martes, 2 de agosto de 2016

ESTA NOCHE martes 2 agosto 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
¿Alguien manda en el Vraem?  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Nadie ha preguntado quién va a reemplazar a Vega Loncharich en la jefatura de operaciones de la Policía en el Vraem.

La atención de la prensa está en la investigación del Lobo, el “escuadrón de la muerte”, la supuesta banda parapolicial que habría cometido violaciones de derechos humanos. Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.

Las proyecciones del asunto no son de poca monta. Mauricio Mulder ha señalado que podrían llegar hasta el propio Ollanta Humala, de aplicarse en su caso la autoría mediata.

En segundo y tercer plano, en lo que a medidas contra la inseguridad se refiere, hay cuestiones logísticas del sector: cuántos generales debe haber en la Policía, y qué hacer con los patrulleros que más que inteligentes resultaron descerebrados.

Nadie pregunta quién será el jefe de las operaciones de la Policía en el Vraem.

Como se sabe, en el Vraem la Policía lucha solo contra el narcotráfico, no puede hacerlo contra el terrorismo. También las Fuerzas Armadas tienen la manos atadas, solo luchan contra el terrorismo, no contra el narcotráfico. Esta separación artificial y nociva ha creado un estado de cosas intolerable.

Tampoco la política de interceptación de narcoavionetas se aplica, a pesar de que está vigente la ley que la aprobó.

Esta es la clase de escenario disfuncional que -como vimos muchas veces en el pasado- desemboca en la violación de los derechos humanos.   

El país sigue sin tomar en serio la lucha contra el narcoterrorismo, que es uno solo.

Por lo tanto, tampoco avanza la lucha contra la inseguridad y la corrupción, directamente vinculadas al narcotráfico. Inseguridad y corrupción es lo que el narcotráfico genera deliberadamente proveyendo las armas y el dinero para crear el caos funcional a sus operaciones.

El síndrome complejo del narcoterrorismo con corrupción y delincuencia organizada es uno solo, y no cuatro frentes distintos. La tarea del gobierno es abordarlo como tal.

Pero el narcotráfico ni siquiera fue mencionado en el mensaje presidencial.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



La República
Los detalles han sido brindados en este diario y otros medios: existe una denuncia sobre la actuación de un escuadrón de la muerte en la PNP que fue ingresada a la Inspectoría de dicha institución. Los posibles asesinados son por lo menos dieciocho presuntos delincuentes, en cinco operativos policiales que transcurrieron entre 2012 y 2014. Las cifras reales son mayores, quizá mucho mayores, pero lo dicho es lo formalizado hasta ahora por la Inspectoría de la PNP. ¿Qué hicieron después la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público? Es lo más asombroso del asunto.
La denuncia fue hecha por el comandante de la PNP Franco Moreno Panta. No era un neófito, porque pertenecía a la División de Investigación Criminal. La narración, con pelos y señales, fue escuchada por el entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP, general Alfredo Basilio, el 29 de enero del 2015. Dos semanas después, fue nombrada una Comisión Especial, a cargo del coronel PNP Edgar Aybar. La comisión viajó a distintas ciudades en las que se reportaron hechos. Sus primeras indagaciones comprobaron lo denunciado en un nivel preliminar. En las matanzas habría participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de oficiales superiores. Varios generales tendrían responsabilidad, al menos por negligencia. Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial, la instancia correspondiente para oficiales de ese nivel.
Todo esto ocurrió en los primeros meses del 2015. Hace pocos días, luego de que La República difundiera el Informe de Inspectoría, el ministro del Interior del gobierno saliente, José Luis Pérez Guadalupe, fue interrogado al respecto, en Sin Medias Tintas, de Latina. Ante una pregunta de Aldo Mariátegui dijo:
—Yo recién me he enterado.
Esa respuesta refleja una segunda dimensión de la gravedad del caso. ¿Cómo así una investigación que involucra a varias fiscalías, a ochenta suboficiales y 16 oficiales —sin contar a los generales, que nunca fueron indagados— queda fuera de la atención de un ministro del Interior por tanto tiempo? Los siguientes hechos dan una pauta.
El 31 de agosto del 2015, tras recibir el informe de la Comisión Aybar, el Tribunal de Disciplina Policial (TDP), que procesa a generales de la PNP, decidió devolver el expediente a Inspectoría. No aceptó que se hablara de “probables responsabilidades de generales”; quería precisión y claridad. La Sala de Primera Instancia que resolvió así estaba presidida por Henry Ávila, quien había sido viceministro de Derechos Humanos y era, a la sazón, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la lectura del informe Aybar dejaba con la boca abierta al más incrédulo. En cinco operativos desarrollados en Lima, Chincha y Lambayeque, bajo el liderazgo del comandante PNP Raúl Prado Ravines, cuerpos combinados de la policía abatieron a supuestos delincuentes creando falsos escenarios de enfrentamiento, con presupuesto de los órganos de inteligencia de la PNP y el Ministerio del Interior, y autorizados por oficiales superiores y generales que jamás estuvieron presentes ni supervisaron. Los operativos fueron realizados sin fiscal. Las supuestas víctimas o no estaban presentes o habían sido apalabradas por los policías. Los testigos negaban enfrentamientos, las pericias desmentían el fuego cruzado. Desde luego, faltaba investigar más. Documentos sobre nuevos hechos no habían llegado de algunas dependencias policiales.
Aún peor: el 29 de junio del 2015, luego de que el informe Aybar fuera presentado a la superioridad, hubo una nueva matanza: cinco delincuentes fueron muertos a balazos en la avenida Ramiro Prialé, cuando supuestamente se dirigían a robar un grifo de las inmediaciones. Prado los coordinaba, el comando policial apareció en el lugar para bendecir la acción. Pero Luis Laos, un vendedor de cometas recibió tres disparos, sobrevivió y pudo contar la verdad de lo que sucedió.
Después de que el Tribunal de Disciplina Policial se negara a investigar a los generales, se produjo una vuelta de tuerca en la Inspectoría de la PNP. En mayo del 2016 Edgar Aybar preparó un proyecto de resolución para dar de baja a 97 policías que su investigación comprometía. El documento fue encarpetado, y el propio Aybar reemplazado. El coronel PNP Belermino Vásquez pasó a ser jefe de la Comisión Especial. En junio, el instructor del caso, comandante José García Cjuiro, nombrado por Aybar en marzo de 2016, renunció a continuar investigando. Hizo el tardío descubrimiento que era compañero de promoción de Raúl Prado, el principal incriminado. Vásquez declaró compleja la indagación y dispuso prolongarla. En realidad la congeló.
Llegados hasta aquí se revela incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado. Una situación de esta naturaleza requería una actuación rotunda, fulminante, del encargado del sector. Como la que anunció la noche del domingo el ministro Carlos Basombrío: en diez días, el Ministerio del Interior hará público un informe interno. Pero Pérez Guadalupe ha dicho que no sabía.
Habría que concluir que no fue informado por el general Jorge Flores Goicochea, nombrado director general de la PNP el 11 de marzo del 2013. Dejó el cargo a fines de agosto del 2015, para convertirse en viceministro de Orden Interno hasta hace unos días. ¿Por qué no le informó al ministro? ¿O sí lo hizo? Este es un punto crucial, porque un funcionario que haya ocultado actos delictivos de esta naturaleza, o rehusó actuar ante los mismos, puede incurrir en delitos…
(…)
En el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se produjeron ayer decisiones que darían un vuelco a la investigación de los supuestos asesinatos de delincuentes a manos de fuerzas combinadas de la policía.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a este diario que los casos serán investigados por una fiscalía especializada en Crimen Organizado, que tiene un alcance supranacional. Hasta el momento los casos eran vistos por la 35 Fiscalía Provincial Penal, a cargo de José Ulloa. Sánchez dijo que la decisión se tomó en vista de la gravedad de las denuncias. Hoy, adelantó,  sería designado el fiscal encargado de la investigación.
Por otra parte, al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior alistaba una resolución para nombrar una Comisión Investigadora que tendría algunos miembros externos al portafolio. El ministro Carlos Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.



