ESTA NOCHE,
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MEDIA COLUMNA
La letra r
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El vocero oficial de la mayoría parlamentaria en el Congreso pidió hoy la
renuncia del presidente de la República.
No lo hizo de frente, sino oblicuamente, sin mencionar la mala palabra
que comienza con la letra r.
El gesto buscaba pasar por acto de generosidad, como diciendo vete,
antes de que te botemos. Pero la espada de Damocles de la vacancia presidencial
ha estado sobre la cabeza de Kuczynski desde el primer día. Ha aparecido
recurrentemente en un número de ocasiones. Esa amenaza no es un secreto para
nadie. Ha estado siempre allí.
Lo que pasa es que es operativamente difícil de montar y peor,
políticamente peligrosa de asumir.
Por eso es que, aun si la información llegada de Brasil comprometiera al
Presidente, esgrimirla hoy, súbitamente, para demandar su renuncia parece un pretexto hallado al paso para una decisión tomada de antemano.
La oposición quiere que Kuczynski se vaya solo, huye de la
responsabilidad de empujar la vacancia o pedir siquiera su renuncia con todas
sus letras. Teme que se le pueda reclamar mañana su responsabilidad en la
desestabilización política de un gobierno necesitado de un respaldo que no está
dispuesta a darle.
Tira la piedra y esconde la mano. Esa es la triste impresión, al menos, que
ha ofrecido a la opinión pública el vocero del primer partido de la oposición.
Lo delata la vergüenza con que esconde la letra r, la avidez con que alude a la
palabra sin atreverse a pronunciarla.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
La constructora Odebrecht realizó
siete pagos por un total de US$782.207 a la empresa Westfield Capital, según
documentos remitidos por el representante de la firma brasileña en el Perú
Mauricio Cruz a la comisión que investiga el Caso Lava Jato.
La presidenta, Rosa Bartra (FP) dijo que “la empresa
Westfield es de propiedad [del jefe de Estado] o por lo menos figura como su
presidente”, manifestó. Esta versión coincide con la declaración
jurada de intereses presentada por Kuczynski.
Las siete asesorías que Westfield Capital dio a
Odebrecht se dieron entre noviembre del 2004 y diciembre de 2007. Dos de ellas están
relacionadas a la carretera Interoceánica norte. Por estas, la empresa recibió
US$717.570.
Karina Beteta, integrante de la Comisión, señaló que,
ante la negativa de PPK de recibir al grupo investigador, se acordó dar a
conocer la información remitida por Odebrecht.
El Comercio
Encabezados por su vocero Daniel
Salaverry, congresistas de la bancada de Fuerza Popular realizaron esta tarde
un pronunciamiento desde el Congreso dirigiéndose al presidente Pedro Pablo
Kuczynski. “El país, señor Kuczynksi, ya está cansado de sus mentiras. Ya no
quiere más explicaciones. Señor Kuczynski, el país no solamente le ha perdido
la confianza a usted sino a su gobierno. Su situación es muy delicada. Y
creemos que ha llegado el momento de que usted reflexione y que tome una
decisión pensando en qué es lo mejor para los peruanos”, dijo Salaverry.
El
portavoz del fujimorismo no aclaró a qué se refiere con que el mandatario
reflexione y tome una decisión pensando en lo mejor para el país. Emitió el
pronunciamiento y se retiró sin responder preguntas de la prensa.
El martes, Salaverry
emplazó al presidente. “Espero, señor Presidente, como lo esperamos todos los
peruanos, que usted deje de esconderse tras el sillón presidencial, que dé la
cara”, dijo. “Esperamos que usted hable con la verdad, que deje de mentir,
señor Kuczynski. Fuerza Popular va a continuar esta lucha frontal contra la
corrupción caiga quien caiga. Caiga quien caiga”, añadió.
El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
informó esta tarde que tiene la disposición de reunirse con la Comisión Lava
Jato del Congreso. Hizo el anuncio a través de una comunicación con RPP, luego
de que Rosa Bartra, titular del grupo parlamentario, diera cuenta de la información
remitida por Mauricio Cruz, directivo de Odebrecht en el Perú.
“Si bien en un inicio consideré basado en
la opinión de destacados constitucionalistas no responder presencialmente a los
requerimientos de la Comisión Lava Jato del Congreso, he tomado nota del sentir
ciudadano mayoritario que cree conveniente que me reúna con los integrantes de
dicha comisión”, refirió el jefe de Estado. Al respecto, mencionó que ha
dispuesto se efectúe la coordinación respectiva para fijar hora y fecha.
