miércoles, 18 de marzo de 2015

ESTA NOCHE miércoles 18 marzo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Alberto Roque Cconisilla (35), alcalde del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, Apurímac, fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy. El burgomaestre recientemente había asumido el cargo

ü  La Comisión de Fiscalización del Congreso archivó hoy el pedido de investigar nuevamente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori

ü  Nadine Heredia denunció al fiscal Ricardo Rojas, quien le abrió investigación a su hermano Ilan Heredia y a ella por lavado de activos, a raíz de depósitos en sus cuentas bancarias

ü  Alan García defendió los derechos de urgencia por los que se le acusa de corrupción en el caso de los colegios emblemáticos

ü  Ministro de Gobierno de Bolivia dice ahora que “la ley le concede 30 días (a MBL) para que regularice su situación o para que vaya a un tercer país. No hay que olvidar que tiene una detención domiciliaria que vencerá el 21 de marzo”. El canciller Choquehuanca dijo ayer que Bolivia no puede expulsar a MBL si el Perú no retira el pedido de extradición. Procurador Joel Segura dice: “vamos bien por los dos caminos (la expulsión y la extradición)”


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MEDIA COLUMNA
Desesperada


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Nunca hasta hoy se había mostrado el poder de la mayoría parlamentaria en manos de la oposición. No había hecho falta.

Pero fue tal la indignación que provocó el oficialismo con su torpe idea de tapar la corrupción del gobierno inventando una investigación a la oposición, que realmente despertó a un dinosaurio provocando una reacción política que más le habría valido evitar.

Con un tacu tacu recalentado de dos años de antigüedad –al que se prestó el diario El Comercio con titular de primera plana- intentó que la oposición canjeara una investigación por otra y abandonara así la indagación de los aportes al humalismo.

Con los votos de cuatro bancadas, la comisión de Fiscalización del Congreso mandó al archivo la maniobra. Ocho votos pusieron fin al torpe intento de tomar un rehén para canjearlo por su Dama.

Fue tan contundente la mayoría de oposición en la Comisión de Fiscalización que, en conferencia posterior del oficialismo en los Pasos Perdidos, hasta la prensa terminó preguntándole a los voceros de la bancada de gobierno si, de manera consecuente, apoyarían entonces la citación a Nadine Heredia a declarar en el Congreso sobre el origen de los aportes a las campañas electorales del humalismo.      

Mientras tanto, la presidenta del partido de gobierno –que ha decidido, por lo visto, pasar a la ofensiva con lo que queda de su partido en el Congreso y por su cuenta- denunciaba al fiscal que la investiga.

Es posible que consiga de la sumisa Fiscalía más que del Congreso. Pero el público ya paró la oreja y está al tanto de las fracasadas tretas a las que está recurriendo la desesperada Primera Dama.   

De la concurrencia al Congreso no se libra, sin embargo.



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Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio, Peru21
La Comisión de Fiscalización del Congreso archivó hoy el pedido de investigar nuevamente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntos delitos de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito.
El pedido fue desestimado por ocho votos contra seis. Con los votos de los fujimoristas Juan Díaz Dios, Alejandro Aguinaga, Héctor Becerril y Segundo Tapia, del aprista Mauricio Mulder y de los ex nacionalistas Rogelio Canches y Esther Saavedra, la moción fue rechazada. La congresista Lourdes Alcorta (Concertación Parlamentaria) cuestionó los argumentos del oficialismo y el clima de denuncia, persecución, de odio y  mezquindad que parece prevalecer en el Legislativo.
A favor de la investigación votaron los oficialistas Daniel Abugattás, Teófilo Gamarra, Cristóbal Llatas, Rubén Coa, Emiliano Apaza y Yehude Simon, de Perú Posible.
“Tan torpe ha sido la moción que han presentado que ninguno de ellos [los nacionalistas] se atrevió a sustentarla”, refirió el parlamentario Díaz Dios mostrando la resolución emitida por la ex fiscal suprema Gladys Echaíz que archiva la investigación a Keiko Fujimori.



El Comercio
La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, denunció al fiscal Ricardo Rojas, quien le abrió investigación a su hermano Ilan Heredia y a ella por lavado de activos, a raíz de depósitos sospechosos a sus cuentas bancarias.
La esposa del presidente Ollanta Humala ya había sido investigada por lavado de activos. Este proceso fue archivado en dos instancias.
El escrito presentado por Nadine Heredia fue admitido por la Fiscalía de Control Interno. Esta instancia le dio cinco días como plazo al fiscal Rojas a fin de que presente sus descargos. Dispuso iniciar actuaciones previas de investigación contra los magistrados Rojas y Marco Cárdenas, recientemente removido del caso Ecoteva.
El 24 de noviembre de 2014, el ciudadano Carlos Huerta interpuso una denuncia contra la primera dama basándose en una nota periodística donde mencionan una sospechosa transferencia a la cuenta de la esposa del presidente entre 2006 y 2008, la cual citó Rojas para reabrir el caso.



Correo
El pleno del Congreso escuchará hoy los informes de la megacomisión que investigó el segundo gobierno de Alan García Pérez.
Hace una semana se expuso ante el Pleno los informes correspondientes a los colegios emblemáticos y el caso ‘narcoindultos’. Ahora corresponde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales defina si el expresidente García será denunciado constitucionalmente.



