domingo, 25 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 25 julio 2021 "La prueba ácida es la constituyente"

 




Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

La prueba ácida

es la constituyente

 

 

Jorge Morelli

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Pedro Castillo ha reiterado en su proclamación: “no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos terroristas”. Y una vez más, en este su discurso inaugural, no mencionó la asamblea constituyente.

 

Como es costumbre en tales ocasiones, sin embargo, las emociones expresadas son solo viento de palabras a menos que los actos prueben lo contrario.

 

Porque todos hemos entendido ya que la constituyente es el instrumento del autoritarismo y la dictadura de izquierda.

 

No pocos asumen de hecho que la discrepancia pública entre Castillo y Cerrón sobre la constituyente no es sino la pantalla de la gran mecida.

 

Por lo mismo, la constituyente se ha convertido en la prueba ácida de la deriva del gobierno de Pedro Castillo.

 

Anunciarla dejaría a su gobierno sin legitimidad de entrada desde el primer día.  

 

No existe un camino constitucional para una asamblea constituyente. Tampoco para un referéndum que apruebe su convocatoria. Es una treta inconstitucional modificar la Constitución mediante una asamblea. Los caminos constitucionales para hacer cambios a la Constitución pasan por el Congreso. Ninguno permite trasladar esa labor a una asamblea. Una asamblea no es el Congreso. Desde la Revolución Francesa sabemos la clase de decisiones que una asamblea puede tomar. No es sino un tumulto lleno de ruido y de furia.

 

Días atrás, Castillo anunció que iría al Congreso el 28 de julio a pedir que el Legislativo agende la constituyente. Esto significaría que dejaría el tema en manos de la decisión del Congreso. Es una decisión que, evidentemente, el Congreso no aprobará porque significaría su propia muerte.

 

Castillo debe saberlo. No solo los caminos inconstitucionales para convocar a una asamblea –el recojo de firmas o el decreto supremo- estarían entonces fuera de sus planes, sino que tampoco lo estaría la propia constituyente como tal.

 

Pero el solo anuncio de Castillo acabó con la tregua provisional que se había instalado entre ambas facciones y desató la ofensiva de Cerrón de los últimos días por arrinconar a Castillo ante un congreso del partido que defina los temas “irrenunciables”. Obviamente, para Cerrón la asamblea es “irrenunciable” aunque sea inconstitucional.

 

Los cambios a la Constitución son necesarios, para una nueva gobernabilidad democrática que deje atrás nuestra fallida democracia de baja gobernabilidad. Pero debe hacerlos el Congreso y no una afiebrada multitud en una asamblea convertida en poder supremo.   

 

Hoy Castillo parece comprender la necesidad de que sus actos respalden sus palabras para que su gobierno no pierda su ya mellada legitimidad de entrada. Pero la prueba ácida sigue siendo si pide o no al Congreso una asamblea constituyente en su mensaje a la nación el próximo 28 de julio.           

 

 

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jueves, 22 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 21 julio 2021 "La prueba ácida"

 Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

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La prueba ácida

 


Jorge Morelli

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Como es costumbre en tales ocasiones, las emociones expresadas por Pedro Castillo en su balconazo de la proclamación son solo viento de palabras y ruidos correctos a menos que haya actos que prueben lo contrario.

 

No obstante, uno  tiene que preguntarse qué habrá pensado Vladimir Cerrón de que, una vez más, Castillo no mencionara la asamblea constituyente en su discurso. No pocos asumen de hecho que la discrepancia pública entre Castillo y Cerrón no es sino la pantalla de la gran mecida. Pero el hecho es que la asamblea misma se ha convertido en la prueba ácida de la deriva comunista del gobierno de Pedro Castillo.

 

Un referéndum que aprobara esa asamblea solo tiene dos caminos constitucionales, ambos previstos
en la Carta. No hay un tercero, como el que lanza Cerrón a través de un congresista: recoger firmas para pedirlo. Mucho menos un cuarto camino: convocar a referéndum por decreto supremo. Ambos son inconstitucionales.

