MEDIA COLUMNA miércoles 15 julio 2020

Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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Versalles en Paracas

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

En el balnerario de Paracas las casas de playa con piscina se encuentran al lado de un pueblo que tiene una hora de agua al día. El agua potable la comparte solidariamente con Paracas el vecino pueblo de Pisco, que dispone de tres horas de agua al día.

Las falsedades sobre la Reserva con que se ha engañado a personas de buena fe se dirigen contra la empresa que ha modernizado el puerto, que da empleo, que no ha utilizado una gota de agua potable del pueblo, que ha invertido más bien en una cisterna para aumentarle las horas de agua diarias al pueblo de Santa Cruz y ha donado una planta de oxígeno y una ambulancia full equipo para atender a los pacientes de la pandemia. Una carta publicada con nombres y firmas, dirigida a la opinión públicada por más de 600 personas que viven y trabajan en Paracas, es el testimonio de que esto es verdad.   

¿Qué legitimidad tienen, en cambio, quienes alegan falsos peligros para la fauna de la Reserva pero no muestran ningún interés por los pescadores, agricultores y artesanos de los pueblos que rodean al balneario? ¿Qué autoridad muestran quienes acaparan el agua escasa de pozos y acumulan en silos bajo sus casas de playa residuos sólidos que, a 20 metros del mar, se filtran a la bahía de Paracas?

La atmósfera versallesca que rodea esta situación es verdaderamente grotesca.

La pregunta de sentido común para todos los que toman por primera vez conocimiento de este tema es la siguiente: ¿por qué debe tener el puerto de Paracas facilidades para exportar minerales?

La respuesta en lo inmediato es que así lo pidió el Estado en el contrato de concesión firmado en 2014 pensando en el desarrollo no solo agroindustrial sino minero del Centro del Perú. Previos estudios, claro está, para descartar todo peligro de contaminación. Esto es lo que se ha hecho en estos años. El puerto no embarcará ningún mineral tóxico.

Pero más fundamentalmente la respuesta es que, mientras mayor el movimiento del puerto, mayores serán también los recursos para gestionar ante el Estado agua para todos en Paracas; mayores las oportunidades para sus habitantes en empleo e ingresos del turismo marítimo que el puerto permite; mayores los recursos igualmente para regular mucho mejor la protección permanente de la Reserva de Paracas, y para la promoción de la memoria de su pasado milenario con un museo que potencie el que actualmente lleva el ilustre nombre de Julio C. Tello.

Ha llegado la hora de dejar atrás el miedo al cambio tras esta pequeña pesadilla versallesca y pensar en grande.    

   

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MEDIA COLUMNA viernes 10 julio 2020

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Inmunidad perdida

Jorge Morelli

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La pérdida de la inmunidad parlamentaria es percibida como una ofensa contra “la majestad del Congreso”, según la frase de manual.

Pero no parece cierto que la inmunidad haya servido nunca de escudo protector para parlamentarios inocentes. No se recuerda en los últimos 40 años que la inmunidad haya impedido que fuera detenido abusivamente o procesado indebidamente un parlamentario probo.

Más bien, en casi todos los casos lo que hubo fueron actos cometidos por parlamentarios contra la ley o el reglamento del Congreso, que alguien –el agraviado o la prensa- denunció y que, sin embargo, fueron sancionados solo ocasionalmente y solo cuando el responsable carecía de votos para blindarse.

Es la arbitrariedad lo que subleva a la opinión pública, el cinismo impune ante los ojos de todos.

Una y otra vez indefectiblemente, año tras año, aparece el asesor o el asistente parlamentario que denuncia que el congresista le ha recortado el sueldo. Pese a toda advertencia, contra todo buen juicio, el mismo acto es repetido cansinamente como un guión funesto. Uno creería que ya no queda nadie en el país que no haya aprendido la lección. Se equivoca. Nuevamente vemos lo mismo. Inevitablemente en cada nueva legislatura alguien cree que no será descubierto, que se saldrá con la suya, que el Congreso fue inventado con su llegada. Y cae. Es un acto fallido con una especie de fruición culposa que una risa tonta traiciona.

