ESTA NOCHE,
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ESTA NOCHE
En defensa del Congreso
Jorge Trelles Montero
Los congresistas tienen a su cargo la labor más importante de un Estado
democrático: la legislativa, que, además, en el modo y forma adecuados, supone
modificar la Constitución misma del Estado. Seguramente es por esto que aquella
dispone que los parlamentarios son los funcionarios públicos de más alta
jerarquía después del presidente de la República y antes que los ministros de
Estado. Además de esta función, fiscalizan al poder Ejecutivo, incluido el antejuicio
constitucional –que lo lleva a la fiscalización también del Poder Judicial-,
confirman al Consejo de Ministros y, a través del simple pero sutil juego de la
mayoría y la oposición, aseguran el debate político propio del Estado democrático,
sin el cual este pierde su carácter de tal.
Es tal su importancia que nuestra Constitución expresamente señala que
no representan a nadie sino tan solo a la Nación y especifica, luego, que no
están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación y que no son responsables
ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que
emiten en el ejercicio de sus funciones. Por la misma razón, gozan de inmunidad
para ser procesados o apresados, salvo que el Congreso lo autorice. Por último,
para el caso de las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los
representantes a través de la Comisión de Etica –y cuando no se trata de
posibles delitos o infracciones a la Constitución-, se impone la restricción de
que, si estas implican suspensión de funciones, no pueden exceder de 120 días
de legislatura.
Esta solida armadura constitucional no es, de otro lado, creación
peruana sino que proviene de siglos de lucha en Occidente por lograr que los
representantes elegidos por el pueblo tengan armas para legislar libre y
responsablemente a favor de este y combatir contra los intereses poderosos de
la nobleza y los militares, en un principio, pero hoy contra la multitud de
intereses oligárquicos que, de prevalecer, hacen imposible una verdadera sociedad
democrática.
Si bien nuestros congresistas provienen de partidos políticos, no se
deben a ellos, por mandato expreso de la Constitución que, repito, señala que
representan al pueblo. En esto se parecen al presidente de la República que
“personifica a la nación”. Y esto porque, terminado el tiempo de elecciones
donde los candidatos sí representan a sus partidos, comienza el periodo mayor
de gobierno donde libremente deben actuar pensando ya no en su partido, sino en
la Nación.
Estas reflexiones sobre la prioridad de los deberes de función sobre los
deberes partidarios en el caso de los congresistas vienen al caso porque, por
motivaciones seguramente partidarias y explicables, pero no justificables aún
desde esa perspectiva limitada, se ha modificado el reglamento del Congreso
permitiendo que, a través del reglamento de los grupos parlamentarios, se
sancione a los que se apartan o son expulsados de estos con la disminución de
sus facultades de congresista.
Antes que nada, esta disposición viola la esencia del Congreso, que
consiste en el libre intercambio de ideas en busca de consensos, yendo al final
al voto pero con respeto absoluto de la discrepancia del otro.
Nada se añade con esto a la lucha contra la corrupción posible de los congresistas
porque eso debe mejorarse, en todo caso, con la revisión del Código Penal. Por
el contrario, esto viola la protección constitucional del congresista al
ponerlo a merced de una mayoría dentro del grupo parlamentario que se mueve por
motivaciones partidarias; que, además, es contradictoria con la definición
misma de grupo parlamentario que, a estar por el artículo 27 del reglamento del
Congreso, es “un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses
afines”. Es obvio que, si las ideas o intereses no son ya comunes, este deba
desaparecer sin sanción alguna para los que lo conformaban.
Por último, esta modificación del Reglamento del Congreso viola
groseramente la Constitución, ya que permite que un tercero, que no es alguno
de los posibles jueces de un congresista, lo sancione y además con una sanción
permanente que la Constitución prohíbe para el caso de las faltas
disciplinarias.
Como abogado sé que, de hacerse efectivo este poder de la mayoría de los
grupos parlamentarios, rápidamente veríamos la interposición de recursos de
amparo por los afectados. Me pregunto: ¿le conviene al Congreso dejar que un
fuero distinto al suyo lo vuelva posible moneda de todos los días?
Grave error pretender acallar la discrepancia partidaria o de grupo
llevándola, además, al seno del Congreso. En mi larga actividad política,
siempre he visto la discrepancia y las alas en los partidos y los grupos
políticos. De niño recuerdo las discrepancias entre odriistas y partidarios de
Zenón Noriega ¡en plena dictadura! Y desde allí puedo decir que donde hay
actividad política siempre ha habido alas y tendencias. Felizmente, nunca
fueron sancionadas.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Expreso
Fuentes
de crédito aseguran a EXPRESO que detrás de todos los actos de violencia en
Las Bambas hay infiltrados vinculados a Sendero Luminoso y que actúan bajo la
máscara de la ONG “Inkarri SLAM”, representante oficial en el Perú de la organización
islamista Hezbolá.
Su
representante legal en el Perú es Edwar Quiroga Vargas, un alumno de derecho de
la Universidad Tecnológica de Los Andes y cuyo enclave estratégico está en la
provincia de Cotabambas, jurisdicción en la se ubica el yacimiento minero más
importante de Sudamérica y que para operar necesitó alrededor de 10 mil
millones de dólares.
Quiroga
Vargas no actúa solo, según la fuente. Se ha unido a Edwar Asad, un conocido
violentista argentino-iraní que desde el 2011 visita nuestro país y concretamente
se hospeda en la casa de una pareja de docentes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas.
Señala
la misma fuente que, desde ese año hasta ahora, llega a Apurímac entre los
meses de junio y julio para visitarlos y dar sus acostumbradas “charlas” en las
aulas a inexpertos jóvenes cuya ignorancia en lides políticas es aprovechada
por los citados activistas del islam.
Pero
ellos no actúan solos. Su impunidad alcanza el apoyo de otra ONG. Se trata de
Cooperacción, la misma que operó en Conga desde hace diez años y desde hace
cinco años está presente en el distrito de Haquira.