Peru21
El congresista aprista Mauricio Mulder demandó una profunda investigación de las denuncias periodísticas que dan cuenta de la presunta existencia de un ‘escuadrón de la muerte’ al interior de la Policía Nacional para ejecutar extrajudicialmente a delincuentes. Agregó que, por este tema, Ollanta Humala podría ser denunciado por crímenes de lesa humanidad.
Mulder señaló que este debe ser uno de los primeros temas a tratar en la nueva Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, por una comisión especial de investigación.
“Que se vea realmente quiénes son las personas que cayeron en este tipo de operativos y que se aclare que no solo fueron operativos para justificar el uso de dinero de la DINI, lo cual sería un caso de corrupción adicional. Hay que ser prudentes”, puntualizó.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
El premier Fernando Zavala expresó el martes sus disculpas a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por las declaraciones del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien, en el diario El País, de España, mostró su intención de “jalarse” a unos 30 congresistas que postularon por Fuerza Popular por “prebendas”.
“El primer tema de la agenda fue extender mis disculpas; entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas. Ya el presidente señaló, catégoricamente, que no es parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Vine a presentar mis disculpas a los congresistas por esa publicación que no reflejó lo que piensa este gobierno”, indicó Zavala al culminar la reunión.
Según puntualizó, por “indicaciones claras” del presidente Kuczynski, una de sus funciones principales como premier será “buscar los puentes para lograr políticas consensuadas con el Congreso”.
En declaraciones a la prensa, Luz Salgado dijo que recibieron las disculpas del primer ministro y recalcó que no se puede permitir que se afirme que los parlamentarios ingresaron a un partido por “prebendas”.



