canal de televisión o algún medio de comunicación o al propio José Miguel Castro” (declaraciones del funcionario brasileño de Odebrecht Jorge Barata, reveladas por Gorriti la semana pasada).
Ojo que todo esto sucedió a finales del año 2012. Preguntas legítimas… ¿De qué canal de TV peruano habla Barata? ¿O qué medio de comunicación? ¿Quiénes serían los sospechosos? Pensemos un ratito… ¿Qué canal o qué periodistas televisivos estuvieron machaconamente en contra de la revocatoria en programas o noticieros? Acuérdense, acuérdense… ¡Es fácil! ¿Y de qué vivía en aquel entonces un diario numérico, ya extinto, que se dedicaba exclusivamente a defender a Villarán y a atacar a sus opositores (también por allí todavía subsiste otro pequeño diario numérico que fue muy provillaranista)? ¿Y por qué al director del diario más favorable a la revocatoria le anuncian su salida justo por aquellos días, en diciembre de 2012? Va a ser muy interesante el día que Barata, Raimundo, Castro y Garreta nos cuenten qué medios, dueños y coleguitas les fueron tan cercanos. No solo en esto o las famosas charlas y talleres… También que nos expliquen cómo así se contrataban hijos de periodistas en Odebrecht o se financiaban premios para periodistas.
PD: Lamento mucho que JJ Garrido se haya alejado de Perú21. Hizo una dirección de lujo, defendió, con todo, la libertad de sus columnistas y tuvo los pantalones, tras el rechazo de Correo, de publicar las agendas de Nadine y otras denuncias explosivas. Hace rato que debió ser director de EC.


sábado, 25 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE sábado 25 noviembre 2017


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MEDIA COLUMNA
Matando a la gallina


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Hubo un postor único para el Gasoducto del Sur, un megaproyecto de 7,500 millones de dólares, el más grande de la historia del Perú. 

Antes de otogarle la buena pro al consorcio de Odebrecht y la española Enagás -del que la peruana Graña y Montero sería la empresa constructora-, se descalificó al consorcio competidor.

Los indicios de que esta descalificación fue irregular son abrumadores.

El competidor era un consorcio de tres empresas, una de las cuales decidió misteriosamente salirse a último momento. Las otras dos solicitaron la oportunidad de reconformar el consorcio, oportunidad que les fue concedida hasta determinada fecha a cierta hora.

El día señalado, antes del vencimiento de la hora, el postor competidor recibió una carta de la entidad que tenía la decisión final –el comité respectivo de Proinversión- en la que se le comunicaba que se había tomado la decisión de que no podría subsanar su situación. Se supo luego que se tomó esa decisión contando con dos opiniones privadas en ese sentido. 

La decisión de darle la buena pro del Gasoducto del Sur a Odebrecht y Enagás como postor único en esas condiciones tuvo lugar un 30 de junio de 2014. Un año después, en junio de 2015, Marcelo Odebrecht era detenido en Brasil.

Los directores de Graña y Montero han renunciado a la empresa, los principales solo a inicios de 2017, y se han apartado. La justicia determinará la responsabilidad penal que les corresponda en los hechos. Es posible incluso que la empresa deba ser tercero civilmente responsable del pago de una reparación civil al Estado peruano.

El Estado no es el único acreedor, sin embargo. Según la prensa, la empresa tiene una deuda que podría ser de 200 millones de dólares con otras empresas proveedoras, que deben poder cobrar los que se les debe o serán arrastradas por el vórtice.  

Pagar esa deuda, sin embargo, será posible solo si la empresa sigue operando. Esa operación debe continuar con las precauciones de una vigilancia adecuada. Pero lo importante es que la gallina solo pondrá huevos mientras siga existiendo.

Con el decreto de urgencia 003 del gobierno y su modificación por el Congreso para incluir en el mismo saco de Odebrecht a Graña y Montero, sin embargo, están matando a la gallina. No tiene sentido castigar a la empresa atándola de manos e impidiéndole funcionar. No habrá huevos si no hay gallina.  
 