La
fuente de financiamiento no es un misterio, pues se sabe que reciben el apoyo
del exterior, de grupos muy interesados que la inversión minera se caiga en el
Perú.
Esta
nueva forma de terrorismo parece no haber sido vista o advertida por los
mandos de la policía antiterrorista (Dircote).
Quiroga
Vargas, según el informante que habló con este diario a condición de guardar
su identidad en reserva, ha pertenecido a Sendero Luminoso y hoy impulsa la
lectura del Corán al punto de haber llevado a Irán a más de veinte estudiantes
de la Universidad Micaela Bastidas.
“Hoy,
a su regreso, Quiroga Vargas difunde las ideas radicales de los islamistas y
ahora promete estudios en Irán para 40 muchachos, de preferencia 20 mujeres.
¿Cuáles son las intenciones?”, agrega el informante.
El
exalcalde de Espinar Óscar Mollohuanca estuvo preso por la asonada en Espinar
que dejó varios muertos y heridos y estaría ligado a los sucesos de Las
Bambas.
Peru21
Historia conocida
Juan José Garrido
Lo de Las Bambas es historia conocida.
Tambogrande, Cerro Quilish, Conga, Tía María, Santa Ana… en todos ha sucedido
lo mismo: un agitador que viene de otra zona a presentarse como líder de la
comunidad, la búsqueda de una excusa (de preferencia ambiental) y el comienzo
de demandas imposibles de cumplir.
Luego, las mesas de concertación (destinadas
a demostrar que existe una desavenencia entre la empresa y la comunidad), y de
ahí a buscar el enfrentamiento. Muertos y heridos, aunque parezca increíble,
son parte del juego para quienes medran de estas historias, pero son
indispensables, ya que solo así logran el objetivo central: paralizar el
proyecto.
El fin de estos grupos es paralizar el
extractivismo. Lo dicen abiertamente en sus páginas web, en entrevistas.
Revisen el Twitter de Marco Arana o la web de CooperAcción.
Entonces, ¿es ideológico? Por supuesto. ¿Es
ambientalismo? Para algunos, sí; pero para la mayoría es el disfraz perfecto.
¿Es político, económico? De esto no tengan dudas. El gran fin detrás de estos
episodios es la búsqueda de rentas políticas y económicas. ¿Dónde acaban los
líderes de estos enfrentamientos? De alcaldes, gobernadores, congresistas y,
por supuesto, con ONG financiadas por suecos y alemanes. En el caso
de Las Bambas, ¿quién es el vocero de la comunidad campesina? Rodmy Cabrera,
nacido en Camaná (Arequipa) y que estudió Comunicaciones y Marketing Político
en Argentina.
(…)
El Comercio
A
inicios de agosto, varias comunidades campesinas aledañas al yacimiento
bloquearon la vía de cinco metros de ancho que conecta la mina con la comunidad
de Quehuira, y por donde circulan aproximadamente 250 camiones diarios cargando
el mineral extraído.
Las
comunidades tienen diferentes reclamos; uno de ellos es el que vienen exigiendo
desde el año pasado. Según el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas,
se busca anular las modificaciones efectuadas al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) en el 2013 por Glencore (anterior operador, ahora es la chino-australiana
MMG), debido a que no habrían sido debidamente explicadas a la población de su
zona de influencia.
Otro
de los motivos de las protestas de las comunidades –y por el que se desató el
enfrentamiento del viernes– está relacionado a una vía (trocha) que la mina
utiliza para el tránsito de camiones con mineral. Los comuneros de Quehuira,
Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca aseguran que cedieron el terreno de la
vía para que, en la fase de construcción, se traslade maquinaria y operarios a
la zona. Según refieren, para la etapa de producción, la empresa se había
comprometido a construir un mineroducto para transportar los minerales
extraídos sin camiones.
En
agosto de este año las comunidades bloquearon la vía por 10 días debido a este
reclamo. .
Respecto
al mineroducto, la empresa afirma que su construcción está postergada debido a
que su implementación estaba asociada a la existencia de un proyecto integrado
de dos minas: Las Bambas y Antapaccay. Sin embargo, por razones de mercado, los
proyectos fueron divididos.
Tras
los últimos bloqueos de la vía, el 7 de setiembre el gobierno acordó instalar
una mesa de diálogo el 6 de octubre.
El Comercio
Anoche,
a través de un video difundido por Internet, el ministro del Interior, Carlos
Basombrío, confirmó que el plan de operaciones que se aplicó el viernes pasado
en los alrededores de la mina Las
Bambas, en Apurímac, no contó con la aprobación de la Dirección General
de la policía.
Ese
día, durante un enfrentamiento entre los agentes y comuneros que tienen varios
reclamos contra la mina, falleció el campesino Quintino Cereceda Huisa, de 42
años.
Basombrío
informó que, de acuerdo con los peritajes, este comunero murió a consecuencia
de una bala que le atravesó la cabeza.
El
ministro del Interior detalló que hasta el momento se han hallado
irregularidades en las acciones de los coroneles de la policía Juan Sarango
Laya, jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones, y
Claudio Zúñiga Sánchez, jefe de la División Policial de Abancay.
Según
la Inspectoría de la PNP, Sarango aprobó “unilateral e inconsultamente” un plan
de operaciones de la Dirección de Policía de Apurímac sin dar cuenta a sus
superiores de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales ni al director
general de la PNP.
Por su
parte, el coronel Zúñiga nunca presentó una orden de operaciones para el plan
que aprobó Sarango. Este documento fundamental debía contener opiniones de
inteligencia que determinaran la viabilidad de la operación del viernes.
“Ambos
oficiales habrían cometido faltas muy graves que podrían incluso ser
sancionadas con la baja de la institución”, dijo Basombrío.
Carlos
Basombrío criticó también que el coronel Claudio Zúñiga haya solicitado
maquinaria de la empresa MMG Las Bambas, que opera la mina y que era una parte
interesada en el conflicto con los comuneros, durante la operación.