El Comercio, editorial
La disposición poco protocolar con la que Pedro Pablo Kuczynski se ha estrenado en su rol de presidente de la República le ha reportado hasta ahora algunas simpatías entre la población, pero también ciertos costos políticos que no se puede dar el lujo de asumir.
Una cosa es, en efecto, insinuar pasos de baile en medio de circunstancias finalmente festivas o cubrirse la cabeza con un pañuelo durante una ceremonia mientras le consiguen una gorra para protegerse del sol. Y otra, muy distinta, prestar declaraciones de naturaleza política en las que expresa la intención de aprovechar el interés por las ‘prebendas’ que pudiera existir en los integrantes menos comprometidos de la bancada de Fuerza Popular para ‘jalárselos’ a la suya. Porque, por más que luego él mismo y otros voceros del gobierno hayan querido sostener que lo “interpretaron mal”, eso fue exactamente lo que sugirió en la entrevista que concedió días atrás al diario español “El País”.
A una pregunta sobre los problemas de un gobierno en minoría y la eventual colaboración que pudiera esperar del fujimorismo, Kuczynski respondió lo siguiente: “No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido; habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella [Keiko Fujimori] ganaba y que recibirían una prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es ‘jalarse’ a algunos de esos”.
Decir que determinados congresistas se subieron al carro del fujimorismo a la espera de prebendas es la inequívoca descripción de una partida de aventureros políticos. Y ‘jalarse’ a alguien (sobre todo con el enclítico ‘se’ final) no tiene el sentido de atraerlo por la vía de los argumentos, como pretende ahora el oficialismo, sino el de incorporar, por la vía de la oferta tentadora, a un jugador o miembro de otro equipo, al propio. Máxime cuando eso es entendido, además, como un gesto ‘egoísta’. Es decir, que ha de beneficiar a quien habla (en este caso al nuevo presidente) en perjuicio de alguien más (en este caso, Fuerza Popular).
Eso lo sabe y lo comprende cualquier hablante competente del castellano con el que nos comunicamos cotidianamente los peruanos. Y tratar de persuadirnos de que no se dijo lo que se dijo –como invariablemente hacen los políticos cada vez que desbarran en sus expresiones– es solo ahondar el problema.
Reflexión aparte merece, por otro lado, el que fuesen precisamente esos presuntos parlamentarios sedientos de prebendas los que se señalase como apetecibles para el enrolamiento. Eso es, sin coartadas posibles, un guiño al peor de los transfuguismos.
En realidad, todo indica que PPK fue una vez más víctima de lo que él considera una forma ‘casual’ de hablar. La misma que le hizo decir durante la campaña que Verónika Mendoza no había hecho nada en “su perra vida” o que lo más probable es que el hijo de un ratero sea “ratero también”, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. O la que lo movió a convocar a los trabajadores de Doe Run a una marcha de protesta hasta el Congreso, cuando ya era presidente electo… para luego, cuando resultó evidente que la iniciativa era un despropósito, afirmar: “Eso fue un decir nada más”.
El problema, no obstante, es que ni como candidato presidencial ni como presidente electo sus palabras podían ser tomadas como ‘un decir’. La gente, más bien, tendió a asimilarlas como el anuncio de un estilo o de acciones concretas una vez que asumiera el poder, y en esa medida tuvieron un costo para él.
¿Cuánto más grave será, entonces, que ahora haya dicho lo que dijo ya como mandatario en funciones?
Por eso, en lugar de tratar de echarle la culpa al prójimo con la tesis de la mala interpretación, lo que tendrían que hacer desde el oficialismo es ofrecer disculpas, asimilar que las palabras del presidente tienen ahora un valor distinto y empezar a dispensarlas con el cuidado que corresponde a quien ha asumido una responsabilidad tan grande.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Entrevista a Guido Aguila, presidente del CNM.
—El plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski propone, entre otras cosas, una reforma en el sistema de justicia. ¿Se debe hacer? 
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.
—Gino Costa, congresista de PPK, ha sido uno de sus mayores críticos. Él propone, por ejemplo, una recomposición del CNM. 
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…
—¿Qué cambios se deben hacer en el CNM, a su juicio? 
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.
—Pero ustedes ratificaron a Quispe como consejero. Si la ciudadanía no presionaba, no lo hubieran vacado. Esa es la impresión. 
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.
—Pero aun así lo hicieron. ¿Quispe los puede denunciar? ¿Presentar, tal vez, un recurso de amparo? 
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.
(…)
—En diciembre, nombraron a cinco magistrados supremos. Sin embargo, entre ellos se escogió a un juez [Ángel Romero] que fue personero del Apra y a un fiscal [Tomás Gálvez] que era investigado por peculado.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.
(…)



El Comercio
Justicia: una nueva oportunidad
Javier de Belaunde
Hoy nadie duda de que un sistema de justicia confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de un sistema de justicia que funcione razonablemente.
No obstante avances recientes, nuestra justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y predecible.
Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y eficaz.
Hace más de una década, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos, poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.
En una década la reforma de la justicia ha entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada en la reparación de los derechos fundamentales.
Este pacto es necesario. Pone la reforma judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura. Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder Judicial a la cabeza.
Pero como la Defensoría del Pueblo oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias previamente consensuadas.
El Congreso tiene un rol imprescindible en la generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).

Pero más allá de ello, el cambio de gobierno constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano, el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y metas precisas.

lunes, 1 de agosto de 2016

ESTA NOCHE lunes 1 agosto 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Sentido común


Jorge Morelli
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Por reñido que parezca con el sentido común, no hay relación alguna entre el IGV y el tamaño de la informalidad.

Así de simple es la conclusión del ex ministro de Economía y doctor en Econometría Jorge Baca Campodónico en su último artículo publicado en EXPRESO (31/7/2016).

“Observamos claramente la relación inversa entre la productividad y la informalidad. A mayor productividad laboral, menor informalidad. El estancamiento del incremento de la productividad observada en los últimos años –concluye- ha generado un estancamiento en la disminución de la informalidad”.

En suma, es el crecimiento de la economía lo que permite la formalización. Del mismo modo y tal vez por la misma razón que el crecimiento de la economía disminuye la pobreza.  

La comparación en cambio no arroja relación alguna de la formalización con la evolución del IGV, aunque eso desafía las ideas platónicas sobre la materia.

La comprobación empírica es que el IGV se redujo en un punto el 2012, durante la gestión de Ismael Benavides en el MEF, y nadie se formalizó.

La economía crecía entonces, además. Y había superávit fiscal. Ahora la economía está estancada y hay un déficit fiscal de tres por ciento del PBI.

Lo que el sentido común está indicando es que reducir un impuesto para formalizar es un experimento fallido y también uno que no debería intentarse en medio de vacas flacas.