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ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



La República
Entre los megaproyectos que Odebrecht y G&M obtuvieron juntos se encuentra la Línea 1 del Metro de Lima y el Gasoducto del Sur.
El Consorcio Tren Eléctrico de Lima, que ganó la buena pro durante el segundo gobierno de Alan García por 410,2 millones de dólares. Las irregularidades detectadas en este proyecto están registradas en tres informes de la Contraloría General de la República. Entre ellas se encuentra la ampliación del plazo de la obra, que liberó el pago de penalidades por 915,325 dólares.
Según investigaciones de la fiscalía, Odebrecht habría pagado más de siete millones de soles en coimas para ganar la buena pro de este proyecto. El presidente del comité de licitación de la Línea 1, Edwin Luyo, cumple prisión preventiva.
Otro de los grandes proyectos que estuvo en las manos de Odebrecht y G&M fue el Gasoducto sur junto con la española Enagás.
La demora en el lanzamiento del nuevo proceso de licitación del gasoducto ha impactado en el desempeño financiero de G&M, revela Semana Económica. El consorcio aún arrastra deudas por alrededor de 200 millones de dólares a sus proveedores.



Expreso
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del  magistrado Richard Concepción Carhuancho, realizará el martes 28 de noviembre una audiencia para evaluar la exclusión de Jorge Barata del proceso por el caso Odebrecht.
La audiencia denominada “recalificación de estatus” será a las 11.00 horas en la sala de audiencias de la Sala Penal Nacional.
La diligencia fue convocada a requerimiento del fiscal Hamilton Castro. El representante del Ministerio Público solicita que Barata sea excluido como investigado para obtener sus declaraciones como colaborador eficaz, que no serán utilizadas en su contra.
El juez Richard Concepción Carhuancho notificó al representante del Ministerio Público y al abogado de Barata para la audiencia.



El Comercio
La Oficina Descentralizada de Control Interno de Lima del Ministerio Público abrió investigación preliminar al fiscal Hamilton Castro, a raíz de la denuncia interpuesta por la congresista Yeni Vilcatoma.
Según la denuncia, Castro habría cometido encubrimiento por no haber abierto investigación preliminar a Graña y Montero y otras empresas socias de Odebrecht.
La fiscal Delia Milagros Espinoza, a cargo de la oficina de control interno, ha solicitado del magistrado Castro un informe sobre los hechos expuestos en la denuncia en el plazo de cinco días útiles.
El equipo fiscal que lidera Castro afirma que sí se está investigando a las empresas consorciadas, como Graña y Montero ya que se viene realizando indagaciones previas antes de abrir la investigación preliminar.



La República
El fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial de Investigación para el caso Lava Jato, dijo que se trata de "un procedimiento normal… Sólo que esto distrae del trabajo principal… Siempre se presentará la presión de diversas maneras”, dijo.



El Comercio
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila,  informó hoy que su institución evaluará la primera semana de diciembre la denuncia que la congresista Yeni Vilcatoma presentó contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
En su denuncia, Vilcatoma cuestiona a Pablo Sánchez por haber  designado al fiscal Hamilton Castro.
Vilcatoma busca la destitución del fiscal de la Nación con esta denuncia.



La República
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú analizará este lunes a las 10 a. m. la denuncia contra Manuel Miranda, Carlos Ramos, Eloy Espinosa y María Ledesma, miembros del Tribunal Constitucional, por la presunta comisión del delito de prevaricato.