“Debemos
señalar nuestra preocupación por la aceptación de la empresa a este pedido, más
aun cuando el proceso de negociación seguía en curso y se tenía acordada una
reunión [para hoy]”, añadió el ministro.
El
Comercio intentó comunicarse con representantes de MMG Las Bambas para que se
pronuncien al respecto. No obstante, no respondieron nuestras llamadas.
La
fiscalía tomará pruebas de absorción atómica a los 150 policías que
participaron en la operación y se llevarán a cabo peritajes a sus armas para
determinar quiénes dispararon en Tambobamba.
“El
plan de operaciones, para ser ejecutado de acuerdo a los procedimientos policiales
vigentes, requería de la elaboración de una orden de operaciones,
consignando los detalles de la misma con base a las apreciaciones de
inteligencia y la necesidad inminente de ejecutarla. Este documento debió ser
elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio
Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue
elaborada y, por tanto, nunca fue presentada para su aprobación. Por lo tanto,
en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente”, dijo el ministro,
Carlos Basombrío.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
El Comercio
Orgullo y perjuicio
Fernando Berckemeyer
En la economía, como en la vida, es posible
correr en el sitio. Correr por correr. No en ambas, sin embargo, tiene sentido
hacerlo. Para moverse invariablemente hay que gastar recursos y, cuando se
trata de economía, nadie quiere adelgazar.
Pese a lo anterior, las personas asumimos
muchas veces que todo movimiento hace crecer la economía: que todo “meterle
plata”, todo gasto, la enriquece. Especialmente cuando hablamos de
infraestructura pública. La infraestructura despierta un pensamiento mágico
que, resumidamente, dice así: “Si es infraestructura, siempre suma”.
Desde luego, este último no es el caso. Todo
depende de si lo que se construye sirve para satisfacer necesidades por un
valor más grande que el del dinero que costó. Cuando sucede lo contrario, lo
que se construye en realidad es un hueco en el que desaparece una porción de
los recursos públicos: una porción igual a la diferencia entre lo que la
infraestructura costó y el valor de las necesidades que sirve para satisfacer.
La trampa de la infraestructura está en esa
visibilidad suya que la diferencia de otros gastos. Digamos, por ejemplo, que
un puente genera un valor de 20 a la sociedad (porque satisface necesidades por
ese valor), pero tuvo un costo de construcción de 80. Es un problema que lo
único que veamos cada vez que miramos el puente sea una construcción que cuesta
80. Lo que en realidad tenemos al frente es un hueco de 60. Pero el hueco no se
ve; solo se ve el puente. Y esto lo acostumbran tomar en cuenta los políticos
cuando construyen puentes.
Peor aún, no es únicamente que el hueco no se
vea; tampoco se suele sentir. Al salir del bolsillo de todos, el dinero del
puente no salió del bolsillo de nadie en particular. Luego, nadie en particular
tuvo interés en asegurarse de que la construcción dejara un saldo positivo.
Esta es una de las principales razones por las que ahí donde es posible que
haga algo la inversión privada, hay que preferirla. El privado, cuando
invierte, se juega lo suyo: cualquier hueco que construya será un hueco
(exclusivamente) en su bolsillo. Lo que hace menos probable que los privados
construyan huecos. Salvo, claro, cuando están aupados por el Estado, que es
cuando el mal negocio se puede volver bueno, cortesía del público.
Con esto no pretendo decir que no haya
proyectos que se justifiquen únicamente por la inclusión que generan para un
grupo. Pero cuando ese es el caso, hay que decirlo así y fundamentar muy bien
que estamos ante la manera más eficiente de dar la ayuda buscada, pues cada
hueco construido en el todo de la economía significa menos recursos para
incluir a otras personas.
Pues bien, todo apunta a que los peruanos
estamos construyendo varios megahuecos. Un ejemplo es el gasoducto. Un proyecto
subsidiado por el Estado de más de US$7.000 millones para transportar un mínimo
de 500 millones de pies cúbicos de gas diarios hacia una demanda todavía
desconocida.
Otro ejemplo son los Panamericanos. S/4.125
millones. Hasta ahora el mayor ejemplo que se ha dado de que ha habido algún
esfuerzo serio de cálculo alrededor del proyecto ha probado lo contrario: la
Villa Panamericana a construirse por S/761 millones. Luego de usarse se venderá
como departamentos, se dice. Pero el metro cuadrado en la zona cuesta casi la
mitad del costo de construcción por metro de la villa. Entonces, mucho más que
una villa, ahí habrá un hueco de más de S/380 millones. Y es una lástima que lo
visible vaya a ser solo lo primero. Más tiempo conviviremos los peruanos
–incluyendo nuestros deportistas– con lo segundo.
Por otra parte, justificar el proyecto con el
empleo que generará solo supone replicar para el empleo el pensamiento mágico
de la infraestructura. Si el empleo fuese positivo para la economía al margen
de lo que sirve para producir, lo que deberíamos hacer es que toda la
construcción de los Panamericanos se haga sin maquinaria moderna. Como dice una
ya proverbial anécdota económica, cavando con cucharitas se produce mucho más
empleo que con tractores.
Igual que la infraestructura, el empleo no se
puede desconectar de lo que produce para saber si lo que deja a la economía
vale más de lo que le cuesta.
Con todo, el peor de los argumentos dados
para justificar a priori megaobras así es el del orgullo nacional (“dignidad
nacional”, se llegó a decir con la refinería de Talara; “prestigio
internacional”, se dice con los Panamericanos). El orgullo de un país con 22%
de pobreza debería ser rechazar este tipo de proyectos.
La economía, en fin, tiene sus cosas. Una muy
significativa es esta: en ella correr en el sitio es correr para atrás.
El Comercio
¿Ajustar o no ajustar?
Alonso Segura
La decisión de retirar el estímulo fiscal no
está exenta de riesgos, pero parece ser la correcta teniendo en cuenta la
coyuntura. En sus recientes perspectivas de la economía mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) señala que la reactivación mundial es aún
débil y plagada de riesgos. Esto, en un mundo sin motores claros de
crecimiento.
