ESTA NOCHE sábado 22 diciembre 2018 s

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Ni palo ni zanahoria

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
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La bancada de mayoría en el Congreso tiene ahora que luchar por su supervivencia. Es posible que la censura de la Mesa de Salaverry, sin embargo, no sea el camino para lograrlo. Para comenzar, no está claro que la bancada tenga los votos para hacerlo y, si no lo consigue, puede partirse de nuevo.

En lo inmediato, si se crean las dos bancadas pendientes -la de los Avengers especialmente-, la composición de la Junta de Portavoces va a cambiar y la primera bancada de la oposición va a perder la mayoría en ella. Y con ello va a perder el control de la agenda del Congreso, porque la Junta de Portavoces decide la agenda.

Perdería también su mayoría en las comisiones parlamentarias, las de castigo especialmente: Etica, Acusaciones Constitucionales y  Fiscalización.

Como se sabe, el burro camina con una mezcla bien dosificada de palo y zanahoria. Cuando la zanahoria no basta, ahí está el palo. Perdida la mayoría en esas comisiones, sin embargo, ya no hay palo para castigar a los rebeldes. 

Y tampoco hay zanahoria en adelante. El incentivo menor para que el partido se hiciera obedecer por la bancada era ofrecer presidencias de comisiones parlamentarias. Ahora habrá menos comisiones que ofrecer. Ha desaparecido tambien la zanahoria mayor: a cambio de obediencia, el puesto en la lista parlamentaria a la reelección. Ya no hay reelección.  

Los partidos se han quedado, pues, sin palo y sin zanahoria con qué hacerse obedecer. En adelante las bancadas les harán caso solo cuando coincidan libremente.

Thomas Hobbes fundó el Estado moderno sobre el principio de autoridad, pero el segundo piso lo construyó John Locke sobre el principio de la libertad de los ciudadanos frente a la autoridad, cualquier autoridad, la del Estado o la del partido. (El tercero lo construyó Karl Marx sobre el principio de la igualdad).

He ahí en breve la historia del Estado moderno, forjada a fuego en los últimos 300 años. La pugna entre el partido y la bancada no podía terminar de otra manera que con el triunfo de la libertad de conciencia sobre la autoridad. Nada va a prevalecer en su contra.

  

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ESTA NOCHE miércoles 19 diciembre 2018

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La bancada se saca

de encima al partido

Jorge Morelli

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Luego de dos años y medio de guerra sin cuartel, el enfrentamiento ha concluido por fin con la derrota aplastante del Congreso por el poder Ejecutivo. Esta derrota, además, no es un hecho pasajero del que uno se puede recuperar eventualmente. Es permanente hasta que las nuevas reglas sean modificadas.

Debido a la no reelección parlamentaria ordenada por el pueblo peruano en la consulta del referéndum, en adelante los partidos presentarán a quienes integren sus listas parlamentarias, ya sea por elección partidaria interna o por invitación, como manda la ley. Pero el cambio que ha invertido el mundo es que, una vez elegidos los parlamentarios y ubicados en su curul, en adelante y desde el primer día obedecerán las instrucciones del partido solo si libremente lo desean.

La razón es muy sencilla. No existiendo reelección posible, los partidos han perdido materialmente la facultad de ejercer una autoridad vinculante sobre la bancada. Pueden llevar a sus miembros a una curul, pero no podrán controlar sus votos. Ya no tienen a su alcance la herramienta de la reelección como incentivo para la obediencia. Tampoco tienen cómo excluir a los rebeldes, porque la bancada cerrará filas en su defensa sin ninguna consecuencia. El partido solo puede ofrecer un puesto en la lista parlamentaria de la elección subsiguiente, porque los congresistas están de antemano y constitucionalmente excluidos de la elección siguiente.

Así, no bien concluye cada elección parlamentaria, lo que los partidos podrán hacer es comenzar de nuevo la tarea de reclutar por todo el país candidatos. Las tareas de legislar, fiscalizar y representar están ahora fuera de su alcance. Pertenecen a la bancada, virtualmente autónoma y ajena a la férula partidaria.

¿Es negativo todo esto? No necesariamente. La libertad de conciencia gana una batalla y también el principio constitucional de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, que se respetará en adelante.