Se
refirió a la información revelada por Bartra, “dándose a entender que los
montos ahí mostrados serían pagos de honorarios hacia mi persona”. “He
trabajado durante 57 años de mi vida. Los ingresos que tuve como profesional
están debidamente registrados, tributados y bancarizados. No hay nada indebido
en ello. Reitero lo que ya dije en más de una oportunidad: en toda mi trayectoria
como funcionario público jamás he favorecido a empresa alguna. Estoy dispuesto
a aclarar todo lo que se tenga que aclarar ante el Congreso y ante el
Ministerio Público, pues no tengo nada que ocultar”, sentenció.
El Comercio
El fiscal José Pérez Gómez formalizó su pedido ante la
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones (UCJIE) del
Ministerio Público para que se tramite con Brasil la toma de declaración a
Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú.
Ello en el marco de la investigación por lavado de
activos que se le sigue a Keiko Fujimori a raíz de los aportes
a su campaña electoral del 2011.
El Comercio
Por disposición del fiscal titular de la Segunda
Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori ha sido citada para el próximo 20
de diciembre a las 10 a.m.
Ella había sido citada para el pasado 7 de diciembre.
Sin embargo, pidió reprogramar la diligencia ante el allanamiento a dos locales
de su partido.
El Comercio
La agrupación dirigida por Keiko
Fujimori envió el lunes pasado al Ministerio Público sus
observaciones al allanamiento de sus locales partidarios. El folio, que lleva
la firma de José Chlimper, consta de 29 páginas y está dirigido al Quinto
Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, donde se investiga a
Fujimori Higuchi.
Fuerza Popular explica allí que considera que la diligencia fue
arbitraria. “En plena democracia, la fiscalía decidió allanar locales de la
primera fuerza política del Perú con el silencio cómplice de un sector”,
sostiene.
1. Doble contabilidad
Fuerza Popular niega haber manejado una doble contabilidad o una contabilidad paralela y afirma que hay desconocimiento negligente o doloso del Ministerio Público de los principios de contabilidad. “Hoy la tecnología hace que las partidas, asientos contables y otros se hagan a través de hojas sueltas, que son legalizadas y foliadas”, sostiene. Reafirman que han presentado la información contable y financiera cuando esta ha sido requerida por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, así como al Ministerio Público.
Fuerza Popular niega haber manejado una doble contabilidad o una contabilidad paralela y afirma que hay desconocimiento negligente o doloso del Ministerio Público de los principios de contabilidad. “Hoy la tecnología hace que las partidas, asientos contables y otros se hagan a través de hojas sueltas, que son legalizadas y foliadas”, sostiene. Reafirman que han presentado la información contable y financiera cuando esta ha sido requerida por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, así como al Ministerio Público.
2. Incongruencias con los libros
Ante el cuestionamiento fiscal de que el libro de Fuerza Popularpresentado en el dictamen pericial no coincidiría con el libro mostrado al Ministerio Público, contesta que “es un dato errado en la medida que el Libro Caja que se entregó a la Dirila de la PNP para que elaboren el dictamen pericial es el mismo que se entregó al Ministerio Público, aspecto que se podrá corroborar con los originales que fueron incautados en la diligencia de allanamiento”, se apunta.
Ante el cuestionamiento fiscal de que el libro de Fuerza Popularpresentado en el dictamen pericial no coincidiría con el libro mostrado al Ministerio Público, contesta que “es un dato errado en la medida que el Libro Caja que se entregó a la Dirila de la PNP para que elaboren el dictamen pericial es el mismo que se entregó al Ministerio Público, aspecto que se podrá corroborar con los originales que fueron incautados en la diligencia de allanamiento”, se apunta.
3. Facturas por publicidad no registradas
El Ministerio Público sostiene que existen facturas por publicidad electoral a favor de Fuerza Popular no registradas en cuentas o anotaciones en los libros exhibidos. La agrupación responde que “en la campaña del 2011… cada candidato contrató su propia publicidad o pauta en medios de comunicación sin conocimiento del partido político” y que “los mismos candidatos han efectuado los pagos correspondientes".
El Ministerio Público sostiene que existen facturas por publicidad electoral a favor de Fuerza Popular no registradas en cuentas o anotaciones en los libros exhibidos. La agrupación responde que “en la campaña del 2011… cada candidato contrató su propia publicidad o pauta en medios de comunicación sin conocimiento del partido político” y que “los mismos candidatos han efectuado los pagos correspondientes".