En situaciones como esta, es recomendable un
impulso al crecimiento de parte del sector público. La política
fiscal, por
ejemplo, se vuelve temporalmente expansiva, es decir, el gasto público aumenta
por encima del crecimiento de ingresos. La capacidad que tienen los países de
adoptar estas políticas, sin embargo, depende de una serie de factores.
En el caso de América Latina, salvando
algunas diferencias entre países, el FMI ya no ve mucho espacio para estas
políticas expansivas. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales de los países han
caído, los déficits fiscales han aumentado, sus deudas públicas están en
trayectoria ascendente y como tienen tasas de crecimiento menores, esto genera un
círculo vicioso.
En el caso del Perú, la política fiscal
expansiva ha contribuido a estabilizar la economía y ayudado a su reactivación
desde su punto más bajo en el 2014. Sin embargo, la capacidad de respuesta
fiscal con la que contamos, tres años después, ya no es la misma, aun cuando
estamos en mejor posición que la mayoría. El objetivo era encaminar la economía
y tender un puente hasta que la inversión privada se recupere y tome la posta
como motor de crecimiento.
En este contexto, el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) emitió a comienzos de mes un decreto supremo para limitar el
gasto público, de manera que se cumpla el 3% de déficit fiscal este año, regla
vigente luego de las recientes modificaciones al marco fiscal. Esta necesidad
no surge porque el gasto público esté creciendo por encima de lo proyectado
para el año, pues está en línea. Lo que ha ocurrido es que los ingresos vienen
por debajo de lo esperado, si bien una parte importante es por devoluciones
extraordinarias de impuestos, lo cual es transitorio y autocorrectivo.
Hay quienes señalan que en este dilema entre
continuar apoyando el crecimiento y garantizar la responsabilidad fiscal, se
debería privilegiar lo primero. En puntos de quiebre como el actual, y con
incertidumbre sobre el futuro, es una cuestión de opinión. También es opinable
hasta dónde es permisible un déficit fiscal en apoyo del crecimiento, o cuál es
una trayectoria responsable de consolidación fiscal.
Sin embargo, analicemos la situación actual.
La economía está acelerándose hace casi dos años y está creciendo por encima
del 4%. Las expectativas empresariales y del consumidor están en terreno de
optimismo, lo cual apunta a una recuperación gradual de la inversión privada y
a una aceleración del consumo. Estos argumentos avalan la posición que opta por
trasladar la posta del impulso al crecimiento de la política fiscal a la
inversión privada.
Tampoco olvidemos que una política fiscal
expansiva no puede ser permanente ni puede seguir siendo expansiva
independientemente del nivel del déficit fiscal. Más aun, en un mundo incierto,
es prudente ir recomponiendo nuestras defensas fiscales para poder responder a
choques futuros.
¿Hay un riesgo en equivocarse y ajustar muy
pronto? Evidentemente, sí. No obstante, las magnitudes de consolidación
planteadas en la nueva trayectoria fiscal propuesta por el gobierno son
modestas. El riesgo mayor está del otro lado. Lo que no podemos hacer es
comprometer la credibilidad fiscal del país. En esa línea, no es momento de
arriesgar ingresos con medidas tributarias de dudoso éxito. Eso sí sería tomar
riesgos innecesarios.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
Siguen
las revelaciones en el Seguro Integral de Salud (SIS). Por atender en el
servicio de emergencias, al menos 15 clínicas privadas capitalinas recibieron
el pago de más de 20 millones de soles amparándose en la modificación de la Ley
General de Salud, que señala la obligación de los establecimientos de salud de
dar atención médica en casos de emergencia y partos con solo presentar su DNI.
Y es
que bajo el régimen de la Ley No 27604, los centros de salud, sin excepción,
están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia a quien lo
necesite, y después estos establecimientos tienen derecho a que se les
reembolse el monto de los gastos que hayan incurrido.
Según
información proporcionada por el mismo SIS, las clínicas beneficiadas son:
Javier Prado con S/ 4’334,741.32 de enero a agosto; Internacional con S/
5’050,639.99 de enero a agosto; San Gabriel recibió un acumulado de S/
3’472,867.16 de enero a agosto.
A
estas se suman Nuevo San Juan con S/880,269.39 de marzo a agosto; Jesús del
Norte con S/ 3’927,769.56 de enero a junio y Santa María del Sur con S/
3’724,692.55 de enero a septiembre de este año.
La
clínica San Marcos recibió S/ 165,325.97 de abril a junio; la Clínica de
Mujeres recibió S/1’963,587.58 de enero a septiembre; Nuestra Señora del
Sagrado Corazón con S/ 48,984.84 en junio, y además la Clínica Teresa recibió
S/ 2,474.07 en septiembre de este año.
La
clínica San Bernardo recibió S/89,029.79 acumulado de septiembre de 2015 a
enero 2016, San Gabriel recibió S/ 3’504,935.66 de enero a agosto; Bellavista
recibió S/ 84,772.23 acumulado de julio de 2015 y enero 2016, San Pablo recibió
S/ 8’427,757.63 de enero a agosto y otra vez la clínica Javier Prado recibió S/
1’955,962.06 acumulado de enero a mayo.
Esta
lluvia de millones fue en reembolso a la atención de casos complejos como
cardiopatías coronarias, aneurisma aórtico, complicaciones en el embarazo,
politraumatismos, e insuficiencia respiratoria.
A raíz
de las irregularidades detectadas en el SIS, el Dr. Wilfredo Solís, ex director
ejecutivo de administración del Hospital Loayza, planteó la necesidad de
promover la tercerización de los servicios de los hospitales del Estado, bajo
la modalidad de Contratos de Asociación en Participación.
Expreso
Primero
fue Carlos Moreno y el sábado renunciaron los consejeros palaciegos Jorge
Villacorta y José Labán Ghiorzo. Están incriminados por la presunta venta
de cupos para Peruanos por el Kambio en la última campaña electoral.