Lo irónico es que por años se habló de fortalecer a los partidos y, al cabo, estos se mutilaron por mano propia. Creyeron poder burlar por la ventana de la bicameralidad la puerta cerrada de la reelección, y no dieron batalla política en defensa de la reelección, lo que habría sido legítimo aunque no fuera popular. Con ello renunciaron sin advertirlo a la autoridad vertical del partido sobre la bancada. En adelante, tendrán que persuadir a los congresistas.   

Desde luego, los partidos tienen otros recursos para hacerse obedecer. Pueden no llevar a los rebeldes a la elección subsiguiente, aunque suena como una amenaza lejana. Pueden enviarlos a Etica o a Acusaciones Constitucionales o a Fiscalización, motivos nunca faltan. Pero esos recursos carecerán de legitimidad ante la opinión pública.

Así, pues, la no reelección tiene el efecto no deseado ni previsto de permitir a la bancada sacarse al partido de encima. Extraño desenlace de un conflicto de poderes que, para comenzar, nunca tuvo ninguna necesidad.   

  

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ESTA NOCHE sábado 15 diciembre 2018

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El 5 de abril de Martín Vizcarra

Jorge Morelli

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Vizcarra se ha ganado la confianza del pueblo y de las empresas, pero no la de los partidos.

Terminada la batalla con el Congreso, que ha durado dos años y medio, Vizcarra va a poder poner algo de orden en los dos años y medio que quedan. ¿Qué necesitan las empresas si no es una atmósfera predecible para la inversión? Por poco que logre Vizcarra en ese sentido siempre será mucho mejor que la incertidumbre de la guerra anterior. Ahora, los partidos han perdido el poder en el Congreso y el gobierno va a tener una mayoría parlamentaria.

¿Por qué desconfían los partidos de Vizcarra? Desde la izquierda a la derecha, han presenciado la aparición de un rival. Se apresuran a descalificarlo. Denuncian que ya se instaló el autoritarismo si es que no la dictadura. Muestran miedo.

Es cierto que ha habido una especie nueva de golpe de Estado no tradicional. Uno sin gente en la calle. Pero lo ha hecho constitucionalmente. La consulta popular puede ser una herramienta peligrosa, pero está en la Constitución y Vizcarra no se ha salido de las reglas.

Como solía decir Ronald Reagan, entonces, “no se discute con el éxito”. Pero igual los partidos se adelantan a denunciar la supuesta ilegitimidad del referéndum. La pesadilla de los partidos es que Vizcarra vaya a la reelección el 2021. Eso requeriría una "interpretación auténtica" del Jurado Nacional de Elecciones. Pero esto daría nacimiento a un segundo vizcarrismo con un déficit de legitimidad que haría la gobernabilidad imposible.

Vizcarra no lo sabe, pero es actor del personaje central de un guión pre escrito. El golpe estaba cantado luego de dos años y medio de una guerra insensata, en la que el Congreso sometió al Ejecutivo. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia del Perú y seguirá ocurriendo mientras no haya un verdadero equilibrio de poderes. El referéndum ha sido la reacción ante ese estado de cosas. Es el 5 de abril de Martín Vizcarra.

Se veía venir. El guión es el siguiente: en nuestra democracia de baja gobernabilidad, sin equilibrio de poderes, el Ejecutivo necesita una mayoria parlamentaria propia o prestada o no podrá gobernar. Tradicionalmemte,el golpe ha sido para cerrar el Congreso cuando la mayoria propia o prestada es imposible. El 5 de abril de Vizcarra ha conseguido la mayoria parlametaria sin cerrar el Congreso. Es una jugada peligrosa al borde de las reglas, pero sin romperlas.

Esa es la razón por la que los partidos no confían en él.

  

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ESTA NOCHE miércoles 12 diciembre 2018

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La alianza con el pueblo

(contra el parlamento)

Jorge Morelli

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Martín Vizcarra va a necesitar una interpretación auténtica si quiere postular a la reelección en el 2021.

No es una buena idea. Si se empeña en ello, el ensayo acabará mal. Su eventual segundo gobierno nacería con la falla estructural de una legitimidad manchada, que la oposición le echará en cara cada día durante cinco años. La vacancia se balancearía sobre su cabeza como una espada de Damocles.