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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, reveló al diario Gestión que trabaja modificaciones tributarias que serían planteadas en el pedido de facultades.
En total, son doce las medidas tributarias en evaluación, algunas de ellas ya decididas.
1.- Desde enero 2017 se reduce en un punto porcentual el IGV a 17%. El MEF seguirá reduciendo el IGV en los siguientes años si se logra mejorar la recaudación y aumenta la formalización.
2.- Cuando se tenga un sistema de digitalización completo, se dejará de utilizar boletas de venta y se pasará a factura electrónica. La idea del MEF es que los pagos a través de POS generen inmediatamente una copia a la Sunat.
3.- Se modificarán los regímenes tributarios que se aplican a las micro y pequeñas empresas. Actualmente, las empresas pasan de pagar un Impuesto a la Renta de 10% en el RER a pagar 28% cuando crecen, lo cual es demasiado. El MEF establecería más etapas conforme la mype crece.
4.- Habrá amnistía para que los peruanos que tienen dinero fuera del país y no han pagado impuestos, traigan esos capitales al país. Se podría fijar una tasa de impuesto y se les dará seis meses para regularizar.
5.- Habrá amnistía de moras para la deuda judicializada que asciende a 46 mil millones de soles. Además, se intentará cerrar el paso a las empresas para que no judicialicen sus deudas.
6.- Se revisará totalmente la ley antielusión. La actual ley y el reglamento trabajado (no aprobado) otorga mucha discrecionalidad a la Sunat.
7.- Peruanos ya no necesitarán tener RUC para convertirse en contribuyentes, solo se usará el DNI.
8.- Las personas naturales podrán tener una mayor deducción a la hora de pagar su Impuesto a la Renta. Actualmente, solo descuentan 7 UIT, pero se podría descontar hasta 14 UIT cuando se presenten facturas de salud, seguros y educación. Las personas decidirán si descuentan las 7 UIT automático o si de acuerdo a las facturas.
9.- Todo gasto realizado a través de un POS será una factura. Eso se facilitará cuando el documento a utilizarse en vez del RUC sea el DNI.
10.- Se tratará de limitar el uso de efectivo para la compra de automóviles y viviendas.
11.- Evaluarán seguir con la reducción del Impuesto a la Renta.
12.- Se considera cambiar el que las empresas paguen más Impuesto a la Renta cuando repartan dividendos. Mecanismo no ha servido para elevar el cash de las empresas sino para que los ejecutivos se repartan bonos.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El Presupuesto 2017 deja poco margen al Ministerio de Economía (MEF) para las políticas planteadas debido a los ingresos bajos frente al 2015, y al cumplimiento de la regla fiscal que establece un menor techo al déficit público para los próximos años.
Los ingresos del gobierno en el 2017 alcanzarían entre el 19,3% y 19,6% del PBI, debido a la reducción y devolución de impuestos del gobierno de Humala en el 2014.
Asimismo, la regla de disciplina fiscal impone al MEF la reducción del déficit de este año a 1,5% para el 2017 y a 1% para el 2018, con la finalidad de mantener la deuda pública en 25,9% del PBI.
Ambos componentes del Presupuesto empujan a la nueva administración a reducir su gasto. .
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha adelantado que solicitará al Congreso la expansión del déficit fiscal a 2,5% del PBI.
El economista Juan Mendoza dice que, para que la economía crezca 4,6% el 2017, el déficit fiscal tiene que mantenerse en 2,5% del PBI potencial, con un nivel de deuda pública de 26,6% del PBI. Si se disminuye como plantea la regla fiscal, asevera, la demanda interna disminuiría entre 1,2% y 1,8% del PBI.
No obstante, PPK anunció que reducirá el IGV en un punto porcentual a partir del 2017.
“Si no hay reactivación, lo más probable es que no puedan atender muchas de las promesas que están haciendo. Si las atienden, el déficit se va a 4% o 5%”, alerta Carlos Oliva. Oliva cuestiona que el plan de formalización del Gobierno no contemple la flexibilización laboral.