 

El asunto pareció zanjarlo el propio Castillo días atrás cuando anunció que iría al Congreso el 28 de julio a pedir que el Legislativo agende la constituyente. Esto significaría –o es la impresión que quiso dar- que el camino pasa por el Congreso y que los caminos inconstitucionales ajenos al Congreso –el recojo de firmas o el decreto supremo-  no estarían en sus planes.

Aquel anuncio críptico no fue comprendido por nadie, pero causó un cisma en el partido. Acabó con la tregua provisional que se había instalado entre las dos facciones y desató la ofensiva de Cerrón de los últimos días por llevar a un congreso del partido la definición de los temas “irrenunciables”. Obviamente, para Cerrón la asamblea es “irrenunciable” aunque sea inconstitucional.

 

Castillo no parece compartir esa posición. Reiteró esta semana en tres tuits en las redes que en su opinión los peruanos “merecen una nueva constitución”, pero una vez más no mencionó la asamblea.  

 

Acto seguido, para sorpresa general, Ollanata Humala fue recibido en Perú Libre ofreciendo los servicios de su ex ministro Alonso Segura para el gabinete, desplazando a la caviara de Pedro Francke a llos programas sociales del Midis. Esto acabó con la paciencia no solo de Cerrón, atrincherado en el próximo plenario del partido, sino de Antauro Humala que habría amenazado con romperlo todo si su hermano entra al partido. El sainete no ha terminado. Todo indica por el momento que el pupilo de Ollanta ya no corre, pero los caviares están de regreso en el gabinete, para desmayo de Cerrón.   

 

Hace ya algún tiempo Castillo declaró no ser comunista ni chavista. Ya veremos si es cierto. La prueba ácida es si menciona o no directamente la asamblea constituyente en su mensaje a la nación el próximo 28 de julio.           

 

 

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sábado, 17 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 14 julio 2021 "La trampa de la visión de túnel"

 


 

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La trampa de la

visión de túnel

 

 

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El problema es la recaída en la pobreza de la mitad de la clase media, y lo que en primer lugar importa es qué hacer ante esta realidad, en la que millones se ahogan en mitad del río.

 

Pero desde ninguna de las dos orillas llega ayuda.

 

El salvavidas que ofrece la orilla izquierda es una constituyente. Más le valdría arrojar un yunque. Es una operación de salvataje inútil: Es peor, una que sacrifica más vidas de peruanos en el altar de la ideología y en nombre del espejismo de una tábula rasa, de un nuevo punto de partida, de una página en blanco, como si la historia recomenzara. El cortoplacismo miope de la izquierda es incapaz de mirar más alla de ese evento imaginario que deber parir un mundo nuevo. La suya es una forma de revivalismo, indolente de las necesidades humanas de este día. Y es un delirio políticamente reaccionario.   

 

La otra orilla, no obstante, todo lo que ofrece es resistir, ganar tiempo para preparar un nuevo escenario de conflicto de poderes y una cascada de vacancias que desemboque en otro gobierno provisional que convoque a nuevas elecciones. Más acá de eso ninguna otra cosa vale la pena. Más allá de eso no hay nada. Es, otra vez, una reducción de la historia al corto plazo, otro delirio político reaccionario.

 

Una y otra orilla han construido su propio fin del mundo y lo han colocado en el corto plazo. Esto es lo que ofrecen a un pueblo que se ahoga y que, aunque no tenga palabras para expresarlo, lo que pide es una salida del túnel en que estamos en la oscuridad.

 

El Perú no acaba el 28 de julio de su bicentenario como república. Si esta ha durado doscientos años, nuestra relación con el mundo ya tiene quinientos, y no es sino la décima parte de nuestra historia, que ha durado cinco mil. Somos la cuna de la civilización en esta parte del globo, y un pueblo con un largo pasado a cuestas, de cientos de etnías y decenas de lenguas. Por lo mismo, somos un rompecabezas a medio armar, difícil de ensamblar. Pero nuestros recursos naturales son la promesa para el futuro del planeta. Eso es lo que realmente está en juego hoy aquí sobre la mesa en estas malhadadas elecciones.