Pero como las furias son malas consejeras, eso es probablemente lo que intentará. No querrá esperar hasta el 2026, como aconseja el sentido común, porque la oportunidad es ahora y mañana quién sabe. Luego de haber jubilado al Congreso con el argumento de que la reelección es indeseable, dirá que la excepción a la regla es el Presidente de la República.

La fórmula política es vieja desde hace siglos: la alianza del gobernante con el pueblo contra la nobleza, representada por el Congreso.

Esa alianza existe tácita o explícitamente en la historia polóitica desde que Julio César cruzara el Rubicón y pusiera fin a la República de Roma dando paso al Imperio romano. La alianza del pueblo con el rey contra la aristocracia o el parlamento es la historia central en el nacimiento del Estado moderno, en Francia e Inglaterra en el siglo XVII.

La estrategia estuvo igualmente detrás del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte contra el Directorio en 1799, llamado el 18 Brumario según el calendario de la Revolución Francesa. La alianza del Emperador con los pueblos fue el fundamento de su poder y la esencia de su mensaje a lo largo de todas sus guerras de “liberación” de los pueblos europeos.    

Y la misma estrategia estuvo igualmente detrás del segundo bonapartismo magistralmente caracterizado por Karl Marx en “El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte”, cuyo famoso párrafo inicial decía, parafraseando a Hegel, que “la historia se repite, pero la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”.

El profesor canadiense Maxwell Cameron ha querido evocar la misma alianza en el título de su ensayo “El 18 Brumarío de Alberto Fujimori”.

¿Evoca Martín Vizcarra a Alberto Fujimori en la memoria de los peruanos? Cualquier encuesta podría averiguarlo. Vizcarra descubrió el pasado 28 de julio, luego de su mensaje al Congreso, el potencial de la alianza del gobierno con el pueblo contra la odiada “nobleza” parlamentaria, y lo confirmó al día siguiente, luego del desfile militar, cuando el pueblo le gritaba en la calle: “cierra el Congreso”.

Vizcarra ha ganado la batalla. Tan completamente que no le hace falta ya cerrar el Congreso siquiera. Gobernará en adelante contando con una mayoría parlamentaria. Desde el momento en que no hay ya reelección, nadie puede ofrecer a los congresistas actuales puestos en una lista parlamentaria. La prioridad de estos en la segunda mitad del quinquenio será buscar el favor del gobierno para llevar obras a sus circunscripciones. Es la manera de volver en el 2026. O sea, un canje tácito de votos por obras hará posible la gobernabilidad en la segunda mitad de este accidentado período de gobierno.  

Martín Vizcarra tiene éxito hoy en esta alianza vieja como el tiempo, pero la experiencia enseña que, si mañana fuerza su reelección, pondrá su destino en manos de sus enemigos. 

  

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ESTA NOCHE sábado 8 diciembre 2018

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El éxodo caviar no basta

Jorge Morelli

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Renunció el ministro de Trabajo luego del discurso de su jefe en CADE, donde el Presidente dijo que en el 70% de informalidad existente en el mercado laboral “uno de los factores es el alto costo laboral no salarial” ante el que “el empleador opta por contratos temporales que desprotegen al trabajador”. Habló de construir los consensos políticos y sociales necesarios para la generación de empleo formal. “Aunque muchos tienen miedo de enfrentarlo, lo estamos haciendo”, remató el Premier al día siguiente.

Más claro no canta el gallo. Era un llamado a la necesidad de la reforma, al que el ministro reaccionó mal. Dijo que el Presiente solo estaba iniciando un debate para el cual la opinión del Premier era un insumo. Añadió que no existe ningún plan de reforma, que el Consejo Nacional del Trabajo tendría que estudiarlo, y que se mantendría en el puesto mientras el Presidente quisiera. Horas después presentó su renuncia.       

¿Significa la salida del ministro una redefinición de la línea política del gobierno?

No necesariamente. El éxodo caviar es una constante en todos los gobiernos. El entrismo los lleva siempre a hacerse reclutar por toda nueva administración a cambio de ministerios. Luego de algún tiempo de trabar toda reforma, obstaculizar el avance del país y pelearse con el resto del gabinete, terminan saliendo del gobierno dejando atrás la Tierra Prometida para volver al desierto. No hay nada que lamentar en la salida de los caviares del gobierno de Vizcarra.