4. Aportantes sin registrar
La fiscalía estableció en su auto de allanamiento que Fuerza Popular ha señalado los nombres de los aportantes al partido, pero que estos no se encuentran registrados con esos nombres en su libro de ingresos por aportes. “Todos y cada uno de los aportantes cuestionados están debidamente registrados e identificados en el Libro de Caja […] A mayor sustento, debe tenerse presente que la ONPE no validaría a un aportante/aporte que no estuviera registrado”, dice el partido político.
La fiscalía estableció en su auto de allanamiento que Fuerza Popular ha señalado los nombres de los aportantes al partido, pero que estos no se encuentran registrados con esos nombres en su libro de ingresos por aportes. “Todos y cada uno de los aportantes cuestionados están debidamente registrados e identificados en el Libro de Caja […] A mayor sustento, debe tenerse presente que la ONPE no validaría a un aportante/aporte que no estuviera registrado”, dice el partido político.
5. Aportantes sin solvencia económica
El Ministerio Público insiste en que Fuerza Popular ha presentado nombres de sus aportantes, sin embargo, estos no tendrían la solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado. La agrupación responde que los aportes se bancarizan y se colocan en los libros contables. La validación de la idoneidad de cada aportante no se realiza sobre su situación económico financiera “lo cual sería inviable”, concluye el documento.
El Ministerio Público insiste en que Fuerza Popular ha presentado nombres de sus aportantes, sin embargo, estos no tendrían la solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado. La agrupación responde que los aportes se bancarizan y se colocan en los libros contables. La validación de la idoneidad de cada aportante no se realiza sobre su situación económico financiera “lo cual sería inviable”, concluye el documento.
El Comercio
La bancada oficialista ha pedido formalmente que Rosa
Bartra sea removida como presidenta de la Comisión Lava Jato por la “secuela
reiterada de acontecimientos que ponen en tela de juicio la imparcialidad,
ponderación y objetividad con que tiene que actuar una comisión investigadora”.
El Comercio
La bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) anunció
su renuncia a tener representación en la Comisión de Ética, sumándose así a la
decisión de Yonhy Lescano (Acción Popular) de alejarse de dicho grupo
parlamentario.
El Comercio
Los legisladores de la Comisión Lava Jato que
interrogaron al ex presidente Alan García le plantearon en su mayoría interrogantes genéricas y de
opinión personal acerca de las coimas que Odebrecht entregó durante su
gobierno.
Esos pagos fueron de casi US$8 millones, según reveló
Jorge Barata, por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro
de Lima.
Según la investigación fiscal, entre las personas
sobornadas estuvieron el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y el ex
miembro del comité de licitación del metro de Lima Edwin Luyo, ambos con
prisión preventiva. Alan García negó
que hubiera recibido alguna coima, directa o indirectamente, de la firma
brasileña.
El ex mandatario pidió disculpas por el hecho de que
“felones”, en alusión a Cuba y Luyo, hubieran “ensuciado este proyecto”, y
aseguró que él se limitó a impulsar la obra.
Lamentó no haberle preguntado a Barata “por qué tenía
que pagar si el deseo del gobierno era hacer la obra”, y aseguró que si hubiera
tenido conocimiento de las coimas, lo habría denunciado a la fiscalía.
Según reveló Barata en su momento, Cuba les ofreció “crear
una serie de condiciones técnicas” para que pudieran “tener mayor puntaje
técnico y con eso ser beneficiados en el proceso de licitación”.
Sobre el nombramiento de Cuba, Alan García dijo que fue
responsabilidad del ex ministro de Transportes Enrique Cornejo, y que a este le
corresponde responder por qué Cuba tuvo injerencia en Transportes cuando su
despacho era Comunicaciones.
García incluso descartó que sobre el proyecto del metro
de Lima hubiera existido “inflación de precios”. No obstante, IDL-Reporteros
reveló que el 2013 la contraloría detectó incrementos entre el valor adjudicado
y el presupuesto de la obra. Según el órgano de control, la diferencia en el
tramo 1 fue de 26,5% y en el tramo 2 de 54,4%.
Según Odebrecht, el líder aprista incentivó a la
constructora a ejecutar el gasoducto sur peruano, previamente desarrollado por
la empresa Kuntur.
García desmintió el último testimonio de Marcelo Odebrecht a
fiscales peruanos en Curitiba (Brasil) en el que afirmó que la anotación
“Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG, etc”, escrita en la agenda de su
celular, se refería a él. Agregó que “AG” podría corresponder a Alejandro
Gómez, responsable de la oficina de Odebrecht en Suiza, desde la que se pagaban
sobornos a cambio de licitaciones, o la constructora Andrade Gutierrez. Reiteró
que en ningún caso “AG” se consigna junto a apuntes de dinero.