El Comercio
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán sí se comunicó con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata para solicitar apoyo para el financiamiento de su campaña contra la revocación del 2013, estableció el Equipo Especial Anticorrupción, a cargo del fiscal Hamilton Castro.
Bajo ese argumento, la fiscalía solicitó ayer al Poder Judicial el impedimento de salida del país de Villarán y del ex gerente general de su gestión José Miguel Castro.
El Poder Judicial ya había aprobado el levantamiento de las comunicaciones de Villarán y Castro tras las confesiones de Barata y el colaborador eficaz 12-2012, el brasileño Valdemir Garreta.
El Comercio reveló que Garreta –aspirante a colaborador eficaz– declaró ante la fiscalía peruana que asesoró la campaña de Villarán por el No y que, por ese servicio, las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS le pagaron US$3 millones.
La fiscalía, tras obtener el reporte de llamadas, comprobó la existencia de comunicaciones entre Susana Villarán y Jorge Barata. También entre José Miguel Castro y el empresario brasileño durante el primer trimestre del 2013.
En la investigación del caso, que es analizado por el fiscal adjunto Sergio Jiménez Niño, se presume que el dinero habría sido entregado por Odebrecht y OAS para recibir beneficios en los proyectos que tenían en la gestión de Villarán, como Vías Nuevas de Lima y Vía Parque Rímac (antes llamado Línea Amarilla).
El requerimiento fiscal sobre el impedimento de salida para Villarán y Castro fue recibido por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Manuel Chuyo. Chuyo ha programado para el 27 de noviembre la audiencia en la que la fiscalía deberá sustentar su pedido.



La República
Villarán
Mirko Lauer
Susana Villarán entró a las grandes ligas de la política como ministra en el gobierno de Valentín Paniagua. Convirtió esa elevación de su perfil en una fallida candidatura presidencial en el 2006. En el 2010 un traspié de su rival Lourdes Flores permitió a Villarán llegar a la alcaldía de Lima. Se salvó apenas de una revocatoria, fracasó en un intento de reelección.
A pesar de los altibajos de su carrera, Villarán fue por varios años la figura con más atractivo electoral de la izquierda. Esto gracias sobre todo a su posición moderada y a una cierta aureola maternal. Pero para el 2014 todo esto había terminado, sobre todo por los efectos de una intensa campaña de demolición contra su administración municipal.
(…)
Después del 2014 el electorado y los partidos de izquierda perdieron el interés que pudieron haber tenido en la figura de Villarán, para volcarse en el 2016 hacia una Verónika Mendoza más articulada, más joven, con más muñeca política, y quizás con más capacidad de resistir los previsibles y constantes embates desde la derecha.
Visto desde el 2017 y la perspectiva del caso Odebrecht, Villarán hizo lo mismo que virtualmente todos los políticos de su tiempo. Aceptó fondos de campaña y donativos para la gestión provenientes de una empresa dedicada al acopio de contratos públicos, para hoy o para mañana. Probablemente nunca se le ocurrió que toda esa era fruta de un árbol envenenado.
Desde la primera hora el escándalo ha puesto en evidencia que ella no tiene muchos defensores. Su prestigio de política honesta se ha volcado contra ella, pues la sorpresa ha agravado las responsabilidades que se le atribuyen. La modestia con la que ella vive no es argumento suficiente frente a la implacable dinámica de las acusaciones.
Sin duda aquí hay alguien que va a necesitar buenos abogados, y mejores partidarios, capaces de salvar y transmitir lo que quede de su imagen pública.



jueves, 23 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE jueves 23 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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Enemigo del pueblo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


Por alguna razón, incluso especialistas en la materia son víctimas de la errada impresión de que la corrupción de la política es el producto de una decadencia relativamente reciente, de que hubo, tal vez tan solo en el siglo pasado, un tiempo mejor en que las cosas no eran así.

No es sino la fantasía recurrente de que todo tiempo pasado fue mejor. El hecho es que la evidencia histórica contradice semejante ilusión.

Ya en tiempos de Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, la decepción del “maestro de la humana razón” -como le llama Borges- con la democracia ateniense del siglo de Oro de Pericles, cien años antes de su tiempo, era tal que el propio filósofo –siempre atento a la realidad antes que a ideas ilusas- escribió en la Política que la demagogia era la forma ilegítima normal de la democracia, y hasta empleaba a veces indistintamente los términos democracia y demagogia para referirse al mismo fenómeno pollítico.