Lo importante sería que el gobierno decida acometer la reforma. Bastaría, en tal caso, con que se allane a modificar, con el Tribunal Constitucional, la regla vigente de la reposición como compensación por el despido. Es la primera preocupación de los empresarios. Lo que corresponde a cambio del despido es la indemnización. Las situaciones posibles son muchas. No es lo mismo una discrepancia con el empleador que el caso de la empresa que necesita despedir al borde de la quiebra. Los laboralistas saben muy bien las causales. Ese no es el tema.

El asunto es que la discrecionalidad para imponer la reposición es una mala trampa que ha obstaculizado la evolución de las empresas peruanas y, en última instancia, frenado la economía por décadas desde que el Tribunal Constitucional dispusiera esa arbitrariedad. Es una de las peores decisiones de la historia económica del Perú.   

Y ha llegado el momento de tomar al toro por las astas. El éxodo ritual de la caviarada no es prueba suficiente. Siempre se van del gobierno dejando sembrados tras de sí en lugares clave a expertos en que las reformas se traben y terminen en el pantano. En efecto, hoy la meta de la izquierda caviar y radical es impedir a como dé lugar la inversión en el Perú de los cien mil millones de dólares o más que hacen falta para entrar a la economía global del siglo XXI.

  

Por lo mismo, si el Presidente ha tomado ya la decisión política de liderar la reforma que destraba la inversión, basta eso para justificar su gobierno.

 

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ESTA NOCHE miércoles 5 diciembre 2018

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Delatores premiados

Jorge Morelli

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Según parece, el anunciado acuerdo del Estado peruano con Odebrecht permitiría obtener de los funcionarios de la empresa brasileña nuevas evidencias de corrupción contra políticos y funcionarios peruanos.

 

A cambio, en primer lugar, el acuerdo permitiría a la empresa brasileña vender sus activos en el país, que ascenderían a unos 4,500 millones de dólares. Un caso típico sería el caso de la hidroeléctrica de Chaglla, que Odebrecht ha negociado vender al consorcio China Three Gorges por unos 1,300 millones de dólares, y que espera solo la firma del acuerdo con el Estado para proceder. La empresa y el Estado se repartirían en partes iguales el importe de la venta. La mitad del Estado iría a un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación donde quedaría depositado provisionalmente como garantía del pago de una reparación civil.

 

El Perú estaría pactando con la empresa, en segundo lugar, el pago de la reparación civil por los actos contra el Estado peruano, cuyo monto hasta el momento no se conoce. En algún momento se estimó que el importe de la reparación civil sería una cifra aproximada al monto que quedaría en garantía en el fideicomiso del Banco de la Nación luego de la venta de Chaglla.

 

En tercer lugar, el Estado permitiría a la empresa brasileña seguir operando en el Perú.

 

La empresa estaría reconociendo, en cuarto lugar, que pagó sobornos en siete megaproyectos únicamente, y el Perú aceptaría ese hecho.

En quinto lugar, el Estado estaría asegurando a los ejecutivos brasileños que entreguen la información requerida lo que la prensa llama "excepciones de pena”, es decir la garantía de que no serán procesados en el Perú por lo que revelen. Es un valor entendido, además, que sus declaraciones no tendrán validez en Brasil y no pondrán en peligro, por lo tanto, su status de “delatores premiados” ante la justicia de su país.

 

A cambio de todo lo anterior, como se dijo líneas arriba, los ejecutivos brasileños entregarían nuevas evidencias contra políticos y funcionarios peruanos en el pago de sobornos. Se les estaría tomando sus declaraciones en enero.

 

¿Es esta una negociación equitativa? La pregunta es retórica, porque la verdad no tiene precio y no es negociable.

 

Los clásicos fundadores de la sociología y la historia del Derecho -Emile Durkheim, especialmente- escribieron que las sociedades evolucionan desde lo que llamaron el “derecho retaliatorio” hacia el “derecho restitutivo”. Como su nombre indica, se trata nada menos que de la transición del derecho primitivo -el de la Ley del Talión del “ojo por ojo y el diente por diente” que caracteriza a toda la justicia de la Antigüedad desde el Código de Hammurabi- a una justicia moderna que, sin poner como cuestión previa por delante el castigo de los culpables, se orienta a restituir en lo posible el estado de cosas anterior para reparar el daño infligido.