Además, descartó cualquier cercanía o relación amical
con Odebrecht y Barata. Con el segundo afirmó que fue “estrictamente de
carácter funcional”, y sobre el primero dijo que lo vio pocas veces y que
Barata se lo presentó en el 2006.
El Comercio, editorial
Mientras
que la investigación fiscal sobre el origen de los fondos de la campaña
electoral de Fuerza
Popular (FP) en el 2011 y el posible aporte de la
constructora Odebrecht a ese partido continúa su curso, las repercusiones
políticas de las recientes pesquisas ejecutadas por el Ministerio Público han
brotado con energía en los últimos días.
No han
sido pocas las voces que desde el Congreso se han alzado para cuestionar, en
particular, la presencia de la legisladora Rosa
María Bartra en el allanamiento de uno de los locales
de Fuerza Popular el
último jueves, debido al rol que también desempeña como presidenta de la
Comisión Lava Jato.
Ayer
la bancada de Peruanos por el Kambio solicitó formalmente la remoción de la
congresista Bartra de
su cargo como presidenta de la comisión. Este pedido llegó luego de que, el
lunes, Gino Costa (Peruanos por el Kambio), integrante de la Comisión Lava
Jato, planteara que la cuestionada parlamentaria explique su participación en
los hechos, una moción que fue rechazada por dos votos (Karina Beteta de FP y Mauricio Mulder del Apra)
contra uno (Gino Costa), y una abstención (Jorge Castro del Frente Amplio). Por
su parte, representantes de Alianza para el Progreso (Gloria Montenegro) y
Acción Popular (Yonhy Lescano), entre otros, también han propuesto la renuncia
de Bartra, y la bancada del
Frente Amplio ha solicitado formalmente su dimisión.
Desde FP, sin embargo, han defendido a Bartra. “A mí me avisan que están
allanando este local, yo vengo. Antes que nada somos militantes. [Bartra] ha llegado a ser presidenta
[de la Comisión Lava Jato] porque es militante de un partido”, ha declarado Luz
Salgado. Y en forma similar, Karina Beteta ha añadido: “[Gino Costa] no sabe lo
que es ser integrante y militante de un partido. O sea, allanan mi casa y tengo
que ir y aplaudir y no hacer ninguna acción […] La congresista Bartra y todos los que estamos
aquí somos políticos, no somos jueces”.
No
obstante, ni la condición política de los congresistas ni el derecho a acudir a
su local partidario durante un allanamiento han sido objeto de discusión. Lo
que está en entredicho es la idoneidad de que se mantenga a la cabeza de una
comisión investigadora quien, en un fuero paralelo y por hechos vinculados, ha
dejado más bien la impresión de actuar alineada con los intereses de una
agrupación que es objeto de indagación.
Después
de todo, no parece ser la escasez de recursos humanos, sino más bien las
aceleradas pulsaciones políticas lo que habría motivado que la presidenta de
una comisión que constantemente cita a políticos y ex funcionarios cambie
temporalmente el ropaje de incisiva inquisidora por el de acuciosa supervisora
de parte –con cámara de celular en mano– de un allanamiento judicial.
Los
fallidos intentos que desde tienda naranja han surgido para explicar o restar
importancia a la presencia de Bartra durante
la pesquisa hacen más palpable lo inoportuna que esta resultaba. Así, la
convocatoria a una supuesta reunión en el local de FP que no tenía nada que ver con el allanamiento (dato que no
se corresponde con las alertas que algunos militantes fujimoristas habían
difundido con anterioridad sobre la diligencia que ya se realizaba en sus
inmuebles), y la versión –según José Chlimper– de que la presidenta de la
Comisión Lava Jato solo “llega a la puerta, toma unas fotos y se retira”
(desmentida por el video de la diligencia difundido por “Cuarto poder” el
domingo) demuestran que en FP han
tomado extemporánea conciencia del problema entre manos.
No es la primera vez que los integrantes de la Comisión Lava Jato no dan la impresión de ser imparciales en sus pesquisas, y ya muchas veces hemos criticado lo inoportuno que resulta tener a políticos investigando a sus rivales y aliados políticos. De hecho, la propia Bartra ya había sido objeto de cuestionamientos por sus tibias declaraciones en torno a la necesidad y oportunidad de las citaciones a Keiko Fujimori y Alan García, y su comportamiento más bien benevolente durante la concurrencia de la lideresa de su partido. Pero si no quieren perder los últimos resquicios de legitimidad a vista de la opinión pública, cuando menos los integrantes de dicha comisión deberían cuidar las apariencias y, más bien, empezar a dar gestos de neutralidad.