El
audio de Carlos Moreno sólo sería una demostración de probables actos de
corrupción que rondan el entorno presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y que
ayer han obligado a José Labán Ghiorzo y Jorge Villacorta Carranza, a presentar
sus renuncias como asesores palaciegos al ser cuestionados por la presunta
venta de cupos para Peruanos por el Kambio (PpK) durante la pasada campaña
electoral.
En la
denuncia también se involucró al congresista oficialista Gilbert Violeta. La
imputación, según un diario de Lima, se basó en un audio de diciembre de 2015,
donde el empresario puneño Beltrán Hancco Quispe, entonces precandidato al
Congreso, admite que Villacorta y Labán le solicitaron un cupo de dinero para
el partido por encargo de Gilbert Violeta.
En
horas de la mañana de este sábado se hizo público el comunicado de José Labán
y Jorge Villacorta en el que presentaban su renuncia irrevocable al cargo de
asesores presidenciales: “Que, a efectos de salvaguardar la imagen
presidencial y evitar que la situación antes indicada sea utilizada para crear
inestabilidad política, renunciamos irrevocablemente al cargo de asesores
presidenciales”, indican.
Ello,
señalan, ante los recientes cuestionamientos expuestos en diversos medios de
comunicación que ponen en tela de juicio la pertinencia y funcionalidad de la
Oficina de Asesoría y Consejería Presidencial de Palacio de Gobierno, afectando
injustificadamente la imagen de la Presidencia de la República y “nuestra
propia imagen”.
Labán
se refiere a la denuncia del fundador de PpK, Marco Maldonado, quien lo sindicó
como “el cajero” encargado de cobrar los cupos que supuestamente pedía el hoy
presidente de PpK y congresista de la bancada oficialista Gilbert Violeta.
“El
cajero era José Labán Ghiorzo quien fue el secretario nacional de política,
incluso él mismo se hacía llamar ‘el cajero’. Labán es una persona joven sin
mucha experiencia, estuvo antes en el PPC, luego en APP, trabajó con Richard
Acuña, pero este lo despidió por una denuncia de un persona, una mujer, que se
quejó de que Labán le había pedido un cupo por darle trabajo en APP”, indicó
Maldonado a un semanario local.
Sobre
este tema, José Labán dijo que se trata de una campaña bien orquestada para
desprestigiar a los dirigentes del partido oficialista pero principalmente al
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Se le
está dando portadas sin ningún tipo de pruebas y en las que se le dan validez
a personas que han sido condenadas por la justicia, que están presos o
prófugos. En estos momentos existen cuestionamientos para perjudicar al Presidente
y nosotros no lo vamos a permitir”, sostuvo.
Sin
embargo, cuando se le preguntó quiénes estaban detrás de una supuesta campaña
contra la figura presidencial no pudo contestar y sólo atinó a decir que
pronto lo descubrirán.
En
otro momento, Labán aseguró en una emisora radial tener la experiencia
necesaria para haber sido designado consejero en asuntos regionales y
municipales de Palacio de Gobierno, oficina desde la cual realizó
coordinaciones para acercar a estas autoridades con el jefe del Estado.
Por su
parte, Jorge Villacorta también indicó que las acusaciones contra los asesores
se dirigen a minar la gobernabilidad y rechazó los cuestionamientos vertidos
hacia su desempeño y trayectoria.
“Quiero
desmentir infundios y agravios, que más que dirigidos a mí son para minar la
gobernabilidad y afectar la imagen del Presidente", dijo tras descartar
que desde el Ejecutivo se haya pedido su salida.
Rechazó,
igualmente, la acusación que lo involucra en supuestos cobros de cupos en la
última campaña electoral, al referir que quien ha informado de ello tiene 75
denuncias, estuvo preso y quiso chantajear con este tipo de imputaciones.
Villacorta
también dijo que se iba "con la frente alta". "Nunca he estado
en ningún proceso, ni como testigo", agregó, aunque en las redes sociales
le hicieron recordar que él, cuando era presidente de Sedapal, fue acusado por
la Contraloría General de la República, años atrás, por haber permitido que
esta entidad le pague 1.6 millones de soles en exceso al consorcio J. P. Contratistas
Generales-Corporación San Francisco S.A. por obras ejecutadas en Ventanilla.
Ante
este preámbulo de una crisis de gobierno, el integrante de la Comisión de
Fiscalización, Mauricio Mulder, sostuvo que las acusaciones en contra de los
tres ex asesores presidenciales revelan que el jefe de Estado accedió a
utilizar Palacio de Gobierno y su entorno como una suerte de repartija de los
distintos grupos que estuvieron alrededor suyo durante la campaña electoral.
“Es una
profunda decepción y desazón porque escucho acusaciones de unos contra otros,
que pertenecen al mismo gobierno, pero lo que esto revela es que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski accedió a utilizar Palacio de Gobierno y su entorno como
una suerte de repartija de los distintos grupos que estuvieron en su campaña”,
sostuvo.
Afirmó
que a Jorge Villacorta se le dio un puesto para el cual no estaba preparado
sólo porque no salió elegido congresista en la lista de Peruanos por el Kambio.
“Ahora
tenemos esta suerte de repartija de asesores hecha en Palacio de Gobierno,
para que cada sector de oportunistas que llegaron estén contentos, y medren
alrededor de él (PPK), y los resultados están a la vista”, enfatizó el
legislador aprista.
Afirmó
que la ONPE debería enviar un informe de la rendición de cuentas del partido
PpK a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y si los aportes de los
denunciantes no figuran en esa relación, entonces tendrían que ser citados
porque podría tratarse de un caso de lavado de activos.
Por su
parte, el congresista del Frente Amplio, Richard Arce afirmó que lo sucedido en
PpK evidencia la necesidad urgente de transparentar los aportes que se
efectúan en las campañas electorales.
“Si se
hace un análisis de los movimientos financieros de las campañas y nos damos
cuenta de cuánto cuesta hacer un mitin o la publicidad y posteriormente se
revisa cuánto se aportó, hay una desproporcionalidad gigantesca, es por eso que
es importante la transparencia que debería haber en los aportes”, acotó.