El Comercio
En conferencia de prensa, y flanqueado por los ministros de su segundo régimen, el expresidente Alan García defendió los derechos de urgencia por los que se le acusa de presuntos delitos de corrupción en el caso de los colegios emblemáticos.
“Si me preguntaran sobre los decretos de urgencia, yo diría son imprescindibles como normas para acelerar las obras que el Estado tiene que hacer, ahora que se necesita actuar más rápido frente a los problemas de la economía internacional”, comentó. “Uno de los aciertos del régimen y de los ministros fue acelerar los trámites, acelerar las obras y de esta manera responder al reclamo de las poblaciones”, comentó.
El ex presidente Alan García señaló hoy que "no se puede intentar juzgar a ningún ministro y mucho menos a ningún presidente" por haber actuado con decretos de urgencia.
En una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de varios de sus ex ministros, Alan García dijo que en su segundo Gobierno  se efectuaron 152 mil obras y que muchas de ellas "solo fueron posible por los decretos de urgencia".
Dirigiéndose a sus ex ministro, el líder del Partido Aprista, les dijo que "pueden estar orgullosos de haber contribuido a que con decretos de urgencia el Perú avanzara rápido. Esa es la diferencia entre el 8% en que crecía el Perú cada año entre el 20016 y 2011 y el 2% en que está creciendo en este momento".
En el informe final de la megacomisión se recomienda acusar constitucionalmente a Alan García por una supuesta falta a la Constitución al promulgar el Decreto de Urgencia 004-2009 que permitió la remodelación de colegios emblemáticos, en cuyos trabajos se habrían cometido presuntos actos de corrupción.
En la conferencia en la cual se presentó ante la prensa cinco tomos que registran todas las obras hechas en el periodo 2006-2011, García manifestó que gracias a los decretos de urgencia se logró ejecutar 52 colegios emblemáticos.
Asimismo, agradeció a los ex ministros que firmaron un documento respaldando sus acciones de gobierno.



El Comercio, editorial
Pide al Senado que vuelva
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Llatas, ha insistido recientemente en la necesidad de que el dictamen sobre el retorno a la bicameralidad sea incluido pronto en la agenda del pleno. “Es un tema que se va a dar; por lo menos se pondrá en agenda”, expresó este lunes en una entrevista radial.
Su optimismo, sin embargo, corre el riesgo de verse frustrado por la poca popularidad que la iniciativa en cuestión convoca en la ciudadanía y, en consecuencia, entre los legisladores de todas las bancadas que anteponen la sintonía con los votantes a cualquier consideración principista o de beneficio para el país en el largo plazo.
La reflexión espontánea que muchos electores se hacen a propósito de esta materia es que si con solo una cámara han terminado muchas veces financiando con sus impuestos a una caterva de ‘comepollos’, ‘comeoros’ y ‘robacables’, la creación de una segunda duplicaría el problema. Un razonamiento más detenido, no obstante, revela las arbitrariedades implícitas en esa forma de ver las cosas.
Por un lado, la llegada de postulantes inadecuados y de probidad cuestionable al Parlamento tiene que ser solucionada de un modo cabal –que requiere reformas electorales de las que ya hemos hablado en estas páginas– y no a través del ‘control de daños’ que supone mantener el número de los potenciales indeseables reducido a su mínima expresión.
Y por otra parte, la creación de un Senado –que en nuestro caso significaría volver a una fórmula ya conocida– reportaría beneficios para el funcionamiento de la democracia no tan fáciles de distinguir a primera vista.
Para empezar, contribuiría con la división de poderes y los contrapesos que son consustanciales y necesarios para la salvaguarda de las libertades individuales. Particularmente, si se establece que las elecciones de los representantes para cada cámara se produzcan en momentos distintos, porque así se impide que el Legislativo sea dominado por una mayoría que responda a una coyuntura específica y trate de imponer su agenda en esas circunstancias. Con una conformación diferente –en materia de mayorías y minorías– en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ese escenario sería mucho menos probable pues la negociación política –en el mejor sentido de la expresión– y el acuerdo entre las diversas fuerzas resultarían indispensables.
El regreso del Senado extendería también el recorrido de una ley antes de su aprobación, permitiendo que tanto los legisladores como la ciudadanía den espacio a la ecuanimidad y a las reconsideraciones que aquella pudiera merecer, una vez amainada la tormenta política que acompañó a su formulación.
El ejemplo que siempre viene a cuento a propósito de esta virtud del sistema bicameral es el del enfriamiento del intento de estatización de la banca producido en 1987, durante el primer gobierno de Alan García. En aquella ocasión, lo que había sido aprobado en un solo día en la Cámara de Diputados, fue desactivado tiempo después –y tras un largo debate– por el Senado.
Cabe preguntarse, en ese sentido, qué habría sucedido, por ejemplo, con la derogada norma sobre la obligatoriedad de los aportes provisionales de los independientes si hubiese tenido que someterse a la revisión de una cámara alta, y cuánta agitación social nos habríamos ahorrado de esa manera. Es verdad que el orden vigente dispone la doble votación en el Congreso para las normas especialmente controversiales. Pero igualmente cierto es que, por presión política de la mayoría o comodidad, una gran cantidad de ellas es exonerada de ese trámite.
En lo que concierne a las resistencias, aparte de la ya mencionada sobre la temida multiplicación de los parlamentarios caradura, la iniciativa de volver a la bicameralidad enfrenta, en esencia, dos. Una estrictamente política, ejercida por quienes, más de veinte años atrás, aprobaron su liquidación y no quieren ahora dar la impresión de que se equivocaron. Y otra de tipo ‘económico’, que objeta los costos adicionales que el incremento de la representación nacional generaría para el erario público.
Ambas, sin embargo, son deleznables. La primera porque deriva solo del afán de un partido o sector por no ver lastimada su autoestima política. Y la segunda porque los mentados costos no son en realidad tan abultados. Sobre todo si se los pone en contexto con los beneficios que reportaría el retorno de la madurez que un Senado representa. Una madurez que, habida cuenta de la forma en que se quiere esquivar el debate de esta iniciativa, hace falta en nuestro Poder Legislativo.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Entrevista al ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz
— ¿Por qué Bolivia no expulsará a Martín Belaunde Lossio?
Así lo dice la ley boliviana. Es la Comisión de Impugnación de la Conare la que acepta o niega un refugio. Si este es rechazado, la ley otorga 30 días para regularizar su situación migratoria o para que el solicitante abandone el país. En el caso de Belaunde ya se le ha negado su refugio al no encontrar elementos que confirmen que está siendo objeto de persecución política. Eso ya está resuelto y no hay nada más que discutir. Ahora, la ley le concede 30 días para que regularice su situación o para que vaya a un tercer país. No hay que olvidar que tiene una detención domiciliaria que vencerá el 21 de marzo.
— ¿Qué pasa si no se amplía la detención domiciliaria?
Si no se amplía el pedido de detención, Belaunde puede salir como Pedro por su casa el 22 de marzo e irse a un tercer país.
— Pero Belaunde tiene una orden de captura internacional. 
Sí, la tiene. Pero igual tiene 30 días para regularizar su situación. Si Martín Belaunde Lossio puede cruzar o no la frontera por este tema de la captura internacional, ya es otra cosa. Él sabe, creo, que no podrá hacerlo.