 

Sin embargo, el destino del Perú no depende en realidad de lo que alguien diga o deje de decir en un discurso, aunque sea el presidente de la República. Hay procesos históricos de largo plazo en marcha que no obedecen a quienes están transitoriamente en el gobierno. Ese proceso es el de la libertad en democracia y la propiedad en la libre competencia. Eso se halla ya en el ADN de los peruanos. Nadie podrá quitárselos. Ni la libertad ser suprimida por la dictadura, ni la propiedad escamoteada por el mercantilismo. Esa era ha terminado.

 

Tenemos que volver a mirar lejos, sin embargo. Más allá de ambas trampas  reaccionarias, ese proceso histórico es lo verdaderamente revolucionario. La visión de túnel es, en sí misma, el engaño que debemos disipar. 

 

 

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martes, 13 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 11 julio 2021 "Ya no queda otro camino"

 


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Ya no queda otro camino

 

Jorge Morelli

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La falla en la arquitectura de nuestra democracia de baja gobernabilidad origina una y otra vez el conflicto de poderes.

 

Este se halla desbalanceado desde el nacimiento de la República. Se le dio al Congreso un poder mucho mayor que al Ejecutivo. Así, hasta hoy el Congreso puede vacar la Presidencia sin debido proceso, censurar ministros e insistir en leyes observadas por el Ejecutivo con solo la mitad de los votos de la única cámara. Que desde el prime De la politización de la justicia, hemos pasado a la judicializción de la política. La dictadura del Congreso no pasó inadvertido ni el primer día. José María de Pando escribió en enero de 1827 que “los pueblos americanos pasaron sin transición intermediaria del despotismo de la época colonial directamente a la dictadura del Congreso”.  

Es falso, como creen muchos desavisados, que la democracia mejora con el tiempo por sí misma. Nuestra democracia de baja gobernabilidad no puede hacerlo. Con el tiempo, el desequilibrio patológico no hizo sino agravarse. A fines del siglo XX, un mal diagnóstico de la enfermedad condujo a un falso remedio.

 

Para resolver el conflicto de poderes que el desequilibrio genera, se optó por convertir al Tribunal Constitucional en árbitro del conflicto del poderes entre el Congreso y el Ejecutivo.

 

Y, creyendo despolitizar la justicia, se hizo que los jueces y los fiscales supremos se nombraran entre sí sin intervención alguna del Ejecutivo ni del Legislativo, mediante la Junta Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura). Esto no existe en ninguna parte del mundo. Para cerrar la trampa herméticamente en medio de la trifulca de turno sobre el nombramiento de los miembros del TC, hoy no falta quien propone que a los miembros del TC los nombre en adelante no ya el Congreso sino la Junta Nacional de Justicia.    

 

El resultado es lo que vemos hoy. Sobre el Congreso vino a instalarse la dictadura de los jueces.

 

Desde que el TC se arrogó la condición de intérprete supremo de la Constitución por su propia ley orgánica -no hay ningún lugar en la Constitución que disponga tal cos- hemos reinventado el absolutismo contra el cual nació la democracia. No en balde la elección de los miembros del TC –titular del poder absoluto- provoca una crisis política mayor.

 

Hoy una resolución judicial emite una cautelar ordenando al Congreso “suspender” la elección del TC argumentando que la elección generaría incertidumbre jurídica por la eventualidad de que mañana sea nula. El Congreso vota, no obstante, y acto seguido la Fiscalía abre investigación a 80 congresistas por desacato. 

 

De la politización de la justicia, en suma, hemos pasado a la judicialización de la política. Para corregir esto, sin embargo, no hace falta otra constitución. Basta rediseñar el equilibrio de poderes. Ahora ya no queda otro camino.