Por eso se perderá la inmunidad parlamentaria, que nació para ser una garantía de la justicia. Porque justos pagan por pecadores. No hay nada más que decir.

  

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MEDIA COLUMNA miércoles 8 julio 2020

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Dama y rey  

Jorge Morelli

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La repartija de manazos del Legislativo y el Ejecutivo por la inmunidad de los primeros y el antejuicio de los segundos, en la que ambos se despojan de sus respectivas armaduras, es una pelea estúpida. 

Lo es porque ambos quedan expuestos ante el tercero, el omnímodo poder Judicial –la Fiscalía, en realidad- que podrá acusar y enviar expeditivamente a prisión preventiva a unos y otros. De paso, también podrá sacar candidatos de la carrera electoral mediante oportunas sentencias de primera instancia.

Cuando se debate acotar el poder excesivo de la Fiscalía, que ha convertido a jueces y policías en convidados de piedra píntados en la pared, las decisiones del Congreso y el Gobierno aumentan su poder en lugar de limitarlo. Los poderes políticos han abdicado y entregado, por un lado, la determinación de sus responsabilidades penales a la Fiscalía y, por otro, el arbitraje de todos los asuntos políticos al Tribunal Constitucional.

Es la desembocadura final de un proceso que viene de décadas y que termina ahora por sumir al equilibrio de poderes en la confusión definitiva. Todo lo cantó el coro de la tragedia desde que se despojó al Ejecutivo de la atribución de nombrar a los jueces y fiscales supremos para entregársela al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy con la Junta Nacional de Justicia lo único que ha cambiado es que antes la sociedad civil tenía mayoría en el organismo, hoy la tiene el Estado.

Allí ha vuelto a quebrarse el ya desbalanceado equilibrio de poderes de nuestra democracia de baja gobernabilidad. La primera quiebra fue en su nacimiento mismo, cuando los constituyentes de 1823 decidieron desde la primera hora fundar una república, pero darle el poder al Congreso. Desoyeron el consejo de Bolívar, que advirtió en el Discurso de Angostura que si uno quiere ser una república debe darle el poder al Ejecutivo para equilibrar el enorme peso del Congreso que representa al pueblo soberano. En lugar de eso, creamos en el Perú una república donde el poder lo tiene el Congreso: una quimera, un ser mitológico con el cuerpo de un animal y la cabeza de otro.

La imposibilidad de resolver en ese marco incoherente el conflicto de poderes llevó con los años a la peregrina idea de la supuesta necesidad de un árbitro por encima de los poderes para resolver sus conflictos: el Tribunal Constitucional. Este procedió a arrogarse en su Ley Orgánica la condición de “supremo intérprete” de la Constitución, cosa que no está en la Constitución y es, por tanto, inconstitucional. Hoy el Tribunal Constitucional es un poder por encima de los poderes sin contrapeso alguno. Es una reinvención del absolutismo.

Irónicamente, para desbaratar esa construcción precaria bastaría –y el día llegará- en que el más humilde de los jueces decida, en aplicación del control difuso constitucional, declarar inaplicable una sentencia del Tribunal a un caso cualquiera. Allí se verá por fin que ese falso rey siempre estuvo calato. Su dama, en cambio, la Junta Nacional de Justicia, es hoy una gorgona más poderosa que nunca.

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MEDIA COLUMNA domingo 5 julio 2020

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¿Qué fue de la promesa

de un Nuevo Mundo?  

Jorge Morelli

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Cuando Adam Smith escribió su famosa imagen de la “mano invisible” para explicar que el mercado libre es la forma más eficiente de asignar los recursos para producir, lo hizo no en “La Riqueza de las Naciones” de 1776, sino en su ”Teoría de los Sentimientos Morales” de 1759.

Pienso que en esos diecisiete años Smith comprendió que lo que hoy llamamos “fallas de mercado” son en su inmensa mayoría en realidad “fallas de Estado”. Las imaginó como intromisiones de la decisión política en una economía libre para cerrar mercados con la excusa de “proteger” naciones y así poder generar mercados artificialmente en favor de grupos de interés. A esto le llamo el “sistema mercantil”. Nosotros le llamamos mercantilismo.   