La
nota anecdótica de este debate, que ha sido básicamente entre oficialistas, la
empezó la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, quien al afirmar que en el
Gobierno no había intocables la explicó con la figura gráfica de los gorgojos.
“El
gorgojo puede ser uno, pero te malogra el sabor del arroz en general, nuestro
país es así. Lamentablemente tú compras arroz y crees que no hay gorgojos,
pero están ahí. ¿Qué hay que hacer? La ciudadanía a denunciar y nosotros
reaccionar a esas denuncias inmediatamente”, aseveró este viernes.
La
respuesta a Pérez Tello vino de parte Villacorta, quien sostuvo que “el gorgojo
pertenece a su arroz (de la ministra)”, y a su partido el PPC, en alusión
directa a Carlos Moreno que, según dijo el ex asesor presidencial, era
militante pepecista.
Entretanto,
el legislador Víctor Andrés García Belaunde (AP) terció en el debate
asegurando que en efecto “el gorgojo avanza y el buen arroz se reduce, es un
cáncer y me parece muy bien que ella (Pérez Tello) haya puesto la alerta, la
luz roja, el Gobierno está para eso, para cortar las cabezas de los pájaros
carpinteros, de las aves de mal agüero”.
El
vocero de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, dijo que existió una pésima elección
del “equipo de lujo” que prometió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien,
añadió, debe reconocer el problema interno que atraviesa en su Gobierno y no
ver fantasmas en donde no los hay.
“Después
de escuchar a (José) Labán, (Jorge) Villacorta y Carlos Moreno me pregunto
dónde está el equipo de lujo con ministros que no estaban listos para enfrentar
temas como el conflicto social (de Saramurillo). Ojalá que en algún momento nos
presente el equipo de lujo del que hablaba. Espero que el Gobierno se dé cuenta
de sus propios errores en vez de estar culpando a otros y viendo fantasmas
donde no existen”, sentenció.
Desde
ese escenario, criticó el manejo del conflicto social relacionado con el
proyecto minero Las Bambas, que ya cobró la primera víctima, por parte del
ministro del Interior, Carlos Basombrío.
“Ahora
hay un muerto de Basombrío en Las Bambas, cuando antes de ser ministro tuiteaba
criticando lo mal que se llevan los conflictos sociales. Creo que deberían
mirar internamente cuáles son los serios problemas que tienen en el
Ejecutivo”, indicó.
"Yo
grabé los audios, yo grabé los dos audios, ambos el mismo día, uno en Palacio
de Gobierno, y el otro audio (en la Clínica Osteoporosis SAC)”, dice Miguel
Sifuentes, el hombre que grabó las conversaciones del "Negociazo" del
entonces asesor presidencial en asuntos de Salud, Carlos Moreno Chacón.
Miguel
Sifuentes es el administrador de la Clínica Osteoporosis SAC de propiedad de
Aldo Peirano, con quien –al parecer- desde enero de este año vino tratando
Moreno Chacón para incorporar la citada clínica al Seguro Integral de Salud
(SIS), según fuentes confiables.
La
misma fuente asegura que Moreno manejaba el SIS desde el gobierno de Ollanta
Humala y su expertise del sector era tal que, al llegar a la tienda de Peruanos
por el Kambio, el ganador de la segunda vuelta de las últimas elecciones,
Pedro Pablo Kuczynski, lo propuso tres veces para ser ministro, pero aquel
personaje no quiso asumir ese cargo porque lo suyo era el negocio directo del
SIS, agrega el informante.
La
bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) está remecida por el escándalo del
presunto pago de cupos de los candidatos al Congreso en la reciente campaña
electoral que tiene como protagonistas al legislador Gilbert Violeta y los
dirigentes ppkausas Jorge Villacorta y José Labán. Según el congresista Moisés
Guía Pianto este lunes, a la 1 pm, se realizará una importante reunión con
toda la bancada en el Palacio Legislativo para analizar estas graves denuncias
y tomar una posición unitaria.
En
diálogo con EXPRESO, el parlamentario de Junín remarcó que la verdad debe
abrirse paso y que caiga quien caiga debe asumir sus responsabilidades. “El
presidente del partido (Gilbert Violeta) debe aclarar y no ocultarse en el poder”,
puntualizó.
Asimismo,
indicó que el miércoles también la bancada de PpK sostendrá una reunión en
Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el jefe del gabinete
ministerial para analizar y dar solución a esta crisis que pone sombras a la
gestión de un Gobierno que recién comienza.
En
medio de la crisis política, Peruanos por el Kambio (PpK) celebró ayer, en su
local de la avenida Arequipa, su segundo aniversario. "Esta no es una
renuncia a un puesto de trabajo, es una renuncia al maltrato", decían
allí, en medio de vítores, los renunciantes a asesores presidenciales Jorge
Villacorta y José Labán.
El Comercio
Miguel
Sifuentes Melgarejo, ex administrador de la Clínica de Osteoporosis S.A.C.,
reconoció que grabó subrepticiamente dos de las conversaciones en las que se
escucha al ex asesor presidencialCarlos Moreno hablar de hacer ‘negociazos’.
En
declaraciones a “Cuarto poder”, Sifuentes comentó que su ex jefe Aldo Peirano
lo envió a conversar con el ex consejero en temas de salud del presidente Pedro
Pablo Kuczynski (PPK).
"Me
mandaron a buscar la lista de médicos, a eso de las 7:30 de la mañana del
11 de agosto. Busqué al doctor Moreno y no se apareció. Me hizo esperar
dos horas hasta que llegó", dijo.
"Me
saludó y me dijo 'tengo que irme a Palacio, allá te doy la relación'. Subimos a
un vehículo oficial él y otra persona más, no recuerdo quién era. Llegamos
hasta la estación de Desamparados y ahí bajamos", agregó.