Expreso
Tasa del IGV e informalidad
Jorge Baca Campodónico
El ministro de Economía entrante machaconamente insiste en la reducción del IGV como estrategia central para reducir la informalidad. Miembros del gabinete entrante han anunciado que la reducción del IGV será parte del pedido de facultades legislativas. Por su parte miembros de la bancada de Fuerza Popular se han manifestado en contra de la reducción de la tasa del IGV. En esta entrega presentamos un breve análisis econométrico que demuestra, con base a los datos estadísticos existentes, que la disminución del IGV no tiene efecto directo en la reducción de la informalidad.
La tasa legal del IGV es 18 % del valor agregado (ventas totales menos compras totales) de todas las actividades económicas del país. Teóricamente se esperaría que la recaudación del IGV fuera equivalente al 18 % del PBI ya que este último es semejante al valor agregado de la economía. En la práctica sin embargo la recaudación del IGV es inferior al 18 % del PBI debido a la presencia de exoneraciones de diferentes bienes y servicios (educación, salud, etc.), exoneraciones de regiones (zona de selva por ejemplo), tamaño de la empresa (Régimen Único Simplificado, RUS) y a la presencia de evasión tributaria. Al porcentaje que la recaudación del IGV representa del PBI se le conoce como “tasa efectiva del IGV”. La tasa efectiva es inferior a la tasa legal y fluctúa de acuerdo a como cambien las exoneraciones, las acciones administrativas de la SUNAT, el crecimiento económico de los diferentes sectores, y la evasión tributaria.
La informalidad del sector laboral se define como el porcentaje de la fuerza laboral que no paga las contribuciones a EsSalud y al sistema previsional (ONP y AFPs). Para nuestro análisis definimos informalidad laboral como el porcentaje de la fuerza laboral que no paga contribuciones a EsSalud según lo reportado por la SUNAT en su Nota Tributaria mensual.
En el Gráfico 1 se muestra la evolución mensual promedio de la tasa efectiva del IGV y de la Informalidad para el periodo 2004 – 2015. Se observa claramente que existe una relación inversa (correlación negativa) entre la tasa del IGV y la informalidad. Los datos estadísticos de los últimos 12 años nos dicen que cuando aumenta la tasa efectiva del IGV la informalidad disminuye y que cuando la tasa efectiva disminuye la informalidad no disminuye. En particular, en los últimos dos años la tasa efectiva del IGV ha venido disminuyendo mientras que la informalidad en lugar de caer se ha estancado en 73 %. En otras palabras, la reducción de la tasa efectiva del IGV no ha reducido la informalidad laboral.
Del análisis anterior es evidente que la evolución de la tasa del IGV no explica la evolución de la informalidad en el Perú. Como también es ilógico pensar que el aumento de la tasa efectiva del IGV sea la causa de la disminución de la informalidad; entonces tenemos que buscar otros factores que expliquen la disminución de la informalidad del 88 % al 73 % entre 2004 y 2013 y su estancamiento en los últimos dos años.
La experiencia de otros países nos dice que los factores que más explican la evolución de la informalidad son la productividad laboral y el nivel relativo del costo salarial respecto a la productividad laboral de un país. La productividad laboral se mide dividiendo el PBI total por el número de trabajadores empleados. La productividad laboral nos dice cuántos miles de soles produce en promedio cada trabajador en un período de tiempo. En nuestro caso medimos la productividad mensual que se obtiene dividiendo el PBI mensual por el número de trabajadores empleados. Esta medida facilita la comparación de la productividad con el salario mínimo mensual y otros factores del costo salarial.
En el Gráfico 2 se presenta la evolución mensual de la productividad laboral (en soles por mes) y de la informalidad para el periodo 2004 – 2015. Observamos claramente la relación inversa entre la productividad y la informalidad. A mayor productividad laboral menor informalidad. El estancamiento del incremento de la productividad observada en los últimos años ha generado un estancamiento en la disminución de la informalidad.
La relación inversa entre productividad e informalidad se hace aún más evidente (una correlación estadística aún mayor) si utilizamos el concepto de productividad neta que mide la diferencia entre la productividad laboral y el costo salarial. Cuanto mayor es la brecha entre la productividad laboral y el costo salarial, menor es la informalidad y viceversa. Por ejemplo, si asociamos el sueldo mínimo al costo salarial, entonces un aumento del sueldo mínimo, cuando se tiene un estancamiento de la productividad laboral, es contraproducente pues la brecha entre la productividad y el costo salarial disminuye y por lo tanto se genera un aumento de la informalidad. De la misma manera si aumenta el costo del despido, el costo salarial aumenta. Al aumentar el costo salarial la brecha entre la productividad y el costo salarial disminuye y por lo tanto aumenta la informalidad.
Del análisis anterior podemos concluir que un conjunto de medidas que flexibilicen el mercado laboral harían que el costo salarial sea menor y por lo tanto contribuirían a la disminución de la informalidad laboral. De la misma manera un conjunto de medidas que contribuyan a aumentar la productividad laboral harían que disminuya la informalidad. Definitivamente este tipo de medidas serían más efectivas en la reducción de la informalidad que una disminución de la tasa del IGV.
Por lo tanto, el actual ministro de Economía haría bien si en lugar de insistir en la reducción del IGV, llegara a un consenso con la bancada de Fuerza Popular sobre medidas que propicien el aumento de la productividad laboral y/o disminuyan el costo salarial.



El Comercio
En julio la inflación ingresó al rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
La inflación de Lima, utilizada como referente nacional, fue de 0,08% en julio, con lo cual la cifra acumulada en doce meses se ubicó en 2,96%, dentro del rango del BCR de entre 1% y 3%. El año pasado, la inflación fue de 4,4% y 2014 en 3,22%.
La inflación estuvo por encima del rango meta durante más de dos años debido al laza del dólar y su impacto en las tarifas de electricidad y los alimentos. Este año el tipo de cambio se ha reducido en alrededor de 3%.



El Comercio
Entrevista a Heraldo Muñoz, canciller de Chile
(…)
— Para Chile, ¿en qué aspectos puntuales deben mejorar las relaciones con el Perú?
Debemos partir por reforzar la confianza mutua. Podemos reactivar las consultas políticas, puesto que tenemos posiciones similares en materias multilaterales y regionales. Y hay áreas de enorme potencial: la conectividad energética, por ejemplo.
(…)



El Comercio
Entrevista a Daniel Titelman, CEPAL
 (…)
-¿Cuál es el panorama para la inversión en la región?
Nos preocupa esta importante disminución de la inversión, que ya lleva ocho trimestres en una contracción.
(…)
…es muy importante reactivar la inversión pública y privada para cambiar el ciclo de contracción que estamos viviendo… pensamos que la política fiscal contracíclica y pro inversión es muy importante…
(…)
-Se ha visto un deterioro fuerte del balance fiscal en la región.
Todos los países de América Latina y, particularmente los de América del Sur, han tenido restricciones en el ámbito de la política fiscal, sustentadas en la caída de los precios de las materias primas. En ese escenario, hay que ser muy cuidadosos y ajustarse a la nueva realidad. Dentro de la estructura de gasto, es muy importante defender el gasto de inversión. 
(…)
Creemos que el gran desafío es cómo ajustarse a las nuevas restricciones de ingresos públicos sin deteriorar el esfuerzo del gasto de inversión.
(…)