RPP, EFE
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, señaló el martes que su país no puede expulsar a Belaunde Lossio porque el Tribunal Supremo de Justicia dispuso, a petición de autoridades de Lima, su detención preventiva con fines de extradición.
Choquehuanca dijo que para concretar una expulsión, Perú "tendría que retirar primero esta solicitud de detención preventiva".



El Comercio
El ministro de Justicia, Fredy Otárola, adelantó que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros la solicitud de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio.
Otárola estimó que el expediente llegará a Bolivia un día antes de que venza la detención preventiva que pesa sobre Martín Belaunde Lossio. Con ello, complementó, se podrá solicitar que se amplíe el arresto.
Otárola sostuvo que esta acción no perjudica una eventual expulsión de Belaunde Lossio.
“La extradición continúa, pero si en el ínterin logramos llegar a acuerdos (con Bolivia) para la expulsión tengan plena certeza de que suspendemos la extradición y procede la expulsión”, expresó.



Expreso, El Comercio
El procurador Joel Segura sostuvo que, si el cuadernillo con el pedido de extradición no llega a Bolivia antes del sábado, Belaúnde Lossio podría fugar de ese país. 
“Creo que estamos yendo bien en esos dos caminos”, refirió sobre la extradición y la expulsión.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



El Comercio, Correo
Alberto Roque Cconisilla (35), alcalde del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, Apurímac, fue asesinado a balazos en la madrugada de hoy. El burgomaestre recientemente había asumido el cargo y viajaba en una Toyota Hilux pertenenciente a la comuna de Mara. El hecho ocurrió en el kilómetro 120,9 de la vía Chalhuahuacho-Cusco, en el sector de Huayllapampa.
Aunque una versión policial da cuenta de que el alcalde estaba solo en el vehículo, el burgomaestre de la provincia de Cotabambas, Odilón Huanaco, mencionó que Roque se encontraba con un chofer, quien resultó ileso. De acuerdo a Huanaco, el camino tenía piedras colocadas presuntamente a propósito para interrumpir el paso del vehículo y atacar al alcalde para asesinarlo. Medios locales mencionaron que Roque recibió cuatro impactos de bala.
En el sector denominado Saywa, la camioneta fue cerrada por otro vehículo, de donde descendieron los que dispararon a quemarropa.



El Comercio
El líder etnocacerista Antauro Humala sustentó hoy su pedido de revisión de sentencia ante la Corte Suprema. El hermano del presidente Ollanta Humala demanda ser absuelto por el homicidio de cuatros policías asesinados durante la toma de Andahuaylas en 2005.
En 2009 se redujo la condena de Antauro Humala de 25 a 19 años y se varió el delito de homicidio calificado a homicidio simple.
El argumento de Antauro Humala es hoy que la fiscalía “reconoció que el ‘andahuaylazo’ fue un delito de rebelión” y lo comparó con la Marcha de los Cuatro Suyos de Toledo. Tras 40 minutos, concluyó la audiencia y la Sala dejó al voto el pedido de Humala.



El Comercio
“Es absolutamente irresponsable la propuesta de Hernando de Soto de suspender el proceso de formalización de la minería artesanal”, afirmó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Esta fue la respuesta a las duras críticas del economista al nulo avance del mencionado proceso que comenzó hace más de dos años. “Solo 7 de 70 mil mineros reconocidos han logrado formalizarse, y no es porque no quieran, sino por las innumerables trabas que impone el sistema para que lo logren”, comentó De Soto.
Federico Gamarra, consultor del Instituto Redes de Desarrollo Social, dijo que tenía que darle la razón a De Soto. Opinó que se ha establecido un proceso engorroso y burocrático que ha impedido avanzar en la formalización.