Según
comenta Sifuentes, al llegar a la Casa de Gobierno lo registran pero no le
piden dejar ninguno de los dos celulares que llevó. Tras ello, pasó el
cerco de seguridad y siguió a Carlos Moreno hasta
su despacho en el segundo piso.
"En
el trayecto el señor Moreno venía hablando de temas políticos y yo sentí miedo
y temor en lo que me podría estar metiendo. [¿Cuándo decide grabarlo?]
Cuando me invita a sentarme. Ël estaba estaba en su escritorio y me siento al
lado izquierdo. Pongo el celular en la mesa y me quedó con otro celular en
el bolsillo", detalló.
La
segunda reunión que grabó, también con su celular, fue la que tuvieron el
propietario de la Clínica de Osteoporosis, Aldo Peirano, el mismo Sifuentes, Carlos
Moreno y una cuarta persona, amiga del ex asesor, en las
instalaciones de la citada clínica.
Sifuentes
indicó que decidió grabar a Carlos Moreno porque
"ya lo había escuchado cómo se expresaba [...] y yo no quería meterme en
un proceso que sea ilícito".
El Comercio
Columna de Oscar
Ugarte
(…)
De acuerdo con los audios publicados, desde
su cargo de jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, el referido personaje habría logrado tener una posición desde
la cual negoció con altos funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) para
que su servicio tenga tarifas preferenciales cuatro veces más altas que
cualquier otro hospital público del mismo nivel. Pero ello no solo en Lima,
porque a la vez declaró haber iniciado el control de los servicios de salud de
Loreto, basado en la debilidad regional, para ser suplidos por servicios
privados desde la capital como parte del ‘negociazo’. Además, lo que sería su
máximo plan inmediato: lograr que funcionarios venales deriven pacientes del
SIS hacia una clínica privada, comprometiendo a médicos del hospital Loayza y
al Arzobispado de Lima en una triangulación que evitaría pasar por los procesos
normales de selección limpia y transparente, necesarios en toda relación
público-privada. Y además “con las tarifas que el SIS le paga al Loayza”, se le
escucha decir. Pero tenía planes mayores, porque alardeaba de que él podía
poner al presidente ejecutivo de Essalud, dependiente del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, y tener todo “planito” para extender tales negocios a
esa institución a través de sus hombres de confianza. Y algo que no aparece en
los audios, pero que sucedió semanas después: su designación oficial como
integrante de la Comisión Reorganizadora de Salud Pol, es decir, de los
servicios de salud de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del
Interior. O sea, una “mina de oro” ampliada a todo el sector público de salud.
Corresponderá a la fiscalía determinar cuánto
de lo dicho se concretó y cuánto quedó solo en intención. Por lo menos ya la
ministra de Salud, Patricia García, declaró en reorganización el SIS y separó a
Moreno de su base de poder en el hospital Loayza; el ministro de Trabajo,
Alfonso Grados, deslindó que el consejero no intervino en la designación del
presidente de Essalud; y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anuló la
presencia de ese personaje en Salud Pol.
(…)
Peru21
Hizo mea
culpa. El presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, reconoció por primera vez tener responsabilidad en la
crisis originada por las renuncias de sus exasesores Carlos Moreno (Salud),
Jorge Villacorta (Asuntos de Prevención y Control de Conflictos Sociales) y
José Labán (Asuntos Regionales) en las últimas semanas.
“Mis consejeros presidenciales que han sido un tema
de alguna turbulencia, como ustedes saben, por un descuido de parte nuestro”, dijo durante su presentación en el panelLa necesidad de la Innovación industrial en
el Perú, para lograr la tan ansiada Complementariedad Productiva.
Sus
declaraciones – que se dieron desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) –
también sirvieron como excusa ante las acusaciones que pesan sobre Labán
Ghiorzo, quien está involucrado en el presunto pago de cupos para la asignación
de números de los candidatos al Congreso por Peruanos Por el Kambio durante la
última campaña presidencial.
Sobre
Jorge Villacorta, este renunció luego de que se difundiera un video y se le
acusara de mantener una discusión acalorada en una mesa de negociación en
Saramurillo, región de Loreto.
El
Comercio
"Renuncié
hoy a Sunat".
Así empieza el mensaje que Rafael Inurritegui publicó hacia las 5 de la tarde
de este viernes en su cuenta de Twitter, indicando luego razones que, sin duda,
no caerán bien en el gobierno.
Rafael
Inurritegui fue nombrado en agosto pasado como Jefe del Gabinete de Asesores de
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), incluso, se
consideró que él podría ser el suprientendente, algo que no ocurrió, pues el
Gobierno optó por Víctor Shiguiyama.
"Deje
de creer, sobre bases fundadas, en el proyecto de país que prometen y por el
cual puse el hombro", continuó Inurritegui en su mensaje en Twitter. Este
profesional solo estuvo tres meses en el cargo.
Peru21
¡PPK, a torear de una vez!
Aldo Mariátegui
Un amigo ve que PPK ha bajado 8
puntos de aprobación y me comenta “no nos meceremos a PPK”. Oye, un momentito.
Hasta ahora poco ha hecho PPK para que le “merezcamos”. No le ha
interesado liderar y actúa como un monarca ausente y viajero, que le ha dejado
todo el trabajo a su chambelán, que siempre evade preguntas (o si no, las
responde con un humor incomprensible, por no decir malísimo). Y mucho bailecito
denigrante para el puesto (los áulicos le hicieron creer que era muy gracioso).
Encima se rodea de Morenos, Villacortas y Gilberts,
a los que solo trajo él (ya tuvo su Brujas de Cachiche. Ahora cuidado que Las
Bambas sea su Conga).
Hasta ahora, aquí adentro no aparece ese
“presidente de lujo”. Tiene que liderar, aprovechando que la imagen paternal
ayuda mucho a ello. La gente no quiere un abuelito simpático, sino un padre
eficiente que funcione frente a sus tremendos problemas. Un político aquí tiene
que transmitir que se ocupa básicamente de la gente común y de sus agobiantes
problemas, pues ya están empezando a percibirle como distante y eso es FATAL;
es lo que les ocurrió a Toledo, García y Humala para acabar tan impopulares en
extremo. Esa sensación de “este señor sí se ocupa de mis problemas” (o por lo
menos, lo aparenta) es la base del éxito de Castañeda, como antes de Fujimori.