The New York Times en español
Alberto Vergara
Durante el nuevo milenio América Latina estuvo de pachanga. Minerales y gas, petróleo y soya, entre otros, alcanzaron precios históricos que desataron el populismo manirroto de los gobernantes y la algarabía de una sociedad entregada a la novedad del consumo. Ahora la música se ha apagado. Quienes ayer bailaban hoy yacen aturdidos por la resaca.
Pero hay distintos tipos de resaca. En Venezuela y Brasil, por ejemplo, se combinan la resaca económica y la política. Con acentos propios, ambos países asisten a la contracción de sus economías, la crisis de sus instituciones y el desprestigio de sus líderes. En Argentina, la alternancia de partido en el poder permite que la resaca sea esencialmente económica, mientras la administración Macri procura ordenar el manejo del país.
En el Perú, en cambio, donde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) toma posesión el jueves como nuevo presidente, la resaca es política y no económica. Entre 2001 y 2013, su economía creció a un promedio anual de 6,1 por ciento, la pobreza cayó de 55 a 24 por ciento, y la extrema pobreza debajo del 5 por ciento. Según el FMI, durante este año la economía latinoamericana se contraerá en 0,4 por ciento, mientras la peruana crecerá 3,7. La proyección para el 2017 es 4,1 por ciento. La economía peruana se mantendrá como la más dinámica de Sudamérica.
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Ahora bien, el Perú está atrapado en un gran desencuentro. De un lado, la ciudadanía no muestra satisfacción con estos resultados y aborrece a sus instituciones y políticos a niveles inusuales.
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En resumen: el país respira una tremenda amargura que las grandes cifras no alivian.
Del otro lado, frente a los ciudadanos, están las elites económicas, políticas y tecnocráticas que han empujado este éxito económico y que, lamentablemente, han demostrado ser bastante incompetentes cuando se trata de pensar el país como algo más que un Producto Bruto Interno (PBI) por engordar. Asentados en dos o tres distritos de Lima se preguntan perplejos: ¿por qué estos peruanos ingratos no agradecen ser menos pobres que hace veinte años e insisten en votar por populistas que comprometen lo ganado?
El gobierno de PPK debe buscar acortar la brecha entre una población amargada y sus administradores autosatisfechos. Y este desafío es eminentemente político, no es asunto de gestión. Por un lado, implica pensar y actuar en espacios ajenos a la producción, la exportación, la concesión, es decir, fuera de la comfort zone del gerente. En especial, trabajar en la construcción de un Estado de derecho que garantice disfrutar igualitariamente de derechos, servicios y deberes respecto del Estado, la sociedad y el mercado.
La debilidad del Estado de derecho se hace patente en el ascenso del crimen: el Perú es uno de los países de América Latina donde más personas declaran haber sido víctimas de un crimen en los últimos años. Asimismo, aunque todavía lejos de las tasas centroamericanas, los homicidios aumentan peligrosamente. Actividades ilícitas como el narcotráfico (el Perú es el primer productor de cocaína del mundo), la minería ilegal que depreda la Amazonía y esclaviza niños y mujeres, y la extorsión a negocios y ciudadanos, entre otras, se expanden sin resistencia.
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Los peruanos aciertan al enfilar su ira hacia gobernantes e instituciones pues, incluso si tienen más dinero en los bolsillos, también se ven obligados a llevar una vida que, cada vez más, como en la fórmula clásica, puede ser áspera, brutal y corta.
PPK debe liderar un gobierno que recupere la autoridad en el país a través del fortalecimiento de un Estado de derecho que, está demostrado, no florece como añadido del crecimiento económico.
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El desafío, entonces, es superar una resaca que no es económica sino política e institucional. Superarla consiste en tomar conciencia de que los años de boom transcurrieron sin empujar las reformas más necesarias ni consolidar la democracia. 
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, en entrevista a El País de España, habló de la relación de su gobierno con el Parlamento controlado por el fujimorismo.
PPK dijo que no todos los legisladores de la bancada fujimorista son miembros de Fuerza Popular, pues "hay como 30 que se subieron al carro creyendo que si ella ganaba recibirían una prebenda".
"Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es jalarse a algunos de esos”, añadió.
Agregó que "más allá de la pequeña luna de miel que ojalá tengamos en las próximas semanas", no espera que la bancada de la lideresa Keiko Fujimori haga una "gran colaboración" a su gestión. "Espero que sean neutralmente tolerantes", dijo.
"Tenemos que buscar una política centrista: poner mucho énfasis en el lado del bienestar donde estamos muy atrasados —salud, agua, educación— y, del otro lado, necesitamos una economía de mercado que financie todo eso", destacó.