El Comercio
Lección impostergable
Cecilia Valenzuela
El matrimonio minería-infraestructura ha fracasado, la gente no lo siente próximo. El divorcio sobrevino sin luna de miel. Entonces, hay que casar la minería con la educación.
El canon minero debería destinarse únicamente a incrementar el deficiente presupuesto asignado a la educación y la innovación en las regiones que lo generan. Las que no lo tienen, como ocurre ahora con la infraestructura, contarían con el presupuesto que asigna el Estado.
Los gobernadores –antes presidentes regionales– y los alcaldes, salvo contadas excepciones, cuando no robaron, no supieron gastar; y la población no se ha visto beneficiada con los monumentos, los mausoleos, las plazas de toros, las piscinas o los edificios municipales construidos con el dinero del canon minero; peor, las comunidades cercanas a las minas se han convertido en enemigas de las más alejadas con lo que los políticos y agitadores extremistas han proliferado y pescado en río revuelto.
Conga no fue, y si la apremiada solicitud de la joven gobernadora de la región Arequipa prospera, Tía María tampoco. Dos inversiones que habrían sumado cinco mil millones de dólares, paralizadas.
Al final del día, dos victorias del Partido Comunista del Perú Patria Roja y del Movadef; ambos, dueños de la voluntad de la mayoría de los maestros afiliados al Sutep y al Sutep Conare.
(…)






POLITICA EXTERIOR, BRASIL, CHILE, BOLIVIA, VENEZUELA, EEUU



Correo
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó hoy que su país aspira "a transformar y mejorar" las relaciones con Perú, superando el pasado que los ha dividido porque así lo esperan ambos pueblos. Chile y Perú"no pueden quedar atrapados en un pasado que nos ha dividido", manifestó en la inauguración del año académico de las Fuerzas Armadas, en la escuela militar.
Bachelet aludió por primera vez, y de forma indirecta, al incidente diplomático surgido tras la denuncia de las autoridades peruanas de actividades de espionaje por parte de militares chilenos en el vecino país.
Las denuncias, que han motivado dos notas de protesta por parte de Perú y declaraciones de insatisfacción por la actitud de Chile frente al caso, surgieron tras la detención de tres suboficiales de la marina peruana que habrían vendido información estratégica a unos empresarios italianos que en realidad eran oficiales de la Marina chilena.
Bachelet precisó que Chile "trabaja proactiva e incansablemente para transformar el entorno estratégico en que se juega su seguridad. Y la historia reciente muestra que es posible", dijo. Recordó que Chile "fue capaz de transformar su relación con Argentina" y que ese "país hermano fue capaz también de transformar su relación con Brasil".
"Así lo hicieron también, más recientemente, Perú y Ecuador, tras alcanzar sus acuerdos de paz el año 2000", añadió.
Manifestó que "Chile aspira a transformar y mejorar la histórica relación bilateral con Perú", tras haber "avanzado muy positivamente en los últimos años". Es hora de que Chile y Perú seamos capaces de demostrar al mundo la grandeza de nuestros pueblos, que no quieren, no pueden ni deben quedar atrapados en un pasado que nos ha dividido", enfatizó la mandataria chilena.



El Comercio
Historia de dos discípulos
Alfredo Torres
Una vieja práctica política de los gobernantes en dificultades es aprovechar una real o aparente agresión externa para cohesionar a la población tras ellos. El espionaje chileno al Perú y la declaratoria de Estados Unidos contra el Gobierno Venezolano son dos casos recientes en que los afectados han usado la agresión externa para reforzar su frente interno. Pero la eficacia de estas medidas es cada vez más limitada en tiempos de redes sociales y opinión pública informada.
En el caso peruano, el deplorable espionaje descubierto hace varios meses fue aprovechado por el presidente Ollanta Humala para expresarse duramente en defensa de la soberanía nacional, cambiar la agenda política –que venía muy cargada en contra suya– y procurar incrementar su alicaída popularidad. Si esos fueron sus objetivos, el éxito ha sido modesto. La aprobación a su gestión se incrementó de 22% a 25%, pero el 62% interpretó la divulgación de los hechos como una cortina de humo para encubrir otros temas. Felizmente, la enérgica reacción presidencial no pasó de algunas declaraciones destempladas –como las que propinó contra El Comercio– y ya logró encauzarse a través de la cancillería, que es a donde corresponde.
(…)
No sabemos aún si Maduro logrará confundir a un sector de la población venezolana con esta actitud, pero lo que sí está claro es que no engaña a la opinión pública internacional. Según la última encuesta de Ipsos en el Perú, el 82% califica a su gobierno de una dictadura, el 81% considera que reprime a la oposición y no respeta la libertad de expresión y solo el 3% cree que es un buen gobierno para su país.
(…)
Humala y Maduro comparten el triste honor de ser los gobernantes menos populares de la región, pero existen al menos dos grandes diferencias: en primer lugar, mientras en el Perú contamos con una democracia débil pero con división de poderes y libertad de prensa, en Venezuela la democracia es un cascarón que encubre un régimen dictatorial y represivo. En segundo lugar, pese a la desaceleración, la economía peruana es estable y libre. En cambio, la economía venezolana está crecientemente controlada por su gobierno, con lo cual cada vez más se hunde en la inflación, la escasez de productos básicos y el desempleo.
(…)