 

 

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jueves, 8 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 6 julio 2021 "Judicialización de la política rebasa lo imaginable"

 


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Judicialización de la política

rebasa lo imaginable 

 

Jorge Morelli

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Al cierre de esta columna, una jueza de la Corte Superior de Lima ha emitido una resolución y una medida cautelar ordenando al Congreso “suspender provisionalmente” la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, prevista esta semana en el Pleno.

 

La resolución dispone la suspensión de la elección programada para los días 7 y 8 de julio “hasta que el presente proceso pueda ser resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto", señala.

 

La demanda presentada al poder Judicial argumenta que “el Congreso no tiene legitimidad” a juzgar por las preguntas hechas a los postulantes al TC. Habría en ellas  “conflicto de intereses” ya que el Congreso estaría buscando “un Tribunal Constitucional a su medida, ya con un cálculo político”. Se pone explícitamente en el supuesto caso del rechazo de una cuestión de confianza.

 

La demanda concluye que el que debe elegir a los miembros del TC es el Congreso entrante.

 

Pero la resolución de la jueza no ha tomado en cuenta ninguno de esos argumentos. Ampara la demanda fundándose unicamente en que no se habría “cumplido con los principios de publicidad, transparencia y meritocracia al momento de la respectiva asignación de los puntajes” de los postulantes. Y recoge también el argumento del “peligro de la demora” en actuar, que “generaría incertidumbre respecto de los efectos de la nulidad del procedimiento una vez que los magistrados ya se encuentren ejerciendo el cargo”.

 

Esta tarde, el Congreso ha convocado a Junta de Portavoces de las bancadas para tomar una decisión sobre el asunto, que sería conocida en cualquier momento.

 

Está claro que la atribución constitucional del Congreso de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional no puede ser interferida por otro poder del Estado. Tampoco “suspendida provisionalmente”, de manera que hay flagrante violación de la Constitución.

 

Una que, precisamente, se origina en que la demanda presentada se basa en el cálculo político. En efecto, no es difícil suponer el fondo del asunto: dada la inconstitucionalidad de una eventual reforma constitucional que no pase por el Congreso –tanto más una convocatoria a una asamblea constituyente-, la decisión de forzar la convocatoria por medios inconstitucionales será previsiblemente objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

 

Y la demanda parte de la premisa de que la composición actual del Tribunal pesaría decisivamente en la decisión sobre la inconstitucionalidad de una asamblea para cambiar la Constitución. Contrario sensu, parte también de la premisa de que la renovación de sus miembros pesaría en la decisión del TC en la dirección opuesta. Es decir, los argumentos de la demanda para pedir al juzgado una decisión no solo no son jurídicas sino que son de naturaleza política.

 

Y el juzgado ampara ese pedido basándose en el supuesto peligro de una eventual “nulidad del procedimiento” de la elección de los magistrados.

 

La judicialización de la política ha alcanzado sus límites más extremos. A esto hemos llegado.

 

 

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jueves, 1 de julio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 30 junio 2021 "El monumental malentendido de la izquierda peruana"


 

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El monumental malentendido

de la izquierda peruana


Jorge Morelli

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Las comunidades andinas y amazónicas quieren explicablemente que se les entregue la propiedad de los recursos naturales bajo sus tierras. Pero eso no va a suceder ni siquiera en la versión más radical de la constitucion que la izquierda quisiera poder aprobar. 

La izquierda jamás podrá renunciar a que los recursos naturales sean del Estado, tal como es hoy. La razón es muy simple: si el Estado no fuera dueño de los recursos, ¿para qué querría la izquierda controlar el Estado?

¿Cómo hará entonces un hipotético gobierno izquierdista para estar a la altura de lo que demandan las comunidades? Sencillamente, no lo hará. No entregará los recursos de ninguna manera. Defraudará a las comunidades, que son los pobres entre los pobres del Perú y los pondrá en su contra.

