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MEDIA COLUMNA
Premios delatores
Jorge Morelli
El acuerdo del Estado peruano con Odebrecht permitirá acceder
a los testimonios de funcionarios de la empresa y a los archivos digitales “drousys”
y “mywebday” que contienen las pruebas de los sobornos a políticos y
funcionarios peruanos.
¿El acuerdo es bueno para el Perú? Es una pregunta
retórica. Nunca es negociable la verdad, porque no tiene precio. Acceder a la
información es la prioridad. Aún si es a un alto costo.
Ahora veamos el costo. El acuerdo asegura a los brasileños el estatus de
“delatores premiados”, como llaman allá a los colaboradores eficaces, a cambio
de la información. No serán procesados en el Perú por lo que revelen. Es la
condición para acceder a la información. Este premio es un acto legal en el
Perú. Es un costo encajable.
El acuerdo permite a la empresa seguir operando en el
Perú. No es poca cosa. Involucra la definición de una cuestión de fondo: las
empresas no son responsables de los delitos cometidos por quienes las
administran. Es una definición necesaria. No tiene un costo.
Pero
tiene consecuencias. Porque, si es así, ¿podía acaso el Estado negarle a la
empresa seguir funcionando en el país? ¿Puede negociarse el principio
constitucional de que la iniciativa privada es libre? Hay en el acuerdo otro
síntoma de la misma confusión conceptual: la empresa se “compromete” a pagar los
450 millones de soles que debe en impuestos. ¿Podía el Estado acaso negociar la
oportunidad del pago tributario, o el pago mismo, como condición de la libre iniciativa
privada? Esos han sido argumentos falaces en la negociación. Y eso tendrá un costo.
El Estado pacta con la empresa una reparación civil de
610 millones de soles a pagar en 15 años (con un interés de 150 millones). ¿Es correcta
esa cifra? La pregunta no tiene respuesta. No existe una definición conceptual clara
sobre cómo calcular la reparación. Esta debe ser proporcional ¿a qué, exactamente?
¿Al monto de los sobornos pagados? ¿A los sobrecostos en las obras? ¿A las sospechosas
adendas adicionales? ¿Al tamaño masivo de unos megaproyectos que es dudoso que
el país necesitara?
Sobre todo, ¿fueron esos megaproyectos fruto de la decisión
autónoma del Estado peruano o vinieron atados al financiamiento de un banco
brasileño por decisión política de ese gobierno? En tal caso, ¿por qué no
demanda el Perú al Estado brasileño? Porque este costo es el mayor de todos.
¿Y en ese contexto, de
paso, en qué queda la multimillonaria demanda de la empresa pendiente contra el
Estado peruano respecto del Gasoducto del Sur? Es un costo escondido.
La empresa reconoce en el acuerdo que pagó sobornos en cuatro megaproyectos. Y el Estado acepta su palabra. Si aparecen nuevas evidencias,
como es probable, ¿el acuerdo será renegociado? ¿O será unilateralmente
revisado por el Perú? Esta ambigüedad es un costo incalculable.
El acuerdo será sometido ahora al control de un juez de
garantías del poder Judicial. ¿Y la Contraloría a nombre del Ejecutivo? ¿El
Congreso no tiene nada qué decir en el control del acuerdo?
Son preguntas que no se han debatido ni planteado realmente hasta hoy. Y está pendiente, por respeto al pueblo peruano, una explicación seria sobre todas ellas en vez del parloteo confuso que se ofrece hasta hoy por toda respuesta. Conocida la información que llegará, por el bien del Perú esta negociación debe ser objeto de un debate serio entre peruanos. Entonces conoceremos cuál es el balance final de todos sus costos. Entonces sabremos si el acuerdo será revisado.
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