Para él, la forma de gobierno menos mala era lo que llamó el “gobierno mixto”, una especie de combo de democracia y “aristocracia” (entendida como liderazgo de una élite cuya forma ilegítima, a su vez, era para él la oligarquía).  

Es en lo que pensaban también los “padres fundadores” de EEUU. Si a Ben Franklin, John Adams, Alexander Hamilton e incluso Thomas Jefferson se les hubiera preguntado si estaban fundando una democracia, su respuesta probablemente habría sido que eso no había funcionado ni en el Siglo de Oro ateniense. Habrían respondido, más bien, que el secreto está en la gobernabilidad que nace de los “checks and balances”, del equilibrio de poderes.

La democracia sin equilibrio de poderes, en cambio –que es la falla original en la arquitectura de nuestra democracia de baja gobernabilidad-, se precipita siempre en la demagogia, que incuba luego su propia reacción: el autoritarismo.  

El gobierno que no es del pueblo sino del populacho usurpa siempre la representación popular. Empodera a padrinos corruptos para defenestrarlos luego cuando resultan incapaces de satisfacer las expectativas cada vez más desbocadas de sus clientes.

Este no es un alegato contra la democracia. Todo lo contrario. Es uno contra el idealismo iluso de nuestra democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes, origen de la recaída en el círculo vicioso de la demagogia y el autoritarismo, enemigo de todos los pueblos sobre la Tierra.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio, Reuters/ Andina
El Gobierno le solicitará al Congreso, dominado por la bancada de Fuerza Popular, facultades legislativas “acotadas” que se centrarán en impulsar el crecimiento económico y la inversión, afirmó hoy la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz.
La primera ministra dijo en una conferencia con la prensa extranjera que con las facultades tratará además de mejorar la gestión tributaria para elevar la recaudación, pero que ello no implicará cambios drásticos en los impuestos.
"Serán facultades bastante acotadas, no estamos haciendo un pedido gigante", dijo. No precisó cuando enviarán el pedido al Congreso. 






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
Según el portal IDL-Reporteros, Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, aseguró ante fiscales brasileños que la entonces alcaldesa Susana Villarán lo contactó telefónicamente para pedirle que realice una contribución para pagar los servicios de la empresa de Valdemir Garreta, FX Comunicaciones.
Barata detalla que, primero, fue contactado por el entonces gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, para reunirse en su despacho. En dicha cita, detalla que le pidió un aporte de US$3 millones para la campaña del No. "Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa (Susana Villarán) pidiendo esa contribución. Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces, esa señora tenía una proyección política muy grande [...] En ese momento tomamos la decisión de apoyarla en ese proceso", señaló Barata, según IDL-Reporteros.
El ex representante de Odebrecht en el Perú detalló que los aportes se hicieron de la misma manera que durante la campaña de Ollanta Humala. "Entregamos los recursos al señor (Valdemir) Garreta y él entró a gestionar los procesos de la campaña", señaló.
Barata precisó que el pago salió del área de operaciones estructuradas y que se realizó en efectivo, en Lima, a José Miguel Castro y a Valdemir Garreta. También dijo que no se reunió en persona con Villarán, sino solo con el gerente de la Municipalidad de Lima.
El testimonio de Jorge Barata descartó que Odebrecht haya salido favorecida por el aporte, al recordar que al momento de la campaña del No ya se había firmado el contrato de Rutas de Lima.
Susana Villarán ha descartado haber pedido algún aporte a empresas brasileñas, así como algún favorecimiento durante su gestión municipal.