Quizás esos años le sirvieron a Smith para comprender que la ”mano invisible” es en realidad una especie de idea platónica solo posible al final de una larga lucha por la libertad de mercado en economías avasalladas por el poder político.

Quizás Smith entrevió ya entonces que no podía dar por descontada la existencia de las instituciones que hacen posible tener un mercado libre. Empezando por las del registro de la propiedad. Había ya tantas cosas bien establecidas en ese sentido en la Inglaterra de aquel entonces –instituciones que Estados Unidos heredó-, que quizás incluso para Smith era difícil imaginar un mundo sin ellas.

Casi 250 años después, esa es la realidad de la inmensa mayoría de las economías emergentes del planeta. Esto es exactamente lo que nos ha tocado a nosotros deshacer sin éxito definitivo hasta hoy.

La construcción de un marco de instituciones políticas que permita el funcionamiento del mercado y lo regule eficazmente sigue siendo el problema central de las economías emergentes en Latinoamérica como en Asia y Africa y quién sabe aun en la Unión Europea y la competencia aun sin reglas entre China y Estados Unidos.

Se trata nada menos que del diseño de un arnés que permita poner la inmensa energía del mercado libre al servicio de sociedades que no excluyan a las mayorías para beneficiar a unas pocas minorías en el poder.

Esto involucra hasta hoy la polémica aun vigente entre el pensamiento de Keynes y el de Hayek, y la posibilidad de una suerte de “teoría del todo” que las integre. Nada menos que esta es, en cierto modo, la incógnita que De Soto se ha propuesto resolver. Como ha dicho hace poco, lo que genera informalidad es una formalidad que impide el acceso.

Desde los títulos de propiedad coloniales de las comunidades andinas hasta la mentirosa “solidaridad” del sistema público de pensiones arrasado por la política; desde las cuentas individuales del sistema privado de pensiones de las AFP hasta la apertura automática de cuentas bancarias individuales donde depositar hoy los bonos de emergencia para las personas necesitadas, esta es la esencia de la cuestión del mercantilismo.

Acabar con eso fue precisamente la promesa del Nuevo Mundo y la partida de nacimiento de los Estados Unidos de América un cuatro de julio del mismo año en que Adam Smith publicó “La Riqueza de las Naciones”.

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MEDIA COLUMNA miércoles 1 julio 2020

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La “fuente

clave” de Li

Jorge Morelli

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Un hecho notorio en China, medular para la reactivación, pasa inadvertido para los peruanos.

El primer ministro chino, Li Keqiang, segundo funcionario después del presidente Xi Jinping, elogió a la ciudad de Chengdu por crear 100 mil empleos de la noche a la mañana al instalar decenas de miles de puestos para ambulantes. También Lanzhou, capital de la provincia de Gansu, anunció que espera crear 300 mil puestos de trabajo informal. La lección de Li: la informalidad es una "fuente clave de empleo". 

No es que no lo supiéramos nosotros, desde hace décadas. Solo que creímos haberlo dejado atrás. No hay necesidad de tal cosa. Ante una crisis brutal como esta, la informalidad no es el problema, es una solución. Provisional, pero solución. El problema es el Estado peruano, que ha pretendido aprovechar de la crisis para formalizar la economía reprimiendo la informalidad justo cuando millones han perdido su empleo formal.

Esta válvula de escape de última instancia es algo que compartimos los peruanos con los chinos y muchos otros pueblos. "China tiene una fuerza laboral de 900 millones. Sin empleos, hay 900 millones de bocas que alimentar. Con empleos, hay 900 millones de pares de manos que pueden crear una enorme riqueza", dijo Li.

Por décadas, China apostó a la tecnología y la manufactura masiva. La respuesta de China al colapso de la burbuja global de 2008 fue invertir masivamente en infraestructura: carreteras, aeropuertos, trenes de  alta velocidad. Ese estímulo ahora no basta ya. Tiene que reconstruir el consumo privado. Tiene que mirar hacia adentro, hacia la crisis laboral para restablecer el consumo. Y eso supone “romper estereotipos", añadió Li.