El Comercio, AFP
La popularidad de la presidenta de BrasilDilma Rousseff, se derrumbó diez puntos a 13% tras una serie de masivas protestas contra su gobierno, según el sondeo Datafolha divulgado el miércoles.
A menos de tres meses de haber asumido su segundo mandato, la presidenta registró además un rechazo a su gestión de 62%, "el más alto de un mandatario desde setiembre de 1992, en vísperas del 'impeachment' del entonces presidente Fernando Collor", apuntó el diario Folha de Sao Paulo que publica la encuesta.
Según la encuesta, es la primera vez que el rechazo al gobierno deRousseff supera el 50%.
La encuesta Datafolha se realizó el lunes y el martes sobre 2.842 personas en 172 municipios brasileños. Tiene un margen de error de 2 puntos.



El Comercio, AFP, mar 17
Río de Janeiro. Cerca de 1,7 millones de manifestantes salieron a las calles de Brasil el domingo para protestar contra la presidenta Dilma Rousseff. Muchos de ellos pidieron su 'impeachment' (destitución), pero expertos jurídicos aseguran que esa posibilidad es remota y no hay elementos que permitan llevarla adelante.
"Es un reclamo de la calle, no es jurídico ni político. No están ni siquiera presentes las condiciones jurídicas para hacer un 'impeachment'. No hay delito ni improbidad administrativa" de Rousseff, dijo Michael Mohallem, profesor de la facultad de Derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas.
Entonces, ¿qué debería pasar para que el 'impeachment' sea viable?
Primero debe existir una denuncia contra Rousseff, que debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y pasar por un proceso especial en el Senado. Por esto muchos estiman que es una decisión más política que jurídica.
El ministro de la Corte Suprema, Ayres Britto, consideró que no hay posibilidad de que el pedido de destitución de Rousseff avance.
"Hasta el momento no hay ningún elemento jurídico, político para sustentar (un impeachment)", coincidió Elcio Trujillo, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal de Sao Paulo (Unesp).
El "impeachment" de Rousseff es el principal reclamo de dos de los movimientos que convocaron las protestas: el Movimento Brasil Libre (MBL) y Revoltados Online, que aseguran que la presidenta es culpable "como mínimo por omisión" en el escándalo de corrupción en Petrobras.



Peru21
El excanciller uruguayo Luis Almagro fue elegido este miércoles, con 33 votos y una abstención, nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en sustitución del chileno José Miguel Insulza.
El nuevo secretario de la OEA anunció que en el corto plazo concentrará su mirada en la Cumbre de las Américas, de abril en Panamá, a la que llamó una “oportunidad histórica para avanzar hacia un hemisferio sin exclusiones, a partir de la presencia de Cuba en el ámbito latinoamericano por primera vez en décadas”.
Almagro ocupará la cabeza del organismo regional a partir del 26 de mayo por un periodo de cinco años.



El Comercio, DPA
El día después de los comicios el primer ministro Benjamín Netanyahu, cargo que seguirá desempeñando, se encuentra ante un montón de ruinas políticas.
Por primera vez desde el discurso conciliador de 2009, Netanyahu abandonó oficialmente antes de las elecciones la idea de un Estado palestino. "Netanyahu tuvo que sacrificar la solución de dos Estados para ganar", señaló el experto en política Hugh Lovatt del "think tank" European Council on Foreign Relations.
Netanyahu, líder del Likud, irritó considerablemente al presidente deEstados Unidos, Barack Obama, con su polémico discurso ante el Congreso en Washington y su campaña agresiva contra un acuerdo con Teherán por el diferendo nuclear.
Izchak Herzog dijo en la mañana de las elecciones que su partido seguirá siendo una "alternativa" a los partidos de la derecha y eso suena más bien a que no va a formar un gobierno de coalición.
Con su cuarto mandato y su tercera victoria consecutiva Netanyahu va camino de convertirse en el primer ministro que más tiempo ejerce el cargo. David Ben Gurion estuvo al frente del Ejecutivo durante 13 años de forma consecutiva desde que llegó al puesto en 1949. "Bibi" ya lleva nueve años y, si sigue cuatro años más, habrá superado al legendario fundador de su patria.
El 1 de abril, los palestinos entrarán oficialmente a formar parte de la Corte Penal Internacional. Los israelíes temen ser llevados ante los tribunales por acusaciones de crímenes de guerra.




martes, 17 de marzo de 2015

ESTA NOCHE martes 17 marzo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  “Si el Perú quiere que se expulse a Belaunde Lossio, debe retirar el pedido de extradición”, dice el canciller boliviano, David Choquehuanca

ü  Nadine Heredia: “todos están esperando que (Belaunde Lossio) pueda dar cuenta a las autoridades, independientemente de si es culpable o no”

ü  De Soto en Juliaca ante mil mineros de La Rinconada y Ananea: “Napoleón tuvo la inteligencia de crear el registro predial, mediante el cual a su pueblo le dio la propiedad de las cosas sobre las que estaban sentados”


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MEDIA COLUMNA
Desconfía de la justicia peruana
y de la amistad boliviana


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


“Si el Perú quiere que se expulse a Belaunde Lossio, debe retirar el pedido de extradición”, ha dicho el canciller boliviano, David Choquehuanca. Con este anuncio, Bolivia pone en evidencia que la famosa extradición es un procedimiento engorroso e interminable en el que su gobierno no desea verse atrapado. Desde un principio Evo Morales dijo que la vía era la expulsión.