No es la primera vez que los integrantes de la Comisión Lava Jato no dan la impresión de ser imparciales en sus pesquisas, y ya muchas veces hemos criticado lo inoportuno que resulta tener a políticos investigando a sus rivales y aliados políticos. De hecho, la propia Bartra ya había sido objeto de cuestionamientos por sus tibias declaraciones en torno a la necesidad y oportunidad de las citaciones a Keiko Fujimori y Alan García, y su comportamiento más bien benevolente durante la concurrencia de la lideresa de su partido. Pero si no quieren perder los últimos resquicios de legitimidad a vista de la opinión pública, cuando menos los integrantes de dicha comisión deberían cuidar las apariencias y, más bien, empezar a dar gestos de neutralidad.
El
Comercio
Manual
para no vacar a PPK
Fernando
Vivas
Cunde
el alarmismo. Mi tocayo Rospigliosi vaticina el inexorable
fin anticipado de PPK y
le sugiere que cruce el ‘puente de plata’ que el fujimorismo le ha tendido a
través de Yeni Vilcatoma: que renuncie.
O sea, no me vaquen que ya me voy.
Mi
amigo Jorge ‘Koki’ Morelli es más optimista. Ha trazado un calendario de los
hitos que salvarán a PPK:
ahorita nos distraerán las fiestas, luego lo bendecirá el Papa, en abril
vendrán en su ayuda los presidentes invitados a la Cumbre de las Américas,
después todos somos Perú en el Mundial, ya mismo llegan las
elecciones regionales y municipales, ampay se salva. De ahí, Dios proveerá
hasta que ya sea muy tarde y poco práctico sacarlo. Este ‘wishful thinking’ de
Morelli incluye una figura dramática: “Terminará el 2021 aunque haya que
cargarlo hasta la meta”. Lo que no dice el buen Koki, fujimorista primigenio,
es que entre los hombros que carguen al agónico presidente estaría el de un
indultado Alberto enseñándole
a su ingrata hija que a un viejo presidente se le respeta.
El Montonero, órgano no oficial del fujimorismo concertador,
postula un pacto de gobernabilidad PPK-Keiko.
Yo también creo que este par tiene que juntarse; pero discrepo en que, como
sugieren los montoneros, deba rodar la cabeza del fiscal Pablo
Sánchez. Ya no sería pacto político, sino enjuague. Eso sí, jueces y
fiscales deben poner de su parte para evitar los abusos de judicialización
política que están cometiendo.
Mi
manual chiquito: anunciar la intención de un acuerdo (pacto suena feo para
muchos) de gobernabilidad y anticorrupción entre Gobierno y oposición,
respetando a la justicia. Pero, ojo, PPK no sería el único sujeto del acuerdo. Su figura se
seguirá debilitando y si su entorno no le pone límites, volverá a incurrir en
penosas declaraciones como las que dio el sábado pasado en RPP. Echó la culpa a
todos (Congreso, medios, justicia) de su miopía política que ni siquiera le
permite agitar algunas prioridades sin boicotear la próxima delegación de
facultades: reconstrucción, agua para todos, reformas en salud.
Por lo
tanto, la única posibilidad de que no caduque antes del 2021 es la de un PPK acotado por la primera
ministra y su Gabinete. Aun si Meche
Aráoz durara menos que él, la gobernabilidad se mantendría si
su sucesor, Martín
Vizcarra o cualquier otro, sabe contenerlo dentro de sus
límites.
No
divago. La bancada ppkausa me dio la razón ayer al cuestionar a Rosa
Bartra para evitar así que PPK reciba a la Comisión
Lava Jato que ella preside. Sincérense, atribulados
ppkausas: si no lo creen capaz de responder a ese grupito de congresistas, es
que tampoco lo creen capaz de gobernar. De una buena vez, que venga el acuerdo,
con bailecito presidencial hacia el costado.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
Este jueves 14 de diciembre, la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales evaluará el informe que presentará el congresista
de FP César Segura sobre la denuncia contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Dicho informe plantea destituir al magistrado Eloy
Espinosa-Saldaña e inhabilitarlo por 10 años. También propone suspender por 30
días a Marianella Ledesma y Carlos Ramos, mientras absuelve de los cargos a
Manuel Miranda.
El Comercio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
admitió a trámite el pedido de medidas provisionales a favor de la estabilidad
de los puestos de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC)
que enfrentan una acusación constitucional en el Congreso.
El pedido de medidas provisionales que será evaluado
por la Corte IDH comprende a los magistrados Manuel Miranda (presidente del
TC), Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
Tras admitir el documento, la corte internacional ha
solicitado al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) enviar a más tardar el 14 de diciembre sus observaciones frente a esta
medida.