El Comercio
"Recibí una llamada de Susana Villarán para agradecerme por el apoyo a la campaña del No". Esto es lo que declaró el ex superintendente de Odebrecht en Lima Jorge Barata, en el marco de su colaboración con el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú.
Esa declaración fue el punto de partida de una investigación reservada que desde marzo realiza el equipo del fiscal Hamilton Castro.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán insiste en que nunca pactó ni negoció con la constructora Odebrecht aporte alguno a su campaña.
El monto del aporte a la "campaña del No" coordinado con Valdemir Garreta fue de más de tres millones de dólares. De ese dinero, de acuerdo con Barata, dos millones de dólares se pagarían en Brasil a la empresa FX Comunicaciones, por los servicios de Luis Favre y el mismo Garreta. Otro millón de dólares se habrían entregado en Lima por medio del entonces gerente de la municipalidad, José Miguel Castro Gutiérrez.
Barata aseguró que tuvo la certeza de que Garreta hablaba por Villarán cuando días después la alcaldesa de Lima lo llamó por teléfono para agradecerle.
El diario El Comercio reveló ayer la declaración de Valdemir Garreta en su proceso de colaboración eficaz. 
Garreta asegura que vino a Lima y se reunió con Villarán y José Miguel Castro, acordando un pago de tres millones de dólares por su asesoría. Agrega que Castro le dijo que Odebrecht pondría dos millones y OAS otro millón de dólares.

  
El Comercio, editorial
Una nueva revelación relacionada con el financiamiento furtivo de las constructoras brasileñas a distintas campañas políticas en nuestro país acaba de dejar en mal pie a la anterior administración municipal metropolitana y, en concreto, a quien la encabezó: Susana Villarán. En este caso, el publicista Valdemir Garreta, que actualmente busca acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, ha asegurado que recibió US$3 millones de Odebrecht y OAS como pago por su asesoría a la campaña por el No a la revocación, en el 2013.
Dueño de la consultora FX Comunicaciones, Garreta ha declarado a la fiscalía peruana que a fines del 2012 Luis Favre lo llamó para consultarle si podía realizar la referida campaña y que viajó a Lima para tratar sobre la misma. Como se sabe, un mes antes de que se votase la revocación, la alcaldesa firmó sendos contratos con cada una de las dos constructoras brasileñas: el proyecto Vías Nuevas de Lima, cuyas obras estaban valorizadas en US$499 millones, en el caso de Odebrecht; y la adenda al acuerdo con la empresa Lamsac, con la que se cambió el proyecto Línea Amarilla por Vía Parque Rímac y, entre otras cosas, se autorizó la ampliación de la concesión de los peajes de 30 a 40 años a favor de OAS.
(…)



El Comercio
El ex ministro de Defensa Mariano González acudió a la fiscalía anticorrupción para rendir su testimonio por la investigación del Caso Lava Jato en la cual se encuentra incluido. Tras su manifestación, el parlamentario andino aseguró que no cometió acto irregular en los aportes que entregó a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK).
"Cobré mis honorarios y después los deposité a la campaña", señaló González ante la prensa.
El ex ministro reiteró lo que había declarado a El Comercio: que solo recibió un pago por una consultoría realizada a un consorcio integrado por Odebrecht entre finales del 2015 e inicios del 2016. "Yo hice una única consultoría, cobré mis honorarios y pagué mis impuestos [...] Si el dinero de mi persona ingresa a la campaña, es responsabilidad mía. No hay ningún dinero ilegal ahí", concluyó.
Según el portal de la ONPE, en febrero del 2016 Mariano González aportó 69 mil soles a la campaña de Peruanos por el Kambio. Según la investigación fiscal, en ese mismo mes habría recibido un pago de unos 77 mil soles por parte de Odebrecht.
La línea de investigación del fiscal Hamilton Castro considera que este pago fue por una consultoría ficticia que camufló el pago que realizó Odebrecht a favor de Samuel Carlos y Carlos José Campusano Dulanto por realizar trámites en el Ministerio de Defensa que permitieron la emisión de bonos soberanos en la construcción de la vía Evitamiento en Cusco.



El Comercio
La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión Lava Jato, se refirió a la situación del ex ministro de Defensa Mariano González para decir que este caso abre nuevamente la posibilidad de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski opte por declarar ante la Comisión Lava Jato.
"Cuando tengamos algunos elementos que nos permitan pensar que esto fue parte de una propuesta de campaña para que [Odebrecht] pueda beneficiarse, [...] definitivamente llamaríamos al parlamentario andino", remarcó.