Lo que la pareja presidencial peruana viene pidiéndole a Belaunde Lossio es que “dé cuenta a las autoridades peruanas, independientemente de si es culpable o no”. Este peculiar estribillo lo usan reiteradamente Ollanta Humala y Nadine Heredia cada vez que se refieren a su ex asesor de campaña. Nadie más que la pareja presidencial emplea esta curiosa expresión. Parece un mensaje cifrado. Algo así como “tienes garantizada la presunción de inocencia”, que apunta a su entrega voluntaria. Obviamente, la entrega de Belaunde Lossio puede ser por expulsión de Bolivia o por entrega voluntaria. Pero, ¿por qué la pareja presidencial apela una y otra vez a la voluntad de Belaunde Lossio de ponerse a derecho en lugar de solicitar simplemente a Bolivia la expulsión?

Belaunde Lossio afirma que no tiene la menor intención de regresar porque no hay en el Perú debido proceso. Con o sin él, le espera la cárcel en el Perú, comenzando por una detención provisional que puede durar años.

Ante el emplazamiento del canciller boliviano, sin embargo, ya no hay margen de juego. Le guste o no, al gobierno peruano ya no le queda otro camino que renunciar a la extradición y reclamar la expulsión inmediata.

Al parecer, Belaunde Lossio se metió en una trampa al fugar a Bolivia creyendo que allí podría circular libremente mientras se resolvía una extradición que duraría años. Ya sabremos si el gobierno fue cómplice o no en ello. Ahora están ambos entre la espada y la pared.

Al parecer, ninguno conocía el dicho del siglo XIX que advertía der la necesidad de desconfiar de la justicia peruana pero también de la amistad boliviana.
 


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ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, sostuvo hoy que su país no puede expulsar al empresario Martín Belaunde Lossio porque el Perú inició el procedimiento para extraditarlo cuando pidió su arresto domiciliario en enero pasado. En conferencia de prensa, el ministro de RR.EE. boliviano señaló que la justicia peruana, incluso, ha solicitado la ampliación de esta detención preventiva con fines de extradición.
Choquehuanca contó que el lunes recibieron una tercera solicitud de la Cancillería peruana para que Martín Belaunde Lossio sea expulsado de Bolivia. Sin embargo, indicó que su país no puede atender el pedido porque hay un trámite de extradición en curso.
“Bolivia no puede expulsarlo porque hay un trámite en curso que el Perú solicitó para que se le detenga preventivamente con fines de extradición”, señaló.  Añadió que si el Perú quiere que sea expulsado de Bolivia, tiene que retirar el pedido.



El Comercio
La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sostuvo hoy que el gobierno viene realizando esfuerzos para la expulsión de Martín Belaunde Lossio. “Todos están esperando que pueda dar cuenta a las autoridades, independientemente de si es culpable o no”, manifestó en declaraciones a la prensa.



El Comercio. Andina
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que todos los países ya tienen conocimiento de la orden de captura de Martín Belaunde Lossio a fin de evitar que fugue a un tercer país.
Refirió que se ha reiterado la alerta roja en Interpol desde la semana pasada. “Ya todos los países están en conocimiento, pero inclusive uno de ellos, a quien le hemos reiterado, ya el mismo viernes nos confirmó que no iba a dejar entrar a este ciudadano”, subrayó.
“Si lo ponen en la frontera, nosotros lo recibiremos inmediatamente para capturarlo y, si fuese a otro país, ya se han tomado las medidas para que no sea recibido o sea capturado”, afirmó.



El Comercio, RPP
Si a Martín Belaunde Lossio se le imputa el presunto delito de coautoría de peculado es porque “contribuyó a la apropiación de fondos públicos” por parte del ex presidente regional de Áncash César Álvarez. Así lo sostuvo el procurador anticorrupción, Joel Segura, quien fundamentó ante la Sala Penal Permanente el pedido de extradición del empresario.
En otro momento, el procurador Joel Segura cuestionó la decisión que adoptó hace unas semanas la Sala que negó el pedido de extradición. “Ha sido una exageración de la Sala”, sostuvo.
El procurador anticorrupción Joel Segura consideró que la Corte Suprema se debe pronunciar hoy mismo sobre el pedido de extradición. “Yo quiero que sea de inmediato. Estamos contra el tiempo”, comentó el funcionario a su salida de la audiencia.



El Comercio
El pedido de ampliación de la extradición de Belaunde Lossio por lavado de activos será evaluado el viernes 20 de marzo a las 8:30 a.m. en audiencia pública.
Los integrantes de esta sala son los doctores Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, José Neyra Flores y Víctor Malca Guaylupo, quien participará por la inhibición del juez San Martín.