El único modo en que podria responder a ese anhelo es entregando a todos los peruanos y a los comuneros entre ellos una propiedad de la tierra que sea verdaderamente tal, especialnente la propiedad de las tierras sobre los recursos naturales.

 

Para esto hay que titular la propiedad de la tierra. Incluso la propiedad familiar e individual de la tierra dentro de las comunidades andinas y amazónicas. Los comuneros no se opondrán, porque eso es lo que naturalmente ocurre. Ha habido desde siempre en ellas propiedad individual y no solo comunal. Es un proceso histórico que avanza lentamente a su propio ritmo. Titular ambas, respetando lo que los comuneros decidan, no hallará ninguna resistencia.

Pero tampoco basta titular. Hay que poner en valor esas tierras con agua y darles un precio de mercado global que les permita ser capital.

Ahora bien, ¿quién en todo el espectro político peruano podría oponerse a esta que es la verdadera revolución? Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, simplemente nadie.
 
La paradoja es que, para hacerlo no hace falta una nueva constitución. Ni siquiera hace falta cambiar la actual. De manera que la razón por la que la izquierda quiere cambiar la constitución no es esa. Lo que en realidad busca es cambiar los contratos de concesión otorgados por el Estado para la extracción de los recursos naturales para entregarlos a otros concesionarios o bien para que el Estado se lleve una proporción mayor de la renta que producen mediante impuestos o regalías. Es decir, lo que le interesa no es entregar propiedad a los pobres, sino sacar una tajada mayor de los recursos para el Estado, tampoco para los pobres.

Este malentendido monumental es lo que la izquierda -en sus facciones: Cerrón, Castillo, Verónica- necesita debatir internamente hasta que le quede claro a ella misma qué es lo que en verdad le importa.




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viernes, 25 de junio de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 23 junio 2021 "En la constituyente chilena todo requiere dos tercios"


  

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MEDIA COLUMNA

En la constituyente chilena

todo requiere dos tercios

 

Jorge Morelli

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La Convención que escribirá la Constitución de Chile se instala el 4 de julio, en menos de dos semanas. Sus integrantes fueron elegidos el 15 y 16 de mayo pasado.

 

La Convención sesionará en Santiago mientras, paralelamente, el Congreso seguirá funcionando en Valparaiso.

 

De las 155 curules de la Convención Constituyente, 17 pertenecen por adelantado a los pueblos originarios: siete para los mapuches, dos para los aimaras y ocho para otros tantos grupos étnicos (los quechuas entre ellos). La Convención está compuesta por 78 hombres y 77 mujeres.

 

La coalición de derecha (Vamos por Chile) tiene 37 votos; los independientes tienen 11; el centro izquierda (Lista del Apruebo, Independientes No Neutrales) tiene 36; la izquierda (Apruebo Dignidad, Lista del Pueblo) tiene 54. Más los 17 votos de los pueblos originarios suman 155.

 

Toda decisión relativa a la Constitución, al contenido y su texto, se aprueba por los dos tercios de los votos la Convención. O sea, 104 como mínimo de un total de 155.

 

La izquierda y el centro izquierda sumados alcanzan 90 votos. Solo podrán sobrepasar los dos tercios si los pueblos originarios (17) votan cerrado con ellos siempre. Bastaría que la izquierda pierda cuatro votos y queda sin poder aprobar un texto por sí sola.

 

El texto constitucional tiene tres candados: no podrá cambiar el régimen democrático y republicano, ni las sentencias judiciales, ni los tratados internacionales de Chile. Las disputas deben ser resueltas por cinco miembros de la Corte Suprema chilena elegidos por sorteo.

 

La Convención Constituyente tiene nueve meses (más tres adicionales de prórroga) para terminar el el proyecto constitucional a ser sometido a referendum. La Convención se disuelve una vez aprobado el texto. Hay un cuarto candado: la Convención se disuelve también si se cumple el plazo de prórroga sin que exista un texto aprobado.  

 

Como se ve, la izquierda chilena no las tiene todas consigo.

 

 

 

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