El Comercio
El Ministerio Público tiene planeado interrogar nuevamente al piloto peruano Jesús Vásquez, testigo que entregó un audio a la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) como parte de las investigaciones contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de activos.
Según La República, lo que buscará la fiscalía es que Jesús Vásquez amplíe su testimonio. La fiscal superior Luz Peralta, quien ordenó reabrir las indagaciones que Sara Vidal archivó, detectó que el interrogatorio al cual fue sometido el piloto peruano había sido insuficiente.
En ese sentido, dispuso que se interrogue exhaustivamente a Vásquez respecto a su manifestación sobre un encuentro que tuvo con Joaquín Ramírez, en el que el ex secretario general de Fuerza Popular supuestamente dijo que Keiko Fujimori le confió 15 millones de dólares de origen incierto.
El Ministerio Público también ha dispuesto que se obtenga una copia de la grabación de dicha conversación, que Jesús Vásquez entregó a la DEA.
"Quedó pendiente el pedido a la DEA referente al audio y/o copia de la supuesta grabación de Joaquín Ramírez en la que habría confesado la entrega de 15 millones de dólares a la investigada Keiko Fujimori para fines de lavado a través de sus empresas", dice la resolución que ordenó la reapertura de la investigación.



El Comercio
Por aproximadamente cuatro horas, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, rindió su declaración en el despacho del fiscal José Domingo Pérez en el centro de Lima. Como se sabe, este dirige la investigación por lavado de activos contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a raíz de los aportes a su campaña del 2016 vía cocteles y también por presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Sin embargo, según dijo Chlimper a la prensa, el fiscal no le hizo consultas respecto a la frase "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita", que en castellano significa “Aumentar Keiko a 500 y hacer una visita”. “No hubo ninguna pregunta vinculada a ello”, manifestó.
“Presumo que no hubo ninguna pregunta porque el fiscal ha estado en Curitiba y sabe qué ha sucedido allá”, manifestó.
Reiteró que ni Keiko Fujimori ni el partido recibieron aportes de la constructora brasileña.
Chlimper comentó que otra parte de la diligencia consistió en consultas sobre sus aportes.
Comentó que la fiscalía está citando a todos los entre 800 y 900 aportantes a Fuerza Popular para la campaña del 2011. “Como yo soy donante de Fuerza Popular desde el 2011, entonces también se me ha requerido sobre eso. Se ha aclarado el tema, he entregado los recibos, los vouchers de depósitos al banco, han quedado satisfechos los fiscales”, sostuvo.
Según se informó, Chlimper deberá volver a la fiscalía el martes 28 de noviembre a las 2 p.m.



Peru21
Todos mojados
Luis Davelouis
“No sabíamos. Estamos decepcionados”, dicen varios ante la noticia más jugosa de las últimas 24 horas: Odebrecht y OAS, las brasileñas mafiosas con licencia para aceitar, financiaron la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán con US$3 millones.
¿Es esto diferente que el caso de Humala, Keiko o incluso PPK? No, es dinero para campaña. ¿Constituye un soborno? No necesariamente: si Villarán perdía, como perdió Keiko, ¿en qué se convierte ese aporte? ¿Es lavado de activos? Habría que demostrar el origen ilícito de los fondos.
Pero para el grueso de la opinión pública, esas diferencias son sutiles, falaces o no existen. La cosa es simple y en blanco o negro: -¿Te dio o no te dio plata Odebrecht? -Sí. -Ok, fuiste. Debo decir que hoy para mí también es igual de extremo.
(…)
Villarán estaba entre nosotros y la mafia, y un montón de gente le creyó.
(…)
¿Ninguno dentro de la campaña del No se dio cuenta de que esta pasó de la existencia precaria a la opulencia de un día para otro?


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