El Comercio
La congresista Luciana León ha sido citada para mañana al tribunal de ética del Partido Aprista Peruano, a fin de que informe sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de dos departamentos en Barranco en los últimos años y por la adquisición de un inmueble en San Isidro en 1998, cuando apenas tenía 20 años y aún cursaba la carrera de Derecho.
Por su parte, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén exhortó a su colega de bancada a explicar ante la opinión pública cómo fue que adquirió un departamento valorizado en US$176 mil, cuando tenía 20 años y solo era una estudiante universitaria. “Espero que en las siguientes horas dé una explicación y en función a ello el partido tomará una decisión”, acotó.



El Comercio
Dilemas morales
Luis Carranza
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…vemos a muchos buenos funcionarios enfrentando dilemas morales todos los días. La primera opción es actuar con celeridad y prontitud para solucionar un problema, pero quedando expuesto a acusaciones absurdas de corrupción por la cultura de persecución política que se ha instalado en el país; mientras que la segunda opción es quedarse sin actuar pidiendo más información, solicitando informes complementarios y enviando los expedientes a otras dependencias del Estado, todo para cubrirse las espaldas y reducir al mínimo las contingencias personales.
Permítame, estimado lector, compartir un par de anécdotas. Luego del terremoto de Pisco en el 2007, el director de una institución pública solicitó una transferencia con cargo a su presupuesto para realizar acciones de asistencia inmediata en la zona del sismo. Como este funcionario estaba en Pisco, habló por teléfono con Juan Muñoz, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien recibió instantes después el oficio respectivo firmado por el segundo de la institución. La normativa era clara, solo el titular puede firmar la solicitud de recursos. ¿Qué debió hacer el director de Presupuesto? ¿Pedir al funcionario que regrese a Lima a firmar el oficio o actuar inmediatamente? Muñoz decidió lo segundo. Lamentablemente, los recursos no se usaron de la mejor manera y se abrió un proceso investigatorio que llevó a acusar a él y a otros funcionarios del MEF. Al final de varios años, se cayó la absurda acusación.
La segunda anécdota tiene que ver con mi regreso al MEF, el 19 de enero del 2009. La crisis financiera internacional se había agravado luego de la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en setiembre del 2008. Cuando entré en el MEF, no había un solo crédito suplementario gestionándose ni una sola medida de estímulo implementada. Lo único que estaba vigente era el D.U. 004-2009 del Ministerio de Educación para acelerar la ejecución de infraestructura del sector.
Ante la gravedad de las circunstancias, se prepararon medidas que en su mayoría requerían normas con rango de ley. ¿Qué opción se tenía? ¿Enviar proyectos de ley al Congreso o acelerar la implementación a través de decretos de urgencia? Los pocos proyectos enviados al Parlamento demoraron meses en ser discutidos y algunos no fueron aprobados. ¿Nos quedábamos sentados esperando a que el Congreso discutiera las normas? ¿O se implementaban y se esperaba el control posterior de la comisión del Parlamento? Se optó por el camino de usar los decretos de urgencia como única vía de ser eficientes en la implementación del paquete de estímulo económico.
Inhabilitar políticamente al ex presidente Alan García y a los ministros por haber firmado el D.U. 004-2009 crearía un nefasto precedente para usar un instrumento necesario para salir del entrampamiento político en que a veces cae el Congreso. Evidentemente, si después de una investigación se determina que se cometieron actos ilícitos, las personas responsables deben ser sancionadas como corresponde.
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



La República
El economista Hernando de Soto ante unos mil mineros, concentrados en el anfiteatro del cerro Huaynarroque en Juliaca donde se hallaban mineros de La Rinconada, Ananea, Sandia, Carabaya y otros, cuestionó al gobierno por la política de formalización que emprendió desde años anteriores y consideró que fue un fracaso.
Refirió “que el presidente (Ollanta Humala) es un buen hombre, pero debe estudiar la historia militar del mundo. Cuando cayeron los sistemas feudales en todos los países, había un militar, Napoleón, que tuvo la inteligencia de crear el registro predial, mediante el cual a su pueblo le dio la propiedad de las cosas sobre las que estaban sentados”, sostuvo. Expresó que, si no les dan propiedad sobre las tierras, otros se van a quedar con las riquezas.
Además de De Soto, como ponentes participaron Alberto Pizango (exdirigente), Juan Carlos Ramírez (ex viceministro), Miguel Vega (expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias), entre otros.
“Anteriormente (antes del proceso de formalización), la población migraba a Puno y ahora emigran a otras regiones. Ya no hay inversión, hay desinversión; el oro no se vende, pasa hacia Bolivia; la delincuencia ha aumentado”, sostuvo De Soto.
Invocó al gobierno nutrirse de la información sobre la realidad de mineros para luego emprender la formalización. "Así se hace en todos los países del mundo, ya que aterrizan sobre una cultura”, dijo.
 “Formalizar no es cumplir un requisito cuyo objetivo es mantenerlos como obreros, formalizar es darles la titularidad que les permita a ustedes formar capital y ser empresarios”, dijo.
El dirigente de AIDESEP, Alberto Pizango, también estuvo en el evento como expositor, quien invocó a los mineros a unirse.  “Debemos unirnos la Amazonía, los Andes y la Costa, para hacer entender a esa minoría que no entiende. Ellos hacen la ley solamente para favorecer a un grupo y la hacen mal”, expresó. Dijo que había sido convocado por De Soto a participar en este evento. “Tenemos que hacer viable esa interculturalidad, la única forma de avanzar es el tema de la propiedad, un título de propiedad formalizado legalmente”. Agregó que no descansará hasta ver sonreír a los  pequeños y medianos mineros cuando tengan su título de propiedad.