 

Es necesario tomar perspectiva para reflexionar en torno a esta pregunta: ¿no es el de la justicia restitutiva el principio que se halla detrás -y la justificación última, además- de la institución de la colaboración eficaz? Nunca es negociable la verdad. Pero hoy sí lo son el castigo y la reparación.

 

Lo justo y no solo lo práctico, sin embargo, es resolver primero el problema y buscar al culpable después. Nunca a la inversa. No pongamos la culpa por delante de la verdad.

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ESTA NOCHE sábado 1 diciembre 2018

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Acto de fe

Jorge Morelli

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El Presupuesto 2019 del Estado peruano es de unos 168 mil millones de soles, un monto casi 7% mayor que el de 2018, pese a que la economía crecería 3.9% en el más delirante escenario del optimismo. Algo no está bien acá.

Algo más no está nada bien. El Presupuesto que se da el Estado peruano para 2019 equivale a unos 50 mil millones de dólares, y el tamaño de la economía peruana es de unos 200 mil millones de dólares. Es decir, se lleva de entrada una cuarta parte de la torta y a cambio -salvo por la excepcional calidad humana de personas individuales- ofrece a los peruanos una seguridad ciudadana, una salud y una educación inaceptables. Las virtudes de personas individuales, por mucho mérito que tengan, no no pueden compensar la ausencia de un sistema que sea fruto del trabajo humano organizado.

La tercera falla en el Presupuesto 2019 es que las entidades subnacionales -los gobiernos regionales y locales- consiguen para sí en esta ocasión lo que posiblemente sea el mayor presupuesto de su historia: 50 mil millones de soles, es decir el 30% del Presupuesto del Estado peruano (y el 35% del gasto en inversión).

Claramente, esta es una apuesta del gobierno con la complicidad del Congreso a que las entidades subnacionales pueden identificar y ejecutar mejor la inversión (y el gasto corriente) del Estado. ¿Será que tanto el presidente de la República como el del Consejo de Ministros provienen de gobiernos regionales -de Costa y Selva-  y”creen” en eso? Es un acto de fe.

Uno que, sin embargo, no estamos obligados a compartir. ¿Es esa realmente una buena idea?

Veamos. Los 50 mil millones de soles en cuestión se reparten en 24 mil para los gobiernos regionales y 16 mil para los locales. Es decir, los primeros se llevan dos tercios de todo eso.

Durante el gobierno de Toledo (es un decir), una regionalización fallida de nacimiento con una arquitectura fatalmente mal diseñada (que vino de la mano con la elección de presidentes de las regiones) desembocó durante el gobierno de García -en medio del colapso de la burbuja global de 2008 y ante el inminente desplome del crecimiento- en que el gobierno transfiriera a las regiones de manera vehemente la enorme mayor parte del Presupuesto.

Tal decisión solo podía ser acertada si estas se hallaban ya en condiciones de ejecutar mejor que otras entidades -ya fuera el gobierno central o las empresas mediante obras por impuestos-. Pero no lo estaban. Los gobiernos regionales ciertamente no estaban a salvo siquiera del virus de la corrupción, más cerca de Dios como los niños o el “buen salvaje” de Rousseau. El acto de fe fue un monumental error estratégico.

El hecho de la experiencia es que esa transferencia fue el origen de la más abrumadora ola de corrupción que el Perú ha conocido jamás. Comenzó en Ancash y se fue extendiendo como una mancha de aceite a otras regiones, sin ningún control. Pequeña escala, desde luego, al lado de lo que ocurría paralelamente con las empresas brasileñas en los megaproyectos de obra pública. La complicidad fue total, en todo el Estado peruano.

Pero, sin haber aprendido nada, aquí vamos de nuevo.

Los gobiernos subnacionales se llevan este año de 2019 no solo el mayor presupuesto de su historia -50 mil millones de soles-, sino un aumento de 20% respecto del año anterior. ¿Con qué argumento? ¿Ha mejorado su capacidad de gasto? ¿Ha sido erradicada la corrupción? ¿Esta la Contraloría, al menos, preparada ya para lidiar con esto?

Se trata de un nuevo acto de fe. Como decía Einstein, seguimos haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Bien inteligente. 

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