La República
Sombríos presagios parlamentarios
Rosa María Palacios
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En este quinquenio, tarde o temprano, tendremos una crisis política de gran proporción.
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Fernando Zavala, Presidente del Consejo de Ministros, no la tiene nada fácil. Le darán los votos justos, ni uno más, ni uno menos, para lograr la investidura. Con eso, salva su gabinete. Pero, ¿facultades legislativas? Lo dudo. Lo humillarán durante horas, de todas las formas posibles. Su único camino será hacer cuestión de confianza sobre las facultades…
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El País, España
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Fue el padre del presidente, Max Kuczynski Schlesinger (Berlín, 1890-Lima, 1967), el que se vio obligado a dar ese salto para escapar de los nazis. Eminente médico de la aristocracia askenazí, se refugió en Perú y allí prosiguió sus importantes estudios sobre enfermedades tropicales.
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Los abuelos paternos del presidente peruano nacieron en Poznan, una ciudad polaca o prusiana según los vaivenes de las guerras centroeuropeas, y se mudaron a Berlín en 1890. Ese año nació su padre. Max Kuc­zynski se doctoró en Ciencias Naturales y en Medicina. Participó en la I Guerra Mundial como médico y capitán del Ejército alemán en Rumania y Turquía. Al acabar la contienda, la Universidad Humboldt de Berlín le envió a la Unión Soviética para establecer facultades de Medicina en Minsk y Omsk, en Siberia. Más tarde, en 1929, desarrolló en Brasil, con un equipo de médicos locales, una vacuna contra la fiebre amarilla que aún se encuentra en uso. Pero su ascendente carrera académica se truncó en septiembre de 1933, con la aprobación de las primeras leyes antisemitas del III Reich. Kuczynski fue expulsado del Instituto de Patología que dirigía en la Universidad de Berlín. En el expediente original de inscripción de Max Kuczynski de la Universidad de Berlín figura que profesa la religión evangélica. La hoja fue tachada después con la palabra “Juden” escrita a mano y en letra grande.
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Los Kuzcyns­ki pertenecían a una familia de la burguesía liberal centroeuropea que reflejaba bien el espíritu que propugnó Moses Mendelssohn para conseguir que la tradición judía se hiciera universalista, racionalista y cosmopolita. Los judíos alemanes y austriacos de la belle époque –Sigmund Freud, Stefan Zweig, Hans Kelsen, Theodor Herzl, Gustav Mahler…– usaron la educación y la riqueza como un medio de ascenso social. Los Kaiser-juden eran acusados por los propios judíos de ser “más alemanes que los alemanes”, pero eso les sirvió de poco ante el nazismo, que no les atacaba por su identidad religiosa sino por su “raza”, un concepto que aludía a un sustrato “biológico” inmutable.
Al describir la capital de la República de Weimar, el historiador Eric Hobsbawm evoca el elegante paseo que rodeaba el anillo de lagos y bosques de Grunewald, financiado por un miembro de una familia judía local que se enorgullecía de su larga tradición izquierdista. Era la familia de Robert René Kuczynski (1876-1947), el tío abuelo de PPK, economista, banquero y demógrafo, que después de 1933 encontró refugio en la London School of Economics. IR
Robert Kuczynski y sus tres hijos –Ruth, Brigitte y Jürgen, primos de Max– eran los más ricos de la capital alemana y comunistas convencidos. En 1928, Robert presidió la delegación alemana en las celebraciones del décimo aniversario de la revolución bolchevique en Moscú. Su hija Ruth, que pasó a la historia con sus nombres de guerra (Ruth Werner y Sonia), fue durante 20 años espía soviética en China, Polonia, Suiza e Inglaterra. Desde este país, la tía de PPK transmitió a los servicios de inteligencia de Stalin información crucial sobre el Proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica. Ruth –que fue reclutada en 1935 en Shanghái por uno de sus muchos amantes, Richard Sorge, el jefe de la NKVD en China y Japón– falleció en Berlín en 2000, a los 93 años, tras haber recibido todas las condecoraciones importantes de la RDA y la URSS.
Su hermano Jürgen escribió, entre otros libros, 42 volúmenes de una Historia de las condiciones de la clase obrera. En el Berlín de los años veinte, Jürgen conoció a los líderes espartaquistas –Karl Kautsky, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo–, discutió con Albert Einstein y canjeó a Bertolt Brecht habanos por novelas policiales. Espió también para los soviéticos y acabó viviendo en la RDA (el historiador Hobsbawm, con cierta crueldad, le describía como “el hombre más rico de Berlín este”). Desde su cargo como director del Instituto de Historia Económica de la Academia de Ciencias de la Alemania comunista, fue uno de los principales asesores de Walter Ulbricht y Erich Honecker. Tras la reunificación, en 1992 escribió que en la RDA solo hubo una “mezcla de socialismo, capitalismo y absolutismo feudal”. Cuando murió a los 92 años, en 1997, Der Spiegel le dedicó un obituario de tres páginas.
Max Kuczynski, la otra rama de la familia, optó por seguir en París su carrera científica tras abandonar Berlín. En 1935, el padre del presidente peruano recaló en el Instituto Pasteur. En la capital francesa conoció a Madeleine Godard Monod, profesora de Literatura de la Universidad de Ginebra y descendiente de una familia de banqueros hugonotes, fundadores de Banque Paribas. Madeleine, por cierto, era tía materna del director de cine suizo Jean-Luc Godard.
El matrimonio Kuczynski Godard llegó a Lima en 1936, después de que Max fuera contratado por Enrique Paz Soldán, miembro de una familia de intelectuales y médicos, para trabajar en el Instituto de Medicina Social de la Universidad de San Marcos y, posteriormente, en el Ministerio de Salud. La ayuda de Paz Soldán fue crucial para que Kuczynski sorteara la prohibición de visados que el Gobierno de Óscar R. Benavides, un admirador de Franco, ordenó contra republicanos españoles, izquierdistas y judíos, que para él eran indistinguibles. Max comenzó a firmar como Maxime y adoptó como segundo apellido el de su esposa, un cambio que PPK atribuye a que “no era popular tener un nombre alemán” en esa época.
Nombrado en 1938 responsable de la salud pública de la Amazonía peruana, Maxime decidió hacerse cargo personalmente de la leprosería de San Pablo, a 350 kilómetros al norte de Iquitos, la capital amazónica. Con él se llevó a su familia. Si aún hoy es difícil llegar a San Pablo, en los años treinta del siglo pasado era uno de los lugares más remotos imaginables. Allí pasó su infancia el nuevo presidente peruano, que recuerda los viajes en “peque-peque”, un pequeño bote de motor.
En San Pablo los enfermos vivían como reclusos por el temor al contagio. Maxime arrancó la alambrada que los aislaba. En esos años exploró la selva, convirtió la leprosería en una colonia agrícola y prosiguió sus estudios etnográficos y patológicos.
PPK y Michael, su hermano menor, recuerdan que su padre domesticó un mono para que le trajera fruta. Años más tarde, en 1952, un joven médico argentino, Ernesto Guevara, visitó San Pablo en su viaje desde Buenos Aires a Caracas, un episodio que retrata la película Los diarios de la motocicleta.
Con Paz Soldán, Kuczynski escribió dos libros –La selva peruana y su colonización (1939) y El pensamiento arcaico-mítico del campesino peruano (1947)– en los que criticó “la domesticación” de los nativos por los colonos y la destrucción de los bosques. Sus ideas izquierdistas lo acercaron al fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, un político reformista del que terminó siendo gran amigo. En 1948, tras el golpe militar del general Manuel Odría, Maxime fue acusado de actividades subversivas y encarcelado durante casi un año en Lima. La experiencia fue traumática para el padre de PPK, que abandonó la relación con el Ministerio de Salud.
Maxime murió en Lima a los 77 años, la misma edad que tiene ahora su hijo…
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El Comercio
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, aseveró que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) promoverá la creación de procuradurías con autonomía e independencia a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción.
Destacó que dicha medida formará parte del pedido de facultades que el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso. “Tener procuradurías como agentes autónomos será una de las facultades que vamos a pedir”, dijo ayer, domingo, en un programa de TV.