RPP
 Con la presencia de la premier Ana Jara acompañada de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz; y el jefe de la oficina de Diálogo de la PCM, Julio Rojas, se procedió a la suscripción del acuerdo de ocho puntos en el marco de las demandas sociales contra la empresa Electro Sur Este en Andahuaylas. Entre los acuerdos está la reorganización y descentralización de Osinergmin, por lo que desde la próxima semana se descentralizará esta oficina en toda la provincia de Apurímac.



Expreso
Los pobladores han hecho un alto momentáneo, informó Julio Rojas, comisionado del Diálogo de la PCM, quien aseguró que los pobladores levantarán el paro cuando arribe la ministra Ana Jara. Fuentes de la PCM, confirmaron que la titular de la PCM, Ana Jara, está viajando a la zona. Ana Jara llegará hoy a Andahuaylas a suscribir el acta en la cual el Gobierno ratificará los acuerdos con la comunidad.
Los moradores de Andahuaylas, Chincheros y ahora Abancay protestan contra la empresa Electro Sur Este.
El Ministerio de Energía y Minas informó que entre los ocho acuerdos alcanzados figuran la modificación de la opción tarifaria, la suspensión temporal del cobro por deuda del Fonavi, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios y la sanción a los responsables.
También están la refacturación del servicio. De igual forma, figura el compromiso de la PCM y el Ministerio de Energía y Minas de no privatizar la citada empresa estatal.



Correo
Luego de seis días de protesta - de la población de Andahuaylas - contra la empresa Electro Sur, el alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Julio Rojas, reveló que la gente tenía razón en su reclamos, hubo negligencia de la empresa. Rojas explicó que se ha descubierto una facturación errada de Electro Sur Este, que perjudicó a aproximadamente 10,000 familias de Andahuaylas.
“Se ha acordado anular la facturación”, anotó el funcionario.



Canal 5
Ante las protestas en Andahuaylas contra la empresa Electro Sur Este, el economista Miguel Santillana, destacó la importancia de contar con inteligencia y señaló que los “radicales” saben que se han descabezado el sistema de inteligencia, con lo que el Gobierno dejó de mirar los problemas de las provincias.
Asimismo, recordó que Ollanta Humala es quien ubicó a los directores de la empresa Electro Sur Este, por lo tanto “es su culpa”. Seguidamente, señaló que la empresa tiene una mala gestión y por ello hay una justificación para la protesta.
Luego de contextualizar el conflicto, sostuvo que la premier Ana Jara ni otras autoridades podrán lograr nada pues la única solución es la privatización del sistema de distribución eléctrica.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
No puedo creer que la premier Ana Jara haya colocado a Francisco Guerra García (FGG) en la comisión que reorganizará la DINI. A menos que sea un homónimo, FGG fue uno de los principales integrantes del grupete de intelectuales rojos –apodado ‘La Aplanadora’– que constituyeron el Sinamos, el mangoneador brazo político de la dictadura militar de Velasco. Después anduvo por el PSR, el fallido partido del velasquismo, y fue fugaz senador barrantista.
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ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES



El Comercio
La aprobación definitiva de la ley que prohíbe la reelección inmediata de los ahora llamados gobernadores regionales y los alcaldes ha generado molestia en Solidaridad Nacional.
El vocero en el Congreso, Gustavo Rondón, contó que en su bancada viene analizando plantear al JNE y el Tribunal Constitucional (TC) un pedido de interpretación. La interpretación única tiene como objetivo, detalló Rondón, establecer si la ley de no reelección alcanza a las actuales autoridades edilicias, como Luis Castañeda Lossio.
El ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez sostuvo que la ley que prohíbe la reelección inmediata de gobernadores regionales y de alcaldes rige para quienes ostentan actualmente esos cargos. “Salvo disposición contraria en la ley, esta rige para quienes están en este momento en el cargo”, refirió.
“Si desean que el TC se pronuncie, deben interponer una demanda de inconstitucionalidad”, dijo.
En el caso del JNE, añadió, el ente electoral solo puede fijar posición cuando se presente una tacha contra un candidato.
En el 2000, el presidente Alberto Fujimori adujo que, como la Carta Magna se dio en el 1993, su primera elección bajo este marco legal fue en 1995 y no la de 1990.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



El Comercio
A una semana de archivarse el proyecto de unión civil, propuesto por el congresista Carlos Bruce, llega a la Comisión de Justicia el proyecto de unión solidaria, elaborado por Martha Chávez. La unión solidaria es "un acuerdo entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común", explicó.
Más allá de ese aspecto, la unión solidaria difiere en de la unión civil en que la primera no otorga vínculo de parentesco y, por ende, no crea un nuevo estado civil.
La unión solidaria coincide con el proyecto de la unión civil principalmente en los aspectos patrimoniales.
En ambos proyectos, por ejemplo, se admite el manejo de bienes que se adquieran en conjunto, así como que unos puedan ser beneficiarios de los programas de seguro social o de pensiones de los otros.
Del mismo modo, ambas normas permiten la toma de decisión sobre tratamientos quirúrgicos de gravedad en los que uno no pueda expresar su opinión.
También, tanto la unión civil como la unión solidaria amparan el otorgamiento de pensiones de sobrevivencia cuando uno de los dos miembros de las uniones fallezca.