Por ejemplo, el principal reclamo es seguridad. Entonces, PPK debería
estar metido de pico y patas en el asunto (Urresti sería mucho “efectismo”,
pero por lo menos le hacía sentir a la gente que estaba ocupándose de su
problema). PPK debió anunciar esas últimas capturas y
desarticulaciones de bandas, no Basombrío.
Y también debe liderar en su partido. Ha abandonado mucho a su bancada congresal y esta ya anda en unos tremendos líos internos.
Y también debe liderar en su partido. Ha abandonado mucho a su bancada congresal y esta ya anda en unos tremendos líos internos.
Expreso
Tras
retornar ayer desde España, a donde había viajado el martes pasado –el mismo
día que la Fiscalía lo incluyó en una investigación por presunto lavado de
activos contra su esposa Nadine Heredia – el expresidente Ollanta Humala se ha
encontrado con otra desagradable sorpresa. Y es que ya se presentó la primera
acusación constitucional en su contra. Los exministros Rafael Rey y Fernando
Rospigliosi lo denunciaron ante el Congreso de la República por infringir la
Ley Nº 30299 y con ello efectuar una política de persecución contra los
poseedores legales de armas. La denuncia también alcanza al extitular del
Interior José Luis Pérez Guadalupe.
El 24
de agosto último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió la
denuncia de Rey, exministro de Defensa, y Rospigliosi, extitular del Interior,
quienes acusan a Humala y a Pérez Guadalupe de infringir el artículo 7º de la
Ley 30299, pues pese a expresar los motivos para el uso de arma de fuego para
defensa personal, “el reglamento ilegalmente amplía el requisito, solicitando
que se sustente documentariamente los motivos de esta petición, a través del
llenado de una solicitud”.
“En la
práctica, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil –Sucamec– viene rechazando estas
solicitudes, constituyéndose en una cláusula abierta a discreción del
funcionario, para solicitar la presentación de cuanto documento estime
conveniente para resolver el pedido, léase: comprobantes de pago, recibos por
honorarios, vigencia de poder, declaración anual de impuestos, partida
electrónica de propiedad inmueble, partida de nacimiento de los hijos y un
largo etc.”, indica el documento.
De
acuerdo a la denuncia, los acusados intencionalmente han ampliado la
sustentación documentaria de la exposición de motivos para acceder a una
licencia de arma en la modalidad de defensa personal , excediendo el alcance
expreso de la Ley 30299, generándose una puerta abierta a la Sucamec para que
pueda solicitar una amplitud de documentos no dispuestos en la Ley 30299, como
requisitos para la licencia de uso de armas de defensa personal.
“Ello
infringe el artículo 118º de la Carta de 1993, y paralelamente transgrede el
artículo 36º de la Ley 274444”, se señala.
También
sostiene que los acusados transgreden los alcances de la quinta disposición
complementaria de la Ley 30299, ya que el reglamento precisa que incluso las
armas cortas usadas (pistolas, revólveres) sean identificadas a través del
Registro de Sistema de Identificación Balística (IBIS), cuando la Ley 30299
expresamente indica que son las armas cortas nuevas las que se registran en este
sistema identificatorio.
“La
Ley 27444 dispone que las autoridades solo podrán ejercer funciones de acuerdo
a las atribuciones que haya dispuesto la ley. De manera que si la Ley 30299
indicó que son las armas cortas nuevas las que se registran en el sistema IBIS,
el reglamento no puede ampliar esta disposición de las armas cortas usadas. Las
atribuciones estatales son taxativas, no presuntivas”, se indica.
Consultado
sobre este tema, el extitular del Interior Fernando Rospigliosi acusó a Humala
y a su ministro de haber infringido la ley a sabiendas de que se presentaría
una acusación constitucional en su contra.
“Yo
personalmente participé en una reunión de usuarios legales de armas allá por
septiembre de 2015 y le advertimos que lo íbamos a denunciar si se efectuaba
las modificaciones en el reglamento de la ley, y eso es lo que hemos hecho”,
sostuvo.
Al
preguntarle cuál es el perjuicio que esta situación crea a los peruanos, indicó
que existen aproximadamente 300 mil usuarios legales de armas de fuego y se
obstaculiza la tenencia de pistolas o revólveres a quienes quieren acceder a
ellas de forma legal.
“Existió
una política sistemática para perjudicar a los poseedores legales de armas a
pesar de que ya se había aprobado una ley que iba en contra de los intereses de
Humala y el reglamento recién lo dieron en julio de 2016, y era reglamento que
violaba la ley y que ponía restricciones para los poseedores legales de armas.
Es por eso que hemos denunciado a Pérez Guadalupe y a Ollanta Humala, que son
quienes firman el reglamento de la ley”, dijo.
La
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también recibió la denuncia del
brigadier Carlos Ramón Gómez Chiarella, quien responsabiliza a Ollanta Humala y
a otros exfuncionarios por haber “destruido” al Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú (CGBVP).
“Se
demanda al Estado Peruano, que el Congreso de la República en cumplimiento de
su función de fiscalización, nombre una comisión investigadora sobre el
perjuicio efectuado a 30 millones de peruanos por haberse destruido una de sus
instituciones representativas de la solidaridad y de la humanidad nacional,
adquisición de equipos, herramientas, uniformes, material contra incendios,
todo de pésima calidad, inadecuados para la realidad nacional”, indica la
documentación.
El
brigadier de la CGBVP incluye en su denuncia al extitular del gabinete
ministerial Pedro Cateriano Bellido; al exministro del Interior, José Luis
Pérez Guadalupe; al exministro de Economía Alfonso Segura Vasi y al excontralor
de la República, Fuad Khouri Zarzar.