Por supuesto que hay también China un reflejo reaccionario, como aquí. Medios estatales chinos han criticado la respuesta "incivilizada" de “retroceder de la noche a la mañana varias décadas". Xiaobo Lu, profesor de ciencias políticas, dice que Li sabe que las personas pueden encontrar en la informalidad ”maneras de sobrevivir". Willy Lam, profesor adjunto del Centro de Estudios de China de la 

Universidad China de Hong Kong, añade que la solución no es perfecta, pero es posible que no haya una mejor alternativa para crear empleo masivamente en el muy corto plazo. Y advierte: "el empleo es un tema que puede desencadenar 

agitación política”.

En lo que va de la pandemia en México, la segunda mayor economía de América Latina de 125 millones de habitantes y cuyo PBI podría caer este año -10%,

se han perdido 12 millones de empleos. La informalidad ha crecido entre abril y mayo del 48% al 52% de la población económicamente activa, según el Instituto de Estadística. Informales son hoy en México 22.6 millones de personas.

La informalidad es la respuesta inmediata y espontánea ante el desempleo en China y en México. Pero en el Perú, aun hoy, un Estado burocrático cree que es su deber eliminarla.  

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MEDIA COLUMNA domingo 28 junio 2020

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La ambigüedad

nunca es una solución  

Jorge Morelli

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Hace años que todos sabemos por simple sentido común que el Estado peruano debía articular la operación del Ministerio de Salud con la del Seguro Social. Este proceso ya ha venido ocurriendo, y la pandemia lo ha acelerado.

Existe, de otro lado, la oferta privada de salud, que es una porción bastante menor del mercado –tal vez una quinta parte-.

El acuerdo recientemente anunciado -entre el Ministerio y el Seguro, de un lado, y las clínicas privadas de otro- para que el Estado pague una tarifa plana y las clínicas reciban a los pacientes de coronavirus es otro paso importante.

No es relevante ahora si la tarifa es la correcta, ni si se ha alcanzado gracias al palo o la zanahoria. La pregunta es otra. Si se va a firmar un contrato modelo entre el Estado y cada una de las clínicas, la ambigüedad no es una solución. ¿Ese contrato es un acto voluntario, como dice el ministro de Salud? Si lo es, resulta insuficiente. Si fuera obligatorio no es un contrato. Si es voluntario, la atención que el paciente requiere de inmediato está sujeta a que la clínica haya firmado el contrato. Si no lo ha hecho, el paciente no será atendido y la supuesta solución no lo es realmente.

La libertad de mercado no es negociable. Pero al mismo tiempo los avances público-privados -improvisados hoy en el mercado de la salud luego de una imprevisión de décadas- deberían dar forma a una única respuesta de la oferta a una demanda que no puede dejar de ser atendida, y que no debe ser atendida solo cuando el paciente tiene capacidad adquisitiva.

La respuesta tiene que ser una capaz de acomodarse modularmente a la naturaleza de la demanda. Ante una emergencia nacional -ya se trate de un pandemia u otro fenómeno natural, un Niño o un megasismo-, el sistema debe responder flexiblemente como un todo articulado.

Pero debe poder revertir, una vez terminada la emergencia, a un funcionamiento autónomo de las instituciones que lo integran, ya sean estas privadas o públicas incluyendo al Seguro Social, un caso sui generis de institución público-privada.

No es eso todo. La respuesta modular tiene que incluir provisiones permanentes para la atención de emergencia a pacientes en estado grave cualquiera sea el lugar o el momento en que se presenten e indistintamente de si hay o no una emergencia nacional y de si se trata de un establecimiento privado o público. Nada menos es aceptable en defecto de un sistema de salud universal gratuito como existe en otras partes, pero a un precio que no está al alcance del Estado peruano.

Es indispensable la competencia en el mercado no solo entre lo privado y lo público, sino incluso entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Aunque una fusión pueda parecer a primera vista una buena idea, no lo es. Son instituciones de distinta naturaleza. El Ministerio es de todos los peruanos, el Seguro es de sus afiliados, que pagan por él. Que el Estado peruano se haga el sueco al respecto y no pague siquiera la deuda gigantesca que le tiene al Seguro solo significa que la ambigüedad nunca es una solución.

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