ESTA NOCHE
La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma presentó hoy, lunes, el proyecto de ley que crea la Procuraduría Autónoma.



El Comercio
“La situación está muy mal y si nos descuidamos puede incluso empeorar”. Con estas palabras el ministro del Interior, Carlos Basombrío, reconoció que la inseguridad ciudadana es el principal problema y anunció que en los primeros 15 días tomará medidas “fuertes”.



El Comercio
Mariano Gonzales, ministro de Defensa, anunció que su sector solicitará a la Contraloría General de la República exámenes especiales de las adquisiciones militares realizadas en los últimos tres años.
A juicio del nuevo ministro, la modalidad de gobierno a gobierno para compras en el sector Defensa no es la usual y aseguró que propondrá procesos más transparentes.


sábado, 30 de julio de 2016

ESTA NOCHE sábado 30 julio 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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Interceptados


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El narcotráfico es la raíz de los dos problemas más urgentes y apremiantes para el pueblo peruano: la inseguridad y la corrupción. El narcotráfico corrompe funcionarios, policías, fiscales, jueces, y canjea droga por armas que van a manos de la delincuencia organizada.

Pero el tema no mereció una línea en el mensaje presidencial. El énfasis estuvo en la economía que, sin embargo, tiene un rumbo trazado. Es en el primer piso del edificio, no obstante, sobre el que descansa la economía, donde está la falla. ¿Quién invertiría masivamente en un país que no controla su territorio?

Al respecto, la página web defensa.com ha publicado el pasado 7 de julio una información que pondrá a prueba la política del gobierno que se inicia sobre todo el tema.

Hoy una vez más es cotidiana la violación de nuestra soberanía aérea por aeronaves que vienen de Bolivia y de Brasil a recoger droga. Los expertos reconocen hoy casi unánimemente que la única política que ha funcionado realmente contra el narcotráfico es la interceptación de esas narcoavionetas. A mediados de la década de los 90, esta permitió reducir a menos de la tercera parte el área sembrada de coca en el Perú. El secreto del éxito fue basarse en la ley de la oferta y la demanda. La interceptación redujo la demanda al disminuir radicalmente el número de vuelos. Al caer la demanda y permanecer la oferta constante, el precio se derrumbó y los cocaleros se pasaron a otros cultivos. Las estadísticas las conocen todos, pero son sistemáticamente escamoteadas.  

La política de interceptación, sin embargo, se interrumpió quince años atras, a raíz del derribamiento por error, durante el gobierno de Alejandro Toledo, de la avioneta de un misionero religioso norteamericano y su familia. A raíz de esto, el Congreso norteamericano aprobó una ley que prohíbe “proporcionar asistencia, inteligencia o apoyo a la interdicción letal aérea” en otros países.

Quince años después, el área sembrada se ha duplicado y el Perú es el primer productor de cocaína del mundo. Ante la brutal recaída, cinco años atrás el almirante y congresista Carlos Tubino presentó un proyecto de ley para retomar la política de interceptación. El 29 de agosto de 2015, el Congreso del Perú aprobó la Ley 30339, de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. La norma contiene un protocolo detallado para la intervención, de manera de evitar todo peligro de error, que consiste en una serie detallada de preavisos, incluyendo órdenes visuales de aterrizaje antes de una advertencia adicional con disparos al aire.

La página web defensa.com informa al respecto que el Perú adquirió de Corea 20 aviones KT-1P ‘Torito’, coproducidos por Korean Aircraft Industries y la FAP en una planta en Las Palmas. Actualmente, la FAP contaría ya con 14 ‘Toritos’ en la base aérea de Pisco.

No obstante, la ley es ignorada y la política de interceptación no se aplica.  

Según información extraoficial a la que esa publicación dice haber tenido acceso, el gobierno de EEUU estaría “retrasando la entrega del sistema de cabina digital Cockpit 4000, incluida la computadora de ataque y la de los equipos de navegación táctica TACAN RT-1634(V), de fabricación norteamericana, destinados a los últimos cuatro KT-1P ‘Torito’. No es eso todo. Añade que “aparentemente, la medida –notificada por KAI a la Fuerza Aérea del Perú a principios de mayo– implica un bloqueo a la expedición de las respectivas licencias de exportación” a otros países del área  de los aviones coreanos fabricados en el Perú.

Según la publicación, la razón sería la disconformidad del gobierno americano “con la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), aprobada el 29 de agosto de 2015, que permite a la Fuerza Aérea del Perú interceptar y derribar, de ser el caso, a las aeronaves dedicadas al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)”.  La situación habría generado ya un retraso al programa de fabricación de los aviones.

Independientemente de quién gane las elecciones norteamericanas en noviembre, entonces, el  gobierno de PPK va a tener que negociar con Washington el cambio de su política antidroga para que el Perú pueda ejecutar la suya. Esto va a poner a prueba al gobierno de PPK en una decisión política crucial para atacar la corrupción y la inseguridad en el Perú.

Pero sobre esto no hubo en el Mensaje ni una sola palabra.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.